«Es momento de descentralizar el poder en Chile»

Constituyente

«Es momento de descentralizar el poder en Chile»

Una entrevista con  por Octavio García Soto.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Una conversación con el vicepresidente de la Convención Constituyente sobre la democracia directa, la participación ciudadana y los desafíos de crear un Chile donde el poder no se centralice en Santiago.

El pasado 5 de enero se reiteró cuál es la mayor fuerza política que mueve la Convención Constituyente, que hoy decide los destinos de Chile y redacta la Constitución que reemplazará el documento neoliberal impuesto por Augusto Pinochet. Tal como lo establece en su reglamento, la Convención eligió ese día a su mesa directiva por segunda vez, la cual conducirá el proceso hasta el final.

Durante la primera mitad, la académica mapuche Elisa Loncón y el abogado constitucionalista Jaime Bassa ocuparon la presidencia y vicepresidencia respectivamente, ambos independientes de izquierda. Hoy, son nuevamente independientes de izquierda (además de médicos de profesión) quienes ocupan estos puestos: la odontóloga María Elisa Quinteros como presidenta y el médico cirujano Gaspar Domínguez como vicepresidente.

Gaspar Domínguez nació en Santiago. Con una infancia de bicicleta pagada en cuotas, un padre ausente y bullying por ser homosexual, su vida temprana refleja la de miles en Chile, creciendo bajo la bota del neoliberalismo y el patriarcado. Gaspar estudió medicina en la Universidad de Chile, donde después obtuvo una maestría en salud pública. A contramano de los muchos que emigran a la capital desde las regiones, Gaspar cambió Santiago por la Patagonia, donde se desempeña como médico rural en el pueblo de Palena.

La descentralización es una de las causas por las que Gaspar lucha más fervientemente. Durante las discusiones para crear el reglamento general de la Convención, redactó la norma que los obligaba a realizar plenos fuera de Santiago. En un país tan largo y con geografías tan extremas, los pueblos recónditos como Palena son la regla más que la excepción. En estas localidades, el centralismo chileno impacta con fuerza, llegando a veces a ser fatal. Lo ilustra en su discurso de inauguración: «Basta que el famoso viento patagónico sople con fuerza para que las avionetas de emergencia no puedan llevar insumos ni pacientes». «El centralismo mata», sentenció. Gaspar tuvo la amabilidad de conversar con Octavio García Soto, de Jacobin América Latina, sobre su rol como vicepresidente y las perspectivas para la nueva Constitución de Chile.

 

OGS | Como vicepresidente, ¿todavía participas de las comisiones?

GD | Correcto. La figura de la presidencia y de la vicepresidencia de la Convención tienen que ver con conducir, dirigir el proceso político —más otras condiciones que están establecidas en el reglamento de la Convención— pero en ningún caso privan o quitan las atribuciones del convencional. Este todavía puede presentar una iniciativa de norma, votar, deliberar e incidir en la discusión.

OGS | ¿No es —como se dice en Chile— un cacho tener estas dos tareas?

GD | En vez de usar esa palabra diría que es un gran desafío, porque hay que mantener las funciones de convencional, participar de las deliberaciones temáticas. A mí me interesa mucho el mundo, por ejemplo, de los derechos sociales; en particular, una de las causas que me trajo a este espacio tiene que ver con la salud y la educación como derechos sociales.

OGS | Estás en la comisión de derechos fundamentales.

GD | Así es, justamente porque quería incidir en cómo se comprenden los derechos sociales y en los aspectos generales de cómo esto podría ser exigible. Otras de las causas que me interesan y me mueven tiene que ver con la descentralización, porque yo trabajo y vivo en una zona muy aislada, probablemente una de las más aisladas de todo Chile.

La democracia directa y la participación ciudadana también son cosas que me gustan. Así que estoy atento, miro, leo, estudio, participamos con el equipo en ciertos tipos de normas, conversamos como colectivo. Y a todo esto se suma una segunda tarea complementaria y desafiante, que es dar la conducción política y favorecer las condiciones para una deliberación democrática y transversal. Puedo decir que me siento como si estuviera en un turno de urgencia, pero todos los días.

OGS | La comisión recién está comenzando sus labores.

GD | Las comisiones fueron establecidas el 10 de octubre y la primera etapa consistió en lo que se llamó audiencias públicas, es decir, grupos de la sociedad civil que venían y presentaban o proponían los puntos que a ellos les interesaban. Ocupamos los dos primeros meses, aproximadamente, en escuchar audiencias públicas y establecer un cronograma de trabajo para la comisión, donde están establecidas las tareas (o sea, qué vamos a hacer cada día en la comisión, cuándo vamos a discutir cada tema, cuánto tiempo vamos a dedicar, etc.). Hoy empezamos la etapa de deliberación: ya estamos discutiendo sobre materia sustantiva. Por ejemplo, hoy día discutimos quiénes eran titulares de derechos o quién era el destinatario de derecho. Entonces hay un cronograma que llevamos harto avanzado y ahora queda la parte de deliberar y votar.

OGS | Un tema que es objeto de discusión es hacer a la naturaleza y a los animales sujetos de derecho. ¿Cómo se desarrolló ese debate?

GD | Lo primero es que, desde el derecho clásico, los titulares de derecho son las personas. Entonces la primera discusión es si vale la pena o no especificar titulares específicos de derecho (por ejemplo, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, diversidad o disidencia sexual, personas que pertenecen a pueblos originarios, personas con discapacidad y mujeres). Esa es una discusión que hemos tenido, y probablemente haya bastante consenso; no de los sectores conservadores, pero sí de los progresistas, en que vale la pena mencionar a estos grupos específicamente como titulares de derechos. La discusión jurídica viene de dónde conviene mencionarlo, digamos, pero probablemente van a quedar enunciados. Son grupos que no están enunciados en la Constitución actual.

Desde el derecho romano hasta ahora, la naturaleza no ha sido considerada como sujeto de derecho. La única excepción del mundo es la Constitución de Ecuador. El preámbulo de la Constitución boliviana lo sugiere de alguna manera, pero no en el texto propiamente dicho. La idea de consagrar la naturaleza como sujeto de derecho es una cuestión que hay que indagar. La segunda cuestión es si ello va a tener necesariamente como consecuencia una mejoría en el estándar de protección de la naturaleza. ¿Pasó eso en Ecuador? ¿Podríamos decir hoy día que Ecuador es una nación verde que cuida la naturaleza? Se abren muchas preguntas y ahora estamos discutiéndolas.

OGS | También están apuntando a discutir otros temas novedosos en el Estado chileno, como el reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado, el derecho a la asociación colectiva, el derecho de los privados de libertad a la reinserción. ¿Tú crees que sea posible unir a la mayoría izquierda en torno a esas demandas?

GD | No solo va a ser posible sino que tengo la certeza de que va a ocurrir. Porque no puede ser de otra forma, porque si no lo hacemos no va a quedar. A mí me gusta poner el ejemplo de comprar pizza: si tu y yo vamos a querer comprar pizza y tu quieres con un sabor y yo quiero otro y la pizzería cierra a las 12, vamos a tener que resolverlo; si no, nos vamos a quedar sin pizza.

Esto es lo mismo: los sectores de izquierda, de centroizquierda, incluso los sectores de derecha que están abiertos a los cambios, vamos a tener que ponernos de acuerdo. El reglamento establece que el quórum de funcionamiento es de dos tercios, lo cual es un quórum particularmente alto (sobre 155 convencionales, el quórum es de 103 votos). Entonces, de alguna manera, este quórum nos empuja a lograr consensos amplios.

OGS | Como convencionales hacen salidas periódicas a sus respectivos distritos. ¿Sientes que hay un tipo de conexión entre tu distrito y lo que está ocurriendo en la Constituyente? Quiero decir, ¿existen indicios de que la Convención no es algo que está ocurriendo solo en Santiago y que nunca se va a cumplir?

GD | Por supuesto. De hecho, yo fui una persona que propició y redactó la norma del reglamento que establecía la obligatoriedad de que el pleno de la convención deba salir y funcione fuera de Santiago. Ya lo hicimos una vez en Concepción, y lo haremos próximamente en otra región, probablemente al norte. Además, las siete comisiones tienen que sesionar fuera de Santiago, en distintas zonas del país y cada convencional debe salir una semana al mes a su región.

Son muchos los mecanismos que hacen que estemos con una pata fuera de Santiago. Porque no puede ser que 155 iluminados nos encerremos en un palacio de clase alta en el centro de Santiago a escribir el futuro de Chile. A su vez, existen otras instancias de participación, una de ellas son las audiencias públicas, otra es la iniciativa popular de norma —donde la gente junta patrocinio por una iniciativa popular, y cuando lleguen a 15 mil firmas, pasa directamente a la discusión en la comisión (proceso que finalizó el 1 de febrero)—. Otro son los cabildos comunales: en las comunas se juntan 7 o más personas, deliberan y definen algunos temas y esta deliberación la deben subir a una página web para luego ser sistematizada por una secretaría técnica. Están los encuentros autoconvocados, que son similares: la gente se junta y luego suben las actas.

Además existen mecanismos de participación individual: una persona puede llenar un formulario, poner su opinión sobre algunos aspectos y eso será sistematizado. Finalmente, van a existir más adelante dos instancias que estamos pendientes que el gobierno apruebe: una de ellas son los foros deliberativos, que son foros ciudadanos para que la gente pueda opinar o deliberar sobre lo que ya está escrito. De hecho, se quiere considerar que esta jornada nacional de deliberación sea un día feriado; esperamos que el Congreso lo autorice. Y finalmente el plebiscito dirimente, una instancia que tenemos en nuestro reglamento que busca que en materias que no se haya logrado consenso pero sí haya logrado un quórum alto, más tres quintos, es decir, más de 93 votos, puedan ser plebiscitadas para que las personas puedan sancionar en materias que no hayan alcanzado los dos tercios.

OGS | La derecha se fortaleció legislativamente en las pasadas elecciones. Eso va hacer más difícil que el Congreso colabore con la convención.

GD | Eso es una realidad; desde marzo, el sector de la derecha va a tener más parlamentarios en el Congreso. Pero igual hay mucha gente de la derecha que ha manifestado querer contribuir con este proceso; gente que tiene una convicción democrática que hace pensar que efectivamente la deliberación es positiva. Los sectores que no están dispuestos a abrir los espacios de participación y discusión, yo diría que son minoritarios.

Así que yo no me cerraría a la posibilidad de que se puedan ejecutar estas condiciones solo porque el próximo parlamento sea más de derecha que el actual. Los foros deliberativos los vamos a hacer sí o sí, pero si el Congreso nos ayuda con el feriado, seguramente haya más participación. De todas maneras, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las condiciones que se presenten.

OGS | Una de las propuestas que ha surgido en la comisión de forma de Estado es que Chile sea un Estado regional autónomo. Hay una discusión eterna dentro de la izquierda entre el autonomismo y la planificación central. ¿Existen estos desacuerdos en la izquierda de la Convención?

GD | Hay una percepción generalizada, transversal, de que hay que delegar poder central en las regiones. Hay diferencias en los alcances que podría tener o en los detalles, pero en términos generales, desde el Partido Comunista a los partidos más de derecha, está la convicción de la necesidad de distribuir el poder; el poder político, el poder fiscal, económico también, y el poder administrativo. Ahora, hay quienes proponen la conveniencia de establecer tributación regional, hay quienes creen que no, hay quienes creen que esta tributación regional debiera ser por asambleas regionales, que sean una especie de pequeños grupos colegiados de personas que legislen materias puntuales, hay otros que tienen algunas dudas sobre eso.

Hay una percepción generalizada de que hay que delegar poder central en las regiones. Hay diferencias en los alcances que podría tener, pero está la convicción de la necesidad de distribuir el poder.

 

OGS | También has hablado acerca de la necesidad de una eco-Constitución.

GD | Esta convención hizo una declaración oficial, que fue votada y tuvo amplia mayoría, y es que este proceso constituyente declara estar escribiendo la Constitución en un contexto de emergencia climática. Esta declaración tiene implicancias políticas, y una de ellas es que, a medida en que vayamos escribiendo las normas, cuando hablemos del derecho a la ciudad, de la organización de la ciudad, de migración interna, debemos tener presente que hay una emergencia climática.

Chile es un país que extrae materias primas. El sueldo de Chile es la minería, las forestales y la pesca. Entonces, esta extracción de materias primas, ¿cómo se hace cargo de esta crisis climática y la necesidad de generar medioambiente sustentable? Creo que decir eco-Constitución, en el fondo, es un eslogan. Pero apunta justamente a hacerse cargo de esta crisis del modelo económico y a partir de allí discutir los derechos y la limitación de los derechos; porque la función social y ecológica del suelo, por ejemplo, limita el derecho a la propiedad.

OGS | Ya se han presentado normas para la nacionalización del cobre y el litio. Y sabemos lo que pasó antes cuando alguien nacionalizó el cobre. Estamos en un momento político totalmente álgido, como vimos en las elecciones pasadas: teníamos un pinochetista que casi llega a la presidencia. Puede parecer chiste pero, pero incluso hubo una celebridad de televisión que llamó a los empresarios a hacerle un boicot a Boric. Por burdo que sea el ejemplo, representa un sentir real dentro de círculos políticos y económicos con poder. ¿No existe el miedo de que posibles nacionalizaciones terminen desestabilizando al país por una élite que no quiere soltar el billete?

GD | La iniciativa que tú mencionas es la iniciativa popular número 10, que hasta el día de ayer tenía 18 mil firmas; es decir que ya alcanzó el objetivo. Llama a la nacionalización de las empresas de la gran minería, del cobre, del litio y del oro, y es la iniciativa 5602. Efectivamente, esta iniciativa y otras que van a venir de los mismos convencionales, buscan modificar la propiedad y el uso de materias primas, por ejemplo, minería.

Ahora tu pregunta puntual es si el cambio en la institucionalidad ambiental, la extracción de materias primas, podría transformarse en un problema político. Yo creo que así será, pero lo importante no es solo establecer o garantizar estos derechos o lineamientos, sino más bien construir una institucionalidad (lo que algunos llaman la parte orgánica de la Constitución) que permita que estas transformaciones sociales se puedan hacer de manera gradual, considerando una transición justa. Porque si simplemente cerramos todas salmoneras, en mi región miles de personas se van a quedar sin trabajo.

Creo que debemos considerar primero el concepto de una transición justa hacia un modelo económicamente sustentable, respetuoso del medioambiente. Como la Convención no va a estar funcionando en ese momento, debemos generar hoy la condiciones para una institucionalidad robusta, democrática, con capacidad de tener control ciudadano a través de la posibilidad de vetar leyes o impulsar iniciativas populares de leyes y de control ciudadano para que pueda progresivamente irse instalando un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de provisión y, de hecho, un nuevo modelo de Estado.

Por eso yo pongo siempre el ejemplo de que esta nueva Constitución no va a hacer que cambiemos rápidamente hacia otra forma de vivir, sino que más bien es como un barco que gira el timón al otro extremo y va cambiando lentamente su dirección para comenzar a desplazarse hacia un lugar distinto.

OGS | En tu discurso de inauguración como vicepresidente dijiste que quieres un sistema universal de salud ¿Cómo se diferencia ese sistema universal de salud que propones del sistema que conoces hoy en Chile?

GD | En Chile hoy día coexisten dos sistemas de salud paralelos: por un lado, un sistema de salud público, que atiende a la gente que no tiene posibilidad de pagar y a la gente que tiene más enfermedades. Por otro lado, hay un sistema de salud privado que atiende a quienes pueden pagar. Este sistema de salud privado cobra más a los más viejos y a los más enfermos. Entonces los viejos y los enfermos se atienden en el sistema público, y los jóvenes sanos con alta remuneración se atienden en el sistema privado. Es un sistema creado para segregar y fragmentar la población civil según riesgo y capacidad de pago: se transforma en un negocio para los proveedores de salud privada y una gran dificultad en términos de sustentabilidad financiera para el sistema público.

Lo que buscamos es que la respuesta que Chile utilizó para el manejo de la pandemia sea la respuesta que se utilice para entregar las prestaciones de salud. En Chile, en el contexto del COVID-19, los centros privados siguieron siendo privados, siguieron siendo administrados por privados, y los públicos siguieron siendo públicos y administrados por entes públicos. Pero era el Estado quien definía la atención, priorizando a quienes la necesitaban más. Entonces, si alguien necesitaba una cama crítica, se le daba la próxima cama crítica que estuviese disponible. Y si no la podía pagar, no importaba; se iba a esa cama porque él necesitaba esa cama.

En Chile hay gente que no tiene grandes necesidades y se atiende con un cardiólogo porque puede, y hay gente que tiene gran necesidad de un cardiólogo, que lleva años enferma y no puede acudir a ninguno. El sistema universal de salud no es hacer de todo un sistema público. El sistema privado y público pueden coexistir, pero las prestaciones deben ser entregadas por orden de necesidad clínica y no de capacidad de pago.



Fundación Rosa Luxemburgo