Basándose en el principio constitucional de que las tierras indígenas son indivisibles e in-transferibles, anuló el contrato de alquiler con que el sojero se valía para cultivar dentro de la comunidad.

Asunción, 10 de junio – BASE-IS
El pasado 22 de mayo la jueza civil de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, sentó un precedente importante en los litigios que involucran a comunidades rurales y empresarios sojeros.
En abril de 2012 algunos miembros de la comunidad ava guaraní “Paso Cadena”, distrito de Itakyry, firmaron un contrato civil con el ciudadano brasileño Joao Meurer, para que este pueda explotar el cultivo de soja en 300 de las 974 hectáreas de tierras tituladas que tienen las 150 familias indígenas. El contrato tenía vigencia por cinco años.
Esta decisión de alquilar, sin embargo, enfrentó a grupos internos de la comunidad, manifestándose otra parte de las familias en desacuerdo de arrendar las tierras.
Así es que a inicios de 2015 este grupo decidió disponer de sus tierras, ante lo cual fueron permanentemente amedrentados -de acuerdo a la denuncia- por personas no identificadas. Cuando se agravó la situación, decidieron meter un amparo judicial para poder disponer de sus tierras.
En este escenario jurídico, el señor Meurer presentó otros recursos judiciales buscando que la justicia ampare el contrato civil de arrendamiento.
La jueza Román Paiva atendió los antecedentes y finalmente emitió un fallo emblemático y que puede ser tenido en cuenta por muchos de sus colegas que reciben en sus despachos casos similares. La funcionaria judicial decidió declarar nulo el contrato, por contradecir a misma Constitución Nacional, que en su artículo 64 protege a las tierras indígenas “las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas”.
De este modo, devolvió sus derechos a la comunidad a usar libremente la totalidad de sus tierras. Además decidió aplicar medidas de apercibimiento contra los abogados de Meurer, Nelson Alcides Mora Rodas, Edita González de Álvarez, Nilsa Espínola de Sotelo y Jorge G. Álvarez Leiva.
Para la religiosa Mariblanca Barón, de la Pastoral Indígena de la diócesis de Ciudad del Este, que acompaña a la comunidad, es prácticamente la primera vez que una jueza o juez falla a favor de los indígenas cuando se trata de conflicto contra empresarios sojeros.
Comenta que este tipo de conflictos se presentan muy a menudo en los estrados judiciales, y que a pesar de la contundencia de la Constitución Nacional al respecto, los jueces simplemente pasan por alto y favorecen los contratos civiles.
Dijo que todavía es más emblemático el fallo teniendo en cuenta la fuerte presión que recibió la jueza, de acuerdo a las informaciones que manejan.
“Esto demuestra que hay jueces incorruptibles que quieren hacer cumplir la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, dijo la religiosa de la Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo.
Comentó que aparentemente la jueza habría confiscado la cosecha de soja que en el momento del fallo estaba en las tierras indígenas y que la plata de la venta de ésta iría a la comunidad, que estaba pensando hacerse de una estructura de agua potable con el importe.