Acuerdo comercial UE: posiciones políticas desde el caso argentino

TRATADO VAMPIRO

Acuerdo comercial UE: posiciones políticas desde el caso argentino

La firma de un acuerdo de entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea el 15 de julio de 2019 tuvo impactos específicos y concretos en el escenario electoral argentino. El espacio político oficialista -Cambiemos- liderado por el Presidente Mauricio Macri se anotó un punto a favor en su lista de ítems positivos obtenidos en pos de la “apertura al mundo”. El canciller argentino Jorge Faurie realizó declaraciones que dejaban ver la gran satisfacción que este hecho producía para las filas de Cambiemos y para su propio equipo de gestión en el área de la diplomacia.[1]

El acuerdo ingresó al discurso oficial como parte del tipo de acciones que constituyen la columna vertebral de la transformación y modernización de la Argentina, formando parte esencial de las propias bases de la campaña electoral en 2015, cuando se argumentaba la existencia de más de una década de alejamiento del “mundo” por parte de los gobiernos kirchneristas (2003-2015). El Presidente resumió su significado de este modo: “Hace tres años y medio la Argentina era el tercer país más aislado del mundo, después de Nigeria y Sudán”, pero actualmente puede “sentarse a una mesa como par con los países más desarrollados”.[2]

Para el principal espacio de la oposición política, ya para el mes de junio de 2019 coaligada en el Frente de Todos, la celebración del acuerdo fue una noticia que tomó por sorpresa a dirigentes de relevancia, que si bien consideraban que su firma era una posibilidad, no esperaban que éste hecho ingresara a la campaña electoral como parte de un acontecimiento político oficial. En este sentido, el artículo tiene por objetivo reconstruir los discursos y posicionamientos adoptados en relación al acuerdo por parte de los principales referentes del espacio opositor Frente de Todos, a partir de entrevistas personales realizadas para el presente trabajo y de fuentes secundarias.[3] Seguidamente, el artículo ofrece líneas de análisis sobre el futuro de las negociaciones en caso de repetirse en las elecciones del 27 de octubre el resultado electoral de las PASO, que dio la victoria de Alberto Fernández en la categoría a Presidente.

Las reacciones al acuerdo: reconstrucción de los posicionamientos en el Frente de Todos en el marco de la campaña presidencial para las elecciones primarias del 12 de agosto

El Frente de Todos tiene como característica central la articulación de sectores que trascienden al espacio kirchnerista, particularmente a partir de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de que Alberto Fernández sea quien encabece la fórmula presidencial, con ella ocupando la candidatura a vice. Esta decisión abrió una serie de posibilidades de diálogo que involucraron al principal referente peronista no kirchnerista, el ex candidato a Presidente en 2015, Sergio Massa, quien encabezó la lista a diputados por Provincia de Buenos Aires.

En el peronismo que se había alejado de la ex presidenta también hubo acercamientos por parte de 9 gobernadores que en pocas horas manifestaron su adhesión a la novedosa reconfiguración. Al mismo tiempo, sectores del progresismo no peronista se sumaron al armado, como Pino Solanas y Victoria Donda –ocupando lugares expectantes en la lista de diputados nacionales en Capital Federal y Matías Lammens – candidato a Jefe de Gobierno de la Capital-. Esta breve caracterización tiene central importancia a la luz de la configuración futura del bloque político alrededor de A. Fernández, quien “pretende ser la síntesis de facciones muy diversas” y significa una “contradicción que está en la esencia de su candidatura”, como puso en palabras el analista político Carlos Pagni.[4]

Sin embargo, en lo que refiere a los posicionamientos en torno al acuerdo se observan importantes coincidencias en las declaraciones públicas de los referentes políticos del Frente de Todos. Los primeros posicionamientos de parte de Alberto Fernández, en el marco de la campaña de las elecciones primarias, mostraron una perspectiva muy crítica respecto del acuerdo. Por la red social twitter, escribió: “No queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país. Pero sí queda claro cuáles serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino. Un acuerdo así no genera nada para festejar sino muchos motivos para preocuparnos”.[5]

Quienes se encuentran referenciados como parte del equipo de trabajo de Fernández son los integrantes del Grupo Callao, con Santiago Cafiero, de matriz peronista, como coordinador e  integrado por los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca Bocco, ambos alineados a un marco teórico heterodoxo, que critica fuertemente el esquema desregulador y desindustrializador de la era Cambiemos, defendiendo por el contrario la necesidad de impulsar la industria. En el área internacional, quien tiene experiencia y asesora a Fernández en este tema es Jorge Argüello, Presidente de la Fundación Embajada Abierta. En un artículo reciente, Argüello sostuvo que el gobierno de Macri cometió errores en la firma del acuerdo: “El primero fue someter un asunto tan estratégico a una lógica electoral y vender el acuerdo como un salto hacia un desarrollo moderno, cuando en realidad puede implicar eso, o lo contrario. Ese apuro los llevó a negociar un acuerdo a cualquier precio. Por algo, distintos gobiernos resistieron antes las condiciones que terminamos aceptando ahora. Comerciar más no implica siempre comerciar mejor.”

Respecto de los impactos, su análisis es crítico: “Y la pregunta que asoma es: ¿qué se ha pensado para la reconversión de los trabajadores argentinos de cara a los tremendos cambios que este acuerdo traería al mercado laboral?”.[6] Su mirada pareciera dejar una puerta abierta a los dos años de “negociaciones y aprobación” que restan.

Sergio Massa podría ocupar en 2020 el lugar de Presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, por lo que su posición tiene enorme relevancia ante el eventual debate legislativo sobre el acuerdo. No hizo declaraciones públicas sobre el mismo. Podríamos considerar la voz de su principal referente en cuestiones productiva, el diputado José De Mendiguren, ex Presidente de la Unión Industrial Argentina, quien criticó el acuerdo.

Desde la mirada de los economistas asociados a una izquierda peronista o al progresismo kirchnerista, que en su gran mayoría ocuparon lugares de gestión en economía entre 2013 y 2015, la postura esgrimida es altamente rechazante del acuerdo. Se trata de una negociación perjudicial para Argentina y, de firmarse algún tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea, éste requeriría de una reformulación completa.

Axel Kicillof lidera esta corriente de opinión, no ya como asesor económico o ex Ministro de Hacienda de Cristina Fernández, sino como candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires con altas probabilidades de ratificación el próximo 27 de octubre. Kicillof afirmó que el pacto devendría en “una tragedia para la provincia de Buenos Aires» (…) “Si para el sector agropecuario, lo que se consiguió es prácticamente nada, y para el sector industrial lo que se hizo es desprotegerlo completamente, la verdad no veo que están festejando”.[7]

Carlos Bianco, exsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería y mano derecha de Kicillof, consideró que el acuerdo es “un nuevo Pacto Roca Runciman, como el de 1933, pero sin la carne”. Bianco fue parte sustantiva de las articulaciones en las Naciones Unidas para obtener una votación favorable a la Argentina que condenara el accionar de los Fondos Buitre como capitales especulativos. Cecilia Nahón, ex embajadora de Argentina en los Estados Unidos durante la gestión de Kicillof, se manifestó también en contra: “Tal como está el acuerdo es perjudicial para la Argentina, Brasil y la región, no hay igualdad de condiciones”. “Yo no me quejo de la UE, que defiende sus intereses. ¡El problema es por qué no lo hacemos nosotros!”.[8] Otra ex funcionaria y economista, Paula Español, se pronunció crítica sobre el acuerdo: “Todo indica que no hay mucho para ganar en una apertura que no luce simétrica”.[9]

Desde la Red Observar, con referentes como Hernán Letcher de CEPA y Emanuel Bouza de OCIPEX, se anticipó un informe que mostraba contenidos negociados en el acuerdo –no conocidos por la opinión pública ni por organizaciones empresariales y sindicales dado el secretismo reinante-: “La UE no reconoce en ningún tramo el concepto de asimetría entre las partes, y avanza en consecuencia. Pese a que quintuplica en PBI al Mercosur, registra casi 10 veces más patentes al año, y más que duplicó sus exportaciones a la región en los últimos diez años, ha obtenido hasta el momento un sinnúmero de concesiones en materia de desgravación de bienes, reglas de origen, compras públicas, servicios y establecimiento y propiedad intelectual, entre otras”.

Luego de las elecciones del 12 de agosto, que arrojaron un resultado sorpresivamente positivo a favor de Fernández (47,7% versus 31,7% de Macri), se produjo una transformación radical en el funcionamiento de la política argentina. El presidente en funciones, Mauricio Macri, comenzó a perder velozmente gravitación e influencia en sectores del poder económico, lo que se vio reflejado en el propio comportamiento de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, reticentes a otorgar el desembolso esperado para septiembre e inclinadas por realizar una negociación prematura con Fernández. Ante la opinión pública y el conjunto de los actores políticos –y a pesar de sus permanentes reparos- Fernández dejó de ser considerado un simple candidato y comenzó a ser escuchado con la innegable proyección que otorgó el contundente resultado electoral.

Este panorama es necesario para comprender la cautela de las declaraciones vertidas por Fernández durante su último viaje a España y Portugal, donde se pronunció a favor de avanzar en un acuerdo con la Unión Europea –ubicando a España como puerta de entrada al continente-  y para ello remarcó su rol en los años 2004-2005 para impulsar las negociaciones, aunque indicó que el acuerdo no tenía que someter a la Argentina, mostrando en este punto continuidad con las críticas esgrimidas originalmente. En conversaciones con Josep Borrell, el Ministro de Asuntos Exteriores de España que ocupará el cargo de Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Fernández indicó que no bloquearía el tratado, pero sí que buscaría garantizar que sea equilibrado para los argentinos. [10]

¿Qué significan estas últimas declaraciones? ¿Son parte de una estrategia diplomática que buscar evitar “ganarse conflictos” o el acuerdo podría firmarse desde el ejecutivo y se optaría por el rechazo legislativo?

Perspectivas a futuro: ¿cuáles son las opciones del próximo gobierno?

Si el objetivo de Fernández es revisar, modificar o alterar el contenido del acuerdo, la información con la que hoy contamos para hacer proyecciones a futuro indica una caracterización muy crítica: el próximo gobierno recibirá este pre-acuerdo ya firmado por parte de un gobierno saliente, no tendrá posibilidades de modificar o renegociar cláusulas porque ha concluido la etapa de negociación y así lo entienden las partes, y su posicionamiento al respecto tendrá impactos en las alianzas con bloques comerciales y en los vínculos diplomáticos estratégicos que se quieran construir. Es decir: “no hacer nada” y evitar un conflicto con los países de la Unión Europea sería mantener inalterado lo ya negociado, firmar y dejar que las aprobaciones de los parlamentos sigan su curso. Ello supondría aceptar un acuerdo perjudicial para Argentina.

Por otro lado, el “hacer algo” es una opción con márgenes acotados y al mismo tiempo conlleva costos adicionales que complicarían aún más el frente externo argentino –ya envuelto en una futura reestructuración de deuda y negociación con FMI-, tanto con los países del Mercosur como con la UE. Cabe indicar que, según la Constitución Nacional, para que un tratado internacional entre en vigor se requiere que el Poder Ejecutivo “negocie” y “firme”, según el (artículo 99, inciso 11) y que el Congreso de la Nación “apruebe” (art. 75, inciso 22). También hay un tercer paso en la legislación internacional que supone la ratificación por parte del Ejecutivo. Por ello se denomina “acto complejo federal” a este proceso.

Intervenir en el rumbo del acuerdo de manera efectiva durante su etapa de aprobación involucraría no solamente rechazar la firma del mismo desde el Poder Ejecutivo e impulsar una votación negativa en el Congreso, sino que requeriría liderar el rechazo regional al mismo, con gestiones al interior del Mercosur. Por caso, Brasil con Jair Bolsonaro como Presidente podría convertirse en un frente de conflicto en caso de que Fernández quiera retroceder en lo acordado entre Macri y Bolsonaro. En este punto cobra relevancia el análisis de Argüello: “La vinculación entre nuestras economías es tal que sería poco prudente pensar dar pasos importantes en materia internacional sin buscar consensos básicos con Brasil”.

Todavía es muy temprano para discernir ahora si Fernández quiere jugar ese papel en la región, si podrá hacerlo y asumiendo qué costos. Los desafíos que argentina tiene a partir del 2020 son incluso más abarcativos que el desafío del acuerdo. Y, de algún modo, un cierto ablandamiento de su posición dura, que Fernández dejó entrever en su recorrido a España, anticipan una lectura de parte del candidato de un cuadro complejo y conflictivo por delante donde tal vez enfrentarse a la UE no esté entre el menú principal de acciones.

Si el objetivo es evitar que el acuerdo se ponga en marcha, posiblemente la salida menos dañina sea la paralización o dilatación del acuerdo por el lado argentino, a través de conseguir una mayoría robusta en el Congreso que lo rechace. Pero cabe decir que esto sería muy difícil de lograr sin que la decisión política emane del propio Fernández. Con lo cual, necesariamente el gobierno argentino debería adoptar una posición firme en este sentido. Tal vez la dilatación del debate de este tema sea una estrategia probable considerando que el 2020 se encuentra con agenda sobrecargada: debate sobre deuda con privados y FMI y atención urgente a temas sociales y productivos (tarifas, naftas, discusiones paritarias en el marco de un nuevo Pacto Social) serán los ejes centrales.

En síntesis, el precipitado acuerdo muestra, sin dudas, el brusco cambio en la correlación de fuerzas que existió en el Cono Sur de América Latina a partir de las derrotas del PT en Brasil y del kirchnerismo en Argentina. Esto permitió retomar un proceso negociador antaño estancado, por la defensa que estos dos países hacían de sus entramados productivos generadores de empleo. La firma del acuerdo y su puesta en práctica significaría sellar para siempre –con ínfimas posibilidades de retroceder- reformas estructurales hacia los años venideros, entrampando a los países del Mercosur en un corset difícil de remover, y poniéndolos en el lugar de mercados de colocación de productos manufacturados de países europeos. Esta es la situación de sometimiento a la que se refirió Fernández durante las PASO y también en su reciente gira a España y Portugal. Cómo modificar esta herencia “sin beneficio de inventario” es el gran interrogante de un próximo gobierno que parte de premisas conceptuales y teóricas radicalmente diferentes al aperturismo desregulador de Cambiemos.

[1] Infobae, 28/06/2019.
[2] Perfil, 03/07/2019.
[3] Entre el 2 y el 13 de septiembre de 2019 fueron consultados sobre el tema un total de 8 dirigentes/as políticos/as y ex funcionarios/as integrantes del Frente de Todos.
[4] Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=_6BCp0k3Kss
[5] Página 12, 28/06/2019.
[6] Consultar: https://www.embajadaabierta.org/post/entrevista-a-jorge-arg%C3%BCello-en-el-cronista
[7] Infovarelense, 05/07/2019.
[8] Oleada, 11/09/2018.
[9] Página 12, 03/07/2019.
[10] Clarín, 03/09/2019.

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