Un llamamiento mundial para eliminar progresivamente los plaguicidas peligrosos, acabar con el doble rasero en el comercio internacional de plaguicidas y transformar nuestros sistemas alimentarios.

Según las estimaciones actuales, 385 millones de personas en todo el mundo sufren anualmente intoxicaciones agudas por plaguicidas, principalmente en Asia, África y América Latina. Cada año mueren unas 11.000 personas. Sin embargo, hasta la fecha, sólo alrededor del 3% de los ingredientes activos de los plaguicidas que se utilizan y comercializan en todo el mundo están sujetos a normativas vinculantes.

Esto significa que la mayor parte del comercio y la aplicación de plaguicidas están regulados por leyes nacionales y directrices voluntarias. La diversidad de normas de un país a otro significa que cuando ciertos plaguicidas se prohíben en algunos lugares, como la Unión Europea, las empresas simplemente trasladan sus productos a países con normativas más laxas. El hecho de que aún no haya sido posible evitar los daños causados a las personas y al medio ambiente por la aplicación de plaguicidas altamente peligrosos demuestra que los acuerdos internacionales vigentes, como el Convenio de Estocolmo, no van lo suficientemente lejos.

Desde 2009, la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) mantiene una lista de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) basada en los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), criterios que PAN ha ampliado y aclarado. Los criterios individuales se dividen en los siguientes cuatro grupos de peligros: toxicidad aguda, efectos a largo plazo (crónicos) para la salud, peligros para el medio ambiente y una lista de plaguicidas que deben regularse en consonancia con los acuerdos internacionales. La lista actual de la PAN incluye más de 330 ingredientes activos.

Dados los riesgos que suponen los plaguicidas para la salud humana, los animales y el medio ambiente, el mundo necesita urgentemente mecanismos eficaces de protección y regulación. De hecho, el Consejo Ejecutivo de la FAO ya indicó en 2006 que ciertos plaguicidas no pueden utilizarse en los países del Sur Global sin causar grandes daños a las personas y al planeta, y recomendó una prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos. Los gobiernos del Sur Global tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los trabajadores del campo, los agricultores y las comunidades indígenas de esos países, pero para proteger a las personas y al medio ambiente de las consecuencias de los pesticidas nocivos es necesario endurecer la normativa legal.

Algunos países ya están restringiendo el comercio de plaguicidas peligrosos. Dentro de la Unión Europea, Francia aprobó una ley que prohíbe totalmente la fabricación, almacenamiento y exportación de productos plaguicidas en caso de que contengan ingredientes activos no aprobados en la UE por motivos sanitarios o medioambientales. En Túnez se prohibieron 22 PAP en julio de 2023, y las organizaciones de la sociedad civil siguen luchando para prohibir más ingredientes activos. Otros países deberían seguir estos ejemplos.

Las prohibiciones de los plaguicidas también se están debatiendo a nivel europeo, a pesar de la feroz oposición. Una prohibición europea sería especialmente eficaz para contrarrestar el doble rasero en el comercio de plaguicidas, siempre y cuando se contemplen tanto los ingredientes activos como los productos plaguicidas, y sólo se concedan derechos de exportación a las sustancias que hayan sido aprobadas o autorizadas tras una evaluación exhaustiva de sus niveles de peligrosidad. De este modo, las mismas normas de protección de la salud y el medio ambiente aplicables a la comercialización de plaguicidas dentro de la Unión Europea se aplicarían a la exportación de dichos plaguicidas. A largo plazo, sin embargo, necesitamos una prohibición mundial de la producción, el almacenamiento y el comercio de ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos.

«Eliminación de los agrotóxicos peligrosos», una nueva serie de la Fundación Rosa Luxemburgo y sus socios, recoge 20 testimonios de todo el mundo que denuncian el uso de plaguicidas peligrosos y exigen normativas estrictas y vinculantes a nivel nacional e internacional, por el bien de los productores, los consumidores y el planeta que todos compartimos.

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