El advenimiento del COVID19 vino a profundizar una crisis sistémica y estructural en nuestro país que, si bien está afectando profundamente a buena parte de la población, también puso en evidencia que la organización es lo realmente esencial.

Por Agustín Bontempo / Foto por Germán Romeo Pena

La situación en la Argentina previo a la llegada de la pandemia es, en términos sociales y económicos, de una escala similar a los efectos del virus. Cada persona que habita estas tierras tuvo que torearse con las políticas destructivas del gobierno de Mauricio Macri. Millones de empleos que se perdieron, miles de PyMES que cerraron sus puertas, escalada inflacionaria constante (en 2019, cerró con el 53,8%, siendo la más alta desde 1991) y su consecuente pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores que, cada vez más, vieron cómo sus salarios caían derrotados mes a mes sin siquiera poder cubrir sus necesidades básicas.

Cambiemos, la coalición que gobernó los cuatro años precedentes a la pandemia, intentó generar una transformación estructural en nuestro país que iba de lo económico, político y social hasta lo cultural. El discurso de la meritocracia como único camino de desarrollo, era el estandarte para poder avanzar en reformas como la previsional y la laboral, enfrentadas en las calles por levantamientos populares en cada rincón del país, con alternancia de resultados. Sin embargo, la perseverante debilidad política de un gobierno que fracasó en cada intento de imponer su modelo, iba acumulando derrotas tras derrotas que llevaban al país hacia un abismo inexorable. Y esa caída se inició a finales de 2017, poco después de una victoria electoral importante pero con un envalentonamiento en las urnas que no pudo traducirse en el resto de los escenarios.

Las recordadas jornadas del 18 y 19 de diciembre de aquel año que se vivieron como una pueblada que ponía un freno al ajuste macrista, coincidieron con el agotamiento de un modelo económico liberal que ponía de rodillas al país, nuevamente, frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). La historia que siguió es bien conocida. Endeudamiento a 100 años, rifando el futuro de varias generaciones y el retorno obsceno de una bicicleta financiera que fugó de nuestro país casi 90 mil millones de dólares. Este monto sería que suficiente para paliar los efectos de la crisis actual, al mismo tiempo de ir resolviendo cuestiones estructurales ,como las que aquí más nos interesa: la vivienda, la educación y la salud.

La herencia eterna

Los años pasan y hay cada vez más gente sin techo y casas sin gente. En innumerables oportunidades hemos hablado del creciente negocio inmobiliario, sustentado en un fuerte mercado de especulación, al mismo tiempo que las personas se agolpan en las villas o en las calles de a miles y millones.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 2018, Argentina ya acumulaba 4288 barrios populares o asentamientos. En la actualidad, esa cifra ya asciende a 4416, es decir, casi 200 villas y asentamientos más en el país en apenas 2 años.

Hablar de condiciones de hábitat no debe ser una tarea sencilla. Hablamos de millones de personas que viven hacinadas, en espacios reducidos y sin servicios básicos como agua potable, gas natural o servicio eléctrico.

En particular, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 38 villas o asentamientos, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad. Allí viven más de 300 mil personas, según datos del IVC, CELS y ACIJ, así como también más de 7000 personas están en situación de calle. Hablamos de familias enteras, niños y niñas, adultos mayores, que transitan su vida entre el barro, con un Estado que garantiza su presencia por la ausencia misma.

Sin embargo, la obscenidad de la desigualdad se traduce en que: mientras vemos el escenario en la ciudad más rica del país, allí mismo alrededor de 140 mil viviendas se encuentran vacías. Estas podrían albergar al menos a 560 mil personas, es decir, a toda la población que vive en villas, asentamientos, en la calle y aún queda resto.

La Provincia de Buenos Aires, foco de la crisis habitacional recrudecida durante esta pandemia, no se queda atrás. De acuerdo al Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, en 2018 a lo largo de todo el territorio provincial había 1584 villas o asentamientos. De ese total, 981 se encontraban en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, con alrededor de 350 mil familias viviendo en estos barrios, es decir, casi 1.500.000 personas. Una catástrofe. Solo imaginemos lo que puede implicar hacer cuarentena para estos millones de habitantes, que su día a día es de precariedad habitacional, con empleos irregulares o directamente desempleados.

En materia de educación, la pandemia permitió destacar tanto el rol de las instituciones educativas como el carácter esencial de las telecomunicaciones, el acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a internet.

La gestión macrista no hizo más que profundizar la precariedad del sistema. Desde las viandas escolares de miseria en CABA hasta el desguace en infraestructura en Provincia de Buenos Aires con, por ejemplo, la explosión en una escuela de Moreno que se cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodruíguez, pasando por la implementación de la UNICABA, las paritarias de miseria, la persecución constante.

Sobre ese terreno, el gobierno que encabeza Alberto Fernández tomó algunas medidas para poder sobrellevar la cuarentena: licencias para las y los trabajadores que tengan hijes menores y que sus instituciones educativas estén cerradas, la promoción de planes y estrategias para seguir el ritmo pedagógico desde los hogares (con una repercusión invaluable en el trabajo docente), el acompañamiento con el IFE para las millones de familias de bajos recursos (recordemos que, según el INDEC, la pobreza en Argentina asciende al 40,9% llegando a ser en los menores de 14 más del 52%), entre otras.

En este escenario, una medida trascendental que tomó el gobierno fue la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690/20 que declaró como servicios públicos a la telefonía móvil, internet y televisión paga. En sí mismo, este DNUadquiere suma importancia en un país donde la baja regulación hace que los servicios tengan valores de lujo con prestaciones sumamente precarias. Son herramientas importantes tanto para que las y los adultos lleven adelante tareas remotas, como para que les niñes puedan seguir su proceso pedagógico.

Para dimensionar este panorama, es importante resaltar los datos: de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el último trimestre de 2019, casi el 40% de los hogares en el país no tenían acceso a computadoras y un 17% no tenía acceso a internet (incluyendo el acceso móvil). De acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para el segundo trimestre de 2020 la cifra de hogares sin acceso a internet de ningún tipo ascendió al 36%, es decir, se duplicó en 6 meses. La situación económica es una de las grandes razones y por eso el DNU 690/20 que, entre otras cosas, prohibió los aumentos de tarifa y promovió la suspensión de cortes, es central.

Finalmente, la salud. Con la llegada de la pandemia a la Argentina se puso de relevancia el rol del conjunto de las y los trabajadores de salud en cualquiera de sus roles. Los aplausos invadieron las calles y la sociedad se animaba a reconocer que ante cada reclamo del sector por mejor infraestructura, condiciones de trabajo y salarios, requerían del apoyo de toda la sociedad.

El sistema de salud pública se encontró con el COVID19 con un escenario adverso. El gobierno saliente había degradado el Ministerio en una Secretaría en el lapso 2015-2019; el presupuesto se subejecutó en un 22%, según los informes del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no todo estaba perdido. En consonancia con los lineamientos generales del macrismo, la industria farmacológica en nuestro país tuvo un crecimiento en sus arcas económicas de casi el 12% -industria que, por supuesto, también es una de las grandes ganadoras en la pandemia-.  Un buen ejemplo de esto es que, en 2018, mientras se profundizó la crisis que afectaba a los sectores populares, Alberto Roemmers (dueño del laboratorio homónimo), tuvo ganancias por más de mil millones de pesos gracias al guiño gubernamental que le permitió aumentar sus productos en un 87%, más del doble que la inflación.

Todas estas situaciones suelen verse agravadas para las y los migrantes, que no solamente deben lidiar con la estigmatización de algunos sectores de la sociedad, sino que muchas veces las mismas instituciones vulneran sus derechos. Un ejemplo claro de esto es la lucha, ya de largo aliento, frente al DNU N° 70/17 firmado por Macri y que se mantiene vigente, precarizando la situación de las y los migrantes (por supuesto que no de cualquier nacionalidad), habilitando la posibilidad de expulsiones arbitrarias de nuestros país.

Como se puede observar, el panorama a lo largo y ancho del territorio es adverso. Las condiciones estructurales nos invitan a preocuparnos por los efectos de la pandemia. Sin embargo, allí donde el Estado no llega y los sectores privados intentan descargar sus crisis, aparecen las y los defensorxs, las organizaciones que se plantan en la primera línea y luchan día a día, codo a codo, por un mundo más justo. Hacia estas experiencias nos dirigimos.

La vivienda es un derecho

Cuando se decretó la cuarentena en todo el territorio nacional, y gracias a un nivel de acatamiento elevado, el aislamiento en los hogares daba sus resultados, manteniendo niveles de contagios y muertes sumamente bajos mientras en otros lugares del mundo la situación se agravaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ponía en escena una realidad que no aparecía en los medios: la situación en los barrios populares. Aquellos lugares donde quedarse en casa no era opción, ya sea por las condiciones de hacinamiento, la inexistencia de un techo, la necesidad de salir a buscar el plato de comida. En aquella oportunidad, pudimos retratar la pandemia desde el pie, esas vivencias y batallas en los barrios, donde el COVID empezaba a diseminarse, elevando las tasas de contagios y llevándose la vida de decenas de villeros y villeras, luchadoras y luchadores como Ramona Medina o Agustín Navarro, referentes de la lucha por igualdad y vivienda digna en Villa 31. Pero pasaba también en la 1-11-14 de Bajo Flores, con reacciones ineficaces del gobierno porteño, siempre tan ajeno a las necesidades de los sectores populares.

La situación escaló a un pico insólito cuando se conoció lo acontecido en Villa Azul, un barrio del conurbano bonaerense, dependiente de Avellaneda y Quilmes. Según datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires  (2018), en el barrio vivían 3128 personas en 837 casas (un promedio de casi cuatro personas por hogar) y se estima que, para este año, la población es de casi el doble. A finales de mayo, el COVID se hizo presente, llegando a infectar a casi 350 personas en un lugar donde, como se advierte, las condiciones no eran las mejores para hacer una cuarentena estricta y saludable.

En aquella oportunidad, el gobierno provincial, de la mano de Sergio Berni, dispuso un cierre absoluto del barrio por dos semanas, medida sanitaria discutible en términos de efectividad pero que contrastaba con, por ejemplo, los brotes que se veían en los barrios adinerados de la Capital Federal e incluso de la misma provincia.

Villa Azul fue la antesala del conflicto que hoy está en todos los medios: la toma de Guernica. Allí se sintetiza el verdadero efecto de una crisis que golpea a los sectores más vulnerables.

Yamila Rodriguez, integrante de la Coordinación de Delegados y Delegadas de Guernica, nos dijo que “La situación en la que nos encontrábamos en su mayoría es que éramos trabajadores que a partir de la pandemia y la crisis económica agravada por esta pandemia, nos quedamos sin trabajo, ya que éramos trabajadores precarizados y alquilábamos. Muchos quedaron en situación de calle. En ese momento, la urgencia conllevó esta situación”. Son alrededor de 2500 familias, casi 10 mil personas luchando por vivienda digna.

La empatía debería convocar a toda la población. No es una situación entre quienes pagan impuestos frente a quienes no. Hablamos de personas en situación de suma vulnerabilidad que nos enseñan la necesidad de organizarse para ir a la conquista de derechos. “La verdad es que se formó un poco a los topetazos, más teniendo en cuenta de que esto no fue planificado, nos conocimos todos y todas ahí en el predio y bueno fuimos formando un poco lo que es el cuerpo de delegados y delegadas. Cada manzana tiene sus delegados, cada barrio tiene su delegado general, que somos cuatro. Tienen ahí asamblea feminista, coordinación de salud y de niñez también, entre otras cosas”.

A la lucha de las y los vecinos, se suma la solidaridad de quienes día a día batallan por un mundo más justo. Yamila nos cuenta que “Ahí  ingresan las organizaciones (sociales y políticas) en su rol en este momento que es de acompañamiento y de brindarnos un apoyo real del cual carecemos por parte del Estado, más teniendo en cuenta que son quienes nos acompañan y están con los abogados. Estamos haciendo una coordinación conjunta, en toda reunión con las organizaciones estamos presentes los delegados y delegadas generales y quien quiera participar de forma más activa”.

La toma en Guernica lleva más de 70 días. En ese tiempo, hubo prórrogas judiciales ante la posibilidad de desalojo. El gobierno de Axel Kicillof presentó un plan de vivienda que apuntaría al abordaje estructural del déficit habitacional en la provincia, aunque en lo concreto, Yamila asegura que “Desde el día cero lo único que proponen es el desalojo. Hace unos 20 días hizo una intervención formal el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia, quienes proponen un desalojo pacífico. Yo la verdad que, a mi criterio, no tengo memoria de ver jamás un desalojo pacífico. No hay propuestas reales y concretas que impliquen de que si nos retiramos de ahí, de forma pacífica, vamos a tener una respuesta inmediata, nos van a poner en una base de datos que supone vamos a tener en algún momento una solución”.

Las y los delegados, las y los vecinos organizados, sí tienen una alternativa, una solución definitiva. “La verdad que la única solución que encontramos nosotros es tierra por tierra ya que si prima la propiedad, la falsa propiedad privada, porque la verdad que sí ellos como Estado no hacen respetar la ley y únicamente judicializan y criminalizan al pobre, a quién no tiene la posibilidad, el gobierno popular del que tanto hablan es bastante falso”, afirmó Yamila, y luego cerró: “Hay leyes que amparan este tipo de soluciones que es una ley de expropiación, con negocios inmobiliarios del 10%, la compra de algunos de los predios el cual llevaría a poder solucionar la totalidad de la situación de las familias en el predio. Acá estamos en un complejo de situaciones problemáticas bastante extenso, pero acá estamos peleando por la tierra y es lo que no se nos está solucionando”.

Educar para transformar

Hay dos noticias que recorren los medios masivos de comunicación en relación a la educación. Uno de ellos, es la presión en varios puntos del país por un retorno paulatino a las aulas, como si la comunidad científica no hubiese dado ejemplos de sobras sobre la fácil propagación del virus mediante las y los niños, y más en esta coyuntura de máximo nivel de contagio diseminado en todo el país. La situación laboral de las y los adultos y el apuro empresarial por “abrir”, juegan un rol clave.

La segunda, más específica, tiene que ver con los 7 mil niños y niñas que en CABA se quedaron sin la posibilidad de continuar sus procesos pedagógicos por la falta de acceso a internet y/o soportes tecnológicos. Según un informe de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie – SOMOS-, en barrios populares, 82.5% de niñes no tienen acceso a internet y el 70% no cuenta con PC.  Si cruzamos este dato con las 300 mil personas que viven en estos barrios, cuesta entender quiénes son y de donde provienen las y los 7 mil niños, niñas y jóvenes. La primera reacción es que posiblemente sean muchos más.

El gobierno porteño rechazó la ayuda del gobierno nacional para acceder a dispositivos y conectividad, proponiendo solamente que mientras que los sectores de mayores recursos puedan continuar sus procesos pedagógicos desde la seguridad de sus hogares, los sectores empobrecidos debían ir a exponerse. Sin embargo, cuál es la cantidad real de personas en esta situación, sigue siendo un interrogante.

Paula Shabel, integrante de Aula Vereda, una organización que tiene un proyecto pedagógico con niños y niñas, nos dice que “Nosotres trabajamos con pibis en distintos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y todes elles tienen sus derechos vulnerados desde que nacieron, todos los derechos. Pero me gustaría hablar especialmente de uno, que es la tierra, la vivienda. O porque viven en la villa, o porque viven en casas tomadas o porque viven en barrios periféricos cerca de ríos y aires contaminados, lo que le falta a les pibes es un espacio digno donde vivir”. Además, afirma que “A veces parece que los derechos de les pibis tiene que ver con estar en la escuela y el juego y la familia y claro que es todo eso, ahora vamos a hablar, pero la vida de cada pibi con el que laburamos está conectada a las variables macroeconómicas más globales, esas que se escriben difícil y siempre parece que están en otro lugar, pero no, están acá, encarnando esos cuerpos que viven la cotidianeidad de una pobreza estructural mientras las coyunturas pasan”.

La suspensión de las clases y la interrupción de continuar procesos pedagógicos tienen diversos problemas. “Ese espacio otro, diferente al de la lógica familiar, un lugar donde ver a otres y escuchar otras opiniones para después hacer la propia. Siempre decimos que cada vez que entra un docente al aula le está mostrando a les pibis todo un mundo nuevo, una forma posible de ser adulte y de relacionarse con otres y con el conocimiento. Todo eso no está, y les pibis están completamente subsumides a las dinámicas del hogar que son siempre adultas”.

Sin embargo, la adversidad cuenta con una respuesta organizada que trasciende las fronteras de la educación. “Lo primero que salió fue la urgencia por cubrir las necesidades alimentarias. Nosotres nunca habíamos dado comida, a lo sumo una merienda, pero no teníamos comedor, nuestro proyecto iba por otro lado. Pero de repente era tan importante. Siempre pensé que así se debía sentir un poco el 2001, ¿no? La gente se estaba muriendo de hambre, chau, no hay análisis posible sobre eso, hay que resolverlo. Entonces armamos una campaña gigante de donaciones y desde el propio partido (Comunista) se distribuyeron algunas partidas, entonces nos empezó a entrar algo a AulaVereda y con eso articulamos con productores directos de acá y de allá, con la UTEP, la CTEP, la CTA y la UTT, siempre buscando los precios más baratos y las logísticas más razonables para llevar bolsones a las familias con las que trabajamos. Repartimos más de 200 por semana solo en capital”.

Además de garantizar el plato de comida y en el medio de tanta vorágine, Paula cuenta que “Entonces reinventamos todo, como siempre el campo popular sudaca tan creativo, tan capaz de todo con tan poco. Y nos empezamos a encargar del colegio. Por un lado a hacer tarea con les pibis, ayudarles en lo que no entendían, hacemos videollamada con cada une por materia o como haga falta […]. Algunes ni sabían dónde buscar las tareas, nunca habían enviado un mail en su vida y las familias son analfabetas, todo el sistema estaba hecho para que abandonen a los 3 días”.

Como advertíamos algunas líneas atrás, un porcentaje enorme de niños y niñas no tenían acceso a equipos y computadores, base sustancial para continuar sus procesos en esta coyuntura. “Hicimos otra campaña de donaciones enorme, de celus y tablets. Las recibíamos y las chequeaba un compañero que es programador, para entregar todo en las mejores condiciones”, cuenta Paula.

Las y los defensores de la educación nos hablan de sus compromisos integrales, que van desde las niñeces hasta la idea de poder transformarlo todo. “También empezó a funcionar un espacio de asamblea de niñas, que es un intercambio epistolar con las adolescentes, donde vamos laburando diferentes temas, ahora estamos preparando algo para lo que sería el encuentro plurinacional. Ahí salieron varias cuestiones de maltrato y abuso que seguimos acompañando. Lo importante siempre es acercarnos a las casas y verles la cara a les pibis, no perder eso, siempre saber cómo están elles, cómo están atravesando esos momentos, cuáles son sus miedos y sus deseos en medio de esta vorágine”.

Promover la salud organizada

Si bien el inicio de la pandemia y las medidas preventivas como la cuarentena permitieron dotar al sistema público de salud de varios recursos necesarios, la situación es cada vez más compleja. No solamente porque los recursos se van agotando, las camas de terapia intensiva se van llenando, sino porque las y los trabajadores del sistema sanitario colapsan ante tanta demanda y tan poco descanso, porque el sector privado de salud no juega roles destacados en apoyo a la comunidad. Y como ya hemos dicho, la pandemia golpea fuerte en los barrios.

En este marco, hablamos con Tamara Killsen, del equipo de Promotorxs de Salud del Frente Popular Darío Santillán de Lanus, quien nos dijo que “Además de la dificultad económica truncada por los despidos, por el no poder salir a changuear y no poder salir con el carro a juntar cartones, plásticos, botellas, cobre, para venderlo y hacer un mango, se juntaron otra situación que también fueron dificultando el poder quedarse en casa como una posibilidad ante los contagios. ¿En qué condiciones de salubridad e higiene me quedo en casa cuando tal vez comparto el espacio con otras familias, casas donde hay 4 familias conviviendo y comparten espacios en común, como el baño y la cocina”.

Por este motivo, entre tantos otros, Tamara comentó que “La propuesta de generar un grupo de promotoras y promotores de salud surge en este contexto pandémico -aunque era una idea que ya veníamos teniendo hace un tiempo-, cuando nos vemos en la necesidad de que exista un grupo que se encargue de hacer seguimiento de nuestros compañeros y compañeras que se fueron contagiando a medida que fueron pasando los meses y fuimos tomando tareas tanto de promoción de la salud como de prevención del contagio. Nos pareció una necesidad poder generar un grupo que a partir de esta situación se conforme para poder seguir en el futuro trabajando la salud de manera comunitaria, pensando una salud para los vecinos, las vecinas y les vecines del barrio, para las niñeces, para abordar situaciones de violencia patriarcal también”.

Tamara cuenta que en los barrios populares del distrito, la situación se fue agravando. “La situación epidemiológica en el distrito fue variando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, como en todos. Lo que nosotras y nosotras estuvimos notando fue un aumento de la cantidad de los contagios. Desde un comienzo que eran 1, 3, 10 por día hasta llegar a 200 contagios por día”. Sin embargo, allí también la organización se pone en primera línea: “Esta situación particular que nos trajo la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el equipo de salud que fuimos conformando empezó a realizar un intento de monitoreo de la situación de los contagios, tanto en el distrito para tener un panorama como en los barrios en donde tenemos construcciones. Con nuestros compañeros, compañeras y sus familias generamos una línea de teléfono para difundir y que les compas que tuviesen dudas, que tuviesen síntomas, que tuviesen la sospecha de ser un contacto estrecho, pudiesen saciar sus dudas. Reducimos los grupos de trabajo de todos los comedores a lo esencial para qué se sostengan, grupos que rotaran cada 15 días para que si algune llegara estar contagiade se podía aislar a todo el grupo sin que eso significará cerrar el comedor”.

Tamara cuenta que esta tarea gigante se da en un escenario adverso, donde a la pandemia se le suman diversas problemáticas. “Actualmente no hemos recibido respuestas ante la situación que estamos atravesando de crisis extrema de gobierno local ni del gobierno provincial. No solamente en relación al abastecimiento de los comedores, de las copas de leche, de los merenderos, del abastecimiento de los productos de higiene necesarios para seguir sosteniendo la tarea cotidiana en nuestros espacios de alimentar a más de 2000 personas del distrito, sino también desde otras áreas que entendemos han sido afectadas o llevadas a su extrema vulnerabilidad, situaciones de violencia patriarcal, situaciones de salud que no tienen que ver con la pandemia, sino con otras situaciones que atraviesan la vida de los vecinos y las vecinas, la situación de las niñeces, que se ven en este contexto desterrados y desterradas de la posibilidad de seguir sus procesos educativos”.

Pero como adelantamos, allí donde existe una necesidad, también está la organización para dar respuesta. “Estamos pudiendo proyectar y articular acciones de salud comunitaria donde la salud pueda llegar a todos y todas les habitantes de los barrios populares también, lo cual a veces se hace difícil en un sistema de salud hegemónico y expulsivo. Donde tal vez hay salitas o espacio de salud cerca de donde una vive, pero se ven vaciadas, se ven con pocos recursos, con pocos profesionales que son mal pagos, que no tienen sus derechos garantizados. Entonces son un conjunto de situaciones que hacen que el servicio de salud público que se ofrece no pueda abarcar las necesidades del territorio, que sea expulsivo, que no contenga. Y pensamos y queremos proyectar acciones en conjunto con trabajadores y trabajadoras de la salud dispuestos a abrirse a la comunidad y las promotoras de salud que estamos encontrándonos, agrupándonos,  formándonos para que todo el mundo pueda tener acceso a una salud digna e integral”.

Migrar es un derecho

Las y los defensores trascienden fronteras virtuales y allí nos encontramos con la tarea del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM). Como advertíamos, la situación de la comunidad migrante en nuestro país, que ya era compleja, se vio afectada por el macrismo ante la modificación de la Ley de Migraciones vigente.

Al inicio de la pandemia, la situación empeoró. Mariana Brito Olvera, referente del BTM nos cuenta que “En lo que respecta a la comunidad migrante un tema de mucha gravedad es el desempleo. Según relevó la Agenda Migrante 2020, quien realizó una encuesta a distintas personas migrantes, alrededor del 60% de las personas migrantes se quedaron sin ningún tipo de ingreso a partir del inicio de la pandemia. Con el paso de los meses ha sido una situación realmente grave”.  A esto se suma que “si bien el gobierno extendió el Ingreso Familiar de Emergencia para aquellas personas que se quedaron sin sus ingresos por causa de esta coyuntura, mucha de la comunidad migrante no pudo acceder a ese apoyo porque por las mismas restricciones que se ponían para poder acceder al IFE como que se pudiera comprobar 2 años de residencia regular en el país”.

Sin embargo el BTM pudo organizar respuestas y así surgió La Tiendita Migrante Japoo Door Warr, “que es una frase en Wolof, una lengua que se habla en Senegal y esta frase significa ´Agarrarnos para trabajar´. Este proyecto es colectivo y autogestivo, impulsado por compañeras y compañeros estudiantes de los cursos de español para migrantes del BTM. Es una manera de responder colectivamente a esta situación debido a que, como ya mencioné antes, las y los compañeros de Senegal se dedican principalmente a la venta ambulante y en todos estos meses no han podido recibir ningún ingreso. Así que Japoo Door Warr, La Tiendita Migrante fue una respuesta colectiva ante esta situación”.

La experiencia de La Tiendita Migrante dio lugar a otras experiencias. Mariana cuenta que “Eso ha dado pie a que se piense el surgimiento de otros proyectos de ese estilo, como de organizaciones de las comunidades que se autogestionan como por ejemplo el llamado emporio migrante, qué es otra iniciativa donde las y los compañeros de Senegal venden comida”.

Otra de las respuestas organizadas del BTM fue en el ámbito de la educación, donde la enseñanza y aprendizaje del idioma español se volvió una herramienta clave. “Desde el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, desde agosto de 2018 veníamos llevando a cabo los cursos de español para migrantes los días martes y jueves en el Ex Centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. Ese proceso se vio interrumpido este año a partir de la cuarentena, así que ante esta situación surge un nuevo proyecto que son los videos de enseñanza del español, que se llama Damay Jaangë Español, que sería algo así como “Aprendiendo español” y justamente está pensado como un curso a distancia para a hablantes de Wolof que quieren aprender español”.

La situación de las y los migrantes es compleja y estos niveles de organizaciones son, sin duda, una respuesta. La necesidad de que se derogue el DNU N° 70/17 es clave y se suma a la demanda de regularización de todas las personas migrantes. Con la confianza en la lucha organizada, Mariana afirma que “Con el BTM y la Campaña Migrar no es Delito, formamos parte de la agenda 2020 qué es un espacio de diálogo con el gobierno y lo que esperamos es que en este espacio se puede avanzar con políticas públicas para las y los migrantes”.