La geógrafa feminista Leslie Kern estuvo hace unos meses de paso por Argentina presentando junto con @edicionesgodot su último libro «La gentrificación es inevitable y otras mentiras». Aprovechamos su visita para intercambiar ideas y realidades respecto de las problemáticas de nuestras ciudades.

La mercantilización y financiarizacion de la vivienda, las condiciones que posibilitan las expulsiones vía desalojo o vía gentrificación, la problematización de los procesos de reurbanización y la relevancia de la perspectiva feminista para recuperar las ciudades estuvieron como temas centrales en esta conversación colectiva que junto con CELS, CEM y CEAPI compartimos con la investigadora canadiense.

Aravani Art Project es un colectivo artístico liderado por mujeres trans y cis en la India que pretende reforzar la visibilidad de la comunidad LGBTQIA+. Sus integrantes explican en qué consiste el proyecto, que utiliza el arte callejero para denunciar la violencia de género y postular la lucha por la vida digna de todas las personas.

Por Aravani Art Project

Queremos crear un espacio colectivo para las personas de la comunidad transexual implicándolas en el arte público y otras intervenciones. Nuestra misión es involucrar a la comunidad de una manera creativa y ayudar a la sociedad a ver a las personas de la comunidad transgénero bajo una nueva luz.

Creamos espacios seguros para la comunidad transgénero a través del arte. Examinamos sus espacios de innovación, los lugares de su historia y creamos un espacio para aprender transformando este conocimiento en arte público. 

Las calles son un lugar especialmente importante para realizar nuestro trabajo, ya que es en estos espacios públicos donde los cuerpos de las personas que se identifican como transgénero atraen la violencia, el acoso, la negligencia social y la presión. 

Nuestro colectivo creativo trata de responder a estas experiencias creando espacios que fomenten el intercambio, la discusión, la apertura y el debate en torno a las identidades de género.

Nos implicamos activamente en la vida cotidiana de algunas personas de la comunidad transexual, para respetar la vida de los demás, ayudar a su salud mental y construir una relación más fuerte basada en la amistad y la confianza.

Los proyectos involucran principalmente a la comunidad para colaborar con otrxs artistas y compañerxs de la sociedad para unirse mientras pintamos un mural juntxs para crear una participación social y un espacio seguro para las conversaciones. El arte se une al activismo cuando pintamos sobre los problemas que prevalecen en el espacio geográfico en cuestión.

A través de nuestros proyectos pretendemos plasmar historias de libertad y esperanzas de posibilidades. Esperamos archivar los matices culturales como las prácticas tradicionales, la lengua, las canciones, los mitos y las historias de la comunidad, ya que sigue siendo muy vibrante y no se ha explorado. 

Para más información: https://aravaniartproject.com/

Compartimos esta serie audiovisual realizada en Sudáfrica que rescata experiencias, saberes y amenazas en torno al resguardo y conservación de semillas en esa región. Pero sobre todo, la inmensa centralidad de las semillas para las comunidades en todo el mundo.


La cultura

«La semilla no es sólo nuestro sustento. La semilla es nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras historias y el conocimiento que se transmite de generación en generación».

Escucha a Mary Sakala mientras explica su relación con las semillas y la importancia de resistirse a la dependencia y mantener la autosuficiencia.

Apoyemos a los agricultores en su lucha por la soberanía sobre sus semillas, tierras y sistemas alimentarios.


Defender nuestras semillas

«Poco a poco, pero con seguridad, estamos volviendo a la esclavitud de las semillas». «Somos nosotros, como agricultores, como campesinos, los que debemos levantarnos con la misma voz: ayudar a nuestro gobierno para que reconozca la importancia de estas semillas autóctonas». – Lavety Munyimbiri Mulanj

Las semillas son nuestro derecho de nacimiento, que entrelaza nuestra cultura, resistencia, poder y comunidad. Hoy, este derecho está amenazado. Las empresas están despojando a los agricultores africanos de su capacidad de guardar, vender e intercambiar sus semillas.


Sembrando agroecología

Las soluciones a los problemas de nuestro sistema alimentario ya existen desde hace miles de años. Las prácticas agrícolas tradicionales de los agricultores -como la agroecología- favorecen el medio ambiente, son más saludables para todos los implicados y producen rendimientos comparables a los de la agricultura industrial (e incluso mayores en condiciones climáticas extremas).

Debemos apoyar a los agricultores y luchar por su soberanía sobre sus semillas, sus tierras y sus sistemas alimentarios.


Un derecho de nacimiento


Una canción de semillas

Conversación con Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña, sobre la necesidad de impulsar programas de vivienda que respondan a las necesidades de la gente y que se apoyen en las iniciativas populares. 

Entrevista por Camila Parodi para Jacobin América Latina

Raquel Rolnik es una arquitecta y urbanista brasileña. Lleva más de cuarenta años como investigadora en la academia pero también como activista por los derechos humanos en la participación de políticas de planeamiento, urbanismo y el problema de la vivienda. A su vez, ha sido impulsora de las políticas de vivienda popular, urbanismo y desarrollo local en el marco del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) encabezado por el expresidente Lula Da Silva. Entre 2003 y 2007 fue Secretaria nacional de los Programas urbanos del ministerio brasileño de las Ciudades.

En mayo de 2008, en plena crisis financiera hipotecaria, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU la nombró Relatora Especial de las Naciones Unidas en lo que respecta a vivienda durante seis años. En ese rol, la investigadora evaluó y acompañó las denuncias de violaciones de Derechos Humanos en materia de vivienda.

Recientemente se realizó el lanzamiento en Argentina de su último libro La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas, coeditado por la Editorial El Colectivo y Lom Ediciones. Jacobin América Latina pudo conversar con Rolnik en torno a la producción de la ciudad en el actual contexto y las posibles alternativas populares que responden a la financiarización del derecho a la vivienda.

CP | Tu último libro, La guerra de los lugares, recientemente publicado en la Argentina, resulta un material imprescindible para repensar la ciudad y entenderla en el entramado de relaciones de poder. Allí hablas de la colonialidad del poder y de cómo impacta a través de las finanzas globales ¿Por qué es importante hablar del poder colonial hoy?

RR | Toda la trayectoria del libro La guerra de los lugares ha salido de mi experiencia como Relatora Especial para el derecho a la vivienda adecuada para el Concejo Derecho Humanos de Naciones Unidas (ONU) a partir de 2008 que, justamente, coincidió con la crisis financiera hipotecaria. Entonces, al intentar investigar las razones y los orígenes de la crisis financiera hipotecaria, mientras hacía mi trabajo de relatora, recorriendo distintos países del planeta, me di cuenta de que estábamos ante de un proceso global, por encima de todos los procesos particulares y sus territorios.

Ahí lo tomé como una metáfora —que al final no era tanto— como una ocupación territorial del espacio construido por las finanzas. De tal manera que estamos hablando de un nuevo poder colonial ¿Por qué la idea de colonialidad es importante para intentar avanzar en nuestra comprensión de ese fenómeno? Porque estamos hablando de una triple ocuoación: material, política y cultural. Se trata de una ocupación material, porque todas las partes del territorio del planeta son capturadas por una lógica de ocupación y de gestión del lugar instaurada a través de regímenes privados de control territorial con el objetivo de generar interés para el capital invertido.

Pero es también una ocupación política, porque, por ejemplo, en Brasil, cada vez que se discuten políticas públicas nacionales se anuncia en los medios: «El mercado está nervioso». Pero, ¿qué es que el mercado «se ponga nervioso»? Es el mercado financiero. Hay algo más allá, que es abstracto, que no tiene vínculos con los territorios pero que se superpone sobre las dinámicas existentes, las controla y somete políticamente. Porque, por los «nervios» del mercado, caen presidentes, primeros ministros, coaliciones políticas, entonces es una ocupación política también.

Y finalmente, siguiendo con la metáfora de la colonialidad, esta también es una ocupación cultural. Es una imposición de ciertas maneras de organizar espacio de nuevo, si tomamos un ejemplo como los centros comerciales los shoppings centers, qué son sino una nueva manera de organizar sociabilidad y también ligadas a procesos de consumo. La imposición cultural de una manera de vivir, de una manera de existir, de estar en el planeta. La idea de colonialidad va mucho más allá de la idea del colonialismo, como algo que estuvo en el pasado. Estamos hablando de una renovación del concepto y de la presencia colonial en el planeta.

CP | En el libro, también, mencionas que el alquiler es «la nueva frontera de financiarización de la vivienda». ¿Qué lugar ocupa el mecanismo de alquiler en el sistema financiero y cuáles deberían ser las respuestas de los gobiernos?

RR | Es muy interesante mirarlo desde el proceso de acumulación y financiación de la vivienda. Lo que hemos podido observar en el ciclo anterior, que ha llevado hasta la crisis financiera hipotecaria, fue la promoción de la vivienda en propiedad como algo nuevo. Porque, si bien en algunos países de la socialdemocracia donde las luchas históricas de las y los trabajadores habían construido la idea de vivienda como un campo de inversión en vivienda social como una realidad, en muchos otros países fue una ilusión, como en el caso de América Latina. Pero, incluso como ilusión, también ahí estaba este cambio de que la vivienda no es un derecho social, no es parte de una política de bienestar —ya sea como realidad o como ilusión— para convertirse en una mercancía, en un activo financiero, y así han sido promovidas políticas muy amplias de inducción a la promoción de vivienda y propiedad vía crédito inmobiliario e hipotecario en todo el mundo, incluso movilizando mucho subsidio público en estas operaciones.

Las vivienda pasó a ser como un elemento de pasaje del circuito financiero, de los excedentes financieros para poder lograr interés y la vivienda. Entonces se convirtió en un activo y fue promovido también culturalmente, de tal manera que a partir de la vivienda como garantía se puede endeudar y financiar el consumo pero también financiar derechos. Es decir, financiar la educación paga, la salud privada y también como parte de la inversión de los sistemas privados de pensión, o sea, poner todo esto en un circuito permanente de valorización financiera y endeudamiento.

CP | ¿Y cuál fue el resultado?

RR | El resultado de este primer ciclo fue una concentración enorme de lucros en gestores financieros y un ciclo de desposesión con la pérdida del valor, con la quiebra de constructoras, con ejecuciones hipotecarias. Estoy hablando mucho del proceso norteamericano. Pero después de este ciclo, el mismo modelo de promoción de vivienda y propiedad vía crédito inmobiliario también ha sido aplicado en la periferia del capitalismo. Esto lo vemos claramente a partir del modelo chileno, que luego se difundió en América Latina, en África, en varias partes de la periferia del capitalismo.
Claro que ni siquiera en la periferia del capitalismo de Europa y Estados Unidos han logrado acabar con el problema de la vivienda o el hecho de que mucha gente no tiene donde vivir o no tiene condiciones de pagar donde vivir y, por lo tanto, hay una nueva ola por todo lo que significó la emergencia habitacional en países del centro del capitalismo, toda una nueva ola de inversión la vivienda en esta segunda ola de alquiler.

El alquiler como un nuevo frente de financiarización de la vivienda, los mismos agentes financieros, gestores de finanzas globales que han sido involucrados en la promoción de la vivienda en propiedad, ahora se han convertido en señoríos, propietarios, corporativos de miles de viviendas de alquiler. Y ahora, en términos de política pública otra vez existe una promoción masiva en todas partes del mundo de la idea de que «hay que tener un sector profesional, corporativo de alquiler». Un poco con esto, abriendo el campo —que es exactamente lo que los Estados hacen— para esta nueva fuente financiera.

A su vez, fenómenos como el Airbnb, plataformas digitales de movilización del espacio construido junto con la privatización y venta de las de los toques de vivienda que estaban con los bancos por las ejecuciones hipotecarias para gestores financieros. Todo este proceso también ha transformado al alquiler como un nuevo frente de finalización de la vivienda trabajando ahora mucho más con la idea de extraer el interés y rentabilidad del tiempo más que del espacio. El tiempo de permanencia en la vivienda también se convierte en unidad de extracción de valor y avanza aún más hacia una nueva forma de explotación de plusvalías. Por ejemplo, en Airbnb, la gente misma pone su trabajo y su tiempo para que las plataformas digitales puedan extraer esas plusvalías.

CP  | En el libro mencionas a las personas «sin lugar». En el contexto brasilero, el «sin techo» de hoy es el «sin tierra» de los años 80, lo que nos habla de una continuidad de la lógica de exclusión y marginación pero también de la permanente extracción de renta sobre el suelo rural y urbano ¿Cuáles son las experiencias de resistencia de las personas «sin lugar» hoy? Y, particularmente, ¿Cuál es el rol de las mujeres?

RR | Todo este proceso activa la lucha en torno a la vivienda. Es un proceso que genera un nuevo grupo o un nuevo segmento de desposeídos y desposeídas. En el tema de la vivienda hay una presencia femenina importante, no solamente en el proceso de endeudamiento sino también en el proceso de desposesión como en la organización y la lucha por la vivienda. Entonces hay toda una nueva generación de organización y luchas en torno a la vivienda en distintas partes del mundo. Organizaciones de afectados por las hipotecas y ejecuciones hipotecarias, sindicatos de inquilinas e inquilinos, organizaciones de inquilinos, movimientos en torno al congelamiento de alquileres, a la denuncia de los alquileres abusivos, hacia una regulación. Por ejemplo, en Brasil, hay una nueva ola de ocupaciones de viviendas en las periferias pero también en áreas céntricas; San Pablo es un ejemplo muy fuerte de esta nueva ola.

Desde que la vivienda se ha transformado en un campo de aplicación financiera para las finanzas globales, la presión especulativa sobre los precios es mucho mayor, porque estamos hablando de una masa inmensa de capital financiero global que está buscando donde invertir. Hay nuevos instrumentos financieros que conectan el espacio construido con las finanzas y sus dinámicas circulación, títulos financieros que conectan y permiten una entrada salida de los capitales. Es así que la pobre gente tiene que competir con sus ingresos bajos por la localización con este capital que está listo para entrar e invertir y con una expectativa de remuneración a mediano y largo plazo, no inmediata. Como es un activo financiero, ni siquiera es necesario que sea utilizado, entonces podemos hablar de una especie de «boom de precios inmobiliarios» que se mantiene incluso durante periodos de crisis que se conforma de manera más amplia y global.

De manera que se conforma una agenda de organización y lucha muy importante. En algunos países ya no se veían luchas en torno a la vivienda, y ahora esto renace. En países como Brasil y Argentina las luchas por la vivienda siempre han sido importantes y continúan de una manera aún más intensa.

CP | Hablando de Brasil, el año próximo se realizan las elecciones presidenciales. ¿Qué nos podrías decir del actual contexto y qué se juega para vos en 2022 en clave de derecho a la vivienda?

RR | Durante la era de Lula, con el gobierno del PT, Brasil conoció una financiación de la vivienda por la promoción de vivienda vía crédito hipotecario masivamente, pero que tenía también uno de los componentes pequeños de la posibilidad de crédito a entidades por autogestión. También se construyeron viviendas por el mercado con un subsidio muy alto del presupuesto público, lo que se conoció como el programa «Mi casa, mi vida», que ha producido viviendas en la ciudad y en las afueras que efectivamente no ha logrado (por el modelo mismo, por una falla de su aplicación) garantizar la calidad de vivienda para la gente.

Pero lo que pasó después del golpe contra Dilma fue la interrupción total de los programas de vivienda. Todo el subsidio que estaba movilizado en el programa «Mi casa, mi vida» se terminó. Estamos atravesando una de las crisis más serias de vivienda que hemos visto en Brasil. La cantidad de población viviendo en la calle es algo absolutamente impresionante y en una escala como nunca había visto. La cantidad de nuevas ocupaciones también es muy grande en las periferias. Y no solo no existen políticas públicas a nivel federal del gobierno de Bolsonaro, tampoco hay a nivel estadual, municipal en las ciudades es como si nada.

En este contexto, también, creo que la lucha por la vivienda empieza a crecer. Una campaña muy importante que ha ganado mucho territorialmente en Brasil es la campaña «Cero desalojos» para impedir que la gente sea desalojada durante la pandemia. Es importante en términos de real articulación en torno a la vivienda con una cierta capacidad de aprobar algunas medidas de suspensión de desalojos que ha sido importante en algunos casos y que puso sobre la mesa el tema. Sin embargo, la decisión del Supremo Tribunal Federal donde se aprobó esta suspensión de los desalojos ya se termina en marzo.

Lo que tenemos es una situación muy complicada y creo que esto va a ser un tema importante en la campaña para las elecciones. También, el tema de las vivienda porque durante todo este periodo donde no hubo política, crecieron mucho las auto urbanizaciones y las ocupaciones de edificios, así que la lucha por la rehabilitación de los edificios ocupados, la lucha por la urbanización y consolidación de los asentamientos creo que va a ser una lucha muy importante.

Espero que haya una política importante de vivienda y que no volveremos a un programa como «Mi casa mi vida» porque creo que también esta es una discusión para todo lo que es reconstrucción poscrisis y pospandemia: un poco volver a lo que teníamos, la idea de que la vivienda y las políticas de vivienda históricamente han sido dibujadas por el sector de la industria, de la construcción civil y la industria financiera tiene que cambiar. Hay que insistir con que esto no puede ser, que las políticas de vivienda no pueden estar sometidas a la lógica financiera sino a la lógica de la necesidad de la gente y así generar políticas mucho más descentralizadas. de apoyo a las iniciativas populares vivienda, a las cooperativas que ya se organizaron, a las entidades y las experiencias de autogestión, que ya tenemos. Yo espero que tengamos un apoyo mucho mayor a estas propuestas y una visión mucho más crítica a lo que los programas de promoción masiva de vivienda en general en todas las partes del mundo incluso, no solamente, en Brasil.

 

CP | Cómo planteas en tus trabajos, si miramos en clave global, existe actualmente un proceso de transformación que tiene que ver con la producción de la ciudad. Esto llevó a la reconfiguración del rol de los gobiernos locales y de los mecanismos de participación como así también la incorporación de organismos y leyes que atiendan la cuestión del hábitat. Sin embargo, muchas veces éstos se convierten únicamente en discursos, sin participación real. ¿Cuál es tu lectura sobre estos cambios institucionales?

RR | Yo creo que la cuestión es definir el «locus de definición de la política pública». Especialmente en la política de vivienda, el locus de definición es la conversación con la industria de la construcción civil y la industria financiera y, por lo tanto, la pregunta central es cuántas nuevas viviendas podemos producir y cuánto crédito inmobiliario podemos poner. Esta es la pregunta central y no cuál es la necesidad de la gente. Cambiar totalmente el locus de definición implica hacer una lectura mucho más clara y desde abajo de las necesidades concretas de la vivienda.

También implica cortar el vínculo que hay entre las finanzas y las viviendas. Es imaginar maneras de organizar la vivienda que sean mucho menos susceptibles a la financiación. Por ejemplo, cooperativas, comicios colectivos, o sea, maneras colectivas y solidarias de organizar el vínculo con el territorio de tal manera que podemos ir generando espacios protegidos de la finalización espacios, reservados para la vida y no para la renta. Creo que esto es muy importante y que la política pública lo que tiene que hacer es apoyar estas iniciativas con recursos públicos, en vez de diseñar iniciativas que no dialogan con nadie.

Artículos y contribuciones de Argentina, Brasil, Camboya, India, Italia, Filipinas, España, Estados Unidos y Zimbabue.

Los autores y las autoras de esta publicación presentan alternativas para los sistemas alimentarios y agropecuarios pos-COVID-19 desde una perspectiva política de izquierdas. Debaten las consecuencias de la pandemia prestando especial atención a los pequeños productores de alimentos, de cuyo trabajo depende la alimentación de la mayor parte de la población mundial, y a los trabajadores agrícolas invisibilizados que cultivan, cosechan y empaquetan la comida que se vende en supermercados y otros puntos de venta de alimentos. A través del registro de las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en nuestros sistemas alimentarios en diferentes regiones del mundo, esta publicación se propone explicar de manera global las características de los sistemas alimentarios y sus efectos, así como reflexionar sobre las experiencias y las perspectivas de las comunidades que han sido más duramente golpeadas en entornos rurales y urbanos.

La publicación es el resultado de la iniciativa colaborativa del Grupo de Trabajo sobre Políticas Agrarias de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL). El contenido de esta publicación conjunta proviene de varias oficinas regionales de la FRL y de autores y autoras de diversos países, como Argentina, Brasil, Camboya, Alemania, India, Italia, México, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Zimbabue.

El enfoque y el alcance son dobles. La COVID-19 dejó aún más al descubierto la inequidad y la gran concentración que caracterizan a los sectores de distribución y comercialización de alimentos. Por eso, los artículos que se presentan en esta publicación, en primer lugar, analizan las consecuencias de la pandemia de COVID-19 para el acceso a los alimentos y, en segundo lugar, examinan los modos en que la pandemia dejó al desnudo las profundas contradicciones de las cadenas agroalimentarias desde perspectivas múltiples. Los artículos observan las consecuencias socioeconómicas, los ataques a los trabajadores agropecuarios, las violaciones del derecho a la alimentación, la agresiva apropiación del sistema de producción y comercialización de alimentos por parte de las grandes corporaciones, los niveles de concentración en los sistemas alimentarios, la inequidad en la fijación de los precios de los alimentos, la incoherencia en las políticas alimentarias, y el papel del Estado y de las organizaciones sociales que producen y distribuyen alimentos. Cabe destacar que las experiencias de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas durante la pandemia muestran que es necesario y posible crear sistemas alimentarios diferentes. En medio del desastre y la angustia que provocó la pandemia de COVID-19, surge un rayo de esperanza cuando se advierte que, para sostener la vida, las nociones de comunidad, cuidado y reciprocidad son esenciales. Los artículos ofrecen vistazos a los posibles sistemas alimentarios y agropecuarios pos-COVID-19 a través de la indagación de los pasos y estrategias que serían necesarios para promover este cambio. Además, los autores y las autoras revelan los riesgos y los peligros de la dominación corporativa en el ámbito de nuestros sistemas alimentarios.

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La pandemia expuso las debilidades del actual sistema alimentario, que la Cumbre convocada por la ONU promete profundizar junto con las empresas. Especialistas y activistas de la agroecología y la soberanía alimentaria desarman la situación actual y muestran las estrategias que ya están en marcha desde abajo para modificar el modelo en la postpandemia.

Por Nahuel Lag | Agencia Tierra Viva

En su último informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, Naciones Unidas (ONU) reconoció que durante la pandemia 811 millones de personas no accedieron a alimentos suficientes y dio por hecho que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 sobre “Hambre Cero” quedará incumplido. A pesar de este reconocimiento, el 23 de septiembre, el organismo internacional promoverá una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con la que promete avanzar en aquellos objetivos profundizando el actual sistema alimentario, atado a las políticas corporativas de la “Revolución Verde” promocionada desde los años 60. El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, ofrece una mirada global sobre las presiones de esa política corporativa alrededor del mundo y las estrategias surgidas desde el campesinado y los movimientos de la sociedad civil para enfrentar la pandemia del hambre. Una voz que no será escuchada en la Cumbre.“Necesitamos que se apoye el movimiento sin tierra para que se puedan producir alimentos y comidas saludables. Necesitamos este cambio, cambiar la matriz de producción”, sostuvo Matheus Gringo de Assunção —economista, militante del Movimiento Sin Tierra (MST) e investigador del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales— durante la presentación del libro en el ciclo de charlas  “Nuestra comida, nuestra historia: recuperando las narrativas de los sistemas alimentarios”, organizadas por la Fundación Rosa Luxemburgo para respaldar a las organizaciones campesina, indígenas y movimientos sociales que ya se pronunciaron (contra la Cumbre de la ONU) bajo el lema “Sistema Alimentarios para los Pueblos”.

“Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas: no será justo. No va a parar el hambre y no va a respaldarnos como sociedad”, sentenció Qiana Mickie, fundadora y activista en organizaciones de economía solidaria en Nueva York, Estados Unidos, e integrante del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), una de las principales plataformas desde donde se denuncia lo que ocurrirá en la Cumbre de fin de mes. “No se trata tanto de lo que hablen en la Cumbre si no lo que realmente hace falta. Si los recursos de los Estados siguen yendo a las transnacionales y los privados solo veremos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad”, completó.

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo, utiliza la pandemia como catalizador de la crisis de los sistemas alimentarios al señalar cómo puso “al desnudo la fragilidad y las profundas contradicciones del modelo dominante de agricultura y alimentación” —las violaciones del derecho a la alimentación, los niveles de concentración en los sistemas alimentarios, la fijación de precios injustos de los alimentos, las políticas alimentarias incoherentes—. Temas que no aparecerán con la voces de los territorios en la Cumbre convocada por la ONU en alianza con el Foro Económico Mundial y las empresas tecnológicas.

Pero la publicación no se queda en la denuncia sino que reconoce cómo la pandemia potenció las respuestas en defensa de la soberanía alimentaria: “También ha creado el ímpetu para solidaridad entre diferentes clases de personas en todo el Sur y el Norte global”, se destaca en el libro sobre las experiencias de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas que sirven como guía hacia otros sistemas alimentarios.

Asegurar el derecho a la alimentación, cuenta pendiente del actual sistema alimentario 

El libro está dividido en tres grandes ejes —“El empuje hacia una opresión. Futuro sombrío y respuestas desde abajo”; “Las políticas deben estar al servicio de las personas: la lucha por los derechos a la tierra y la alimentación” y “Respuestas desde abajo: reimaginando redes entre lo urbano y lo rural”— que permiten hacer un repaso de lo global a lo local sobre las luchas campesinas, indígenas y de la sociedad civil por otro sistema alimentario frente a una política global corporizada, que la Cumbre de los Sistemas Alimentarios propone profundizar.

Las miradas críticas y propositivas de los artículos del libro provienen de los trabajadores de la tierra, de especialistas en agroecología, de movimientos de la sociedad civil de Asia (India, Filipinas y Camboya) y de América (Argentina, Brasil y Estados Unidos).  “Muchos de los actuales sistemas alimentarios y agrícolas del mundo necesitan ser transformados en favor de las personas, el medio ambiente y el clima”, afirmó Patricia Lizarraga, coordinadora de proyectos de Rosa Luxemburgo en Buenos Aires, en la apertura del webinario virtual.

“El Covid-19 puso de manifiesto, además, que la distribución y comercialización de alimentos está muy concentrada y es poco equitativa”, sentenció Lizarraga, quien también es autora de uno de los capítulo del libro “Solidaridad de clase en la lucha contra el hambre”, junto a Matheus Gringo de Assunção.

En ese capítulo repasan lo que en las conclusiones señalan como “los increíbles ejemplos de solidaridad en la brecha urbana y rural que aseguraron el acceso a los alimentos nutritivos para millones de personas” durante la pandemia de coronavirus. Las experiencias relatadas en ese capítulo son las de “Periferia Viva” —una red solidaria creada entre movimientos sociales de Brasil para garantizar el acceso a alimentos durante la crisis generada por el Covid-19— y la Red de Comedores para una Alimentación Soberana, impulsada por la  Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y que unió a 200 organizaciones populares para abastecer de alimentos agroecológicos a los comedores populares.

“La pandemia fue un problema extra a la crisis económica, social y medioambiental que se incrementó en los últimos años. Las medidas de cuidado que se pusieron en práctica eran necesarias para proteger la salud, pero profundizó la crisis en América Latina. En Argentina y Brasil los números son similares, el 40 por ciento vive en pobreza o extrema pobreza”, analizó Gringo de Assunção sobre la urgente crisis alimentaria.

El militante del MST indicó que en Brasil las redes solidarias fueron imprescindibles frente al desmantelamiento de los programas de alimentación por parte del presidente Jair Bolsonaro, a diferencia de la Argentina donde se relanzaron políticas de asistencia alimentaria, pero marcó otro problema que afecta a ambos países: “La industria agroalimentaria está en manos de las multinacionales y eso convierte a los alimentos en objeto de los inversores y tiene un efecto en los precios”.

La otra experiencia relatada en el libro muestra cómo la pandemia de Covid-19 amenazó la seguridad alimentaria también en Nueva York, en el corazón financiero de la potencia económica y agrícola. En los barrios pobres del Bronx, Qiana Mickie —fundadora de QJM Multiprise e integrante de organizaciones de economía solidaria como Farmers Market Coalition, South Bronx Farmers Market— fue parte de las redes tejidas entre los pequeños agricultores y las comunidades relegadas, que formaron largas filas día tras día para recibir una ración de comida en medio de las políticas de encierro, el incremento de los precios de los alimentos y la pérdida de puestos de trabajo. Un espejo de lo ocurrido a nivel mundial.

“En Harlem vemos cómo las personas mayores y niños en edad escolar están en una situación de inseguridad alimentaria. Entre los niños, alcanza a uno de cada cuatro. El impacto es mayor en ellos, en las personas mayores y en los pueblos indígenas”, describe Mickie y advierte que no es solo un fenómeno urbano ver a filas de personas haciendo colas bajo la lluvia para llevarse un bolsón de alimentos sino que “en las áreas rurales también sucede”.

“Lo que tenemos que buscar son soluciones de largo plazo, modificar el sistema alimentario, potenciar los sistemas de pequeños agricultores y cooperativas. No es posible superar el hambre con obras de caridad”, sentenció la activista e integrante del comité de coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria (CSA).

Políticas públicas a favor de las corporaciones o sistemas alimentarios más justos

Las redes solidarias de pequeños productores con la sociedad civil organizada en las ciudades son la respuesta a un problema de base y de escala global, pero para poder asegurar alimentos sanos para la población los pequeños productores campesinos e indígenas deben tener asegurado el acceso a la tierra o la posesión de sus tierras ancestrales. El libro expone esta problemática global a partir del capítulo  “El papel del Estado en Garantía del Derecho a la Alimentación”, escrito por el especialista indio PS Vijayshankar, experto en agricultura sostenible y cofundador y director de investigación de Samaj Pragati Sahayog (SPS).

Vijayshankar escribe sobre la producción de alimentos en la India en un momento crítico. Las políticas neoliberales del gobierno de Narendra Modi le abren las puertas a las empresas multinacionales para el control de la producción, comercialización y fijación de precios de los alimentos, alejando el rol histórico que mantuvo el Estado indio en la regulación de las compras, almacenamiento y distribución de los alimentos producidos por los pequeños productores. Lo que generó movilizaciones históricas para frenar las políticas a favor de las corporaciones de la industria alimenticias y respaldadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para eliminar las subvenciones estatales.

Durante la pandemia el Estado se ha retirado de muchas actividades y la protección legal de los pequeños productores es cada vez peor. Muchas multinacionales están interviniendo directamente en la producción con el arrendamiento de tierras”, resaltó Vijayshankar sobre el avance corporativa en la India y agregó que también alcanza a la regulación de precios y el sistema de financiamiento: “Las grandes corporaciones están fijando los precios, con objetivos de explotación para los pequeños productores, que poseen pequeñas parcelas y, en muchos casos, deben tomar préstamos de las propias corporaciones para seguir produciendo”.

El especialista y docente sostiene que el rol del Estado para proteger a los pequeños productores y la producción de alimentos para la sociedad se hizo evidente y confió en que la lucha social continuará: “La seguridad alimentaria se ha conseguido mediante la presión popular y no queremos se dé marcha atrás”.

Vijayshankar resaltó además la importancia de que los pequeños productores avancen hacia formas de cooperativismo para “tener una posición más fuerte de los pequeños agricultores frente al mercado”. “Desde los años 60 se busca imponer una agricultura a gran escala e intensiva —la llamada “Revolución verde”—. Eso es lo que hay que poner en discusión y reformar”, sostuvo el especialista indio y docente universitario.

El modelo para hacer frente al actual modelo hegemónico impuesto por las corporaciones, la OMC y los Estados es con acceso a la tierra y fomento a la agroecología, plantea Vijayshankar. “La reforma agraria, la tenencia de la tierra es fundamental para cualquier cambio, poder tener los títulos de los agricultores que las tienen de forma ancestral”, asegura y agrega que un modelo que frene la sobreexplotación de los suelos y el agotamiento de las aguas debe estar asociado a la agroecología y a los modelos locales ancestrales.

Las estrategias, la resistencia, otro modelo alimentario 

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, permite abrir ventanas al mundo, observar cómo las peleas por otro modelo de producción enfrentan las mismas políticas corporativas, y regresar a la realidad regional. “Las personas que producen los alimentos que terminan en los platos de la población brasileña se ven atacados, perseguidos por los empresarios del agronegocio y por el gobierno de Bolsonaro, que suspendió cualquier proceso que lleve a la reforma agraria. Y legalizó el acaparamiento de tierras”, denunció Gringo de Assunção.

Brasil sintetiza la crudeza del actual sistema alimentario. El nivel de deforestación del Amazonas avanzó hasta un 40 por ciento de su superficie total para ampliar la frontera de los cultivos de soja que van a alimentar la producción ganadera y la exportación de commodities. Los que sufren el avance de esa frontera agropecuaria de forma inmediata y violenta son las comunidades indígenas y campesinas, pero el impacto de la deforestación del Amazonas genera consecuencias globales, entre ellas, las sequías y bajantes de los ríos, como ocurre en el Río Paraná.

En paralelo, Bolsonaro eliminó los programas de alimentación denominados “Hambre cero” —uno de los objetivos propuestos por la ONU y que admitió que incumplirá— que no solo ofrecían asistencia alimentaria si no que eran una política destinada a los pequeños productores a partir de la compra pública para abastecer organismos estatales y hospitales públicas con alimentos agroecológicos. “Desde 2016 esos programas quedaron desfinanciados. Habíamos llegado a cubrir el 30 por ciento de las escuelas del país con alimentos sanos provenientes de la agricultura familiar”, destacó el integrante del MST.

“Bolsonaro frenó cualquier tipo de reforma agraria y nos llevó a una situación en la que no hay acceso a la tierra, pero tenemos un movimiento de resistencia activo, somos el primer frente contra las políticas neoliberales que propone”, reivindicó Gringo de Assunção y convocó a que los movimientos sociales mantengan una actitud de “solidaridad no pasiva”, o sea, promover acciones que combatan el hambre al mismo tiempo que se le reclama y recuerda al Estado que “no está cumpliendo con su deber de garantizar derechos”. Y aseguró que esas acciones deben comprometer a las comunidades para que “sean los protagonistas en las políticas públicas”.

Desde Nueva York, allí donde los representantes de los estados miembro de la ONU se reunirán para proponer un supuesto cambio en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, la integrante del MSC y activista por la soberanía alimentaria comparte la necesidad de renovar la forma en las que se definen las políticas públicas: “Necesitamos un enfoque para edificar un sistema resiliente de cara al futuro, que penetre en el sistema alimentario y en el sistema político, ampliando los actores y tomadores de decisiones”.

En ese sentido, Mickie insistió con que “la financiación del gobierno para el sistema de bienestar no debe ser sólo para la asistencia sino para generar soluciones”. ¿Cómo generamos un control democrático sobre la explotación de los recursos? ¿Cómo generamos alternativas para incluir a las comunidades locales? ¿Cómo mejoramos la logística para conectar a los productores regionales con las ciudades? ¿Cómo redistribuimos la tierra de forma equilibrada? ¿Cómo creamos en lo urbano espacios con prácticas agroecológicas? La activista neoyorkina dejó desafíos flotando. “Tenemos que hablar de modelos que hay que transformar no solo trabajar en la supervivencia sino trabajar en un modelo que genere resiliencia y perdure en el tiempo”, sentenció.

—¿Se puede esperar alguna línea de acción que surja de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU que modifique los problemas de producción, comercialización y acceso a la alimentación sana que describen?— preguntó Tierra Viva a Qiana Mickie   

—En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se va a hacer un greenwashing de los conceptos que no funcionan. Lo que necesitamos es movilizarnos, hacer escuchar las voces de las poblaciones, necesitamos menos cooptación de las corporaciones, necesitamos fomentar lo que sabemos que sí funciona y necesitamos el respaldo de las organizaciones y de la sociedad civil. Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas no es justo, no va a parar el hambre y no va respaldarnos como sociedad. Tenemos que crear presión sobre la cumbre para que escuchen la voz del pueblo y los retos presentes, necesitamos desarmar el poder. No se trata tanto de lo que hablen en la cumbre si no lo que realmente hace falta y necesitamos, en la práctica, los fondos para que se lleven a la práctica los modelos que sabemos que funcionan.

—¿Qué soluciones se podría proponer en materia de comercialización y distribución de alimentos a partir de las respuestas que dio la economía solidaria en el marco de la pandemia?

—Se trata de desmantelar el capitalismo dentro del sistema alimentario. Pasar de una política agroglobal a una de nivel local. Apoyar modelos y soluciones que se basen en la solidaridad y de soporte directo a los pequeños productores. Construir políticas públicas para asegurar la seguridad alimentaria, que está relacionado a las comunidades locales y a través de la agricultura regenerativa. Necesitamos un cambio en la relación de poder, porque si los recursos del Estado siguen yendo a  las transnacionales y los privados, solo vemos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad. Hay que apoyar a estos modelos que son viables, aumentar las investigaciones, apoyar a los pequeños productores y hacerlo de manera conjunta. Tenemos los líderes, tenemos las estrategias, necesitamos más solidaridad para quitar poder a los grupos concentrados. Ya sabemos lo que hay que hacer, solo tenemos que insistir y encontrar los recursos.

 

Descargá el libro en su versión en inglés:https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2021/09/Crash-Barriers_Brochure_web_20210824.pdf

Fotografía: Lisa Mangold

Por Marta Dillon 

Expropiación (Enteignen) es la palabra que en la ciudad de Berlín se lee en banderas colgadas de los balcones y ventanas, en grafitis pintados a alturas increíbles, en las planillas de firmas que hasta finales de junio de este año era posible llenar en cualquier esquina para habilitar la votación en referéndum de una ley de socialización de las viviendas. Expropiación y socialización son las palabras clave para revertir un proceso de concentración de la propiedad de las viviendas en manos de corporaciones que han hecho escalar al cielo los precios de los alquileres. Expropiar y socializar son la propuesta de la campaña que desbordó las calles en pandemia y que logró su cometido: se necesitaban 175 mil firmas, se juntaron 350 mil.  El 26 de septiembre, junto con las elecciones generales, la ley de expropiación a inmobiliarias que posean más de tres mil viviendas para que pasen a control social podría ser consagrada por el voto popular. 240 mil viviendas podrían recuperadas a la especulación financiera.

Mateo Argerich y Jana Steinfeld son dos jóvenes integrantes de la campaña “Deutsche Wohnen & Co Enteignen, por una ciudad con alquileres asequibles para todes” (DWE).

“Hablamos de Deustche Wohnen pero en julio esta corporación inmobiliaria se fusionó con Vonovia y se convirtió en la empresa más grande de Europa para la financiarización de la vivienda. Berlín es una gema para la especulación inmobiliaria, todavía no es la ciudad más cara de Alemania -antes está Frankfurt- pero es donde más subieron los alquileres en los últimos diez años”, dice Jana Steinfeld, joven estudiante de sociología urbana y parte de la campaña DWE desde 2018, cuando comenzó a organizarse. Sentada en un bar a metros de la Kottbuser Tor, el sitio menos gentrificado de Kreuzberg -histórico barrio de migrantes- Jana alterna entre el entusiasmo por la vitalidad de la campaña y la preocupación por los movimientos financieros que se meten directamente en la vida cotidiana a través de la especulación inmobiliaria.

“Entre los años 2000 y 2006 se privatizaron muchísimas viviendas subvencionadas por el Estado. La ciudad tenía muchas deudas y por alguna razón creyeron que era una buena idea la privatización” -agrega Jana con ironía-. Sin embargo, hubo resistencia, aquí cerca en Kreuzberg los vecinos empezaron a organizarse, resistieron desalojos, se sumaron muchos activistas y así fue como nació la campaña.

“Cuando entran actores internacionales, lo que hacen es adquirir los sectores más marginalizados de la ciudad porque, pueden aumentar la vivienda lo más posible. En Berlín hay regulaciones para el alquiler, sobre todo para las viviendas sociales, pero por un plazo determinado. Vencido ese plazo el alquiler pasa a ser el del precio de mercado”, suma Mateo Argerich, arquitecto y migrante argentino que vive en Berlín hace siete años y aun habiendo militado la campaña DWE, no podrá votar el 26 de septiembre porque su residencia permanente no lo habilita. Para él, como para Jana, el proceso de organización para lograr el referéndum fue, no sólo una inyección de energía sino también de futuro, justo cuando la pandemia y el largo invierno berlinés suspendía cualquier encuentro con otros, con otras.

-La campaña habla de expropiación, pero ustedes se refieren a la ley de socialización de la vivienda. ¿Podrían explicar por qué?

Jana: La idea de la campaña es expropiar a las compañías que tengan más de 3000 propiedades en Berlín y que todas esas propiedades no pasen a ser estatales si no que pasen a constituir un commons. Manejado por la sociedad a través de consejos y éstos a su vez de una institución de derecho público. La ley tiene dos partes: la primera trata sobre la expropiación y cómo se financia y articula la indemnización a las inmobiliarias y la segunda organiza el control social de las viviendas por parte de la ciudadanía y los inquilinos e inquilinas. Porque solamente la socialización puede garantizar soluciones a largo plazo.

–¿El Estado se haría cargo de las indemnizaciones?

Mateo: La indemnización, en principio, tiene que ser a precios más bajos que los de mercado que se instalaron con la misma acción de las grandes corporaciones de vivienda. Y puede pagarse perfectamente en cuotas con los precios justos de los alquileres. Se estima que se podrían expropiar 240 mil viviendas.

–¿Cómo se organiza la Campaña, tanto para la redacción de la ley como para garantizar a futuro la creación de los consejos que controlen los alquileres?

Jana: Ahora hay grupos de trabajos que se ocupan de diferentes cosas: la recolección de firmas, la discusión y redacción de la ley de socialización, la comisión que se ocupa del tema de la democratización de la participación, porque mucha de la gente que firmó para el referéndum no tiene derecho al voto, aunque paga impuestos y alquiler en Berlín. Y en el último año se organizaron los Kiez-Teams (equipos de barrio) que están en cada distrito, en cada urbanización. Hacen cosas para la campaña, pero fundamentalmente son lugares donde se conoce la gente, son como pequeñas asambleas barriales donde todo se pone en discusión, además de compartir las problemáticas. Y crecieron muchísimo aun cuando la mayor parte del año las reuniones tuvieron que ser virtuales.

–¿Por qué se fortaleció tanto la Campaña durante este año y medio de pandemia?

Mateo: En principio hubo una manifestación espontánea muy importante en mayo, el 5 de mayo, cuando la Corte Suprema derogó una ley de nuestra ciudad que ponía un tope a los alquileres. Entendemos que esa ley fue una respuesta del gobierno de Berlín a la organización de inquilinos e inquilinas que venían resistiendo los aumentos. Pero el Tribunal más alto de Alemania sentenció que Berlín no tiene autoridad para regular las relaciones entre privados. Y lo peor es que las inmobiliarias pretenden cobrar la diferencia entre el tope y los precios de mercado de manera retroactiva. Eso se traduce en deudas para los y las inquilinas que además vieron reducidos sus ingresos por la pandemia.

Jana: En Berlín aproximadamente un 10 por ciento de la población está endeudada. Y un 90 por ciento alquila. Los datos del 2018 dicen que la gente pagó entre un 46 y un 48 por ciento de sus ingresos para alquilar. Y quienes tienen menos dinero, por supuesto pagan un porcentaje más alto. Esto aumenta la polarización social y dejó clara la necesidad de dar una respuesta colectiva.

–¿Tienen un diagnóstico sobre cómo esta polarización social afecta a las mujeres, personas LGTBQ+, racializadas y migrantes en relación a la vivienda?

Jana: Hay dentro de la campaña un grupo que se ocupa de esas preguntas. El problema es que en Alemania las mujeres o personas queer ganan menos dinero, aunque estén en los mismos puestos de trabajo que los hombres. También muchas veces trabajan en el sector social que está muy mal pagado en Alemania -tareas de cuidados y servicios- y bueno, además realizan el trabajo reproductivo no pagado. Entonces tienen menos dinero para pagar un alquiler. 

–Y eso complica el acceso mismo a los alquileres, ¿verdad?

Mateo: Como la asignación de viviendas es un mecanismo por el cual no hay que rendir cuentas, muchas veces es un mercado racista, homofóbico y transfóbico. Entonces las situaciones en que aterrizan las personas en situaciones de vulnerabilidad son muy malas, pagan el precio de un piso por una cama. Y encima esto sucede en los barrios marginales en donde también interviene la policía. 

–¿Los propietarios dan intervención a la policía al momento de desalojar?

Mateo: Si. Pero, sobre todo, en algunas zonas que se nombran como “peligrosas” la policía interviene sin regulaciones y eso pone en peligro la continuidad de la vivienda y complica el acceso.

Jana: Las inmobiliarias, por otra parte, operan una discriminación de hecho: priorizan a la pareja heterosexual por encima de otros inquilines posibles. Heterosexual, pero sin hijos porque los niños también complican el acceso a los contratos de alquiler.

Mateo: Muchas veces personas que comparten vivienda tienen que fingir que son pareja para poder conseguir un contrato. Como hay mucha gente pidiendo departamentos hay una lista enorme para elegir y ahí funcionan todas las estructuras racistas, xenofóbas. En Right to the city (derecho a la ciudad), que es una de las organizaciones que integran la campaña, se juntan un montón de testimonios LGTBQ+, de personas racializadas y mujeres con hijes. Es algo que se quiere visibilizar para que haya mecanismos transparentes de asignación de vivienda. Es parte de la idea de socialización.

Con los Kiez-Teams podríamos decir que esta campaña tiene una organización territorial entre inquilines. ¿Qué problemáticas aparecieron además del precio de los alquileres?

Jana: La violencia por razones de género, por ejemplo, que ha aumentado durante la crisis de la cuarentena, no sólo en Berlín, en toda Alemania.

Mateo: Desde la Campaña se evalúa que hay un déficit de refugios para víctimas de violencia de genero. Y a la vez se cree que al tener un organismo de derecho público que tome todas las decisiones referidas a lo común, se van a poder generar estos espacios. Que ahora están siendo desplazados o que pagan grandes alquileres y que no pueden ofrecer los cupos que la sociedad necesita, ya sea refugios para víctimas de violencia de género o déficit de jardines de infantes o espacios juveniles. 

Jana: Lo interesante también es como se van a mantener estas redes barriales, a través de los consejos de inquilines y participación democrática. Por eso es tan importante para la campaña el déficit democrático que hay, para que realmente haya un mecanismo de participación. 

¿A qué le llaman “déficit democrático”?

Jana: Hemos juntado más de 350 mil firmas que en materia de referéndum en Berlín es un récord. Pasó del mínimo necesario 175 mil firmas válidas…

Mateo: El tema es que de estas firmas un 32 % son inválidas, y dentro de los motivos de impugnación el que más pesa es la falta de ciudadanía. Ese 32 % es el que acepta las peores condiciones de contrato y es el sector de la población que está en la peor situación. No tenemos capacidad de voto porque para hacerlo es no alcanza la residencia permanente siquiera, sino que se necesita ciudadanía completa. Es interesante ver como se estructura esta ley de socialización contemplando esto.

Jana: Lo interesante ahora es ver cuánta gente va a votar en las elecciones generales que no son obligatorias. De eso depende en parte lo que pase con el referéndum.

 

Die LINKE, el partido de izquierda alemán, organizaciones migrantes, de inquilinos e inquilinas, grupos y colectivas feministas y vecinos y vecinas integran la campaña Deutsche Wohnen & Co Enteignen, por una ciudad con alquileres asequibles para todes. El 26 de septiembre estarán los resultados del referéndum, pero el proceso de organización de la campaña mostró su fortaleza. Si las grandes inmobiliarias pusieron en jaque el control de precios sobre los alquileres a través del Poder Judicial, la movilización y el voto también podría tener la capacidad de vetar esa iniciativa que pone en riesgo de endeudarse o ser desplazados de la ciudad a cientos de miles de inquilinos e inquilinas. Y en ese mismo proceso se abren preguntas que profundizan la organización sobre el acceso democrático de migrantes, personas racializadas, mujeres jefas de familia y personas LGBTQ+; este es el aire de futuro que hace más respirable el aire de Berlín, aun con la pandemia.

 

Una serie de eventos en línea de 4 partes organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo y organizaciones aliadas con motivo de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS) los días 7, 9, 14 y 16 de septiembre 

Millones de personas en todo el mundo padecen hambre hoy en día. Con el aumento de los precios de los alimentos, los niveles obscenos de pobreza y la represión política en medio de la pandemia de COVID-19 que sacó a relucir lo peor de la desigualdad y el autoritarismo en muchas sociedades, es evidente que el mundo se enfrenta a una crisis alimentaria de proporciones masivas. Muchas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales buscan una visión holística de los sistemas alimentarios, teniendo en cuenta las numerosas crisis mundiales y, más en concreto, los sistemas alimentarios mundiales disfuncionales. Sin embargo, no se espera que esto ocurra en la próxima Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS) en septiembre de 2021. Desde el principio de los procesos de planificación, han sido varias las razones para la crítica generalizada de la sociedad civil en todo el mundo. Entre ellas, la falta de orientación hacia el Derecho a la Alimentación y, por ende, de una perspectiva de derechos. Asimismo, otro punto de crítica particular es la ausencia de participación democrática. 

Los grupos progresistas y los movimientos sociales auguran un aumento de la captura corporativa de los sistemas alimentarios a través del UNFSS. ¿A qué tipo de progreso se refiere el UNFSS, a qué intereses sirve, y qué significa esto para los sectores y comunidades marginados? ¿Qué voces se escucharán realmente en la cumbre?

Esta serie de eventos en línea busca dar lugar a las voces alternativas y, en el proceso, exponer las maniobras capitalistas sobre los sistemas alimentarios. Entre las preguntas que se debatirán en la serie están: ¿Cuáles son las causas de la transformación de los sistemas alimentarios? ¿Cómo afectarán la digitalización y el control corporativo de la agricultura a los pequeños productores de alimentos, a conceptos alternativos como la agroecología y a las comunidades tradicionales? ¿Pueden iniciativas como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) ayudar a afrontar los retos actuales o los enfoques de tecnología verde son más bien parte del problema? Y lo que es más importante, también queremos hablar de las luchas de las organizaciones, así como establecer formas sobre cómo podemos enfrentarnos a la crisis alimentaria juntos, a través de la solidaridad global y de un fuerte trabajo político. 

Cada evento en línea se llevará adelante en inglés y se ofrecerá traducción simultánea a otros idiomas (español, portugués, francés o alemán) dependiendo del evento.

Los cuatro eventos en línea están organizados por la Fundación Rosa Luxemburgo en cooperación con diferentes organizaciones aliadas 

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Evento 1

Desenmascarando el golpe de los Estados al Sistema Alimentario Global

Presentación y discusión

Día: Martes 7 de septiembre de 2021

Horario: 10:00 San Pablo/Buenos Aires (UTC -3), 15:00 Berlin (CEST) and 21:00 Manila (UTC +8). 

A lo largo de los últimos años, el Grupo ETC ha ido reconstruyendo el panorama general del rompecabezas y descubriendo en tiempo real los cambios actuales en la gobernanza de los sistemas alimentarios mundiales. En su presentación, el Grupo ETC compartirá las conclusiones de su estudio «El secuestro de los sistemas alimentarios: la toma de posesión de Technofix en la FSS», que resalta los aspectos y actores claves y enmarca, lo que es una situación confusa y cambiante, en una narrativa simplificada coherente y creativa. Los grupos de la sociedad civil, los movimientos sociales y los aliados que trabajan en el espacio de la justicia alimentaria necesitan comprender plenamente las fuerzas en juego, investigando e interrogando los desarrollos y las dinámicas de la gobernanza del sistema alimentario mundial para así poder utilizar los conocimientos en su trabajo con las comunidades, especialmente en el sudeste asiático.

Ponentes: 

  • Neth Daño (Grupo ETC), 
  • Jim Thomas (Grupo ETC), 
  • Ronnie Hall (Grupo ETC)

Moderación: Ayi Kaario (Fundación Rosa Luxemburgo)

Se requiere inscripción previa: https://zoom.us/webinar/register/WN_qQBxeOAVS3CDH-813uiFkA 

Idiomas: español e inglés (con interpretación simultánea)

Organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Grupo ETC.

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Evento 2

Barreras para los sistemas agrícolas y alimentarios en el pós-COVID-19)

Lanzamiento del libro y diálogo crítico

Día: Jueves 9 de septiembre de 2021

Hora: 9:00 San Pablo / Buenos Aires (UTC -3), 8:00 Nueva York (EDT), 14:00 Berlin (CEST), 17:30 Nueva Delhi (IST) e 20:00 Manila (UTC +8). 

Descripción: Muchos de los actuales sistemas alimentarios y agrícolas del mundo precisan de una transformación para atender mejor a las demandas de las personas, del medio ambiente y del clima, y de nuestro futuro en común. La Pandemia del COVID-19 evidencio aún más la alta concentración y desigualdad en la distribución y comercialización de los alimentos en el mundo. Este será un evento online de conversación, con una sesión de preguntas y respuestas, que reunirá movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y autores de la publicación de la Fundación Rosa Luxemburgo. El libro “Barreras para los sistemas agrícolas y alimentarios en el pós-COVID-19” trae narrativas de Asia (India y Filipinas) y de las Américas (Argentina, Brasil y Estados Unidos). Pueden descargarlo (en inglés) aquí. 

Panelistas:

  • P S Vijayshankar (Samaj Pragati Sahayog, Índia)
  • Matheus Gringo de Assunção (MST y Tricontinental: Instituto de Investigaciones Sociales, Brasil)
  • Qiana Mickie (QJM Multiprise, EUA)
  • Ang Cheatlom (avogado asociado e defensor da agricultura ecológica, Camboya)

Moderación:  Patricia Lizarraga (Fundación Rosa Luxemurgo) e Refiloe Joala (Fundación Rosa Luxemburgo)

Se requiere inscripción previa:  https://zoom.us/webinar/register/WN_CAD83rHGQFK4kuY6lTgO3g

Idiomas: inglés, español y portugués (con interpretación simultanea)

Organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo

 

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Evento 3

Un pinchazo al cuento de AGRA: las evaluaciones de expertos independientes confirman que la Alianza para una Revolución Verde ha fracasado

Presentación y debate

Hora: martes 14 de septiembre de 2021

Fecha: 10:00 Nueva York (EDT), 14:00 Bamako (GMT), 16:00 Berlín (CEST), 16:00 Johannesburgo (SAST) y 17:00 Dar es Salaam (EAT). 

La Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) y sus dispositivos técnicos desempeñan un papel fundamental en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS). La presidenta de AGRA, la doctora Agnes Kalibata, por ejemplo, es enviada especial a la Cumbre. AGRA, registrada en EE.UU., fue fundada en 2006 por la Fundación Bill y Melinda Gates y otros con el objetivo de duplicar el rendimiento agrícola, los ingresos de 30 millones de hogares de pequeños productores de alimentos y reducir a la mitad el hambre y la pobreza en 20 países africanos para 2020. En su documento de referencia recientemente publicado, organizaciones de la sociedad civil de Burkina Faso, Alemania, Kenia, Malí, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia desenmascaran el mito de AGRA: El enfoque de AGRA ha fracasado.

Ponentes de diferentes países africanos, Alemania y Estados Unidos expondrán sobre las amenazas de AGRA para los pequeños productores y productoras de alimentos y mostrarán el fracaso del multimillonario programa. 

Ponentes: 

– Million Belay (AFSA, Uganda) 

– Timothy Wise (IATP, EEUU) 

– Anne Maina (BIBA, Kenia) 

– Mariann Bassey (ERA/FoEN, Nigeria) 

– Lena Bassermann (Red INKOTA, Alemania) 

– Roman Herre (FIAN, Alemania)

Moderación:  Jan Urhahn (Fundación Rosa Luxembugo) y Josephine Koch (Foro sobre Medio Ambiente y Desarrollo)

Se requiere inscripción previa: https://zoom.us/webinar/register/WN_wbDq9UPNRp-nr9GfdJQrkA  

Idiomas: alemán, francés e inglés (con interpretación simultánea)

Organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo (Alemania y Sudáfrica), Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA, Uganda), Asociación de Biodiversidad y Bioseguridad de Kenia (BIBA), Pan para el Mundo (Alemania), Acción por los Derechos Ambientales/Amigos de la Tierra Nigeria (ERA/FoEN), Foro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Alemania), FIAN Alemania, Red INKOTA- (Alemania), Instituto de Investigación y Promoción de Alternativas de Desarrollo (IRPAD, Mali), PELUM Uganda, PELUM Zambia, y Tanzania Alianza por la Biodiversidad (TABIO)

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Evento 4

Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU: ¿Un paso para superar el hambre, la desigualdad y la crisis ecológica? 

Diálogo con el Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación. 

Día: jueves 16 de septiembre de 2021

Horario: 10:00 Bogotá (UTC -5), 11:00 Nueva York (EDT), 17:00 Génova/Berlín (CEST), Johannesburgo (SAST), 20:30 Nueva Delhi (IST), 23:00 Manila (UTC +8) 

¿Será la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS) un paso positivo hacia la necesaria transformación de los sistemas alimentarios? Con el telón de fondo de la urgente necesidad de democratizar las Naciones Unidas, ¿incluirá realmente esta Cumbre las voces de los campesinos y las campesinas, los trabajadores y trabajadoras agrícolas, los movimientos sociales rurales y la sociedad civil en la configuración de las futuras políticas alimentarias? La agenda de la UNFSS y el fuerte impulso de los intereses corporativos son de gran preocupación para los movimientos de la sociedad civil que defienden los principios de la agroecología y la soberanía alimentaria, especialmente a la luz de las crisis alimentarias a las que se ha sumado el COVID-19. ¿Cómo podemos garantizar que las políticas de la ONU aborden las cuestiones que realmente son relevantes? Queremos tender un puente desde la perspectiva local a la global y defender que el reequilibrio de los sistemas alimentarios es de vital importancia, más aún cuando la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto los fallos del sistema alimentario corporativo para abordar el hambre, la desigualdad y la crisis ecológica. Un evento paralelo a la reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre los resultados de la pre-cumbre de la UNFSS celebrada en julio y justo antes de que comience la UNFSS.

Ponentes: 

  • Michael Fakhri (Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación) 

Y representantes de:

  • FIAN Internacional
  • OIT (a confirmar)
  • UNCTAD (a confirmar)
  • Movimientos sociales de Colombia y Sudáfrica

Moderación: N.N. (Fundación Rosa Luxemburgo) y N.N. (Academia de Ginebra)

Se requiere inscripción previa:  https://zoom.us/webinar/register/WN_cCvJ5ki6SMaQzHW1Vz7YXw 

Idiomas: francés, inglés y español (con traducción simultánea)

Organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y FIAN Internacional

Una mirada tras bambalinas del comercio internacional de los ingredientes activos en plaguicidas

 

Las dos empresas agroquímicas alemanas han desarrollado y comercializado ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos que causan daños para la salud de las y los agricultores y trabajadores agrícolas en Brasil, México y Sudáfrica.

 

En un nuevo estudio, la Fundación Rosa Luxemburgo, INKOTA-netzwerk y PAN Alemania muestran que Bayer y BASF son responsables de la comercialización y, en algunos casos,  desarrollo de al menos 33 ingredientes activos para la fabricación de plaguicidas que suponen un peligro para la salud humana. Muchos de estos ingredientes activos tinen un efecto letal, incluso en dosis bajas, y otros son probablemente carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción. En Brasil, México y Sudáfrica, se pueden encontrar al menos ocho de estos ingredientes activos en el catálogo de Bayer o BASF. Entre ellos están el glufosinato y el espirodiclofeno.

 

En Sudáfrica, las dos empresas agroquímicas alemanas comercializan en sus propios productos plaguicidas un total de seis ingredientes activos que están prohibidos en la UE debido a sus graves riesgos asociados para la salud. En Brasil y México hay siete y cinco ingredientes activos presentes en los productos de Bayer y BASF, respectivamente. Las ventas se realizan a expensas de la salud de las y los agricultores y trabajadores agrícolas en el sur global. En las regiones vinícolas de la provincia del Cabo Occidental, en Sudáfrica, se utiliza el insecticida Tempo SC de Bayer a gran escala. Este contiene ciflutrina(-beta), un ingrediente activo muy peligroso que es letal a dosis muy bajas. En algunas explotaciones agrícolas, las temporeras son enviadas a los viñedos incluso mientras se rocían y aplican los plaguicidas altamente peligrosos en los campos.

 

Aunque Bayer se comprometió públicamente en 2013 a no comercializar ingredientes activos de toxicidad extrema y muy alta (clases 1A/1B de la OMS), esto aún ocurre. Un ejemplo es que Bayer aún suministra el ingrediente activo fenamifos a Brasil, el cual es procesado allí por otra empresa y comercializado con el nombre de NEMACUR. A pesar de la gran falta de transparencia en el mercado internacional de plaguicidas, los autores y las autoras del estudio lograron demostrar el comercio de este ingrediente activo altamente peligroso de Bayer. Aunque Bayer no vende directamente productos plaguicidas que contienen  fenamifos, este ingrediente activo llega al mercado brasileño a través de los productos plaguicidas de otros fabricantes.

 

Para acabar con los dobles estándares del comercio internacional de los ingredientes activos de plaguicidas, es necesario, entre otras cosas, prohibir la producción, el almacenamiento y el comercio de ingredientes activos altamente peligrosos a nivel global.

 

“Los dobles estándares respecto a los agrotóxicos de Bayer y BASF” es un estudio conjunto de la Fundación Rosa Luxemburgo, INKOTA-netzwerk y PAN Alemania

 

Pueden descargar el PDF aquí.

El PP se dispara, Más Madrid sorpasa al PSOE y Pablo Iglesias deja la política

05/05/2021
Andrés Gil
Publicado en Fundación Rosa Luxemburg Oficina de enlace Madrid

La Comunidad de Madrid siempre ha estado, desde el inicio de la pandemia, en el pódium de las regiones españolas con más cifras de fallecidos, de contagios, de incidencia del coronavirus, de saturación de UCI y de ancianos muertos en residencias. Eso sí, con los bares y restaurantes abiertos. Pero la Comunidad de Madrid, gobernada de Isabel Díaz Ayuso (EPP), ha sabido presentarse como la antagonista al Gobierno de coalición en España entre PSOE (S&D) y Unidas Podemos (The Left). “Comunismo o libertad”, ha sido su lema de campaña.

Las elecciones se celebran en Madrid de manera anticipada, dos años antes de lo establecido, por un juego de carambolas. El PSOE y Ciudadanos (Renew Europe) concluyen un día que es buena idea echar del Gobierno de la Región de Murcia al PP y presentan una moción de censura. La moción de censura no sólo sale mal, en tanto que el PP logra romper a Ciudadanos en Murcia para mantenerse en el Gobierno, sino que detona la convocatoria de Madrid por parte de Díaz Ayuso para defenderse ante una hipotética jugada contra ella y, también, para invitar a los madrileños a un plebiscito: “Comunismo o libertad”, entendida la libertad como la posibilidad de tomar cervezas –como si en las dictaduras no se sirvieran cañas–.

Pero aquello que en algún despacho de Ferraz –sede del PSOE– y Moncloa –sede de la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez– pudo parecer una buena idea para asaltar el Gobierno de Murcia, ha resultado en el triunfo del trumpismo en Madrid y, además, de la retirada de la política del principal líder de la izquierda alternativa en España, Pablo Iglesias, y uno de los más importantes en Europa.

Isabel Díaz Ayuso pertenece al PP, un partido miembro de la familia popular, democristiana en Europa, que, a diferencia de lo que hace la poderosa CDU/CSU de Angela Merkel, no tiene problemas en llegar a acuerdos con la extrema derecha para mantenerse en el poder, para gobernar. Si hace unos meses Merkel forzó la dimisión de un presidente-gobernador de Turingia porque había llegado al poder con el concurso de la extrema derecha de la AfD, Ayuso fue investida presidenta en 2019 con los votos de la extrema derecha española, Vox.

Y ahora seguirá en el cargo gracias a ella: ha logrado 65 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, que rebasará gracias a los13 de Vox, que le darían el gobierno con una mera abstención, en tanto que Ayuso supera la suma de las izquierdas –24 de Más Madrid (Greens/EFA; 24 de PSOE; 10 de Unidas Podemos–.

Las elecciones de Madrid han barrido al supuesto centro que representaba Ciudadanos, que se ha quedado sin representación parlamentaria, y han encumbrado al ala más trampista del Partido Popular, el encarnado por Isabel Díaz Ayuso, quien llegó hace dos años casi de forma inesperada al Gobierno de Madrid y se ha situado a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Ayuso se ha caracterizado en estos años por defender bajadas de impuestos a quienes más tienen –impuestos de sucesiones, patrimonio–, en contra de lo defendido por la administración Biden, el FMI y la Comisión Europea; ir en contra del sentido común europeo sobre las restricciones ante la pandemia; y llegar a decir que “si te llaman fascista, es que estás en el lado bueno de la historia”. La gestión de Ayuso, fértil en despropósitos verbales, se ha saldado con casi el 45% de los votos en unas elecciones con participación récord.

Bien es verdad que el PP lleva 26 años seguidos gobernando Madrid, por lo que lo más fácil era esperar una nueva victoria del PP. Pero también es verdad que quien lo acaba de conseguir se dedicaba no hace tanto a llevar las redes sociales del perro imaginario de la anterior presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.

Si bien el modelo de Ayuso no casa bien con el de la CDU o el de los Republicanos franceses, en cuanto al cordón sanitario de la extrema derecha, sí podría ser más afín al austriaco Sebastian Kurz, que no tuvo problemas en meter a la extrema derecha en su gobierno. Una extrema derecha española, la de Vox, hermanada con el partido gobernante polaco, PiS, y los neofascistas de Fratelli D’Italia.

El PP español en Madrid, que comparte familia política con Armin Laschet, gobierna gracias a los amigos de quienes persiguen a los colectivos LGTBI en Polonia o llaman a la deportación de un rival político sólo por ser negro e ir en las listas de Pablo Iglesias.

Abandono de Iglesias

Que Pablo Iglesias dejara la política es algo que venía barruntándose desde el verano pasado. Pero esta convocatoria electoral, junto con el hecho de que no prosperara el plan A de Unidas Podemos –que el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se presentara– ha precipitado su abandono de la política en tanto que no ha podido cumplir el cometido por el que dejó la vicepresidencia segunda del Gobierno de España para ir a las elecciones madrileñas cual brigadista internacional: derrotar al fascismo.

El problema es que el fascismo no ha sido derrotado, y el trumpismo ha sido coronado.

Iglesias, acosado por procesos judiciales que, uno tras otro, no quedan en nada, por militantes de la extrema derecha que se han agolpado durante meses a la puerta de su casa; por medios de comunicación que repican noticias falsas sobre la financiación de su partido; por divisiones internas alentadas desde fuera; por supuestos periodistas que persiguen a sus hijos; llegó a la conclusión el verano pasado de que había llegado el momento de no volver a presentarse a las elecciones generales como candidato a presidente del Gobierno.

Pero faltaba diseñar su paso al lado. Y ese paso al lado vino dado por tomar el guante a Ayuso y dejar la vicepresidencia del Gobierno para ir a unas elecciones regionales en las que a Unidas Podemos le costó entrar en el parlamento autonómico –logró un 5,5%, cuando no se puede entrar por debajo del 5%–.

Iglesias era garantía de mantener el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Nadie dudaba que superaría el umbral del 5%. Iglesias, además, fue condición de posibilidad para que la izquierda pensara que se podrían acabar 26 años de hegemonía de la derecha en Madrid. Pero eso no ha pasado.

Sorpasso de Más Madrid

Y luego estaba la incógnita del desempeño de Más Madrid. Una escisión por la derecha de Unidas Podemos encabezada por Iñigo Errejón, anterior número dos de Podemos a escala estatal y por una mujer médica en el ámbito regional de Madrid, Mónica García.

Más Madrid, el partido fundado por Errejón y la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien llegó a la alcaldía gracias a Podemos e Izquierda Unida, ha sabido representar la alternativa al PP tanto en el Ayuntamiento –fue el partido más votado en las elecciones municipales de 2019, si bien el pacto entre PP y Ciudadanos, apoyado por Vox, le apartó del poder– como en la Comunidad, más aun al ser su portavoz médica.

Y esa capacidad para representar la alternativa al PP en un Ayuntamiento en el que no están Podemos ni IU tras la escisión de Carmena; y una Asamblea regional, en la que la pandemia ha facilitado el despegue del perfil de Mónica García, ha terminado por propiciar algo inédito en las elecciones de la Comunidad autónoma de Madrid: el sorpasso al PSOE por otra fuerza progresista, en este caso por Más Madrid.

Tanto uno como otro se quedan en 24 escaños, pero Mónica García adelanta al candidato socialista, Ángel Gabilondo, por un puñado de miles de votos.

Delicado mapa de la izquierda

Las elecciones madrileñas dejan varias claves.

Una de ellas es que el PSOE queda muy tocado: ha perdido 10 puntos porcentuales, después de haber sido el partido más votado en 2019. Y ha sido superado por Más Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid ya fue superado por otra fuerza progresista, Ahora Madrid, en 2015; y luego por Más Madrid en 2019. En efecto, su situación en Madrid es calamitosa, aunque comande el Gobierno del Estado, con Pedro Sánchez.

La consolidación de Más Madrid configura un espacio progresista, afín a los Greens europeos, como pueda ser el caso de Compromís en Valencia, pero con escasa proyección estatal: en la actualidad disponen de dos diputados nacionales, Errejón e Inés Sabanés –Más País-Equo–. Pero lo cierto es que es un espacio madrileño que no parece pasajero y que puede tener incidencia en el diseño de un espacio estatal y en las alianzas que puedan darse.

Unidas Podemos pierde a su líder, Pablo Iglesias, uno de los referentes de la izquierda europea, y se enfrenta a varios retos: el liderazgo de Unidas Podemos, que es una candidatura electoral y que todo apunta que recaerá en la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y militante del PCE, Yolanda Díaz. Pero que deja el espacio, en el que participan Podemos, IU, los comuns catalanes, en una fase de reflexión sobre cómo configurar el espacio de aquí a que haya elecciones en dos años: ¿hay que recomponer relaciones con Errejón y Más País/Más Madrid? ¿Hay que recomponer alianzas con otros integrantes del espacio que han ido despegándose, como el propio Compromís y ciertos miembros de los comuns, u otros sectores? ¿Hace falta algún tipo de desarrollo orgánico de Unidas Podemos, a la imagen del Frente Amplio, o todo lo contrario?

Por otro lado, las consecuencias del desplome de Ciudadanos son que el PP sólo encuentra alianzas a su derecha, y sólo con la extrema derecha al PP no le da para ganar llegar a Moncloa, porque ni nacionalistas vascos y republicanos catalanes serían cómplices de un pacto con Vox.

¿Qué pasará ahora?

El PP tiene asegurado gobernar, le basta con la abstención de Vox. Eso sí, Ayuso no sólo es la antagonista de Sánchez, ahora se ha convertido en una alternativa para el presidente del PP, Pablo Casado. A Ayuso le vale la abstención de Vox, pero tendrá que negociarla.

Mientras tanto, la derecha querrá leer este resultado como la excusa perfecta para erosionar al Gobierno: los miembros del Ejecutivo, PSOE y UP, han estado por debajo de las expectativas, ergo su posición como formaciones que están al frente del país será criticada duramente.

Lo que dudan las fuentes es que esto vaya a tener grandes consecuencias a escala estatal. En el sentido de que las derechas pueden atribuirse un triunfo, pero en el Congreso difícilmente un acuerdo PP-Vox vaya a tener más aliados, lo que cortocicuita su ilusión de llegar a Moncloa.

Mientras tanto, Ayuso revalidará por dos años –habrá otras elecciones en el verano de 2023, como marca el calendario–, pero por el camino la izquierda pierde a un líder de la talla de Pablo Iglesias.

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