La tierra para el que la trabaja

Escribe Patricia Lizarraga

Hace 50 años casi diez millones de hectáreas habían sido expropiadas para pasar a manos de las familias campesinas y la sindicalización de trabajadores del campo en Chile era una de las más altas del mundo. El gobierno de Salvador Allende avanzaba con la primera y única reforma agraria del Cono Sur. Pero la oligarquía terrateniente no lo perdonó.  La reacción fue el golpe militar y una violenta contra reforma que sentó las bases para un campo que concentró las tierras en pocas manos y se estructuró para la agroexportación y la entrega de sus bienes naturales.

A desalambrar

Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no de quien tenga más (A desalambrar. Victor Jara)

A 50 años del Golpe de estado en Chile, es clave recordar uno de los procesos más significativos del gobierno de Salvador Allende: la Reforma Agraria. Para los campesinos fue cuando se hicieron dignos. Fue el fin del latifundio, cuyas raíces se hundían en la Colonia y ciertamente habían configurado la sociedad chilena. Para los hacendados, en cambio, vieron amenazada su total impunidad. Y con certeza fue una de las principales razones para la reacción militar y terrateniente que llevó Augusto Pinochet al poder.

Hace setenta años el campo chileno estaba estructurado en “fundos”, con familias campesinas cuasi esclavizadas y la tierra en manos de unos pocos latifundistas. El Chile rural tenía su vasallaje, su “servidumbre aceptada”. Eran tiempos donde el terrateniente tenía un poder sobre la vida de quienes vivían al interior de la hacienda. De castigos físicos. De las casas de los inquilinos, con piso de barro, cocina afuera y sin baño. De salarios en especias, como sacos de porotos, trigo y leña para el año. Con la aparición de los primeros sindicatos en los años sesenta, esa relación con el patrón empezó a cambiar, se podía llegar negociar mejores condiciones. Y los primeros antecedentes de democratización de acceso a la tierra empezaron a transformar esa estructura.

Las políticas de reparto de tierras y la conformación o fortalecimiento del marco institucional para llevarlas adelante comenzaron durante la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964). El impulso fue dado por los lineamientos de la Alianza para el Progreso con una aplicación muy limitada en 1962, fundamentalmente en tierras que eran del propio Estado. El 16 de julio de 1967 Eduardo Frei Montalva (1964-1970) promulgó la Ley 16.640 de Reforma Agraria que profundizó el proceso, en el que se llegó a expropiar casi el 34% de la tierra expropiable del país. El 26 de abril del mismo año, ya había promulgado la ley de sindicalización campesina, y sentó las bases para la etapa siguiente con Salvador Allende.

“No seremos más siervos, no seremos más parias, cuando los campesinos hagan Reforma Agraria” proclamaban los movimientos campesinos al fervor del gobierno de la Unidad Popular.  “Con arados se despiertan, tierras que estaban dormidas, por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas”, se escuchaba en la radio en las voces de los Inti Illimani. Recordar esos tiempos trae recuerdos dolorosos, pero también, trae a la memoria el fervor revolucionario de las luchas por la tierra y por la dignificación de los campesinos y campesinas. Por medio de la Reforma Agraria y de la Ley de Sindicalización Campesina, había llegado la hora de la justicia para quienes trabajan la tierra y producían los alimentos del pueblo.  El principal objetivo político de la reforma agraria consistió en la presión de un sector progresista contra una derecha conservadora que mantenía un sistema semi feudal mediante el inquilinaje y la mediería, decía Jacques Choncholl, ministro de Agricultura de Allende “La Reforma Agraria buscaba hacer justicia al campesino, hacer de Chile un país más igualitario y buscaba mejorar las condiciones productivas del país y garantizar la seguridad alimentaria de los chilenos”.

CHILE. 1971. Provincia de Cautín. Consejo Campesino de Puerto Saverda. Los delegados gubernamentales explican su posición a los indígenas Mapuche, quienes están ansiosos por los resultados del programa de reforma agraria.

Al cabo de una década, el Estado había expropiado más de 9.965.900 de hectáreas de tierra en todo Chile, predios agrícolas que fueron convertidos en asentamientos donde los trabajadores y trabajadoras del agro tenían participación en el proceso productivo y en la tenencia de la tierra. Y sin dudas, la gran ley fue la del sindicato comunal. Por aquellos años, 313.700 campesinos estaban afiliados a organizaciones. Fue una herramienta poderosa para luchar por sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.

Con certeza fue central el rol de los sindicatos y de las organizaciones campesinas en el impulso y sostenimiento de la Reforma. Fue el resultado de décadas de lucha y organización que aceleraron y profundizaron el proceso. Dirigentas de ANAMURI fueron parte activa del proceso de la Reforma Agraria, nos contaba Francisca Rodríguez:

“Se hicieron muchas cosas en el gobierno de Allende, en función de mejorar la dieta alimentaria de la gente. Y esa responsabilidad cayo en las manos de los campesinos y campesinas. Pero cuando vino la represión, la organización campesina fue la más reprimida, incluso durante toda la dictadura militar. La Confederación Ranquil, como cinco veces fue allanada y se llevaban todos. Hay compañeros desaparecidos, hay compañeros presos y torturados. Compañeros desaparecidos que aparecieron, pero otros que nunca más aparecieron. O los campesinos de Lonquen que los enterraron vivos, o los de Cuesta Barriga. Los crímenes de la dictadura, fueron dirigidos por los terratenientes. Los pacos con los dueños de la tierra persiguiendo a campesinos, ahí no solo murieron los campesinos, murieron jóvenes, niños, y muchos campesinos que fueron asesinados en la puerta de sus casas, que no se supo hasta que termino la dictadura. Porque la gente tenía temor de saber lo que había pasado”.

Un modelo de despojo fundado en la contrarreforma agraria

11 de septiembre de 1973. El proceso de la dictadura pinochetista desató con saña su furia contra hombres y mujeres del campo. El terror se esparció por los campos, con civiles armados persiguiendo a líderes sindicales y campesinos, asesinándolos, encarcelándolos o desapareciéndolos. Comunidades mapuches en las que todo hombre mayor de 14 años fue encarcelado. Dirigentes campesinos asesinados como en todos los países con dictaduras.

Hay un rincón al que todos llaman el Callejón de las Viudas en Paine. Está alejado del centro y rodeado por predios agrícolas. Este lugar de la ciudad es un recuerdo vivo de la tragedia vivida en octubre de 1973. Setenta personas. La mayoría eran dirigentes sindicales campesinos que habían accedido a terrenos gracias a la Reforma Agraria. Según contaban, los Carabineros entraron a las casas rurales, allanaron, golpearon y se llevaron a los hombres. Dijeron que iban a tomarles declaración, pero nunca más volvieron. O como nos contaban, lo sucedido el 7 de octubre de 1973, cuando Carabineros asesinó a 15 personas que fueron enterradas en los viejos hornos de unas minas de cal en los cerros Lonquén. O los campesinos de Curucavi fusilados el 17 de septiembre del mismo año en Cuesta Barriga. Tan solo seis días luego de perpetrado el Golpe de Estado.

Al menos 5.000 líderes campesinos con sus familias fueron expulsados de sus tierras. Por medio de violencia se hicieron transferencias de tierras a privados, revocación de expropiaciones, remates de predios, se destinaron tierras al Estado y a las fuerzas armadas, se llevaron adelante la suspensión y persecución de las organizaciones campesinas, la supresión de la Ley de Reforma Agraria y de Sindicalización campesina y un mercado libre de tierras

Una de las primeras medidas que tomó la dictadura militar fue separar la propiedad de la tierra del acceso al agua. No fueron pocos los casos en el que familias campesinas tuvieron que vender sus «derechos al agua» y, aunque tuvieran la tierra, ya no podían producir. El paso siguiente fue tener que venderla. En consecuencia, se concentró aún más la tierra y el agua en pocas manos.

Chile es hoy en gran medida producto de la brutal contra reforma agraria. No solo la mercantilización del agua, sino que el decreto 701 impulsó la invasión del monocultivo forestal que es la base de los grupos económicos más poderosos de Chile, y que permitió que la empresa Arauco tenga más tierra que todas las familias campesinas y mapuches juntas. De a poco, el sector empresario fue apropiándose del campo con subsidios absurdamente generosos.  Incluso al volver la democracia en 1990, la discusión sobre la reforma agraria estuvo vedada de cualquier debate político hasta hace muy pocos años.

Actualmente la población de las zonas rurales y las costas en Chile tienen mayores índices de pobreza e inseguridad alimentaria que los sectores urbanos. Gran parte vive en “zonas de sacrificio”, ya sea por los pinos, el cobre, los salmones o el litio; ya sea en los campos, en el mar o las montañas, las familias campesinas y de pueblos indígenas viven cotidianamente las consecuencias de un modelo de saqueo y contaminación. También, las desigualdades en el campo hoy son resultados de la dictadura y la contra reforma agraria.

Y aún hoy, el estado chileno no reparó tanta violencia y perdidas al sector campesino: “Al campo chileno, a las mujeres, al campesino, no se le ha devuelto el tema de los derechos humanos. No ha habido reparación al campo. De las tierras que les quietaron. En el caso de los que salimos del fundo donde yo vivía, regados los campesinos por el Rio Claro, que viene de arriba de la cordillera. Por esos lugares quedaron muchos campesinos tirados a la orilla del río. Otros, que llegaron al pueblo y no sabían que hacer en el cemento, algunos solo sabían trabajar en el carbón, o sembrar granos. Se quedaban en el pueblo sentados mirándose las caras, con esa pena tremenda. Y otros estaban presos. Esa gente fue muriendo de tristeza”, nos contaba Alicia Muñoz de ANAMURI.

«Yo pregunto si en la tierra, nunca habrá pensado usted,

que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den.»

(A desalambrar. Victor Jara)

 

La Reforma Agraria no es más que un programa de gobierno que busca democratizar el acceso a la tierra, distribuyéndola entre quienes la producen. Pero es una palabra que las clases dominantes han convertido en tabú. Sin embargo, en los últimos años resurge actualizada la discusión sobre su urgencia y cómo enfrentar esa deuda histórica en la región. Y son los movimientos campesinos quienes centralmente llaman a la acción para efectivizar la distribución de uno de los recursos centrales para la producción de alimentos, para el campesinado y para los pueblos originarios: la tierra. En Chile son las organizaciones campesinas quienes la reflotaron, primero tibiamente y con más fuerza en los últimos años, incluso pudo ser debatido en la Convención Constituyente (2021-2022). Como es sabido, no fue aprobada la propuesta de nueva Carta Magna en el 2022, pero la agenda construida por los movimientos campesinos desde el estallido popular en 2018 y durante el proceso de la Convención Constituyente, marcó el camino de las luchas y reivindicaciones de los próximos años.

En el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur, Camila Montecinos cierra una de los capítulos con un fragmento que da cuenta de la esperanza y tenacidad de las luchas populares: (…) Todo esto hace a la construcción del futuro de los movimientos campesinos. Futuro que vemos con optimismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es una especie de monocultivo político-ideológico. Y, los sectores populares, los sectores ciudadanos, los sectores medios y, en definitiva, todos los que tenemos que vivir del trabajo, somos de alguna u otra manera como las malas hierbas, como las «malezas» –según dicen desde el agronegocio—. Entonces, tarde o temprano una crece por algún lado, nos las arreglamos para crecer dentro de este sistema; a pesar de todo, crecemos.