Por Melisa Argento y Florencia Puente (publicado en marcha.org.ar)

La minera concentra, al momento, cerca de un 20% del total de los casos confirmados en toda la provincia. Esta situación es una expresión paradigmática de las formas en que opera el extractivismo en nuestro país: a los riesgos para la salud que comporta la actividad minera se suman la precarización laboral, la falta de servicios y la negación de derechos básicos de las comunidades y pueblos indígenas. Un esquema que solo es posible gracias a las connivencias político-empresariales.

A pocos días de que el gobierno decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el país, la actividad minera fue declarada como una de las actividades “esenciales” (al igual que los servicios de salud y los proveedores de alimentos) y, por lo tanto, habilitada para funcionar. La decisión encendió las alarmas de las asambleas, organizaciones y movimientos de todo el país que vienen denunciando hace tiempo los riesgos socio-ambientales que tiene esta actividad primaria-exportadora en tiempos de “normalidad”. Para brindar tranquilidad y ajustarse a los controles estatales, las empresas rápidamente se ocuparon de implementar protocolos, aduciendo tener la capacidad de llevar adelante los diversos procesos productivos con seguridad. Pero los y las protagonistas de las luchas y resistencias frente al extractivismo, que conocen plenamente la dinámica de la actividad minera, denunciaron desde el inicio los peligros de seguir trabajando en estas condiciones. No se equivocaban.

El 3 de julio se detectaron los primeros dos casos positivos entre un grupo de trabajadores que bajaban de las instalaciones de la minera Exar. La multinacional de capitales chinos (Ganfeng Lithium) y canadienses (Lithium Americas Corp), está ubicada en el salar Olaroz-Cauchari, situada a escasos kilómetros de la localidad de Susques. Lxs trabajadorxs habían dado negativo a los controles al momento de ingresar a los campamentos, en donde generalmente trabajan unas 600 personas y donde comparten en diferentes módulos habitaciones y comidas. La particularidad de Exar es que su proyecto se encuentra en fase construcción, por lo cual sí hay un número importante de trabajadorxs que son oriundxs de las 10 comunidades indígenas del departamento de Susques, que se ocupan de los trabajos activos en limpieza, perforación de pozos de salmuera, laboratorio, mantenimiento, catering y el área eléctrica.

El 11 de julio, una radio local dio a conocer el testimonio de Estela Cruz, presidenta comunera de Huancar, que describió la alarmante situación. Las comunidades solicitaban el cierre de la mina y de todas las empresas mineras, dado que allí también se encuentra el proyecto de extracción de litio de Sales de Jujuy del grupo Orocobre, Toyota y de la minera jujeña JEMSE. La presidenta informó también que los vecinos y vecinas se estaban encargando del cuidado y aislamiento de lxs trabajadorxs llegadxs desde el campamento, sin médicos y sólo con agentes sanitarios. Y exigió, en nombre de la comunidad, que la empresa que se haga cargo del traslado de las y los trabajadores hacia un hotel, en donde pudieran cumplir los 14 días obligatorios de aislamiento completo, para poder luego de eso regresar a sus casas con sus familias.

La situación era aún más desesperante porque en la planta quedaban muchas personas cuyo diagnóstico no se conocía.  Así recordó Cruz: “A nosotros nunca nos trataron como autoridades para tomar decisiones como corresponde. Desde marzo que habíamos hecho el pedido para minimizar guardias y nos dijeron que no tenemos autoridad, y ahora cuando pasa esto nos tratan como autoridades para que nos hagamos cargo”.

Entre las pocas voces que hasta aquí han informado de la situación se encuentra La Izquierda Diario, que desde los primeros días denunció que pese a que detectaron casos positivos, la empresa continuó trabajando negligentemente. La diputada del Frente de Izquierda, Natalia Morales, denunció la connivencia política provincial y la inacción de JEMSE. La empresa provincial de energía y minería articula a los proyectos extractivos de litio como socia minoritaria. Según la diputada, “JEMSE es una cáscara vacía creada por el PJ en el 2011 para garantizar el extractivismo de las multinacionales en la provincia y que hoy se profundiza. Le da la cobertura estatal para que se lleven todo”.

En los últimos días, una serie de videos se viralizaron por las redes sociales. En uno de ellos, las y los trabajadores envían un mensaje directo a los políticos responsables:

“El sistema de salud en el policlínico está colapsando, tenemos varios compañeros con síntomas y seguimos aquí. Estamos esperando los resultados, el miércoles nos realizaron el segundo hisopado. Hoy cerraron el comedor y no sabemos por qué. Necesitamos ayuda, somos muchos compañeros que estamos esperando resultados, ya sea positivos o negativos, pero queremos bajar y recuperarnos en San Salvador de Jujuy, y después ver a nuestras familias. Algunos estamos hace un mes, hay compañeros que están hace cuatro”.

En otro video, un gran número de trabajadores y trabajadoras discuten con un encargado de la empresa. Le piden que les garanticen la limpieza de los cuartos en donde estaban lxs compañerxs infectadxs y mejores condiciones de higiene en general.

El número creciente de casos ha generado mucha angustia entre los y las pobladoras. Hay quienes hace 4 meses que están allí y quieren bajar a la ciudad y ser atendidxs y cuidadxs como corresponde para poder reencontrarse con sus familias. La desesperación aumenta, cuando tenemos en cuenta las dificultades de comunicación que tienen en el campamento. La escasa o nula señal no les permite comunicarse con medios para lograr difundir lo que sucede y presionar para la implementación de soluciones, pero tampoco les permite llamar a sus casas y conocer la realidad de qué tanto se ha diseminado el virus por las comunidades de la puna. El último conteo que se hizo público fue el domingo pasado, cuando el COE (Comité Operativo de Emergencia) oficializó que entre los nuevos contagios, seis personas tenían domicilio en Pastos Chicos, ocho en Olaroz Chico y once en Puesto Sey, todas poblaciones de los alrededores de los salares Olaroz y Cauchari.

En estos territorios, las comunidades se encuentran separadas por largas distancias y no cuentan con médicxs ni hospitales. Es por esto que entre la organización comunitaria y los agentes sanitarios organizan las tareas de cuidado y aislamiento obligatorio de quienes han regresado a sus casas. Piden apoyo del gobierno provincial, que lleven a los y las enfermas a hoteles y/o a hospitales de la capital provincial. “Pedimos respuestas a ellos y nos dicen que la responsabilidad es del COE y el COE plantea que no pueden intervenir ante una empresa privada”, explicó Cruz en la entrevista radial.

Ayer, con 155 nuevos casos, se llegó a un total de 1039 contagios en la provincia. Con cuatro fallecimientos más, y en el medio de lamentables controversias entre datos cruzados de la Nación y la provincia, hasta el martes el número de fallecimientos por COVID llegaba a 39 en Jujuy, que retornó a la fase 1 de aislamiento hasta el 2 de agosto. La situación en la provincia es preocupante, se han duplicado los casos en sólo una semana y el crecimiento exponencial se viene sosteniendo en los últimos días. El gobernador Gerardo Morales, quien buscó responsabilizar (y estigmatizar) a los y las migrantes bolivianas por el incremento de casos de su provincia, anunció la adhesión al Decreto Nacional 605, con la salvedad de que la autorización a las actividades esenciales quedará en manos del Ministerio de Salud provincial y el COE.

La situación en Salta es también preocupante. Más de treinta mineros que trabajan para la empresa Posco y la contratista BBC en el Salar del Hombre Muerto, se encuentran aislados con síntomas, a disposición del COE provincial. Los trabajadores denuncian que los responsables de la empresa coreana no los dejan retornar a sus casas y que no están cumpliendo con los protocolos y exigen ser hisopados. Se encuentran actualmente sin las condiciones y los cuidados necesarios y sin saber aún el total de contagios que hay entre lxs trabajadorxs de la empresa.

La expansión del virus en estos territorios, agravada por la continuidad de la actividad minera, condensa la exacerbación de la violencia institucional, la vulneración de derechos territoriales y el impacto desigual del COVID en pueblos indígenas y campesinxs que viven en condiciones socio-sanitarias críticas. La lógica de del despojo del extractivismo no debe ser tolerada ni durante la pandemia ni durante una supuesta “nueva normalidad”.