Lucio Cuenca es director de OLCA, una organización socioambiental de Chile que tiene más de 20 años de trayectoria abordando la dimensión social de la problemática ambiental. Desde esta perspectiva, para Lucio, los conflictos son entendidos como “una manifestación de las tensiones que ocurren en la sociedad respecto a la relación y al manejo con la naturaleza y con el medio ambiente pero también con el sistema económico que ha imperado en Chile en los últimos 30 años”. En ese sentido, desde OLCA parten de los conflictos como un proceso de aprendizaje para “la construcción de alternativas al modelo actual” sostiene.
“Nosotros hemos empujado la crítica al modelo pero también recoger las experiencias de alternativas y la articulación de los movimientos, editoriales socioambientales, pueblos indígenas y campesinos” explica el director de OLCA. Desde la organización, integran el el movimiento por el agua y los territorios de Chile que reúne a diversas organizaciones a lo largo del país siendo Lucio Cuenca uno de sus voceros. Hablamos con él durante la “Escuela de Defensoras”, un encuentro de organizaciones campesinas, indígenas y socioambientales para analizar la situación de los territorios del cono sur y donde, el agua y su defensa fue uno de los ejes principales.
¿Qué significa para OLCA que el agua ocupe un lugar central en el proceso constituyente de Chile?
Porque simboliza la recuperación del bien común en el texto constitucional. El agua es el elemento de la naturaleza que ha estado al centro de la explotación neoliberal del extractivismo agroexportador, forestal y minero. Fue privatizada en tiempos de dictadura y con la posibilidad de que en este proceso se desprivatiza establece las condiciones para que pase de ser una mercancía a un bien natural común inapropiable. En esas condiciones, queda establecido en el texto constitucional y eso remece profundamente en el conjunto de la vida del país porque limita a futuro la expansión minera, limita, la expansión forestal, el agronegocio y recupera una cuestión esencial donde la naturaleza, el medio ambiente y las comunidades se incorporan como un tema transversal.
¿Quiénes se resisten a este proceso?
Hoy en día es un tema sensible para los sectores que quieren mantener el status económico que intentan, justamente, mantener el régimen de propiedad y de gestión del agua privatizada. Entonces creo que por ese motivo es un tema tan central e importante.
Durante el 2021 desde OLCA denunciaron la privatización del agua a través de su establecimiento como materia prima en la Bolsa de Valores ¿Qué significa para el Observatorio esta decisión?
Es la expresión máxima de la mercantilización. De que un bien natural, en este caso, esté pasando a ser regido y gestionado por las reglas de la Bolsa de Comercio. Eso, de alguna manera, busca consolidar el régimen de privatización y de mercantilización del agua. Pero también lo analizamos desde una perspectiva global, porque acá no sólo hay apropiación del agua y privatización en el territorio nacional sino que, también, ya trasciende la frontera y entra al mercado de lo global por la vía que muchos de los productos, por ejemplo agrícola que se cultivan y exportan en Chile y terminan siendo consumidos en Europa, China o Estados Unidos son grandes cantidades de agua que se están exportando.
¿Cómo se relaciona con el actual proceso de transición energética?
El agua se transforma en un elemento esencial para las supuestas nuevas tecnologías que enfrentan la crisis climática. Por ejemplo, para el hidrógeno verde se necesita agua ya que se quiere reemplazar hidrocarburos con hidrógeno verde. Una tecnología que no está al servicio de nuestros pueblos sino de Europa en este caso porque ya están en una profunda crisis hídrica. La tecnología del hidrógeno verde que permite trasladar energía desde el sol y los vientos de nuestro territorio y a partir del agua es consumida en Europa y por las grandes economías y centros de consumo. Entonces no podemos entender el enfrentamiento de estos problemas sin ver que estamos sujetos a una cantidad de condicionamientos del mercado global, que se nos ha impuesto. Entonces allí hay una necesidad de formalizar estos mercados que, entre otras cosas, tiene que ver con las bolsas donde se pudiera negociar esta apropiación del agua.
En el caso de Chile, al ser un régimen ultra privatizado del agua, ya existe un mercado del agua, pero es informal, no se regula, se dejó al mercado que funcione y que supuestamente gestione el agua. Son sobre nuestros bienes comunes entonces son temas relacionados que, a nivel de conflicto territorial, pueden tener una expresión específica pero tienen relaciones con este conjunto de sistemas que trata de controlar, a partir del mercado, el destino de nuestras comunidades, pueblos y territorios donde habitamos.
¿Ven una continuidad de este modelo con el actual gobierno de Boric o hay cambios desde entonces?
En Chile estamos en un punto histórico de transición del neoliberalismo a una sociedad democrática y que se hace cargo de distintos componentes de la crisis que estamos viviendo. Una crisis que es política, ecológica, social, de desigualdad y sin duda el gobierno de Boric es es parte de esa transición. Lo que uno puede ver a cinco meses de iniciado el gobierno es que hay ciertas inercias que se mantienen. En lo que respecta a las políticas relativas a energía y a la inserción de Chile en la economía global es que se mantiene. Pero estamos a las puertas de un plebiscito donde se va a aprobar una nueva Constitución que, de alguna manera, le impone al gobierno de Boric un programa distinto. El programa de implementación de la nueva Constitución tiene estos componentes de recuperación de los bienes comunes naturales, por ejemplo, que van a tener que ser producto de la política que se ejerza en el próximo tiempo.
Pero, además, el gobierno de Boric tiene que dar respuesta a demandas comprometidas en su programa que tiene que ver con el cambio de sistema de pensiones, con un sistema universal de salud, con condonar deuda, que los estudiantes de educación superior que han sido obligadamente metidos en un sistema mercantil de educación sean resarcidos. Hay cuestiones que son la esencia de su programa que todavía no se puede revelar si se van a cumplir o no, porque estamos cercanos al inicio del gobierno.
En materia económica, lamentablemente uno puede observar que hay inercias, que todavía no se rompen con el modelo heredado de los gobiernos anteriores, particularmente el de Piñera. Para poner un ejemplo, en el caso que tiene que ver con el agua, la energía y la transición socioecológica, el tema del hidrógeno verde fue una política impulsada por el gobierno de Piñera con un fuerte apoyo de países europeos y de grandes consorcios transnacionales.
El gobierno de Boric lo toma y pretende seguir impulsando y eso genera mucha presión a los territorios porque se requiere mucha agua para la generación del hidrógeno verde e incluso se requiere también de mucha extensión de terreno para la energía renovable. Las condiciones ecológicas son muy frágiles y hay una contradicción de declararse gobierno ecológico con ciertas decisiones que se están manteniendo, quizás todavía es muy temprano para tener una última palabra sobre el destino de Chile en manos de este gobierno. Pero por lo menos se pueden observar estas tendencias que uno las ve con un sentido más crítico se mantienen hasta ahora.
¿Qué significa para OLCA el agua?
El agua es parte de un conjunto bienes de la naturaleza, incluídas las comunidades humanas y es esencial para el conjunto de las vidas. Por lo tanto, su gestión y mercantilización como ha sido el caso de Chile. nos ha puesto en situaciones extremas de precariedad para las condiciones de vida a nivel social pero también para la reproducción de la vida en los distintos territorios. La mercantilización es entender el agua como propiedad privada, como algo que queda entregado al mercado y el mercado no tiene sensibilidad ecológica, ni por la vida, ni por los derechos humanos, ni por los derechos de la naturaleza. Y eso ha significado que el agua se concentre en propiedad, en manos de grandes empresas transnacionales que son hoy los dueños del agua. En Chile las grandes empresas mineras, del agronegocio, del negocio del agua potable y del saneamiento a nivel internacional han puesto en riesgo a muchas comunidades y muchos territorios. Hoy día más del 50% de las comunas en Chile están declaradas en escasez hídrica, hay muchos ríos que se han declarado agotados, es decir que no van a volver a tener agua después de la sobreexplotación que se ha generado con la minería en nuestro país.
Los glaciares son testigos de la evolución del planeta en estas latitudes del mundo pero también son parte del ciclo del agua. Destruir glaciares en un contexto de crisis climática es un crimen contra la humanidad y eso se está haciendo en Chile. Entonces el llamado es a volver a tomar conciencia de que hay elementos de la naturaleza esenciales para el conjunto de la vida que no pueden estar en manos de la mercantilización del negocio de la utilidad privada. Tienen que volver a tener un estatus en el campo de lo público, del bien común, de los elementos de la naturaleza y es la esperanza que tenemos en Chile con la nueva Constitución que define el agua como un bien común natural inapropiable que no puede mercantilizar ni comercializarse. Y que, por lo tanto, tiene que ser gestionada de otra manera.
La nueva Constitución también reconoce e impulsa la gestión comunitaria del agua. Entonces, hay aspectos de nuestras aspiraciones de un paradigma del bien común que queremos. Y en eso, los movimientos sociales, campesinos, urbanos, ecologistas y socioambientales tienen un rol muy importante aquí. Estamos en el punto de quiebre de la historia de nuestro país para salir del neoliberalismo. La Constitución no nos garantiza salir del neoliberalismo pero nos entrega las herramientas básicas para iniciar ese camino. Eso es lo que queremos hacer, fundamentalmente, con las consideraciones que tiene la situación del agua en la nueva Constitución.