Washington, D.C.* – La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Rosa María Ortiz, culminó su visita a Brasil, que tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 2015 y que incluyó Brasilia y San Pablo. El objetivo fue promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país y expresar que la propuesta de reforma constitucional para rebajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para el caso de delitos graves es contraria a los estándares interamericanos de derechos humanos.
Durante su visita la Relatora fue recibida por diputados y senadores y se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con líderes religiosos para tratar la temática. El 3 de julio, la Relatora participó en una audiencia pública ante la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (ALESP) convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALESP, y por la ONG Visión Mundial. Participaron también de la audiencia pública concejales del municipio de São Paulo, representantes del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, de Visión Mundial, de la Universidad de São Paulo (USP), de la Red Evangélica Nacional de Acción Social (Renas), y jóvenes de la comunidad Lins de Vasconcelos en Rio de Janeiro, una de las zonas más afectadas por la violencia. Durante su viaje la Relatora también se encontró con jóvenes de la región de Capão Redondo, del estado de São Paulo, y de Lins de Vasconcelos y de la ciudad de Nova Iguaçu, del estado de Río de Janeiro, para dialogar sobre las condiciones de vida y de seguridad en las zonas donde éstos viven, muy afectadas por la violencia y el clima de inseguridad.
La Relatora expresó profunda preocupación por la propuesta de enmienda constitucional (PEC) nº 171 debatida por la Cámara de los Diputados de Brasil, la cual busca modificar la Constitución Federal de 1988 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos contra la vida y crímenes considerados graves. Durante los días en los que transcurrió el viaje la propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados y colocada de nuevo a votación en la misma Cámara, con la introducción de algunos cambios en su enunciado. La votación tuvo lugar con menos de 24 horas de diferencia con la anterior, ocasión en la cual la propuesta fue aprobada. Para llevar a cabo el cambio en la Constitución brasileña, la propuesta todavía debe pasar por una segunda ronda de votación en la Cámara de los Diputados y debe ser aprobada en dos turnos de votación en el Senado Federal.
En el viaje, la Relatora subrayó que los instrumentos internacionales establecen que son “niños” todas aquellas personas menores de 18 años de edad y que los estándares establecidos por la Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niños y por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos son inequívocos en garantizar el tratamiento diferenciado y especializado a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal. La Comisionada Ortiz afirmó que la propuesta además violaría el principio de no regresividad en materia de derechos humanos ya garantizados. La propuesta de rebaja de la edad penal constituye una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes y está en contra de los tratados internacionales ratificados por Brasil.
La Constitución Federal brasileña actualmente establece que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años no pueden ser responsabilizados de la misma manera que los adultos por sus conductas de infracción a las leyes penales y establece un sistema de justicia juvenil diferenciado, en atención a la condición de desarrollo de los niños y los adolescentes. La Constitución y el ECA actuales son concordantes con los estándares internacionales de derechos humanos, aunque su implementación precisa ser reforzada. La propuesta de reforma constitucional retrocede en los avances legales alcanzados por Brasil. La Relatora destacó que «Brasil fue el primer país en el continente en traducir la Convención sobre los Derechos del Niño en una ley específica para la niñez con el Estatuto da Criança e do Adolescente, y ésta fue una buena práctica que inspiró e influyó positivamente en toda nuestra región”.
Asimismo, la Relatora saludó los avances en materia legislativa e institucional en relación al Sistema de Garantía de Derechos a la niñez, particularmente el Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) y la entrada en vigencia de la Ley nº 12.594 en 2012, que reglamenta las medidas socio-educativas y establece el Sistema Nacional de Atención Socio-educativa (SINASE) para los adolescentes en conflicto con la ley, además de asentar la justicia restaurativa como principio de la justicia juvenil.  Sin embargo, advierte que el SINASE precisa ser fortalecido para cumplir con su función de rehabilitación y que, a la vez, éste actúa en forma complementaria con el Sistema de Garantía de Derechos, el cual también debe ser reforzado para abordar las causas que llevan a adolescentes a cometer delitos.
Niños, niñas y adolescentes son más víctimas que agresores
Durante la visita, la Relatora señaló que los adolescentes son uno de los grupos más afectados por la violencia en el país. Según datos oficiales, la violencia fue la principal causa de muerte en los últimos 12 años en los adolescentes. En 2012 el 36,5% de los adolescentes entre 10 y 18 años de edad que perdieron la vida lo hicieron víctimas de un homicidio y como resultado de la violencia, en contraposición al 4,8% para el conjunto de la población. También en 2012, 56.000 personas fueron asesinadas en Brasil, de las cuales 30.000 eran jóvenes entre 15 y 29 años y, de ese total, 77% eran afrodescendientes. La mayoría de estos homicidios son practicados con armas de fuego y menos del 8% de los casos llegan a ser juzgados. Además de ser víctimas de la violencia letal, los niños también son diariamente victimizados por otras formas de violencia, en el hogar, en la escuela, incluso por las fuerzas de seguridad del Estado. La Comisionada dijo que “en los entornos en los que crecen los niños proliferan las armas de fuego, el tráfico de drogas y la presencia de organizaciones criminales, con habituales enfrentamientos armados y presiones de los grupos delictivos”.
Sin embargo los niños son acusados de ser los principales responsables de los delitos graves en Brasil. Pero, contrariamente a lo que se cree, datos recientes de Unicef indican que de los 21 millones de adolescentes brasileños, apenas el 0,013% ha cometidos delitos contra la vida. La vinculación de los adolescentes a la criminalidad está limitada, en grande parte, a delitos patrimoniales o relacionados con el microtráfico de drogas, los cuales se relacionan, en opinión de la Comisionada: “con el entorno socio-económico de exclusión y discriminación de la infancia pobre y afrodescendientes en un contexto de urbanización desorganizada que no logra ofrecer condiciones de vida dignas, y la insuficiencia de políticas sociales del Estado en materia de prevención de la violencia y garantía de derechos”. La Relatora también señala que escuchó de los parlamentarios que hay una demanda ciudadana en contra de la inmunidad de los adolescentes. Al respecto señala “es preocupante la inadecuada información, pues no existe tal inmunidad, ya que los niños que cometen actos delictivos son responsabilizados por los mismos a partir de los 12 años a través de un sistema de justicia juvenil que tiene como objetivo la rehabilitación y resocialización del niño, dicho sistema sí debe ser mejorado.”
Alternativas a la rebaja de la edad penal: prevención y fortalecimiento del ECA
La Relatora enfatizó que, según sus obligaciones internacionales, el Estado de Brasil debe adoptar medidas dirigidas a la prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con la criminalidad y la violencia. Además remarcó que el Estado debe sobre todo implementar políticas de apoyo a los niños, a sus familias y comunidades, además de fortalecer las políticas sociales que garanticen el acceso a derechos para las comunidades más excluidas y el sistema de protección a la niñez previsto en el ECA. En sus intervenciones también recomendó que Brasil promueva reformas en los sistemas de seguridad, con revisión de las estrategias policiales hacia una policía más amigable con la población, y se destinen esfuerzos al fortalecimiento de la ciudadanía entre los niños, niñas y adolescentes.
La Relatora hizo hincapié en la importancia de escuchar directamente a los jóvenes: “Lo que vi durante mi visita es que ningún adulto ve con tanta claridad y habla sobre el contexto de la violencia como estos niños y niñas. Mientras que los adultos escriben tesis, tejen comentarios largos, estos jóvenes pueden expresar la situación en 5 minutos, ya que ésta es su experiencia y, pueden ser parte de la solución.”
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
* Originalmente publicado en el sítio de OEA
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