Bienes comunes y estrategias soberanas: alimento, agua y energía

Uruguay atravesó la más grave crisis hídrica de su historia.  Montevideo amanece bajo humo. El hambre y el mal comer crecen en territorios productores de alimentos. El colapso climático está llegando a su punto de irreversibilidad.

En simultáneo los procesos extractivos se expanden y la transición energética planteada por y para el norte global viene a apropiarse de nuestra naturaleza en detrimento de los territorios que habitamos. El sistema alimentario se consolida como un gran productor de mercancías, profundizando las desigualdades alimentarias y cercenando la agricultura familiar campesina y la soberanía sobre nuestra tierra.

¿Qué estrategias nos damos para encaminar una transformación energética nuestramericana? ¿Cuál es el potencial de retomar la Soberanía Alimentaria como eje central del programa de las izquierdas en la región? ¿Cómo lograr que los diseños económicos estén supeditados a los ciclos del agua y no a la inversa? ¿Qué escenario se avecina si no conectamos los problemas sociales con los ambientales?

Mesa 1: Comida en Uruguay. Desafíos para la construcción de sistemas alimentarios soberanos y justos

La primera mesa, titulada «Comida en Uruguay: Desafíos para la construcción de sistemas alimentarios soberanos y justos» fue moderada por Patricia Lizarraga de la Fundación Rosa Luxemburgo, y contó con la participación de destacados panelistas que discutieron los retos y las posibles soluciones para lograr un sistema alimentario más equitativo en el país.

Patricia Lizarraga, de la Fundación Rosa Luxemburgo, subrayó la importancia de una intervención estatal en la reestructuración de la producción alimentaria, afirmando: «El desafío es que haya políticas de Estado que estructuren otra forma de producción y que vaya hacia un camino de soberanía alimentaria».

Matías Carámbula, de la Universidad de la República (Udelar), enfatizó la necesidad de una perspectiva interseccional para abordar la problemática alimentaria: «Hay una necesidad de abordar la problemática y la tragedia del alimento con una perspectiva interseccional, porque el problema del alimento se acentúa en las mujeres, las niñeces, las adolescencias y la población afro».

Desde la misma institución, Adriana Caucci destacó la dualidad de la malnutrición en el sistema agroalimentario actual: «La malnutrición por déficit y por exceso son las dos caras de una misma moneda: parte de este sistema agroalimentario que homogeniza una dieta de mala calidad y genera exclusión».

Mariela Roures, representante de la olla/merendero del Barrio Obelisco de Las Piedras, puso en evidencia las duras realidades que enfrentan muchas mujeres jefas de hogar: «Hay carencias y muchas. Cuando empieza a faltar la comida hay un montón de cosas que salen a flote: el 85% son jefas de hogar, y si no hay comida tienen que prostituirse o abrir bocas de pasta base».

Laura Rosano, presidenta de la Red de Agroecología del Uruguay, criticó la falta de compromiso real del gobierno con la agroecología: «Es una tomada de pelo hablar de que Uruguay tiene un Plan Nacional de Agroecología; tenemos una anécdota con un millón y medio de pesos para ejecutar ese Plan por año, pero no existe».

Finalmente, Ubaldo Aita, diputado por Canelones del Frente Amplio, reafirmó el papel del Estado en la garantía del derecho a la alimentación: «El derecho a la alimentación es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de cumplimentarlo».

La mesa de debate resaltó la urgencia de implementar políticas que aborden las desigualdades en el sistema alimentario y promovió la necesidad de una acción coordinada para asegurar una alimentación justa y soberana para todxs lxs uruguayxs.

También en el Espacio Cultural Recreo, ubicado en la Peatonal Sarandí 320 de Ciudad Vieja, se llevó a cabo la Mesa 2 titulada «Agua y energía en el centro de la política». Este evento reunió a expertos y activistas que discutieron los desafíos actuales y las soluciones necesarias para la gestión sostenible del agua y la energía en Uruguay.

Anahit Aharonian, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, destacó la importancia de una gestión territorial adecuada para enfrentar las sequías e inundaciones: «Si hubiéramos manejado de otra manera el territorio, estas sequías e inundaciones las hubiéramos soportado. Hubiera habido sequía, pero no falta de agua».

María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, subrayó el impacto desproporcionado de las crisis ambientales en los sectores más vulnerables de la sociedad: «¿Quiénes son lxs que más reciben los impactos de estas crisis ambientales y sociales que tenemos? Son las mujeres, lxs que viven en situación de calle y en situaciones precarias».

Manuel Colina, de Fancap, abordó el recurrente debate sobre la privatización de Ancap en el contexto de los cambios electorales: «Cada vez que nos enfrentamos a un cambio electoral, el debate sobre si Ancap debe permanecer o no, vuelve, y se trata de un debate de intereses».

Gonzalo Castelgrande, de Aute, enfatizó la necesidad de que el Estado recupere su rol en la provisión de servicios y la protección de los derechos de las mayorías: «Tenemos que ofrecer otra alternativa como pueblo para que el Estado recupere su rol: que brinde servicios, que ofrezca derechos y que oponga los intereses de las grandes mayorías frente a las minorías».

La mesa de debate resaltó la necesidad urgente de políticas públicas que aseguren una gestión justa y equitativa del agua y la energía, protegiendo tanto a los recursos naturales como a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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