Segunda parte del informe sobre el transporte de pasajeros durante el aislamiento obligatorio a causa del covid-19. En este caso, la realidad que se vive en los colectivos, el subterráneo y las disputas con las ART
Por Daniel Jatimliansky para Infonews
Foto: Radio Mitre
El 6 de abril –cuarto día hábil del mes y último plazo para el pago de salarios según la Ley 20.744, de Contrato de Trabajo-, el delegado de las líneas 540 y 553, Juan Alberto Galeano, recibió un mensaje de WhatsApp, enviado por sus jefes. Por ese medio, le informaban que la empresa pagaría sólo el 80% de los sueldos al personal. Ambas líneas son parte del Grupo Autobuses, uno de los aglomerados empresarios más grandes del país en un sector sumamente concentrado, como es el transporte automotor urbano de pasajeros.
“No lo vamos a aceptar”, fue la respuesta inmediata de Galeano. Tras el intercambio infructuoso con el representante de la empresa, los trabajadores se comunicaron entre sí a través de las redes virtuales y convocaron a una asamblea a primera hora del día siguiente.
El 7 a la mañana, la imagen que presentó el playón de la empresa, sobre la avenida Ejército de Los Andes de Villa Fiorito, parecía salida de un film de ciencia ficción. Unos cien trabajadores –casi la totalidad de quienes estaban activos por no conformar alguno de los “grupos de riesgo”- permanecían al aire libre en una ronda ampliada, separados a más de un metro uno de otro. Algunos portaban barbijos, otros se colocaban alcohol en gel en las manos cada cierto tiempo. Ninguna unidad había salido ese día cuando llegó un mensaje de la empresa, a las 10.20, que informó que la suma faltante de los sueldos había sido depositada. La asamblea continuó hasta pasadas las 11, cuando los trabajadores levantaron la medida.
“Venimos de una organización gremial con todos los compañeros de hace casi 30 años, jugar con la desorganización de nuestra línea les va a costar un montón”, advirtió el delegado.
El aspecto sanitario fue otra de las mayores preocupaciones de los trabajadores cuando se confirmó la presencia de la pandemia en el país. Según aseguró Galeano, la empresa no se ocupó de la higiene de las unidades: “tuvimos que hacer una asamblea e implementar nuestro propio protocolo”, manifestó. Entre las medidas, se anuló la puerta delantera y se colocó una cinta de seguridad detrás de las primeras filas de asientos para distanciar al conductor de los pasajeros (más tarde, en lugar de la cinta se adoptó un denominado “plástico cristal”, una suerte de film grueso que aísla todo el espacio).
La primera respuesta de la empresa fue preguntar por qué hacían ingresar a los pasajeros por la puerta trasera. Luego de algunas discusiones, la patronal accedió a eso y otorgó elementos de seguridad como alcohol en gel, barbijos y guantes, entre otros. No obstante, Galeano consideró que el transporte público debería paralizarse por completo para evitar el contagio de los trabajadores.
Foto: Nico Kobane, en Infonews
Condiciones precarias y aprietes pandémicos
Los problemas se extienden mucho más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En Neuquén, la línea 12, también concesionada al Grupo Automotores, realizó un paro parcial –por horarios- el 8 de abril porque sus trabajadores no percibieron la totalidad de los salarios. En algunos casos, la suma abonada fue inferior al 50% de lo que corresponde. De manera previa, la compañía había recibido 3,3 millones de pesos por parte de la Municipalidad de Neuquén para pagar los sueldos. Por parte de la empresa, el gerente local, Leandro Franco, envió un mensaje al gremio con agravios y hasta un texto referido al paro que sonó a amenaza: “Eso no es gratis. Abz”.
La medida de fuerza fue interrumpida tras el dictado de conciliación obligatoria por parte de la cartera de Trabajo provincial pero fue retomada el 14 de abril a las 12, tras extenderse la falta de pago. Al cierre de este artículo, la situación permanecía en ese estado.
En esa compañía, el conflicto salarial parece ser una extensión de otros problemas precedentes. Entre ellos, la situación sanitaria es preocupante: “exigimos que haya agua en las cabeceras porque hay baños químicos, y también tenés que pelear con el empresario para para que desagoten el baño; en el taller no hay calefacción, el baño está a 100 metros y no lo limpian seguido, se inunda, hay dos inodoros, dos duchas y una pileta para más de 50 trabajadores por turno”, detalló el secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) regional Neuquén, Claudio Coronel. La temperatura de los conductores, por su parte, no es controlada al comenzar los turnos, tal como establece el protocolo de transporte de pasajeros y cargas del Poder Ejecutivo, fechado el 17 de marzo.
En la misma provincia, la firma Ko-Ko, que pertenece al grupo empresario Vía Bariloche, despidió a 100 conductores en medio de la prohibición de hacerlo, según publicó Noticias Neuquén. Por su parte, Transporte Rincón, una compañía interurbana, abonó el 50% de los salarios e hizo renunciar a su personal con la promesa de reincorporarlo más adelante.
Las compañías donde los empleados lograron organizarse, realizar asambleas y tomar medidas en conjunto fueron los que más soportaron los embates.
En Salta, el delegado de UTA de la empresa Transal, Diego Corvalán, consideró que se vive una situación complicada y que, como trabajadores, se sienten desamparados: “si bien tenemos un gobierno presente, los empresarios hacen caso omiso a varias cosas”. Las condiciones de higiene, según denunció, son mínimas.
“Muchos empresarios ponen el pretexto de no poder pagar los sueldos. Años (hace) que vienen juntándola con pala a la plata y ahora, que les toca perder un mes, son pobres. En la riqueza no formábamos parte y, ahora que no hay, quieren hacernos formar parte. Gratis no vamos a trabajar”, reafirmó.
Foto: Infonews
Los trabajadores a la vanguardia de los protocolos
Focalizada en el AMBA, Dota es otra de las grandes jugadoras del sector. De acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación publicado en 2019, esa compañía concentró el 46% de los pasajeros transportados en el sistema urbano de la región durante 2014 y 2017, y recibió el 48% de las compensaciones que dio el Estado Nacional a las empresas del rubro en la zona. Para 2017, la sociedad contaba con 77 empresas, de las cuales 67 se dedicaban al transporte de pasajeros, con un total de 180 líneas urbanas (de un total de 389). De acuerdo con fuentes de fábricas automotrices, el grupo cuenta con 4.500 unidades. Sin embargo, si se considera que en el AMBA circulan 18 mil colectivos, la cifra puede ser mucho más elevada.
Entre las líneas que gestiona está la 60, que viene de un prolongado conflicto. El mismo incluyó el cierre de 12 de sus 19 ramales el año pasado, hecho que fue impugnado por los trabajadores y debe ser revisado por el Ministerio de Transporte. “Fuimos los primeros, junto con las líneas 540 y 533, en anular la puerta de adelante y poner el plástico cristal. La empresa hizo informes pero, finalmente, los levantó. Fue una situación de emergencia en la que la empresa hizo la vista gorda”, relató uno de los delegados de esa línea, Santiago Menconi.
Los trabajadores realizaron una asamblea –al igual que ocurrió en otros lugares, sucedió en el playón y separados por una distancia prudencial- y exigieron la provisión de alcohol en gel, mascarillas para el personal de desinfección, lavado de las unidades con agua caliente, entre otros aspectos que la patronal cumplimentó.
El subte es otro de los servicios cuyos trabajadores están muy expuestos al contagio en la situación actual. No obstante, los pedidos de artículos de sanidad fueron cubiertos de manera rápida por la empresa: “armamos el protocolo en base a lo que venía diciendo el Gobierno y a nuestros médicos, ya que teníamos un equipo muy fuerte que habíamos armado por el tema del amianto (n de la r: en 2011, la Ciudad de Buenos Aires compró vagones con ese material, cuyo uso está prohibido por ser considerado cancerígeno).
Si bien en ese medio de transporte metropolitano no se produjeron conflictos de importancia durante la pandemia, el centro de atención estuvo en exigir que el covid-19 sea declarado enfermedad laboral. Para eso, el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, conformado por organizaciones de la CTA y la CGT, sumado a numerosos gremios y organizaciones de trabajadores, exigió al Estado una regulación en ese sentido. El 13 de abril, tras largos debates que incluyeron un gran lobby por parte de las administradoras de riesgos de trabajo (ART) para dilatar o frenar la medida, se publicó el decreto 367, que le da carácter profesional a la enfermedad covid-19, mientras dure la medida de aislamiento, para las y los trabajadores excluidos. De esa manera, las ART están obligadas a dar cobertura ante casos positivos.
“Los grupos concentrados económicos mandan a la gente a laburar. Y enfrente está la resistencia, con los diferentes problemas que se plantean. Para nosotros, es central esto (la consideración de enfermedad profesional) porque, si no, iban a tener que pagar las consecuencias las obras sociales o la salud pública”, resumió el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Beto Pianelli, quien también está al frente de la Secretaría de Salud Laboral de la CTA.