Por Julio C. Gambina – ALAI.
Continúa la historia de la deuda con los buitres y la justicia de EEUU, con capítulos diarios que agregan novedades al análisis y al problema del endeudamiento y sus gravosas consecuencias para la población.
Finalmente llegó el día D, el 30 de Julio, fecha en que vencía el plazo para acreditar en cuenta de los bonistas ingresados al canje de deuda del 2005 y 2010. Los fondos estaban y están en el Banco Mellon de NY, depositados a fines de junio pasado por el gobierno de Argentina, y el juez Griesa no permite su acreditación, por lo que aun cuando el país dispuso de los fondos para cancelar la deuda, los beneficiarios de esos recursos no los reciben.
Es el argumento para hablar de default, calificación que el gobierno rechaza, mientras las calificadoras de riesgo, entidades privadas vinculadas al sistema financiero mundial establecieron el “default selectivo”, es decir, de una parte de la deuda. El resultado inmediato es que dispararon el cobro de los seguros por default respecto de esos títulos, lo que supone un gran negocio.
Las deudas y el sistema financiero están llenos de oportunidades para buitres conocedores de los pormenores de la especulación exacerbada del capitalismo de época.
Desde el gobierno se instruyó a la Comisión Nacional de Valores para gestionar en EEUU una demanda de investigación sobre la connivencia del juzgado de Griesa con el negocio de los seguros por default, en alusión a la parcialidad del letrado con los fondos buitres.
Otro elemento a considerar es el papel de los bancos. Primero fueron los bancos nacionales de capital privado que intentaron una operación de compra de los títulos de la sentencia Griesa o el depósito en garantía de unos 250 millones de dólares para generar la posibilidad del stay o cautelar que dispondría el Juez para pagar a los bonistas. Dijeron los banqueros que era una acción “patriótica” y se dio a entender que había guiño desde el gobierno, especialmente desde el BCRA. La operación no prosperó pero estaban en juego las tenencias de títulos en manos de los bancos y su potencial desvalorización.
La posta la asumen ahora un conjunto de bancos extranjeros, con la misma preocupación “patriótica”, es decir, sus intereses por resguardar las inversiones en títulos de la deuda argentina.
Cada quien juega sus propios intereses
Estamos ante una situación de elevada complejidad donde cada quien atiende su juego.
El juez se planta en su sentencia.
Los fondos buitres tienen dictamen de cobro por el 100% y al contado y negocian desde allí, además de cobrar sus seguros contra default.
Los bancos intentan intervenir y aun con fracaso, mientras la ilusión de la negociación dura intervienen en la evolución del mercado de capitales con alzas de valores que favorecen sus movimientos de corto plazo.
La posición del gobierno pareciera apunta a llegar a diciembre para que finalice el marco de vigencia de la cláusula RUFO y entonces si negociar con los buitres sin temor a la potencial demanda del 92,4% de ingresados al canje, estimada entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.
En definitiva, todos los escenarios culminan en el pago de la deuda, y lo que se discute es el cuanto y como del pago de la misma.
La danza de valores se cuenta por millones y son recursos que restringen la capacidad de asistencia de otras demandas o deudas sociales.
Como sostuvimos varias ocasiones, la deuda condiciona y establece privilegios en la disputa de los recursos públicos. En la reunión del Mercosur en Caracas la presidenta anunció que la Argentina canceló 190.000 millones de dólares en el último tiempo y con esfuerzo propio, sin ayuda externa, ya que el país estaba y está afuera del mercado de crédito internacional.
Las consecuencias son gravísimas, porque se postergan demandas sociales, sea el 82% móvil que demandan los trabajadores jubilados, la disminución del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o directamente su eliminación, la solicitud de mejoras de ingresos salariales o beneficios de planes sociales y ni hablar de los presupuestos para el gasto social en educación, salud u otras áreas.
Más allá de las novedades cotidianas, esta novela con entregas diarias devuelve un escenario de especulación financiera exacerbada a escala global y por lo tanto la necesidad de disputar una nueva arquitectura financiera mundial. No es novedad, y el intento tiene varios años y fracasos múltiples motivados por quienes hegemonizan el sistema, a la cabeza EEUU y el orden instrumentado hace 70 años con el FMI y el BM.
Ante el fracaso de infructuosos esfuerzos se organizan iniciativas regionales cuyos resultados están por verse aún, por caso las iniciativas de los BRICS o las enunciadas en torno al demorado Banco del Sur.
El interrogante es si eso es posible en el marco del orden capitalista y en rigor, la nueva arquitectura financiera solo será posible si se modifican las relaciones sociales de producción a nivel de cada país y una articulación productiva integrada regionalmente que modifique el modelo productivo y de desarrollo, es decir, un camino que suponga la crítica y la superación del orden capitalista.
Campaña para suspender pagos e investigar
Por ello es que resulta importante asumir una tarea de esclarecimiento y difusión de estrategias alternativas, entre las que destacamos la campaña iniciada por la “Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes” que impulsan un conjunto de personalidades, organizaciones sociales y políticas sustentando.
Entre las principales consignas se sostiene que “El pueblo debe saber de qué se trata”, qué “la única deuda es con el pueblo”, qué “no hay que pagar deuda ilegitima, odiosa y fraudulenta”, que se requiere “suspender los pagos e investigar la deuda” y además “defender los bienes comunes”.
En conjunto constituyen un programa alternativo al sustentado por el club de pagadores, mayoritarios en el sistema político que conforman oficialismo y oposición. Es un programa y una iniciativa política para constituir subjetivad contra el pago de la deuda y por instaurar una auditoría integral de la deuda con participación popular, con cuyos resultados se pueda discutir el privilegio en el uso de los recursos públicos.
Necesitamos fuerza social y política para terminar con el cáncer de la deuda y discutir la política económica para un modelo productivo y de desarrollo que parta de las necesidades populares en un marco de integración no subordinada, por la liberación social.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2014
– Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Texto publicado originalmente en ALAI – América Latina en Movimiento.