Publicamos el posfacio de la nueva edición latinoamericana de «Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política. Una lectura desde América Latina» que será lanzada el 22 de mayo, con un conversatorio virtual.

 Por Gerhard Dilger*

 ¡Sálvate, viejo y siempre joven sol y recibe mi saludo! Tan solo si tú me eres fiel, si puedo ver tu semblante dorado, ¿qué me hacen las rejas y el encierro? ¿No soy tan libre como aquel pájaro en el tejado que celebra agradecido al igual que yo? Y si algún día, en el incendio de una revolución rusa, me llegaran a llevar a la horca, entonces te pido que me ilumines en ese difícil camino y daré los pasos hacia mi última elevación con una sonrisa alegre como si fuera a una fiesta de boda.

Rosa Luxemburgo

 

Moriré – pero volveré y seré millones

Túpac Katari

 

Este libro es fruto y síntesis de muchos procesos colectivos. Hernán Ouviña, compañero, profesor, investigador y escritor, es un militante incansable de un marxismo no dogmático, como el de sus grandes referentes intelectuales José Carlos Mariátegui (1894-1930), Antonio Gramsci (1891-1937) y Rosa Luxemburgo (1871-1919). A la vez es un compañero que construye y comparte estos saberes, en la facultad, en los territorios, en las mal llamadas redes sociales y ahora, en tiempos del Corona, en espacios virtuales. Y lo hace con una generosidad extraordinaria. Ha venido tejiendo una verdadera telaraña de conexiones que cubre toda Nuestra América, y su obra ya está empezando su trayectoria más allá, por la red de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL).

La primera edición, lanzada a principios del año pasado en Buenos Aires, cuando recordamos el centenario del femicidio de Rosa, ya había nacido en constante intercambio con nuestro equipo local y con las editoriales El Colectivo, de Argentina, y Quimantú, de Santiago de Chile. Poco después, lxs compas de La Fogata publicaron la edición colombiana, y cuando nos preparamos para el lanzamiento internacional de esta edición ampliada y enriquecida por el prefacio de nuestra compañera Silvia Federici, ya falta poco para que la editorial mexicana Bajo Tierra lance allí una edición en papel, en cooperación con la oficina regional FRL/RLS para México, Centroamérica y el Caribe.

En su obra rigurosa y popular al mismo tiempo, Hernán abarca muchas de las dimensiones que están convirtiendo a Rosa en mucho más que un ícono. La lectura “desde América Latina” que nos propone es más pertinente que nunca. No por azar aquí Rosa Luxemburgo está más viva que en cualquier otro continente – más que en Alemania, donde pasó la mayor parte de su vida política, y muchísimo más que en Polonia, donde su internacionalismo consecuente y coherente nunca fue realmente entendido.

Ha inspirado novelas gráficas como La Rosa Roja de Kate Evans, óperas como la de Alejandra Arístegui, obras de teatro como La Conducta de los Pájaros del Teatro Calibán de Norman Briski, donde se imagina un diálogo intercultural entre Rosa y el socialista y antiimperialista argentino Manuel Ugarte, o “Rózà” del colectivo de mujeres homónimo en São Paulo.

En Nuestra América se la aprecia como la marxista “menos eurocéntrica”, como dijera el crítico de arte y militante Mario Pedrosa (1900-1981), el primer luxemburguista brasileiro. Tempranamente el Amauta peruano José Carlos Mariátegui supo reivindicar las ideas y la acción política de Rosa para estas tierras. El economista Paul Singer (1932-2018), uno de los padres de la economía solidaria e igualmente un gran admirador de Rosa Luxemburgo, observaba que para ella, y a diferencia de Lenin, “el imperialismo no es un estadio del capitalismo, es una característica central del propio capitalismo desde siempre”.

El ecosocialista Michael Löwy, brasileiro de raíces austríacas que vive en París, destaca “su visión de las comunidades precapitalistas y su forma crítica y original de concebir la evolución de las formaciones sociales, desde un punto de vista orientado, como diría Walter Benjamin, a cepillar la historia a contrapelo”. Todo esto, y muchísimo más, ha sido desarrollado por nuestra amiga, musa e “intelectual orgánica” en São Paulo, Isabel Loureiro, quien ha dedicado casi la mitad de su vida al estudio y a la “enseñanza” de la obra de Rosa Luxemburgo.

En Argentina, Claudia Korol de “Pañuelos en Rebeldía” es una de las compañeras que más ha divulgado la vida y obra de Rosa Luxemburgo en esta tónica. A través de sus talleres de formación política, junto a nuestra querida colega Kathrin Buhl (1951-2012), su hija Lisa e innumerables militantes de base, consiguió que esta energía luxemburguista fluya cada vez más por nuestros territorios.

Para nosotros, es un privilegio poder trabajar en el nombre de la Rosa, desde la oficina más meridional de las 25 oficinas regionales Rosalux esparcidas por cuatro continentes. Desde Buenos Aires, cooperamos con movimientos y referentes sociales, partidos, pensadorxs y muchxs otrxs, en Argentina, Chile y Uruguay.

A la inauguración de nuestra primera oficina en el barrio porteño Chacarita, en 2015, vino el gran autor y periodista Osvaldo Bayer (1927-2018) que también era luxemburguista. Cuatro años más tarde, cuando abrimos nuestra casa en Constitución, bailamos con Norita Cortiñas. Nuestros proyectos comunes de formación política giran alrededor de los ejes temáticos Democracia y justicia social, Transiciones social-ecológicas, Sindicalismos desde abajo y Feminismos/diversidades.

Nuestros fondos, al igual que los de las otras fundaciones políticas alemanas, provienen del presupuesto federal, gracias a la presencia del partido Die Linke (La Izquierda) en el parlamento alemán. Desde su fundación en 1990, después de la caída del Muro de Berlín, la Fundación Rosa Luxemburgo se ha convertido gradualmente en una importante red internacionalista de formación política.

Junto a nuestrxs aliadxs, pensamos y trabajamos respuestas concretas a la “crisis múltiple” del capitalismo con sus facetas económicas, sociales, ecológicas y geopolíticas. Además, las conquistas democráticas de las últimas décadas están amenazadas por tendencias autoritarias alarmantes, reforzadas por la pandemia del Covid-19. La famosa sentencia de Gramsci de que “el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos” parece más pertinente que nunca.

Pero hay resistencias y construcción de alternativas. Movimientos sociales y otrxs actores de izquierda de todo el mundo se vienen movilizando contra las políticas de austeridad, el ataque a los derechos sociales, los autoritarismos, el racismo, las guerras y el ecocidio.

Por su feminismo vivido, por su amor a la naturaleza y por su “optimismo de la voluntad”, Rosa sería hoy, sin duda, una ecofeminista. Apoyaría a los movimientos por “el clima” y la justicia ambiental, impulsados por jóvenes en todo el mundo. Estaría al lado de las organizaciones del feminismo popular que están tejiendo redes de cuidado, de lxs migrantes, de lxs luchadorxs urbanos, de lxs campesinxs que están reclamando por sus tierras y transitando hacia la agroecología, de los pueblos indígenas.

Conviviría feliz con los horizontes del Buen Vivir, del ecosocialismo e inclusive del Laudato Si’. Y sería una defensora aguerrida de la plurinacionalidad y del anticolonialismo, claves en la resistencia que millones oponen al ataque permanente por parte de corporaciones nacionales y transnacionales.

Una verdadera Rosa del Sur.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2020

 

* Profesor, periodista y director de la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo. Nació en Múnich y vive en América del Sur desde 1992. Hasta 2012, fue corresponsal, desde Brasil, de los diarios taz (Berlín), neues deutschland (Berlín), Der Standard (Viena), del semanario WOZ (Zúrich) y de la agencia de noticias epd (Fráncfort).

 

Germán Romeo Pena

La irrupción del virus covid-19 y las políticas de aislamiento social generalizadas, pusieron en evidencia la contradicción entre los intereses de los capitalistas, que producen para no dejar de producir ganancias, y los intereses del pueblo trabajador que produce para subsistir. Las personas que dependen de su puesto de trabajo también necesitan de políticas públicas que permitan el cuidado colectivo de la salud. Millones de trabajadores y trabajadoras enfrentan el doble desafío de llevar adelante las medidas de prevención relativas al COVID 19 y, a la vez, pelear para garantizar sus condiciones de vida.


La pandemia y la crisis como fenómenos globales

Las políticas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) o “cuarentenas” más o menos extensivas con las que los Gobiernos enfrentaron la pandemia de covid-19 precipitaron una gigantesca paradoja: la necesidad de detener el flujo de mercancías y personas en un mundo que depende crecientemente de la agilidad del funcionamiento de circuitos globales de capital -como dinero o como mercancías- y de trabajo. El activista Kim Moody describe las dificultades que provoca la desestructuración de las cadenas globales de suministro en la provisión de insumos y equipos sanitarios básicos para enfrentar la pandemia, como barbijos o respiradores), rubro en el que incluso renacieron, renovadas, las prácticas de “piratería”. Esto impacta directamente en las condiciones con que cuenta cada país para controlar la enfermedad.

La desestructuración de los circuitos globales por la paralización de la producción de bienes y servicios es absolutamente contraria a los intereses de los empresarios particulares, que descargan sobre los trabajadores los costos que les imponen las restricciones. Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las políticas de confinamiento afectan la situación del 81% de los trabajadores en el mundo y prevé un importante incremento de la desocupación y la informalidad.

Al mismo tiempo, la pugna para continuar produciendo se convierte en presión sobre los Estados para aliviar el alcance de la cuarentena. El caso paradigmático es el lobby de CONFINDUSTRIAS en Italia para evitar que las medidas de aislamiento alcanzaran a las fábricas, y numerosas denuncias sobre las muertes y contagios en la región de las maquilas mexicanas responsabilizan también a los empresarios que se niegan a parar la producción. Presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro son activos voceros de esta línea de acción, aunque las medidas de aislamiento debieron implementarse a escala regional o local en los países que dirigen.

En tiempos de funcionamiento “normal” del capital, parece funcionar el dogma liberal que reza que el mercado – en función de la oferta y la demanda – es el mecanismo más adecuado de asignación de recursos y que tiende, a través de la oferta y la demanda, a que lo que se produce coincida con “lo que se necesita consumir”. La idea de que la producción caótica de bienes y servicios – atomizada en varios capitales individuales que compiten entre sí – coincide con la satisfacción de las necesidades sociales no se cuestiona. La crisis desatada por la rápida expansión del COVID 19 pone en evidencia que necesidades sociales (para la reproducción de la vida) y producción con vistas a obtener ganancias no sólo no coinciden sino que se contradicen en muchos aspectos. Mientras millones de trabajadores y trabajadoras se ven en enormes dificultades para compatibilizar la prevención de la salud con la obtención de los medios de vida – a través del salario o los ingresos por changas y trabajos eventuales – los empresarios presionan para retomar la producción, imponiendo peores condiciones a los trabajadores incluso a costa de la salud del conjunto.

Germán Romeo Pena

Políticas de aislamiento y clase trabajadora en Argentina

El gobierno de Alberto Fernández decretó tempranamente la cuarentena general – el número de casos positivos no había alcanzado la centena. Aunque existe un importante consenso sobre la eficacia de esta medida para controla y ralentizar el contagio del COVID 19, también se hizo evidente el empobrecimiento y las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven sometidos vastos conjuntos de la clase trabajadora. Los empresarios trasladaron la presión hacia el Gobierno desde el inicio del Aislamiento a través de distintas vías: por un lado, muchos argumentaron que su producción es “esencial” y, que por ende debía ser exceptuada del cumplimiento de la cuarentena. Por otro, presionaron sobre el mercado, aumentando los precios de los productos básicos, advirtiendo sobre el desabastecimiento y encarecimiento de otros productos; y a través de reducciones salariales, suspensiones y despidos masivos.

Entonces, la cuarentena general enfrentó a los trabajadores a tres tipos de problemas: en primer lugar, un conjunto de actividades consideradas esenciales fueron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento. En estos sectores, cientos de delegados gremiales y representantes de base dieron peleas cotidianas para establecer condiciones de trabajo tan seguras como fuera posible.

Al mismo tiempo, y en segundo lugar, el peso de la paralización en aquellos sectores no exceptuados comenzó a hacerse sentir pronto. Un decreto presidencial a inicios de abril prohibió los despidos y habilitó las “suspensiones con causa de fuerza mayor” con rebaja salarial contempladas en el artículo 223 de la Ley de Contratos de Trabajo. El 29 de abril la UIA (Unión Industrial Argentina) y la CGT junto al Ministerio de Trabajo rubricaban un acuerdo que habilitaba el recorte salarial en los sectores paralizados por el aislamiento social. Los acuerdos sectoriales se sucedieron en efecto dominó. En pocos días, se habilitaban recortes salariales a los empleados de comercio, a los trabajadores de las automotrices, los metalúrgicos y los textiles, y se prolongaban los que habían firmado los sindicatos petroleros. El Observatorio de Despidos estima que más de dos millones de trabajadores se vieron afectados por suspensiones y rebajas salariales. Es decir que una proporción significativa del total de trabajadores asalariados, unos 11 millones, verá reducidos sus salarios en el contexto de la crisis desatada por la pandemia.

En tercer lugar, la prohibición de actividades comerciales y en los espacios públicos privó a un amplio conjunto de trabajadores precarizados – unos 12 millones de monotributistas de diversos tipos, cuentapropistas registrados y trabajadores no registrados – de la posibilidad de generar los ingresos necesarios para sobrevivir. En este último grupo heterogéneo de trabajadores y trabajadoras anidan formas productivas emergentes de procesos de lucha, que quedaron relegadas al universo de la precarización y que hoy podrían cumplir un rol en suplir las necesidades sociales.

 

Germán Romeo Pena

Tareas de cuidado: invisibles y precarizadas

Una de las consecuencias de la pandemia covid-19 y las políticas de ASPO ha sido la visibilidad que alcanzaron los llamados trabajos de cuidado – salud, educación, cuidado de niños y adultos mayores, limpiezaMuchas de estas tareas se corresponden con los empleos más precarizados y con salarios más bajos. Consideradas como áreas “auxiliares” del centro económico, han sufrido procesos de ajustes presupuestarios vaciamiento y subcontratación. En la situación de crisis, el gobierno tuvo que priorizar las tareas que realizan los y las trabajadores de la educación, de la salud, del cuidado, de limpieza y reparto entre otras. Todos ellos fueron considerados “esenciales” y exceptuados del cumplimiento del Aislamiento desde el primer momento. Para los trabajadores, el contexto de emergencia sanitaria significó la pelea para poder prevenir sus propias condiciones de salud y a la vez, poder cumplir con sus tareas adecuadamente.

Los y las trabajadores del sector salud rechazan el apelativo de “héroes” y se organizan para visibilizar y denunciar las condiciones en las que trabajan. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) ha denunciado que los trabajadores de la salud en Argentina presentan una de las tasas de contagio más altas del mundo, un 16% del total de los contagios registrados.

En los Hospitales Públicos del AMBA hubo numerosas asambleas, conferencias de prensa y ruidazos denunciando la falta de insumos y elementos de protección personal. En la Ciudad de Buenos Aires, los residentes y concurrentes resistieron el intento de profundizar la precarización de sus condiciones de trabajo sobre fines del año pasado y se mantienen organizados para reclamar mejores salarios. Mientras que en el sector privado las condiciones para la organización y visibilización de los conflictos son más difíciles, algunos colectivos de trabajadores han denunciado la falta de protocolos o el incumplimiento de los existentes; la extensión de las jornadas laborales y la falta de insumos para garantizar las condiciones de salud y seguridad. Desde un punto de vista general, la situación de emergencia plantea la necesidad de centralizar los recursos sanitarios y administrarlos en función de la evolución de la pandemia y de la situación sanitaria. El peso de los intereses de lucro y rentabilidad privados en el sistema de salud atenta contra esa posibilidad, con el único resultado de profundizar los problemas estructurales del sistema y obstaculizar una administración racional de los recursos e insumos.

Otro sector de trabajadores que adquirió visibilidad desde el primer momento del Aislamiento fueron los trabajadores de aplicaciones específicamente los de reparto. Unos 60 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país, que forman parte de ese vasto conjunto de asalariados a destajo, clasificados bajo las figuras de monotributistas y no-registrados – formas patronales y estatales de eludir el reconocimiento de la relación de dependencia. Han recorrido un intenso camino de organización y lucha, marcado por el crecimiento del sector. Su reivindicación de fondo es el reconocimiento de la relación de dependencia que los vincula a las empresas que comandan las plataformas. El sector ha crecido sustancialmente a escala global en los últimos años y la demanda por el reconocimiento de la relación laboral ha crecido con él. Ante la relevancia que estas tareas adquirieron para poder mantener el aislamiento – la movilidad de los repartidores reemplaza la movilidad de miles de personas – y el incremento de la demanda, la reacción de las empresas fue empeorar las condiciones de trabajo para aumentar sus ganancias: no sólo los salarios y los ingresos de los repartidores se mantuvieron congelados, sino que también sufrieron el recorte de bonos y plus salariales. Por supuesto, no garantizaron ni la calidad ni la cantidad de insumos de desinfección e higiene, dejando el problema en manos de los propios trabajadores. La pandemia generó el contexto común para que los trabajadores de las APP de reparto coordinaran sus esfuerzos organizativos en una huelga regional. La fuerza que logren los procesos de organización y lucha de los trabajadores de las Apps será fundamental para mejorar las condiciones de trabajo en un contexto en que todo indica que va crecer la importancia de las actividades comerciales a través de plataformas y canales electrónicos.

El contexto de la pandemia evidenció la importancia de las tareas que garanticen la seguridad sanitaria de la población fundamentalmente en los barrios pobres, que carecen de la infraestructura básica para garantizarla. Décadas de políticas públicas guiadas por el ajuste y la racionalización del gasto, no han priorizado ni la infraestructura ni la salud de las familias trabajadoras que habitan esos barrios. Es por eso que muchas de estas tareas han recaído sobre cooperativas de trabajo, el modo que el Estado encontró para convertir los “planes sociales” en “trabajo” como resultado de los procesos de organización y lucha de los sectores de trabajadores desocupados durante la crisis de 2001/2002. Las cooperativas son sumamente heterogéneas y tienen diferentes dinámicas, de conjunto tienen a su cargo tareas fundamentales para el seguridad sanitaria de los barrios pobres: el saneamiento de arroyos y cursos de agua, el mantenimiento de desagües y zanjeo, el reciclado, el mantenimiento de infraestructura pública (veredas, espacios verdes y baldíos). Surgen de y se articulan con movimientos sociales, barriales y socioambientales para fortalecer las demandas al Estado. Son actores fundamentales para mantener condiciones de seguridad sanitaria en este contexto, al punto que varias de ellas se encuentran exceptuadas de la cuarentena. La pandemia muestra cómo políticas fundamentales para garantizar las condiciones sanitarias en los barrios pobres recaen sobre trabajadoras con salarios por debajo de la canasta básica y con condiciones de trabajo por demás precarias.

Producción de alimentos: lo rentable y lo necesario

La producción de alimentos es uno de los sectores en que se manifiesta más crudamente esa contradicción entre las necesidades sociales y la lógica de la producción por la ganancia. De hecho, varias investigaciones advierten sobre la forma en que los métodos de producción de alimentos (especialmente la cría industrial de animales y los cultivos agroindustriales) producen a su vez las condiciones para la expansión y el contagio humano del virus que desató la actual pandemia. Otros estudios se focalizan en el impacto de los alimentos industriales sobre las condiciones de salud de la población.

En un país como Argentina que participa del mercado mundial aportando productos agroindustriales a las cadenas de producción, la “excepcionalidad” de ciertos sectores está claramente relacionada con la necesidad del Estado de garantizar la “entrada de dólares” – fundamental para sostener las políticas de compensación y contención social anunciadas. Varias comisiones internas y sindicatos del sector han planteado que la producción esencial debería ser aquella necesaria para abastecer al mercado interno, y que deberían suspenderse las exportaciones. Daniel Yofra, Secretario General de la Federación que agrupa a trabajadores del complejo oleaginoso sostiene que sólo deberían estar exceptuadas la empresas que producen para proveer aceite comestible al mercado interno, pero que ante la intransigencia empresaria y gubernamental, el sindicato optó por intentar imponer las máximas condiciones de prevención – especialmente con los trabajadores tercerizados. En esa disputa, algunos empresarios reaccionaron provocando despidos y amenazando a los salarios de los trabajadores. En la industria frigorífica los trabajadores enfrentan una doble presión: por una parte, los empresarios vacían plantas, despiden y frenan la producción que no les resulta inmediatamente rentable, como es el caso del Frigorífico Penta. Por otro lado, las patronales pretenden continuar con la producción sin ninguna consideración por las condiciones de salud e higiene, convirtiendo a los establecimientos en un foco de contagio para los trabajadores y sus familiares, como es el caso de El Federal. Los criterios y las demandas planteados por los trabajadores suponen programar la producción de modo de disminuir la cantidad de trabajadores movilizados y garantizar que la mayor parte pueda cumplir con el aislamiento. Ni los empresarios ni el Estado han tomado en cuenta los criterios planteados por los trabajadores para definir las excepciones

La industria frutihortícola es otro sector de la producción de alimentos orientado a la exportación – especialmente peras, manzanas, vid, cítricos y, en menor medida, té y tabaco. Las cadenas de producción de frutas y alimentos frescos en todo el mundo se caracterizan por el empleo de fuerza de trabajo estacional y migrante, con salarios bajos y arreglos informales que los empresarios se encargan de incumplir sistemáticamente. En Argentina, los trabajadores golondrina son migrantes internos que recorren las zonas productivas, de norte a sur y de sur a norte, siguiendo el tiempo de las cosechas. Una vez decretada la cuarentena, los empleadores los expulsaron de las fincas sin disponer los recursos para garantizar el retorno a sus lugares de residencia y miles quedaron varados en provincias como Río Negro, Neuquén o Mendoza. Fue en virtud de la organización de redes sindicales, de movimientos sociales y de derechos humanos que se lograron aceitar los mecanismos para organizar su retorno. Una vez más, garantizar las condiciones de salud colectiva no estuvo en manos de los responsables de las empresas, que impusieron sus intereses particulares, sino de una amplia red de organizaciones solidarias.

Los trabajadores de la industria alimenticia y sus organizaciones pugnan por lograr condiciones de salud y seguridad adecuadas, enfrentando a un sector empresario altamente concentrado que insiste en continuar la producción y maximizar la ganancia. En contraste, unas diez mil familias y comunidades ocupadas en la producción agrícola a pequeña escala, reclaman visibilidad para lógicas productivas solidarias y demandan al Estado políticas activas de soporte y apoyo. Aún con los evidentes límites de escala y logísticos, estas formas productivas plantean varios elementos en contraste con la lógica industrial de producción de alimentos que ponen el acento en la reconstitución de circuitos regionales y locales de abastecimiento.

Como ha quedado en evidencia ante la crisis COVID 19, el acceso a la alimentación saludable, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento – entre otras condiciones – es fundamental para la prevención de la salud en términos colectivos. El decreto del ASPO reveló el modo en que las crecientes condiciones de precariedad del conjunto de los trabajadores se volvieron a su vez, dificultades para poder cumplir con las medidas prescriptas. Es decir, gran parte de la población no tiene garantizado el acceso a los bienes básicos para reproducir su existencia; lo que atenta contra las posibilidades de prevención y cuidado que se reclaman. En los sectores que continuaron trabajando, los y las trabajadores luchan para que los empleadores inviertan el dinero necesario para garantizar condiciones que les permitan prevenir el contagio del virus. El modo que los empresarios encuentran para resguardar sus intereses particulares (bajar salarios, despedir, suspender) no hace sino profundizar ese problema y deja al descubierto que la lógica de producir para obtener ganancias no permite desarrollar una forma de enfrentar la situación desatada por el virus covid-19, u otras situaciones similares, que priorice la prevención de la salud colectiva.

 

* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

¿Qué luchas sostienen la vida en tiempos de crisis civilizatoria? ¿Qué prácticas perseveran en defensa de la soberanía alimentaria? Acción por la Biodiversidad y la Fundación Rosa Luxemburgo colaboraron en desarrollar dos instrumentos clave para la interpretación y el fortalecmiento de las luchas contra el agronegocio transgénico en el Cono Sur.

Acción por la Biodiversidad presentó  el libro Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos, sistematizado por Darío Aranda, especialista en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales). El trabajo investiga sobre el rol que jugó la ciencia al servicio de la utilización de agrotóxicos en semillas, la concentración de la tierra, los artificios legales para imponer un sistema de patentes, el control corporativo-oligopólico del mercado, el impacto sobre los cuerpos de las mujeres y la criminalización de les campesines, son algunas de las graves consecuencias de la implementación del modelo transgénico en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El libro también dedica esfuerzos a relevar las alternativas que los pueblos construyen, prácticas, en algunos casos milenarias que hacen frente a este modelo depredador de todas las formas de vida (en la región, cada año se deforestan 2 millones de hectáreas de bosques, acompañado de un proceso de concentración de tierras: en la actualidad, el 1% de las explotaciones controlan el 36,4% de la tierra en Argentina y el 3% de los grandes productores controlan el 85% de la tierra en Paraguay.)

Complementariamente, la Fundación Rosa Luxemburgo junto a Iconoclasistas sistematizaron el Mapa de la república tóxica de la soja , resultado de un taller realizado en el marco de un encuentro organizado por Acción por la Biodiversidad y Base-Is (Paraguay) en septiembre del 2019 en Asunción, y apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Del taller participaron referentes de organizaciones, tecnicxs y académicxs de Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay, y nos permite visualizar en territorio, como se desarrollan las dinámicas de despojo y resistencias al agronegocio en el Cono Sur.

Juntas, ambas herramientas pedagógicas son un poderoso equipamiento para fortalecer a las organizaciones campesinas, ecologistas, de consumidores y todas aquellas que hoy cuestionan el modelo de producción y consumo de alimentos, en el horizonte de construir la soberanía alimentaria. ¡A utilizarlos!

Desde hace años científicos vienen advirtiendo que la destrucción de la biodiversidad está creando las condiciones objetivas para que nuevos virus y enfermedades aparezcan, y denunciando lo que hace mas de veinte años ocurre en la región: nuevas formas de enfermar y morir, en las zonas saqueadas por el extractivismo. En medio de una pandemia que convulsiona nuestras prácticas cotidianas y relaciones sociales, este curso nos propone pensar las inevitables conexiones entre esta realidad sanitaria con un modelo de producción que lleva decenios destruyendo la naturaleza y modificando el clima.

Por FRL Cono Sur

El avance de los modelos extractivistas en nuestra región, implica una transformación de los territorios cuyo impacto en la salud de las personas que los habitan no siempre es advertido por los equipos de atención de la salud. Sin embargo, los perfiles epidemiológicos de las comunidades que habitan los territorios invadidos por el extractivismo (en sus diferentes presentaciones: agroindustria, minería a cielo abierto, fracking, entre otros) vienen cambiando aunque los sistemas de salud no estén preparados para advertirlo y mucho menos para abordar estos procesos con herramientas capaces de comprenderlos.

Los procesos formativos (fundamentalmente en las Universidades) carecen, por lo general, de espacios que estimulen el pensamiento crítico y las miradas holísticas de los ecosistemas. Entendemos que es necesario profundizar y fortalecer a la comunidad de trabajadores de la salud en el conocimiento y uso de herramientas de análisis de los procesos de salud de las personas, que permitan comprender la relación y el impacto que el extractivismo (en diversas presentaciones) genera sobre los territorios y como esto se vincula con la construcción de morbimortalidades.

Para ello, el curso propone un proceso de capacitación con el abordaje de contenidos generales sobre los extractivismos presentes en la región, concentrándose en agroindustria, minería a cielo abierto y fracking, sus impactos generales en las comunidades y como esto interfiere en los procesos biológicos de las personas, del mundo microbiano, en la Salud de la Madre Tierra.

Modalidad del curso El curso constará de 5 módulos, cada uno de los cuales tendrá una duración de dos semanas. Cada módulo se desarrollará a partir de diversos recursos on line desde la Plataforma Educativa del Instituto de Salud Socioambiental (InSSA).

Carga horaria total: 70 horas (diez horas por módulo y 20 horas para el trabajo final).​

Docentes:

Damián Verzeñassi (Argentina) Érika Arteaga (Ecuador) Elis Borde (Brasil-Colombia) Emiliano Terán Mantovani (Venezuela)

Tutores: Equipo docente del Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) Facultad de Cs. Médicas UNR.

Pre-Inscripción: completar el formulario on line HASTA el 1/05/2020 en http://www.saludsocioambiental.net.ar

Inicio del curso: 11/05/2020

Fin del Curso: 31/07/2020

EL CURSO ES GRATUITO

Hoy 22 de abril se conmemora un nuevo día internacional de la Tierra, una iniciativa que conmemoran organizaciones de diversos países. El observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales comparte estas reflexiones sobre el rumbo de la humanidad en el contexto del COVID-19, la crisis ecológica, y las desigualdades que atraviesan estructuralemnte a Chile.

Por OLCA

Cordillera de Huayhuash / Pixabay

 

Nunca había habido una actitud humana que posibilitara a la Tierra respirar, a las toninas volver a saltar las olas de los puertos quietos; a zorros, águilas, cóndores, ciervos, pumas, acercarse a los espacios antes propios, sin miedo, casi felices, haciéndonos ver que se puede compartir la vida cuando la obsesión del dominio no atraviesa las relaciones.

Esto ocurre en un contexto lleno de incertidumbre para la especie humana, los profetas del crecimiento económico infinito y del solo mirar hacia adelante, sin importar los impactos de sus pasos, ahora recogen el despreciado verbo que por siglos escucharon en boca de indígenas y campesinos: volver. Claro ellos hablan de volver a la normalidad, al terreno de sus normas que, con la pandemia se puede ver con estrepitosa claridad, supone una desigualdad sin precedentes y antepone la economía a la vida, tal como dijo el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, «no debemos matar la actividad económica por salvar vidas”.

Quieren volver a la normalidad de vivir en un país donde 137 comunas están declaradas en escasez hídrica, la minería sigue siendo promovida como actividad viable para salir de la crisis, los subsidios para las pymes los cobran el retail y las forestales… La normalidad del ganar ganar, bien cortoplacista, bien devastadora, bien ciega. Un ejemplo, pese a estar en la peor crisis sanitaria de la historia reciente, se le aprueba a la empresa extranjera Andes Copper Ltd mediante una Declaración de Impacto Ambiental, que impide la Participación Ciudadana, la posibilidad de hacer sondajes en la parte alta de la Cuenca de Putaendo, territorio tremendamente azotado por la falta de agua, donde incluso se ha vuelto inviable la crianza de ganado por que ya no hay agua para garantizar su subsistencia.

A eso, es evidente que no se puede volver, no queremos volver. Ya con el estallido social que enteró 6 meses este 18, las organizaciones sociales, asambleas territoriales, cabildos autoconvocados demostraron que no hay disposición a seguir habitando la normalidad del abuso: no más afp, no más precariedad laboral, no más machismo, no más salud y educación de mercado, no más represión, no más zonas de sacrificio… No más.

Y llegó la corona virus y la pandemia asociada, y por cariño se vaciaron las calles… pero una tras otras, todas las medidas de la institucionalidad, dan cuenta de que no se entiende, su volver, no es la re vuelta necesaria para terminar los abusos.

No queremos volver, y tampoco queremos quedarnos en aislamiento, tras mascarillas, presas del miedo y escuchando pelotudeces en los canales de televisión. Entonces, ¿hacia dónde vamos?

La respuesta, para nosotras y nosotros, hace años la vienen dando los territorios: hacia la capacidad de trabajar con lo que tenemos, de ponerlo en valor y de potenciarlo colectivamente. Vivir en la tierra y no sobre la tierra, hoy más que nunca se requiere plantar y cientos de grupos de whatsapp que se hicieron para coordinar la marcha, ahora se usan para intercambiar semillas, promocionar productos, buscar terreno para el huerto urbano, organizar trueques de almácigos, resucitar los comprando juntos, colectivizar el cuidado de las y los más mayores de la cuadra, hacer la olla común, potenciar las economías locales, participar activamente en intercambios o cursos de autoformación online. Es decir, caminar vitalizando la abundancia colectiva, dormida, pero siempre latente, que nos rodea.

Cuando nos impusieron, y no es asunto solo de este gobierno, es asunto de la cultura hegemónica, que debíamos depender de lo que nos falta, definirnos desde la carencia, vivir en la deuda, o sea subvalorarnos y endiosar los espejitos de colores, caímos en el ciclo enfermo e incesante de producción consumo que nos tiene al borde del colapso. Por suerte los malls cerraron y nos dimos cuenta que la vecina es costurera; y los buses dejaron de pasar y nos dimos cuenta de que el vecino producía tomates, y más allá había papas y cilantro, y caminando entender que podemos vivir sin consumir tanto petróleo… El mundo de Mafalda se detuvo y solo la naturaleza ha seguido andando, más limpia, con más manos en sus surcos, con más semillas sembrándose para nacer un mundo nuevo.

Ahora que iniciamos un proceso constituyente, es importante tomar apuntes y entender que no se trata solo de recuperar los bienes comunes, se trata de un nuevo pacto con la Naturaleza, sus leyes están escritas hace tiempo, quizás sería bueno releerlas antes de reescribir las nuestras… Romper la cáscara de la normalidad para reencontramos con la vida, como ha venido haciendo el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, que hoy, como desde hace 8 años todos los 22 de abril, estaría con sus lienzos por calles de todo Chile anunciando el agua como un bien común y un derecho humano, y la Naturaleza como una madre, con derechos, que debemos empezar a reconocer y respetar.

Con la consigna de quedarse en casa, no en silencio, Anamuri denuncia la insistencia del gobierno de Piñera en mantener, a como de lugar, el funcionamiento del sistema económico por sobre el resguardo de la salud y la seguridad de la población frente a la crisis del COVID-19. Trabajadores y trabajadoras rurales están expuestos a mayor explotación e indefensión en el contexto de la pandemia. 

Por Anamuri

 

El día 2 de marzo de este año mueren cuatro trabajadores en un incendio en las bodegas de la empresa San Francisco en la comuna de Pudahuel. El día tres de marzo se confirmó el primer caso de Coronavirus en Chile. El día 4 del mismo mes mueren tres jóvenes en la Agrícola Atacama en medio de esta crisis sanitaria, no los olvidamos y vemos con preocupación cuáles son las prevenciones reales para que otros u otras trabajadoras puedan perder la vida en medio de esta pandemia, desde esas fechas y hasta ahora el contexto que presenta esta crisis sanitaria en el país y en el mundo, nos llama a expresar nuestra gran preocupación y a la vez expresarle toda nuestra solidaridad a las y los trabajadores víctimas de medidas económicas que van en beneficio de los empresarios haciendo aún más incierto su futuro laboral y el sustento económico de su hogar. Esto queda claro cuando vemos como las orientación del gobierno de Piñera, centrando la política sanitaria en mantener, a como de lugar, el funcionamiento del sistema económico por sobre el resguardo de la salud y la seguridad de la población.

Hoy con más de 4.000 personas contagiadas aún no cesan las faenas productivas en el territorio, obligando a las mujeres y hombres asalariados a trasladarse en el transporte público hacinados y asistir a lugares de trabajo que no cumplen con el distanciamiento social, práctica que han tomado las distintas entidades de salud en el mundo para evitar el contagio de la población.

De la misma forma la mayoría de los empleadores de nuestros sectores no están cumpliendo con las normativas de entrega de insumos para la seguridad de las y los trabajadores, no entregando mascarillas, guantes o alcohol gel aumentando así las posibilidades de contagios entre las y los trabajadores, más aún cuando las faenas de cosecha son en pleno campo.

El primero de abril se publicó en el Diario Oficial la llamada Ley de Protección al Empleo, que busca impedir los despidos traspasando el costo de la cuarentena directamente sobre los ahorros de las y los trabajadores, más aún, contempla sólo a jornales con contrato desde los últimos seis meses con el mismo empleador, con cotizaciones pagadas. La ley establece que la patronal quedará progresivamente exenta del pago de los salarios, partiendo con el 70% de la remuneración y el resto será completado por el seguro de cesantía. Además, las cotizaciones de pensión y salud sólo serán pagadas al 50%, hipotecando aún más el futuro de los trabajadores/as.

A diferencia de los discursos oficiales, que sindican a la rebelión del 18 de octubre y la pandemia del covid-19 como el origen de la actual crisis, para la clase trabajadora esta situación es la aceleración y agudización de la explotación y opresión que la pandemia ha puesto al descubierto. En este marco ya muchas empresas han realizado despedidos masivos o han procedido a la suspensiones de los contratos de con sus trabajadores y especialmente en las mujeres éstos han ido incrementando exponencialmente con la crisis global lo que deja en una situación aún más compleja a las trabajadoras y a los trabajadores.

La realidad de las trabajadoras del campo y las orilleras del mar no es diferente, en el caso de las trabajadoras agrícolas que sufren la extrema flexibilidad laboral, en algunas regiones las patronales han optado por apurar el periodo de cosecha, acortando al mismo tiempo, la temporada laboral quedando en mayor desamparo las asalariadas agrícolas, las orilleras de mar se ven completamente desprotegidas por una relación laboral no reconocida, condenadas, a no poder comercializar sus productos ni los medios para trasladarlos a los centros de ventas en los pueblos o ciudades donde generalmente lo hacían de pasar las barreras sanitarias por la emergencia quedando en el más completo desamparo. Por ello el pueblo trabajador debe luchar por imponer, frente a un gobierno que beneficia las ganancias de los empresarios, las medidas sanitarias que correspondan con la seguridad y el resguardo de la salud de las y los trabajadores.

Organismos especialistas como la organización mundial de la salud (OMS) han recomendado tomar medidas concretas como establecer cuarentenas totales, los y las trabajadoras debemos luchar para que esas cuarentenas sean realmente efectivas, para eso hay que:

Reducir o suspender los cobros de servicios básicos; congelar los dividendos y respetar y establecer reales contratos de trabajo. Además, prohibir la disminución o el no pago de sueldos.

Nuestro compromiso es estar atenta y lograr mantener una estrecha comunicación con las trabajadoras agrícolas y las recolectoras del mar, desde el Sindicato Nacional de las trabajadoras de la tierra y el mar, desde ANAMURI las instamos en esta coyuntura tan apremiante a no dejarnos avasallar y a elevar nuestra voz para denunciar las injusticias y los incumplimientos a todas las disposiciones de higiene y sanitaria que exige la prevención para el ataque del virus. Estamos en el trabajo enfrentando los temores de esta pandemia pero no estamos en silencio, Las y los trabajadores somos la fuerza vital para el desarrollo de nuestro país y los empresarios y el gobierno deben hacerse eco de las grandes dificultades que agobia a las mujeres que venciendo temores que dejando en casa a sus hijas e hijos a padres o familia las mujeres deben salir a buscar el sustento de sus hogares y el suyo propio, pero estamos seguras que a pesar de esta adversidad nos sobrepondremos a la epidemia, nada no detendrá en la lucha por nuestros derechos, por una verdadera legislación laboral, por una asamblea constituyente, por una nueva constitución paritaria y plurinacional.

Estamos en nuestros puestos de trabajo. Luchando, resistiendo. No estamos en silencio

 

En el Día Internacional de la Lucha Campesina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) ratificó la prioridad de una Ley de Acceso a la Tierra para miles de familias que producen alimentos en todo el país. En tiempos de cuarentena donde el abastecimiento en comercios de cercanía se transformó en una cuestión obligada, la alimentación está en juego.

Por Unión de Trabajadores de la Tierra

Este 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, la Unión de Trabajadores de la Tierra -UTT- ratificó una vez más que el acceso a la tierra es prioridad para las miles de familias que producen los alimentos para el pueblo.

Abastecerse de alimentos en comercios de cercanía se transformó en una cuestión obligada en tiempos de cuarentena. Los sobreprecios para la compra pública, el desabastecimiento y el incremento inexplicado de precios al consumidor dejó al descubierto la estructura invisible de la industria alimenticia: multinacionales con socios locales que monopolizan y concentran la producción y especulan para vender a altos precios. El resultado de haber favorecido desde el Estado a grandes monopolios de la alimentación está a la vista: hoy tienen control total sobre los precios y el stock un puñado de empresas, supermercados y compañías de logística.

“Nuestra cooperativa trabaja al 50% de lo que podría producir y estamos endeudados, mientras que un puñado de empresas yerbateras sigue comprando cooperativas chicas y pagando monedas a los productores”, reclama Salvador de la Cooperativa Río Paraná de Misiones.

Este monopolio se funda históricamente en la concentración de la tierra. En la Argentina, según el último censo agropecuario, el 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra. Mientras que miles de familias campesinas, pequeños productores y productoras deben arrendar tierras para producir los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos, el 55% de las chacras más pequeñas tiene sólo el 2% de la tierra.

Si algo nos ha demostrado hasta ahora la crisis sanitaria, es la necesidad imperiosa como sociedad de que la producción de alimentos esté en manos de pequeños productores y campesinos. Es la única forma de asegurar el abastecimiento de alimentos frescos, a precios accesibles y en mercados de cercanía.

La necesidad se visibiliza con más fuerza en medio de la pandemia, pero nos recuerda que también y de una vez por todas necesitamos democratizar las estructuras productivas del país… y ahora es cuando.

Para responder de manera sostenida a la crisis de abastecimiento, la UTT demanda de forma inmediata al Poder Legislativo que trate las propuestas de Ley de acceso de tierras para la producción de alimentos y el freno a los desalojos. También exigen al Poder Ejecutivo que acelere las propuestas de acceso a tierras a través de Colonias Agroecológicas que desde hace años la UTT impulsa en distintos municipios del país.

“Tenemos varias Colonias Agroecológicas en distintos municipios, esto es una propuesta real y concreta que promueve trabajo digno y mejores condiciones de vida para los pequeños productores, además genera alimentos sanos para miles de familias de las ciudades”, explica Elías Amador referente de la UTT. “Hoy existen miles de hectáreas de producción agroecológica, si esto pasa a ser política de Estado fácilmente se pueden multiplicar.

Ahora es cuando el Estado en todos sus niveles debe abrir el debate sobre el modelo de producción de alimentos.

Este 17 de abril se conmemora un día de lucha en el cual 19 campesinos organizados en el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil fueron asesinados en el Dorado dos Carajás, cuando luchaban por acceder a un pedazo de tierra.

“Seguiremos trabajando para que las consignas de nuestras banderas soberanía alimentaria y la reforma agraria se hagan realidad en este país”, reclama Zulma Molloja, vocera de la UTT.

El 17 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Campesina, en memoria de la masacre en Eldorado dos Carajás, Brasil, donde fueron asesinados 19 campesinos organizados en el MST a manos de bandas armadas por terratenientes. Un dolor transformado en bandera de lucha por La Vía Campesina que es la organización social más grande del mundo, articulando a 200 millones de campesinos y campesinas en 81 países de todos los continentes. Este 17 encuentra al mundo enfrentando la pandemia de coronavirus, y esta situación tan difícil permitió que afloren preguntas y debates fundamentales: sobre el rumbo de la humanidad, fundamentalmente la crisis climática y la destrucción de ecosistemas; sobre las formas en que están organizadas nuestra sociedades, con enorme desigualdad y la predominancia de lógicas especulativas; y también cómo se producen y circulan en ellas los frutos del trabajo de los pueblos, en particular los alimentos.

Por Huerquen Comunicación en Colectivo

 

Durante este mes de aislamiento social preventivo en nuestro país, la disponibilidad de comida y su precio está entre las principales preocupaciones de gobernantes y ciudadanos. También quedó en evidencia la importancia estratégica del sector campesino y de la agricultura familiar frente a las lógicas especulativas que predominan en cadenas controladas por actores que son pocos y muy grandes. Un sector que a nivel mundial produce más del 60% de lo que alimenta a los pueblos con apenas el 25% de la tierra.

Así cómo nos preguntamos ¿Qué hubiera pasado si estaba Macri? También deberíamos preguntarnos ¿Cómo estaríamos sin el crecimiento de las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, y de la economía popular?

Pandemia de Ajuste

“En diciembre de 2019 la agricultura familiar estaba en emergencia, con 4 años de tarifazos y dolarización de insumos, además de la eliminación del 80% del presupuesto del estado nacional dedicado al sector. Donde las condiciones de vida y de producción de las familias campesinas desmejoraron visiblemente, sin contar los casos de persecución policial y desalojos que se dieron en varios puntos del país.” dice Lautaro Leveratto de la Rama Rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural).

Para Deolinda Carrizo, una de las referentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina, “Las organizaciones que estamos en la defensa de la tierra y el territorio veníamos golpeadas sufriendo persecución y criminalización; enfrentando intentos de desalojos, constantemente hostigados por grupos armados contratados por empresarios; y también frente a los desmontes y la insistencia en el freno a las fumigaciones sobre familias y pueblos enteros.”

La nueva administración que encabeza Alberto Fernandez las ha ponderado desde el primer momento. Hoy tienen un rol fundamental en el Plan Argentina Contra el Hambre, y militantes de vienen de sus organizaciones ocupan importantes puestos de gestión en lo referido a la producción y distribución de alimentos: Miguel Gómez al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar del Mtrio de Agricultura, y Nahuel Levaggi en el Mercado Central, por citar ejemplos.

Pandemia de Especulación

Claramente el confinamiento preventivo se vive distinto según el nivel de ingresos o el grado de formalidad en el empleo. Mientras los trabajadores registrados y las capas medias tienen alguna espalda para sostenerse, distinta es la situación de amplios sectores de la población que viven en barrios populares y han adaptado formas territoriales de resguardo. Ahí la provisión de alimentos es en gran medida a través de comedores y viandas de las organizaciones sociales. Pero en cualquier situación en este mes todos sufrimos subas desmedidas en los precios de los alimentos.

Daniel Yuse del Frente Agrario Evita dice: “El aumento sin dudas tiene que ver con la especulación. Tenemos una matriz productiva de alimentos totalmente concentrada en muy pocas manos y que cuando tenemos este tipo de crisis no le tiembla el pulso para subir los precios. Es fundamental que nosotros pudiéramos tener parte de ese mercado que hoy está en muy pocas manos.”

Para Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI ST), “el sector ya venía dando el debate en torno al plan Argentina sin Hambre sobre la importancia de la articulación entre el Estado y las organizaciones, y la importancia de seguir organizando y cooperativizando al sector para dejar de hablar del hambre en Argentina y poder hablar de la construcción de la soberanía alimentaria. En ese debate nos encuentra esta pandemia y se vienen dando distintas alternativas con mucho reflejo. Se han desarrollado esquemas solidarios por todo el país, desde los bolsones de verduras, frutas, provisión de huevos y adaptando la logística a las medidas de seguridad. Es sorprendente la capacidad de respuesta del sector, sobre todo frente al agronegocio que es todo lo contrario, que está especulando con los alimentos.”

Para Agustín Suárez de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT): “Tenemos que poner un punto de inflexión y por lo menos en frutas y verduras establecer una estructura de costos desde el que produce hasta la verdulería que vende al consumidor. Estamos tratando de lograr precios de referencia en las quintas para que lleguen al Mercado Central y mercados concentradores con esos precios acordados, y de ahí a las verdulerías con precios sugeridos. Es lo que ya estamos haciendo.”

En el momento justo

En nuestro país la siembra de las organizaciones campesinas es de larga data (y difícil: ¡hasta se debatía si en Argentina había campesinos!). Territorio labrado lejos de la mirada de una sociedad que sin embargo no paró de llevar el bocado a la boca. Pero el guiso salvador que ahora humea frente a nosotros tuvo en el último tiempo un golpe de horno que resultó fundamental a la luz de los hechos.

En esa línea Leveratto agrega: “Durante el macrismo se produjo otro fenómeno: Los verdurazos y la unidad construida entre organizaciones nos permitió visibilizar al sector y consolidar como nunca antes una la alianza con los sectores urbanos.

Para Montón “El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular fue muy importante en ese sentido porque ya hay una lectura clara de la importancia de la política pública y del rol que se puede cumplir desde el sector.”

Este 17 de abril también se cumple 1 año de la convocatoria al Foro que se realizó en mayo en Ferrocarril Oeste y sin dudas fue histórico. Uno de los hechos políticos más importantes de un año de por sí cargado por el debate electoral. Con el Foro Agrario los sectores populares plantearon los elementos centrales para otro modelo agropecuario en la Argentina.

Pandemia de Agronegocio

Las evidencias que relacionan la explosión del coronavirus y gravísimos riesgos sanitarios y epidemiológicos con la destrucción de ecosistemas naturales y la producción industrial de carnes se acumulan. Agregando que el modelo agroindustrial dominante es responsable de más del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, está claro que hay muchas cosas que deben cambiar.

Así como los dogmas económicos de las corrientes neoliberales se han terminado de derrumbar, es hora de hacer lo propio con los mitos que instaló la llamada Revolución Verde.

“El sistema del agronegocio es uno de los responsables de esta situación; acarrea no sólo pandemias sino contaminación, pérdida de la agrobiodiversidad, etc. La concentración de la tierra tiene que ser abordada en este país; no sólo hay que cuestionar sino revertir este sistema de concentración de la tierra. El sistema capitalista neoliberal en el campo de nuestro país tiene que ser frenado con una reforma agraria integral y popular. Son reformas estructurales necesarias donde la tierra y los bienes comunes deben cumplir una función social” plantea Deolinda del MNCI Vía Campesina.

Para Agustín de la UTT “hay que seguir profundizando el modelo de la agroecología que permite liberarte de la dependencia de insumos que controlan actores híper concentrados.”

Para Daniel del Evita “hubo una Argentina prospera, la de nuestros abuelos, donde la leche que se consumía y la comida que comimos salía de nuestras localidades y la abastecía el pequeño productor. Hay que cambiar esa ruta de los alimentos y volver a un modelo que en algún momento tuvimos pero que gobiernos y Estados cómplices hicieron que se concentrara en muy pocas manos.”

Diego del MNCI-ST: “Creo que el debate del modelo agropecuario en la Argentina se viene intensificando, creo que el uso masivo de agrotóxicos ya nadie puede discutir que no sea un gran problema. El cambio climático y el hambre también ponen al rojo la discusión del modelo agropecuario. Junto con la agroecología, esta pandemia vuelve a empujar esta discusión hacia adelante, porque muestra quienes son los que en esta situación ponen solidaridad y buscan cumplir con su función social, que es producir alimentos y que ese alimento llegue al pueblo.”

“Cambiar el modelo productivo hacia una versión sustentable para el ser humano y el medio ambiente, que tenga como eje central la soberanía alimentaria, no significa que desconozcamos el rol de la agricultura en nuestro país como generadora de divisas, pero sí entendemos que no puede ser ese el único objetivo. La agricultura familiar genera el 60% del empleo rural, produce alimentos para el mercado nacional y tiene una gran apuesta por la agroecología. Fortalecerla es urgente para una nueva Argentina donde el objetivo central sea el bienestar de la población y no la riqueza de unos pocos.” concluye Lautaro del MTE.

Para enfrentar pandemias

En este nuevo Día Internacional de la Lucha Campesina, lejos de las visiones románticas que fantasean con una naturaleza que se recupera mientras la humanidad colapsa, nos permitimos la metáfora del aire limpio para plantear que esta crisis nos permite a los pueblos del mundo reconocer, por detrás del bullicio y el smog transgénico, el rol estratégico del campesinado y las comunidades originarias en las transiciones que necesitamos encarar. En esas y esos ninguneados de siempre están las claves para empezar.

Aunque a esta altura ya suene gastado, es importante volver sobre la parte de oportunidad que tiene esta crisis. En este nuevo escenario se abre la posibilidad de avanzar en todo lo que plantean las organizaciones, y enriquecer el debate con lo que distintas voces (colectivas e individuales) vienen planteando.

Por eso al mismo tiempo que aplaudimos el giro copernicano de políticas estatales en muchas áreas, no podemos dejar de señalar todo aquello en lo que hay que cambiar; como los desmontes, como la locura del desarrollo de Vaca Muerta, como el impulso a la megaminería. Insistir en la necesidad de proteger las semillas en manos de los pueblos y defender y recomponer nuestros ecosistemas naturales; como también replantear la estructura de propiedad y uso de la tierra para salir del hacinamiento en los conurbanos, o enfrentar la desigualdad, la concentración y los monopolios. Y lo hacemos con la disposición a “darle músculo” a estas posiciones; a aportar a cambiar la correlación de fuerzas que haga real todo lo que soñamos.

El neoliberalismo ha usado mucho aquella frase de que el aleteo de una mariposa en una punta del mundo puede causar terremotos en la otra, para dar cuenta del grado de hegemonía que las lógicas del capital habían alcanzado en la vida de millones. De igual manera, ese virus que saltó de una especie a otra en China (y hoy infecta y mata en todo el mundo) y ese bolsón de verdura agroecológica que cualquiera de las organizaciones pone a tu disposición, tienen todo en común. Por oposición, ambos son actores del drama en que se debate la humanidad, donde no hay espectadores y sólo falta que millones terminemos de definir adónde vamos a ubicarnos.

 

Fotos y videos: Huerquen

Producen el 80% de los alimentos que llega a la mesa de los argentinos sin importar la clase social. En sus actividades condensan el 70% del trabajo rural pero cultivan en apenas un cuarto de las tierras agrícolas del país y solo un 40% de ellos es dueño de las tierras en donde produce. Se muestran como el «otro campo» frente al agronegocio de exportación. Ante la amenaza del Covid-19 crecieron los cuestionamientos contra la matriz productiva. Agrotóxicos en los cultivos, ganadería de feedlot, depredación del medioambiente: imágenes de un capitalismo desbocado y enfermo.  Mientras se reparten las culpas, se hace fuerte la alternativa de una vía campesina e indígena de pequeños productores como una respuesta solidaria que está abasteciendo de alimentos sanos y baratos frente a la especulación empresarial. Hoy, 17 de abril, en el Día Internacional de la Lucha Campesina entrevistamos a una de las organizaciones protagonistas de este campo: el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.

Por Federico Hauscarriaga, ANRed

 

«Somos más o menos diez mil familias campesinas en todo el territorio nacional», explica Marta. Ella toma tareas de educación en la organización. Nos cuenta que todo lo que enseñan en las dos escuelas campesinas de agroecología de Mendoza y San Juan se enmarca en propuestas para «Otro Campo», que tiene como horizonte político la reforma agraria y la soberanía alimentaria. El «MNCI Somos tierra» es una de las organizaciones campesinas que componen el mundo de la «agricultura familiar», el sector que provee el 80% de alimentos que consume la población en el mundo, en un contexto donde, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nueve de cada diez de las 570 millones de explotaciones agrícolas están gestionadas por familias.

Misiones: «estamos llevando mercadería a los barrios»

En el norte y este de la provincia más de 300 familias se organizan en cooperativas, organizaciones vecinales en zonas rurales o próximas a zonas urbanas. Se componen de pequeñas chacras que no superan las 80 hectáreas. Producen mandioca, maíz y poroto, pero también realizan huertas para el autoconsumo de la comunidad. «Tenemos pollos y cerdos, y algunas familias tienen vacas lecheras para el autoconsumo o para la producción de queso y leche. También hay pequeños productores de tabaco, que si bien nuestra organización no está de acuerdo con estos cultivos, es una realidad que algunos compañeros están presos de esta producción. En menor escala, también se produce yerba», comenta Pedro Lunello, quien hace hincapié en que se están esforzando en la producción de verduras y frutas de estación. «Agregar valor a nuestros productos sanos» es uno de los objetivos, sostiene, a través de la elaboración de conservas para vender en un comercio popular de Puerto Iguazú.

Con la amenaza de la pandemia la organización continuó produciendo y llevando alimentos a los barrios. «Antes de la pandemia ya estábamos entregando comida a través de las redes sociales. Ahora estamos llevando mercadería a los barrios en Puerto Iguazú. Alguna parte de esta comida la distribuimos, otra es para organizar en los barrios ollas populares junto a una organización hermana llamada Colectivo Social Iguazú. Llega una multitud de gente que se alimenta para esta iniciativa. La distribución la hacemos con fondos y vehículos de nuestros compañeros. Un poco nos ayuda el INTA en el norte y algún transporte de organizaciones compañeras», relata Pedro.

Mendoza: «Logramos productos muy buenos y siempre a precios que un trabajador los pueda adquirir».

La Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST) tiene presencia en distintos departamentos de la provincia pero sobre todo en la zona norte. Las comunidades se organizan en grupos de base o grupos productivos en donde surgen las problemáticas. Funcionan cooperativas de trabajo con distintos perfiles de acuerdo a las particularidades de Mendoza que dependen del riego. «Hay zonas que son oasis como el Valle de Uco o San Rafael y hay otras zonas que se abastecen de ríos subterráneos pero el resto de la provincia se extiende la zona seca. Allí las producciones que prevalecen es la ganadería de cabras, la apicultura, artesanías. etc. En la zona de bajo riego hay muchos productores que son horticultores y también tenemos desarrollado las agroindustrias que van asociados a esos productos primarios. Son establecimientos pequeños, artesanales y habilitados para poder comercializar, funcionamos en tres departamentos. Realizamos tomates enteros, triturados, mermeladas, frutas al natural, etc. y también muchos compañeros trabajan desde sus casas sobre todo para las mermeladas», comenta Natalia Manini que forma parte del equipo de producción.

En cuanto a la comercialización las familias también encuentran varias formas de vender sus productos, «Hemos ido incorporando distintos esquemas. Uno de ellos es la venta directa que se da en ferias en donde hay un encuentro entre productores y consumidores. También en distintas redes de comercio siempre vinculados a la economía solidaria y popular. Estas redes hay en distintas provincias y nos relacionamos. En Buenos Aires comercializamos en los almacenes de la UTT pero también con redes como el Instituto de Producción Popular, Más Cerca es Más Justo, Caracoles y Hormigas, Puentes del Sur, etc. En el departamento de Lavalle estamos entregando bolsones en un convenio de ayuda con Desarrollo Económico del municipio, ellos aportan los vehículos para lograr la distribución. También nos han comprado desde el municipio de La Paz para que ellos distribuyan bolsones entre las viviendas más alejadas.

También Hemos tenido la oportunidad de comerciar con algunas instituciones como el PAMI, algunos restaurantes y hay público en general cuando se acercan a nuestros establecimientos».
«A pesar de la epidemia nuestra producción continua. Hay problemas de logística en algunos parajes más alejados y el acceso a los beneficios que se están dando como el EFI por la falta de internet. En los establecimientos están faltando insumos por el parate industrial, por ejemplo no estamos consiguiendo hojalata o de vidrios. La organización esta intentando mantener la producción con todas las medidas de seguridad en las comunidades no solo para proveer alimentos a nuestras familias sino al público en general».

Durante la pandemia ha crecido la venta de hortalizas. Hay un esquema de comercialización Buenos Aires principalmente a los mercados de la UTT y también en esta cuarentena hemos desarrollado una venta directa de bolsones en los departamentos de Lavalle, San Rafael y en la ciudad de Mendoza. Serán unos 2500 bolsones por semana que estamos entregando. Y allí también comercializamos los productos embazados. Buscamos incrementar la cantidad de productores y establecimientos en la cadena productiva siempre con la idea de llegar con alimentos sanos. Nosotros no usamos ningún tipo de conservantes. Estamos transitando hacia la agroecologia y estos mismos alimentos después se usan para elaborar en las fábricas. Logramos productos muy buenos y siempre a precios que un trabajador los pueda adquirir».

Córdoba: » la pandemia ha evidenciado la situación crítica a la que ha llegado el capitalismo globalizado»

En Córdoba, el MNCI Somos Tierra organiza a unas mil familias y desde hace 20 años trabaja en la zona del noroeste de la provincia. Aparte de las familias rurales se han ido sumando zonas de pueblos intermedios, en donde se han desplazado aquellas mismas familias. Las organizaciones de base funcionan a través de reuniones comunitarias que nombran delegados para asistir a reuniones regionales, que a la vez centralicen en una órgano provincial. «Hace veinte años que tratamos de construir acciones que permitan no sólo resolver situaciones cotidianas sin fortalecer las condiciones para que las familias puedan seguir viviendo en el campo y sean actores productivos. Uno de los últimos logros es que en Córdoba se reconozcan que hay familias campesinas, que existen y que tienen derecho a tener derechos. Venimos fortaleciendo los procesos productivos que históricamente hacen aquí las familias. Estos trabajos productivos están hechos por mujeres y también las actividades que sostienen a la comunidad», explica Pablo Blank.

Los grandes productores agropecuarios, el negocio inmobiliario y la minería han desforestado la provincia mediterránea a una velocidad récord. Las familias campesinas viven del bosque, «En esta provincia también realizamos trabajos vinculados al cuidado del bosque. Pero la actividad principal es la producción caprina aunque ha ido creciendo y se han ido diversificando, en lo que decimos productos derivados del monte. Sé está haciendo mucha apicultura, queso de cabra, dulce de leche, cremas con elementos que da el monte, extracción de yuyos, de leña y también de conservas en zonas cercanas a pobladas». En cuanto a la distribución, explica: «en Córdoba hemos abierto dos locales comerciales, en Córdoba capital y otro en Villa dolores, Traslasierra, que funciona como proveedor de almacenes naturales, para las ferias, redes de consumo, espacios cooperativos de venta. También entregamos a otras organizaciones en otras provincias que tienen sus puntos de venta».

Ante la llegada del Covid-19, hay un aumento de demanda hacia los pequeños productores que ofrecen productos sin tóxicos y que consideran el cuidado del medio ambiente. «A partir de la pandemia hemos visto un aumento muy grande de la demanda de alimentos sanos campesinos – relata Pablo – Esto hizo que los locales se estén moviendo mucho y hemos fortalecido las redes de venta de consumo en Córdoba capital y otras zonas con entregas a domicilio de bolsones para llegar los barrios por la cuarentena. Creo que las organizaciones campesinas podríamos convertirnos en proveedores de alimentos para todos los sectores. La cuarentena ha roto la rutina y hace que algunas prácticas que hemos naturalizado se cuestionen, como cuando compramos en supermercados lo primero que vemos. Ahora, tenemos la posibilidad de verlo desde otro lugar y generar otros vínculos para consumir otro tipo de alimento. Hay más conciencia de lo que se consume. Nosotros hemos visto que al ser una organización de tantos años nos ha permitido tener una estructura con movilidad, locales funcionando, con redes y lógicas aceitadas que hace que pasemos esta crisis y ayudemos a otras familias productoras. Hace falta un cambio cultural, y es que el Estado entienda la importancia del alimento sano que genera trabajo, que tiene un precio justo y que resuelve cuestiones del alimento. La pandemia ha evidenciado la situación crítica a la que ha llegado el capitalismo globalizado, que no está pudiendo dar respuesta a la pandemia y que requiere de un cambio con coraje a otro tipo de producción no centrado en la ganancia», sostiene.

Pablo proyecta la importancia del sector ante una agudización de la crisis económica y plantea la necesidad de políticas que fortalezcan las buenas practicas: «sabemos que es clave la presencia del Estado. Hay mucho por hacer, como facilitar le acceso de estos alimentos a sectores populares, a tener espacios de acopio, a flexibilizar habilitaciones de productos que están impecables, pero que hay muchos tramites engorrosos que dificultan que lleguen estos productos a la urbe. Garantizar la logística y el pago más rápido a las familias productoras y que deje de ser una dificultad. En Córdoba se ha llegado a un límite por la desforestación, el ingreso del agronegocio, etcétera. Gracias a las organizaciones se ha dado visibilización y se ha parado. Hoy la disputa con el agronegocio tiene que ver con la captación de los recursos públicos y la disputa ideológica en que se reconozca otro tipo de producción, otro acceso a los alimentos. Hay algunos ejes como es la Ley de Bosques, los programas de subsidio de las buenas prácticas, que han salido del estado provincial o la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que el año pasado se logró en la provincia. En estas disputas se busca que se reconozca a las organizaciones y familias campesinas como beneficiarias y ejecutoras de esas políticas», afirma Pablo.

Nuequén: «estamos impulsando que se declare la emergencia alimentaria en la provincia y se convoquen comités de emergencia»

Hace más de 15 años que la organización nuclea a familias de distintas localidades y parajes rurales. En el norte, el campesinado generalmente se dedica a la cría de ganado caprino y en menor medida, al bovino. En algunas zonas hay producción hortícola pero «el principal producto es el chivito y algunas familias también producen sus derivados como lácteos y conservas», nos comenta Silverio Alarcón. «Acá, en el norte neuquino, se hace trashumancia. Se trasladan los animales de campos de invernada a campos de veranada, y viceversa, y éste es un manejo que hacen los campesinos para poder rotar en los campos y aprovechar las pasturas que hay en los capos de precordillera que en invierno no se pueden trabajar. Nosotros realizamos trabajos colectivos en familias y ahora estamos comenzando con agregar valor a la carne caprina. Estamos poniendo en pie una sala de producción de chacinados con ganado que se pierde o se vende mal. Y así podremos brindar productos para la zona y a distintas provincias».

La pandemia ha traído dificultades para actividad central en la zona, la situación se repite en todas las provincias y las comunidades organizadas buscan alternativas para sortear los obstáculos, así como instalar los reclamos urgentes y llevar propuestas. Silverio Alarcón nos cuenta,»en Neuquén lo que está sucediendo es que estamos en momentos de mejores pasturas. Marzo es momento de comercialización de animales y con esta cuestión muchos crianceros no han podido realizar esas ventas de fin de veranada, que es muy importante, porque es la base para enfrentar todo el año para poder comprar alimentos para pasar el invierno y forrajes. Este es un gran problema para las familias si no se venden, y hay muchos días de arreo hacía campos de invernada. Estos animales irán adelgazando y perderán las condiciones de comercialización. Pedimos que desde el Estado se hagan compras a las familias crianceras y estos animales puedan ser faenados y comercializados a precios populares en los barrios en donde faltan estos alimentos. Por otro lado, las ferias locales se han suspendido y estamos buscando diálogo con el municipio para poder comercializar los productos. Nosotros estamos impulsando que se declare la emergencia alimentaria en la provincia y se convoquen comités de emergencia en las localidades en donde participen las organizaciones campesinas. Esta crisis afecta a los más pobres. Entonces decimos que hay que llegar con soluciones más urgentes a los más vulnerables».

 


Diego Montón es uno de los referentes de la organización y también es parte de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) quien nos explicó cual es la situación general que se encuentran los pequeños productores en el contexto de pandemia: «la situación es diversa en función de las distintas realidades que hay en el sector. El trabajo cotidiano continúa aunque en algunos rubros hay dificultades para proveerse de insumos. Algunos pueblos han quedado bloqueados porque hay diferentes dinámicas con los intendentes para circular y esto ha alterado el trabajo de las familias campesinas. Ha sido muy complejo el acceso a los diferentes programas de gobierno debido a que muchas veces a poca conectividad a internet y distintas dinámicas en el flujo de la información y también es distinta la situación en los parajes rurales de las familias campesinas que viven en poblados rurales en donde hay ranchos muy pequeños y la cuarentena se hace muy difícil. A pesar de eso, las familias siguen trabajando intensamente y vemos experiencias de solidaridad campesina para continuar llevando su producción a los consumidores manteniendo el precio en el contexto de especulación y alza de precios de los sectores más concentrados. Destacamos estas experiencias que se están dando a lo largo del país con bolsones de verduras, frutas, conservas, todo tipo de lácteos, en donde el sector de la agricultura familiar y algunas pymes agropecuarias han sido las que vienen haciendo grandes esfuerzos frente a las avivadas de los sectores concentrados», afirma Montón, que además respondió algunas preguntas más sobre esta problemática.

– ¿Crees que este modelo productivo tiene responsabilidad en la expansión de esta epidemia, y como contrapartida, se está re-valorizando la agricultura familiar en la producción de alimentos sanos?

Hay muchos trabajos que confirman la relación entre la expansión de esta epidemia y la grandes granjas que concentran animales, sobre todo el feedloot, lo que actuaría en la dinámica de mutación de virus y su nivel de agresión. Allí tenemos a la gripe aviar, la fiebre porcina, entre otras. Hay muchos datos que relacionan esto y cuestionan este tipo de producción, y que a la vez valoran la agroecología y otras formas productivas que no se rigen por el concepto único que tiene el agronegocio, que es el capital. Toda la diversidad que se conoce como agricultura familiar, indígena, de pequeña escala y chacarer. Su eje es la reproducción de la vida. Por lo tanto, son dinámicas totalmente diferentes. Con más de 10 mil años de histórica la agricultura familiar ha abastecido a la humanidad de alimentos.

Esta agricultura contiene empleo genuino en el campo y busca el equilibrio con la naturaleza. En este sentido, la declaración de las Naciones Unidas, después de 8 años de discusión, y en donde todos los estados participaron, concluyó resignificando al sujeto campesino. Es una declaración que no se apoya sólo en las violaciones a los derechos sino también en el rol importante de la agricultura campesina, la importancia de la soberanía alimentaria y nombrando obligaciones de los Estados. La declaración dice que la agricultura campesina es fundamental para resolver la crisis alimentaria y climática, y que los Estados deben ejercer políticas para garantizar aquellos derechos. La ONU plantea obligaciones para con los Estados que deben garantizar el derecho a la tierra, con políticas como la reforma agraria, la soberanía alimentaria, o la intervención en los mercados para que los precios sean adecuados y garantizar un cierto nivel de vida para las familias campesinas. Acceso a la semilla, preservación de la biodiversidad o el derechos de las mujeres. Es decir, que es urgente cambiar este sistema agroalimentario.

-¿Han podido articular con los municipios? ¿Que medidas crees que podría avanzar el Estado en este contexto de crisis?

En Mendoza tenemos experiencia de articulación con municipios en el tema de la distribución de bolsones. Es una articulación en donde el municipio pone la logística, sus estructuras y posibilita a que las organizaciones distribuyamos los bolsones y llegue alimentos a precio justo. Otra de las cosas fundamentales es que el Estado garantice los controles y multe. Para que en caso de especulación y crisis como es en este contexto, pueda intervenir en forma directa. Incluso expropiando si es necesario. A nivel nacional se podría recuperar lo que fue «Frutas y verduras para todos», priorizando que las compras sean para el sector de pequeños productores.

También pensar en formas de financiamiento para que el sector pueda aumentar la productividad y esto depende de planificar y prever la demanda. Otra clave es como invertir en industria local que pueda agregar valor a la producción primaria. Hablamos de conservas, triturados y lácteos, que falta mucha inversión. En este sentido, la llegada de la UTT al Mercado Central es un cambio de lógica en la cual seguramente Nahuel Levaggi va a trabajar para que el mercado tenga un acceso directo a las familias campesinas, y que sirva para seguir organizando al sector y disminuir los intermediarios entre productores y consumidores.

– En este sentido, ¿que limites encontrás para el desarrollo del pequeño productor?

 La situación es compleja estructuralmente: hay una fuerte concentración de la agroindustria alimentaria lo que genera una subordinación de la agricultura familiar por el valor agregado y, por otro lado, hay una fuerte concentración del mercado, que también subordina a la agricultura familiar, siendo esto un perjuicio para los consumidores. Aquí es cuando encontramos productos en el mercado que se venden a 500% más caro de lo que se paga al productor. Estos son limites claros. A demás de los hábitos y consumos alimentarios que estas élites del sistema agroalimentario han logrado incidir y logran que la población consuman sus productos procesados, que en general son perjudiciales para la salud, y no los alimentos sanos que podrían adquirir de esta agricultura familiar. Otro de los límites fundamentales es la concentración de la tierra. El 60% de nuestro sector no tiene la tierra y la debe arrendar, y esto implica que parte de nuestro sudor se va al terrateniente. Una parte del sector tiene irregularidades en cuanto a la propiedad de su tierra, y está expuesta a situaciones de violencia. Esto le impide el acceso a créditos, que es una cuestión fundamental para financiamiento, tanto para infraestructura para el agregado de valor como para mejorar la tecnología de riego y trabajo en el campo.

 

Fotos: MNCI Somos Tierra

Cada año miles de trabajadores y trabajadoras viajan lejos de sus hogares junto a sus familias para trabajar durante algunos meses en la cosecha de la vendimia, la yerba mate y otras oportunidades laborales. Duermen en galpones, carpas, gazebos o pequeños cuartos, donde abundan los colchones viejos y la falta de abrigo e higiene. El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio dejó a muchos con sus trabajos paralizados abruptamente y varados en chacras o terminales de ómnibus de diferentes puntos del país, abandonados a su suerte por gobiernos provinciales y dueños de campos. Otros, en cambio, se vieron obligados a continuar trabajando en condiciones precarias. Se trata de los y las trabajadoras rurales golondrina. Un recorrido por la situación de un sector presente en todo el país que, por su naturaleza geográfica temporal y socialmente móvil, sufre de manera crónica niveles altísimos de informalidad y precariedad laboral. Aquellos que no tienen voz ni derechos, y cuyas condiciones son preexistentes a la pandemia.

Por Fernando Ruffa, ANRed*.

 

 

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández por medio del Decreto 297/2020 – como medida para frenar la expansión del coronavirus (Covid-19) en Argentina – muchos trabajadores y trabajadoras rurales golondrina vieron abruptamente suspendidas sus tareas, quedando varados en chacras y terminales de ómnibus, abandonados por los dueños de los campos y los gobiernos, sin poder volver a sus hogares para cumplir con la cuarentena. Otros, en cambio, se vieron obligados a continuar trabajando en condiciones laborales y de salubridad precarias.

Un ejemplo de este sector son los miles de peones que migran año a año a Mendoza para emplearse en la cosecha de la uva o por otras “changas”. Este año la cuarentena obligatoria los encontró levantando la cosecha de la uva pero el trabajo continuó. Decretado como tarea esencial, los empresarios no podían perder la fruta y no vender el vino, en un negocio donde la paga a los y las cosecheras es por tacho completo, habitualmente en negro y sin ningún registro, y las jornadas laborales son extensas.

“En Mendoza, a los trabajadores rurales se les permitió trabajar para no perder las cosechas, pero nadie se ocupó de garantizar su regreso. Debería haber habido una coordinación entre los gobiernos de Mendoza, Jujuy y Nación para que los micros estén autorizados a viajar con todas las medidas de seguridad”, reflexionó en entrevista con ANRed Laura Rodríguez, de la Red de Derechos Humanos de Mendoza, que junto a otras organizaciones sociales asisten en estos días a las familias varadas, que en general quieren volver a Jujuy y Salta. “La situación actual es que ha seguido llegando gente a la terminal todos los días, y va a seguir llegando – expresó, preocupada – Hay gente que llega con un pasaje y gente que no, e incluso gente que ni siquiera tiene plata para comprar un pasaje, porque los patrones en las fincas les han estado diciendo que se vayan por el coronavirus. A esto se suma que esta cosecha ha sido mala, la gente a trabajado poco y se le ha pagado poco”.

Río Negro y Neuquén también reciben año tras año a miles de trabajadores golondrina de diferentes provincias del norte argentino, que recorren más de dos mil kilómetros para trabajar en la poda, raleo y cosecha de la pera y la manzana. En el marco de la cuarentena obligatoria, cientos también quedaron aislados y varados en varias localidades. “Nosotros que trabajamos en las chacras no tenemos novedades. Estamos gastando lo poco que nos queda del sueldo que hemos ganado en estos meses. Hay más o menos entre 500 y 600 personas entrerrianas esparcidas en todo el valle. Lo único que pedimos es volver a nuestras casas, con nuestras familias y cumplir la cuarentena tranquilos”, expresó preocupado a ANRed uno de ellos, que estaba trabajando en una chacra de la localidad rionegrina de Cervantes (cercana a General Roca).

 

Los trabajadores golondrina: una situación preexistente a la pandemia

Dar cuenta de la situación global del sector de los y las trabajadoras rurales golondrina resulta un gran desafío, porque por su naturaleza geográfica temporal y socialmente móvil como trabajadores migrantes y temporarios, la información al respecto es muy dispersa y los niveles de informalidad muy altos.

Elena Mingo, socióloga e investigadora del Conicet en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), dentro del programa “Trabajo, hogares y organizaciones en espacios rurales”, dialogó con ANRed y hechó un poco de luz sobre el origen y las características principales de este sector. “La tradición de circulación de fuerza de trabajo migrante transitoria es una de las características históricas en la conformación de las economías regionales para abastecimiento de alimentos al mercado interno argentino, por lo que encontramos antecedentes desde finales del siglo XIX – explica la investigadora – La precarización de las contrataciones y la temporalidad del empleo son las dos características estructurales sobre las que se ‘organizan’ las condiciones laborales para les trabajadores agrícolas estacionales que participan trabajando en las explotaciones intensivas en el uso de mano de obra. Luego hay que tener en cuenta otras dimensiones que modifican estas características estructurales, dando por resultado una diversidad de situaciones dentro de este colectivo. Entre ellas, la condición de trabajadora o trabajador migrante temporario conjuga dos variables que tienden a profundizar y complejizar las ya estructurales condiciones de precariedad”.

“La migración desde la provincia de Santiago del Estero es una de las de mayor antigüedad – destaca Mingo – Las y los trabajadores participan en varios circuitos entre ellos: la desflorada del maíz, para la producción de semilla en la provincia de Buenos Aires. La ‘arrancada’ o cosecha de papas al suroeste de la provincia de Buenos Aires y más recientemente se suma el circuito Santiago del Estero y Catamarca para la cosecha del olivo”.

“Otro circuito también tradicional es el que hacen trabajadoras y trabajadores del norte del país (Tucumán y Salta predominantemente) hacia las provincias de Mendoza y Río Negro. Estos circuitos comienzan en diciembre y se extienden hasta el mes de abril cuando finaliza la vendimia. Otro de los circuitos característicos, pero más reciente, es el de la migración de trabajadores, varones, hacia la provincia de Entre Ríos para la forestación”, detalla la socióloga, que se desempeña desde el 2005 en el CEIL, un equipo de investigación que cuenta con larga trayectoria en el campo de la sociología rural.

Asimismo, la investigadora considera que la historia de las y los trabajadores rurales golondrina se caracteriza por un “contexto general de invisibilización histórica de las condiciones”, además de “escasas intervenciones sobre la regulación de esas formas de empleo y contratación”. Aunque considera que “es importante destacar la sanción de la ley 26 727 de ‘Régimen de trabajo agrario’ en diciembre de 2011, que visibiliza estas formas de contratación, sobre todo aquellas que se repiten año a año, bajo la figura del ‘trabajador permanente discontinuo’, además de proponer en sus artículos la regulación de las condiciones de traslado, vivivienda, alimentación e higiene”. En el marco de dicha ley se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) que, según detalló la investigadora, “trabajó en la regulación, inspección y visibilización de estas particulares condiciones de trabajo, estrategias de reproducción, vivienda y sanidad”, destacó la investigadora, que aclaró que el ente “fue disuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre del año 2015”.

En cuanto a la situación actual de las trabajadoras y trabajadores varados en las provincias de destino por la cuarentena debido al Covid-19, Mingo remarca que se trata sólo de una coyuntura que visibiliza algo crónico, histórico y preexistente a la pandemia: “expone la enorme variedad de situaciones de desigualdad y precariedad a la que están sometidos y sometidas una enorme porción de las argentinas y argentinos. Son condiciones que no son propias de la coyuntura sino que son históricas y solamente la coyuntura las visibiliza. En este sentido, quedar ‘varados’ es algo habitual para ellos y ellas. Las condiciones de contratación precarias hacen que muchas veces no se cumplan las promesas de pago del pasaje de regreso. También sucede que llegan a los lugares de destino y no encuentran empleo rápidamente. Esta situación los tiene deambulando y viviendo en malas condiciones hasta que logran insertarse. Por otra parte, la estadía mientras dura la temporada de trabajo tiene también complejidades. Algunos arreglos de contratación incluyen la vivienda en casas ‘colectivas’ dentro de las fincas. En otros casos deben alquilar viviendas durante la temporada, estas zonas proveen ese servicio para los migrantes, siendo una fuente de ingreso para las familias locales”.

Finalmente, la especialista destaca que es importante “para generar intervenciones estatales o sindicales, escuchar la experiencia que estos trabajadores tienen sobre los circuitos migratorios y las formas en que crean relaciones con los lugares de destino que les han permitido sostener la reproducción de sus vidas y las de sus familias a lo largo de décadas”.

Del sur al noreste

Yendo hacia el noreste de la Argentina, también se encuentran condiciones laborales similares. Es el caso de los trabajadores y trabajadoras tareferas que se emplean en las cosechas de la hoja de yerba mate en Misiones, algunos de los cuales también a veces alternan un semestre en otras provincias, y luego vuelven a su lugar de origen.

Enso Ortt es un ex trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar. Hoy se encuentra en la Red de Agricultura Orgánica de Misiones y viene trabajando con campesinos y campesinas en ese rubro desde hace 13 años. “Muchos de los trabajadores transitorios, golondrinas o tareferos, son la base o mano de obra de las cadenas productivas – detalla, a modo de panorama general del sector en la provincia – Acá en la provincia hay muchos trabajadores golondrina o changarines que van a otras provincias, generalmente jóvenes, para Entre Ríos y Corrientes, para las cosechas de arándanos y la forestación en el cultivo de pinos y eucaliptos. Allí trabajan entre dos y tres meses en condiciones muy precarias, aislados. Muchos trabajan en negro, y hacinados en campos productivos. Las condiciones en las que trabajan o que viven no les reconoce el lugar importante que tienen en la cadena de la yerba mate. También muchos se emplean en la producción de tabaco”.

Trabajadores tareferos armando bolsones de hojas verdes de yerba mate durante una cosecha | Foto: gentileza Juan Amadeo

“Como muchos viven lejos de la cosecha, en barrios pobres de la provincia, los contratistas que arman las cuadrillas de tareferos los trasladan, y muchos deben quedarse en el yerbal, porque puede durar varios días la cosecha, dependiendo del tamaño. La legislación determina que deben estar en buenas condiciones por eso. Pero eso no sucede. Muchas veces los contratistas tienen a los tareferos debajos de lonas de hule, donde duermen todas las noches, no tienen condiciones de higiene y cocinan a la intemperie, para seguir trabajando toda la semana. El tiempo de trabajo total de la cosecha es de seis meses aproximadamente, y luego no hay trabajo”.

“La situación de los trabajadores golondrina en la zona es muy complicada – nos cuenta Federico Chilavert, Secretario General de la CTA Autónoma de Montecarlo – Hay un grupo de nueve compañeros que estaban varados en la cosecha de manzana en Río Negro. Ellos fueron porque acá en Montecarlo la zafra yerbatera termina en septiembre. Por eso fueron a cosechar manzanas. Terminan de cosechar allá, y vuelven a la zafra yerbatera, que comienza en marzo. Después hay otros trabajadores golondrina que vienen de Paraguay y Corrientes, que vienen a cosechar citrus, que también está en una situación complicada, porque a pesar de estar exceptuados, no podían trabajar mucho porque son trabajadores informales y sobre todo muy precarizados, y los patrones no cumplimentan los requisitos del decreto presidencial”.

 

Se estima que cerca de 20 mil familias están involucradas en el trabajo de la cosecha de yerba mate

En cuanto a la situación de los tareferos, Federico detalla que hay una gran diferencia de condiciones entre aquellos que están registrados en blanco y quienes no: “en Misiones hay 9 mil tareferos y tareferas que están registrados. El gobierno da una cifra de 16 y 18 mil, pero por la cantidad de yerba que se cosecha que declara el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), nosotros creemos que hay entre 20 y 21 mil. En la zona de Montecarlo hay 540 que están en blanco y unos 180 que están en negro. Entre estos últimos están los que son de las comunidades guaraní, que trabajan por menos precio, porque los patrones les dicen que si los blanquean pierden la Asignación Universal por Hijo (AUH), perdiendo beneficios con los que cuenta el trabajador cuando está con el marco legal. Y quedan totalmente desprotegidos. En cambio, los que están en blanco cuentan con un programa que se llama ‘Interzafra’, que antes era nacional, pero ahora se hizo cargo la provincia, porque el macrismo no pagaba. También tienen una tarjeta alimentaria de $2300, adquirida luego de las luchas de las organizaciones sociales y sindicales hace cuatro años atrás”.

También de Montecarlo, Roberto Oscar Meza, trabajador tarefero y referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) cuenta que si bien año tras año la situación fue mejorando, no ha sido suficiente: “seguimos teniendo compañeros que siguen viajando mal arriba de camiones y en vehículos que no son para transporte personal. Es un dolor constante que acá todos los tareferos vivimos en Misiones entero, cosa que tapan los referentes provinciales. Hay una ley que dice que los elementos de trabajo deben ser gratis, pero acá se le está cobrando los elementos de protección a los compañeros, como los serruchos y tijeras, que son los que manda la provincia”. Asimismo, nos relató cómo los afecta la situación de cuarentena: “con esta situación es imposible estar trabajando, porque se te prohíbe salir a trabajar. Llegás a las 12 del mediodía y nuestros chicos nos preguntan ‘pa, ¿qué trajo pa comer?’. Y ‘pa no trajo hoy para comer’, porque no tuvo esos 80, 100 o 150 pesos, que en los galpones de tareferos le están pagando la bolsita a los trabajadores. Tenemos que trabajar con una plata que ya gastamos. Entramos a trabajar con cuenta. Porque estos días que se estuvo en la casa, se saca adelanto y con órdenes de compra, que luego hay que pagar. En eso nos afecto muchísimo”.

Para ampliar la información sobre este sector, consultamos también a Javier Gortari, que es profesor de grado y posgrado de Economía Política Regional de la Universidad Nacional de Misiones. Sus tesis de maestría y doctorado fueron investigaciones en relación a la economía yerbatera. También participó junto con la universidad en el Relevamiento Provincial de Tareferos (2010/12) y en el armado del Plan Estratégico para la Yerba Mate (2011/13), realizó ponencias en congresos y publicaciones de artículos sobre el tema, y junto a otros colegas produjo en coautoría varios libros especializados en la temática yerbatera.∗

Sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras tareferas que hay en la actualidad, Gortari detalla: “se estima que cerca de 20 mil familias están involucradas en el trabajo de la cosecha de yerba mate. Estadísticamente, para una producción de 800 millones de kilos de hoja verde anuales (promedio de los últimos años), un rendimiento diario por cosechero de 450 kilos (dato que viene del relevamiento de tareferos), 7,5 meses de cosecha plena (6 meses de cosecha gruesa – 80% del volumen – y 4 de zafriña -20%-), y un promedio de 15 días por mes (descontando días de lluvia, enfermedades e imprevistos), son necesarios 16 mil tareferos”.

En cuanto a las condiciones laborales y sanitarias de los trabajadores explica: “en términos genéricos, podemos decir que la situación de los trabajadores de la cosecha de la Yerba Mate no ha variado sustancialmente desde aquella descripción que hiciera J.Niklison (contemporánea a la de Bialet Masse) inspector del Departamento de Trabajo de la Nación, hace un siglo. Las condiciones de trabajo: 70% de informalidad, trabajo infantil, explotación familiar, medios precarios de transporte al lugar del yerbal (camiones de carga), falta de condiciones mínimas en los lugares de trabajo: sin sanitarios, sin agua potable, sin electricidad, sin conexión telefónica, sin comedores. Campamentos en carpas de plástico, con colchones en el piso de tierra y con fogones improvisados para cocinar. Sin atención médica para enfermedades o accidentes laborales. Sin obra social. Sin aportes previsionales para una futura jubilación”.

 

Tareferos en medio de un descanso, debajo de un gazebo

En cuanto a la paga que hoy reciben, el investigador detalla: “por Resolución 286 de diciembre de 2019 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario), es de $2,5 por kilo. A 450 kilos diarios y trabajando 20 días al mes, un trabajador promedio estaría cobrando, un jornal de $ 22.500 mensuales (la mitad del equivalente a una Canasta Básica para no ser pobre calculada por el INDEC) (y durante 7,5 meses del año: el resto del año, si está en blanco, cobra un subsidio mensual de $2.500 y bolsones de comestibles provinciales si no está registrado). Esos 450 kilos de hoja verde, una vez secados y envasados, equivalen a 150 kilos de yerba lista para consumo. A $200 el kilo en góndola, eso quiere decir que el trabajador en un día produce la materia prima necesaria para un producto final cuyo valor es del orden de los $30.000 (y en cuyos costos la incidencia de la mano de obra/materia prima es del 70%). Podemos concluir que ese trabajador produce en un día más del equivalente a su salario mensual. En los otros 19 días todo el valor que produce su trabajo es apropiado por el dueño del yerbal, el contratista de la cuadrilla de tareferos, la industria de secado y la molinería, el transporte y la comercialización, y los impuestos”, destaca Gortari.

Asimismo, el especialista detalla que quienes se emplean en las cosechas de yerba son reclutados de asentamientos de las ciudades del interior de Misiones, como Oberá, San Vicente, Montecarlo, Jardín América, Aristóbulo del Valle, Andresito, Apóstoles y San Ignacio, donde “el 80% de las casas es de madera, 40% techos de chapa de cartón y piso de tabla, 60% sin acceso a red de agua potable, el 75% usa letrina y otro tanto leña como combustible para cocinar. Algunos van y vienen todos los días del yerbal, cuando es relativamente cercano. Si el lugar de trabajo es más lejos, lo que encarece el transporte, acampan en el yerbal durante la semana o a veces más días para que rinda el viaje”, detalla Gortari, en base a los datos que arrojó el Relevamiento Provincial de Tareferos.

 

Fotos: Juan Amadeo y AnRed

* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

∗ Los libros que publicó Javier Gortari en coautoría son: “Economía Regional Yerbatera 2002-2016: logros y limitaciones en 15 años de funcionamiento del INYM (Edunam, 2018)”, “El agro misionero y la represión durante la última Dictadura cívico-militar: testimonios (Edunam, 2018)”, “Tareferos: vida y trabajo en los yerbales (Edunam, 2017)”, “Dinámica agraria y Políticas públicas: desigualdades sociales y regionales (Edunam, 2016)” y “De la tierra sin mal al tractorazo: hacia una economía política de la Yerba Mate (Edunam, 2008)”.