La situación de la clase trabajadora durante la pandemia: entre lo “esencial” y lo rentable

Trabajo más allá de la crisis

La situación de la clase trabajadora durante la pandemia: entre lo “esencial” y lo rentable

Germán Romeo Pena

La irrupción del virus covid-19 y las políticas de aislamiento social generalizadas, pusieron en evidencia la contradicción entre los intereses de los capitalistas, que producen para no dejar de producir ganancias, y los intereses del pueblo trabajador que produce para subsistir. Las personas que dependen de su puesto de trabajo también necesitan de políticas públicas que permitan el cuidado colectivo de la salud. Millones de trabajadores y trabajadoras enfrentan el doble desafío de llevar adelante las medidas de prevención relativas al COVID 19 y, a la vez, pelear para garantizar sus condiciones de vida.


La pandemia y la crisis como fenómenos globales

Las políticas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) o “cuarentenas” más o menos extensivas con las que los Gobiernos enfrentaron la pandemia de covid-19 precipitaron una gigantesca paradoja: la necesidad de detener el flujo de mercancías y personas en un mundo que depende crecientemente de la agilidad del funcionamiento de circuitos globales de capital -como dinero o como mercancías- y de trabajo. El activista Kim Moody describe las dificultades que provoca la desestructuración de las cadenas globales de suministro en la provisión de insumos y equipos sanitarios básicos para enfrentar la pandemia, como barbijos o respiradores), rubro en el que incluso renacieron, renovadas, las prácticas de “piratería”. Esto impacta directamente en las condiciones con que cuenta cada país para controlar la enfermedad.

La desestructuración de los circuitos globales por la paralización de la producción de bienes y servicios es absolutamente contraria a los intereses de los empresarios particulares, que descargan sobre los trabajadores los costos que les imponen las restricciones. Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las políticas de confinamiento afectan la situación del 81% de los trabajadores en el mundo y prevé un importante incremento de la desocupación y la informalidad.

Al mismo tiempo, la pugna para continuar produciendo se convierte en presión sobre los Estados para aliviar el alcance de la cuarentena. El caso paradigmático es el lobby de CONFINDUSTRIAS en Italia para evitar que las medidas de aislamiento alcanzaran a las fábricas, y numerosas denuncias sobre las muertes y contagios en la región de las maquilas mexicanas responsabilizan también a los empresarios que se niegan a parar la producción. Presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro son activos voceros de esta línea de acción, aunque las medidas de aislamiento debieron implementarse a escala regional o local en los países que dirigen.

En tiempos de funcionamiento “normal” del capital, parece funcionar el dogma liberal que reza que el mercado – en función de la oferta y la demanda – es el mecanismo más adecuado de asignación de recursos y que tiende, a través de la oferta y la demanda, a que lo que se produce coincida con “lo que se necesita consumir”. La idea de que la producción caótica de bienes y servicios – atomizada en varios capitales individuales que compiten entre sí – coincide con la satisfacción de las necesidades sociales no se cuestiona. La crisis desatada por la rápida expansión del COVID 19 pone en evidencia que necesidades sociales (para la reproducción de la vida) y producción con vistas a obtener ganancias no sólo no coinciden sino que se contradicen en muchos aspectos. Mientras millones de trabajadores y trabajadoras se ven en enormes dificultades para compatibilizar la prevención de la salud con la obtención de los medios de vida – a través del salario o los ingresos por changas y trabajos eventuales – los empresarios presionan para retomar la producción, imponiendo peores condiciones a los trabajadores incluso a costa de la salud del conjunto.

Germán Romeo Pena

Políticas de aislamiento y clase trabajadora en Argentina

El gobierno de Alberto Fernández decretó tempranamente la cuarentena general – el número de casos positivos no había alcanzado la centena. Aunque existe un importante consenso sobre la eficacia de esta medida para controla y ralentizar el contagio del COVID 19, también se hizo evidente el empobrecimiento y las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven sometidos vastos conjuntos de la clase trabajadora. Los empresarios trasladaron la presión hacia el Gobierno desde el inicio del Aislamiento a través de distintas vías: por un lado, muchos argumentaron que su producción es “esencial” y, que por ende debía ser exceptuada del cumplimiento de la cuarentena. Por otro, presionaron sobre el mercado, aumentando los precios de los productos básicos, advirtiendo sobre el desabastecimiento y encarecimiento de otros productos; y a través de reducciones salariales, suspensiones y despidos masivos.

Entonces, la cuarentena general enfrentó a los trabajadores a tres tipos de problemas: en primer lugar, un conjunto de actividades consideradas esenciales fueron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento. En estos sectores, cientos de delegados gremiales y representantes de base dieron peleas cotidianas para establecer condiciones de trabajo tan seguras como fuera posible.

Al mismo tiempo, y en segundo lugar, el peso de la paralización en aquellos sectores no exceptuados comenzó a hacerse sentir pronto. Un decreto presidencial a inicios de abril prohibió los despidos y habilitó las “suspensiones con causa de fuerza mayor” con rebaja salarial contempladas en el artículo 223 de la Ley de Contratos de Trabajo. El 29 de abril la UIA (Unión Industrial Argentina) y la CGT junto al Ministerio de Trabajo rubricaban un acuerdo que habilitaba el recorte salarial en los sectores paralizados por el aislamiento social. Los acuerdos sectoriales se sucedieron en efecto dominó. En pocos días, se habilitaban recortes salariales a los empleados de comercio, a los trabajadores de las automotrices, los metalúrgicos y los textiles, y se prolongaban los que habían firmado los sindicatos petroleros. El Observatorio de Despidos estima que más de dos millones de trabajadores se vieron afectados por suspensiones y rebajas salariales. Es decir que una proporción significativa del total de trabajadores asalariados, unos 11 millones, verá reducidos sus salarios en el contexto de la crisis desatada por la pandemia.

En tercer lugar, la prohibición de actividades comerciales y en los espacios públicos privó a un amplio conjunto de trabajadores precarizados – unos 12 millones de monotributistas de diversos tipos, cuentapropistas registrados y trabajadores no registrados – de la posibilidad de generar los ingresos necesarios para sobrevivir. En este último grupo heterogéneo de trabajadores y trabajadoras anidan formas productivas emergentes de procesos de lucha, que quedaron relegadas al universo de la precarización y que hoy podrían cumplir un rol en suplir las necesidades sociales.

 

Germán Romeo Pena

Tareas de cuidado: invisibles y precarizadas

Una de las consecuencias de la pandemia covid-19 y las políticas de ASPO ha sido la visibilidad que alcanzaron los llamados trabajos de cuidado – salud, educación, cuidado de niños y adultos mayores, limpiezaMuchas de estas tareas se corresponden con los empleos más precarizados y con salarios más bajos. Consideradas como áreas “auxiliares” del centro económico, han sufrido procesos de ajustes presupuestarios vaciamiento y subcontratación. En la situación de crisis, el gobierno tuvo que priorizar las tareas que realizan los y las trabajadores de la educación, de la salud, del cuidado, de limpieza y reparto entre otras. Todos ellos fueron considerados “esenciales” y exceptuados del cumplimiento del Aislamiento desde el primer momento. Para los trabajadores, el contexto de emergencia sanitaria significó la pelea para poder prevenir sus propias condiciones de salud y a la vez, poder cumplir con sus tareas adecuadamente.

Los y las trabajadores del sector salud rechazan el apelativo de “héroes” y se organizan para visibilizar y denunciar las condiciones en las que trabajan. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) ha denunciado que los trabajadores de la salud en Argentina presentan una de las tasas de contagio más altas del mundo, un 16% del total de los contagios registrados.

En los Hospitales Públicos del AMBA hubo numerosas asambleas, conferencias de prensa y ruidazos denunciando la falta de insumos y elementos de protección personal. En la Ciudad de Buenos Aires, los residentes y concurrentes resistieron el intento de profundizar la precarización de sus condiciones de trabajo sobre fines del año pasado y se mantienen organizados para reclamar mejores salarios. Mientras que en el sector privado las condiciones para la organización y visibilización de los conflictos son más difíciles, algunos colectivos de trabajadores han denunciado la falta de protocolos o el incumplimiento de los existentes; la extensión de las jornadas laborales y la falta de insumos para garantizar las condiciones de salud y seguridad. Desde un punto de vista general, la situación de emergencia plantea la necesidad de centralizar los recursos sanitarios y administrarlos en función de la evolución de la pandemia y de la situación sanitaria. El peso de los intereses de lucro y rentabilidad privados en el sistema de salud atenta contra esa posibilidad, con el único resultado de profundizar los problemas estructurales del sistema y obstaculizar una administración racional de los recursos e insumos.

Otro sector de trabajadores que adquirió visibilidad desde el primer momento del Aislamiento fueron los trabajadores de aplicaciones específicamente los de reparto. Unos 60 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país, que forman parte de ese vasto conjunto de asalariados a destajo, clasificados bajo las figuras de monotributistas y no-registrados – formas patronales y estatales de eludir el reconocimiento de la relación de dependencia. Han recorrido un intenso camino de organización y lucha, marcado por el crecimiento del sector. Su reivindicación de fondo es el reconocimiento de la relación de dependencia que los vincula a las empresas que comandan las plataformas. El sector ha crecido sustancialmente a escala global en los últimos años y la demanda por el reconocimiento de la relación laboral ha crecido con él. Ante la relevancia que estas tareas adquirieron para poder mantener el aislamiento – la movilidad de los repartidores reemplaza la movilidad de miles de personas – y el incremento de la demanda, la reacción de las empresas fue empeorar las condiciones de trabajo para aumentar sus ganancias: no sólo los salarios y los ingresos de los repartidores se mantuvieron congelados, sino que también sufrieron el recorte de bonos y plus salariales. Por supuesto, no garantizaron ni la calidad ni la cantidad de insumos de desinfección e higiene, dejando el problema en manos de los propios trabajadores. La pandemia generó el contexto común para que los trabajadores de las APP de reparto coordinaran sus esfuerzos organizativos en una huelga regional. La fuerza que logren los procesos de organización y lucha de los trabajadores de las Apps será fundamental para mejorar las condiciones de trabajo en un contexto en que todo indica que va crecer la importancia de las actividades comerciales a través de plataformas y canales electrónicos.

El contexto de la pandemia evidenció la importancia de las tareas que garanticen la seguridad sanitaria de la población fundamentalmente en los barrios pobres, que carecen de la infraestructura básica para garantizarla. Décadas de políticas públicas guiadas por el ajuste y la racionalización del gasto, no han priorizado ni la infraestructura ni la salud de las familias trabajadoras que habitan esos barrios. Es por eso que muchas de estas tareas han recaído sobre cooperativas de trabajo, el modo que el Estado encontró para convertir los “planes sociales” en “trabajo” como resultado de los procesos de organización y lucha de los sectores de trabajadores desocupados durante la crisis de 2001/2002. Las cooperativas son sumamente heterogéneas y tienen diferentes dinámicas, de conjunto tienen a su cargo tareas fundamentales para el seguridad sanitaria de los barrios pobres: el saneamiento de arroyos y cursos de agua, el mantenimiento de desagües y zanjeo, el reciclado, el mantenimiento de infraestructura pública (veredas, espacios verdes y baldíos). Surgen de y se articulan con movimientos sociales, barriales y socioambientales para fortalecer las demandas al Estado. Son actores fundamentales para mantener condiciones de seguridad sanitaria en este contexto, al punto que varias de ellas se encuentran exceptuadas de la cuarentena. La pandemia muestra cómo políticas fundamentales para garantizar las condiciones sanitarias en los barrios pobres recaen sobre trabajadoras con salarios por debajo de la canasta básica y con condiciones de trabajo por demás precarias.

Producción de alimentos: lo rentable y lo necesario

La producción de alimentos es uno de los sectores en que se manifiesta más crudamente esa contradicción entre las necesidades sociales y la lógica de la producción por la ganancia. De hecho, varias investigaciones advierten sobre la forma en que los métodos de producción de alimentos (especialmente la cría industrial de animales y los cultivos agroindustriales) producen a su vez las condiciones para la expansión y el contagio humano del virus que desató la actual pandemia. Otros estudios se focalizan en el impacto de los alimentos industriales sobre las condiciones de salud de la población.

En un país como Argentina que participa del mercado mundial aportando productos agroindustriales a las cadenas de producción, la “excepcionalidad” de ciertos sectores está claramente relacionada con la necesidad del Estado de garantizar la “entrada de dólares” – fundamental para sostener las políticas de compensación y contención social anunciadas. Varias comisiones internas y sindicatos del sector han planteado que la producción esencial debería ser aquella necesaria para abastecer al mercado interno, y que deberían suspenderse las exportaciones. Daniel Yofra, Secretario General de la Federación que agrupa a trabajadores del complejo oleaginoso sostiene que sólo deberían estar exceptuadas la empresas que producen para proveer aceite comestible al mercado interno, pero que ante la intransigencia empresaria y gubernamental, el sindicato optó por intentar imponer las máximas condiciones de prevención – especialmente con los trabajadores tercerizados. En esa disputa, algunos empresarios reaccionaron provocando despidos y amenazando a los salarios de los trabajadores. En la industria frigorífica los trabajadores enfrentan una doble presión: por una parte, los empresarios vacían plantas, despiden y frenan la producción que no les resulta inmediatamente rentable, como es el caso del Frigorífico Penta. Por otro lado, las patronales pretenden continuar con la producción sin ninguna consideración por las condiciones de salud e higiene, convirtiendo a los establecimientos en un foco de contagio para los trabajadores y sus familiares, como es el caso de El Federal. Los criterios y las demandas planteados por los trabajadores suponen programar la producción de modo de disminuir la cantidad de trabajadores movilizados y garantizar que la mayor parte pueda cumplir con el aislamiento. Ni los empresarios ni el Estado han tomado en cuenta los criterios planteados por los trabajadores para definir las excepciones

La industria frutihortícola es otro sector de la producción de alimentos orientado a la exportación – especialmente peras, manzanas, vid, cítricos y, en menor medida, té y tabaco. Las cadenas de producción de frutas y alimentos frescos en todo el mundo se caracterizan por el empleo de fuerza de trabajo estacional y migrante, con salarios bajos y arreglos informales que los empresarios se encargan de incumplir sistemáticamente. En Argentina, los trabajadores golondrina son migrantes internos que recorren las zonas productivas, de norte a sur y de sur a norte, siguiendo el tiempo de las cosechas. Una vez decretada la cuarentena, los empleadores los expulsaron de las fincas sin disponer los recursos para garantizar el retorno a sus lugares de residencia y miles quedaron varados en provincias como Río Negro, Neuquén o Mendoza. Fue en virtud de la organización de redes sindicales, de movimientos sociales y de derechos humanos que se lograron aceitar los mecanismos para organizar su retorno. Una vez más, garantizar las condiciones de salud colectiva no estuvo en manos de los responsables de las empresas, que impusieron sus intereses particulares, sino de una amplia red de organizaciones solidarias.

Los trabajadores de la industria alimenticia y sus organizaciones pugnan por lograr condiciones de salud y seguridad adecuadas, enfrentando a un sector empresario altamente concentrado que insiste en continuar la producción y maximizar la ganancia. En contraste, unas diez mil familias y comunidades ocupadas en la producción agrícola a pequeña escala, reclaman visibilidad para lógicas productivas solidarias y demandan al Estado políticas activas de soporte y apoyo. Aún con los evidentes límites de escala y logísticos, estas formas productivas plantean varios elementos en contraste con la lógica industrial de producción de alimentos que ponen el acento en la reconstitución de circuitos regionales y locales de abastecimiento.

Como ha quedado en evidencia ante la crisis COVID 19, el acceso a la alimentación saludable, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento – entre otras condiciones – es fundamental para la prevención de la salud en términos colectivos. El decreto del ASPO reveló el modo en que las crecientes condiciones de precariedad del conjunto de los trabajadores se volvieron a su vez, dificultades para poder cumplir con las medidas prescriptas. Es decir, gran parte de la población no tiene garantizado el acceso a los bienes básicos para reproducir su existencia; lo que atenta contra las posibilidades de prevención y cuidado que se reclaman. En los sectores que continuaron trabajando, los y las trabajadores luchan para que los empleadores inviertan el dinero necesario para garantizar condiciones que les permitan prevenir el contagio del virus. El modo que los empresarios encuentran para resguardar sus intereses particulares (bajar salarios, despedir, suspender) no hace sino profundizar ese problema y deja al descubierto que la lógica de producir para obtener ganancias no permite desarrollar una forma de enfrentar la situación desatada por el virus covid-19, u otras situaciones similares, que priorice la prevención de la salud colectiva.

 

* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.



Fundación Rosa Luxemburgo