Por: Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC)

En los últimos meses asistimos a un debate centrado en la relación entre ambiente y economía. Existe una visión para la cual la economía es prioritaria y está desligada del ambiente, sobre el cual a lo sumo genera impactos de mayor o menor escala. El argumento para (des)jerarquizar las dimensiones culturales, ambientales, sociales es sencillo: el problema de la restricción externa en Argentina es prioritario, es decir, el país necesita dólares. De aquí se desprende una supuesta dicotomía entre ambiente y desarrollo. Sin embargo, hoy los conflictos ecosociales y la economía están indisolublemente ligados y las divisas igualmente se fugan sin mayor restricción.

¿Cómo se plasma la disputa sobre el desarrollo en relación al litio? Los altos precios de este elemento químico (que como tal puede perfectamente quedar eximido de la regulación netamente minera), han generado un imaginario en el cual las provincias del Noroeste argentino estarían destinadas a experimentar un sendero inequívoco de desarrollo económico, básicamente por estar “sentadas sobre la riqueza natural”, por concentrar las mismas más de un 21% de los recursos mundiales. A esta idea que le atribuye propiedades mágicas a la posesión del recurso, nosotrxs contraponemos: ¿cuál es una “noción de desarrollo” que deberíamos considerar deseable si al litio nos referimos? Pues bien, desde nuestra óptica, el litio es relevante si permite simultáneamente ser extraído sin violar los derechos que tienen las comunidades originarias a la consulta previa libre e informada y al mismo tiempo con técnicas que no generan stress hídrico ni daños irreversibles en el ambiente. Desde ese punto de partida y premisa, que no debe ser mutuamente excluyente con lo económico, debe habilitarse: una genuina captura de renta por parte de sectores amplios de la población, generación de empleo de calidad, ascenso en la cadena de valor y romper con los esquemas de dependencia tecnológica de los países centrales e incluso contribuir a superar los problemas de la restricción externa.

En este artículo vamos a explorar por qué motivos jurídicos y económicos pensamos que existen dos grandes elementos que atentan contra el éxito de Argentina en todas esas dimensiones sobre el desarrollo. Los mismos son la configuración de la cadena global de valor de las baterías de litio y el marco regulatorio al cual el mismo está sujeto desde la década de 1990. Las políticas actuales del Ministerio de Desarrollo Productivo, podrían ser consideradas un tercer elemento.

 

Rentas

Veamos más de cerca lo que sucede con el litio. Bajo el objetivo de hacerse del elemento químico en la Argentina hay dos proyectos en operación, uno próximo a ponerse plenamente en marcha y más de 50 otras iniciativas de empresas extranjeras en diferentes estadíos previos. A todo ello se le suma que cada rincón de todos los salares está pedimentado. Es decir que, si una compañía con participación estatal como es YPF quisiera participar, hoy no tiene espacio ya que todas las áreas circundantes a los salares están concesionadas (o más bien capturadas). El récord mundial de cantidad de proyectos litíferos que tristemente ostenta la Argentina se debe a que ningún país ofrece tantas facilidades y beneficios a las empresas extractivas. ¿Cuáles son, en resumidas cuentas? Las empresas mineras se llevan uno de los recursos estratégicos más codiciados del mundo, casi sin costo: pagan magras regalías a las provincias, siendo las mismas corporaciones las que determinan en sus propias declaraciones juradas el equivalente al 3% del valor en boca de mina. Este último surge de la cotización del mineral extraído, menos los costos de ello que declaran las propias empresas. Del mismo modo, por la Ley de Inversiones Mineras ostentan estabilidad fiscal por 30 años y gozan de un abanico de beneficios fiscales, deducciones, exenciones sin parangón en otras actividades. También son beneficiadas por reintegros de exportación, que tienen porcentajes superiores a los que terminan erogando como regalías a las provincias. El Código de Minería, redactado a principios del siglo pasado y reformado durante la década de 1990, es el marco legal que habilita que los pedimentos puedan ser comercializables, en cuanto son algo concesible.

Tampoco existen condicionamientos sobre las únicas dos operadoras que extraen el mineral de los salares ni sobre el modo en que éste se exporta. A mayor grado de pureza, mayor valor, pero el país permite que se exporte casi agua, con porcentajes menor del recurso. El litio tiene distintas etapas de procesado, de manera tal que Livent, desde Catamarca, lo exporta en forma de cloruro de litio para que pueda ser procesado hasta obtener litio metálico o butil litio en China, EUA, Londres o India o como carbonato de litio para la obtención de hidróxido de litio en los dos primeros países. Y estamos hablando solo de química primaria. Este esquema donde la operadora se vende a sí misma, será replicado pronto también por Orocobre desde la provincia de Jujuy, donde la tendencia es exportar carbonato de litio menos procesado para abastecer una planta propia de hidróxido de litio en Japón. Es así que la agregación de valor se lleva adelante en las filiales centrales de las compañías del Norte global, configurando un escenario de control tan marcado que, finalmente, terminan vendiéndose el producto a sí mismas lo más barato posible. Esto deriva en que, cuando en el mercado mundial se pactaban precios incluso superiores a los 10 mil dólares por tonelada, el precio de exportación promedio de la Argentina fuera la mitad. Es esta configuración y articulación entre el marco jurídico de explotación de la Argentina y funcionamiento de la cadena global de valor lo que obtura incluso que el litio sea una fuente de divisas para afrontar la restricción externa, e incluso recaudación fiscal para la Nación y en especial para las propias provincias desde las cuales se extrae.

En suma, la minería de litio no representa un ingreso significativo de renta en el país, sino que las empresas tienen todas las condiciones garantizadas para poner en marcha los más convenientes esquemas de negocios para sus intereses en desmedro de la situación ambiental y social de los territorios. Todo esto sin incorporar en nuestro análisis otros proyectos extractivistas de megaminería a cielo abierto que, en algunos casos, resultan linderos a los de litio. Las condiciones en las que se propone avanzar sobre los salares, obturan el ascenso en la cadena de valor, y también provocan el retroceso. Lo que venimos explicando sobre el retroceso de la Argentina hasta en el procesamiento de la materia prima ha llegado al extremo en 2020, con el inicio de operaciones en pequeña escala de un Proyecto en el Salar de Diablillos, Salta que inició la exportación del agua de los humedales altoandinos: con litio en solución al 35% (122 toneladas a China que podrían pasar a ser unas 8000 en 2021).

 

Técnicas de extracción

La situación no termina aquí, ya que la técnica de extracción y obtención de litio más extendida -que las eligen según su modelo de negocio- utiliza una cantidad de agua que hace peligrar la vida del lugar y sus ecosistemas y genera toneladas de residuos. Quienes realizan el estudio de impacto ambiental son contratados por las mismas empresas; no reportan problemas serios, pero prohíben la entrada de investigadores independientes en sus áreas de concesión. Las comunidades del lugar no gozan de ninguna posibilidad de decisión o participación y los empleos asociados a la actividad son mínimos y, en su mayoría, de escasa especialización. Asimismo, existe otro punto central vinculado a las supuestas potencialidades de desarrollo: Las firmas extractivas no tienen obligación de agregar valor a nivel local, ni utilizar tecnología local ni transferir tecnología, y aquellas exiguas rentas litíferas no fomentan ninguna financiación al sistema científico argentino, imprescindible para el desarrollo de tecnologías y formación de recursos humanos que permitan crecer en la cadena de valor. De hecho, al personal de institutos del sistema de CyT de Argentina le resulta casi imposible obtener salmuera o sales para sus propias investigaciones. En definitiva, la lista podría extenderse, pero evidentemente no hay mucho para discutir, y demasiado para cambiar.

Corset jurídico-político

Ahora bien, una pregunta razonable sería pensar por qué es posible diagnosticar un panorama tan sombrío. En primer lugar, la respuesta reside en que se mantiene intacto el armazón jurídico político neoliberal expresado en el Código de Minería, la Ley de Inversiones Mineras, y la Constitución de 1994, que le otorga el dominio de los recursos a las provincias. Estas reformas fueron propiciadas por los organismos multilaterales de gobernanza económica como el Banco Mundial y vehiculizadas por las fuerzas neoliberales locales. Este marco no beneficia a amplios sectores populares en las Provincias dónde se radican los proyectos, sino a grupos reducidos, que son quienes hoy se muestran más resistentes a un cambio legislativo. Las mismas no están dispuestas a perder estas prerrogativas, pero además son ellas las que tienen las pertenencias esparcidas por las provincias a la espera de que grandes capitales las compren o inviertan, de modo que defienden este esquema como propio, porque en definitiva les es propio. Participan, a su vez, de todo un entramado gris de circulación de dinero a partir de los beneficios que ofrecen para la explotación de los recursos.

El traslado de la gobernanza general de los recursos a las provincias ha tenido por efecto exitoso crear una escala intermedia de élite, atada a la lógica de subordinación nacional y valorización global. Siendo así, ¿por qué el gobierno nacional no reafirma la soberanía sobre los recursos? Sucede que hay una alianza entre un sector de la coalición gobernante a nivel nacional con los poderes provinciales que inhibe la posibilidad de transformaciones de peso, a riesgo de fragilizar la coalición de poder. En este sentido, se prefiere apostar de manera conservadora a una supuesta estabilidad que obliga a un equilibrio inestable permanente, a llevar adelante una acción de más fuerza que verdaderamente se encamine a resolver los problemas estructurales.

Ausencia de política, falta de creatividad

Paralelamente, el predominio de la mirada economicista que conlleva una atención sesgada y reduccionista de las variables económicas lleva a priorizar estabilidades fiscales, los designios de las grandes empresas, y pensamientos arcaicos y perimidos acerca de lo que es un proyecto de país. En este sentido, no se posee el pulso y el valor político para enfrentarse a los sectores dominantes para así encontrar soluciones de fondo a los problemas centrales. Cuando hablamos de extractivismos, nos referimos precisamente a esto, una metodología de intervención de los territorios donde no solo prevalece el reduccionismo y el enfoque economicista garantizando el daño irreversible del ambiente, sino también una red de marcos jurídico-legales que facilitan y promueven la maximización del beneficio para grupos concentrados de poder. Dentro de esa propuesta, no hay lugar para discutir aspectos tales como la propiedad de la tierra, los consumos de agua por parte de las industrias, la violencia institucional ante comunidades, los procederes racistas, el reforzamiento de roles de género opresivos y la especulación en la concesión y compra/venta de los pedimentos mineros. Es decir, la ausencia de discusión de las causas de fondo de los conflictos ambientales es premeditada y provoca en consecuencia, una falta de creatividad acerca de políticas públicas transformadoras posibles que se vuelve cada vez más preocupante.

El modelo extractivista y el entramado de poder que lo sostiene son la causa de la restricción externa, la causa de un modelo de exclusión que sume en la pobreza a las mayorías, y la causa por la cual la Argentina no tiene ningún proyecto de posdesarrollo a tono con la realidad del siglo XXI. El litio debe ser parte de una estrategia de gran porte para que la Argentina se adentre en el control público de la transición energética (el Foro de Especialistas de Litio de la Argentina planteó la necesidad de crear una Agencia Nacional de Energías Renovables, por ejemplo). No solo no estamos emplazando un patrón de pos-desarrollo que se asiente en la economía ecológica y popular que vendrá, ni siquiera hace pie el desarrollismo productivista del siglo pasado que con tanto esmero defienden. Sin una política de transformación en sentido fuerte, triunfarán solo las corporaciones globales y así se consolida la neodependencia del siglo XXI.