Claudio Rodríguez, ICAL 

La sociedad chilena se ha visto fuertemente trastocada a partir del 18 de octubre de 2019. El Estallido Social marcó un quiebre definitivo con las lógicas transicionales del período pos dictatorial, dando cuenta de una fractura de dimensiones insospechadas entre las llamadas élites y la ciudadanía. Se cuestionan los 30 años desde que se inició la transición a la democracia bajo la dirección de la clase política, privilegiada y separada de la vida común de lxs chilenxs. Nos encontramos en medio de un proceso constituyente, inédito e insospechado: emerge una nueva cartografía política.

La revuelta popular es un punto de inflexión en la historia del país, reforzado con el devenir de la pandemia, iniciada el 3 de marzo cuando se detecta el primer caso e intensificada en sus efectos con el inicio del Estado de Emergencia del 14 de marzo y un posterior confinamiento que amenazaba con adormecer la movilización social.

En un inicio, la pandemia pareció una oportunidad para un gobierno fuertemente debilitado y deslegitimado. La gran marcha del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, con la asistencia de 2 millones de mujeres, dejaba al gobierno en un mal pie, sin capacidad de respuesta política ante el fortalecimiento que esta masiva manifestación representaba para el proceso de protesta social que se había abierto en el denominado “octubre rojo”. Un gobierno amenazado, sin capacidad de conducción, que se sostenía frágilmente en el acuerdo político del 15 de noviembre cuando los partidos de derecha y una parte de la oposición habían definido darle salida al conflicto que amenazaba al gobierno, a través de un acuerdo cupular que intentaba canalizar la demanda social y el proceso constituyente puesto en marcha por la ciudadanía, para poder cambiar la constitución de 1980 por una construida –por vez primera en la historia de Chile- democráticamente.

La pandemia representó la última oportunidad para la derecha de retomar la agenda de gobierno, pero sus respuestas tardías y anquilosadas en la ortodoxia neoliberal terminaron por subsumir al gobierno en un mayor descrédito, al no poder dar una respuesta adecuada a las demandas sociales y económicas generadas por la crisis sociosanitaria. Aparece reforzada la necesidad de avanzar en el camino de una nueva Constitución.

Medidas insuficientes para enfrentar la pandemia

El ejecutivo ha llegado mal y tarde para responder a la crisis, desconectado de la realidad. No ha existido relación entre la pertinencia de la respuesta y la magnitud de la crisis. El hambre y la falta de ingresos se han constituido en una amenaza de primer orden para el pueblo. El Instituto Nacional de Estadísticas da cuenta de que el desempleo ha llegado al 12.2% en el trimestre abril-junio, casi el doble más de los que existía al término del gobierno de Michelle Bachelet.

Al 1,8 millón de empleos perdidos deben sumarse alrededor de 700 mil trabajadores que están con suspensión laboral, acogidos a la ley de protección del empleo. Esta ley, de corte neoliberal y aprobada en la fase inicial de la pandemia, permite el uso del seguro de cesantía para evitar -con fondos de los trabajadores- la quiebra o una crisis de las empresas. A estas cifras debe agregarse aquella fuerza laboral que no busca empleo. En total, alrededor del 30% de la fuerza laboral está en plena crisis y luchando por la sobrevivencia cotidiana.

La respuesta del gobierno ha sido un conjunto de medidas de corte neoliberal que, bajo la trasnochada lógica de la hiperfocalización, y un discurso de una Red de Protección Social que solo ellos logran vislumbrar, buscó privilegiar el bienestar de las empresas, cargando en definitiva sobre los hombros de los propios trabajadorxs los efectos de la crisis.

A la ya mencionada ley de protección el empleo, podemos agregar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que en sus distintas versiones (IFE 1 en mayo, IFE 2 en junio y una reciente tercera versión aprobada el 31 de julio, que busca aumentar coberturas y simplificar las postulaciones) ha sido insuficiente para que las familias más pobres puedan evitar el hambre y mantener condiciones de confinamiento real para que no deban movilizarse para obtener ingresos. El criterio de focalización termina dejando fuera a muchas de las familias que debieran recibir apoyo, y cuando éste llega, se hace insuficiente, ya que el ingreso está alrededor de un 15% por debajo de lo que un hogar necesita para estar sobre la línea de la pobreza. Más grave aún, se ha ignorado alrededor de 1 millón de hogares que requieren apoyo, con un déficit de cobertura en una situación de emergencia social única en 100 años.

Ello provocó en mayo las llamadas “Protestas del Hambre”. En distintos puntos del país, miles de personas y organizaciones sociales empezaron a manifestarse rompiendo las condiciones de cuarentena para exigir respuestas por parte del gobierno que, manteniendo la ortodoxia neoliberal, proponía como gran solución el acceso a créditos blandos, sin interés, para que la gente pudiera tener acceso a recursos para sobrevivir la pandemia.

Esta lógica de sobreendeudar a la población y hacerla cargar con el costo de la crisis provocó el rechazo mayoritariamente abrumador del gobierno. Ello, sumado a la oposición del gobierno ante la propuesta del retiro de fondos de las AFPs para paliar la crisis, generó un complejo cuadro de gobernabilidad. Según una encuesta, “La aprobación al Presidente Piñera sigue el descenso iniciado en mayo, llegando en julio a un 12% de aprobación, porcentaje equivalente a los meses post estallido social del octubre. La marcada distancia con el proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales le pasó la cuenta a un gobierno que ya venía cuestionado por el manejo de la crisis sanitaria, particularmente con la transparencia en torno a las cifras” (La Tercera, 5/8/20).

El quiebre de la derecha

Inclusive dentro del propio sector oficialista el gobierno fue perdiendo apoyo. Hay un debate creciente dentro de la derecha entre lo que se ha denominado una “derecha social” y una “derecha económica”. Esta última ha tenido predominio en la esfera política en las últimas cuatro décadas. Surgida a partir de la mirada que provocó la revolución neoliberal en contexto de dictadura, mantuvo su hegemonía en el período de transición para encauzar dicha etapa desde su rol opositor, pero habría demostrado su poca capacidad de gobernar al responder a las demandas sociales con respuestas economicistas que no logran hacer sentido común con una ciudadanía más crítica y que hoy demanda soluciones políticas resituando al Estado como un actor clave en asegurar mayores condiciones de protección y bienestar.

Emerge una corriente más “social” en la derecha que mira con recelo el apego irrestricto y la sobreideologización economicista que ve la subsidiariedad como un dogma. Esta mirada extremadamente sesgada y principista sobre el neoliberalismo, mayoritaria de la derecha, es criticada desde dentro. En palabras de uno de los nuevos referentes intelectuales de la derecha, el académico Hugo Herrera, “esta crítica es al economicismo, no a la economía – a la reducción de la política a la economía, según la idea de Friedman y sus legitimarios chilenos. El economicismo “pervierte la política. En él, la política ya no puede dirigirse eminentemente al despliegue de todos los aspectos de los miembros de un pueblo, su faceta individual y comunitaria”.

Así, acá encontraríamos una de las diferencias político ideológicas de la clase dominante, dentro de la cual se fragmenta el apego a la doctrina más dura del neoliberalismo. Es un proceso que merece ser observado de cara al cuadro político que se abre.

“El pueblo ayuda al pueblo” y el retiro del 10% del fondo de pensiones

Al calor del cuestionamiento a la institucionalidad y el modelo neoliberal subyacente al estallido social de octubre de 2019 se fue configurando un proceso de rearticulación y politización de las fuerzas populares que ha ido tomado una fisonomía particular en el marco de la pandemia.

En el marco de la crisis generada a partir de los problemas económicos que devienen de la contracción productiva, han surgido diversas respuestas, ampliando las experiencias de organización desde el mundo social, sindical y territorial a partir del inicio del proceso constituyente abierto el 18 de octubre del año pasado, como los cabildos ciudadanos y las asambleas territoriales. A ello, se suman las experiencias que han tenido los movimientos estudiantiles, sindicales, ecologistas y feministas en los últimos lustros, que hoy encuentran anclaje territorial.

Quizás la más reconocida son las Ollas Comunes, como respuesta al problema del hambre, impulsadas por las organizaciones sociales, sindicales, asambleas y cabildos. Se trata de una respuesta efectiva que recoge la memoria organizacional del pueblo. Al entregar alimentación a los sectores afectados, simbolizan un imaginario crítico y contracultural a las lógicas neoliberales que han imperado en las últimas décadas y desde las cuales el gobierno construyó respuestas insuficientes.

Bajo el slogan de “el pueblo ayuda al pueblo” se ha ido conformando un imaginario

político nuevo que da cuenta de una forma distinta de abordar la crisis, donde junto a las miles de ollas comunes aparecen variadas respuestas solidarias de apoyo en asistencia social, compra de insumos y equipamientos básicos para enfrentar la crisis como la entrega de pañales, insumos sanitarios y camas. Otros más promocionales como la compra de insumos básicos de forma colectiva (“comprando juntos”), cooperativas orientadas a la subsistencia, el desarrollo de huertas comunitarias e incluso la asistencia en materia de violencia intrafamiliar y cuidados.

Junto a esta multiplicidad de acciones, ha tenido una gran repercusión la movilización ciudadana generada en torno al retiro del 10% del fondo de pensiones. Esta aparece como una forma de encontrar una respuesta concreta a las necesidades económicas producto de la pérdida o disminución de ingresos y de las respuestas insuficientes del gobierno, denotando la ausencia de un Estado protector de la población.

Ante la propuesta de retiro del 10% de los fondos de pensiones, presentada por sectores de la oposición en el Congreso, se articuló una fuerte campaña de terror desplegada desde los grupos económicos, encabezados por la propia Confederación de la Producción y el Comercio y la Asociación de AFPs, que logró alinear al gobierno y a la mayor parte de la derecha.

Ante la ausencia de la iniciativa legislativa por parte del ejecutivo, que en materias de seguridad social es atribución del Presidente según la constitución política, la salida fue promover una reforma constitucional que permitiera por vez única y en el escenario de crisis, sacar parte de los fondos de pensiones.

La iniciativa encontró un apoyo abrumador por parte de la ciudadanía, así como logró unir a la oposición. La encuesta de CADEM –encuestadora asociada a sectores de derecha- previa a la aprobación del retiro, indicaba que el 86% de la población apoyaba sacar el 10%, así como indicaba que el 51% lo usaría para la compra de alimentos o insumos básicos. Ello fue generando una mayoría que empezó a expresarse también en el parlamento en el momento de la discusión de la reforma constitucional.

La propuesta representaba para los sectores dominantes una amenaza a la institucionalidad. Paradójicamente los argumentos señalados para trabar la iniciativa fueron construidos con un discurso que se alejaba del neoliberalismo que proclaman. De esta manera, se señaló que ello implicaba trastocar los principios de la seguridad social; que era el Estado quien debía dar respuesta a la crisis y que ésta no tenía que salir de los fondos de los propios trabajadores y trabajadoras, afectando su futura pensión. También se señaló que representaba una política regresiva, que favorecería a sectores más acomodados que no requerirían apoyo. Adicionalmente, se remarcaba que podría generar una gran crisis en el sistema financiero al retirar cerca de 20.000 millones de dólares que harían que las inversiones decayeran afectando la imagen país, lo que generaría un marco de inestabilidad que afectaría la economía – una perfecta película de terror que no amilanó el sentir de la población, desconfiada hacia los discursos del empresariado y el gobierno.

La ciudadanía, en tanto, veía el retiro de fondos no solo como una medida eficaz, sino que representaba un acto de justicia haciendo suyo lo que por cerca de 30 años el discurso neoliberal había señalado para, entre otras cosas, evitar una reforma de fondo al sistema de capitalización individual que sostiene el sistema financiero en Chile; se señaló de forma permanente que los fondos de pensiones son de los trabajadores y ninguna reforma puede tocar fondos que les pertenecen. Cuando la ex presidenta Bachelet propuso el aumento de la cotización y la creación de un pilar colectivo (de reparto) la respuesta de la entonces oposición neoliberal fue que ello era “meterle la mano al bolsillo de la gente.” Ahora, la gente iba por lo suyo.

Fue el propio discurso neoliberal el que permitió correr el cerco al principal nudo del sistema económico chileno como es el sistema de pensiones. El día de la votación en la cámara de diputados hubo una gran movilización ciudadana, caceroleos que se escucharon a lo largo de todos los rincones del país, dieron cuenta de la presión existente al mundo político para aprobar la reforma, lo que encontró eco finalmente en propios legisladores de derecha que, desoyendo al gobierno y a los grupos económicos que los sustentan, apoyaron la iniciativa logrando los 3/5 del quorum necesario. Ello, en medio de un gran debate sobre los riesgos que significaría que se rechazara la propuesta con la posibilidad que se produjera un segundo estallido social en plena pandemia. Estos legisladores fueron tildados de “populistas”, en el mejor de los casos, y “traidores”, en la mayoría de las acusaciones. Finalmente, cuando la discusión fue aprobada por la Cámara de diputados y pasó al Senado, éste la aprobó con un quorum mayor a los 2/3, lo que hacía inviable un veto por parte del presidente de la República.

En tanto, desde distintos sectores de oposición el retiro de fondos aparecía como una mala política pública, pero necesaria de realizar ante la ausencia de respuestas por parte de la autoridad. Representaba una medida que si bien no tocaba necesariamente el modelo de pensiones impuesto en dictadura, sí respondía a las aspiraciones de una ciudadanía necesitada y que ahora, pos estallido social, estaba empoderada.

Permitió en lo político ordenar a una oposición que pudo encontrar una respuesta unificada ante la demanda ciudadana, logrando una sintonía importante con ésta, la que parecía perdida ante decisiones de la tecnocracia neoliberal que dieron la espalda a las demandas populares en numerosas ocasiones.

La paradoja del propio neoliberalismo como escenario para su superación

Es importante dar cuenta de lo que aparece como una paradoja: mientras por una parte el retiro del 10% aparece como un triunfo popular o ciudadano, por otra se muestra como una consolidación de un ethos neoliberal presente en la población. Ello es necesario de considerar en el contexto de cambios y la posibilidad que el proceso constituyente representa para salir del neoliberalismo y pensar en un modelo de desarrollo pos extractivista.

En el caso del sistema de pensiones, éste ha sido un sostén del modelo neoliberal en Chile, y es necesario de transformar para poder construir un sistema real de seguridad social en el marco de un nuevo modelo de desarrollo. No obstante, la duda es si este triunfo ciudadano abre realmente la posibilidad de una transformación de fondo del sistema de pensiones. Así lo refleja la encuesta de julio de Data Influye, donde el 52% de los encuestados responde que bajo ninguna circunstancia pondría a disposición fondos individuales para un sistema de pensiones que incorpore mecanismos de reparto.

Para algunos actores esto representaría una suerte de paradoja pues no se toca el modelo. Daniel Mansuy, académico y analista de cuño más bien liberal, señala que “buena parte del progresismo aspira a realizar cambios muy profundos en el país; pero, sin advertirlo del todo, estaría horadando las condiciones de posibilidad de esos cambios”. En este sentido, la izquierda habría apelado al derecho de propiedad como argumento central para defender el retiro de fondos, lo que trabaría cualquier propuesta futura que busque introducir mayores grados de solidaridad al incremento de las tasas de cotización.

A nuestro entender, si bien no puede entenderse a priori como una medida que signifique un triunfo anti neoliberal, ya que no ataca el modelo, sí representa algo de enorme relevancia política: ataca el poder. Da cuenta de la posibilidad de transformación del poder popular y ciudadano en el Chile actual, entrando a un nuevo cuadro político en las formas de tomar decisiones, que habían sido hegemonizadas por representantes populares que han sido correa transmisora de los grandes grupos económicos.

Finalmente, la pandemia ha devenido en una oportunidad perdida para la derecha que desaprovechó su última posibilidad de recuperar una legitimidad perdida y cuestionada. Ello contrasta con una reafirmación de las potencialidades de un pueblo que emerge como un actor que no podrá ser dejado de lado a la hora de las grandes decisiones de futuro.

Asistimos a la retirada de la técnica económica neoliberal, la cofradía de los expertos, y la vuelta de la política como espacio articulador de los sentidos y proyectos societales que están en disputa desde el 18-O. Este es el espacio de reconstrucción que se abre para los sectores anti neoliberales y aparece como el principal desafío para la diáspora opositora para encontrar un espacio de encuentro que, al calor del proceso constituyente y con el protagonismo ciudadano y popular, pueda pensar en superar el dogmatismo neoliberal que ha dominado la esfera política y social en el Chile de los últimos 40 años. Finalmente, el pueblo va abriendo los espacios de transformación político social del Chile del siglo XXI.

Un escenario político en disputa.

En este complejo e insospechado cuadro político y social emergen distintas posibilidades de desarrollo y proyección del proceso y sus efectos en la correlación de fuerzas y alianzas existentes. Por una parte, el atrincheramiento de la derecha más dura, que se apega a la ortodoxia neoliberal: Ella, de raigambre pinochetista y fascista, se aglutinará mayoritariamente en torno a la opción Rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. No es descartable que estos sectores, minoritarios, pero fácticos y con mucho poder en tanto agrupa al gran empresariado, buscarán las formas de deslegitimar el proceso constituyente. Al calor de la pandemia y la crisis sanitaria en curso, incluso intentarán postergar el plebiscito buscando resolver la crisis dentro de los marcos institucionales actuales que se abren en el cronograma electoral el año 2021. Ello permitiría dar atribuciones para redactar una nueva constitución al parlamento que se elija, evitando el camino de una instancia propiamente constituyente, soberana, como lo es una asamblea o convención constitucional plenamente electa por el voto popular.

Otro sector mayoritario, muy diverso y contradictorio, y que incluye sectores de derecha, apoyará la opción Apruebo, pues comparte el diagnóstico que es a través de un nuevo contrato social la forma de lograr por una vía dialógica y democrática nuevos marcos institucionales que permitan canalizar la expresión y los derechos de los ciudadanos en el marco de una convivencia social legitimada.

En este escenario, creemos la pandemia ha venido finalmente a reforzar los elementos que provocaron el estallido social, develando el carácter limitado y deslegitimado de nuestra democracia e institucionalidad actual, así como la profunda desigualdad y problemas sociales incubados al calor de los 30 años de predominio neoliberal.

En este contexto, será relevante cómo se dilucide finalmente la fragmentación o quiebre en que se encuentra actualmente la clase dominante. Ella se expresa en términos políticos en la disputa que se da al interior de la derecha entre los sectores más conservadores y dogmáticos y aquellos que quieren avanzar a la conformación de una nueva derecha, que sea capaz de interpretar a la ciudadanía construyendo espacios desde una esfera social y cultural y no solo económica.

Por su parte, la oposición tendrá un devenir cuyo derrotero no está escrito. Hoy, en torno al mal manejo de Piñera y su gobierno con la pandemia, particularmente al calor de la discusión sobre el retiro de fondos previsionales, ha encontrado un espacio de entendimiento y sintonía ciudadana que le ha hecho salir de la irrelevancia política. No obstante, la diversidad de su composición ideológica y política hace complejo aventurar una articulación más amplia de cara a ser una alternativa mayoritaria de gobierno.

Quien se visualiza como candidato mejor posicionado es el comunista Daniel Jadue, con alta valoración ciudadana a partir de su gran gestión como alcalde del municipio metropolitano de Recoleta. No obstante, Chile aún tiene altos grados de anticomunismo, lo cual hace que esta posibilidad concreta, que cuenta con apoyo ciudadano y que promueve una salida de corte popular y anti neoliberal, sea posible pero compleja. Si la elección fuera hoy, probablemente abrían sectores que, incluso habiendo compartido el gobierno de Bachelet con los comunistas siendo parte de la alianza que la apoyó -la ex Nueva Mayoría-, no se sumarían a un programa de carácter anti neoliberal encabezado por un comunista. En este orden de cosas, también podría emerger alguna alternativa por parte del Frente Amplio, nuevo referente de la política nacional surgido mayormente del movimiento estudiantil de 2011 que, si bien representa un cambio generacional importante y contiene un importante sector anti neoliberal, aún se debate en la búsqueda de una identidad y rumbo político, representando una gran variedad de sensibilidades políticas e ideológicas que están aún en proceso de definición. Así, la rearticulación de la izquierda, que incluye a sectores socialistas que se han desmarcado del giro socialdemócrata del partido socialista, aparece como una tarea política de primer orden, de cara a avanzar en un proceso de acumulación de fuerzas que se oriente a superar el neoliberalismo.

Tampoco aparecen liderazgos en la socialdemocracia y sectores del social cristianismo, probablemente nombres y sectores desgastados ante la ciudadanía y que representan mayormente un imaginario político de continuidad de la ex Concertación y su política de los consensos con la derecha, que finalmente consolidó el neoliberalismo en la pos dictadura. Aún en proceso de recomposición, estos sectores se debaten entre quienes defienden con orgullo lo realizado en la transición y aquellos más críticos, que buscan nuevos espacios de articulación social y política en el Chile de hoy.

Así, la disputa política en Chile para la(s) izquierda(s) en Chile representa un gran desafío. El canto enarbolado por las masas en torno a “Chile Despertó” ha abierto una posibilidad como nunca antes vista de poder avanzar hacia una sociedad pos neoliberal. Si bien existen espacios con sentido unitario y de relevancia en este proceso como lo es Unidad Social (que ha agrupado a la Central unitaria de trabajadores y distintos movimientos sociales como No + AFP y la coordinadora 8M), se requiere redoblar esfuerzos de articulación que recojan la experiencia y potencia transformadora del estallido social.

En este escenario se hace imprescindible y estratégico trabajar en dos frentes. Primero, apoyar sin ninguna vacilación y con todas las fuerzas el triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito, evitando que la crisis sanitaria devenga en la suspensión de éste y en cualquier tipo de acuerdo que busque una salida distinta a la expresada por el pueblo en estos últimos meses. Un segundo aspecto es fortalecer su vinculación territorial de cara al proceso constituyente. Poder ser parte y levantar el discurso de la multiplicidad de actores presentes en los territorios, en los comedores populares, ollas comunes, asambleas y cabildos, iniciativas solidarias y de apoyo social de las propias organizaciones vecinales, adquiere un carácter estratégico en el proceso de transformación del neoliberalismo en Chile. No se trata solo de ser representantes de esa expresión, sino también de abrir espacios de expresión y participación vinculante y protagónica que permita que esa diversidad de experiencias y discursos tengan espacio real de incidencia en el proceso constituyente.

En tanto, en este escenario no se puede dejar de mencionar a un actor que será clave en este proceso constituyente en desarrollo. Nos referimos al movimiento social y ciudadano que hoy recoge la experiencia de las distintas movilizaciones que contienen una crítica al modelo, iniciadas desde 2006 con la movilización de los estudiantes secundarios, conocida como la “revolución pingüina”, con una primera señal clara de ruptura entre institucionalidad y sociedad a partir de del movimiento estudiantil de 2011. A ello se suman hoy el movimiento feminista, y No +AFP que, entre otros, contienen una multiplicidad de demandas y propuestas construidas a partir de la crítica al modelo patriarcal capitalista y neoliberal.

Esta tarea implica redoblar su presencia y trabajo en el mundo territorial, así como en las organizaciones sindicales y de cesantes de forma de poder ir construyendo una confluencia político social en el plano local y territorial. Cualquier salida a la crisis político institucional más grande desde el término de la dictadura ya no será posible sin el pueblo y, sin las mayorías sociales, ciudadanas y populares perderá legitimidad y sostenibilidad. La disputa por la salida anti neoliberal está abierta por el propio andar y las demandas del pueblo expresadas a partir del 18-O. Esa es la posibilidad y desafío en curso.

El estallido social, en perspectiva de construcción de una alternativa al neoliberalismo desde la(s) izquierda(s), puede verse como una derrota cultural parcial del neoliberalismo, pero para consolidarlo requiere del despliegue de un proyecto de largo plazo, con propuesta de crecimiento y sostenibilidad económica, y donde la variable ecológica debe ser central. Desde esta perspectiva un desafío relevante será lo que se puede denominar disputa del sentido común. Este se ve como uno de los límites de las experiencias de los gobiernos de izquierda, como dice Álvaro García Linera. A ello debe sumarse como componente central las demandas y actoría del movimiento feminista y de los pueblos indígenas.

En el caso chileno, la tarea es enfrentar el ethos neoliberal que aparece consolidado en buena parte de la ciudadanía tras 40 años de neoliberalismo. En este sentido, creemos que la posibilidad de superación del neoliberalismo y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo requerirá de un fuerte y sistemático proceso de pedagogía y práctica política contracultural que recoja el ethos solidario que surge desde las experiencias de articulación y organización social que se han desplegado desde el estallido social. Canalizar esa fuerza social y cultural será un desafío para los sectores progresistas en el proceso constituyente, una vez triunfe –como creemos y esperamos- la opción Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

 

Referencias bibliográficas

Herrera, Hugo, Los caminos ideológicos de la derecha chilena. CIPER académico, julio de 2020.

Garcés, Mario, Estallido Social y una Nueva Constitución para Chile, LOM ediciones 2020.

García Linera, Álvaro, “El Futuro de la izquierda y la dignidad humana”, en:  Las sendas abiertas de América Latina. Aprendizajes y desafíos para una nueva agenda de transformaciones. Daniel Filmus y Lucila Rosso (comp.), CLACSO 2019, pp. 177-203.

Garretón, Manuel Antonio, La Gran Ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI, LOM ediciones 2016.