Las Defensorías Territoriales en Derechos Humanos (DTDH) son el resultado de un proceso en desarrollo iniciado en 2016 y que ha dado lugar a la conformación de equipos de atención integrados por personas que habitan barrios atravesados por diversas complejidades en los municipios bonaerenses de Florencio Varela, Quilmes, Lanús y Lomas de Zamora; y más recientemente en Berazategui, Solano y en la ciudad de Mar del Plata. Junto a la consolidación de la propuesta en estas regiones se avanza en la formalización de la experiencia en San Martín, Morón, Merlo y Moreno.

Por Florencia Brescia* y Jose Luis Calegari**

Las Defensorías Territoriales emergen como un modelo organizativo para la intervención ante la tercerización de las violencias en el territorio, en donde la concepción clásica de Violencia Institucional resulta insuficiente. Las DTDH no tienen horarios de oficina; mediante la circulación y fusión de múltiples saberes, la articulación entre lxs defensorxs territoriales de DD.HH. y el Poder Judicial contribuye a poner en discusión prácticas policiales y también judiciales que obturan el acceso a la justicia. El desconocimiento y la desinformación es la principal garantía para la invisibilización de prácticas que colaboran con la naturalización de la impunidad. Estos equipos realizan el primer abordaje y las articulaciones institucionales correspondientes -con el Poder Judicial y/o responsables dentro de la estructura policial- junto a víctimas y familiares, construyendo vínculos de acompañamiento colectivo como respuesta a la vulneración de múltiples derechos que son la antesala de la violencia policial y carcelaria. La tercerización de la violencia es la expresión de cruces complejos de diversos derechos vulnerados (el acceso a la tierra, la usurpación de viviendas, la explotación de migrantes y la trata de personas, entre otros) que sirven a las formas en que las policías actualizan los modos de regulación y recaudación en los territorios.

Formación en la Universidad de Lanús

Las DTDH se encuentran insertas en barrios en los que los altos niveles de pobreza conviven con las diversas violencias que ejercen las redes de ilegalidad, con predominio de venta de drogas, lo que se traduce en la disputa por los territorios, y especialmente hostigando a las experiencias de desarrollo comunitario que fortalecen formas de autonomía. Estas redes delictivas, compuestas por actores muy variados[1], se sostienen con la connivencia con las fuerzas de seguridad mediante alianzas que garantizan impunidad, y que impactan en diversas formas de regulación de la vida social del barrio, pero además condicionando qué y cómo se investigan ciertos delitos en el Poder judicial. En esta disputa, los propios jóvenes aparecen como eslabones reemplazables y descartables, pero al mismo tiempo necesarios para la consolidación y expansión de las redes de ilegalidad, oficiando ya sea como destinatarios de mercancías o bien asumiendo funciones de bajo mando como administradores de violencias. Esta modalidad se traduce finalmente en el incremento de la violencia entre pares, lo que se expresa en el aumento de la cantidad de muertes de la población joven, indicador que es finalmente interpretado mayoritariamente por el Poder Judicial como “conflictos interpersonales” (lo que los medios de comunicación traducen como “ajustes de cuentas”). En definitiva, negando e invisibilizando las causantes de las situaciones que llevan a la exposición de jóvenes a situaciones de violencia y, en muchas ocasiones, a la muerte misma.

Formación en Quilmes

La creciente venta de drogas a la luz del día y en conocimiento de los responsables de la seguridad en el barrio, pero además el consumo de drogas de niñas y niños desde cada vez más temprana edad (que deriva en muchos casos finalmente también en el abuso sexual y redes de explotación infantil), la desaparición de personas (en donde los parámetros de la “búsqueda de paradero” resultan insuficientes), la aparición de cuerpos en basurales que nadie denuncia y por lo tanto nadie investiga, son algunos de los ejes sobre los que se sostienen las redes de ilegalidad amparadas por la tercerización de servicios de las fuerzas de seguridad. Reposar sobre la idea de una autonomía absoluta de estas fuerzas resulta insuficiente además de erróneo, por lo que los escenarios actuales exigen que los funcionarios judiciales y políticos brinden herramientas adecuadas y resultados acordes a investigaciones serias en materia de seguridad y criminalidad.

Formación continua y registro como metodología para la intervención
El modelo organizativo de las DTDH se basa en la conformación de equipos locales, integrados por habitantes de los barrios, que desarrollan capacidades de intervención ante emergencias, seguimiento de casos, interlocución con funcionarios judiciales, políticos y policiales, así como la articulación con organismos de Derechos Humanos y otras agencias de estado. Las defensorías territoriales promueven la construcción de información como ejercicio permanente para identificar estos mecanismos y exigir su modificación, poniendo en funcionamiento las responsabilidades de cada institución y área de Estado.

Las DTDH están conformadas por personas comprometidas con la vida social del barrio que habitan, garantizando de este modo una intervención en horarios donde la presencia estatal no existe. No es novedoso afirmar que la amplia mayoría de los hechos de violencia suceden generalmente a contrarreloj de la oferta estatal, entre las 15 y las 08 hs. El modelo de “formación continua” e intervención colectiva de las DTDH habilita un proceso orientado a incidir en estas complejidades: resulta indispensable construir información precisa y certera sobre las tramas de relaciones entre policía y redes de ilegalidad que disputan el territorio y condicionan el desarrollo y acceso a un hábitat digno. La mayoría de las personas que integran las DTDH son habitantes del barrio, por lo cual conocen el funcionamiento diario del mismo al igual que los actores comunitarios, las redes de ilegalidad y cómo funciona la regulación policial en las tramas locales. Este conocimiento permite que las intervenciones y articulaciones se sustenten sobre la base de información valiosa y legitima. Algunos de los integrantes son familiares de personas privadas de libertad, con lo cual conocen también el sistema carcelario y los operadores judiciales que intervienen. Esto aporta a esa línea de atención específica un piso de saberes importantes.

Formación en Avellaneda

En la actualidad, la red de DTDH se encuentra en una etapa de profundización de la práctica del registro, sistematización y producción de información en cada uno de los equipos de las defensorías territoriales. Este proceso de producción permitirá registrar, además, elementos centrales para el monitoreo de políticas de seguridad en el territorio con el fin de contribuir al acceso a la Justicia. En ese marco, y desde  este año, la Fundación Rosa Luxemburgo inició un trabajo de acompañamiento al trabajo de la Red de Defensorías Territoriales, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la Red de DTDH mediante el acompañamiento del proceso de consolidación de la región Quilmes.

*Comunicadora Social | ** Abogado. Integrantes de la Red de Defenosorías Terrotoriales en Derechos Humanos
Fotos: Equipo de la Red  de Defensores Territoriales en Derechos Humanos.

[1] Se trata de perfiles de personas que integran eslabones variados de las cadenas de ilícitos cumpliendo diversos roles, denotando diversas formas de poder en el territorio no necesariamente articulados en lo que se reconoce como una “banda”, sino que más bien son perfiles marginales funcionales a los intereses de estas. Se trata en definitiva de personas que no deciden solas, y que son útiles porque generan el caos para “otros”, y su prácticas impactan directamente en los barrios y espacios comunitarios que se organizan para construir y sostener otros modos de vida.