El libertario y ultra-derechista Javier Milei lleva poco menos de tres meses en el poder en Argentina. En este corto tiempo, ha bombardeado el país con medidas de gran impacto: un mal llamado decreto de necesidad y urgencia, que consta de 366 artículos que eliminan las centrales garantías sociales y medidas de protección y reformulan el rol del Estado en su conjunto; una ley ómnibus de alcance similar que había previsto la transferencia de poderes legislativos al Presidente; y, por último, una ampliación de los poderes policiales para reprimir cualquier protesta contra estas medidas. En este contexto, el movimiento feminista -principal enemigo señalado por el presidente- se moviliza frente a un nuevo 8M.

La Fundación Rosa Luxemburgo habló con Lucí Cavallero, socióloga y militante feminista e integrante de NiUnaMenos, sobre las medidas “de shock” del nuevo gobierno y de las estrategias feministas frente a la derechización de la política en Argentina.

¿Cómo lees la coyuntura política en Argentina?

El gobierno del autodenominado anarcocapitalista Milei, es una ofensiva de las más crueles de la historia argentina de medidas ultra neoliberales, con una combinación de autoritarismo y de no respeto al orden constitucional. Se está aplicando una cantidad de medidas, es decir un plan de saqueo rápido, que apunta a pulverizar y al licuar los salarios con el objetivo máximo de la dolarización. Para eso se hizo una devaluación del más de 120% de la moneda nacional, junto con la liberalización de los precios de los principales bienes y servicios de la economía – al mismo tiempo que se congeló el salario. Todo eso configura un aumento de la pobreza nunca antes visto en nuestra historia en tan poco tiempo, y una estrategia de destrucción y de caos planificado.

¿Qué concepto de sociedad busca imponer Milei con estas políticas?

El tipo de sociedad que está imponiendo Milei es una sociedad donde el Estado está absolutamente ausente y se empieza a retirar de todas sus funciones de garante de la reproducción social. Congela las partidas destinadas a alimentación, a salud, a educación, al financiamiento del sector científico, pulveriza los salarios e implanta un ajuste neoliberal muy rápida, cruel y de muchísima intensidad. El gobierno no intenta generar consenso con otras fuerzas políticas y no está preocupado por generar un consenso con la sociedad, sino que todas las medidas atentan contra el poder adquisitivo de la clase popular y están al mismo tiempo destruyendo la clase media.

¿A quiénes les está afectando más y cómo, estas políticas de gobierno?

Hay un ataque a varios niveles. El primero y el más urgente es una pauperización acelerada de las condiciones de vida de la población incluso poniendo en riesgo la supervivencia.

La suba de la pobreza inédita, causada por las mencionadas medidas, afecta mucho más a las mujeres y diversidades sexuales, que son quienes tienen los salarios en general informales o que están en la economía popular. Esto, además, está generando un mayor nivel de endeudamiento en la población y un aumento también de la violencia. Porqué la precarización de la vida afecta y hace crecer la violencia de manera horizontal en la sociedad. Por lo tanto, estamos ante un gran desafío porque el ataque y el avance del gobierno se ve a varios niveles. Hay otro nivel de confrontación en el plano legislativo con la presentación de proyectos como la Ley Ómnibus, que se tiraron abajo gracias a la movilización popular, que buscan avanzar en la desregulación de la economía y en la venta del patrimonio público. Pero también un decreto que está vigente y que desregula aspectos muy importantes de los precios y del acceso a alimentos, educación y medicina, que tienen un efecto muy concreto en la vida cotidiana de las personas, al mismo tiempo que aplica una política represiva frente a la protesta social.

¿Cómo está respondiendo y cómo puede responder el movimiento feminista a las estrategias del gobierno en general?

Venimos impulsando el concepto de violencia económica para dar cuenta lo que implica en la vida cotidiana la liberalidad de los precios de los principales bienes y servicios de la economía doméstica, que terminan redundando en un sobreendeudamiento de las mujeres, de los sectores populares y también de la clase media y en todo tipo de privaciones sobre la reproducción de la vida.

Sabemos que el anarcocapitalismo nos señala como enemigas porque hemos estado visibilizando estructuras de desigualdad muy profundas en nuestra sociedad y por eso nos atacan. Nos idealizan como enemigas a partir de nuestra capacidad de articulación transversal que ha puesto en evidencia las tareas no remuneradas, que ha confrontado el endeudamiento y que ha luchado también por el acceso a la tierra. El movimiento feminista se está organizando en asambleas, pero también se está organizando de manera transversal en distintos ámbitos. Hay reuniones de los sindicatos, de los movimientos sociales frente a la crisis alimentaria y estamos confluyendo en un espacio de articulación asambleario, de cara a la organización del 8 de marzo, donde tenemos el eje puesto en la crisis alimentaria, en la devaluación de los ingresos y en el empeoramiento de las condiciones de vida.

El movimiento feminista se encuentra ante una encrucijada porque esta crisis alimentaria también afecta a la posibilidad de movilizarse y de participar. Y también frente a las políticas represivas que nos presentan un desafío en términos del autocuidado que tenemos que desarrollar. La estrategia sigue siendo una estrategia de convocar a la mayor cantidad de sectores, porque sabemos que una de las formas de autodefensa frente al ataque represivo es la masividad y la participación transversal de la sociedad.

¿Y cuál sería una respuesta feminista económica, ya que la derecha nos está atacando económicamente?

Nuestros mayores reclamos que venimos sosteniendo hace años tienen que ver con la lucha contra el endeudamiento y sobre todo con el endeudamiento con el Fondo Monetario. Hemos levantado las banderas históricamente desde el año 2018, pidiendo al a los sucesivos gobiernos que desconozcan la deuda ilegítima y que se investigue y que se avance en medidas de redistribución de reconocimiento del trabajo de cuidados, del trabajo comunitario, de favorecimiento de la autonomía económica. También en términos de un mejor acceso a la vivienda, que hoy es otro de los problemas fundamentales que tiene nuestra población.

Entonces un programa feminista sería un programa que haga y proponga que los salarios, los subsidios sociales le ganan a la inflación, recuperen lo perdido a partir de la devaluación. Que se avance en el reconocimiento del trabajo y cuidados de comunitario, que se avance en formas de acceso a la vivienda como puede ser el alquiler público, la provisión de tierras sobre el Estado y medidas que tiendan a reducir las desigualdades de género.

¿Qué significa el próximo 8M para el movimiento feminista y para la sociedad argentina en su conjunto?

Creemos que el movimiento feminista va a producir un 8M masivo y transversal. Esto se ha visto ya en las primeras asambleas con una amplia convocatoria. Esta vez creo que habrá una gran respuesta de muchos sectores que se ven afectados y que encuentran en el movimiento feminista un espacio de articulación, capaz de integrar las distintas formas de afectación de la vida cotidiana que están sufriendo las mujeres y la disidencia sexual.

Esperamos que sea un 8M masivo y de ocupación de la calle y que podamos evitar las provocaciones represivas que pueda llegar a hacer el gobierno. Creemos que el 8M puede también aportar a la secuencia que empezó con el paro del 24 de enero, en términos de manifestaciones masivas, que empiezan a ponerle un límite al programa del anarcocapitalismo y muestran una fuerza de confrontación – para mostrar al gobierno que hay un movimiento feminista, que está dispuesto y capaz a defender sus derechos.