En el marco del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias, se llevó a cabo el taller “Derecho a la Ciudad”, una propuesta encabezada por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad que busca garantizar una perspectiva habitacional feminista, inclusiva y de respeto a los derechos humanos, con una fuerte participación política de la ciudadanía.
Por Ignacio Marchini
El Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias surgió como una contrapropuesta al Urban20, un foro liderado por Horacio Rodríguez Larreta y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que reunió a 40 alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades del mundo durante 2 días, el 29 y 30 de octubre. El objetivo de la cumbre encabezada por el Jefe de Gobierno porteño fue fortalecer el papel de las ciudades en las agendas internacionales mediante una serie de recomendaciones que fueron formuladas en un documento y entregadas a Mauricio Macri para que comparta con sus pares durante la cumbre del G20, a finales de noviembre.
Como respuesta al megaevento organizado por las potencias económicas de todo el mundo surgió el 1er Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. La encargada de llevarlo adelante fue la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, una red abierta de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y gobiernos citadinos comprometidos con la acción política y el cambio social a través de la promoción, defensa y cumplimiento del Derecho a la Ciudad.
Este principio rector del taller surge como contracara al extractivismo urbano y a la visión exclusivamente económica de la propiedad de la tierra, que entiende al suelo de las ciudades como un mero reservorio de valor a disposición de la especulación inmobiliaria y que despoja de toda perspectiva social al derecho habitacional. Para la Plataforma, el Derecho a la Ciudad es “el derecho de todxs lxs habitantes (presentes y futuros; permanentes y temporales) a habitar, usar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos”.
Retomando las obligaciones y compromisos incorporados en la nueva Agenda Urbana (Quito, octubre 2016), así como con la Declaración de ciudades por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad (Nueva York, julio 2018), la propuesta del taller se centró en 4 ejes centrales: concepto y elementos que componen el Derecho a la Ciudad; el Derecho a la Ciudad como cambio político-cultural; estrategias de incidencia para su implementación; iniciativas desde las sociedad civil.
Los y las participantes se distribuyeron en 4 grupos rotativos para discutir cada uno de los ejes en plazos de 20 minutos. El debate fue muy nutrido, tanto por la diversidad de los países de origen de lxs allí presentes (vinieron personas de Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y hasta Italia y Estados Unidos) como por la multiplicidad de profesiones, especialidades y espacios de militancias representados.
La Red Mujer y Hábitat, centrada en el análisis de la problemática habitacional desde una perspectiva de género, el Proyecto Hábitat, compuesto por arquitectxs que producen proyectos en conjunto con comunidades organizadas y movimientos sociales para incidir en las agendas urbanas y públicas, y miembros de la Defensoría del Pueblo que se especializan en litigios por desalojos, son sólo algunas de las organizaciones allí representadas.
Más allá de algunas discrepancias, varios fueron los puntos de acuerdo producto del conjunto de las discusiones, sobretodo en relación a la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires y su vínculo con la ciudadanía: no hay intención por parte del Estado de integrar a los y las vecinas a la toma de decisiones sobre la ciudad. Las pocas oportunidades de diálogo que ofrecen resultan ser meras formalidades, más que instancias reales de participación.
En contraposición a la desidia estatal y la lógica especulativa del uso del suelo, varios y varias de los allí presentes remarcaron que la única posibilidad real de cambio es mediante una participación colectiva, producto de acuerdos sociales entre los distintos actores que habitan las Ciudad de Buenos. Esta concepción activa, politizada y no meramente jurídica de la ciudadanía, produce temor en los funcionarios públicos, en tanto pone en jaque el modelo extractivista urbano vigente que legitima la desigualdad social y la exclusión, en beneficio de la concentración de riquezas y la acumulación de propiedades como medio de mantener el valor, en el marco de un mercado habitacional altamente dolarizado.
Varios de estos puntos fueron retomados por el panel de cierre, compuesto de especialistas de distintas disciplinas vinculadas con el Derecho a la Ciudad. La moderación del panel estuvo a cargo de Eduardo Reese, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien antes de iniciar la mesa le cedió la palabra a dos vecinxs y militantes de la localidad de Juárez Celman, en la provincia de Córdoba. El relato del violento desalojo ilegal, sin orden judicial, que sufrieron hace 5 meses fue la representación clara de los efectos que tiene una visión mercantilista del uso de la tierra, uno de los ejes de discusión del taller. Denunciaron, además, la complicidad del poder político, económico y judicial que intervino para favorecer a las empresas inmobiliarias que están poniendo su interés en las tierras de esa localidad cordobesa.
Luego de solicitar la firma de un documento de apoyo para la recuperación de sus tierras y el fin del hostigamiento policial, Nelson Saule, miembro brasilero de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad e integrante del Instituto Pólis, se encargó de abrir el panel rememorando que “ya desde la presentación de la Constitución de Brasil (de cuya promulgación se cumplieron hace poco 30 años) presentamos una plataforma política con una perspectiva de derechos humanos dentro de las ciudades que ya incluía la idea de derecho a la ciudad”. Esta fue una instancia clave en el proceso de construcción del marco legal y jurídico de este derecho, que fue ratificado al incluirlo en el Estatuto de la Ciudad de Brasil en el año 2001.
Esta experiencia en el país vecino de una plataforma política y nacional desde donde defender las ciudades democráticas, justas e inclusivas, con injerencia en políticas públicas, fue muy importante para el desarrollo de esta perspectiva en toda América Latina. En la coyuntura internacional actual de fuerte avance de los gobiernos conservadores en el continente (sobre todo con el reciente triunfo en las elecciones presidenciales brasileras del ultraderechista Bolsonaro), que quieren abolir la función del Estado democrático y demonizar los derechos humanos, para Saule se vuelve aún más urgente “pensar otras estrategias para ofrecer otra visión a nuestra sociedad, la visión del respeto a los derechos humanos, de la defensa del derecho a la ciudad. Son fundamentales las estrategias de comunicación más directa, sobre todo en los espacios públicos”.
Distinta es la situación en la Ciudad de México (CDMX). Para Silvia Emanuelli, Coordinadora de la Oficina de América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (Habitat International Coalition – HIC), el triunfo reciente de la izquierda en las elecciones presidenciales, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, brinda un panorama mucho más alentador que en América del Sur: “La presencia de un gobierno progresista alienta a continuar con el proceso iniciado con la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, escrita en 2004, y que representa un antecedente importante a nivel latinoamericano y mundial”, valoró Emanuelli.
Sobre los cimientos de esta declaración, el movimiento urbano popular en la Ciudad de México propuso trabajar, entre los años 2007 y 2010, la carta de esa ciudad por el derecho a la ciudad. Con el apoyo de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, fue firmada en 2010 por los 3 poderes del Distrito Federal. Si bien retomaba mucho de la Carta Mundial, representó una superación de la misma, en tanto la forma de estructurarla no fue en artículos sino en ejes transversales y principios rectores, marcando la integralidad del derecho a la ciudad.
El próximo paso fue en 2015, cuando el entonces Jefe de Gobierno, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), llamó a un comité redactor de la Constitución de la Ciudad de México, en el cual participó el HIC. “En este comité se discutió que el derecho a la ciudad fuera la espina dorsal de esta Constitución y que de ahí se desglosen los demás derechos. No se logró pero sí hay un artículo especifico, el 12, sobre el derecho a la ciudad”, explicó la coordinadora latinoamericana del HIC. Si bien no hubo participación popular y fue muy criticada, la sanción de esta constitución permitió establecer el marco legal-jurídico para la defensa de este derecho, aunque Emanuelli remarcó que “tenemos que seguir insistiendo en el plano político, no queremos que simulen el derecho a la ciudad”.
Las últimas exposiciones estuvieron centradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de este primer encuentro internacional. Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó con datos contundentes las limitaciones impuestas por el Estado y el mercado al ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, tanto en relación al acceso de bienes y servicios como a la toma de decisiones y participación en los procesos de producción de la ciudad. “En la ciudad de Buenos Aires, el proceso de producción está totalmente desacoplado de las posibilidades económicas de la gran mayoría de los hogares porteños. En los primeros 8 meses de este año, el valor de las propiedades en dólares aumentó 8%, en un contexto donde el poder adquisitivo y el salario se desplomaron. Por poner un ejemplo claro, en Villa Urquiza, que tuvo un boom inmobiliario por la llegada del subte, los precios aumentaron un 35% en los últimos dos años”.
Otro dato preocupante está vinculado con la creciente inquilinización de los hogares porteños, que representan más del 35% del total. Según una encuesta de Inquilinos Agrupados, las personas destinan más del 40% de sus ingresos a sostener el alquiler. Esto se traduce en un proceso informal de producción de la ciudad cada vez más masivo que reproduce la precariedad habitacional. “En el censo 2010, se hablaba de 163.000 personas viviendo en villas dentro de C.A.B.A. Hoy, según Larreta, hay más de 250.000, un crecimiento muy importante en menos de 10 años”, remarcó Miguens.
Según la investigadora del CELS, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha hecho nada para reorientar la dinámica excluyente del mercado inmobiliario: “Todo lo contrario, tiende a profundizarlo. Hay dos casos claves; la venta de tierras fiscales a desarrolladores inmobiliarios y el proyecto de Código Urbanístico que se está discutiendo en este momento”. Esta ley, que es central para regular la producción en la ciudad, “no contempla instrumentos y principios de control territorial para frenar la escalada de precios y garantizar suelo y vivienda”.
Por su parte, Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), remarcó los 4 ejes en torno a los cuales debe articularse el derecho a la ciudad: “El primero es la ciudad desde una perspectiva de derechos; el segundo, desde el principio de igualdad; el tercero, pensarla como bien común y sus relaciones con el exctractivismo urbano y el negocio inmobiliario y el cuarto, pensar a la ciudad como democracia participativa, diseñada por quienes la habitan”.
En relación a este último punto, Horacio Corti, Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remarcó la importancia de trabajar con la sociedad civil y tener relaciones con otras organizaciones, como Polis y HIC, que tienen las mismas inquietudes en el ámbito internacional. Dentro del plano jurídico, destacó los 3 instrumentos claves que debe tener la “imaginación jurídica”: un genuino derecho a la inclusión social, el derecho de la economía popular y el derecho a la ciudad. Sobre este último resaltó que “gran parte de la población, y de manera creciente, vive en lugares urbanos. Este concepto nació como parte de la filosofía en Europa y ahora tiene su significación política. Nos apropiamos de esa idea y tratamos de volverlo algo jurídico y operativo”. Más allá de lo legal, para Corti el gran mérito de los procesos de urbanización en esta ciudad son gracias a las luchas de los propios habitantes de las villas y de los barrios populares: no existirían esos procesos sin las prácticas populares.
La falta de garantía del derecho a la ciudad tiene consecuencias graves, tangibles, en las vidas de las personas que habitan las urbes: falta de acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, agua potable, electricidad. No sólo se ven afectadas por la desidia estatal y la especulación inmobiliaria, sino que se ven sujetas a decisiones en las cuales el Estado no las invita a tomar parte. En palabras de Sebastián Pilo, “sin el derecho a la ciudad no está garantizado el derecho a la vida”.