“A nosotros no nos mata el coronavirus, lo que nos está matando es el aire envenenado”

Hace 10 años que los vecinos del barrio Las Mercedes, en Virrey del Pino, denuncian la contaminación que provoca la cementera Klaukol. Las pericias confirmaron la toxicidad del humo y la presencia de sustancias cancerígenas, pero ni la justicia ni el municipio les dan una respuesta. “Las casas pasaron a ser mausoleos”, se lamentan.
Por María Soledad Iparraguirre | 20 de septiembre de 2020

Más de cinco semanas de acampe, de huelga de hambre, de negarse a tomar la medicación frente a las puertas de la cementera. “Estoy cansada, decepcionada, con bronca –cuenta Susana Aranda–. Nuestra vida es invivible, pero nuestra familia sigue acá. De la pandemia podemos cuidarnos con barbijo y distanciamiento. Pero de Klaukol no tenemos escapatoria. A nosotros no nos mata el coronavirus, lo que nos está matando es el aire envenenado”.

Susana es hipertensa, sufre problemas respiratorios y lleva un marcapasos. No es el primer acampe que realiza. Tampoco su primera huelga de hambre. “Ya le perdí el miedo a la muerte. Destruyeron todas mis creencias. Klaukol nos enferma y nos mata. Lo saben el poder político, los organismos de control, la justicia. No quiero que ellos decidan cómo voy a morir”.

Las Mercedes, en Virrey del Pino, está en el kilómetro 44,5 de la Ruta Provincial N°3. En esta barriada obrera e industrial, donde también están afincadas Mercedes Benz, Aerofarma Laboratorios y Royal Canin, entre otras, la multinacional Parex Klaukol, dedicada a la fabricación de materiales para la construcción, instaló su planta en el año 2000. Cuando en mayo de 2009 explotó una de las dieciséis tolvas (chimeneas), el barrio quedó envuelto en una densa nube de polvillo.

“Klaukol reunió a todos los vecinos en la sociedad de fomento –recuerda Susana–, nos dio productos de limpieza y pagó 5000 pesos a cada familia, pero tenías que firmar un documento en el que renunciabas a un futuro reclamo contra la empresa. Acá hay algo raro, pensé, y no firmé”.

Al poco tiempo, niños y adultos fueron desarrollando enfermedades que se multiplicaron de modo exponencial. Al igual que las madres cordobesas del barrio Ituzaingó Anexo, cuyo relevamiento resultó clave para llevar a juicio a productores sojeros que envenenaban con agrotóxicos a los vecinos, Susana inició un censo casero y golpeó las puertas de cada casa. La lista provoca escalofríos: enfermedades renales, leucemias, tumores y cáncer son comunes en cada cuadra del barrio. También constató que en los últimos diez años murieron unos 100 vecinos. “Se han muerto familias enteras. Los Capatelli, los Méndez. En la familia Verón también murieron mamá, papá e hijos. Las casas pasaron a ser mausoleos”, se lamenta.

Los más jóvenes dejan el barrio. Los que no se pueden ir, conviven con ese polvo claro que pareciera caer del cielo. Es el caso de Gerardo Alonso, un vecino que quedó viudo cuando su mujer de 43 años murió de cáncer de pulmón. Al poco tiempo, murieron su cuñada  y sus suegros. Gerardo quedó solo con su hija menor (el mayor dejó el barrio) y juntos atienden el comercio que les permite subsistir en medio del desamparo.

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Según la estadística personal de Susana, de los que se quedaron, el 99% usa CPAP nasal para respirar con normalidad, o sufre dermatitis, bronquitis, o tiene problemas neurológicos. En 2014, la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) realizó un relevamiento sanitario: el 100% de los chicos analizados presentó altos niveles de plomo en sangre y ninguno de ellos pasó la Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE), un estudio creado por la Fundación Garrahan que detecta problemas de desarrollo en niños menores de seis años.

La asamblea de “Autoconvocados contra la contaminación de Klaukol en Virrey del Pino” llamó hace unos días a una concentración frente al municipio de La Matanza. El acto coincidió con la sublevación policial que tuvo en vilo al país. Sin embargo, la represión no faltó: once manifestantes fueron detenidos y llevados a la comisaría distrital Noroeste 1ª.

Irreversible

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), responsable de indicar si hay contaminación, realizó inspecciones de 2011 a 2017. “Cuando vienen a controlar, les avisan antes y la empresa no produce, o lo hace con una sola chimenea. Las mediciones indican los valores permitidos. Cuando salen por encima, los intiman, pero todo sigue igual. El acampe también sigue, pero ellos juegan al desgaste. Hace unas noches nos rompieron los carteles y días atrás a un vecino lo persiguió un auto. Fue claramente una actitud intimidatoria”, se queja Alonso.

En mayo pasado, la ACUMAR intimó a Parex Klaukol por emisiones fuera de parámetro. La Estación de Monitoreo Continuo de Calidad del Aire registró “valores extraordinarios” por encima de los límites admisibles para material particulado PM10 y PM2,5 (el tamaño de las partículas presentes en el aire). Las más pequeñas son respirables e ingresan en los órganos, pudiendo provocar, entre otras patologías, daño pulmonar.

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Un informe pericial de noviembre de 2019 confirmó la toxicidad del humo que emanan las 24 horas las chimeneas de Klaukol. El estudio, realizado por el ingeniero especializado en ambiente, Osvaldo Centurión, detalló, además, la presencia de sílice cristalina respirable en el aire y en las materias primas usadas por la empresa. Las hojas de seguridad de Lafarge North America, de la que Klaukol formaba parte, indican que “la sílice cristalina está indicada como cancerígeno humano y puede provocar silicosis, enfermedad fibrósica-cardiovascular de carácter irreversible”. La silicosis aumenta el riesgo de contraer tuberculosis, artritis reumatoidea y enfermedades renales.

Mientras, en Las Mercedes, las chimeneas permanecen humeantes.

Una historia de burocracia judicial y violencia impune

La causa por contaminación contra Klaukol fue inicialmente radicada en el Juzgado Federal de Morón. El expediente durmió diez años, hasta que Ernesto Barral, juez a cargo, declaró la incompetencia del órgano judicial. La causa fue derivada al Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, que tampoco actuó. En 2018, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el Alto Tribunal determinó que regresara al Juzgado N°4. En ese lapso, Susana Aranda –querellante– recibió aprietes y amenazas. En 2016, el hostigamiento recrudeció. En plena calle, dos hombres la interceptaron y le hicieron tragar dos pilas. “Elegí vos: plomo de 9 mm o tragarte esto”, le dijeron. Al mes siguiente, tocaron el timbre de su casa. Le dejaron otra pila: “Es la última, la próxima va plomo”.

“Tardaron 10 años para que los cinco miembros de la Corte Suprema dijeran que no son competentes. La causa sigue durmiendo mientras nosotros morimos. Los jueces respetan más el dinero que la ley porque esta fábrica no debería estar en mi barrio” se queja Susana.

Establecimiento peligroso

Según la Ley 11.459 de Radicación Industrial, Parex- Klaukol es una planta categoría 3 considerada “establecimiento peligroso porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población”.

Mariano Luzuriaga, abogado de la querella explica que “la misma sociedad francesa reconoce que el material que emana Klaukol es cancerígeno y recomienda pautas y estándares de seguridad y salubridad que respetan en Europa y otros países, pero no son tomados en cuenta en la Argentina”, como el tratamiento de afluentes, la ubicación de la fábrica, que al ser categoría 3 debe estar alejada de la zona urbana y la plantación aledaña de arbolado de especies específicas, como resguardo ambiental.

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