Breve análisis sobre los efectos de los agrotóxicos y el silencio de empresas y gobiernos.
Era 2001, en el Barrio Ituazaingó, que está a 7 kilómetros de la ciudad de Córdoba, un grupo de mujeres se preguntó: “¿Por qué hay tantos chicos con cáncer en este pueblo?”. El número de casos de enfermedades crecía y por eso decidieron investigar, movilizaron al barrio y sacaron a la luz un explosivo cóctel de contaminantes con el que estaban viviendo cotidianamente. Hicieron un relevamiento casa por casa: había 60 personas enfermas de cáncer u otras enfermedades, La mayoría concentradas en Ituzaingó – Anexo 7, la zona más humilde del barrio, sobre 5.000 habitantes en total en ese momento. A medida que aparecían casos y evidencias de que el modelo productivo en algunas zonas de la Argentina, principalmente las de la región de la pampa húmeda, estaba teniendo efectos sobre la salud, se fueron instalando en el espacio público denuncias de diferentes colectivos sobre el uso de agrotóxicos y las fumigaciones que afectaban poblaciones rurales y peri urbanas, sobre todas aquellas fumigaciones realizadas por aviones. La Leonesa, Las Palmas, Basabilbaso, El Salvador, Monte Maíz, Barrio de Ituzaingó, son pueblos en el corazón sojero que aparecieron en los medios en los últimos años. Y lo que tenían en común, estos pueblos y muchos otros, era que, estaban rodeados de campos de soja.
Argentina –así como otros países del Cono Sur– desarrolló un proceso orientado a la obtención de renta de la tierra y especulación financiera, principalmente por parte de empresas transnacionales que dominan sectores clave de los complejos agroexportadores involucrados en este modelo. Este cambio tecnológico –con el protagonismo de empresas productoras de semillas genéticamente modificadas (por ejemplo, la soja Roundup Ready) y un nuevo paquete de insumos basado en herbicidas (glifosato) y fertilizantes– causó grandes transformaciones en la estructura agraria del país. El resultado es un sistema agroalimentario concentrado y centralizado que tiende a desplazar o subordinar a actores sociales que despliegan estrategias y dispositivos orientados al mercado interno, basados en el trabajo familiar y en manejos tecnológicos que buscan ser apropiables socialmente y apropiados ambientalmente
El agronegocio utiliza en el país más de 400 millones de litros de agrotóxicos al año, cuyo 70 por ciento está representado por el herbicida glifosato, pilar del modelo transgénico. Sólo en el país existen más de 100 publicaciones científicas, en su mayoría de universidades públicas, que dan cuenta de las consecuencias negativas del glifosato en el ambiente y en la salud. En los últimos años, además, se sumaron numerosas evidencias de que “algo grave” viene pasando en relación con la salud y la vida cotidiana de los pueblos que se encuentran rodeados de plantaciones de soja tanto en la región pampeana (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba), como en otras regiones del norte, impensadas hace un tiempo para la producción de este monocultivo, como es el caso de la provincia de Chaco. En ese sentido, se han recolectado testimonios que dan cuenta del sufrimiento (propio o de familiares), las muertes y los padecimientos cotidianos que se viven por la exposición a las fumigaciones. Las principales consecuencias son cáncer, abortos espontáneos, enfermedades renales, reumatológicas, malformaciones, problemas endócrinos, pero hay muchas otras más.
En el contexto actual, conviven dos variables opuestas: por un lado, la de una creciente intensificación de este modelo de monocultivo (fuerte apoyo a través de la quita de retenciones y el desmantelamiento de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura), en el que cada vez cobra más fuerza la postura desde el gobierno nacional (incluida la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y los gobiernos provinciales respecto de la NO peligrosidad de los agrotóxicos y la necesidad de intensificar su uso desde la idea de las “Buenas Prácticas Agrícolas”. Por otro, la cada vez mayor evidencia sobre la cantidad de agrotóxicos a los que estamos nos expuestos cotidianamente –en la lluvia, en el río y en la comida–. Por eso, este Punto de Debate busca analizar de manera crítica, a partir de un diálogo entre Darío Aranda y Damián Verzeñassi, las implicancias del modelo en la salud de los pueblos y de las trabajadoras y los trabajadores, y las disputas en torno a la construcción de las evidencias científicas que dan cuenta de ello.
Las fotos que acompañan esta publicación, son parte del proyecto “El costo humano de los agrotóxicos” del fotógrafo Pablo Piovano, quien a través de sus imágenes, logró dar visibilidad, con crudeza y gran calidad visual, el impacto sobre la salud humana que produjo el modelo de agronegocios y como las y los pobladores que viven y trabajan en las zonas rurales del país sufren la sistemática práctica de la fumigación con agrotóxicos sobre cultivos de soja o tabaco, que los afecta enfermándolos hasta la muerte.
Un experimento a cielo abierto.
Punto debate – Número 20, Noviemebre 2018
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Autores: Darío Aranda y Damián Verseñazzi
ISSN 2447 a 3.553
Punto debate Es Una Publicación editada por la Fundación Rosa Luxemburgo con Fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica la de Alemania (BMZ). Busca abrir espacios para el debate sobre uno de los ejes centrales de nuestra proyección política: el Buen Vivir en Brasil y el Cono Sur; Derechos humanos y de la naturaleza desde una perspectiva de transformación, justicia social y justicia ambiental.
