Serpaj pide que documentación del grupo por Verdad y Justicia esté a disposición de investigaciones.

Por la diaria

Como todos los años, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó su informe sobre el estado de los derechos humanos (DDHH) en Uruguay en 2015, que cerró con un homenaje a la activista Belela Herrera. Se trata de un libro con más de 30 artículos elaborados por distintas personas y colectivos, que se agrupan en dos categorías: derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales. En uno de los artículos de la primera categoría, el colectivo de Serpaj se refiere a las menciones a la organización por parte del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, que dijo que Serpaj está financiada por “las peores fundaciones imperiales” y agregó: “Si Serpaj me autoriza a torturar por un mes yo capaz que le consigo información”.
La organización realiza un recuento de varias situaciones en las que considera que el ministro actuó en contra de las investigaciones de los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. En el artículo se destacan dos opiniones de Fernández Huidobro contra fallos y procedimientos judiciales en torno a estos temas, en particular el procesamiento de Miguel Dalmao por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray y la defensa de la inocencia de José Gavazzo y Juan Carlos Gómez por el asesinato de Roberto Gomensoro. Además, Serpaj señala que en setiembre de 2012, el ministro impidió que la jueza Mariana Motta y siete testigos ingresaran al Batallón Nº 13 para realizar una inspección.
Otro de los episodios data de diciembre de ese mismo año, cuando ante un pedido de la Justicia de citación de 13 militares, Fernández Huidobro respondió que no podía ubicar a 12 de ellos porque “no sabía si estaban vivos o muertos”. La organización detalla también que cuando hace un año el Ministerio de Defensa Nacional informó que de 237 oficios que el Poder Judicial le solicitó, respondieron 211, “el trabajo del Observatorio Luz Ibarburu muestra que la mayoría de la información brindada se recibió con demora (hasta más de un año), en muchos casos se respondió de manera incompleta y en otros directamente se negó la información”.

En relación a las medidas que se tomaron en el actual mandato de Tabaré Vázquez, Serpaj considera que la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) y de la Unidad Especializada en DDHH de la Fiscalía son “medidas proactivas”, aunque advierten que en ambos casos “los resultados han sido dispares”. La organización plantea que “sería saludable” que los archivos y documentos en los que trabaja el GTVJ “prontamente” estén a disposición de las investigaciones de la Justicia. De los hechos ocurridos en 2015, la organización destaca la sentencia de la jueza Beatriz Larrieu, que condenó al general retirado Pedro Barneix -que al saber el fallo se suicidó- por el homicido de Aldo Perrini, y la incautación de unas 60 cajas con documentos de la casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni.

En sociedad
En la presentación del informe, el representante de la Comisión de DDHH de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) Felipe Berruti evaluó que en Uruguay hay una “pérdida de centralidad” de la política en la vida cotidiana, especialmente en la de los jóvenes, y que hay que recuperarla “en clave de DDHH”. Berruti lamentó que en Uruguay la resolución de los casos por la desaparición de personas pueda esperar 40 años, pero se reclame que los hurtos deban ser resueltos inmediatamente. El integrante de la FEUU dijo que la última dictadura “silenció a la militancia” y que la salida democrática “sólo quitó una parte de la mordaza” porque las organizaciones “se fueron acostumbrando a participar e intervenir en forma tutelada”. Consideró que es necesario “disputar” el sentido común y la racionalidad en torno a la participación social y es necesario también “conectar con otra gente”, no sólo con los militantes.
La docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Alma Bolón se refirió a lo ocurrido en el año en materia de educación, porque desde Serpaj no pudieron lograr que se incluyera un artículo sobre la temática en el informe. Bolón criticó los episodios de la declaración de esencialidad del gobierno y el desalojo de los estudiantes de secundaria que ocuparon el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, de la que destacó la ausencia de legisladores. Bolón también habló de la posterior “criminalización de la protesta” y sostuvo que el hecho de que la Policía vaya a buscar militantes a sus casas le parece más peligroso “que los palazos”.
La integrante de Serpaj Mariana Mosteiro habló de la política de seguridad en Uruguay, a la que describió como generadora de una “inflación punitiva” para satisfacer “la necesidad de identificar al sujeto peligroso”. Mosteiro criticó que la Ley de Faltas penalice a quienes duermen en la calle y dijo que ese tipo de políticas entran en contradicción con el discurso inclusivo de la ampliación de derechos. Además, señaló que desde Serpaj consideran que el delito es “un conflicto social” que “no se soluciona en el sistema penal”, al tiempo que criticó la Ley de Procedimiento Policial, de la que dijo que “marca un giro” en la política del Frente Amplio en la materia. Mosteiro planteó que la Policía “tiene que entender que el sujeto que va a intervenir es un sujeto de derecho” y no necesariamente un sujeto peligroso.
El periodista Raúl Zibechi habló de un aumento de la represión estatal en toda la región, incluso en países donde hay gobiernos calificados de progresistas. Zibechi planteó que “nos debemos un debate sereno sobre el modelo extractivo”, en el que las políticas sociales no son suficientes para terminar con la exclusión. También sostuvo que el hecho de que en algunas escuelas haya que dividir en recreo en tres partes para que los niños no se agredan “es un espejo de la sociedad”, mientras que pidió que al poner límites “no se criminalice a los jóvenes rebeldes”.
 
Foto:  Alessandro Maradei