Der chilenische Erfolgsautor Luis Sepúlveda war ein herausragender Vertreter der lateinamerikanischen 68er: undogmatisch links, ökologisch und kosmopolitisch

Von Gerhard Dilger

Foto: Casa América, CC BY-NC-ND 2.0

„Der Schriftsteller ist das Sprachrohr jener, die keine Stimme haben“, so hat Luis Sepúlveda einmal sein literarisches Credo zusammengefasst. Der vielseitige chilenische Journalist, Filmemacher und Bestsellerautor starb am vergangenen Donnerstag mit 70 Jahren. Vor allem in Europa und Amerika sorgte das für Trauer und Bestürzung – die sozialen Netzwerke zeugen davon. Ende Februar war er der erste gemeldete Covid-19-Kranke in Asturien gewesen, wo er seit 1997 wohnte. Seine Lebensgefährtin Carmen Yáñez, ebenfalls infiziert, wurde geheilt.

Luis Sepúlveda war ein chilenischer 68er: Er wurde aus der kommunistischen Jugend ausgeschlossen, sympathisierte mit der bolivianischen ELN-Guerilla, gehörte zu den jungen Leibwächtern des linken Präsidenten Salvador Allende und wurde nach dem Pinochet-Putsch 1973 zweimal verurteilt und inhaftiert, erlebte Hausarrest und Untergrund.

Nach dem Einsatz deutscher Amnesty-Aktivist:innen konnte er 1977 ausreisen und beteiligte sich nach einem längeren Aufenthalt in Ecuador am siegreichen sandinistischen Aufstand in Nicaragua. In den 1980er Jahren lebte er im Hamburger Exil, arbeitete als Korrespondent und Fernfahrer, engagierte sich auf Greenpeace-Schiffen und stellte schließlich seinen späteren Welterfolg fertig: „Der Alte, der Liebesromane las“.

Der kurze Roman, der dem brasilianischen Regenwaldaktivisten Chico Mendes gewidmet ist, spielt vor der beginnenden Kolonisierung des Amazonasgebiets in Ecuador durch US-amerikanische Erdölfirmen. Skrupellose Goldgräber und Holzfäller, ahnungslose Siedler und vor allem korrupte Provinzpolitiker ebnen dem Big Business den Weg. Der aus dem Andenhochland zugezogene Protagonist Bolívar Proaño hat von den Shuar-Indígenas den Respekt für den Regenwald gelernt, muss aber machtlos bei dessen unaufhaltsamer Zerstörung zusehen. Narrative Achse des Romans ist sein Duell mit einem Leopardenweibchen.

„Literatur muss das Wesentliche erzählen, ohne Verzierungen “, betonte Sepúlveda immer wieder, beim Überarbeiten seiner Manuskripte sei er „ein guter Holzfäller“. Und sich selbst sah er vor allem als Geschichtenerzähler.

So weist der „Der Alte“ bereits viele jener Elemente auf, die auch Sepúlvedas spätere Politthriller („Die Spur führt nach Feuerland“ oder „Der Schatten dessen, was wir waren“), Erzählungen („Wie man das Meer sehen kann“), Reisereportagen („Patagonia Express“), eine schnörkellose, sorgfältig kondensierte Prosa, autobiographische Elemente mit überwiegend männlichen Protagonisten, satirische Einsprengsel, ein ausgeprägtes ökologisches Bewusstsein, und immer wieder das Schildern solidarischer Verhaltensweisen.

Die Fronten zwischen Gut und Böse verlaufen ziemlich klar: „Meine großen Figuren sind Verlierer, aber illustre, denn sie wissen, dass sie verloren haben“. In seinen Krimis mit dem Alter Ego Juan Belmonte bleibt Sepúlveda der Chronist untergegangener Welten und verlorener Illusionen. Seine ebenfalls sehr erfolgreichen Kinder- und Jugendbücher („Wie der Kater und die Maus trotzdem Freunde wurden“), mit Blick auf seine Enkel verfasst, stehen hingegen unter dem von der Allende-Zeit inspirierten Motto: „Wenn die Freunde zusammenstehen, sind sie unbesiegbar“. Thesenliteratur sind aber auch sie nicht.

Parallel dazu wirkte Sepúlvelda bis zuletzt auch journalistisch, vor allem über seine zahlreichen Kolumnen in diversen Ausgaben von Le Monde diplomatique, in denen er überwiegend die chilenische Politik analysierte. Auch hier blieb er seinen Wurzeln treu: Sein Großvater war spanischer Anarchist, sein Vater KP-Mitglied, seine Mutter Mapuche.

Seine tiefe Enttäuschung über die lange neoliberale Vorherrschaft in Chile, die sein Land in den letzten Jahrzehnten völlig umgekrempelt hatte, wich zuletzt der Unterstützung der breiten Rebellion gegen die Oligarchie.

„Sie wollen eine neue Verfassung, die die ganze Nation in ihrer Vielfalt repräsentiert, sie wollen so grundlegende Dinge wie Wasser oder das Meer, das auch privatisiert ist“, schrieb Luis Sepúlveda in seiner letzten Kolumne im Dezember. „Es gibt keine Repression, so hart und kriminell sie auch sein mag, die in der Lage ist, ein Volk in Bewegung aufzuhalten“.

La Vía Campesina presentó “Derechos Campesinos – Libro Didáctico” una versión ilustrada de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de l@s Campesinxs y otras personas que trabajan en áreas rurales (UNDROP). Dedicado a más de mil millones de personas que viven en áreas rurales, que existen y resisten el asalto al capital global. Esta Declaración defiende los derechos de ellos, de las mujeres campesinas y las personas de diversas identidades en todos los rincones.

Por Via Campesina

La sociedad moderna se enfrenta a una crisis extraordinaria.

Es una crisis civilizatoria que se ha estado gestando a lo largo de cientos de años. En su centro se encuentran algunas “personas” [1], que hoy poseen y controlan más de la mitad de la riqueza global; explotan impunemente tanto a la naturaleza como a la humanidad en pos de generar ganancia. Las consecuencias de sus acciones son contundentes. Al momento de escribir estas palabras, la mayoría de la población mundial se encuentra en cuarentena. El COVID-19 y su impacto está presente en los diálogos públicos y privados en todo el mundo. Mientras algunos de los gobiernos se empeñan en intentar detener la propagación del virus y salvar a sus ciudadanos, las repercusiones económicas de la crisis amenazan con destruir los medios de subsistencia y las vidas de miles de millones de personas.

Nadie se ha librado del virus. Sin embargo, son los trabajadores y trabajadoras urbanas y rurales, migrantes, campesinos y campesinas y pueblos originarios, en su gran mayoría sin acceso a sistemas de salud pública de de calidad, quienes se encuentran en la posición de mayor vulnerabilidad, al igual que las personas de mayor edad  y con condiciones de salud preexistentes.

El miedo por la salud no es la única preocupación. En muchos lugares del mundo las fábricas están despidiendo trabajadores y trabajadoras y los gobiernos están cerrando mercados campesinos rurales y periurbanos. A medida que se implementan estrictas medidas de cuarentena, los productores y productoras de alimentos a pequeña escala tienen dificultades para comercializar su producción; los pescadores no pueden entrar al mar, los pastores no pueden arrear el ganado y se restringe a los pueblos originarios el acceso a los bosques. El resultado es un mundo que pronto se enfrentará a un incremento de hambre y pobreza, quizás varias veces más graves de lo que ya hemos visto en las últimas dos décadas. Mientras tanto, los Estados con tendencias dictatoriales encontraron en esta crisis una oportunidad de legitimar la vigilancia masiva, socavando los procesos democráticos y desmantelando paulatinamente la libertad de asociación y el disenso organizado.

¿Cómo llegamos a esto?

Es factible plantear que el COVID 19 no es un problema en sí mismo, sino apenas un síntoma. La especie humana ya estaba viviendo al límite, con niveles récord en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y la temperatura del planeta elevándose a un ritmo sin precedentes. En 2019, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó un informe titulado “Cambio climático y tierra” [2], que una vez más expuso el impacto devastador que la agricultura y sistemas de ganadería industriales han tenido en la tierra, los bosques y el agua, al igual que en las emisiones de GEI. Algunos meses después del lanzamiento del informe del IPCC, incendios forestales se propagaban implacables a lo largo del Amazonas, de Australia y de África central, recordándonos la espeluznante frecuencia que las condiciones climáticas extremas alcanzan en este siglo. Los grandes latifundios y el agronegocio transnacional no solo ejercían una exigencia inmensa sobre los recursos finitos del planeta, sino que también ponían en enorme peligro la salud de todas las formas de vida, incluyendo a los humanos. Son varios los estudios documentados que ya han revelado cómo la gripe y otros patógenos surgen de una agricultura controlada por las empresas multinacionales.

Pero este complejo agro-industrial no se construyó en un día. El principal facilitador de este sistema ha sido el capitalismo y las políticas económicas neoliberales que permitieron su expansión sin restricciones. Impulsados por la codicia y avalados por poderosos intereses corporativos, los defensores del capitalismo reemplazaron la naturaleza con fábricas de ladrillo, chimeneas e invernaderos industriales. Construyeron ciudades como motores de nuestra actividad económica prestando escasa atención a la biodiversidad del planeta. En el proceso, descuidaron los pueblos, las costas, los bosques y a las personas que allí habitaban. Talaron árboles para establecer grandes plantaciones o construir complejos de lujo para turistas adinerados y perforaron la tierra en busca de minerales. Al mismo tiempo, despojaron de su tierra a millones de personas que coexistían con esos entornos. Unos pocos privilegiados impusieron a los pueblos del mundo un modelo único de industrialización. Las personas que se resistieron fueron ridiculizadas, perseguidas, encarceladas y a veces asesinadas con impunidad.

Desde mediados del siglo XX, las corporaciones transnacionales y sus gobiernos aliados, con el apoyo eficaz de instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, firmaron acuerdos que no consideraban el costo humano de la expansión industrial. Los promotores de la globalización establecieron el marco de los Acuerdos de Libre Comercio fomentando la privatización de los servicios públicos y la desregulación al punto de eventualmente desmoronar los sistemas de salud pública y empujar a las comunidades rurales y urbanas a una vulnerabilidad extrema.

El COVID-19 ha expuesto brutalmente estas vulnerabilidades. Todas las grandes gripes que han sacudido a la humanidad en los últimos tiempos nos recuerdan el costo humano de esta expansión ilimitada orientada hacia la homogeneidad a costa de la diversidad. Los patógenos fatales que mutan en y emergen de estos agro-ambientes especializados son una consecuencia ocasionada por el sistema que reemplazó la producción local de alimentos saludables, variados y climáticamente apropiados por alimentos homogéneos, producidos en fábrica, que tienen el mismo sabor, ya sea en oriente o en occidente.

Los gobiernos hicieron caso omiso de las repetidas advertencias de movimientos sociales y la sociedad civil. Con la misma velocidad que se expandía el capitalismo, desaparecían de la narrativa cotidiana dominante las noticias sobre el campesinado, pescadores, pastores, artesanos y muchas otras personas que trabajan en áreas rurales. Al invadir el campo, el capital generó un mundo azotado por las guerras civiles, ambientes insalubres y gente enojada. La reacción de las personas ante estas circunstancias tan difíciles no siempre es agradable. En muchas partes del mundo, la frustración les llevó a buscar refugio en ideologías de derecha que se nutren del odio, el localismo y la división. Es importante reconocer que la sospecha y hostilidad de unos contra otros surge con fuerza en un mundo en el que es necesario luchar por recursos y una paga diaria. El capitalismo creó este mundo polarizado en el que la competición ha reemplazado a la solidaridad.

A pesar de esto, aún tenemos esperanza. La resistencia de los pueblos, liderada por quienes más hayan sufrido los efectos de estas crisis, con el apoyo de la fuerza del internacionalismo, la solidaridad y la diversidad, puede desmantelar el capitalismo y devolvernos un mundo socialmente equitativo y justo.

¡Formar, organizar y movilizar!

Desde 1993, por medio de La Vía Campesina, millones de personas que viven en áreas rurales han advertido al mundo del desastre en ciernes.

Luego de una década de movilizaciones y lucha para contrarrestar la creciente expansión del capital internacional, La Vía Campesina propuso e inició una campaña en pos de un instrumento legal internacional para la defensa de los derechos de los pueblos a sus territorios, semillas, agua y bosques. Durante 17 largos años, campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras, pescadores y pescadoras, y pueblos originarios de Asia, África, las Américas y Europa negociaron con paciencia y persistencia dentro y fuera del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, compartiendo sus historias de expropiación y desolación. Este proceso de negociación sirvió como catalizador para las y los cuadros del movimiento y les permitió abordar la campaña con mayor vigor. Organizaciones no gubernamentales aliadas, otros movimientos sociales de productores de alimentos, académicos y gobiernos progresistas también aportaron a generar y sostener el impulso que permitió la adopción de un mecanismo legal internacional.

El 18 de diciembre de 2018 estos esfuerzos finalmente dieron fruto y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la “Declaración de la ONU de derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales” (UNDROP, por sus siglas en inglés). Esta Declaración no solo considera a los campesinos y campesinas como meros “sujetos de derecho”. También reconoce a los campesinos y campesinas y las personas que habitan zonas rurales como agentes fundamentales para superar las crisis. Esta Declaración de las Naciones Unidas es un instrumento estratégico para fortalecer las luchas y propuestas de los movimientos rurales. Además, sienta una jurisprudencia y una perspectiva jurídica internacional para orientar la legislación y las políticas públicas en todos los niveles institucionales en beneficio de quienes alimentan al mundo.

El núcleo de la Declaración se centra en el derecho a la tierra, las semillas y la biodiversidad, así como en varios “derechos colectivos” anclados en la Soberanía Alimentaria. La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a determinar sus sistemas alimentarios y agrícolas, y el derecho a producir y consumir alimentos saludables y culturalmente apropiados.

Además de contar con un artículo único dedicado a las obligaciones de la ONU, la Declaración también establece en cada artículo una serie de obligaciones y recomendaciones para los Estados miembros. Estos artículos en la Declaración explican no solo los derechos de campesinos y campesinas, sino también los mecanismos e instrumentos para que los Estados los garanticen. Ahora, la responsabilidad de su adaptación e implementación a los distintos contextos nacionales recae sobre los Estados miembros de la ONU, los movimientos sociales y la sociedad civil en cada rincón del mundo.

Este Libro de Ilustraciones explora distintos aspectos de la Declaración de la ONU. Por medio de imágenes poderosas, creadas con cuidado por Sophie Holin, joven militante y colaboradora de La Vía Campesina, su objetivo es dar a conocer la Declaración de la ONU y difundir sus contenidos en comunidades rurales. El libro, producido originalmente en inglés, español y francés, también estará disponible como un documento de acceso libre para la adaptación y traducción de movimientos sociales a idiomas locales.

Como La Vía Campesina, debemos utilizar esta herramienta para movilizar comunidades y organizar formación política. Es indispensable la aplicación de la Declaración de la ONU en los procedimientos legales en defensa de los campesinos y campesinas, al igual que hacer un llamamiento a la sociedad para el desarrollo de estrategias regionales y nacionales con el objetivo de lograr su implementación. Esta herramienta nos permite presionar a nuestros gobiernos y a las instituciones gubernamentales en todos los niveles para que cumplan con su obligación de asegurar la dignidad y la justicia para que quienes produzcan puedan garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos.

La solidaridad entre las poblaciones rurales y urbanas, campesinas y trabajadoras, entre los productores y productoras de alimentos y sus consumidores es nuestra única arma contra el capital internacional. La educación de nuestro pueblo y la formación de nuestra juventud rural son elementos centrales de nuestra lucha. Exijamos el mundo que el capitalismo tan brutalmente nos arrancó. Insistamos en que esta tierra, esta agua, este bosque no son otra cosa que nosotros y nosotras mismas, nuestra vida. Este es apenas una herramienta más en esta gran lucha en defensa de la vida.

REFERENCIAS

[1] En su mayoría, hombres: según el informe de Oxfam 2017, ocho hombres poseían la misma riqueza que los 3.600 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad

Https://www.oxfam.org/en/research/economy-99 (enlace activo a la fecha del 31 de marzo de 2020).

[2] Cambio climático y tierra – Un informe especial de IPCC sobre cambio climático, desertificación, degradación de los suelos, administración sostenible de la tierra, seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en ecosistemas terrestres, disponible en: https://www.ipcc.ch/srccl/ (enlace activo a la fecha del 31 de marzo de 2020).

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https://viacampesina.org/wp-content/uploads/2020/04/UNDROP-Book-of-Illustrations-l-ES-l-Web.pdf

 

Con la consigna de quedarse en casa, no en silencio, Anamuri denuncia la insistencia del gobierno de Piñera en mantener, a como de lugar, el funcionamiento del sistema económico por sobre el resguardo de la salud y la seguridad de la población frente a la crisis del COVID-19. Trabajadores y trabajadoras rurales están expuestos a mayor explotación e indefensión en el contexto de la pandemia. 

Por Anamuri

 

El día 2 de marzo de este año mueren cuatro trabajadores en un incendio en las bodegas de la empresa San Francisco en la comuna de Pudahuel. El día tres de marzo se confirmó el primer caso de Coronavirus en Chile. El día 4 del mismo mes mueren tres jóvenes en la Agrícola Atacama en medio de esta crisis sanitaria, no los olvidamos y vemos con preocupación cuáles son las prevenciones reales para que otros u otras trabajadoras puedan perder la vida en medio de esta pandemia, desde esas fechas y hasta ahora el contexto que presenta esta crisis sanitaria en el país y en el mundo, nos llama a expresar nuestra gran preocupación y a la vez expresarle toda nuestra solidaridad a las y los trabajadores víctimas de medidas económicas que van en beneficio de los empresarios haciendo aún más incierto su futuro laboral y el sustento económico de su hogar. Esto queda claro cuando vemos como las orientación del gobierno de Piñera, centrando la política sanitaria en mantener, a como de lugar, el funcionamiento del sistema económico por sobre el resguardo de la salud y la seguridad de la población.

Hoy con más de 4.000 personas contagiadas aún no cesan las faenas productivas en el territorio, obligando a las mujeres y hombres asalariados a trasladarse en el transporte público hacinados y asistir a lugares de trabajo que no cumplen con el distanciamiento social, práctica que han tomado las distintas entidades de salud en el mundo para evitar el contagio de la población.

De la misma forma la mayoría de los empleadores de nuestros sectores no están cumpliendo con las normativas de entrega de insumos para la seguridad de las y los trabajadores, no entregando mascarillas, guantes o alcohol gel aumentando así las posibilidades de contagios entre las y los trabajadores, más aún cuando las faenas de cosecha son en pleno campo.

El primero de abril se publicó en el Diario Oficial la llamada Ley de Protección al Empleo, que busca impedir los despidos traspasando el costo de la cuarentena directamente sobre los ahorros de las y los trabajadores, más aún, contempla sólo a jornales con contrato desde los últimos seis meses con el mismo empleador, con cotizaciones pagadas. La ley establece que la patronal quedará progresivamente exenta del pago de los salarios, partiendo con el 70% de la remuneración y el resto será completado por el seguro de cesantía. Además, las cotizaciones de pensión y salud sólo serán pagadas al 50%, hipotecando aún más el futuro de los trabajadores/as.

A diferencia de los discursos oficiales, que sindican a la rebelión del 18 de octubre y la pandemia del covid-19 como el origen de la actual crisis, para la clase trabajadora esta situación es la aceleración y agudización de la explotación y opresión que la pandemia ha puesto al descubierto. En este marco ya muchas empresas han realizado despedidos masivos o han procedido a la suspensiones de los contratos de con sus trabajadores y especialmente en las mujeres éstos han ido incrementando exponencialmente con la crisis global lo que deja en una situación aún más compleja a las trabajadoras y a los trabajadores.

La realidad de las trabajadoras del campo y las orilleras del mar no es diferente, en el caso de las trabajadoras agrícolas que sufren la extrema flexibilidad laboral, en algunas regiones las patronales han optado por apurar el periodo de cosecha, acortando al mismo tiempo, la temporada laboral quedando en mayor desamparo las asalariadas agrícolas, las orilleras de mar se ven completamente desprotegidas por una relación laboral no reconocida, condenadas, a no poder comercializar sus productos ni los medios para trasladarlos a los centros de ventas en los pueblos o ciudades donde generalmente lo hacían de pasar las barreras sanitarias por la emergencia quedando en el más completo desamparo. Por ello el pueblo trabajador debe luchar por imponer, frente a un gobierno que beneficia las ganancias de los empresarios, las medidas sanitarias que correspondan con la seguridad y el resguardo de la salud de las y los trabajadores.

Organismos especialistas como la organización mundial de la salud (OMS) han recomendado tomar medidas concretas como establecer cuarentenas totales, los y las trabajadoras debemos luchar para que esas cuarentenas sean realmente efectivas, para eso hay que:

Reducir o suspender los cobros de servicios básicos; congelar los dividendos y respetar y establecer reales contratos de trabajo. Además, prohibir la disminución o el no pago de sueldos.

Nuestro compromiso es estar atenta y lograr mantener una estrecha comunicación con las trabajadoras agrícolas y las recolectoras del mar, desde el Sindicato Nacional de las trabajadoras de la tierra y el mar, desde ANAMURI las instamos en esta coyuntura tan apremiante a no dejarnos avasallar y a elevar nuestra voz para denunciar las injusticias y los incumplimientos a todas las disposiciones de higiene y sanitaria que exige la prevención para el ataque del virus. Estamos en el trabajo enfrentando los temores de esta pandemia pero no estamos en silencio, Las y los trabajadores somos la fuerza vital para el desarrollo de nuestro país y los empresarios y el gobierno deben hacerse eco de las grandes dificultades que agobia a las mujeres que venciendo temores que dejando en casa a sus hijas e hijos a padres o familia las mujeres deben salir a buscar el sustento de sus hogares y el suyo propio, pero estamos seguras que a pesar de esta adversidad nos sobrepondremos a la epidemia, nada no detendrá en la lucha por nuestros derechos, por una verdadera legislación laboral, por una asamblea constituyente, por una nueva constitución paritaria y plurinacional.

Estamos en nuestros puestos de trabajo. Luchando, resistiendo. No estamos en silencio

 

La aprobación y adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un hecho histórico para el propio sistema internacional de derechos humanos, así como para las comunidades campesinas del mundo. Ha sido una lucha de más de 17 años de La Vía Campesina que, junto con aliados, logró impulsar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el debate sobre el rol y situación del campesinado.

Por Diego Montón, Via Campesina

Escuela Campesina del MNCI Somos Tierra

 

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.

Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.

En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.

La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.

En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.

Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.

A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.

Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.

En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.

En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.

Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH

En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.

Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.

En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.

Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.

Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.

El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.

Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.

El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.

Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.

Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.

La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.

Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.

Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.

Derechos campesinos y obligaciones de los Estados

La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.

Algunos elementos para destacar:

El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.

El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.

El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.

Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.

La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.

En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.

Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.

En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.

La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.

Nuevos desafíos

Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.

Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.

En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.

Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.

En el Día Internacional de la Lucha Campesina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) ratificó la prioridad de una Ley de Acceso a la Tierra para miles de familias que producen alimentos en todo el país. En tiempos de cuarentena donde el abastecimiento en comercios de cercanía se transformó en una cuestión obligada, la alimentación está en juego.

Por Unión de Trabajadores de la Tierra

Este 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, la Unión de Trabajadores de la Tierra -UTT- ratificó una vez más que el acceso a la tierra es prioridad para las miles de familias que producen los alimentos para el pueblo.

Abastecerse de alimentos en comercios de cercanía se transformó en una cuestión obligada en tiempos de cuarentena. Los sobreprecios para la compra pública, el desabastecimiento y el incremento inexplicado de precios al consumidor dejó al descubierto la estructura invisible de la industria alimenticia: multinacionales con socios locales que monopolizan y concentran la producción y especulan para vender a altos precios. El resultado de haber favorecido desde el Estado a grandes monopolios de la alimentación está a la vista: hoy tienen control total sobre los precios y el stock un puñado de empresas, supermercados y compañías de logística.

“Nuestra cooperativa trabaja al 50% de lo que podría producir y estamos endeudados, mientras que un puñado de empresas yerbateras sigue comprando cooperativas chicas y pagando monedas a los productores”, reclama Salvador de la Cooperativa Río Paraná de Misiones.

Este monopolio se funda históricamente en la concentración de la tierra. En la Argentina, según el último censo agropecuario, el 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra. Mientras que miles de familias campesinas, pequeños productores y productoras deben arrendar tierras para producir los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos, el 55% de las chacras más pequeñas tiene sólo el 2% de la tierra.

Si algo nos ha demostrado hasta ahora la crisis sanitaria, es la necesidad imperiosa como sociedad de que la producción de alimentos esté en manos de pequeños productores y campesinos. Es la única forma de asegurar el abastecimiento de alimentos frescos, a precios accesibles y en mercados de cercanía.

La necesidad se visibiliza con más fuerza en medio de la pandemia, pero nos recuerda que también y de una vez por todas necesitamos democratizar las estructuras productivas del país… y ahora es cuando.

Para responder de manera sostenida a la crisis de abastecimiento, la UTT demanda de forma inmediata al Poder Legislativo que trate las propuestas de Ley de acceso de tierras para la producción de alimentos y el freno a los desalojos. También exigen al Poder Ejecutivo que acelere las propuestas de acceso a tierras a través de Colonias Agroecológicas que desde hace años la UTT impulsa en distintos municipios del país.

“Tenemos varias Colonias Agroecológicas en distintos municipios, esto es una propuesta real y concreta que promueve trabajo digno y mejores condiciones de vida para los pequeños productores, además genera alimentos sanos para miles de familias de las ciudades”, explica Elías Amador referente de la UTT. “Hoy existen miles de hectáreas de producción agroecológica, si esto pasa a ser política de Estado fácilmente se pueden multiplicar.

Ahora es cuando el Estado en todos sus niveles debe abrir el debate sobre el modelo de producción de alimentos.

Este 17 de abril se conmemora un día de lucha en el cual 19 campesinos organizados en el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil fueron asesinados en el Dorado dos Carajás, cuando luchaban por acceder a un pedazo de tierra.

“Seguiremos trabajando para que las consignas de nuestras banderas soberanía alimentaria y la reforma agraria se hagan realidad en este país”, reclama Zulma Molloja, vocera de la UTT.