El nuevo proceso constituyente chileno ya se encuentra en marcha. Sus reglas están establecidas y uno de los tres órganos que lo componen ya se encuentra trabajando. El 7 de mayo se realizarán nuevas elecciones para elegir a quienes escribirán la propuesta y la gran pregunta es cuáles son las posiciones que la izquierda chilena —dentro y fuera de los partidos políticos— tiene respecto al proceso. A partir de las entrevistas realizadas para este artículo se desprenden algunas primeras ideas que son parte de un camino lleno de aristas y complejidades. 

Por Javiera Tapia Flores

“En Chile no hay una izquierda. Hay izquierdas”, dice Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo XXI y candidata al Consejo Constitucional por “Unidad para Chile”, el pacto del sector progresista conformado en febrero del 2023 de cara al nuevo proceso constituyente, por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Partido Comunista, Partido Socialista y Liberal. 

La idea de que no existe una sola izquierda, ni tampoco un proyecto político común, es una de las pocas en las que se encuentran de acuerdo los dos principales sectores a los que pertenecen las y los entrevistados para este artículo, todos parte de lo que se podría denominar izquierdas —tanto de partidos políticos como organizaciones sociales— que apoyaron la opción Apruebo en el pasado plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, día en el que ganó con un 62% de los votos la opción Rechazo. 

“A mi parecer, hubo atisbos de posibilidad de tener un proyecto conjunto con la discusión de la Convención Constitucional, pero esa derrota reforzó las divisiones históricas”, dice Camila. “Me parece que hoy día la izquierda en Chile está dispersa en organizaciones sociales de distinto tipo: de carácter territorial, de luchas medioambientales, de la lucha feminista, de las luchas por el cuidado, de las luchas por vivienda digna y también en los partidos que, creo, están principalmente en Apruebo Dignidad [coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric]”. 

En un contexto de derrota política posterior al 4 de septiembre es en el que se encuentra el sector para enfrentar el nuevo proceso constituyente, acordado en el Congreso en diciembre pasado de manera transversal, en el llamado “Acuerdo por Chile”, en el que participaron desde el Partido Comunista hasta la derecha tradicional. Eso sí, se trata de un camino muy diferente al anterior, tanto en su composición y reglas. Y este trabajo ya comenzó: una Comisión Experta de 24 personas elegidas por el Congreso presentó un anteproyecto para que el Consejo Constitucional compuesto por 50 personas —elegidas por voto popular obligatorio el próximo 7 de mayo— comience la redacción. El otro órgano que completa el nuevo sistema es el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas, también elegidos por el Congreso, que harán valer una lista de 12 bases constitucionales que fueron fijadas tan solo un mes después del plebiscito de salida anterior y ya establecidas en el artículo 154 de la ley 21.533. O como varias de las fuentes para este artículo las definen: bordes o límites que el debate de normas no debe traspasar. 

En general, las posiciones respecto al nuevo proceso constituyente en las izquierdas separan aguas entre quienes desean participar del proceso como parte de una disputa institucional que debe darse (partidos políticos) y quienes lo cuestionan como ilegítimo (organizaciones sociales, muchas de las cuales participaron activamente en el proceso anterior y fueron por la opción del Apruebo). Hasta ahora, además, muy pocos movimientos de la sociedad civil han manifestado de forma clara sus llamados a la acción frente a las próximas elecciones de mayo. Manuela Royo, ex constituyente y vocera del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), organización que también es parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales, explica que dentro de aquella unión de organizaciones “hay quienes ya están por hacer una campaña por anular y otros que todavía no lo han decidido. Pero como es una coordinadora no existe una uniformidad sobre ese punto. En el fondo, cada movimiento tiene sus propias particularidades”, dice.

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“Estamos en un escenario de derrota electoral y de minoría parlamentaria. Y, por tanto, si se quería abrir y continuar este proceso constituyente, la cancha en la cual se tenía que entrar a negociar era muy adversa. El resultado de esta negociación, tengo que ser claro, no nos satisface plenamente ¿Cuál era la otra alternativa? Cerrar el proceso constituyente y quedarnos con la Constitución de Pinochet”, dice Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric. Y puntualiza que su sector “jamás estuvo de acuerdo” con la designación de un Comité de Expertos, “pero la derecha lo puso como condición para poder avanzar a un órgano 100% electo y accedimos con la convicción de que tenemos que disputar esos espacios que por más tutelados que se quieran ver, es nuestra obligación política e histórica”, dice.

Y dirige una pregunta hacia quienes “legítimamente”, aclara, critican el proceso: “¿Entonces qué? ¿Esperar que aparezcan las posibilidades de victoria y me encuentre una revuelta para poder hacer los cambios?”. De inmediato, el diputado se responde: “los procesos revolucionarios no son los que necesariamente se construyen en la foto heroica, sino en la cotidianidad. Creo que hay una falta de autocrítica profunda de ciertos actores que, sin tener la capacidad y la fuerza hoy para enfrentar a la derecha, tampoco ofrecen alternativas para avanzar en superar la constitución de Pinochet. No hacer nada para quedarnos con esta Constitución es, de hecho, absolutamente conservador. No atreverse y no arriesgarse a iniciar un nuevo proceso con toda la dificultad que nos trajo el rechazo, me parece profundamente anti revolucionario”, reflexiona.

Alondra Carillo, ex constituyente y vocera de la Coordinadora Feminista 8M, explica que la posición actual de su organización es la de denuncia “del carácter antidemocrático y excluyente con el que fue acordado el proceso”. Algo que también manifiesta Manuela Royo, quien caracteriza el nuevo camino de escritura de la constitución como “muy poco participativo, muy poco democrático y muy poco representativo de las organizaciones sociales y de todo el mundo que está fuera de los partidos políticos que hoy día se encuentran en el poder”.

Por su parte, Matías Marambio, militante de Convergencia Social y uno de los coordinadores de su Frente de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Géneros, explica que dentro de las dirigencias partidarias hubo “una suerte de consenso en donde parece prioritario asegurar la continuidad del proceso antes que casarse con un diseño posible”. Además indica que existe “una disputa al interior de los sectores oficialistas del Apruebo y también dentro de los mismos partidos que componen la coalición de gobierno Apruebo Dignidad, respecto de cuáles fueron las razones de la derrota del 4 de septiembre y, por lo tanto, en qué medida un nuevo proceso debiera hacerse cargo de estas razones, evitando cuestiones que fueron vistas como errores del proceso o como puntos débiles”. 

Carrillo cree que “este proceso fue acordado con un carácter deliberadamente excluyente, y eso se funda en una premisa que, parece ser un acuerdo transversal de todos los sectores partidarios, de que uno de los errores del proceso anterior fue habilitar la participación de los sectores organizados del movimiento popular mediante la auto representación. Y eso lo dijeron los sectores partidarios, particularmente de sectores como el Partido Socialista o el Partido por la Democracia, incluso durante la campaña por el Apruebo”. 

Dentro del nuevo sistema constituyente, un concepto que al parecer ya ha quedado fuera del debate —debido a la implementación de las 12 bases constitucionales— es el de Estado Plurinacional, ya que una de ellas indica que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”. Pero la participación de los pueblos originarios también será diferente esta vez. Si en el primer proceso existían 17 escaños reservados para ellos, esta vez su participación se acotará a la representación solo en el Consejo Constitucional, con la condicionante de alcanzar un mínimo de votos. “El mecanismo definido en el acuerdo por una nueva Constitución no se reserva en estricto rigor ningún escaño, sino que se abre la ‘posibilidad’ de lograrlos, imponiendo condiciones restrictivas e injustificadas para lograr que la votación de personas indígenas se traduzca en representación efectiva. Para verse representadas las personas indígenas no solo deberán votar, sino que deberán alcanzar ciertos márgenes de participación. Esta participación será, además, evaluada en referencia a la participación nacional de personas no indígenas”, explica aquí Claudia Iriarte, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Derechos Humanos.

“Lamento mucho que esa comisión de expertos en vez de abrir puertas, al parecer las esté cerrando”, dice la académica mapuche, lingüista y ex Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon. “Las está cerrando, por cuanto su expertise tiene límite. Y tiene límite porque hay un acuerdo previo antes establecido donde define que Chile es una nación única y en ese concepto de nación única, quedamos todos fuera. Por eso no hay presencia de expertos indígenas en esa comisión. Los escaños reservados no se reconocieron. Se comete un error grande en dejar de lado los avances que hemos logrado por vías de procesos democráticos y todo tiene consecuencias. Yo no sé qué puede pasar, porque no estoy en la coyuntura, hay otras personas llevando adelante el proceso. Y, sin embargo, los grandes temas a mí me siguen importando y dentro de esos grandes temas está la propuesta de plurinacionalidad para resolver los problemas políticos de marginación que hemos tenido a lo largo de la historia. Sigue siendo una posibilidad para nosotros”, explica. 

“La participación de los pueblos indígenas no solo se trató sobre su derecho colectivo, sino también significaba una ampliación de las posibilidades democráticas para pensar el Estado. Esto se cercena en este segundo momento”, dice Claudio Alvarado Lincopi, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). “Se dejan afuera a los pueblos indígenas, así como otras expresiones que fueron, aparentemente, los culpables de todo esto”. A su juicio, el nuevo proceso “será arreglado de nuevo por los grandes partidos políticos en Chile, por quien ha tenido la mayor capacidad de acumular fuerza durante los últimos treinta años. Entonces, yo diría que los pueblos indígenas no están participando porque hay una decisión política de cerrar la discusión democrática a actores muy determinados”, concluye. 

Claudio también explica que dentro del movimiento indígena “hay gente que sí quiere participar de este segundo momento y otra que no, que está llamando a anular para la próxima votación del 7 de mayo. Y el llamado que se hace desde el sector en el que yo me ubico, que es el que dice que hay que votar, es que si van a anular, que lo hagan en la papeleta verde, en el voto indígena, reconociendo que el Estado debe abrir cauces democráticos para que las voces de los pueblos indígenas tengan expresión tanto electoral como político-institucional. Y ahí hay un encuentro en las posiciones que se presentan en esta coyuntura específica, no sé si antagónica, pero sí en veredas que no son la misma. Y creo que eso es traducible también al interior de los movimientos sociales, en general. Están esas dos perspectivas. Una que tiene que ver con no participar porque es un proceso que se da por arriba, que es muy cerrado democráticamente y sin participación de los territorios. Un montón de cosas que yo comparto, por supuesto. Y otro sector para el que aún así es importante participar, con la necesidad de seguir instalando nuestras reflexiones y sobre todo, de no desaparecer del debate político institucional que, de algún modo, ya abrazamos”. 

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Según la encuesta Cadem de la última semana de marzo, “un 48% de los encuestados no sabe que se celebrarán los comicios, 88% no conoce a los candidatos de su región y 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el tema. En ese escenario, 44% dice hoy que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría. 22% no manifiesta opinión”. 

“Ese desencanto de la ciudadanía lo hemos palpado nosotras mismas en el equipo de La Neta cuando reporteamos en el ex Congreso”, dice la periodista Bianca González, directora de La Neta, medio fundado en 2021 que ha cubierto de manera exhaustiva todo el proceso constituyente. “Nos damos cuenta de que ya no pasa lo que pasaba antes con la Convención. Por ejemplo, antes, cuando se presentaba una iniciativa de norma, se aglomeraban afuera del ex Congreso las organizaciones sociales, representantes de distintos movimientos, personas, en general. También participaban dentro de los puntos de prensa que se daban en el Congreso, explicando en qué consistía lo que estaban proponiendo y dándolo a conocer a la prensa, cosa que ahora, según lo que hemos visto en lo que lleva de trabajo de la Comisión Experta, no sucede. No hay organizaciones sociales ahí apoyando”, dice. 

Alondra Carrillo cree que la desafección de la ciudadanía “es un rasgo de continuidad en los últimos treinta años en la relación de las personas con la institucionalidad política. También se vio desafección en el proceso anterior, pero dentro de los sectores que sí se comprometieron, vieron destruida de manera muy concreta la expectativa y sentido que habían alojado en el proceso. Y yo creo que esa experiencia emocional de involucramiento, esa experiencia política que tienen esos sectores que sí se involucraron, es también hoy día lo que lo que a muchas personas les hace muy difícil, sino imposible, conectar con un proceso diseñado en directa negación con el proceso anterior, que es el proceso en el cual habían depositado sus expectativas, sus deseos, sus sueños. Es como si este nuevo proceso se resistiera a ser pensado por los sectores que han sido excluidos de él deliberadamente”. 

Manuela Royo dice que la poca implicación e interés social que genera este nuevo proceso constituyente “no es casual, porque fue una propuesta pensada y decidida de esa forma en la lejanía con la gente, con la ciudadanía”. Por otra parte, Camila Miranda cree que “además de desafección, hay un cansancio generalizado. Pero este desinterés, la candidata al Consejo Constitucional también se lo atribuye al diseño del proceso “que hace que predomine la acción de los partidos políticos. Y convengamos que en Chile menos de un 7% de la población milita en un partido político y existe una desconfianza en ellos también. Entonces yo creo que el conjugar por un lado el agotamiento y también la frustración del proceso anterior con esta otra componente de un diseño del proceso, donde los partidos tienen un rol muy protagónico, genera también esa desafección”. 

“La derecha quiere convencernos de que el ciclo político terminó y que el Comité de Expertos es la figura fundamental de nuestra democracia, pero eso no es así, mirando cualquier encuesta más o menos seria, uno se da cuenta de que todavía los partidos políticos están profundamente dañados en su legitimidad y por lo tanto, el ciclo político de apertura democrática no está cerrado. Y si no está cerrado, la disputa político institucional todavía sigue teniendo sentido ¿no?”, dice Claudio Alvarado.

En este nuevo proceso constituyente existirán cuatro formas de participación ciudadana: la iniciativa popular de norma, las audiencias públicas, los diálogos ciudadanos y la consulta ciudadana. Hay una gran pregunta que se hace Bianca: ¿cuál será el espacio de incidencia real que tendrá la sociedad civil a través de estos mecanismos? Aún no se sabe. “Porque todos ellos giran alrededor de un anteproyecto que ya estará redactado y serán espacios para entregar opiniones o propuestas, pero no para tomar decisiones”, dice la periodista. 

Carrillo ve muy poco probable la real participación ciudadana dentro del proceso porque “todas las potestades de designación que en última instancia resuelven las potenciales controversias que se podrían abrir, están depositadas en las organizaciones partidarias de representación parlamentaria. Por ejemplo, si es que la voluntad popular fuese intencionar una determinada votación dentro del órgano constituyente mediante la presentación de una iniciativa popular de norma y esta estuviese en controversia o en polémica con los doce bordes, quien tiene la posibilidad de definir es el Comité Técnico de Admisibilidad, designado por los partidos”.

Recientemente, en la presentación del libro De triunfos y derrotas: narrativas críticas para el Chile actual, Claudia Zapata, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la U. de Chile dijo que una de las ideas que se repetía en los textos que eran parte de la publicación (escritos por diferentes autores de variadas disciplinas y que se ubican en la izquierda del mapa político), era “el convencimiento de que los partidos, los movimientos y las organizaciones que componen el heterogéneo mundo de la izquierda, carecen de arraigo popular masivo”. 

“Creo que habría que definir qué es arraigo popular y qué es lo popular, pero en parte estoy de acuerdo”, dice Diego Ibáñez. “Hay una elitización muy profunda de la alternativa de la izquierda que se han anclado en estratos sociales medios y hay un mundo popular que es que está en una permanente selva de competencia, donde la salida al malestar es por la vía individual, por la vía del consumo, por la vía del hastío a las instituciones y eso, lamentablemente, no lo han podido revertir el sector al cual yo represento. Al Frente Amplio le ha costado penetrar en esa subjetividad popular”, concluye. 

¿Cómo romper esa distancia entre las personas y los partidos y organizaciones de izquierda? Matías Marambio cree que una clave para resolverlo es pensar en qué le entrega un movimiento, sea partidario o no, a la gente que está fuera de él. “¿Qué gana una vecina al vincularse con, por ejemplo, una organización feminista que no obtendría de otra forma? Es volver a la vieja pregunta del para qué nos organizamos. También siento que hay un problema, a veces, en algunas organizaciones y partidos, cuando creemos que porque tenemos buenas ideas o buenos diagnósticos, o porque queremos sentir que somos gente con una cierta superioridad moral, eso llamará a las personas a participar. ¿Qué hace que la gente se motive lo suficiente como para ser voluntario de bombero y no a una reunión de un sindicato? Creo que eso es lo que hay que pensar”, dice.

Camila Miranda cree que no hay más que “mirar los resultados de los últimos procesos para ver que existe aquella dificultad de arraigo social. Al no tener un proyecto político común, por supuesto que es más difícil construir un diálogo y una propuesta al país. Creo que como izquierda tenemos que aprender de la experiencia de construcción anterior, porque los proyectos de cambio no solo se sostienen en programas, sino que en acción y en personas. Mirar lo que fue el movimiento estudiantil o las masivas movilizaciones feministas. Ha quedado un espacio vacío en construcción que han tomado otros esfuerzos políticos regresivos que están construyendo sus prácticas de arraigo popular, que por supuesto no compartimos, pero que lo están haciendo. Esta que viene es la primera elección de personas después de la derrota del 4 de septiembre, entonces, creo que lo que está en juego no es solo el cambio de la Constitución, sino también la relación de fuerza de la izquierda y también cuánto van a avanzar sectores que retroceden todo, como el Partido Republicano y el Partido de la Gente”. 

Según Claudio Alvarado Lincopi, asistimos a dos derrotas para la izquierda después del 4 de septiembre: la electoral, pero también la de la construcción de la narrativa. “Quien gana electoralmente, si tiene la capacidad de traducir eso en la construcción de un guión o de un momento político, gana dos veces”, dice. 

La derecha ha impuesto su agenda tanto para un gobierno que ha sido más reactivo que propositivo, como también dentro del mismo proceso constituyente. Un ejemplo de ello es el debate sobre delincuencia, crimen organizado y seguridad que ha devorado, incluso, las franjas electorales transmitidas por la televisión abierta. Se trata de un sector que Alondra Carrillo define como “una derecha sin proyecto y sin nada que ofrecerle al país más que una agenda punitivista que nos tiene frente a un proceso constituyente que más parece la redacción de un nuevo Código Penal que la redacción de un nuevo pacto social”. 

No sabemos qué sucederá a partir del 7 de mayo, cuando ya sean elegidos los Consejeros Constitucionales, pero mientras las izquierdas chilenas siguen sin tener una estrategia compartida para enfrentar este nuevo proceso, es claro que los sectores más conservadores de la sociedad y la clase política van, sin duda, ganando terreno.