Escribe: FRL Equipo de Buenos Aires

El rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional se impuso en Chile con el 61.87% de los votos, dando cierre a este ciclo de reformas constitucionales que se inició en octubre de 2020 con el apoyo masivo al plebiscito constitucional, resultado de un acuerdo transversal como salida política institucional al levantamiento popular de enorme magnitud acontecido en 2019.

Fotografía: Alex Wischnewski

Por primera vez desde el regreso a la democracia Chile asistió a una elección con voto obligatorio. Un poco más de 13 millones de personas -más del 85% del padrón electoral- asistieron el domingo pasado a las urnas para definir el destino del nuevo texto que reemplazaría la Constitución redactada por la dictadura. El rechazo se impuso en todo el territorio nacional, incluyendo las grandes ciudades que constituían un foco de esperanza para el activismo del apruebo. Los resultados de los dos plebiscitos constitucionales ponen de manifiesto que el pueblo Chileno no quiere la continuidad de la Constitución de Pinochet, pero esta nueva constitución tampoco. Pronto debe llegar el momento de plantear qué estrategias y en qué terrenos de disputa transitará el campo popular; y abrir análisis respecto de cómo se explica este hecho en un contexto de avance de las derechas políticas y una continua desconfianza en las instituciones y sobre qué consecuencias tendrá para el escenario político latinoamericano.

Es imposible acercar análisis acabados o conclusiones respecto de la magnitud de las consecuencias que traerá las elecciones del domingo, o sobre el desenlace que tendrá este proceso. Sobre lo que si no hay mucho margen de duda es sobre la nueva relevancia que toma el rumbo del actual gobierno frente al pliego de reivindicaciones y demandas que quedó contemplado en el espíritu y la letra de esa nueva constitución propuesta por la Convención.
El triunfo del rechazo nos pone frente a la imperiosa tarea de revisar las propias falencias del proceso y los debates constitucionales que, por errores propios y avideces ajenas, quedaron encerrados en el recinto; la dinámica política de la izquierda que una vez más actuó dividida mientras las derecha avanzaba unificada; del nuevo gobierno que encabeza Gabriel Boric, que no solo fue un gran ausente como pedagogo electoral sino que con la idea de “aprobar para reformar” afectó de manera sustancial la campaña por el Apruebo; y de la coyuntura política chilena signada por una creciente crisis económica que involucra un aumento inédito de la inflación, depreciación de la moneda, desinversión y endeudamiento.

Fotografía: Alex Wischnewski

Además de ello, es central comprender la estrategia de las derechas en relación al plebiscito constitucional, asumida luego de las elecciones de los convencionales constituyentes en mayo de 2021, momento en el que se evidencia la crisis de los partidos tradicionales frente al avance de los convencionales constituyentes que venían de fuera de la política partidaria, ya sea porque se presentaron como independientes o como parte de organizaciones sociales. Esto representó en su momento tanto una potencialidad, como su propia debilidad. La derecha optó por no disputar los debates en la Convención, sino trabajar muy meticulosamente en el menoscabo y la deslegitimación de la Convención y del proceso; construyendo un clima complejo de desconfianza y desilusión.

La definición de la figura de Convención Constitucional en vez de Asamblea Constituyente restringió las posibilidades de participación real, abierta y amplia del pueblo chileno en la definición del nuevo texto. Lo que empezó con enormes debates al calor de cientos de asambleas populares desperdigadas por todo el territorio nacional, terminó encorsetado en un recinto del centro de Santiago. De esta manera, la comprensión y el conocimiento de la sociedad respecto del nuevo texto constitucional se vio enormemente limitada. Escenario perfecto para que la derecha avasallara con su campaña por el Rechazo.

No obstante, con dificultades y debates, el texto constitucional terminó siendo uno de los más innovadores en materia de democratización política con una impronta signada por el feminismo, el ambientalismo y la democratización plurinacional de las instituciones políticas. Sin embargo, sin estructuras políticas nacionales, y con una dinámica muy exigente, los debates de los constituyentes fueron quedando aislados de la sociedad, impugnados desde dentro y desde fuera de la convención. El resultado es un reflejo de la debilidad y la pérdida de legitimidad del gobierno y del propio proceso constituyente. La reforma puesta en debate por Boric impugnó la propuesta antes de las elecciones del domingo. La derecha logró pegar el proceso constitucional al gobierno y por tanto la elección se concibió, también, como un mensaje frente al mismo.

La falta de un proceso pedagógico impulsado por el Estado para comprender el texto de la nueva constitución, y por tanto para disputar su contenido, fue un elemento importante. Era necesario un intento de desarmar la intensa campaña sucia a través de los medios y la calle, contraponer la narrativa del Rechazo. Esta compaña, iniciada tempranamente, desplegó una batería de noticias falsas que apuntaron a temas centrales para las mayorías: el temor a perder la vivienda, los ahorros, la seguridad. La ofensiva mediática cargó una radicalidad a la Constitución muy alejada del texto real. Centró sus disparos en lugares sentidos por la mayoría, sencillos de comprender y temer. La campaña del Apruebo, por el contrario, se inició en las últimas semanas, y fue un proceso a la defensiva, saliendo a todos los territorios a desmontar el relato instalado por los impulsores del rechazo.

Fotografía: Alex Wischnewski

Sin embargo, es importante no subestimar a la sociedad creyendo que hay una relación casi automática entre los discursos propiciados por la derecha y el voto por el rechazo. No hay que culpar al Pueblo. El pueblo tiene autoagencia, pero lo que pasó con la Convención, la violencia, los maximalismos, ayudaron a las dificultades para lograr una aceptación general; no se logró consolidar un proceso de identidad con la Constitución propuesta.

El descontento entre las y los defensores del nuevo texto constitucional es inconmensurable, tanto como el saldo organizativo, de discusión política y de construcción colectiva que deja el proceso constitucional en Chile. Hoy hay un nuevo texto, perfectible, pero suficiente en tanto agenda política. El estallido social de 2019, el referéndum de entrada en el que por un 80% la población dijo estar de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, el triunfo de Gabriel Boric y la ampliación de la representatividad del progresismo y la izquierda en distintas regiones del país y una Convención constituyente paritaria en términos de género y cuya primera presidenta fue una mujer indígena deja en evidencia que se asiste a un proceso trascendente y transversal de exigencias por cambios y reformas estructurales. Este es el Chile de los últimos años, por ello resultaría difícil creer que el pueblo, aquel que propició este escenario, vaya a renunciar a sus demandas. Hay un gran camino recorrido hasta aquí y la puerta hacía un nuevo Chile aún se encuentra abierta.

Una entrevista con 

Entrevista por Pablo Abufom

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

El primer paso para una nueva Constitución en Chile ya ha concluido. El 16 de mayo se entregó oficialmente el borrador de la nueva Carta Magna, que consagra grandes cambios para la sociedad chilena, particularmente en derechos sociales, participación política paritaria y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. 

En materia de derechos sociales, incorpora demandas que han sido bandera de lucha de las organizaciones populares desde el mismo inicio de la contrarrevolución neoliberal de la dictadura. La nueva Constitución busca recoger esas aspiraciones y garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación, pensiones dignas, educación no sexista y derecho al aborto bajo la noción de un «Estado social y democrático» que se reconoce plurinacional, intercultural y ecológico.

Pablo Abufom, de Jacobin América Latina, conversó con Karina Nohales —feminista, abogada y militante de la Coordinadora Feminista 8M—, quien es parte del equipo de la vocería constituyente de Alondra Carrillo. Analizaron la relevancia de las normas aprobadas, especialmente aquellas vinculadas a trabajo y los derechos laborales, y profundizaron en los desafíos que este nuevo periodo constitucional abre para la clase trabajadora plurinacional de Chile.

 

PA  | Uno de los hitos más importantes de la Convención Constitucional fue la aprobación de una serie de derechos sociales que venían siendo peleados por las organizaciones populares durante décadas. Esto incluye la aprobación de un conjunto de derechos laborales que estaban pendientes desde el fin de la dictadura. A tu juicio, ¿cuáles son los más significativos?

KN | En primer lugar, hay que destacar una dimensión tiene que ver con las lecturas feministas sobre el trabajo. El feminismo entra a la Convención con la fuerza de gigantescas movilizaciones y de importantes procesos de reflexión programática, logrando plasmar en términos constitucionales una innovación en lo que refiere al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, consagrando una comprensión de estos trabajos que ha sido elaborada y sostenida principalmente por lo que podríamos denominar un feminismo socialista, estableciendo que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios, que son indispensables para la sostenibilidad completa de la sociedad y que, por tanto, tienen que ser socialmente sostenidos mediante un sistema integral de cuidados de carácter estatal.

Se trata de una perspectiva que los desprivatiza, desplazando las coordenadas de un feminismo más liberal que se detiene en las políticas de corresponsabilidad entre sexos, que por cierto son necesarias, pero que se mantiene dentro de esta concepción del hogar como un espacio privado. Hoy hemos avanzado en instalar, junto a su reconocimiento, una perspectiva de socialización de estos trabajos.

Luego están las normas que competen a la esfera del derecho individual del trabajo asalariado. En esta materia quedan consagradas cuestiones relevantes que recogen los principios y parámetros del derecho internacional, especialmente de la OIT, y que en la realidad local constituyen un avance respecto de lo hasta ahora existente, toda vez que en la Constitución de Pinochet el trabajo aparece desanclado de la esfera de los derechos, limitándose a consagrar la libertad de trabajo, es decir, la supuesta libertad del trabajador o la trabajadora de elegir dónde trabajar y la libertad de las empresas de elegir libremente a quiénes contratar.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con los derechos colectivos del trabajo. La nueva Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical en sus tres dimensiones: sindicalización, negociación colectiva y huelga, desmontando con ello algunos enclaves constitucionales y legales estratégicos impuestos por la dictadura y por la transición democrática. En primer lugar, consagra el derecho de los y las trabajadoras del sector público y privado a constituir sindicatos en cualquier nivel y el derecho de estas organizaciones a trazar sus propios fines. En segundo lugar, establece la titularidad sindical exclusiva en la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación en cualquiera de los niveles que las y los trabajadores del sector público y privado decidan, y fija como único límite a la negociación los derechos laborales irrenunciables. En tercer lugar, garantiza el derecho a huelga a las y los trabajadores del sector público y privado, tengan o no sindicato, quienes podrán decidir el ámbito de los intereses que pretenden defender a través de ella y el nivel en que esta se desarrolla. Se establece además que la ley no podrá prohibir la huelga.

Estos tres elementos, así consagrados, suponen un giro copernicano respecto de la Constitución de 1980 —que nombra solo una vez la palabra «huelga»: para prohibirla a los y las trabajadoras del sector público— y también respecto de la legislación vigente, que permite la negociación colectiva solo a nivel de empresa, de manera que no puede ser ejercida de manera conjunta por trabajadores o trabajadoras de dos o más empresas diferentes y que reconoce el ejercicio de la huelga únicamente dentro del marco del proceso de negociación colectiva «legal».

En un país donde más del 40% de la fuerza laboral formalmente asalariada trabaja en pequeñas y medianas empresas, en un país donde ha tenido lugar un proceso de descentralización productiva brutal, este marco legal ha reducido a la impotencia la herramienta de la negociación y de la huelga, llegando a configurarse una realidad más cercana a las negociaciones pluripersonales que colectivas. Esto último se refuerza por la existencia de los denominados «grupos negociadores» que pueden configurarse de manera transitoria dentro de las empresas con el único fin de negociar condiciones comunes de trabajo, práctica de carácter antisindical que es legal en Chile y que tiene un impacto fragmentador muy nocivo.

Hoy, con la titularidad sindical de la negociación colectiva, la nueva Constitución permitirá desterrar esta práctica que ha permitido a las empresas mantener dentro de una misma unidad laboral un sinnúmero de grupos de trabajadoras y trabajadores sujetos a condiciones diferenciadas de trabajo. Bueno, y obviamente otra de las grandes noticias es que las y los trabajadores del Estado ya no solo no tendrán prohibida la huelga, sino que tendrán derechos colectivos plenos.

Lo sorprendente es que estos avances han sido plasmados jurídicamente por un órgano que no cuenta con autorrepresentación directa del mundo sindical. Esto debe llevarnos a preguntarnos por qué fue posible algo así.

 

PA |Me interesa que conversemos sobre ese punto. ¿Qué otras normas se aprobaron que estén asociadas a las luchas sindicales o de trabajadoras no sindicalizadas?

KN | Hay dos normas más a destacar. Por una parte, se aprobó el derecho de los y las trabajadoras a participar, a través de sus organizaciones sindicales, de las decisiones de la empresa. La manera en que se va a llevar a cabo esa participación queda entregada a la ley. Sin duda, esto abrirá debates interesantes en el futuro próximo.

Por otra parte, inseparable del tema del trabajo, es el derecho a la seguridad social que se consagra. Tiene varias características destacables. Primero, se establece que le corresponde al Estado definir la política de Seguridad Social sobre principios como la solidaridad, el reparto y la universalidad. Segundo, se mandata la creación de un Sistema Público de Seguridad Social destinado a cubrir contingencias diversas e integrales. Tercero, establece que el financiamiento del Sistema se hará a través de aportes obligatorios de los y las trabajadoras y de los empleadores y por las rentas generales de la nación, no pudiendo destinarse este dinero a fines distintos que el pago de los beneficios del sistema. Finalmente, las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección del Sistema Público de Seguridad Social.

Todas estas características suponen un cambio absoluto respecto del sistema de capitalización individual que hoy existe, sistema que es administrado exclusivamente por empresas privadas (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), que es financiado exclusivamente por el aporte de las y los trabajadores (el empleador no aporta), que invierte estos dineros en acciones en la bolsa de valores generando pérdidas irrecuperables (en 2008, producto de la crisis subprime, se perdió cerca del 40% del ahorro previsional de las y los trabajadores de Chile) y que al no estar destinado a pagar pensiones ofrece al final de vida laboral ingresos de miseria.

 

PA | Respecto a los efectos que van a tener estas nuevas normas constitucionales me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué implicancias van a tener las normas sobre reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado.

KN | Bueno, en todos los temas en que se consagran derechos sociales como este hay una dimensión que es legislativa, que es darle una bajada legal a lo que ha quedado consagrado en la Constitución. Una de las cuestiones que se aprobó en esta Constitución también es la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Ley.

Pienso que una de las primeras tareas va a ser elaborar una Iniciativa Popular de Ley que diga en qué consiste este sistema integral de cuidados: ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus dimensiones comunitarias? Y eso va a poner a sectores muy diversos dentro del movimiento feminista ante la necesidad de construir una posición, un debate y una propuesta transversal y echar a correr la imaginación política, porque este tipo de sistema, que existe en otros países, nunca ha tenido lugar en Chile.

Esa es una dimensión con respecto a la cual me siento optimista porque el movimiento feminista (así nombrado, en singular, en toda su diversidad) fue el único sector capaz de construir y presentar ante la Convención Constitucional iniciativas populares de normas unificadas, a diferencia de lo que ocurrió en salud, en educación, en trabajo o en seguridad social, donde hubo más de una iniciativa popular de norma para cada materia. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y a una educación no sexista, tuvimos propuestas de normas unificadas. En ese sentido la experiencia de la Convención ha sido  muy importante para prefigurar esa dimensión de la tarea política que se viene.

Y por otro lado, creo que se viene el trabajo de difundir lo que significa una perspectiva de socialización de estos trabajos, porque realmente son términos todavía ajenos para la población, para muchas mujeres de sectores no necesariamente marginales, sino también de sectores medios donde toda la noción del problema, de la doble jornada de trabajo y de todo esto que nos dicen que es amor en vez de trabajo no pago, sigue en los márgenes de la corresponsabilidad entre géneros. Por ejemplo, sigue enmarcado en demandas como la exigencia de salas cuna financiadas por los empleadores, lo que implica también la monetarización como forma de sostener este tipo de trabajos.

Entonces creo que aquí se abre un desafío mayor y de más largo aliento que compromete horizontes políticos más profundos. No sé hasta qué punto se podrá sostener esa unidad transversal de los feminismos con respecto a esto, ya que históricamente tenemos concepciones muy diferentes sobre este problema. No necesariamente tendrá que resolverse de manera definitiva: puede que haya disputas también en los debates feministas, una disputa por qué lecturas feministas sobre estos trabajos se tornan más hegemónicas.

 

PA | En esa misma línea, hay algo inédito en este momento que es un gobierno que se autodenomina feminista: hay cuadros políticos del feminismo organizado que entraron al gobierno y tienen puestos importantes, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en adelante.

¿Cómo proyectas esa disputa de la que hablas, si tomamos en cuenta que una de las contrapartes de ese debate es un sector que está en el gobierno? ¿Va a significar un debate más difícil, una polarización más fuerte con respecto a las tendencias más institucionalizadas? ¿O quizá la posibilidad de realizar estas transformaciones de manera más rápida?

KN | Si lo ponemos en términos de más fácil o difícil yo diría que ambos, definitivamente. Más fácil porque, efectivamente, la existencia de un sistema integral de cuidados forma parte del programa del actual gobierno. Entonces van a posibilitarse, o por lo menos no obstaculizarse, estas perspectivas en lo que refiere a la institucionalidad y las políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se ve que no es fácil ser gobierno, manejar un presupuesto fiscal y tener recursos limitados. No es lo mismo que estar por fuera, y que la cuestión pase solo por demandarle cosas al Estado. Entonces va a ser más fácil y difícil a la vez. Pero si sumamos y restamos, por supuesto que las condiciones de viabilidad están habilitadas, cosa que no tendríamos con un gobierno de otro tipo.

 

PA | Uno de los problemas que señalaste tiene que ver con la fragmentación de la organización de trabajadores y trabajadoras, a partir de la fragmentación misma de la producción en Chile: una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas comerciales o que prestan servicios a los principales sectores productivos, sobre todo agrícolas, forestales y mineros. Esto es reforzado por una legislación que fragmenta en grupos negociadores, en múltiples sindicatos en una misma empresa, etc. 

Dado este escenario, ¿qué implicancias crees que van a tener las normas sobre negociación colectiva en la nueva Constitución? ¿Qué desafíos va a suponer para el movimiento sindical hacerse cargo de ese cambio?

KN | Bueno, en Chile nunca hubo un sindicalismo fuerte, aunque existe ese mito de que antes del golpe de Estado de 1973 había un sindicalismo muy glorioso. Por supuesto, es real que los 17 años de dictadura aplastaron brutalmente al movimiento obrero, y eso conllevó un retroceso histórico irreversible en muchísimas dimensiones, pero eso no hace que ese pasado adopte las magnitudes que a veces se le atribuyen. Por eso es tan importante pensar estos procesos no como un retorno al pasado —que a veces es un anhelo en cierta izquierda: el retorno a un pasado que era virtuoso y que nos fue violentamente arrebatado— sino desde esa memoria que reivindicamos… construir siempre una alternativa de futuro que sea mucho más potente que lo que estaba planteado ahí.

Yo creo que los feminismos han sido particularmente enfáticos en decir «no se trata de volver a lo que teníamos». Y es esperable, porque también nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esos procesos pasados. En particular, el mundo sindical siempre ha tenido una estructura  débil porque ha ido muy aparejada al sistema productivo en Chile, y nunca existió aquí —a pesar de que no estaba prohibida por ley— la negociación o la sindicalización por rama productiva, como hizo después la dictadura. Hubo ejemplos, pero fueron claramente la excepción a lo que era la estructura que subsiste hasta hoy, que ha sido la de sindicato base, federación, confederación, central. Una cadena orgánica absolutamente piramidal y que reproduce fuertemente las pulsiones  burocráticas, que siempre están presentes y que tienden a reproducirse. Y eso fue así desde siempre.

Los niveles de sindicalización nunca fueron muy altos en Chile. Hay un momento bastante excepcional cuando se dicta la Ley de Sindicalización Campesina en 1967. Ahí hay un salto porque el campesinado se puede sindicalizar, y después tiene su clímax en 1972 durante la Unidad Popular, cuando de hecho estábamos frente a una coyuntura absolutamente extraordinaria.

Entonces lo que se está habilitando con la nueva Constitución son formas y niveles de negociación inéditos, no un volver atrás. Y esto viene a caer al presente en una tierra  bastante yerma, estéril, que es la del sindicalismo de la transición democrática, que se ha caracterizado por dos grandes corrientes: una, que es predominante, han sido los instrumentos sindicales ad-hoc de los partidos de la transición, de ese sindicalismo es expresivo la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que ha sido un sindicalismo de mucho entreguismo a las políticas de administración del neoliberalismo y que ha estado conducida siempre por los partidos de los treinta años. Del otro lado podríamos decir que están los reductos de la insistencia de un sindicalismo de combate, de la tradición obrera, de la lucha de clases. Estos sectores no se han propuesto (o aun habiéndoselo propuesto no lo ha conseguido) constituirse como una corriente de trabajadores y de trabajadoras en el sentido de no ser una corriente «autoafirmativa» de una tendencia política o ideológica en particular. Junto a eso han convivido sectores que sí han tenido una política de combate, en el sentido que han librado grandes huelgas y rebasando la ilegalidad dictatorial, poniendo en jaque a sectores importantes del empresariado en el país pero que no necesariamente tienen una formación política, una política sindical, que los unifique en un proyecto general. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Portuaria.

 

PA | En el contexto que propone la nueva Constitución, ¿cuál sería el desafío para el sindicalismo?

KN | Yo no sé si este es un desafío para el sindicalismo, esa es mi duda. Yo creo que este es un desafío para la clase trabajadora. Uno, porque estamos ante un sindicalismo que no sabe cómo hacer esto que tenemos que hacer, en el sentido de que nunca lo ha hecho: nunca ha existido como parte de la estructura sindical en Chile, ni ahora ni hace 80 años. Y al mismo tiempo estamos frente a una clase trabajadora que tiene una experiencia muy ajena al sindicalismo. A mí me parece que uno de los desafíos va a ser poder generar una política de unidad de los y las trabajadoras para hacerse cargo de esta tarea política que nadie puede hacer en su nombre, que es generar su unidad para constituir organizaciones fuertes dispuestas a luchar y enfrentarse al empresariado.

No está claro si eso se conseguirá desde una posición de independencia de clase o no, y no me refiero a una ideología del tipo sindicalismo rojo, sino de una independencia de clase, sin compromisos con el gran empresariado. Eso va a tener que ver con qué sector toma la iniciativa, pero sin dudas me parece que en este momento quienes están en mejores condiciones para tomar esa iniciativa son aquellos sectores políticos que tienen una inserción importante en el mundo sindical. Lamentablemente, esa mayor inserción la ostentan en no pocas áreas clave sectores partidarios no independientes. Yo no sé si van a ser esas dirigencias o no las que en primera persona se hagan cargo de esa tarea, pero sí tienen ventaja quienes se han construido orgánicamente en las filas sindicales. Creo que si prospera esta tarea política de construcción de grandes organizaciones sindicales, grandes negociaciones colectivas y huelgas potentes, vamos a ver también la extinción fratricida entre muchas dirigencias sindicales. Hay muchísimos feudos en ese mundo… pequeños, pero feudos al fin y al cabo.

 

PA | Una de las sorpresas del resultado de la elección de constituyentes [el 15 y 16 de mayo de 2021] fue que a la Convención Constitucional ingresó solamente una dirigenta sindical, Aurora Delgado, trabajadora de la salud y vocera de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP en la ciudad de Valdivia.

Ningún otro dirigente sindical, pese a que hubo candidaturas de larga trayectoria y con posiciones de primera fila (como es el caso de Bárbara Figueroa, que en ese momento recién había dejado de ser presidenta de la CUT, y Luis Mesina, que fue el referente de la coordinadora NO+AFP durante muchos años). Se trataba de una coyuntura muy aguda, que podría haber catapultado a esas dirigencias a un lugar significativo políticamente. ¿Por qué crees que no hizo sentido que esas dirigencias asumieran tareas políticas en la Convención?

KN | Esa es una pregunta ineludible, muy necesaria. ¿Por qué en una elección en la que son amplísimos los sectores populares que van a votar por la «revuelta», cuando se elige el órgano constituyente, el sindicalismo en todas sus versiones, sea el sindicalismo de la transición, el sindicalismo combativo, todos los sectores del sindicalismo aparecen como algo ajeno y nadie resulta elegido, salvo la compañera Aurora Delgado, dirigenta de la salud pública?

¿Qué nos dice eso? Muchas cosas. Hemos afirmado que la revuelta también fue un balance de lo que han sido estos 30 años y creo que el sindicalismo —o un sector muy importante y hegemónico del sindicalismo— no escapa al cedazo de ese balance. Las conducciones tradicionales, en manos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, también aparecen a ojos de la población identificados con los partidos del orden, esos que han sido impugnados a través de la revuelta. Ese es un momento de este balance.

Otro momento de este balance tiene que ver con que este sindicalismo aparece como una experiencia ajena para sectores muy numerosos de la clase trabajadora. Eso por todo lo ya dicho sobre la estructura del trabajo en el país, por los niveles de informalidad laboral, por la estructura legal que habilita o no a unos y otros para sindicalizarse, pero también por lo que ha sido una política gremial muy impotente del mismo sindicalismo, incluso de esos sectores que están más dispuestos a la lucha.

Hoy día no existen herramientas sindicales que permitan agrupar en conjunto a trabajadores y trabajadoras informales, a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a trabajadores y trabajadoras no remuneradas, incluso a los sectores desempleados. En pocas palabras, no tenemos una corriente sindical que se haya propuesto deliberadamente generar una política de unidad de la clase trabajadora en torno al problema del trabajo, que no es un problema en singular, es un problema que tiene que ser comprensivo de todas estas realidades.

A pesar de esta terrible ausencia de una política sindical para la realidad efectiva de esta clase trabajadora, son muchos los sectores sindicales que pueden ser militantes o empujar posiciones de izquierda dentro del sindicalismo que conciben que en el sindicato está la titularidad general de la lucha de la clase trabajadora, y que afirman por lo tanto esa titularidad en las características con que se presenta formalmente: masculina, formalmente asalariada, y organizada en sindicatos. Pero podríamos preguntarnos ¿cuál es hoy el porcentaje de esa clase trabajadora masculinizada, formalmente asalariada y sindicalizada? Es la minoría.

Sin embargo, hay quienes afirman que esa titularidad orgánica de la clase trabajadora la tienen esos sectores, a pesar de un contexto político en que han emergido movimientos sociales con una potencia mucho mayor que la sindical, que han protagonizado movilizaciones masivas, que han sido además la antesala de la revuelta y del estallido social, en la que evidentemente estamos viendo demandas que hace 100 años podría haber portado el sindicalismo y que ya no aparecen portadas desde allí, y tampoco pareciera interesarle al mundo sindical disputar el podio para conducir en una perspectiva unitaria esas demandas.

De hecho, es tal la dislocación entre lo que clásicamente aparecía como portado por el sindicalismo dentro de un programa general de la clase trabajadora, que una de las demandas más relevantes del mundo sindical en estas décadas, el fin del Plan Laboral de José Piñera (hermano del ex Presidente) y de Pinochet, se ha logrado sin presencia sindical en la Convención, lo ha logrado un órgano en el que está autorrepresentado el pueblo trabajador, que ha hecho suya esa demanda central sin ser representante directo del mundo sindical. Ahí está la clase trabajadora actuando, aunque no lo haga bajo sus formas sindicales. Es la clase trabajadora la que ha logrado concretar esa demanda. Esa es una buena noticia.

 

PA | Para cerrar, creo que es relevante señalar que en el nuevo catálogo de derechos de la Constitución encontramos derechos sociales por los que se viene luchando hace muchísimo, con grandes organizaciones, movilizaciones, y una historia que se remonta décadas. 

La excepción a esto es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, una demanda que ha tomado muchas formas en nuestra historia, pero que es relativamente nueva en la forma en que fue aprobada [existe la propuesta de un Sistema Público de Cuidados]. Este es un derecho que logra dar un gran salto y entrar directamente al borrador de nueva Constitución. ¿Qué opinas de esa circunstancia? ¿Podría pensarse la nueva Constitución como una «puesta al día» respecto a esa composición de la clase trabajadora chilena a la que hacías referencia?

KN | Sí, en parte. O sea, es imposible que un órgano conformado por 154 personas pueda ser expresivo en su totalidad de eso. Pero hay dos sectores que ingresan masivamente a la Convención a través del voto popular, que son los sectores que se han organizado en torno a las luchas feministas, y los sectores que se han organizado en torno a la lucha socioambiental. En particular, los sectores que han sostenido las demandas y las movilizaciones feministas en estas décadas entran premunidos de un programa y de instancias previas muy transversales y nacionales de discusión y deliberación política, además del haber coordinado jornadas gigantescas de movilización. El «Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan» hizo posible ese programa, y es una ventaja infinita que fue muy palpable dentro de la Convención.

Pero además el feminismo hoy en Chile se ha ido convirtiendo en sentido común y, sobre todo, tiene una especie de lugar de autoridad, incluso a ojos de quienes no se oponen radicalmente al feminismo, pero que tampoco les simpatiza o les parece que una serie de cuestiones que plantea el feminismo son «excesivas». Son sectores que no se atreven a quedar expuestos, a ojos del conjunto de la población, como opositores a las demandas feministas. Que el feminismo tenga una autoridad en el sentido común de masas ha sido muy relevante para que avancen cuestiones que son inéditas en el orden institucional a nivel local e internacional. Sabemos que este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero también ha logrado consagrar una democracia paritaria sin techo: todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen que estar integrados al menos por un 50% de mujeres. No 50% y 50%: puede ser 80% o 100% mujeres.

Otra cuestión ha sido el derecho al aborto, algo que no podíamos alcanzar desde el poder constituido. Hace muy poco, en septiembre del año pasado, el Congreso Nacional rechazó la despenalización del delito de aborto y hoy día la interrupción voluntaria del embarazo se ha logrado consagrar como un derecho fundamental en todas las causales a través de la Convención. Ahí hemos contado con el voto de gente que jamás lo hubiese aprobado en el marco del debate parlamentario, sectores políticos que no aprobaron ni siquiera la despenalización.

Entonces la fuerza con la que ingresa el feminismo a la Convención es bastante impresionante, y se hace cargo de una serie de demandas históricas del feminismo, incluyendo la del trabajo doméstico y de cuidado. Concuerdo contigo que en Chile no hubo algo así como una ola de movilización feminista que pusiera esta demanda de la socialización de los trabajos como el más  central de los elementos, pero también vamos a estar de acuerdo en que no es una demanda nueva en el mundo. Ya en la Revolución Rusa se ensayó un programa de socialización de los trabajos; era parte de esa perspectiva programática, tuvo una centralidad muy importante en la denominada segunda ola feminista, y también en el momento de irrupción feminista internacional en el que estamos. En Chile ha llegado también en parte como contagio y afortunadamente ha podido caer en manos de sectores feministas organizados que han tomado la decisión deliberada de hacer suyas estas perspectivas que podemos considerar las más desarrolladas programáticamente que ha habido en la experiencia internacional e impulsarlas acá también.

Pero sí, la posibilidad de consagrar algo que tal vez no estaba en el corazón de las demandas de las movilizaciones feministas, y que constituye una perspectiva muy avanzada en la lucha feminista internacional de más de un siglo, es algo que da cuenta no solo de que el feminismo es capaz de hacerse cargo de su agenda histórica sino que además ha logrado empujar sin contrapesos serios dentro de la Convención Constitucional el carro de una serie de demandas que tradicionalmente nos dirían que no son «propiamente feministas» y que son demandas de la clase trabajadora «en general».

Siempre están los sectores que insisten de situar al feminismo en una lugar de particularidad, pero la apuesta feminista de los sectores organizados que han podido impulsar y de alguna manera conducir el proceso feminista de los últimos años en nuestro país se han planteado también deliberadamente esto, eso que denominamos una orientación de «transversalización del feminismo en el movimiento social», y que concibe su propia actividad como una forma de acción política de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda queda consagrado en la nueva Constitución como una demanda histórica del movimiento de pobladores y pobladoras sin casa, pero al mismo tiempo dentro del mismo derecho a la vivienda está contemplada la existencia de casas de acogida para las personas que viven violencia de género.

Quiero decir que esta transversalización no implica solo hacernos cargo de demandas que largamente han existido en el mundo popular, sino también de imprimirles y de repensar cada una de estas demandas en su dimensión, en su impacto y en su alcance en términos de sexo y de género, porque para todas estas políticas —y así va a estar consagrado en el lenguaje de la nueva Constitución— vamos a hablar de mujeres, de disidencias y diversidades sexogenéricas, inscribiendo este proceso, uno de los procesos de mayor avance feminista de las últimas décadas, dentro de una perspectiva feminista deliberadamente transincluyente. Esto es parte ineludible de su potencia.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Escribe:

Foto Felipe Figueroa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.

 

Luego de nueve meses de funcionamiento, la Convención Constitucional avanza a paso firme en la redacción de la nueva Constitución. A la fecha de redacción de esta nota, el borrador de la nueva Carta Magna cuenta con más de 200 artículos, aprobados todos por un quórum superior a los dos tercios del Pleno de la Convención.

Estos artículos son fruto del trabajo de siete Comisiones Temáticas: la comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral; la comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía; la comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad y Justicia Territorial; la de Derechos Fundamentales; la de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico; la comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional y la de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

Los artículos aprobados para el borrador de la Nueva Constitución, que ya han sido aprobadas en general y en particular por el Pleno de la Convención Constitucional, nos permiten identificar una «columna vertebral» que se expresa en distintos artículos a lo largo de todo el texto. El artículo 1 de la Nueva Constitución, aprobado por el Pleno de la Convención, es una síntesis de ello:

Artículo 1. Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico.

Se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.

La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.

Desmantelar el neoliberalismo y garantizar derechos sociales

La caracterización de Chile como un Estado Social es la piedra angular para desmantelar el sistema neoliberal constitucionalizado en la Constitución de 1980, a la cual subyacía el principio de subsidiariedad, que se expresó en una subordinación del Estado respecto al mercado, reduciendo su rol a subsidiar la actividad privada incluso en la provisión de derechos sociales como educación, salud y seguridad social, los cuales fueron mercantilizados.

Consagrar el Estado Social es un paso para dejar atrás las políticas neoliberales, haciendo avanzar al Estado en dos importantes dimensiones: su rol en garantizar los derechos sociales a través de instituciones públicas y un rol activo en la economía.

Sobre los derechos sociales, las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales (que todavía deben ser aprobadas) consideran como deber del Estado no solo garantizar estos derechos sino crear institucionalidad pública. Por ejemplo, para el derecho al cuidado se dispone la creación de un Sistema Integral de Cuidados; en el derecho a la vivienda, se dispone un rol activo del Estado en desarrollar el diseño y construcción de éstas, sumada a la administración de un Banco de Suelo Público; en el derecho a la salud se consagra un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado; mientras que en el derecho a la educación se habla de un Sistema de Educación Pública. Estos son pasos importantes para fortalecer lo público y desmercantilizar los derechos.

Sobre el rol activo del Estado en la economía, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico ha aprobado normas para cambiar los principios que reconoce la iniciativa pública del Estado en la actividad económica, pudiendo adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización para desarrollar su actividad empresarial, y pudiendo también reservarse la provisión exclusiva de bienes o servicios cuando así lo exigiere el interés general; la recuperación de los bienes comunes naturales explotados hoy por privados, como ocurre con las aguas, las sustancias minerales; y una reorientación de la política fiscal, fundando un sistema tributario basado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad.

Hacia una democracia participativa

Otra profunda crítica al Estado actual es la existencia de una democracia restringida o de baja intensidad, tutelada por las Fuerzas Armadas hasta la reforma constitucional del año 2005 y restringida por enclaves autoritarios hasta la actualidad, como lo son el Tribunal Constitucional, quórums contramayoritarios en el Congreso y la falta de mecanismos de democracia directa y participativa.

En la nueva Constitución, la democracia se caracteriza como una democracia inclusiva y paritaria que se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Además, ha sido acompañada por la consagración de instituciones de democracia directa, como los plebiscitos regionales y comunales. Falta que se vote la segunda propuesta constitucional sobre mecanismos como las iniciativas populares de ley, referéndums revocatorios de autoridades públicas y derogatorias de ley, entre otras instituciones que debiesen aprobarse por el pleno en los próximos días.

En cuanto a la democracia representativa, la Comisión de Sistema Político ha decidido mantener el régimen presidencial pero disminuyendo la intervención del Poder Ejecutivo en la elaboración de las leyes, siendo el cambio sustancial la pérdida de atribuciones en materia de iniciativas exclusivas de ley para la Presidencia de la República.

En cambio, el Poder Legislativo experimenta importantes cambios. De un régimen bicameral simétrico, donde el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados concentraban las mismas atribuciones para el proceso de formación de ley —pero el Senado, además, tenía importantes atribuciones para el nombramiento de altas autoridades de la República—, se está pasando a un régimen de bicameralismo asimétrico.

Este nuevo régimen concentra el impulso político en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuya composición será paritaria y con escaños reservados, asemejándose mucho más a lo que hoy es la Convención Constitucional que a la actual Cámara de Diputadas y Diputados. En cuanto a sus atribuciones (pendientes de aprobación por el pleno), concentra la iniciativa en materia legislativa, mientras que el Senado llega a su fin, dando paso a una Cámara de las Regiones, de composición paritaria y plurinacional, la cual concurre en la formación de leyes de acuerdo regional en materias que hasta el momento están relacionadas solo a la Ley de Presupuestos, Sistema Electoral y división administrativa y territorial del Estado. Este cambio ha sido criticado por las élites políticas, quienes ven como llega a su fin un reducto de la oligarquía desde el cual se ha gobernado el país en los últimos 200 años.

Otra importante expresión de este nuevo Estado Democrático es la descentralización política, administrativa y financiera reflejada en la construcción de un Estado Regional y en un aumento del poder local para los Municipios Autónomos. La territorialización de las decisiones políticas también es parte de un Estado Democrático, dejando atrás el Estado unitario y descentralizado, cuya existencia no se remonta a la Constitución de 1980, sino que es una característica histórica en la tradición política y constitucional de nuestro país.

Asimismo, la democratización de las instituciones no solo se reduce a aquellas consideradas «más políticas», sino también a los Sistemas de Justicia, poniendo fin a su estructura jerarquizada y ampliando la dirección administrativa y de nombramiento a una institución más democrática, como lo es el Consejo de la Justicia. Asimismo, en algunos órganos autónomos se está avanzando de direcciones unipersonales, que dependen en gran parte del Poder Ejecutivo (como ocurre con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y en la institucionalidad sobre Derechos Humanos) a consejos superiores colegiados, donde existe intervención de la sociedad civil y del Congreso en los nombramientos.

Finalmente, como uno de los avances más importantes de este proceso y destacado a nivel mundial, aparece la consagración de la democracia paritaria, instalándose como un piso para la participación de las mujeres no solo en los cargos de elección popular, sino en toda la institucionalidad estatal.

Comenzando a reparar 500 años de despojo

La plurinacionalidad ha sido uno de los principales proyectos políticos en esta Convención Constitucional y se está expresando en la Convención Constitucional como el reconocimiento de la existencia de pueblos y naciones preexistentes que habitan el país y, sobre todo, en el reconocimiento a su libre determinación, lo cual implica el derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales.

Expresión de este principio general es el reconocimiento constitucional al derecho a su autonomía y autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua; el reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Se expresa también en el reconocimiento a los Sistemas Jurídicos Indígenas, cuestión que existe en otros países del mundo pero que es inédita para Chile. A nivel territorial, la Comisión de Forma de Estado propuso el reconocimiento a los territorios indígenas autónomos como fórmula para el ejercicio de la libre determinación, pero aún no ha sido aprobada por el pleno de la Convención. En la misma situación se encuentra la consagración del derecho a la tierra y el territorio y a la gestión sobre los bienes comunes naturales en sus territorios, que será votado en los próximos plenos.

La interculturalidad, como principio fundamental de la Nueva Constitución, consiste en el reconocimiento, valoración y promoción del diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. El Estado deberá́ garantizar los mecanismos institucionales que permitan ese diálogo superando las asimetrías existentes en el acceso, distribución y ejercicio del poder y en todos los ámbitos de la vida en sociedad.

En otras comisiones esto se ha expresado en la forma en que se trabajan derechos tales como el derecho a la educación y a la salud intercultural, a la vivienda con pertenencia cultura, como también al reconocimiento a sus sistemas de conocimiento.

Finalmente, la plurinacionalidad se reconoce por el sistema político a través de escaños reservados, tanto en elecciones locales, regionales y nacionales; como también en la integración de personas pertenecientes a pueblos indígenas en toda la institucionalidad, incluyendo al Consejo Nacional de Justicia, por ejemplo.

Relación indisoluble entre la Naturaleza y las personas

La Convención Constitucional inició su trabajo reconociendo que lo hacía en un contexto de crisis climática y ecológica, una definición fundamental de cara a los desafíos del siglo veintiuno. La primera norma constitucional aprobada en esta línea fue el deber del Estado de adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica.

Otro importante avance es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la cual tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Lo anterior también se expresa en una serie de normas que reconocen como límites al ejercicio de determinadas actividades económicas e incluso el ejercicio de derechos o libertades la protección del medio ambiente y la Naturaleza.

La Naturaleza como sujeta de derechos también afecta el régimen de propiedad sobre la misma, en la medida en que deja de ser un «recurso natural» y se avanza al reconocimiento de la existencia de bienes comunes naturales que son inapropiables y que solo se pueden usar, manteniendo la armonía de los ecosistemas. Los principales avances en esta materia se dan en la regulación sobre las aguas, la cual pasa a ser un bien común inapropiable, reconociendo su carácter de esencial para la vida y priorizándose sus usos.

También se han realizado propuestas normativas por la Comisión de Medio Ambiente para consagrar un estatuto constitucional cada uno de los bienes comunes naturales existentes, como las aguas, las minas, los bosques y el suelo, la atmósfera, entre otros.

Finalmente, se plantea una normativa relacionada a los derechos humanos ambientales, reconociendo como punto de partida el Tratado de Escazú, consagrando la justicia ambiental, entendida como un derecho al acceso a la información pública sobre materia ambiental, el acceso a tribunales para defender los derechos de la Naturaleza y derechos humanos, y el derecho a la participación popular en la toma de decisiones sobre proyectos que causen impacto en los ecosistemas. En cuanto al rol de custodio, existe una propuesta para tener un órgano autónomo encargado de la Defensa de los derechos de la Naturaleza y otro encargado del sistema de evaluación ambiental, denominado hasta el momento Consejo Autónomo del Medio Ambiente.

Perspectiva feminista

Aun cuando no es parte de la definición del Estado por sus propias características propias, sí es posible señalar que la Nueva Constitución tiene una perspectiva feminista de avanzada a nivel mundial y que es expresión de la potencia feminista en el país, cuyo núcleo son organizaciones feministas que han sido claves también en el desarrollo de esta Convención Constitucional.

Esta perspectiva en la Comisión sobre Principios Constitucionales se ha expresado en la norma sobre igualdad sustantiva, la cual señala que la nueva Constitución asegura especialmente la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil.

En la Comisión sobre Sistema Político esta perspectiva se ha expresado en las normas sobre democracia paritaria, estableciendo como mínimo democrático la participación de mujeres en todas las instituciones del Estado como un piso y no como un techo.

En la Comisión sobre Sistemas de Justicia ya se aprobó un artículo sobre la perspectiva de género como principio del Sistema Nacional de Justicia, expresándose en la paridad de la institucionalidad de justicia, como también en la aplicación del enfoque de género por parte de todos los tribunales. Esto es complementado con la perspectiva de interseccionalidad que aplicará a todo el Sistema Nacional de Justicia.

Asimismo, la Nueva Constitución se transformará en la primera a nivel mundial en reconocer como parte de los derechos sexuales y reproductivos la interrupción voluntaria del embarazo, fruto de la iniciativa popular de norma constitucional «Será Ley». Tal como señalaban las feministas, lo que el Congreso les negó lo consiguieron con dos tercios en la Convención Constitucional. Esta norma de derechos sexuales reproductivos se ve complementada por una norma sobre educación sexual integral y también por el derecho a la identidad. Estas normas mencionadas son expresión de esta perspectiva que estará a lo largo de toda la Convención Constitucional.

Avanzan los pueblos y los sectores populares

Si bien no existe un documento con un plan detallado de lo que será la Nueva Constitución, estas definiciones son parte de las plataformas de lucha que históricamente han levantado los pueblos y organizaciones populares de nuestro país. A este proceso constituyente cuesta verle las piernas, pero sin lugar a dudas, es un proceso que camina.

Esto ha significado el ataque sistemático por parte de las élites económicas y políticas, expresadas en su maquinaria mediática, quienes no han parado ni un día en desprestigiar el trabajo de la Convención Constitucional. Los primeros meses la consigna de los poderosos fue que las y los convencionales eran «flojos» y «no trabajaban». Mientras que una vez presentadas las propuestas normativas y aprobados los primeros artículos del proyecto de Nueva Constitución, los epítetos son de «maximalistas», «revanchistas», «ignorantes» y un largo etcétera.

Lo cierto es que esta Convención Constitucional está cristalizando una correlación de fuerzas en el campo político y social, que es expresión de la Revuelta Popular de 2019. No se trata de un proyecto maximalista ni refundacional, sino de un cambio institucional que permite la apertura política para que el neoliberalismo agotado vaya quedando atrás.

A pesar de la fuerza popular y social demostrada en la Revuelta, aún no hay cambios institucionales que amplíen la democracia ni dejen atrás el Estado subsidiario. La aprobación de la Nueva Constitución será solo el punto de partida para avanzar hacia un sistema político, económico, social y cultural que se pueda decir Solidario, Democrático, Ecológico, Feminista, Plurinacional e Intercultural.

En el Plebiscito de Salida, fechado para el 4 de septiembre de 2022 —el mismo día, pero 52 años después del triunfo popular de Salvador Allende— los pueblos tendrán que decidir en las urnas si esta Nueva Constitución se aprueba o rechaza. Más allá de las especulaciones sobre el resultado del plebiscito, vale bien recordar las palabras de Allende, que aportan una de las pocas certezas que se pueden tener en tiempos convulsos: los procesos sociales no se detienen.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Entrevista por:  Octavio García Soto

Manuela Royo es Constituyente por el Distrito 23 en la Convención Constitucional y forma parte de la Comisión de Justicia en la Convención Constituyente.

Manuela Royo es Constituyente por el Distrito 23 en la Convención Constitucional y forma parte de la Comisión de Justicia en la Convención Constituyente.

Manuela Royo conoce muy bien la violencia del Estado chileno. Fue abogada defensora de mapuches perseguidos injustamente, entre ellos tres imputados del famoso caso Luchsinger-Mackay: los hermanos Eliseo y Hernán Catrilaf y la machi Francisca Linconao (que hoy también es constituyente), que afrontaron la prisión preventiva durante un año y medio, tras ser erróneamente acusados por el asesinato de una pareja latifundista en un caso donde las pruebas escaseaban y el racismo institucional abundaba.

Royo también ha denunciado a Chile ante la CIDH por la violencia policial contra niños y niñas mapuches en la Araucanía y colaboró con el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentando querellas por los abusos policiales cometidos durante la revuelta social de 2019.

Hoy es constituyente por el Distrito 23 en la Convención que reemplazará la Constitución neoliberal impuesta por Augusto Pinochet, y forma parte de la Comisión de Justicia en la Convención Constituyente. Los artículos de su comisión fueron los primeros votados en el pleno de los 155 convencionales y 10 artículos pasaron al borrador del nuevo documento. Principios indispensables como la paridad y la perspectiva de género, y la plurinacionalidad ahora son parte de los fundamentos del nuevo Estado chileno, actualmente en proceso de formación.

Manuela conversó con Octavio García Soto, colaborador de Jacobin América Latina, sobre el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, la lucha por verdad y memoria en Chile y las consecuencias del estallido social de 2019.

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OGS | Coordinaste la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Garantía de No Repetición durante la creación del reglamento general de la Constituyente. Fue una comisión bastante polémica dada la presencia de Jorge Arancibia, exedecán de Augusto Pinochet, y al mismo tiempo de personas como la Machi Linconao y víctimas de la dictadura. ¿Cómo fue ser coordinadora en medio de un ambiente tan tenso?

MR | La coordinación de derechos humanos fue bien difícil, principalmente por la presencia del exedecán del dictador Augusto Pinochet dentro de una comisión de derechos humanos donde se realiza un informe de verdad histórica y donde se recibieron muchas audiencias de organizaciones vinculadas a las violaciones de derechos humanos en la dictadura donde él era parte. Fue muy duro porque era enfrentarse también a la impunidad que gozaron los cómplices de la dictadura cívico militar y de la posibilidad, cierta también, de que puedan tener poder en una institución democrática, considerando el ascenso de Kast y el ímpetu de la ultraderecha fascista en la política chilena.

Fue bien difícil también porque en esta comisión, en algunas ocasiones, ingresaron desde la fundación Jaime Guzmán, una fundación de ultraderecha, a atacarnos a la coordinación porque dijimos que podrían existir incompatibilidades teniendo a alguien que fue parte de la dictadura y ahora es parte de la comisión de derechos humanos.

Pero finalmente se salió adelante y logramos también tener un trabajo bien interesante como comisión y lograr un informe de verdad histórica, hecho desde la participación de la ciudadanía y de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos. También logramos dar un salto vinculando este trabajo con los derechos de la naturaleza y una perspectiva ambientalista que habitualmente no se reconoce mucho en materia de derechos humanos.

OGS | ¿A qué apunta este informe de verdad histórica?

MR | Bueno, este fue un informe que se realizó a partir de más de 380 audiencias de organizaciones que participaron en la comisión de derechos humanos, en la subcomisión de verdad histórica, donde hablaron de distintas temáticas históricas, como las violaciones de derechos humanos y genocidio hacia los pueblos originarios, y también tocaron aspectos de verdad histórica como la violación a los derechos humanos en dictadura.

Hablamos además de la violación de los derechos humanos en la posdictadura, de la violación de los derechos humanos de las mujeres y las disidencias, de la violencia sexogenérica, del ecocidio y de la violación de derechos ambientales y de los derechos de la naturaleza, y hablamos también de aspectos tan importantes como el racismo. A partir de las distintas audiencias logramos gestionar un equipo voluntario que trabajó con más de 150 personas que codificaron y sistematizaron esta información y realizaron un informe de verdad histórica.

Por otro lado, el trabajo también apuntó a la situación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social del 18 de octubre del 2019. Son todos temas que siguen abiertos en Chile, todavía no hay justicia. El informe propone ciertas medidas de reparación integral y garantías de no repetición.

OGS | Tienes una historia trabajando en la educación popular ¿podrías hablarme un poco de esa experiencia desde los movimientos, desde las calles?

MR | Desde hace mucho tiempo he venido trabajando en temas de educación popular. Comencé en el año 2000, por ahí, haciendo preuniversitarios populares en distintas poblaciones de sectores populares en Santiago. En Chile existe mucha diferencia entre la educación pública y la educación privada. En aquellos tiempos incluso se pagaba para dar una prueba de selección universitaria y para poder dar una prueba de selección uno tiene que estudiar bastante. Nosotras y nosotros nos organizamos en preuniversitarios populares para poder enseñarle a jóvenes de la población y que de esa forma pudieran estudiar en la universidad.

Luego de eso hacíamos talleres, nos organizábamos en el Cordón Popular de Educación con distintos espacios de educación para personas adultas, talleres para niños, preuniversitarios populares, etcétera. Luego de eso me tocó trabajar en una población en oriente de Santiago donde también hicimos un taller de educación popular para niños y niñas, muy vinculados con el idioma mapuche y la interculturalidad. Hoy soy parte de Modatima, el Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente.

En Wallmapu también trabajamos en un proyecto con una organización que se llama Sur Territorial, donde estamos haciendo espacios de escuela ambiental sobre el agua para niños y niñas mapuches en las comunidades. La educación popular nos vincula con una realidad muy fuerte. Es muy importante no perderla de vista cuando también estamos haciendo construcción política, siempre en la escala y en la medida de personas que son sencillas y que a veces no tienen muchos conocimientos. La educación popular rescata sus saberes y eso también es un acto político muy importante.

OGS | Chile tiene una disciplina de organización que motivó a canalizar el estallido social a un proyecto de cambio como el de la convención. Eso es al menos una teoría que tengo yo, no sé si tú estás de acuerdo…

MR | No sé si tanto, creo que la gente, la mayoría, salió al estallido social más que nada por la rabia, por el descontento. Pero aun así, lamentablemente, en primera vuelta ganó una derecha muy fascista que da cuenta que todavía hay mucha gente que sigue creyendo en la dictadura, en el pinochetismo y que está totalmente enajenada respecto de la política y de los valores que ella significa. Si bien para la segunda vuelta se logró espacios de autoorganización vinculados con la campaña, en definitiva fue una reacción en contra del alce del fascismo. Creo que hoy día falta bastante organización.

Si bien siento que en el proyecto constituyente hemos ido de a poco motivando y generando participación, creo que todavía falta presencia importante de organización popular y de organización social en Chile. Quizás en Santiago hay más organización, o en las ciudades, pero al menos donde yo vivo que es la Araucanía, es muy muy bajo el nivel de organización, salvo en los pueblos originarios.

OGS | Tienes una conexión súper profunda con el pueblo mapuche, tu hija es mapuche, por ejemplo. ¿Qué diferencias en valoraciones encuentras en la crianza desde esa cosmovisión?

MR | Yo no vivo con su papá. Cuando va al campo y está con su familia se hablan en mapudungun, está con los animales, en el campo. Yo personalmente lo que hago es facilitar que ella pueda tener esos vínculos con su familia, con su lengua, con el campo, con la tierra, que es lo más importante para los pueblos indígenas. Para los niños y niñas lo más importante es tener ese vínculo con la naturaleza, con la tierra. Creo que es lo central dentro de la niñez indígena.

OGS | Tú conexión con el pueblo mapuche también se cruza el campo jurídico, fuiste la defensora de los acusados por el caso Luchsinger Mackay. ¿Qué simboliza ese juicio en la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche?

MR | Creo que el caso Luchsinger fue una demostración importante de cómo a partir de una intencionalidad política se puede criminalizar una persona, a varias personas, a un pueblo, a autoridades ancestrales. Si bien se logró la absolución de algunos, hay quienes siguen condenados por testimonios que fueron conseguidos sin ninguna garantía del debido proceso, insostenible en cualquier otro procedimiento. Nos habla del dolor que hoy existe en Araucanía, de la violencia, de la falta de solución, de muchas carencias, de muchos conflictos que existen hoy día en Wallmapu.

OGS | Has denunciado también vulneraciones a los derechos de niños y niñas mapuches durante tu tiempo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la experiencia de vida de un niño mapuche hoy en día?

MR | Hay cosas que son súper fuertes y cosas que son súper lindas. Lamentablemente hoy día hay mucha violencia en la Araucanía, mucha violencia en el Wallmapu. Muchas veces las niñas y los niños han visto la represión muy cerca de su escuela, en la carretera, en los caminos. Se ve a los militares y hay mucha violencia. Pero por otro lado también creo que hoy día existe una dignidad, un orgullo de ser mapuche, independientemente de que efectivamente hoy día exista un reconocimiento del Estado que antes no existía.

También existe un importante avance respecto de la identidad y la reconstrucción histórica en las familias, en la memoria. Entonces creo que hoy día, si bien existe un conflicto que cada vez se agudiza más, también existe una construcción de una identidad que es orgullosa, que es digna y está siendo cada vez más potente dentro de las comunidades, lo cual me parece que es muy positivo.

OGS | Claro, está la demanda de autonomía territorial para los pueblos indígenas ¿Qué significa eso a tus ojos en una nueva constitución?

MR | La autonomía es una de las principales demandas que tienen muchísimos pueblos no solo los pueblos indígenas sino distintos pueblos en todo el mundo, que han visto también cómo otro Estado, a veces coloniales o a veces más imperialistas, ha usurpado sus territorios, imponiendo una cultura por sobre la otra. En el caso de los pueblos indígenas, la autonomía toma una dimensión de una autonomía colectiva: busca tener el poder de la decisión y del control respecto a la economía, a la relación con la naturaleza, a los ordenamientos territoriales, y las formas de regulaciones sociales y comunitarias que se quieren dar.

OGS | Estás en la comisión de sistema de justicia en la Constituyente. ¿Cómo están organizadas las fuerzas políticas en tu comisión? ¿Está toda la izquierda unida o hay distintas bancadas?

MR | Sí, en general hay bastante unión, principalmente dentro de quienes no somos de derecha ni tampoco de los partidos que han sido gobierno hasta ahora. Existe mucho diálogo entre los que somos de movimientos sociales con otra gente independiente, con el Partido Comunista, incluso con el Frente Amplio. Con los escaños reservados tenemos muy buen trabajo, entonces hemos logrado también generar consenso en función de una perspectiva importante, que es poder generar estas alianzas por la superación de una justicia autoritaria, patriarcal y colonial y que también nos permita modernizar el sistema de justicia y garantizar el acceso a la justicia a las chilenas, a los chilenos y a los pueblos originarios.

OGS | Como parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos estuviste bastante ocupada durante el estallido social. ¿Podrías hablarme de tu experiencia en esos días?

MR | Fue muy intenso. El otro día fui a Temuco a caminar por esas calles y me acordé de todo lo que vimos esos días. De hecho, yo vivía ahí mismo, como en el centro de Temuco, entonces fue horrible porque mi hija era muy chica y todo el rato se escuchaban los gases, a los militares y a la policía disparando. Y a mí me tocaba estar en la calle con mis compañeras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, observando el actuar policial, observando la violencia, ayudando a los heridos a cruzar al hospital, sacando fotos, denunciando. Nos llegaron perdigones. Un amigo fiscal me mandó el otro día un informe de carabineros donde salió que nos sacaban fotos y nos seguían.

Fue muy fuerte, muy loco. Era como estar en un campo de batalla en las calles de Temuco, con gente detenida todos los días. Había que ir a la comisaría todos los días, sacar fotos, todos los días hacer denuncias, todos los días ir al Servicio Médico Legal. Fue muy muy fuerte pero una experiencia también muy importante, porque pudimos constatar y registrar lo que se estaba viviendo en Chile. Salir a decir que sí había violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que en Chile hay una responsabilidad política también del gobierno de Sebastián Piñera por violaciones a los derechos humanos.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Una entrevista con:
Entrevista por: Octavio García Soto

María Elisa Quinteros es la nueva presidenta de la Convención Constituyente en Chile. Conversamos con ella sobre sus motivaciones para ser constituyente, las tareas a las que se ha estado abocando en este tiempo y los próximos pasos del proceso constituyente.

Desde el 5 de enero que Maria Elisa Quinteros es la nueva presidenta de la Convención Constituyente en Chile. Su victoria fue la gran sorpresa de una maratón electoral de un día, en el que durante buena parte de la jornada su nombre no figuraba entre los candidatos más probables. Pero después de una octava votación sin consenso y la deposición de una de las candidaturas, la postulación de Quinteros agarró vuelo y obtuvo los 78 votos necesarios en la siguiente ronda. Habían sido 20 horas de sesión.

María Elisa Quinteros es Constituyente por el Distrito 17. Oriunda de la ciudad de Talca, en el sur del país, María Elisa es de izquierda e independiente. Está ligada a la Asamblea Popular por la Dignidad, una agrupación ciudadana feminista y ambientalista que se formó en su región después de la revuelta popular de Octubre del 2019. También es odontóloga y epidemióloga ambiental. Como ambientalista, uno de sus empujes más grandes en la Convención es hacer de la naturaleza un sujeto de derecho.

Desde su elección le ha tocado navegar en aguas difíciles, entre el poco apoyo económico y administrativo por parte del Estado (se refiere a una convención austera) y los crecientes ataques detrás del monopolio de los medios hegemónicos, que además hacen de altavoz para los constituyentes aliados al poder económico. Una pataleta esperable por parte de estos últimos, sin embargo, ya que ven acercarse una constitución que podría democratizar los recursos que estos han estado acumulando. María Elisa conversó con Octavio García, de Jacobin América Latina, sobre sus motivaciones para ser constituyente y las tareas a las que se ha estado abocando en este tiempo.

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OGS |  Todos los días haces un live en tu Instagram. Suena simple, pero me ha ayudado mucho a saber de ti y de la constituyente. ¿Cómo elegiste este método? 

MEQ | Bueno, durante la primera semana de instalación estuve conversando con una de mis compañeras de Movimiento Sociales Constituyentes, Janis Meneses, y ella hacía un video todos los días. Encontré que era muy buena la idea y dije «yo voy a hacer esto hasta que terminemos la convención o me muera, aunque no lo vea nadie» y se la copié. Es como una forma de devolverle a la gente que votó por mí algo de lo que estoy viviendo acá en representación de todos ellos.

Mi campaña como independiente fue básicamente a través de redes sociales y algunas visitas que logré hacer, porque siempre estuve trabajando; entonces me quedaban los fines de semanas y las tardes. Creo que así deberían hacer todos los políticos, y ojalá estén en la plaza de la esquina de mi barrio, para poder hablar con ellos como lo hemos hecho nosotras.

 

OGS | Hablando de tus votantes, ¿por qué votaron por ti? ¿Qué tema viniste a poner por tu distrito a la convención?

MEQ | Aquí hay una cosa previa: nosotros, como Asamblea Popular por la Dignidad, hicimos un programa de trabajo con puntos mínimos en común, incluso una declaración de principios. Trabajamos en la plaza, las palabras se fueron dando, después se sistematizaron y se llegó a un consenso. De ahí se levanta un programa, donde la naturaleza es sujeto de derecho y donde está todo lo que nos llevó a las calles a manifestarnos (por supuesto, los derechos sociales: pensiones, salud, educación, derechos laborales…).

Para mí también es muy importante la ciencia, entonces eso lo metí yo; no fue consenso de la asamblea, pero para mí era importante que estuviera la ciencia. Y no solo la ciencia hegemónica, sino también los saberes ancestrales, populares, para que se empiecen a reconocer como parte del conocimiento. Eso lo agregué yo a mi campaña. También los animales, porque soy vegetariana, entonces siento mucho el tema del sufrimiento animal. Intuyo que me ayudó mucho que soy docente de universidad hace muchos años, entonces tengo muchos estudiantes.

OGS | ¿Cómo se formó la Asamblea Popular por la Dignidad? 

MEQ |  Partió en regiones, un día después del estallido, con las marchas. Al inicio íbamos con mucha esperanza a las marchas… no sabíamos a qué íbamos, porque no había un líder o lideresa: era un movimiento acéfalo. Pero había que salir. Incluso iba muchas veces sola, porque era mi deber ir, aunque no quisiera porque era un día caluroso, por ejemplo. Ahora, con el tiempo, entiendo que es el poder constituyente el que me motivó a ir: esa necesidad de cambiarlo todo (conservando lo bueno, por supuesto).

Pero al encontrarnos con la represión del Estado a través de la Policía, esa esperanza se transformó también en miedo. Mi ciudad, Talca, es muy tranquila. Esas marchas eran como la marcha de la historia. Me recuerdo arrancando del zorrillo (el carro lanzagases de la policía en Chile). Esas son cosas que ocurrían en Santiago, nosotros no la vivíamos en región, fue súper fuerte. Y ahí uno se encontraba siempre con la misma gente, el que llevaba el bombo, el que llevaba los parlantes. Con tantos días de marchar ya nos veíamos las mismas caras. Después de las marchas la gente seguía juntándose en la plaza a conversar. Hubo cabildos. Yo me metía en todos los cabildos, anotándome, dando mi opinión o ayudando a sistematizar. Todos los cabildos en mi ciudad los lideró la federación de estudiantes de la universidad, entonces yo iba a también a ayudarlos. Y después de los cabildos también nos seguíamos encontrando en las plazas, conversando.

Así se empezó a crear esta asamblea. Nace como una forma de articulación popular, que busca tratar de ayudar a que la gente volvamos a esa cohesión social. No somos una asamblea electoral, somos una asamblea social que busca, no sé, potenciar la solidaridad. Hay compañeras que hacen rifas, y llevan cosas para personas. Hace poco hicimos una peña para juntar plata que va a las familias de los presos. También se hacen bingos con las presas. Entonces, no es una asamblea que emerja desde lo electoral, sino de lo social.

En un momento se toma la decisión: ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos al proceso constituyente o no? Ir a este proceso constituyente nos desgastó mucho como asamblea, porque todo se volcó a lo electoral, desde la inexperiencia y la falta de recursos. Acá todos nos quejamos del centralismo: que todo pasa en Santiago, que nada pasa en región, pero ese mismo centralismo pasa en las regiones, todo pasa en las capitales regionales y no en las ciudades más pequeñas. Por eso empezamos a buscar gente del mundo social de otras ciudades y ahí armamos la lista. Entonces hicimos un llamado abierto en una plaza en Talca y que viniera todo aquel que quisiera ser candidato a constituyente. Hicimos votaciones. Construimos un padrón electoral por internet, porque del Servicio Electoral no nos lo pasaron. Fuimos como mil personas a votar. Fuimos la primera fuerza independiente de la región, o de mi distrito mas bien. Así que mucho, mucho trabajo.

OGS | Tengo una teoría: el mayor motivante detrás del proceso constituyente es la disciplina de organización social que Chile ha tenido a lo largo de la historia, incluso bajo la dictadura, en la clandestinidad. En términos marxistas, una vez que la revolución espontánea ocurre, con el estallido social, esta disciplina ayudó a que se canalizara en un proyecto constituyente. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

MEQ | Me hace sentido lo que comentas. Yo vengo de una zona bastante rural y el Chile de los 80 era, en ese tiempo, de mucha cohesión social, según lo que mi familia me transmitía y las historias que siempre se contaban. Entonces es gente muy unida, a lo mejor no tanto en lo organizacional, ¿sí? Pero sí en la cohesión del barrio, por ejemplo. Todos se conocían, todos se ayudaban.

La dictadura claramente golpeó muy fuerte a la sociedad, y el modelo neoliberal también, poniendo lo individual por sobre lo colectivo. Pero también coincido que el estallido social no es una cosa instantánea: obedece al trabajo de  muchas organizaciones que, al término de la dictadura y comienzo de la democracia, se pudieron organizar en esas luchas que vienen de antes. O sea, todo lo que estamos discutiendo acá, Jorge González lo cantaba en los 80. No es algo nuevo, es algo que también han venido evidenciando los movimientos sociales y feministas en los últimos años, también las organizaciones de derechos humanos, que siempre han estado peleando con la justicia por reparación. Tenemos que reconocer la lucha que han venido dando los sindicatos… No, definitivamente no es algo espontáneo.

OGS  | Nos salvamos de tener un presidente de ultraderecha, pero esta realidad ya existe en la Cámara de Diputados y está presente también en la Convención. Frente a esa amenaza, se concretó un logro: sancionar el negacionismo (el acto de negar o justificar los crímenes de Estado durante la dictadura y el estallido social). ¿No crees que sea necesario subir de nivel y que la nueva Constitución, el texto como tal, tenga alguna mención o condena al negacionismo? En otras palabras, que desde las bases del nuevo país que se está formando se deje normalizar ese tipo de declaraciones o manifestaciones.

MEQ | Estuve de coordinadora en la comisión transitoria de ética en esa etapa y como constituyente de ese grupo nos costó mucho conseguir lo que conseguimos. Que si bien no es perfecto y tiene reparos, es una base enorme, y así me lo han dicho también de organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos: que es un avance. Acá nos enfrentamos a la problemática del mundo académico legal, donde siempre nos oponen este argumento de que solo hay dos países en el mundo que han reconocido el negacionismo y que no han tenido una muy buena implementación. Uno Alemania y otro España, creo. Ese es el argumento que siempre nos dan.

Pero a mí no me hace mucho sentido porque creo que esa es la única oportunidad que tenemos de escribir las cosas que le hacen sentido a la sociedad, independiente de si es académicamente correcto o no: tiene que representar el sentir, es la oportunidad de hacerlo. Entonces a mí me hace todo el sentido del mundo que hiciésemos alusión al negacionismo, porque no podemos tolerar la intolerancia. Creo que no es una limitación a la expresión, es un poco de empatía y de respeto a la dignidad de las otras personas.

OGS | Te estoy hablando desde Berlín. Es cierto que uno no puede evitar que surja la ultraderecha, acá ya hay partidos de ultraderecha, parlamentarios de ultraderecha, etc., etc. Pero el hecho de que se condene el negacionismo sí le pone trabas: dificulta su articulación de manera más efectiva, así que creo que difiero ahí…

MEQ | Yo no hablé nada de la ultraderecha la verdad, te dije del negacionismo, no me refería a la ultraderecha. Si bien un porcentaje alto votó por Kast, creo que no refleja realmente la posición política de gran parte de ellos. Tengo amigos que son militantes de derecha y no es que estén convencidos por la persona, por su ideal o su programa, sino que el otro camino no les parecía, o les parecía peor.

Entonces yo creo que eso habla de la necesidad de figuras de ambos sectores también que representen un poco más a la gente. Tenemos una crisis de desafección general política bastante alta en el país. Esta elección fue un poco entre el miedo y la esperanza, básicamente así la veíamos, pero no es que hubiese un abanico de representantes políticos que realmente fueran cercanos a las distintas personas. Esa es mi impresión, pero yo de política sé muy poco, es lo que yo te puedo decir desde mi visión de ciudadana. Yo estoy metida en política pero no vengo de partidos.

OGS | En las elecciones la centroderecha terminó optando por Kast, que consideraba como el mal menor. ¿Crees que en la Convención esté más dispuesta a dialogar o a ceder, o crees que va actuar como bloque con la ultraderecha? 

MEQ | Así lo veía yo al inicio de la convención, pero han habido fragmentaciones dentro de este bloque con el correr de este tiempo, están divididos. Al inicio, todos pensamos que era una estrategia; pero parece que no, que la división es real. Y ahí veo personas que son dialogantes, por ejemplo, de mi mismo distrito, como Bárbara Rebolledo, con la que siempre he podido conversar y consensuar. Veo voluntades y hay que pensar que no todos los que están en esos bloques son militantes: hay independientes que fueron por cupo y que, por supuesto, tienen cercanía a ese mundo, pero también uno ve las votaciones de algunos y que no son en bloque. Yo creo que hay hartas personas que están aquí para deliberar, para dejarse sorprender tal vez, y hay otras que realmente vienen con su idea y también es respetable. Es como el mix de todos lo que construimos como sociedad.

OGS | Hace poco crearon un convenio con la Asociación de Radiodifusores de Chile y con la Asociación Nacional de Televisión. ¿Qué rol tienen los medios de comunicación para el proceso constituyente? 

MEQ | Tan pronto nos eligieron a la mesa directiva, con Gaspar, el vice, acá dijimos: «necesitamos salir en la tele». Tenemos claro que necesitamos comunicar, entendemos también que los medios de comunicación tienen líneas editoriales, son afines a sus políticas y también —no tengo evidencia, pero siempre he escuchado esto— que responden a quien los financia. Pero lo que necesitamos en sí en la Convención es poder comunicar y, nos guste o no, la forma más fácil de llegar a las personas en este país aún es mediante la televisión. Nosotros llegamos a un grupo por nuestras redes, pero no llegamos a toda la población; tenemos brechas digitales importantes en el país, y que se incrementan de acuerdo al nivel socioeconómico. Mientras menor nivel socioeconómico, mayor brecha. Entonces ahí tenemos todo un desafío.

Queremos instalar hechos en la televisión, al menos, para que se muestren. Por supuesto, cada canal tendrá su línea editorial y va a comunicar a partir de los hechos, le ponen y le sacan, pero que se comuniquen los hechos. Eso es un punto importante, porque nosotros no tenemos financiamiento excesivo: es una Convención muy austera, entonces necesitamos la colaboración. Si nos pueden ofrecer esto, nosotros lo aceptamos, porque vamos a llegar a hartas personas.

No queremos que lleguen solo los titulares tendenciosos que desvirtúan el hecho mismo. Porque así no se comunica al final lo que queremos comunicar: que se está votando, que se está avanzando, que tenemos siete comisiones. Entonces si nos están tendiendo la mano tenemos que aprovecharla, pero también somos conscientes que cada línea editorial va a usar esos hechos de acuerdo a su política.

OGS | La consulta indígena es parte de los principios de la Convención y recién acaba de empezar. ¿En qué consiste?

MEQ | La consulta indígena tiene tres etapas: la primera es información, difusión y educación, donde básicamente es avisarle a todos los pueblos que vamos a hacer la consulta y ahí que se preparen y se conecten con los canales para poder hacerlo. La segunda es la deliberación, donde una de las unidades de la convención ha preparado todo el material para llevar a cabo la consulta siguiendo ciertos estándares. Este material ya está oleado, sacramentado, ya todos lo firmaron. Y la tercera es la etapa de devolución, en la que los insumos de la consulta son sistematizados por un instituto.

La comisión de derechos de pueblos indígenas va a proponer normas acorde a lo que se levante de la consulta, eso tiene que volver a la gente y de ahí pasa directo al pleno para su discusión. Entonces tenemos un cronograma perfecto: se nos cae un día, una semana y se nos va  todo. Estamos como reloj, paso por paso.

OGS | Eres profesora de epidemiología, estos últimos años deben haber sido tremendos para ti.

MEQ | Las colegas del departamento nos hicimos famosas. Del año 2020 en adelante, mi unidad es muy famosa. Siempre hemos sido las «parientes pobres» de la medicina en cuanto a salud pública. ¡Ahora pasamos a ser muy importantes! En la Sociedad Chilena de Epidemiologia también logramos protagonismo, cuando siempre eran las sociedades que tienen que ver con las especialidades médicas las más populares. Somos todas rockstars ahora.

Una entrevista con  por Octavio García Soto.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Una conversación con el vicepresidente de la Convención Constituyente sobre la democracia directa, la participación ciudadana y los desafíos de crear un Chile donde el poder no se centralice en Santiago.

El pasado 5 de enero se reiteró cuál es la mayor fuerza política que mueve la Convención Constituyente, que hoy decide los destinos de Chile y redacta la Constitución que reemplazará el documento neoliberal impuesto por Augusto Pinochet. Tal como lo establece en su reglamento, la Convención eligió ese día a su mesa directiva por segunda vez, la cual conducirá el proceso hasta el final.

Durante la primera mitad, la académica mapuche Elisa Loncón y el abogado constitucionalista Jaime Bassa ocuparon la presidencia y vicepresidencia respectivamente, ambos independientes de izquierda. Hoy, son nuevamente independientes de izquierda (además de médicos de profesión) quienes ocupan estos puestos: la odontóloga María Elisa Quinteros como presidenta y el médico cirujano Gaspar Domínguez como vicepresidente.

Gaspar Domínguez nació en Santiago. Con una infancia de bicicleta pagada en cuotas, un padre ausente y bullying por ser homosexual, su vida temprana refleja la de miles en Chile, creciendo bajo la bota del neoliberalismo y el patriarcado. Gaspar estudió medicina en la Universidad de Chile, donde después obtuvo una maestría en salud pública. A contramano de los muchos que emigran a la capital desde las regiones, Gaspar cambió Santiago por la Patagonia, donde se desempeña como médico rural en el pueblo de Palena.

La descentralización es una de las causas por las que Gaspar lucha más fervientemente. Durante las discusiones para crear el reglamento general de la Convención, redactó la norma que los obligaba a realizar plenos fuera de Santiago. En un país tan largo y con geografías tan extremas, los pueblos recónditos como Palena son la regla más que la excepción. En estas localidades, el centralismo chileno impacta con fuerza, llegando a veces a ser fatal. Lo ilustra en su discurso de inauguración: «Basta que el famoso viento patagónico sople con fuerza para que las avionetas de emergencia no puedan llevar insumos ni pacientes». «El centralismo mata», sentenció. Gaspar tuvo la amabilidad de conversar con Octavio García Soto, de Jacobin América Latina, sobre su rol como vicepresidente y las perspectivas para la nueva Constitución de Chile.

 

OGS | Como vicepresidente, ¿todavía participas de las comisiones?

GD | Correcto. La figura de la presidencia y de la vicepresidencia de la Convención tienen que ver con conducir, dirigir el proceso político —más otras condiciones que están establecidas en el reglamento de la Convención— pero en ningún caso privan o quitan las atribuciones del convencional. Este todavía puede presentar una iniciativa de norma, votar, deliberar e incidir en la discusión.

OGS | ¿No es —como se dice en Chile— un cacho tener estas dos tareas?

GD | En vez de usar esa palabra diría que es un gran desafío, porque hay que mantener las funciones de convencional, participar de las deliberaciones temáticas. A mí me interesa mucho el mundo, por ejemplo, de los derechos sociales; en particular, una de las causas que me trajo a este espacio tiene que ver con la salud y la educación como derechos sociales.

OGS | Estás en la comisión de derechos fundamentales.

GD | Así es, justamente porque quería incidir en cómo se comprenden los derechos sociales y en los aspectos generales de cómo esto podría ser exigible. Otras de las causas que me interesan y me mueven tiene que ver con la descentralización, porque yo trabajo y vivo en una zona muy aislada, probablemente una de las más aisladas de todo Chile.

La democracia directa y la participación ciudadana también son cosas que me gustan. Así que estoy atento, miro, leo, estudio, participamos con el equipo en ciertos tipos de normas, conversamos como colectivo. Y a todo esto se suma una segunda tarea complementaria y desafiante, que es dar la conducción política y favorecer las condiciones para una deliberación democrática y transversal. Puedo decir que me siento como si estuviera en un turno de urgencia, pero todos los días.

OGS | La comisión recién está comenzando sus labores.

GD | Las comisiones fueron establecidas el 10 de octubre y la primera etapa consistió en lo que se llamó audiencias públicas, es decir, grupos de la sociedad civil que venían y presentaban o proponían los puntos que a ellos les interesaban. Ocupamos los dos primeros meses, aproximadamente, en escuchar audiencias públicas y establecer un cronograma de trabajo para la comisión, donde están establecidas las tareas (o sea, qué vamos a hacer cada día en la comisión, cuándo vamos a discutir cada tema, cuánto tiempo vamos a dedicar, etc.). Hoy empezamos la etapa de deliberación: ya estamos discutiendo sobre materia sustantiva. Por ejemplo, hoy día discutimos quiénes eran titulares de derechos o quién era el destinatario de derecho. Entonces hay un cronograma que llevamos harto avanzado y ahora queda la parte de deliberar y votar.

OGS | Un tema que es objeto de discusión es hacer a la naturaleza y a los animales sujetos de derecho. ¿Cómo se desarrolló ese debate?

GD | Lo primero es que, desde el derecho clásico, los titulares de derecho son las personas. Entonces la primera discusión es si vale la pena o no especificar titulares específicos de derecho (por ejemplo, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, diversidad o disidencia sexual, personas que pertenecen a pueblos originarios, personas con discapacidad y mujeres). Esa es una discusión que hemos tenido, y probablemente haya bastante consenso; no de los sectores conservadores, pero sí de los progresistas, en que vale la pena mencionar a estos grupos específicamente como titulares de derechos. La discusión jurídica viene de dónde conviene mencionarlo, digamos, pero probablemente van a quedar enunciados. Son grupos que no están enunciados en la Constitución actual.

Desde el derecho romano hasta ahora, la naturaleza no ha sido considerada como sujeto de derecho. La única excepción del mundo es la Constitución de Ecuador. El preámbulo de la Constitución boliviana lo sugiere de alguna manera, pero no en el texto propiamente dicho. La idea de consagrar la naturaleza como sujeto de derecho es una cuestión que hay que indagar. La segunda cuestión es si ello va a tener necesariamente como consecuencia una mejoría en el estándar de protección de la naturaleza. ¿Pasó eso en Ecuador? ¿Podríamos decir hoy día que Ecuador es una nación verde que cuida la naturaleza? Se abren muchas preguntas y ahora estamos discutiéndolas.

OGS | También están apuntando a discutir otros temas novedosos en el Estado chileno, como el reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado, el derecho a la asociación colectiva, el derecho de los privados de libertad a la reinserción. ¿Tú crees que sea posible unir a la mayoría izquierda en torno a esas demandas?

GD | No solo va a ser posible sino que tengo la certeza de que va a ocurrir. Porque no puede ser de otra forma, porque si no lo hacemos no va a quedar. A mí me gusta poner el ejemplo de comprar pizza: si tu y yo vamos a querer comprar pizza y tu quieres con un sabor y yo quiero otro y la pizzería cierra a las 12, vamos a tener que resolverlo; si no, nos vamos a quedar sin pizza.

Esto es lo mismo: los sectores de izquierda, de centroizquierda, incluso los sectores de derecha que están abiertos a los cambios, vamos a tener que ponernos de acuerdo. El reglamento establece que el quórum de funcionamiento es de dos tercios, lo cual es un quórum particularmente alto (sobre 155 convencionales, el quórum es de 103 votos). Entonces, de alguna manera, este quórum nos empuja a lograr consensos amplios.

OGS | Como convencionales hacen salidas periódicas a sus respectivos distritos. ¿Sientes que hay un tipo de conexión entre tu distrito y lo que está ocurriendo en la Constituyente? Quiero decir, ¿existen indicios de que la Convención no es algo que está ocurriendo solo en Santiago y que nunca se va a cumplir?

GD | Por supuesto. De hecho, yo fui una persona que propició y redactó la norma del reglamento que establecía la obligatoriedad de que el pleno de la convención deba salir y funcione fuera de Santiago. Ya lo hicimos una vez en Concepción, y lo haremos próximamente en otra región, probablemente al norte. Además, las siete comisiones tienen que sesionar fuera de Santiago, en distintas zonas del país y cada convencional debe salir una semana al mes a su región.

Son muchos los mecanismos que hacen que estemos con una pata fuera de Santiago. Porque no puede ser que 155 iluminados nos encerremos en un palacio de clase alta en el centro de Santiago a escribir el futuro de Chile. A su vez, existen otras instancias de participación, una de ellas son las audiencias públicas, otra es la iniciativa popular de norma —donde la gente junta patrocinio por una iniciativa popular, y cuando lleguen a 15 mil firmas, pasa directamente a la discusión en la comisión (proceso que finalizó el 1 de febrero)—. Otro son los cabildos comunales: en las comunas se juntan 7 o más personas, deliberan y definen algunos temas y esta deliberación la deben subir a una página web para luego ser sistematizada por una secretaría técnica. Están los encuentros autoconvocados, que son similares: la gente se junta y luego suben las actas.

Además existen mecanismos de participación individual: una persona puede llenar un formulario, poner su opinión sobre algunos aspectos y eso será sistematizado. Finalmente, van a existir más adelante dos instancias que estamos pendientes que el gobierno apruebe: una de ellas son los foros deliberativos, que son foros ciudadanos para que la gente pueda opinar o deliberar sobre lo que ya está escrito. De hecho, se quiere considerar que esta jornada nacional de deliberación sea un día feriado; esperamos que el Congreso lo autorice. Y finalmente el plebiscito dirimente, una instancia que tenemos en nuestro reglamento que busca que en materias que no se haya logrado consenso pero sí haya logrado un quórum alto, más tres quintos, es decir, más de 93 votos, puedan ser plebiscitadas para que las personas puedan sancionar en materias que no hayan alcanzado los dos tercios.

OGS | La derecha se fortaleció legislativamente en las pasadas elecciones. Eso va hacer más difícil que el Congreso colabore con la convención.

GD | Eso es una realidad; desde marzo, el sector de la derecha va a tener más parlamentarios en el Congreso. Pero igual hay mucha gente de la derecha que ha manifestado querer contribuir con este proceso; gente que tiene una convicción democrática que hace pensar que efectivamente la deliberación es positiva. Los sectores que no están dispuestos a abrir los espacios de participación y discusión, yo diría que son minoritarios.

Así que yo no me cerraría a la posibilidad de que se puedan ejecutar estas condiciones solo porque el próximo parlamento sea más de derecha que el actual. Los foros deliberativos los vamos a hacer sí o sí, pero si el Congreso nos ayuda con el feriado, seguramente haya más participación. De todas maneras, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las condiciones que se presenten.

OGS | Una de las propuestas que ha surgido en la comisión de forma de Estado es que Chile sea un Estado regional autónomo. Hay una discusión eterna dentro de la izquierda entre el autonomismo y la planificación central. ¿Existen estos desacuerdos en la izquierda de la Convención?

GD | Hay una percepción generalizada, transversal, de que hay que delegar poder central en las regiones. Hay diferencias en los alcances que podría tener o en los detalles, pero en términos generales, desde el Partido Comunista a los partidos más de derecha, está la convicción de la necesidad de distribuir el poder; el poder político, el poder fiscal, económico también, y el poder administrativo. Ahora, hay quienes proponen la conveniencia de establecer tributación regional, hay quienes creen que no, hay quienes creen que esta tributación regional debiera ser por asambleas regionales, que sean una especie de pequeños grupos colegiados de personas que legislen materias puntuales, hay otros que tienen algunas dudas sobre eso.

Hay una percepción generalizada de que hay que delegar poder central en las regiones. Hay diferencias en los alcances que podría tener, pero está la convicción de la necesidad de distribuir el poder.

 

OGS | También has hablado acerca de la necesidad de una eco-Constitución.

GD | Esta convención hizo una declaración oficial, que fue votada y tuvo amplia mayoría, y es que este proceso constituyente declara estar escribiendo la Constitución en un contexto de emergencia climática. Esta declaración tiene implicancias políticas, y una de ellas es que, a medida en que vayamos escribiendo las normas, cuando hablemos del derecho a la ciudad, de la organización de la ciudad, de migración interna, debemos tener presente que hay una emergencia climática.

Chile es un país que extrae materias primas. El sueldo de Chile es la minería, las forestales y la pesca. Entonces, esta extracción de materias primas, ¿cómo se hace cargo de esta crisis climática y la necesidad de generar medioambiente sustentable? Creo que decir eco-Constitución, en el fondo, es un eslogan. Pero apunta justamente a hacerse cargo de esta crisis del modelo económico y a partir de allí discutir los derechos y la limitación de los derechos; porque la función social y ecológica del suelo, por ejemplo, limita el derecho a la propiedad.

OGS | Ya se han presentado normas para la nacionalización del cobre y el litio. Y sabemos lo que pasó antes cuando alguien nacionalizó el cobre. Estamos en un momento político totalmente álgido, como vimos en las elecciones pasadas: teníamos un pinochetista que casi llega a la presidencia. Puede parecer chiste pero, pero incluso hubo una celebridad de televisión que llamó a los empresarios a hacerle un boicot a Boric. Por burdo que sea el ejemplo, representa un sentir real dentro de círculos políticos y económicos con poder. ¿No existe el miedo de que posibles nacionalizaciones terminen desestabilizando al país por una élite que no quiere soltar el billete?

GD | La iniciativa que tú mencionas es la iniciativa popular número 10, que hasta el día de ayer tenía 18 mil firmas; es decir que ya alcanzó el objetivo. Llama a la nacionalización de las empresas de la gran minería, del cobre, del litio y del oro, y es la iniciativa 5602. Efectivamente, esta iniciativa y otras que van a venir de los mismos convencionales, buscan modificar la propiedad y el uso de materias primas, por ejemplo, minería.

Ahora tu pregunta puntual es si el cambio en la institucionalidad ambiental, la extracción de materias primas, podría transformarse en un problema político. Yo creo que así será, pero lo importante no es solo establecer o garantizar estos derechos o lineamientos, sino más bien construir una institucionalidad (lo que algunos llaman la parte orgánica de la Constitución) que permita que estas transformaciones sociales se puedan hacer de manera gradual, considerando una transición justa. Porque si simplemente cerramos todas salmoneras, en mi región miles de personas se van a quedar sin trabajo.

Creo que debemos considerar primero el concepto de una transición justa hacia un modelo económicamente sustentable, respetuoso del medioambiente. Como la Convención no va a estar funcionando en ese momento, debemos generar hoy la condiciones para una institucionalidad robusta, democrática, con capacidad de tener control ciudadano a través de la posibilidad de vetar leyes o impulsar iniciativas populares de leyes y de control ciudadano para que pueda progresivamente irse instalando un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de provisión y, de hecho, un nuevo modelo de Estado.

Por eso yo pongo siempre el ejemplo de que esta nueva Constitución no va a hacer que cambiemos rápidamente hacia otra forma de vivir, sino que más bien es como un barco que gira el timón al otro extremo y va cambiando lentamente su dirección para comenzar a desplazarse hacia un lugar distinto.

OGS | En tu discurso de inauguración como vicepresidente dijiste que quieres un sistema universal de salud ¿Cómo se diferencia ese sistema universal de salud que propones del sistema que conoces hoy en Chile?

GD | En Chile hoy día coexisten dos sistemas de salud paralelos: por un lado, un sistema de salud público, que atiende a la gente que no tiene posibilidad de pagar y a la gente que tiene más enfermedades. Por otro lado, hay un sistema de salud privado que atiende a quienes pueden pagar. Este sistema de salud privado cobra más a los más viejos y a los más enfermos. Entonces los viejos y los enfermos se atienden en el sistema público, y los jóvenes sanos con alta remuneración se atienden en el sistema privado. Es un sistema creado para segregar y fragmentar la población civil según riesgo y capacidad de pago: se transforma en un negocio para los proveedores de salud privada y una gran dificultad en términos de sustentabilidad financiera para el sistema público.

Lo que buscamos es que la respuesta que Chile utilizó para el manejo de la pandemia sea la respuesta que se utilice para entregar las prestaciones de salud. En Chile, en el contexto del COVID-19, los centros privados siguieron siendo privados, siguieron siendo administrados por privados, y los públicos siguieron siendo públicos y administrados por entes públicos. Pero era el Estado quien definía la atención, priorizando a quienes la necesitaban más. Entonces, si alguien necesitaba una cama crítica, se le daba la próxima cama crítica que estuviese disponible. Y si no la podía pagar, no importaba; se iba a esa cama porque él necesitaba esa cama.

En Chile hay gente que no tiene grandes necesidades y se atiende con un cardiólogo porque puede, y hay gente que tiene gran necesidad de un cardiólogo, que lleva años enferma y no puede acudir a ninguno. El sistema universal de salud no es hacer de todo un sistema público. El sistema privado y público pueden coexistir, pero las prestaciones deben ser entregadas por orden de necesidad clínica y no de capacidad de pago.

Las centrales hidroeléctricas son las responsables de generar un 27% de la electricidad consumida en Argentina. A partir de 1993, 19 de ellas, responsables de casi 6 mil megawatts de potencia, fueron concesionadas a distintas sociedades anónimas integradas por grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Lo paradójico de la situación tiene que ver con el hecho de que el financiamiento de la construcción de casi la totalidad de las mismas fue sostenido por arcas estales, pero su renta fue íntegramente usufructuada por privados. Las hidroeléctricas son un activo neurálgico que definen buena parte de los pilares de la seguridad energética e incluso la soberanía nacional. A continuación, exploramos una serie de argumentos de índole económica, ambiental-tecnológica, político-social y proyectiva que indican una urgencia: la necesidad de desprivatizar.

Escriben: Jonatan Nuñez, Martín Kazimierski, Bruno Fornillo – Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC)

 

 

 

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La experiencia de recomposición del tejido social que tuvo lugar en Chile en el último tiempo y que ha dado lugar a un ciclo de politización de masas ha dejado en evidencia que la relación entre la calle y lo electoral no marchan por separado y que, en determinadas coyunturas, soltar una puede comprometer la otra.

Escriben para Jacobin América Latina

El domingo 19 de diciembre resultó electo presidente de Chile Gabriel Boric Font. En una elección con niveles inéditos de participación, el candidato de los partidos de la izquierda agrupada en la coalición Apruebo Dignidad se impuso por casi doce puntos de diferencia (56% sobre 44%) al candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, convirtiéndose, con 35 años, en el presidente más joven y también el más votado de la historia del país. En marzo de 2022, Sebastián Piñera tendrá que entregar el poder a la generación de las y los estudiantes que se movilizaron por la educación pública durante su primer mandato (2010-2014).

El ciclo electoral de la revuelta

La elección presidencial fue la penúltima de un abultado ciclo de elecciones que han tenido lugar en Chile desde que se inauguró el escenario abierto por las movilizaciones de estudiantes secundarios que estallaron en una revuelta. Desde el 18 de octubre de 2019 se ha llevado a cabo el plebiscito por una nueva Constitución, la elección de constituyentes y la renovación de todos los cargos de elección popular: alcaldías y concejalías, gobernaciones y consejos regionales, parlamentarias y la presidencia del país. Ahora solo resta, el próximo año, el plebiscito de salida para ratificar la nueva Carta Magna. En una avalancha electoral tal, resultaba ineludible la centralidad que iba a jugar esta forma de traducir la contienda social.

En la última década, una dimensión gravitante para comprender el comportamiento político local ha sido el alto nivel de abstencionismo electoral. Desde que en 2012 se implementara el sufragio voluntario, la abstención ha ido en un sostenido aumento, tendencia que por primera vez se revirtió en octubre de 2020, con ocasión del plebiscito por una nueva Constitución. La curva de la participación electoral no ha sido pareja desde entonces. Del 50,9% de participación para el plebiscito —en que el «Apruebo» se impuso al «Rechazo» por 79% contra 21%—, pasamos al 47% de participación en la primera vuelta presidencial, nivel de abstención muy similar a la última elección previa a la revuelta.

Todo indica que los sectores populares en tanto fuerza votante han sido selectivos en sus batallas. Esto ha provocado a momentos resultados electorales difíciles de descifrar, pero lo cierto es que la menor participación electoral ha sido proclive a las fuerzas conservadoras (el mejor ejemplo de ello fueron las elecciones parlamentarias) y que el pueblo eligió la segunda vuelta presidencial como una batalla propia, definiendo con ello su desenlace.

Las contiendas electorales, y particularmente la ampliación de la participación popular en ellas, han estado orientadas por las dos coordenadas fundantes de la revuelta que estalló en Chile y que están sin duda íntimamente ligadas: la impugnación al neoliberalismo y a quienes lo han administrado y la impugnación a la herencia dictatorial. Tanto el plebiscito por una Nueva Constitución como el reciente balotaje, que rápidamente adoptó una forma plebiscitaria, actualizaron ambos ejes. Si en 2019, por la vía de movilización de masas expresada luego en el desborde de la votación del plebiscito, se logró en pocas semanas lo que ninguno de los partidos de la transición democrática hizo en 30 años (poner fin a la Constitución de Pinochet), en la segunda vuelta presidencial se le cerró el paso a la candidatura que buscaba restaurar su legado, salvaguardando de paso con ello el espacio institucional desde el cual se aspira a desmontar su continuidad: la Convención Constitucional.

La experiencia de recomposición del tejido social, articulación y movilización sostenida (incluso a pesar de la interrupción por efecto de la pandemia), han dado lugar a un ciclo de politización de masas, en medio del cual amplios sectores han verificado que la relación entre la calle y lo electoral no marchan por separado y que, en determinadas coyunturas, soltar lo uno puede comprometer lo otro. En un contexto de marcado abstencionismo y a la vez de un sector de la izquierda que ha abrazado históricamente su alejamiento de la vía de disputa institucional, esto marca un viraje para la recomposición de las fuerzas transformadoras.

La primera vuelta presidencial

El 18 de julio tuvo lugar la primaria presidencial en virtud de la cual Chile Vamos y Apruebo Dignidad definieron por votación popular quién de entre sus correligionarios sería su candidato definitivo. En la ocasión, Gabriel Boric se impuso al candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, sumando ambos, en total, un millón setecientos mil votos. Por su parte, entre los candidatos de Chile Vamos se impuso el independiente con apoyo UDI, Sebastián Sichel, quien junto a los otros tres candidatos de su bloque llegaron a un millón trescientos mil votos. En suma, esta fue la primaria más votada de la historia, y Apruebo Dignidad tuvo una participación mayoritaria como conglomerado.
Cuatro meses más tarde, en la primera vuelta electoral del 21 de noviembre, Boric obtuvo un millón ochocientos mil votos, no logrando ampliarse por fuera de su sector más que en exiguos cien mil votos respecto de la primaria. Por cierto que esta vez se enfrentaba a numerosos candidatos de otros sectores; sin embargo, quedó por debajo del candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, quien no participó previamente en primarias y que pasó al balotaje en primera posición. La baja participación popular en esta elección, sumada a la dispersión en los proyectos, el esquivo rol del empresariado para con su candidato (Sebastián Sichel) y el escaso involucramiento de más amplios sectores dejó al abanderado de izquierda en una posición que solo podría revertirse a contrapelo de la tendencia electoral histórica.

Uno de los elementos más destacables de la primera vuelta presidencial es que las principales coaliciones políticas que gobernaron el Chile de la posdictadura (los autodenominados «centros» de izquierda y de derecha) perdieron su hegemonía histórica y quedaron fuera del reciente balotaje. Un segundo hecho es que pasaron por primera vez a segunda vuelta conglomerados, como Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano, fundados en el marco de este mismo ciclo de disputa posrevuelta. Mientras el primero ya contaba con una bancada parlamentaria (con parlamentarias y parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista), el segundo es abiertamente expresivo del fenómeno internacional de emergencia de las llamadas derechas extremas.

Un tercer elemento destacable fue el «factor Parisi» y su «Partido de la Gente», que con casi un millón de votos se hizo del tercer lugar, irrumpiendo como el gran outsider de la primera vuelta con un relato que revive la promesa neoliberal del éxito a través del esfuerzo individual desde una pretendida posición antielitaria y antiabusos. El «fenómeno Parisi», que cuenta con un candidato que realizó su campaña íntegramente desde fuera del país, es interesante de analizar por ser expresivo del campo de disputa que constituye hoy el proceso de politización de masas en curso.

En efecto, Parisi interpreta una fibra sensible de esa conciencia que sigue anclada a la idea neoliberal del mérito propio, pero que brega por expulsar al mercado del campo de los derechos sociales. Este relato de interregno, que repone al individuo en el centro, que critica la corrupción de las élites pero que omite los derechos sociales choca con el horizonte instalado por las izquierdas y, especialmente, con el feminismo, que afirma el carácter social de la existencia y la responsabilidad de socializar los trabajos que la sostienen. A diferencia de los partidos de los históricos conglomerados de estos treinta años que se ordenaron con mayor o menor desdicha detrás de Boric y Kast, Parisi no se alineó inicialmente con ninguno, dejando abierta la disputa por ese millón de votos en un momento crucial.

Tras la primera vuelta, el Partido de la Gente fue encarnando más y más marcadamente un política de restitución patriarcal, que se expresó tanto en la campaña electoral como en la masculinización de su base votante y, muy concretamente, en su candidato quien mantiene una millonaria deuda de pensión alimenticia. De manera inédita este tema se politizó abriendo un debate público ineludible, donde tanto Boric como Kast tuvieron no solo que posicionarse, sino definir con ello la forma de interlocución con el voto de las mujeres. Mientras el primero apostó por el voto femenimo, el segundo relativizó la violencia económica y cerró filas con el papito corazón.

El balotaje y sus resultados

La segunda vuelta presidencial adoptó una forma (e incluso una épica) plebiscitaria. En menos de un año, Chile volvía a enfrentar una decisión que delineaba las condiciones de posibilidad para la continuidad de un ciclo de transformación en alza o la amenaza de su retroceso más radical. Esto quedó expresado no solo en la campaña sino también —y con una precisión espectral— en el resultado final, que repite los porcentajes de votación del plebiscito de 1988 cuando el país decidió si quería que continuara o no Pinochet en el poder. En ese entonces, el No se impuso con un 56% sobre 44% obtenido por el Sí. Como diría Mark Fisher, más de 30 años después nos enfrentamos a los fantasmas que asedian la democracia con la recomposición de sus clivajes históricos y correlación política.

Desde que existe el balotaje, la elección presidencial chilena siempre ha sido ganada por el candidato o candidata que pasa en primer lugar a la segunda vuelta. Esta vez ese comportamiento histórico se torció en virtud de un factor determinante: el 8% de los y las votantes que se abstuvieron en primera vuelta decidieron concurrir a las urnas, superando con ello todos los registros de participación electoral de nuestra historia reciente hasta alcanzar el 55,6%. Un millón doscientos mil votos más.

Este factor dio vuelta, literalmente, el escenario. Mientras en noviembre Kast aventajó a Boric en once de las dieciséis regiones del país, en diciembre Boric aventajó a Kast en once de las dieciséis regiones, obteniendo en cuatro de ellas sobre el 60% de los votos, incluyendo a la Región Metropolitana de Santiago, situada en el centro, a Atacama en el extremo norte, y a Magallanes, el extremo sur del país. ¿De dónde salieron ese millón doscientos mil nuevos votos y qué les movilizó a votar?

Las mujeres y el feminismo: el lugar de la iniciativa

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial se encendió una señal de alarma. Siempre pareció probable que José Antonio Kast llegase a la segunda vuelta pero, tanto en el campo de las organizaciones populares como en Apruebo Dignidad, nadie parecía haber barajado la posibilidad de que pasara en el primer lugar. Si bien algunas encuestas proyectaban que esto acontecería, la credibilidad de estos instrumentos de medición está desde hace tiempo socavada y, además, dicha proyección resultaba desde muchos puntos de vista contraintuitiva. ¿Cómo podría ser que en el Chile de la revuelta pasara en primer lugar el candidato de la extrema derecha?

Mientras en las elecciones anteriores el pacto Apruebo Dignidad no hizo más que aumentar su rendimiento electoral, posicionándose como la alternativa más viable para enfrentar en las urnas la emergencia de Kast, contrastaba con ello el hecho de que, a nivel general, los movimientos sociales y organizaciones populares no apoyaron de manera pública ni hicieron campaña. Era evidente que muchos y muchas de quienes hacen parte de dichos movimientos iban a votar por Boric, pero el ejercicio de deliberación colectiva y toma de posición orgánica no se produjo.

El desconcierto que acompañó la noche del 21 de noviembre también dio paso a distintas formas de iniciativa, esa que no se había desplegado en la contienda previa, con posicionamientos colectivos e individuales llamando a levantar campaña desde fuera de Apruebo Dignidad. En pocas horas se expandió rápidamente un sentido de urgencia que, contrario a toda parálisis ante los resultados, trajo consigo las primeras respuestas de sectores organizados.

Esa misma noche, la Coordinadora Feminista 8M convocó una plenaria extraordinaria para discutir los resultados y las orientaciones a tomar. Se acordó allí una declaración pública bajo la consigna «Hoy y no Mañana» en apoyo a la candidatura de Gabriel Boric y el llamado abierto a una Asamblea Feminista Antifascista. A este, que fue el primero de los primeros hitos masivos realizados a tan solo tres días de la primera vuelta, llegaron cerca de dos mil asistentes, entre quienes participaron de forma presencial en la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y de forma remota en la asamblea virtual que se realizó en paralelo. En la ocasión tomaron la palabra activistas de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia Las Mujeres, Organización de Trans Diversidades, asociaciones de cuidadoras como Yo Cuido, el colectivo Autoras de Chile, la Red de Actrices de Chile, la Federación de Estudiantes de la USACH, la red de aborto Con Amigas y en la Casa, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Negrocéntricxs, Familia es Familia, Pedaleras Antipatriarcales y Bisidencias, la Cátedra Amanda Labarca, Anamuri, La Morada y asambleas territoriales como la del metro La Granja y las Mujeres Autoconvocadas de Macul. Todas y cada una de las organizaciones, muchas de las cuales nunca habían incursionado en procesos electorales ni optado por el camino de la participación institucional, se refirieron a la necesidad de dar un paso adelante en un llamado transversal y afirmativo no solo a votar por Gabriel Boric, sino a movilizar todo lo que fuera necesario para ampliar la votación en sectores que no se habían hecho parte hasta ahora.

Había una urgencia compartida por vencer el proyecto de restauración patriarcal, neoliberal y autoritario que veíamos tan próximo. En este contexto, la experiencia de las feministas en Brasil ocupó un lugar central en las intervenciones de la jornada: la clave de negación (Ele Não) no era suficiente para imponerse en las elecciones, la campaña que se librara por fuera de los partidos políticos debía ser desde un primer momento clara en comunicar su elección y llamado. Tal como dijeron las organizaciones de cuidadoras, estaba en juego mucho más que una elección como las anteriores: se trataba del cuidado de los derechos alcanzados y de la vida de mujeres, niñas y disidencias. Cada una de las presentes sabía que era necesario derrotar a Kast y que esta derrota tenía que ser aplastante. Así fue.

Mientras el Partido Republicano puso en cuestión el sufragio femenino, los derechos sexuales y reproductivos, discriminó abiertamente a madres solteras y tuvo que realizar una disculpa pública por su pretensión inicial de acabar con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el movimiento feminista y LGBTIQ+ dio un paso clave en afirmar su protagonismo. Y es que los mismos sectores que han dicho que nuestras vidas no son un problema político hicieron de nuestras vidas, deseos y derechos su centralidad programática. Un hito central en este llamado transversal y unitario desde el movimiento feminista fue el acto «Nuestra urgencia por vencer», realizado en los últimos días de campaña y donde participaron feministas de la generación de los ochenta, integrantes históricas de la agrupación Mujeres por la Vida, al igual que artistas, activistas y militantes de diversas organizaciones y también partidos de Apruebo Dignidad. La heterogeneidad y unidad de esta instancia marca un precedente indiscutible.

Afirmar un lugar en la campaña contra estos sectores significó también, necesariamente, afirmar la ternura y el cuidado sobre su insistencia en desplegar una comunicación basada en el odio y las noticias falsas. En lo más íntimo, muchas, muches y muchos decidieron por quién votar como parte de un gesto de cuidado con sí mismos y también con amistades, familiares y personas que sabían podían estar en riesgo. El voto devino a distintas escalas una expresión de cuidado. Este llamado, que no era un voto de confianza, sí requería del despliegue de una campaña abierta y sin medias tintas.

Con los días, cada vez fueron más los sectores organizados que hicieron público su llamado a votar por Gabriel Boric, unos en clave de voto antifascista, otros aludiendo a un programa de transformación que recogía las aspiraciones de las luchas históricas y, también, algunos en el reconocimiento de que su triunfo era condición de posibilidad para seguir construyendo y afirmando una alternativa política propia.

Junto a las organizaciones feministas, desde los movimientos sociales tomaron el lugar de la iniciativa organizaciones sindicales y gremiales: el Colegio de Profesoras y Porfesores, la Unión Portuaria de Chile, la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+afp, la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas Fiscales, las y los Trabajadores del Cobre; organizaciones socioambientales como el Movimiento por las Aguas y los Territorios (MAT) y el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA); organizaciones de izquierda por fuera de Apruebo Dignidad como Solidaridad, Movimiento Anticapitalista, Convergencia 2 de Abril, Lista del pueblo; organizaciones de Iglesias Evangélicas; figuras insignes de la revuelta y víctimas del terrorimo de Estado, como la recién electa senadora Fabiola Campillai y Gustavo Gatica; activistas estudiantiles como Víctor Chanfreau.

A esto se sumó el transversal apoyo que recibió la candidatura Boric entre las y los constituyentes de los distintos sectores de independientes (Independientes No Neutrales, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes y ex Lista del Pueblo) y de Escaños Reservados de Pueblos Originarios. Todas estas organizaciones y actorías, que no habían tomado una posición pública ante la primera vuelta, hicieron declaraciones, actividades y campaña para la segunda vuelta.

Los bastiones de la segunda vuelta

La participación electoral creció en todos y cada uno de los rincones del territorio. El porcentaje más alto de crecimiento se verificó en la Región Metropolitana de Santiago (que concentra el 40% del padrón electoral), con un 11% más de votos en un promedio nacional de 8% de aumento. Esto vino principalmente de los barrios marginados y populares de la gran zona urbana. De las 52 comunas que componen la capital, fueron las más pobres, que registraban en muchos casos los mayores índices de abstención, las que salieron en masa a votar por Boric, quien obtuvo en lugares como La Pintana, Los Espejo, Cerro Navia, Puente Alto, La Granja, Renca, San Joaquín más del 70% de apoyo, muy por sobre el 55% nacional.
Todo ello tuvo lugar a pesar de la evidente obstaculización al funcionamiento del transporte público desplegado por el gobierno, que dificultó el acceso y el tiempo de votación, particularmente en las zonas más aisladas de las ciudades. Distancias que habitualmente se recorren en quince minutos tomaban dos horas de tiempo el día de la elección. El objetivo era, evidentemente, impactar la votación de las periferias.

Mención aparte merece la comuna rural de Paine, de la cual la familia Kast es oriunda y que constituye para ellos una especie de feudo. A diferencia de la primera vuelta, en Paine ganó Boric con un 54,6% de los votos, infligiéndole al «nazi» (como le llaman ahí) una derrota en su propia casa. En contraste, José Antonio Kast con contadas excepciones, solo superó el 70% de votación en las tres comunas del 1% más rico del país, las mismas únicas comunas en que ganó el Rechazo para el plebiscito por una Nueva Constitución.

Otro núcleo donde Boric superó el 70% de los votos fue en las zonas de devastación socioambiental que, marcadas por el extractivismo, han sido declaradas «zonas de sacrificio». Petorca, Puchuncaví, Huasco, Freirina, portadoras de largas batallas y resistencias ecologistas, salieron a cerrarle el paso al negacionismo de Kast ante la crisis climática.

Un tercer bastión protagónico fue la masividad del voto de mujeres por el candidato de Apruebo Dignidad. No contamos todavía con los datos desagregados por edad y sexo del Servicio Electoral, pero de acuerdo a la estimación de la plataforma Decide Chile, de la empresa de big data Unlhoster, «las mujeres menores de 50 años fueron el motor del triunfo de Boric», señalando que la participación se disparó en este segmento y dio su respaldo a Boric en cantidades superiores al promedio. Mientras en la primera vuelta participó el 53% de las mujeres menores de 30 años que pueden votar y el 58% de las mujeres entre 30 y 50 años, en la segunda vuelta la participación creció hasta alcanzar el 63% y el 67% respectivamente, convirtiendo a este sector en el «bastión indiscutido de la ventaja». Boric había obtenido el 65% de los votos de las mujeres menores de 30 años y el 61% de las mujeres entre 30 y 50 años.

Ese millón doscientos mil votos que determinó el triunfo de Boric provino de la autoorganización, la movilización y la decisión política de los barrios pobres, de las zonas de extractivismo, de la juventud popular y de las mujeres; es decir, de aquellos sectores que asumieron como propia la tarea de detener la amenaza cierta sobre sus propias vidas y derechos. La pregunta abierta que queda es: ¿sobre qué fuerzas se sostendrá y para quién gobernará Boric?

Sin ingenuidad

No podemos tener certeza del futuro, pero sí podemos reconstruir los pasos dados que nos han colocado en el escenario del presente. La mayoría de los sectores sociales que rompieron con la abstención electoral haciendo posible el triunfo de Boric se movilizaron primeramente desde la certeza de que era necesario derrotar a Kast en las urnas más que por una confianza íntima hacia el actual presidente electo. Numerosas organizaciones sociales desplegaron la campaña afirmando un lugar de independencia respecto de la coalición Apruebo Dignidad. Y es que el ineludible lugar que la memoria ocupa en la dinámica política no ha dejado de ponerse en juego en cada coyuntura; esa memoria del pasado que dicta «nunca más» a Pinochet, y esa memoria reciente que se ha ido forjando al calor de la revuelta.

Gabriel Boric firmó solo y de espaldas a sus bases partidarias el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019, acuerdo que habilitó el proceso constituyente en unos términos que amplios sectores populares criticaron y que fue leída también como una capitulación a la exigencia multitudinaria de las calles de destituir a Sebastián Piñera por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esto provocó entonces un quiebre y fuga de militantes en la misma coalición de Boric, al tiempo que el público cuestionamiento de varios movimientos y sectores movilizados. Posteriormente, la decisión del mismo Boric como de varios de sus compañeros de bancada parlamentaria de aprobar en general el proyecto de ley que sanciona con graves penas diversas formas de protesta, en medio del contexto de la revuelta, es algo que gravita. Esos parlamentarios pidieron posteriormente disculpas por dicha decisión, pero las disculpas no tuvieron la fuerza de deshacer la desconfianza instalada.

No es casual que la centralidad que hoy ocupa la demanda por la libertad de las y los presos políticos se hiciera notar con fuerza la noche del 19 de diciembre cuando, tras el triunfo, Boric dirigió su primer discurso como presidente electo al país. Entre los y las más de cien mil asistentes que se congregaron en la Alameda irrumpió con fuerza el grito de «liberar a los presos por luchar», ante lo cual Boric interrumpió sus palabras diciendo «ya estamos hablando con sus familiares». Al día siguiente, la primera medida oficial anunciada por el próximo presidente fue la de retirar respecto de los y las presas políticas de la revuelta todas las querellas judiciales por Ley de Seguridad del Estado. Si bien esto tiene más de simbolismo que de efectos prácticos (en la medida que ni todas los y las presas están privadas de libertad por esta ley y que en el caso de quienes sí lo están, no es la única ley que se les está aplicando), sin dudas aparece como una señal correcta.

Tras el resultado de la primera vuelta presidencial, Apruebo Dignidad buscó rápidamente acercarse a los partidos de la ex Concertación, especialmente a la Democracia Cristiana (que definió apoyar en campaña para luego ser oposición), y al Partido Socialista (quienes desde un primer momento hicieron público su apoyo). Desde el comando, el esfuerzo inicial se concentró en capturar los votos del «centro». Sin embargo, con los días empezó a sentirse el despertar de la iniciativa popular que fue llenando los actos en ciudades y pueblos al paso del recorrido que por todo el país hizo el candidato presidencial. Miles de gestos de apoyo popular y de cariño a Boric se viralizaron en las redes sociales y en la prensa, dotando a la campaña de la épica creativa y autoconvocada que no tuvo previamente. En contraste, Kast no logró en ningún momento congregar multitudes y, temeroso de su electorado, se hizo visible más bien por repeler el contacto físico de quienes lo apoyaban.

Conforme esto se afirmaba, Apruebo Dignidad pareció reconocer que la clave para ganar la segunda vuelta no estaba en limitarse a sumar los votos de la ex Concertación, sino que era necesario acercarse a quienes no se habían sumado antes, y supo hacerlo. Pero lo hizo también reviviendo la figura de Michelle Bachelet, quien cuenta con amplio apoyo en la población y que arribó a Chile a manifestar su apoyo al candidato. Por un momento, el país, que castigó al exbloque gobernante en las urnas, volvió a teñirse de un bacheletismo que evocaba una continuidad ominosa. Con el paso de las primeras semanas se logró una articulación inédita, que convocó tanto a las principales figuras de los 30 años de posdictadura como a quienes nos habíamos erigido en sus principales críticas y críticos durante la revuelta.

Apruebo Dignidad ganó la elección presidencial portando un programa de reformas que recoge importantes y sentidas demandas populares, particularmente en ampliación de derechos sociales a grupos históricamente excluidos; sin embargo —con la excepción del Partido Comunista—, no es una coalición de composición predominantemente popular. Desde ahora, erigida en gobierno precisamente gracias a estos sectores que se movilizaron para hacerlo posible, tiene la grandiosa posibilidad de llegar a serlo. Si gobierna desde y sostenido sobre esa fuerza de los pueblos o si se limita a ofrecer la repetición amigable del mismo guion transicional es algo que está por verse. En esta pregunta abierta se juega la respuesta acerca del mayor o menor espacio que existirá en el período inmediato para la construcción de fuerzas políticas emergentes con horizontes anticapitalistas, a partir de la articulación de organizaciones populares que han asumido en este ciclo un camino de disputa institucional por fuera de los partidos tradicionales. Mientras Apruebo Dignidad no avance sobre hechos concretos, nos permitimos ejercer deliberadamente nuestros derecho a dudar.

El lugar de la oposición

Más allá de lo más o menos críticas que sean las posiciones desde las cuales diversos sectores populares dieron su apoyo Boric, lo cierto es que el lugar de la oposición en el periodo presidencial que se avecina lo ocupará eminentemente la extrema derecha. Se tratará además de un lugar de oposición bien distinto al que ha ocupado el pueblo en mandatos anteriores, pues contará con la maquinaria comunicacional hegemónica a su favor, que ya se ha puesto a disposición del desprestigio de la Convención Constitucional y del discurso «anticomunista» que despliega contra cualquier idea de reforma.
El día previo a la elección, la constituyente y militante del Partido Republicano, Teresa Marinovic, publicó una columna titulada «Kast ya ganó». Adelantándose a la derrota electoral de su sector, afirmaba: «Falta poco para la elección presidencial, pero los resultados de esta segunda vuelta ya los conocemos: ganó Kast. Ganó incluso aunque obtenga una votación inferior a la de Gabriel Boric, Kast ganó. Desarticuló la tesis de que su discurso era inviable, de que estaba condenado a representar a un nicho demasiado reducido». No deja de tener razón: Kast pasó de tener un 7,9% en las presidenciales de 2017 a consolidar un liderazgo que arrastró incluso a una derecha que se autodenomina liberal y pudo consolidar la conformación de una bancada propia.

Sin embargo, a diferencia de lo que ella afirma en esa misma columna, la distancia entre Trump, Bolsonaro y Kast no es un asunto de carácter. La extrema derecha en Chile se limitó a repetir un guion internacional, una fórmula, pero ni los Estados Unidos de 2016 ni el Brasil de 2018 eran el Chile de los horizontes políticos abiertos por la revuelta. En un escenario atravesado por la movilización y politización de masas, Kast no ha logrado desarrollar una fuerza de movilización propia y no supo tampoco proponer una sola cosa al país. Su campaña consistió en un esfuerzo por despolitizar el debate y por despojarlo de profundidad programática. Pensaba que podía hablarle al Chile de antes. Kast es bastante expresivo de una burguesía que toma su deseo por realidad y su deseo es que esta revuelta no hubiera acontecido nunca.

Hoy respiramos aliviadas de haber impedido que Kast y su programa antimujeres, antidisidencias sexuales y de género, antimigrantes y antipobres llegaran a ser gobierno; por haber asegurado el desarrollo del proceso constituyente; por haber constatado una vez más que cuando el pueblo hace suya una batalla la gana, pero sabemos bien que el combate al neofascismo no empieza ni termina en las urnas. Muy por el contrario, estamos recién comenzando. Sabemos también que han sido los partidos autodenominados de izquierda o de centroizquierda los que, con sus políticas de precarización, han allanado el camino a la emergencia de estas derechas extremas.

No será desde la subordinación a esos partidos, en nombre del mal menor o de la medida de lo posible, que podremos derrotar ya no solo electoral sino socialmente a esas derechas. Ante el actual vértice histórico, sigue estando a la orden del día la imprescindible tarea de afirmar desde los pueblos una alternativa propia, que emerja desde esa voz indelegable como ese deseo abierto por otra vida, esa que ya comenzamos a imaginar y escribir en multitudes.

Una tarea que desborda fronteras

Nos tomamos las palabras finales para transmitir un mensaje a compañeras, compañeres y compañeros de otras latitudes, especialmente de América Latina. Somos conscientes de la trascendencia internacional que tiene tanto este resultado electoral como el proceso constituyente en curso, librado en medio de un contexto de agudización de la crisis global del neoliberalismo depredador. Sabemos que este camino que han abierto los pueblos en revuelta compromete aspiraciones populares que atraviesan fronteras y que no basta con inscribirnos en la posición defensiva del «No pasarán», sino a la afirmación de una alternativa de transformación vital y urgente.

Queremos que sepan que, al menos desde un lugar del movimiento feminista en Chile, en cada paso dado nos han acompañado también las luchas y las lecciones —con sus aciertos y errores— de numerosos pueblos. Las luchas feministas en Polonia, España y Argentina que se alzaron en huelga, la lucha y resistencia a la extrema derecha negacionista del pueblo en Brasil, las protestas de Ecuador y Colombia, las revueltas de Hong Kong, El Líbano y Sudán. Es imposible enumerarlas todas. Y si hemos podido sumarnos aquí también a esta constelación de levantamientos, y si hemos podido derrotar en las urnas la alternativa neofascista, es porque hemos decidido deliberadamente dejarnos orientar y acompañar por esas experiencias. Nuestro deseo es que así como nosotras les seguimos mirando, hoy puedan acompañarnos para tomar lo que de esta experiencia colectiva sirva en este camino hacia esa vida que nos deben y que desafía las fronteras.

 

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

En Chile, un país golpeado tras décadas de neoliberalismo, hoy emerge un nuevo pueblo, que reclama el derecho a construir su destino con justicia y dignidad. Ese pueblo llegó para quedarse y para ser protagonista. Y esa es la mejor noticia que nos dejó la elección.

Escribe Pierina Ferretti en Jacobin América Latina

Un triunfo celebrado en Chile y en el mundo

La noche del domingo 19 de diciembre, ante cientos de miles de personas que desbordaban la principal arteria de Santiago y un país completo que seguía las noticias por la radio y la televisión, Gabriel Boric, el mismo joven que hace diez años había liderado las emblemáticas movilizaciones estudiantiles por la educación pública y gratuita, pronunciaba su discurso de victoria como presidente electo.

Esa noche, una verdadera fiesta popular se extendió por todo el Chile. Y no era para menos. Boric se convertía en el presidente más joven y más votado de la historia de la república y en el primer representante de una coalición de izquierdas en ganar las elecciones presidenciales desde que Salvador Allende lo hiciera en septiembre de 1970. Tras el shock que significó ver al ultraderechista José Antonio Kast con posibilidades de llegar a La Moneda, el contundente respaldo alcanzado por el candidato de Apruebo Dignidad en el balotaje se sintió como una bocanada de aire fresco tras semanas de tensión.

Pero las celebraciones traspasaron las fronteras nacionales. La elección de Gabriel Boric fue saludada por las izquierdas y los progresismos en todo el mundo como una victoria contra las regresiones conservadoras que se multiplican a lo largo y ancho de la geografía global. En un momento en que la resolución de la crisis capitalista se debate entre proyectos de recuperación democrática y reconstrucción de derechos sociales y alternativas de corte ultraconservador que intentan redisciplinar a la población atacando sobre todo a los movimientos que lideran las luchas emancipatorias, la victoria de Boric —y la de cualquier representante de fuerzas democráticas por sobre los grupos reaccionarios— adquiere relevancia estratégica.

En América Latina, además, el triunfo de la izquierda chilena refuerza la esperanza en el renacer un nuevo ciclo progresista tras la debacle de la «marea rosa» anterior. La elección de Boric, sumada a las de Andrés Manuel López Obrador en México (2018), Alberto Fernández en Argentina (2019), Luis Arce en Bolivia (2020), Pedro Castillo en Perú (2021) y Xiomara Castro en Honduras (2021), y a las posibles victorias de Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil el próximo año, promete (con todos los límites de cada caso) una posible recomposición del progresismo continental.

La aparición de Boric en el escenario político latinoamericano ayudará a fortalecer el compromiso desde las izquierdas con la democracia, las libertades y los derechos humanos, preocupaciones que el nuevo presidente, heredero de la arraigada tradición del socialismo democrático chileno, ha sido enfático en marcar. En esta línea, debe recordarse que Boric, a diferencia de otros dirigentes de la izquierda chilena y regional, no ha vacilado en criticar abiertamente las derivas autoritarias de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela o en apoyar las movilizaciones sucedidas en 2021 en Cuba, a pesar de la molestia que sus planteamientos han causado en sectores que se resisten a la crítica de estas experiencias.

La «generación 2011» llega a La Moneda

A nivel local, la victoria de Gabriel Boric es expresión de la maduración de fuerzas que se gestaron al calor de una de las luchas antineoliberales más relevantes de este periodo. El presidente electo, como parte de una camada de jóvenes líderes políticos (entre quienes destacan Giorgio Jackson y las militantes comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola), se forjó en medio de la revuelta estudiantil del 2011, primera movilización con un contenido abiertamente antineoliberal que escaló nacionalmente y que logró fisurar la legitimidad del régimen. En ese entonces, la demanda por el derecho a una educación pública y gratuita, junto con la crítica al lucro de las empresas educativas, se convertía en un desafío explícito al núcleo del neoliberalismo: la mercantilización de aspectos centrales de la reproducción social y la ganancia empresarial subsidiada por el Estado.

Paralelamente, las élites políticas que habían administrado el modelo por décadas se desgastaban y una nueva generación comenzaba a emerger. La «generación 2011», como se la llama desde entonces, se fue constituyendo en oposición no solo a la derecha, sino también a la centroizquierda agrupada en la Concertación de Partidos por la Democracia, conglomerado que condujo el país tras la dictadura de Pinochet y que mantuvo una línea de continuidad y profundización de las políticas neoliberales, renunciando a los elementos básicos de cualquier programa socialdemócrata que se precie.

Los colectivos estudiantiles que protagonizaron las movilizaciones de ese periodo se fueron articulando en movimientos y agrupaciones que, con el paso de los años y atravesando numerosas dificultades, quiebres y reordenamientos, decantaron en la creación de nuevos partidos y del Frente Amplio como coalición. Estos grupos, en alianza con el Partido Comunista, que representa a la izquierda histórica, son la base de lo que hoy se conoce como Apruebo Dignidad, pacto que sostuvo la candidatura de Boric y que logró convertirse en una alternativa política independiente de la Concertación y desplazar a los partidos tradicionales en la conducción del Estado.

Las claves de la victoria

Gabriel Boric se impuso con un 55,9% de las preferencias, superando por casi un millón de votos a su contrincante. Una victoria contundente que, sin embargo, estuvo antecedida por el alarmante ascenso del ultraderechista José Antonio Kast, quien logró un inesperado crecimiento pasando al balotaje en primer lugar, y por el estancamiento del candidato de Apruebo Dignidad, quien tras meses de campaña y de liderar las encuestas obtuvo casi el mismo número de votos que los que su coalición había logrado movilizar en las primarias realizadas en julio.

Estos resultados golpearon a la izquierda, a los movimientos sociales y a todo el espectro de fuerzas democráticas. Parecía imposible que después de la revuelta popular, de la masiva emergencia feminista y en pleno proceso constituyente, un candidato de la derecha más extrema pudiera llegar a la presidencia de la república.

La gravedad del peligro produjo un intenso despliegue en las semanas que siguieron. En pocos días, todas las fuerzas democráticas del país se cuadraron detrás de la candidatura de Boric. Los partidos de la ex Concertación en pleno y algunos de sus líderes más representativos, como los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, expresaron su adhesión.

Al mismo tiempo, y desde el otro extremo del abanico, figuras emblemáticas del campo popular que emergieron en el proceso de la revuelta social y que se habían mostrado muy reticentes a vincularse con los partidos políticos, llamaron a votar por el candidato de la izquierda. Un hito clave en este sentido fue el respaldo que le entregaron la senadora electa Fabiola Campillai y el joven Gustavo Gatica, quienes son ampliamente respetados en el país por la dignidad con la que han llevado adelante su lucha por justicia y reparación tras haber quedado ciegos producto de la represión policial.

En esta misma línea, Boric recibió el respaldo de importantes líderes del movimiento indígena, como la machi Francisca Linconao, reconocida autoridad espiritual mapuche y actualmente convencional constituyente, y Elisa Loncón, dirigente mapuche y presidenta de la Convención Constitucional. También sumaron sus apoyos la inmensa mayoría de movimientos sociales, sindicatos, asociaciones gremiales y, en general, todos los sectores organizados de la sociedad. Al interior de estos movimientos debe destacarse el rol de las organizaciones feministas, que rápidamente desplegaron su poder de convocatoria y despliegue.

Sin embargo, lo más impresionante y crucial de las últimas semanas fue la activación autónoma e independiente de un sinnúmero de grupos autoconvocados de las más diversas composiciones: desde artistas a animalistas, de colectivos LGBTIQ+ a cristianos progresistas, asociaciones de vecinos, centros culturales, hinchas de fútbol y una lista interminable de grupos se autoorganizaron para hacer campaña. Cicletadas, conciertos, recitales poéticos, volanteos y puerta a puerta se multiplicaron por todo el país desbordando las acciones planificadas por el comando oficial de la candidatura.

Esta enorme movilización social mostró a un pueblo activo, comprometido con la defensa de los avances que ha alcanzado y dispuesto a hacer escuchar su voz. Ese pueblo, como lo mostró el despliegue autónomo de estas semanas, llegó para quedarse. Y en ello radica una de las mayores fuerzas de la sociedad chilena actual. La izquierda, o al menos una parte de ella, es consciente de que sin el apoyo activo de la sociedad es prácticamente imposible el avance del programa de reformas que se ha propuesto al país. Sabe que debe convocar a este pueblo que salió a protagonizar el proceso político. Una relación así entre política y sociedad, que Apruebo Dignidad hoy está llamada a ensayar, es la antítesis de la desmovilización que estratégicamente produjo la Concertación cuando tomó la conducción del Estado en 1990.

En términos de resultados electorales, la efectividad de la movilización social no deja espacio a la duda: la victoria de Gabriel Boric se sostuvo en un aumento significativo de la participación electoral en relación con la primera vuelta y en el voto de las mujeres menores de 50 años y de los barrios populares de la capital. Para el balotaje se pasó de un 43% de participación registrada en primera vuelta a un 55,6%, lo que equivale a 1,2 millones de votantes más. Boric pasó de obtener 1,8 millones de votos a 4,6, cifra ampliamente superior a la suma de todos los candidatos de centroizquierda e izquierda que, tras quedar en el camino, lo apoyaron en la segunda vuelta.

Asimismo, la información disponible muestra claramente que los incrementos más significativos en la participación electoral se dieron entre las mujeres y en las comunas populares de la capital del país, que un 68% de las mujeres menores de 30 años y un 56% de aquellas entre 30 y 50 dieron su voto a Gabriel Boric y que en los barrios populares de Santiago este candidato llegó a obtener un apoyo en algunos casos superior al 70%.

Las razones del aumento de la participación en estos segmentos pueden ser diversas, pero es posible esbozar algunas hipótesis. En el caso del contundente apoyo de las mujeres, es evidente el efecto político que ha provocado la emergencia feminista contemporánea en una porción muy amplia de la población. Las mujeres de Chile, más conscientes de sus derechos conquistados y más dispuestas a pelear por aquellos que todavía faltan, como el aborto libre, se activaron para evitar una regresión conservadora y fueron a votar masivamente.

Por otro lado, el amplio respaldo que la candidatura de Boric encontró en los barrios populares habla de la politización provocada por la revuelta social de octubre de 2019. Los barrios populares de la capital fueron protagonistas de la revuelta y sufrieron en carne propia la brutal represión policial: la inmensa mayoría de heridos y muertos pertenecen a los barrios populares de la región Metropolitana. Por lo tanto, no es arriesgado plantear que la experiencia politizadora de la revuelta y la memoria de la represión actuaron como un escudo ante el discurso de la derecha extrema, que no logró, en esta ocasión, concitar la adhesión masiva de estos sectores.

El desborde de las izquierdas

Con el triunfo de Boric, la izquierda chilena ha dado un paso fundamental en su consolidación como alternativa política, desplazando al duopolio Concertación-Derecha en la conducción del Estado. De eso no cabe duda. Sin embargo, en los diez años que han transcurrido desde las movilizaciones estudiantiles en las que esta generación se fraguó, nuevas luchas, nuevos actores y nuevas fuerzas han ido emergiendo en la sociedad chilena con altos niveles de autonomía en relación con la política existente, incluida la izquierda articulada en Apruebo Dignidad.

Entre estas fuerzas, la más potente ha sido el movimiento feminista. Desde el año 2018, con las protestas estudiantiles contra el acoso sexual en las universidades, ha crecido en su capacidad de convocatoria pero también —y esto es lo central— ha expandido una disposición de rebeldía y lucha en amplios sectores de la sociedad que van más allá de las mujeres y las disidencias sexuales. El feminismo en tanto movimiento organizado y en tanto sensibilidad o fuerza cultural ha sido uno de los factores determinantes de este ciclo de luchas, excediendo largamente a las izquierdas constituidas, pues una parte considerable del feminismo existe por fuera de la izquierda institucional (lo que no impide, por cierto, la articulación a distintos niveles, como se ha visto al interior de la Convención Constitucional y, sobre todo, como se pudo apreciar en la campaña de segunda vuelta, en la que el movimiento feminista apoyó sin vacilaciones al candidato de la izquierda y donde se realizaron significativos actos de unidad).

Las organizaciones socioambientales también han ido ganando terreno a nivel local y nacional con autonomía de las izquierdas. El peso del movimiento ambientalista al interior de la sociedad se puso de manifiesto en las elecciones de constituyentes, en las que un elevado número de dirigentes territoriales vinculados a las luchas contra el extractivismo y a la protección de los territorios llegó a la Convención, y, también, en la elección de Rodrigo Mundaca, líder de la lucha por el derecho humano al agua, como gobernador de la región de Valparaíso. Este movimiento, heterogéneo en sus organizaciones y escalas, ha logrado enraizarse en vastos territorios del país y constituye una fuerza en gran medida independiente de las izquierdas, si bien los vínculos y alianzas existen.

Por último, a partir de la revuelta popular, franjas del pueblo han comenzado a organizarse no solo por fuera de la izquierda política, sino también por fuera de los movimientos sociales más consolidados. La revuelta produjo un sinnúmero de experiencias colectivas, asambleas barriales y cabildos territoriales, y el proceso constituyente encontró a sectores del campo popular dispuestos a dar la disputa en forma autónoma y a levantar sus propios referentes en oposición a la política existente, incluida la izquierda. La mejor expresión de esa voluntad fue la Lista del Pueblo, que tuvo un tremendo éxito electoral en la Constituyente pero que fracasó en el objetivo de presentar una carta a la elección presidencial, para terminar quebrándose al poco tiempo. Otra experiencia de búsqueda de autonomía política y representación propia fue la candidatura senatorial de Fabiola Campillai, quien obtuvo una victoria arrasadora convirtiéndose en la senadora más votada del país.

Las fuerzas sociales en Chile se han complejizado. La izquierda agrupada en Apruebo Dignidad, si bien es la expresión más constituida políticamente, no hegemoniza al conjunto de sujetos que intervienen en el campo popular. Por lo mismo, tendrá que ensayar formas de vincularse, de dialogar e interlocutar con estos sectores sin buscar su subordinación.

Administrar o transformar

«No será fácil, no será rápido, pero nuestro compromiso es avanzar», señalaba Gabriel Boric hacia el final de su primer discurso como presidente electo, consciente de las dificultades que enfrentará para implementar su programa de gobierno. A las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y a la reacción esperable de los poderes económicos que ven amenazados sus intereses, se añade un Congreso en el que la izquierda no tiene mayoría. Así las cosas, al próximo gobierno le costará lograr que sean aprobadas las reformas estructurales más emblemáticas de su programa, como la reforma tributaria, la reforma al sistema de pensiones y la reforma de salud. Esta situación, en un país que espera ver respuestas contundentes a problemáticas que llevan largas décadas arrastrándose, será un factor de inestabilidad. De hecho, no es descartable pensar que sea la presión popular sobre el Congreso el elemento que contribuya al avance de ciertos puntos críticos.

Por otro lado, Apruebo Dignidad tendrá el desafío de ser el gobierno de las transformaciones y no el de la administración de la crisis de la descompuesta política de la transición. Qué lugar tendrán cuadros de la ex Concertación en el gobierno, cuál será la relación con los movimientos sociales, qué tan amplias serán las posibilidades de participación social incidente son preguntas que quedan abiertas y que empezarán a responderse cuando el presidente electo nombre su primer gabinete.

Al interior de la coalición hay distintas posiciones, pero lo cierto es que Apruebo Dignidad necesitará ampliarse social y políticamente; y la dirección que tome esta ampliación será fundamental. Sin embargo, en lo que sí hay claridad es en la disposición favorable que tendrá el nuevo presidente hacia el trabajo de la Convención Constituyente. Gabriel Boric sabe que uno de los legados más importantes que puede dejar es que la nueva Constitución se apruebe durante su mandato y que su firma quede estampada en el texto que reemplazará aquel impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet.

Por otro lado, la aprobación de una Constitución que se prevé tendrá una clara orientación antineoliberal le conviene directamente a su gobierno, pues será un impulso a las transformaciones estructurales propuestas en su programa y que encontrarán trabas en el Congreso. Una Constitución antineoliberal refrendada por el pueblo chileno y la posibilidad de que finalizado el proceso constituyente se realicen elecciones generales podría permitir, junto con una reelección de Boric, la conformación de un parlamento más favorable a las reformas. Pero estas hipótesis son solo posibilidades.

Más allá de las dificultades que le esperan al próximo gobierno, y más allá también de las tensiones y contradicciones que se observarán en la alianza que lo sostiene, en Chile celebramos que en esta segunda vuelta la sociedad haya dado una clara señal a favor de las transformaciones. Celebramos que las mujeres y los barrios populares le pusieron un freno a la ultraderecha. Celebramos que, después de cincuenta años, la izquierda vuelva a gobernar.

En un país golpeado tras décadas de neoliberalismo, hoy emerge un nuevo pueblo. Un pueblo que reclama el derecho a construir su destino con justicia y dignidad. Ese pueblo llegó para quedarse y para ser protagonista. Y esa es, a fin de cuentas, la mejor noticia que nos dejó esta elección.

 

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

En los meses de julio y agosto del 2021 se llevó a cabo el IV encuentro de la Red de energía y Poder Popular en América Latina integrada por aproximadamente 50 organizaciones multisectoriales para pensar estrategias y alternativas al extractivismo.

Dicho encuentro, impulsado originalmente desde la oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo en el año 2018 junto a organizaciones de Argentina, Chile y Uruguay, contó en esta edición con la participación del Programa Latinoamericano de Clima de la Fundación, ampliando la propuesta hacia otros países de la región. El denominador común de las diversas organizaciones que integran la red es la lucha por la soberanía y la transición socio-energética que sea justa y desde una perspectiva de izquierdas plurales.

Los debates e intercambios de lecturas políticas en torno a la coyuntura energética en la región y la construcción de alternativas a las propuestas de transición hegemónica del Norte Global están dentro de los principales objetivos de la red. Asimismo, el fortalecimiento de las alianzas entre organizaciones que se han generado a lo largo de los años son fundamentales para armar una propuesta de transición socio-ecológica con justicia desde el Sur Global.

La propuesta para el 2021 se focalizó en profundizar  el análisis de la coyuntura del sistema energético para identificar políticas necesarias y fortalecer las propuestas para una transición con justicia desde el Sur Global.

En ese marco, en julio y agosto de este año se realizó el primer encuentro de formación y debate político con foco en Chile junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Chile (OLCA), integrante de la red. Las preguntas que guiaron el debate abordaron el actual escenario constituyente en Chile, las llamadas “falsas soluciones” de la transición hegemónica en nuestros países como el avance de proyectos eólicos, solares, litio e hidrógeno verde, el impacto de la transición energética planificada desde el Norte en nuestros territorios en un contexto de profunda crisis hídrica, los usos del agua, entre otras. La cuestión de la demanda, uso y el futuro del agua como un bien común estratégico de la transición es uno de los debates urgentes (pero no evidentes) por su involucramiento, ya sea como fuente o como recurso estratégico, por la necesidad de contemplar una visión no mercantilizada para pensar un futuro próximo que sea viable, y por la capacidad que tiene de aglutinar demandas que nos permitan ampliar la noción de transición energética hacia una transición eco-social con justicia, sin perder el norte del debate energético. Las reflexiones feministas en torno a la transición atravesaron el debate. 

En ese sentido, existe una relación profunda entre los extractivismos y la vulneración en los territorios que recae con especial énfasis sobre los cuerpos de las mujeres. Son esos cuerpos los que resisten los embates del modelo extractivo mediante la organización política y anticapitalista.

Para dar continuidad al debate sobre la transición con justicia, habrá un segundo encuentro de la red hacia fin de este año que será impulsado junto a la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE), sindicato en Uruguay, para analizar el rol de las empresas públicas en la transición, las perspectivas sobre lo público y lo comunitario, la coyuntura energética perfilando el rol de China, los nuevos rasgos del extractivismo energético que impone la Inversión Extranjera Directa y los eslabonamientos productivos que desatan los proyectos de transición hegemónica.

 

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