Por Melisa Argento (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes) y Florencia Puente (Fundación Rosa Luxemburgo)
Imagen: Video Transición corporativa o transición justa ¿cuál es el #ElFinDelLitio
En Argentina, el gobierno de la provincia de Jujuy ha aprobado recientemente una reforma constitucional que tiene como uno de sus objetivos centrales facilitar un marco jurídico-normativo para la profundización de la explotación y entrega del litio a manos de corporaciones trasnacionales. A las denuncias de las comunidades indígenas frente a este proceso constituyente que se gestó de espaldas al pueblo, se le sumaron los más de 15 días de paro docente provincial en reclamo por ser la provincia con salarios más bajos del país (menos de 150 U$D) en contexto de crisis económica e inflacionaria. Sobre estas demandas, se articularon un conjunto de trabajadores municipales, bancarios, mineros, en una movilización intersectorial que tomó las características de una “pueblada” en resistencia frente a las diversas formas de dominación y despojo de su población.
En los últimos años, asistimos a un incremento sostenido de la presión extractivista del litio en Argentina. Actualmente existen entre 38 y 50 proyectos de litio en diferentes etapas, que van de exploración, prospección y explotación. Debido al largo periodo que involucran las etapas previas de entre estos proyectos, sólo tres están operativos: dos en la provincia de Jujuy y uno en Catamarca. El Salar de Olaroz, en Jujuy, es explotado por Allkem (ex Orocobre, Australia), Toyota (Japón) y la estatal jujeña JEMSE, con un 8,5 % del paquete accionario. En Catamarca, el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, es explotado desde hace 25 años por Livent (EEUU). Hace unos pocos meses las empresas Allkem y Livent anunciaron su fusión en New-co, para convertirse en uno de los principales jugadores del mercado, acentuando el proceso de corporativización y presión extractivista que deja sin herramientas a estados nacionales y provinciales para promover políticas soberanas, o siquiera políticas impositivas más vigorosas en materia fiscal y tributaria. A estos proyectos se ha agregado recientemente el inicio de la explotación en Minera Exar –que tiene capitales chinos y Canadienses– en los salares de Olaroz y Cauchari, también en la provincia de Jujuy.
Argentina es el cuarto exportador mundial de litio e integra el mal denominado “Triángulo del litio” –Chile, Bolivia y Argentina–, que contienen el 58% de los recursos globales de litio en la actualidad. Estas cifras pueden variar dependiendo de lo que suceda con otros yacimientos en el mundo y fundamentalmente con los proyectos de Sonora en México y de Puno en Perú. La presión que hay sobre estos territorios es sobre el litio, pero también cobalto, manganeso, tierras raras, entre otros minerales como el cobre, que también van a ser sobredemandados para la transformación de la flota de automóviles hacia la electromovilidad, principalmente en China, la Unión Europea y EEUU. De manera que lejos de que la presión se sitúe solo en el triángulo del litio, América Latina está transicionando hacia constituirse como la cantera de minerales críticos para la transición energética del Norte global, como ya lo declara la “Ley europea de materias primas fundamentales” que impulsa actualmente la Unión Europea.
La provincia de Jujuy es un ejemplo paradigmático de avance del extractivismo minero energético ligado a las necesidades que impone la transición energética corporativa en nuestra región. Desde el año 2015 el gobernador Gerardo Morales impulsa la idea de que Jujuy es una “provincia verde”, pionera en proyectos litíferos, pero también en proyectos de energías renovables, como son los proyectos de energía solar “Cauchari 1, 2 y 3” los parques solares más grandes del mundo que nacen con fuerte injerencia del capital chino en la provincia. A esto se le sumó una sistemática violación en la provincia del derecho de pueblos indígenas a la Consulta Previa libre e Informada, el avance de desalojos de tierra y/o no reconocimiento de títulos territoriales a comunidades indígenas, junto con la desarticulación del movimiento social de mayor capacidad de movilización política de la provincia. Como señal ineludible de este proyecto, al día siguiente de la asunción de Gerardo Morales en el año 2016 se encarceló a la referente política Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, e integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
En el caso del litio, el despliegue de proyectos de extracción empieza a encontrarse tempranamente con resistencias desde las propias comunidades y territorios desde el año 2011. Con resultados disímiles éstas son desarticuladas en Olaroz y Cauchari donde se instalan los dos proyectos actuales, al tiempo que en Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se logra articular y sostener una resistencia que perdura hasta la actualidad. Lo que vamos viendo, conforme pasa el tiempo, es un permanente intento de avanzar sobre sus territorios, de hecho, en el año 2019, la empresa provincial JEMSE vuelve a intentar licitar territorio situado en Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, frente a lo cual las comunidades organizan una acción de corte de las rutas centrales durante varios días. Finalmente, el año pasado, un nuevo embate provincial culmina con la entrega de 11 mil hectáreas que eran de dominio fiscal, al capital trasnacional (Panamerican Energy entre otras) a cambio de la magra retribución de 10 acciones y 3 millones de dólares.
La consigna callejera “Arriba los salarios, abajo la reforma”, aglutinó en Jujuy a una multiplicidad de actores en resistencia que logran sintetizar los elementos más regresivos que tiene el nuevo texto constitucional: la prohibición de las protestas en las calles (Artículo 67); la gestión corporativa de los bienes comunes (agua y minerales) y las tierras fiscales (artículo 74) y los derechos y garantías de las comunidades indígenas.
En relación a este último punto, esta reforma pretende consolidar super poderes para el poder ejecutivo de la provincia. Desde la reforma de 1994 los recursos naturales son de dominio originario del Estado provincial, cuestión que contradice legislaciones y normativas de la Constitución Federal, que van desde el Art. 75 (inciso 17) que determina que los pueblos y nacionalidades tienen derechos ancestrales sobre los territorios que ocupan y habitan; entre otros derechos asumidos en tratados internacionales (como el convenio 169 de la OIT). Lo que intenta esta reforma es precisamente desmarcarse de todo ese paraguas de herramientas jurídicas que protegían a los pueblos indígenas. Porque el nuevo Art. 50 establece que todo el reconocimiento de las personerías jurídicas a las comunidades, así como la entrega de tierras y/o el reconocimiento de sus derechos pasa a ser facultad única ahora del Estado provincial (el mismo que desde hace trece años viene violando todos los derechos de estos pueblos). De manera complementaria, el artículo 36 establece las condiciones para facilitar los desalojos de comunidades que están en territorios donde hay litio y otros minerales.
Digamos entonces que esta reforma constitucional –que en realidad es anticonstitucional– pretende consagrar lo que viene sucediendo, el acaparamiento privado de tierras, la sobreutilización del agua, la destrucción de ecosistemas, salares y humedales altoandinos, la vulneración de derechos sociales, indígenas y ambientales, al conformar un andamiaje legal a la medida de las corporaciones.
Además de estas cuestiones centrales de fondo, entre las cuales podríamos incorporar la transformación del sistema político provincial mediante la centralización del Poder Ejecutivo y la eliminación de elecciones de medio turno, se suma el hecho de que la aprobación de esta reforma constitucional tiene profundas irregularidades en su forma. Básicamente, se realiza en pocas semanas mediante un pacto entre partidos hegemónicos (el Partido Radical de la provincia y el sector oficial del Partido Justicialista provincial) que excluye al resto de los legisladores y al conjunto de la ciudadanía. Si bien existía un plazo de 90 días para discutir un proyecto, periodo en el cual debían sostenerse audiencias públicas para escuchar las voces de los representantes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y sindicales, éste no se da a conocer hasta los primeros días de junio. A mano alzada se definió el cierre del debate en dos semanas y el pase directo a votación. Es una constitución que se aprueba en un pacto con la sangre de la gente que resistió en la calle y fue reprimida.
El territorio jujeño es hoy un ejemplo de resistencia y dignidad, anclado en una lucha con dos columnas vertebrales: lxs docentxs y las comunidades indígenas representadas en el “tercer Malón de la Paz”. Sobre esta resistencia, las dos fuerzas políticas hegemónicas (Juntos por el Cambio y Unión por la Patria) amplifican su disputa electoral y profundizan una polarización social que establece no solo la grieta entre oficialismo y oposición sino una polarización que promulga todo el tiempo discursos racistas y de odio contra nuestras poblaciones en un contexto crítico de derechización política y social.