La vida de la clase trabajadora uruguaya está presa de dos fenómenos que se acompasan en un mismo movimiento. Por un lado, la asunción el 1º de mayo del gobierno por parte de una coalición de fuerzas políticas de derecha autodenominada “Coalición Multicolor”, por el otro la crisis sanitaria, económica y social desatada por el COVID-19. Son dos fenómenos separados (no se le puede achacar al gobierno la llegada de la pandemia), no obstante es claro que se está utilizando la ventana de posibilidad que abre la emergencia sanitaria, para procesar modificaciones estructurales sobre la vida de la clase fuera y dentro del ámbito laboral.
Por Cooperatuva COMUNA, Uruguay.
Foto: Germán Romeo Pena de ANRed
El impacto inmediato de la coyuntura en la clase trabajadora.
El impacto inmediato de la crisis por el COVID-19 expuso las desigualdades entre las distintas clases sociales para lograr mantener mínimos niveles de bienestar, así como diferencias a la interna de la clase trabajadora.
Una primera constatación tiene que ver con los distintos grados de vulnerabilidad laboral que se desprenden de la cobertura de la seguridad social. En Uruguay, una cuarta parte (25%) de la población ocupada trabajaba sin aportar al régimen de la seguridad social. La pérdida de la fuente laboral por este segmento de la clase trabajadora se traduce en una inmediata pérdida de ingresos dado que no son amparados por prestaciones como el Seguro de Desempleo.
Observando la categoría de ocupación del empleo principal, podemos ver que el 32% son asalariados privados, y el 64% son cuentapropistas. Los principales sectores de actividad que concentran trabajadores y trabajadoras informales son el comercio (básicamente cuentapropismo, vendedores ambulantes, feriantes), construcción, la industria (que en especial la frigorífica aumentó los envíos al seguro de paro, incluso previo a la declaración de Emergencia Sanitaria), el servicio doméstico (que por su propia dinámica, es contrario a las recomendaciones sanitarias de evitar el contacto social). A su vez, estas actividades tienen altas tasas de informalidad en su interior (41% de las trabajadoras del servicio doméstico, 51% de los trabajadores de la construcción, 29% de trabajadores y trabajadoras del comercio y el 24% de la industria son informales).
Todas estas actividades redujeron drásticamente su actividad, además que cuentan con formas de retribución diaria (jornales, o la venta del día), por lo tanto el impacto de no poder trabajar se siente inmediatamente.
Otro de los factores que marca diferencias a la interna de la clase es la capacidad de transformar las tareas dentro del paradigma del teletrabajo. Investigadoras de la Universidad de la República, elaboraron un índice que contempla una variable que observa la necesidad de proximidad física con otras personas para trabajar, y dos variables indicativas de la posibilidad de teletrabajar. Según sus estimaciones, el 69% de los trabajadores y trabajadoras informales no pueden continuar trabajando en un contexto de distanciamiento social dada la naturaleza de su actividad. Esta situación es mayor en relación a los trabajadores y las trabajadoras formales, dado que el 48% de las mismas no puede realizar su actividad o modificarla para poder continuar trabajando en un contexto de distanciamiento social.
A su vez, además de las características propia de la actividad, es necesario tener en cuenta la infraestructura y las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras para poder examinar su capacidad de teletrabajar. Una de las condiciones primordiales para poder trabajar desde el hogar, tiene que ver con las características de la vivienda. Del grupo de trabajadoras y trabajadores informales que pueden realizar trabajo desde su casa, 13% vive en condiciones de hacinamiento, mientras que dicha situación es del 5% para el grupo de trabajadores formales pasibles de realizar tareas desde el hogar. El 20% de trabajadoras y trabajadores informales con posibilidad de teletrabajar tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha relativa a su vivienda, mientras que dicha característica es del 6% en los trabajadores y trabajadoras formales. En cuanto a la conectividad, el 42% de los informales con posibilidad de trabajar a distancia no cuenta con conexión a internet en el hogar, y el 36% no cuenta con computadora mientras que estas características son del 11% y 15% respectivamente para los formales1.
A su vez, las desigualdades a la interna de la clase trabajadora están atravesadas por el género, dejando a las mujeres en peores condiciones para adaptar trabajo remunerado desde el hogar. La carga de trabajos no remunerados de producción y reproducción de la vida en los hogares es desigualmente distribuida entre géneros, cargando las mujeres con la amplia mayoría de estas. Por eso, además de las condiciones infraestructurales, es necesario atender la composición de los hogares, dado que las personas y sobre todo las mujeres tienen que compatibilizar tareas remuneradas y no remuneradas en el mismo espacio y, a veces, al mismo tiempo. El 35% de los trabajadores informales con posibilidad de trabajar a distancia vive con al menos un menor de 12 años en el hogar. Para el caso de las mujeres trabajadoras informales de las mismas características, el 41% vive con al menos un menor de 12 años en el hogar, y el 17% lo hace con más de uno.
Las trabajadoras y los trabajadores formales que no pudieron reconvertir sus actividades, o que las consecuencias de la súbita caída de demanda hizo que pararan sus actividades, se dividen en dos grupos. Quienes cumplen los requisitos mínimos para acceder a la prestación por seguro de desempleo -permanecieron en planilla de trabajo 180 días en los 12 meses previos a configurarse la causal de desempleo, y además para las y los empleados jornaleros haber computado 150 jornales trabajados- y quienes no. Aquellas trabajadoras y trabajadores que no tuvieron estabilidad laboral en el último año (por ejemplo, quienes comenzaron a trabajar formalmente hace menos de seis meses, o las y los jornaleros que no llegan a computar los jornales requeridos) quedan en la misma situación que los trabajadores informales ante la pérdida momentánea o total del puesto de trabajo.
En cuanto al grupo que sí cumple con los requisitos, entre el 1° de marzo y el 23 de abril, el Banco de Previsión Social recibió 177.246 solicitudes de subsidios por desempleo (aproximadamente el 10% de la población ocupada). De este total, 117.693 fueron por suspensión de actividad, 14.256 por reducción, 10.350 por despidos y 34.947 por la nueva causal de subsidio especial por desempleo parcial creada para paliar la crisis laboral. Si bien estos datos indican que el 94% de las solicitudes responden a subsidio por desempleo donde no se interrumpe el vínculo laboral, la gran mayoría de estas personas pierden hasta la mitad de sus ingresos
A su vez, en cuanto a los subsidios por enfermedad, en el mes de marzo se registraron 105.697 certificaciones de enfermedad.
Este escenario de caída abrupta de los ingresos de la clase trabajadora se da en un contexto inflacionario, que tiene como una de sus causantes la depreciación de la moneda nacional a pedido de las gremiales agropecuarias. Por lo tanto se está configurando una redistribución de ingresos desde los sectores asalariados que pierden poder de compra, a los exportadores que tienen ganancias extraordinarias por la diferencia en el precio de la divisa.
Por último, esta coyuntura permite una reconfiguración en varias áreas laborales. Esto deja abierta la posibilidad de modificaciones en el mundo del empleo concordantes al escenario de la doctrina del shock, que en su versión uruguaya se llama “nueva normalidad”. La falta de regulación del teletrabajo, genera mecanismos de aumento de explotación de los trabajadores y las trabajadoras al tener que estar permanentemente conectados realizando tareas. El Whatsapp y el Zoom se han convertido en herramientas de explotación. Por otra parte, la supervivencia del sector de la economía gig (Pedidos ya!, Uber eats!, Glovo!, etc) marcan un escenario donde las relaciones laborales precarizadas puedan cobrar un nuevo empuje (los “héroes” que llevan las cosas a domicilio exponiendo su salud para que la población no salga a la calle no es lo suficientemente importante para tener un contrato formal y estable de empleo).
El primer movimiento y las perspectivas del mundo del trabajo
El primero de marzo de este año, asumió el gobierno una coalición de partidos políticos de derecha autodenominados “Coalición Multicolor”. Su programa de gobierno tenía como objetivo una contrarreforma autoritaria neoliberal. En ella figuraba la rearticulación de la relación público-privado (favoreciendo los espacios privados y mercantiles en detrimento de lo público y lo estatal); de los roles de los distintos sectores sociales en el escenario político (en particular, el aumento del peso de influencia de las cámaras empresariales y en especial las vinculadas al sector agropecuario); el disciplinamiento social a través del autoritarismo y la represión en los territorios y los lugares de trabajo.
El punto de partida para las reformas, se dará con la salida de la crisis, y en particular con las consecuencias de la actual distribución social de la carga de la crisis económica. La estrategia de distribución de cargas se ha realizado expresamente sobre la clase trabajadora2. Para ello pueden citarse tres ejemplos. En primer lugar la generación de un impuesto especial a los funcionarios y funcionarias del Estado -excluyendo únicamente a personal de la salud- con un ingreso mensual mayor a $80.000 nominales (USD 1.860), para financiar el fondo que sustentará los gastos motivados por la emergencia sanitaria. Si bien este impuesto recae sobre salarios altos en la economía, este sector de asalariados y asalariadas no agrupa las personas que tienen mayor ingreso en la sociedad, ni siquiera tienen los mayores salarios en la economía. A su vez, el aporte en términos de recaudación del impuesto es marginal para las necesidades de financiamiento del fondo. Su aplicación, tiene que ver con el gesto simbólico de colocar a funcionarios públicos como privilegiados y colocar divisiones a la interna de la clase trabajadora.
En segundo lugar, el 11 de Marzo (dos días antes de declararse la emergencia sanitaria en Uruguay), el Poder Ejecutivo emitió una serie de decretos que implican el aumento de las tarifas públicas (a excepción de sectores agropecuarios específicos), recorte del gasto público (imposibilidad de llenar vacantes laborales en las instituciones públicas, recorte del 15% del gasto en funcionamiento e inversiones), y reducción de exoneraciones impositivas al impuesto al valor agregado.
Sobre la clase trabajadora, estas medidas significaron: aumento en el costo de los servicios públicos por un lado (en un marco inflacionario generado a raíz de la devaluación de la moneda local en favor de los sectores agroexportadores), pero también recortes presupuestales en áreas sensibles para su reproducción como el presupuesto en políticas sociales. Por ejemplo implicó la reducción en el alcance de programas sociales como el de Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF) que se encarga de la atención especializada en trabajo de proximidad con las familias que presenten mayor índice de carencias críticas y de vulnerabilidad socio-familiar.
Por último, y como medida más ejemplar de distribución social del ajuste, se encuentra el caso de la vivienda. Por un lado, el Ministerio amplía las exoneraciones fiscales para un plan de construcción de vivienda a través de empresas privadas favoreciendo a las empresas constructoras y la especulación inmobiliaria, y por el otro (pocos días de la resolución anterior) reduce el cupo de construcción anual de cooperativas de vivienda (forma de adquisición de vivienda destinada sobre todo a familias trabajadoras, que entre otras cosas cuenta con mecanismos que evitan la especulación inmobiliaria y garantizan el derecho a la vivienda digna) a la mitad.
El plan reformador del gobierno descansa en cuatro pilares, tres de los cuales se generarán este año. En primer lugar una Ley de Urgente Consideración3 que contiene 502 artículos, en los cuales se dan reformas en los planos de la seguridad pública, el educativo, el económico (fiscal, empresas públicas y financieros), las relaciones laborales y la seguridad social, y más ámbitos del Estado. En segundo lugar la ley de Presupuesto, donde se establece la financiación de las distintas políticas y áreas del Estado para el quinquenio. En tercer lugar (y último de este año), para cerrar el ciclo anual será la convocatoria a una ronda de Consejos de Salarios (mecanismo que adopta la negociación colectiva en Uruguay donde trabajadores, empresarios y el Estado discuten y resuelven asuntos salariales y de condiciones de trabajo). Por último en cuarto lugar, habrá otro pilar del proyecto de gobierno en 2021 o 2022 que será la reforma de la Seguridad Social.
La primera de estas leyes tiene como cometido generar las condiciones para que se profundicen cambios estructurales. Tal es así, que por ejemplo en la sección dedicada a la economía los artículos van en la línea de permitir ajustes fiscales sucesivos sin incremento del gasto público; los de empleo recortar el derecho de huelga en nombre del derecho a la libre circulación y al trabajo; y los de seguridad social crear instituciones que generen insumos para su reforma.
La ley de presupuesto será un pleno ataque al gasto público social (gasto que financia los servicios sociales básicos para la población trabajadora, como salud, educación, o vivienda). Además impondrá un ataque a los funcionarios y funcionarias públicas, que cada vez tienen que cumplir más tareas con la misma carga horaria y el mismo salario dado el aumento de vacantes laborales sin reponer en el Estado.
La convocatoria a Consejos de Salarios tiene como antecedente las promesas de campaña de flexibilización de las condiciones para la negociación. Esto permite el mayor descuelgue de empresas de los acuerdos colectivos por rama de actividad. A su vez, se dará en un marco negativo para la clase trabajadora, dado que se verá golpeada por el aumento del desempleo, y de aprobarse la Ley de Urgente Consideración, con posibilidades tácticas de respuesta.
En síntesis, el proyecto contrarreformista, autoritario, neoliberal, precarizador y excluyente, adquiere un nuevo impulso en la fragilidad causada en la clase trabajadora, producto de la forma en que se desarrolla el reparto social de los costos de las múltiples crisis desatadas por la pandemia.