La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) en 2018 fue un logro increíble del movimiento campesino transnacional. Marcó el final de un largo proceso, que demuestra que las organizaciones populares pueden presionar a los Estados y al sistema de las Naciones Unidas para que reconozcan y promuevan los derechos de algunos de los grupos más marginados de las sociedades.
Por primera vez, un instrumento internacional de derechos humanos destaca el rol del campesinado y de la soberanía alimentaria en la lucha contra el hambre, la protección de la naturaleza y reconoce a los campesinos y las campesinas como sujetos de derechos y de protección internacional; al tiempo que innova en el derecho internacional haciendo explícita la protección a derechos como el acceso a la tierra, su tenencia y propiedad, el derecho a las semillas, y a la participación de los y las campesinas en las decisiones que afecten sus territorios.
En el contexto actual, caracterizado por múltiples crisis, logros como la Declaración deben ser abordados como una herramienta política y jurídica fundamental para la garantía del derecho de las familias que viven y trabajan en el campo a una vida digna, y en la construcción de un modelo agrario con justicia social y soberanía alimentaria.