Fotografía: Lisa Mangold
Por Marta Dillon
Expropiación (Enteignen) es la palabra que en la ciudad de Berlín se lee en banderas colgadas de los balcones y ventanas, en grafitis pintados a alturas increíbles, en las planillas de firmas que hasta finales de junio de este año era posible llenar en cualquier esquina para habilitar la votación en referéndum de una ley de socialización de las viviendas. Expropiación y socialización son las palabras clave para revertir un proceso de concentración de la propiedad de las viviendas en manos de corporaciones que han hecho escalar al cielo los precios de los alquileres. Expropiar y socializar son la propuesta de la campaña que desbordó las calles en pandemia y que logró su cometido: se necesitaban 175 mil firmas, se juntaron 350 mil. El 26 de septiembre, junto con las elecciones generales, la ley de expropiación a inmobiliarias que posean más de tres mil viviendas para que pasen a control social podría ser consagrada por el voto popular. 240 mil viviendas podrían recuperadas a la especulación financiera.
Mateo Argerich y Jana Steinfeld son dos jóvenes integrantes de la campaña “Deutsche Wohnen & Co Enteignen, por una ciudad con alquileres asequibles para todes” (DWE).
“Hablamos de Deustche Wohnen pero en julio esta corporación inmobiliaria se fusionó con Vonovia y se convirtió en la empresa más grande de Europa para la financiarización de la vivienda. Berlín es una gema para la especulación inmobiliaria, todavía no es la ciudad más cara de Alemania -antes está Frankfurt- pero es donde más subieron los alquileres en los últimos diez años”, dice Jana Steinfeld, joven estudiante de sociología urbana y parte de la campaña DWE desde 2018, cuando comenzó a organizarse. Sentada en un bar a metros de la Kottbuser Tor, el sitio menos gentrificado de Kreuzberg -histórico barrio de migrantes- Jana alterna entre el entusiasmo por la vitalidad de la campaña y la preocupación por los movimientos financieros que se meten directamente en la vida cotidiana a través de la especulación inmobiliaria.
“Entre los años 2000 y 2006 se privatizaron muchísimas viviendas subvencionadas por el Estado. La ciudad tenía muchas deudas y por alguna razón creyeron que era una buena idea la privatización” -agrega Jana con ironía-. Sin embargo, hubo resistencia, aquí cerca en Kreuzberg los vecinos empezaron a organizarse, resistieron desalojos, se sumaron muchos activistas y así fue como nació la campaña.
“Cuando entran actores internacionales, lo que hacen es adquirir los sectores más marginalizados de la ciudad porque, pueden aumentar la vivienda lo más posible. En Berlín hay regulaciones para el alquiler, sobre todo para las viviendas sociales, pero por un plazo determinado. Vencido ese plazo el alquiler pasa a ser el del precio de mercado”, suma Mateo Argerich, arquitecto y migrante argentino que vive en Berlín hace siete años y aun habiendo militado la campaña DWE, no podrá votar el 26 de septiembre porque su residencia permanente no lo habilita. Para él, como para Jana, el proceso de organización para lograr el referéndum fue, no sólo una inyección de energía sino también de futuro, justo cuando la pandemia y el largo invierno berlinés suspendía cualquier encuentro con otros, con otras.
-La campaña habla de expropiación, pero ustedes se refieren a la ley de socialización de la vivienda. ¿Podrían explicar por qué?
Jana: La idea de la campaña es expropiar a las compañías que tengan más de 3000 propiedades en Berlín y que todas esas propiedades no pasen a ser estatales si no que pasen a constituir un commons. Manejado por la sociedad a través de consejos y éstos a su vez de una institución de derecho público. La ley tiene dos partes: la primera trata sobre la expropiación y cómo se financia y articula la indemnización a las inmobiliarias y la segunda organiza el control social de las viviendas por parte de la ciudadanía y los inquilinos e inquilinas. Porque solamente la socialización puede garantizar soluciones a largo plazo.
–¿El Estado se haría cargo de las indemnizaciones?
Mateo: La indemnización, en principio, tiene que ser a precios más bajos que los de mercado que se instalaron con la misma acción de las grandes corporaciones de vivienda. Y puede pagarse perfectamente en cuotas con los precios justos de los alquileres. Se estima que se podrían expropiar 240 mil viviendas.
–¿Cómo se organiza la Campaña, tanto para la redacción de la ley como para garantizar a futuro la creación de los consejos que controlen los alquileres?
Jana: Ahora hay grupos de trabajos que se ocupan de diferentes cosas: la recolección de firmas, la discusión y redacción de la ley de socialización, la comisión que se ocupa del tema de la democratización de la participación, porque mucha de la gente que firmó para el referéndum no tiene derecho al voto, aunque paga impuestos y alquiler en Berlín. Y en el último año se organizaron los Kiez-Teams (equipos de barrio) que están en cada distrito, en cada urbanización. Hacen cosas para la campaña, pero fundamentalmente son lugares donde se conoce la gente, son como pequeñas asambleas barriales donde todo se pone en discusión, además de compartir las problemáticas. Y crecieron muchísimo aun cuando la mayor parte del año las reuniones tuvieron que ser virtuales.
–¿Por qué se fortaleció tanto la Campaña durante este año y medio de pandemia?
Mateo: En principio hubo una manifestación espontánea muy importante en mayo, el 5 de mayo, cuando la Corte Suprema derogó una ley de nuestra ciudad que ponía un tope a los alquileres. Entendemos que esa ley fue una respuesta del gobierno de Berlín a la organización de inquilinos e inquilinas que venían resistiendo los aumentos. Pero el Tribunal más alto de Alemania sentenció que Berlín no tiene autoridad para regular las relaciones entre privados. Y lo peor es que las inmobiliarias pretenden cobrar la diferencia entre el tope y los precios de mercado de manera retroactiva. Eso se traduce en deudas para los y las inquilinas que además vieron reducidos sus ingresos por la pandemia.
Jana: En Berlín aproximadamente un 10 por ciento de la población está endeudada. Y un 90 por ciento alquila. Los datos del 2018 dicen que la gente pagó entre un 46 y un 48 por ciento de sus ingresos para alquilar. Y quienes tienen menos dinero, por supuesto pagan un porcentaje más alto. Esto aumenta la polarización social y dejó clara la necesidad de dar una respuesta colectiva.
–¿Tienen un diagnóstico sobre cómo esta polarización social afecta a las mujeres, personas LGTBQ+, racializadas y migrantes en relación a la vivienda?
Jana: Hay dentro de la campaña un grupo que se ocupa de esas preguntas. El problema es que en Alemania las mujeres o personas queer ganan menos dinero, aunque estén en los mismos puestos de trabajo que los hombres. También muchas veces trabajan en el sector social que está muy mal pagado en Alemania -tareas de cuidados y servicios- y bueno, además realizan el trabajo reproductivo no pagado. Entonces tienen menos dinero para pagar un alquiler.
–Y eso complica el acceso mismo a los alquileres, ¿verdad?
Mateo: Como la asignación de viviendas es un mecanismo por el cual no hay que rendir cuentas, muchas veces es un mercado racista, homofóbico y transfóbico. Entonces las situaciones en que aterrizan las personas en situaciones de vulnerabilidad son muy malas, pagan el precio de un piso por una cama. Y encima esto sucede en los barrios marginales en donde también interviene la policía.
–¿Los propietarios dan intervención a la policía al momento de desalojar?
Mateo: Si. Pero, sobre todo, en algunas zonas que se nombran como “peligrosas” la policía interviene sin regulaciones y eso pone en peligro la continuidad de la vivienda y complica el acceso.
Jana: Las inmobiliarias, por otra parte, operan una discriminación de hecho: priorizan a la pareja heterosexual por encima de otros inquilines posibles. Heterosexual, pero sin hijos porque los niños también complican el acceso a los contratos de alquiler.
Mateo: Muchas veces personas que comparten vivienda tienen que fingir que son pareja para poder conseguir un contrato. Como hay mucha gente pidiendo departamentos hay una lista enorme para elegir y ahí funcionan todas las estructuras racistas, xenofóbas. En Right to the city (derecho a la ciudad), que es una de las organizaciones que integran la campaña, se juntan un montón de testimonios LGTBQ+, de personas racializadas y mujeres con hijes. Es algo que se quiere visibilizar para que haya mecanismos transparentes de asignación de vivienda. Es parte de la idea de socialización.
Con los Kiez-Teams podríamos decir que esta campaña tiene una organización territorial entre inquilines. ¿Qué problemáticas aparecieron además del precio de los alquileres?
Jana: La violencia por razones de género, por ejemplo, que ha aumentado durante la crisis de la cuarentena, no sólo en Berlín, en toda Alemania.
Mateo: Desde la Campaña se evalúa que hay un déficit de refugios para víctimas de violencia de genero. Y a la vez se cree que al tener un organismo de derecho público que tome todas las decisiones referidas a lo común, se van a poder generar estos espacios. Que ahora están siendo desplazados o que pagan grandes alquileres y que no pueden ofrecer los cupos que la sociedad necesita, ya sea refugios para víctimas de violencia de género o déficit de jardines de infantes o espacios juveniles.
Jana: Lo interesante también es como se van a mantener estas redes barriales, a través de los consejos de inquilines y participación democrática. Por eso es tan importante para la campaña el déficit democrático que hay, para que realmente haya un mecanismo de participación.
¿A qué le llaman “déficit democrático”?
Jana: Hemos juntado más de 350 mil firmas que en materia de referéndum en Berlín es un récord. Pasó del mínimo necesario 175 mil firmas válidas…
Mateo: El tema es que de estas firmas un 32 % son inválidas, y dentro de los motivos de impugnación el que más pesa es la falta de ciudadanía. Ese 32 % es el que acepta las peores condiciones de contrato y es el sector de la población que está en la peor situación. No tenemos capacidad de voto porque para hacerlo es no alcanza la residencia permanente siquiera, sino que se necesita ciudadanía completa. Es interesante ver como se estructura esta ley de socialización contemplando esto.
Jana: Lo interesante ahora es ver cuánta gente va a votar en las elecciones generales que no son obligatorias. De eso depende en parte lo que pase con el referéndum.
Die LINKE, el partido de izquierda alemán, organizaciones migrantes, de inquilinos e inquilinas, grupos y colectivas feministas y vecinos y vecinas integran la campaña Deutsche Wohnen & Co Enteignen, por una ciudad con alquileres asequibles para todes. El 26 de septiembre estarán los resultados del referéndum, pero el proceso de organización de la campaña mostró su fortaleza. Si las grandes inmobiliarias pusieron en jaque el control de precios sobre los alquileres a través del Poder Judicial, la movilización y el voto también podría tener la capacidad de vetar esa iniciativa que pone en riesgo de endeudarse o ser desplazados de la ciudad a cientos de miles de inquilinos e inquilinas. Y en ese mismo proceso se abren preguntas que profundizan la organización sobre el acceso democrático de migrantes, personas racializadas, mujeres jefas de familia y personas LGBTQ+; este es el aire de futuro que hace más respirable el aire de Berlín, aun con la pandemia.