El viernes pasado se realizó en las oficinas de la Fundación Rosa Luxemburgo en Buenos Aires una caracterización conjunta y colectiva de las violencias en los territorios, a partir de relatos de mujeres organizadas que confluyeron desde diferentes países de América Latina, a propósito del segundo aniversario del asesinato Berta Cáceres.
Retomando las experiencias de los Tribunales éticos feministas y populares impulsados desde la “Escuela de los Derechos de los Pueblos en Abya Yala” en Argentina, y por la organización de mujeres campesinas ANAMURI de Chile, se buscó sistematizar y documentar denuncias y formas de intervención sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres, para avanzar en un diagnóstico que fortalezca los procesos organizativos en los territorios al tiempo que promueva nuevas y múltiples articulaciones nuestroamericanas
Por Camila Parodi y Florencia Puente
Nos fuimos autoconvocando por la mañana del viernes, movidas por la necesidad de repensar estrategias y cuidados colectivos frente al actual modelo de acumulación patriarcal y capitalista. Mariana Britos, de la Asamblea de Mexicanos/as en Argentina, abrió la ronda de intervenciones describiendo tres casos testigo que evidencian las nuevas formas que asume la violencia contra las mujeres en el país del norte.
En primer lugar, el caso de las mujeres del Pueblo de San Salvador de Atenco, que fueron víctimas de abusos y violaciones por parte de la policía en el marco de un operativo policial ordenado por el entonces gobernador del Estado de México Peña Nieto. La denuncia de las mujeres de Atenco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscó visibilizar la “planificación estatal de la tortura sexual a mujeres por luchar como una práctica sistemática” indicó Mariana, y explicó que también la estrategia de las mujeres de Atenco incluye la exigencia de apertura de un centro de documentación sobre casos de tortura sexual a mujeres involucradas en procesos organizativos.
El segundo caso paradigmático es el feminicidio de Guadalupe Campanur el pasado 16 de enero, defensora de los bosques del municipio indígena de Cherán, en Michoacán, que es un ejemplo de autogobierno en México. Este municipio comenzó un proceso organizativo a partir de la expansión de la tala ilegal de madera, ligada intrínsecamente al incremento del control territorial narco.
Mariana señaló que las compañeras como Guadalupe atraviesan procesos de estigmatización al interior de las comunidades, pero que la contracara de esta situación fue la campaña que se difundió por redes sociales sobre el feminicidio de Guadalupe, a un mes del asesinato, que logró trascender la dimensión local y problematizar la relación entre extractivismo y patriarcado que atraviesa los territorios y los cuerpos de las mujeres defensoras de la vida.
Un último caso que ejemplifica la actual coyuntura es el proceso de empoderamiento que vienen atravesando las mujeres zapatistas, que se visibiliza también con la candidatura independiente a la Presidencia de María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, elegida por el Consejo Nacional Indígena. Mariana indicó que “la caravana (de campaña) de Marichuy sufrió diversas hostigaciones, entre las que se cuentan el asedio y amenazas a periodistas de la campaña”.
Luego tomó la palabra Lidia Ruiz, integrante de la Organización Lucha por La Tierra –OLP– de Paraguay, territorio atravesado por el asedio de terratenientes sojeros, que incluye procesos de militarización, y control territorial por parte de organizaciones paramilitares y narcos. En este marco, Lidia relató la situación compleja que atraviesan las mujeres en su territorio, allí “las campesinas están siendo condenadas a 40 años por decir que no son integrantes del EPP es decir del llamado Ejército del Pueblo Paraguay; sin embargo si dicen que lo son se las condena tan sólo a 5 años”, explicó Lidia al referirse a la judicialización y persecución de las campesinas que defienden los bienes comunes desde las organizaciones campesinas y de mujeres, frente a la avanzada del agronegocio y las mafias. En ese contexto, reflexiona “están armando los argumentos para que las y los luchadores no avancen, ya han creado el ´miedo´ de que el EPP ha llegado a Asunción, bajo el mismo cualquier organización política es criminalizable”.
Sumada a esta situación, el avance del narcotráfico sobre los territorios ha complejizado aún más su cotidiano “tanto los narcos de Brasil como de México han ingresado de la mano de nuestro presidente Cartes y aquí la vinculación es directa con la trata de personas con fines de explotación sexual como así también el tráfico de órganos de niños y niñas”, y en esa línea reafirmó una necesidad surgida de los territorios, “son procesos de los que nos cuesta hablar a los movimientos sociales…hay cosas que no podemos seguir haciendo, estos grupos validan sus prácticas con mucha impunidad ante nuestro silencio, es necesario repensar todo y profundizar la formación política”.
Por su parte, Sandra Cantanheda, integrante del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil –MST–, está preocupada por la situación que atraviesan las mujeres, lesbianas, travestis y trans en su país tras el golpe institucional realizado a Dilma Rousseff. En ese marco, explica que están sufriendo “retrocesos directos en la clase trabajadora” luego de las reformas y ajustes económicos, que impactan directamente contra las mujeres.
Sandra describió que este contexto “acrecienta cualquier tipo de violencia contra las mujeres y disidencias sexuales como así también contra la comunidad negra” y recordó a las presentes que “estadísticamente en Brasil cada 11 minutos una mujer es violada” haciendo hincapié en la violencia sexual que atraviesan sus pares. Otra problemática que viene creciendo en los territorios en Brasil es el poder de las iglesias evangélicas, que refuerzan las desigualdades instalando desde un discurso plebeyo una mirada misógina que se presenta “a favor de la vida” y en contra de la llamada ´ideología de género´ desde la cual se “legitima la desigualdad entre varones y mujeres de la misma forma que pasa en Paraguay”, expresó.
En relación al acceso a la tierra, Sandra comentó que el proceso de producción agroecológica es cada vez más complejo para las organizaciones ya que el avance del monocultivo y la lógica latifundista se ha acrecentado con el actual gobierno inconstitucional de Michel Temer; de esta manera “los agrotóxicos utilizados tanto de forma aérea como así también por el riego invaden la agroecológica de las organizaciones”.
Por otro lado, en este contexto también que el proceso de criminalización contra los y las luchadoras y defensoras de la tierra es muy complejo, ya que se ha “legitimando en un decreto que prohíbe la ocupación de las tierras”, histórica lucha de su movimiento contra la utilización de tierras ociosas de los latifundios.
Llegó el turno de Lirayen Reyes, que forma parte de la Asociación Nacional De Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, Anamuri. Al comenzar, Lira coincidió con sus compañeras al afirmar que “el avance del extractivismo en nuestro país también es problemático” y afirmó que “allí el lugar de la resistencia lo ocupan las mujeres en torno a la defensa de las semillas y los saberes invisibilizados por el actual gobierno”.
El monocultivo, los proyectos energéticos y el modelo forestal, como así también las salmoneras en el sur y la megaminería en el norte son las formas de extractivismo que describió Lira para caracterizar la lucha de las mujeres en el territorio chileno. “Mientras los agrotóxicos no tienen fiscalización, cualquier mapuche puede ser criminalizado bajo una ley anti terrorista que sólo actúa contra el pueblo mapuche” explicó.
Y para contextualizar aún más, recurrió a un caso paradigmático de esta lógica, el feminicidio de Macarena Valdez, activista socioambiental de la comunidad mapuche en Newen de Tranguil, que lideraba una lucha en contra del proyecto de una hidroeléctrica de la empresa austriaca RP Global que instalaría en la zona: “la historia de Macarena Valdés es un claro ejemplo, ella fue asesinada bajo un accionar que podemos llamar ´femicidio empresarial´, su familia sabe bien que no se suicidó, fue por su lucha y defensa por el territorio”.
Por último, Lirayén explicó que la avanzada del extractivismo sobre los territorios sumada a la aplicación de la ley anti terrorista, incidió en la desmoralización de las comunidades mapuches “hay referentes enfermas y deprimidas como así también un alto grado de suicidios hacia adentro de la comunidad” y preguntó a las presentes “¿cómo nos mantenemos sanas para la resistencia en este contexto?”. Rápidamente encuentra su respuesta, “la agroecología y el feminismo campesino tienen que ser la forma para sostener procesos continuos de resistencia popular”.
Adriana, integrante del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, apuntó que “hay una nueva modalidad de persecución que es la empresa inmobiliaria; la ciudad ha llegado a la comunidad y ha avanzado por sobre sus leyes” . La nueva Ley de autonomías genera procesos de yuxtaposición legal entre comunidades, municipios y departamentos en Bolivia, a la vez que condiciona definiciones políticas de los departamentos; “ha entrampado a la comunidad” reflexiona, ya que “en Bolivia hay muchas leyes que protegen el territorio indígena pero no la mancha urbana”.
En ese contexto, Adriana explica entonces el caso de las comunidades guaraníes “es bien complejo, porque aquellas personas descendientes de las mismas comunidades que han decidido acercarse a la ciudad se encuentran en un limbo ya que la comunidad no las vuelve a recibir y en la ciudad las corren leyes donde la justicia de la comunidad no rige”. De esta manera aclara “entonces las personas, en su mayoría mujeres, que quieren defender su acceso a la tierra en los límites de las ciudades y que luchan para ello en este momento se encuentran limitadas por la especulación inmobiliaria” y explica a su vez, “y a aquellas que deciden luchar contra esa forma se les arman causas tanto a ellas como a sus hijos” de forma tal que limitan su lucha por años”.
En el cierre de la actividad, se reforzó la necesidad de documentar los casos para fortalecer un diagnóstico conjunto, que permita visibilizar las nuevas formas que asume la violencia patriarcal en los territorios, y pensar estrategias y articulaciones para la defensa de la vida. El intercambio, sin embargo, no termino allí, ya que todas nos dimos cita en una de las últimas asambleas #8M hacia el Paro Internacional de Mujeres, que reunió a miles de mujeres para organizar la huelga de Mujeres y visibilizar nuestros reclamos. La intervención de las mujeres del Abya Yala en la Asamblea incluyó un homenaje a Berta Cáceres, que recordó y reivindicó su rol como defensora de los ríos, el territorio y la vida.