La pandemia expuso las debilidades del actual sistema alimentario, que la Cumbre convocada por la ONU promete profundizar junto con las empresas. Especialistas y activistas de la agroecología y la soberanía alimentaria desarman la situación actual y muestran las estrategias que ya están en marcha desde abajo para modificar el modelo en la postpandemia.

Por Nahuel Lag | Agencia Tierra Viva

En su último informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, Naciones Unidas (ONU) reconoció que durante la pandemia 811 millones de personas no accedieron a alimentos suficientes y dio por hecho que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 sobre “Hambre Cero” quedará incumplido. A pesar de este reconocimiento, el 23 de septiembre, el organismo internacional promoverá una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con la que promete avanzar en aquellos objetivos profundizando el actual sistema alimentario, atado a las políticas corporativas de la “Revolución Verde” promocionada desde los años 60. El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, ofrece una mirada global sobre las presiones de esa política corporativa alrededor del mundo y las estrategias surgidas desde el campesinado y los movimientos de la sociedad civil para enfrentar la pandemia del hambre. Una voz que no será escuchada en la Cumbre.“Necesitamos que se apoye el movimiento sin tierra para que se puedan producir alimentos y comidas saludables. Necesitamos este cambio, cambiar la matriz de producción”, sostuvo Matheus Gringo de Assunção —economista, militante del Movimiento Sin Tierra (MST) e investigador del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales— durante la presentación del libro en el ciclo de charlas  “Nuestra comida, nuestra historia: recuperando las narrativas de los sistemas alimentarios”, organizadas por la Fundación Rosa Luxemburgo para respaldar a las organizaciones campesina, indígenas y movimientos sociales que ya se pronunciaron (contra la Cumbre de la ONU) bajo el lema “Sistema Alimentarios para los Pueblos”.

“Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas: no será justo. No va a parar el hambre y no va a respaldarnos como sociedad”, sentenció Qiana Mickie, fundadora y activista en organizaciones de economía solidaria en Nueva York, Estados Unidos, e integrante del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), una de las principales plataformas desde donde se denuncia lo que ocurrirá en la Cumbre de fin de mes. “No se trata tanto de lo que hablen en la Cumbre si no lo que realmente hace falta. Si los recursos de los Estados siguen yendo a las transnacionales y los privados solo veremos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad”, completó.

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo, utiliza la pandemia como catalizador de la crisis de los sistemas alimentarios al señalar cómo puso “al desnudo la fragilidad y las profundas contradicciones del modelo dominante de agricultura y alimentación” —las violaciones del derecho a la alimentación, los niveles de concentración en los sistemas alimentarios, la fijación de precios injustos de los alimentos, las políticas alimentarias incoherentes—. Temas que no aparecerán con la voces de los territorios en la Cumbre convocada por la ONU en alianza con el Foro Económico Mundial y las empresas tecnológicas.

Pero la publicación no se queda en la denuncia sino que reconoce cómo la pandemia potenció las respuestas en defensa de la soberanía alimentaria: “También ha creado el ímpetu para solidaridad entre diferentes clases de personas en todo el Sur y el Norte global”, se destaca en el libro sobre las experiencias de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas que sirven como guía hacia otros sistemas alimentarios.

Asegurar el derecho a la alimentación, cuenta pendiente del actual sistema alimentario 

El libro está dividido en tres grandes ejes —“El empuje hacia una opresión. Futuro sombrío y respuestas desde abajo”; “Las políticas deben estar al servicio de las personas: la lucha por los derechos a la tierra y la alimentación” y “Respuestas desde abajo: reimaginando redes entre lo urbano y lo rural”— que permiten hacer un repaso de lo global a lo local sobre las luchas campesinas, indígenas y de la sociedad civil por otro sistema alimentario frente a una política global corporizada, que la Cumbre de los Sistemas Alimentarios propone profundizar.

Las miradas críticas y propositivas de los artículos del libro provienen de los trabajadores de la tierra, de especialistas en agroecología, de movimientos de la sociedad civil de Asia (India, Filipinas y Camboya) y de América (Argentina, Brasil y Estados Unidos).  “Muchos de los actuales sistemas alimentarios y agrícolas del mundo necesitan ser transformados en favor de las personas, el medio ambiente y el clima”, afirmó Patricia Lizarraga, coordinadora de proyectos de Rosa Luxemburgo en Buenos Aires, en la apertura del webinario virtual.

“El Covid-19 puso de manifiesto, además, que la distribución y comercialización de alimentos está muy concentrada y es poco equitativa”, sentenció Lizarraga, quien también es autora de uno de los capítulo del libro “Solidaridad de clase en la lucha contra el hambre”, junto a Matheus Gringo de Assunção.

En ese capítulo repasan lo que en las conclusiones señalan como “los increíbles ejemplos de solidaridad en la brecha urbana y rural que aseguraron el acceso a los alimentos nutritivos para millones de personas” durante la pandemia de coronavirus. Las experiencias relatadas en ese capítulo son las de “Periferia Viva” —una red solidaria creada entre movimientos sociales de Brasil para garantizar el acceso a alimentos durante la crisis generada por el Covid-19— y la Red de Comedores para una Alimentación Soberana, impulsada por la  Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y que unió a 200 organizaciones populares para abastecer de alimentos agroecológicos a los comedores populares.

“La pandemia fue un problema extra a la crisis económica, social y medioambiental que se incrementó en los últimos años. Las medidas de cuidado que se pusieron en práctica eran necesarias para proteger la salud, pero profundizó la crisis en América Latina. En Argentina y Brasil los números son similares, el 40 por ciento vive en pobreza o extrema pobreza”, analizó Gringo de Assunção sobre la urgente crisis alimentaria.

El militante del MST indicó que en Brasil las redes solidarias fueron imprescindibles frente al desmantelamiento de los programas de alimentación por parte del presidente Jair Bolsonaro, a diferencia de la Argentina donde se relanzaron políticas de asistencia alimentaria, pero marcó otro problema que afecta a ambos países: “La industria agroalimentaria está en manos de las multinacionales y eso convierte a los alimentos en objeto de los inversores y tiene un efecto en los precios”.

La otra experiencia relatada en el libro muestra cómo la pandemia de Covid-19 amenazó la seguridad alimentaria también en Nueva York, en el corazón financiero de la potencia económica y agrícola. En los barrios pobres del Bronx, Qiana Mickie —fundadora de QJM Multiprise e integrante de organizaciones de economía solidaria como Farmers Market Coalition, South Bronx Farmers Market— fue parte de las redes tejidas entre los pequeños agricultores y las comunidades relegadas, que formaron largas filas día tras día para recibir una ración de comida en medio de las políticas de encierro, el incremento de los precios de los alimentos y la pérdida de puestos de trabajo. Un espejo de lo ocurrido a nivel mundial.

“En Harlem vemos cómo las personas mayores y niños en edad escolar están en una situación de inseguridad alimentaria. Entre los niños, alcanza a uno de cada cuatro. El impacto es mayor en ellos, en las personas mayores y en los pueblos indígenas”, describe Mickie y advierte que no es solo un fenómeno urbano ver a filas de personas haciendo colas bajo la lluvia para llevarse un bolsón de alimentos sino que “en las áreas rurales también sucede”.

“Lo que tenemos que buscar son soluciones de largo plazo, modificar el sistema alimentario, potenciar los sistemas de pequeños agricultores y cooperativas. No es posible superar el hambre con obras de caridad”, sentenció la activista e integrante del comité de coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria (CSA).

Políticas públicas a favor de las corporaciones o sistemas alimentarios más justos

Las redes solidarias de pequeños productores con la sociedad civil organizada en las ciudades son la respuesta a un problema de base y de escala global, pero para poder asegurar alimentos sanos para la población los pequeños productores campesinos e indígenas deben tener asegurado el acceso a la tierra o la posesión de sus tierras ancestrales. El libro expone esta problemática global a partir del capítulo  “El papel del Estado en Garantía del Derecho a la Alimentación”, escrito por el especialista indio PS Vijayshankar, experto en agricultura sostenible y cofundador y director de investigación de Samaj Pragati Sahayog (SPS).

Vijayshankar escribe sobre la producción de alimentos en la India en un momento crítico. Las políticas neoliberales del gobierno de Narendra Modi le abren las puertas a las empresas multinacionales para el control de la producción, comercialización y fijación de precios de los alimentos, alejando el rol histórico que mantuvo el Estado indio en la regulación de las compras, almacenamiento y distribución de los alimentos producidos por los pequeños productores. Lo que generó movilizaciones históricas para frenar las políticas a favor de las corporaciones de la industria alimenticias y respaldadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para eliminar las subvenciones estatales.

Durante la pandemia el Estado se ha retirado de muchas actividades y la protección legal de los pequeños productores es cada vez peor. Muchas multinacionales están interviniendo directamente en la producción con el arrendamiento de tierras”, resaltó Vijayshankar sobre el avance corporativa en la India y agregó que también alcanza a la regulación de precios y el sistema de financiamiento: “Las grandes corporaciones están fijando los precios, con objetivos de explotación para los pequeños productores, que poseen pequeñas parcelas y, en muchos casos, deben tomar préstamos de las propias corporaciones para seguir produciendo”.

El especialista y docente sostiene que el rol del Estado para proteger a los pequeños productores y la producción de alimentos para la sociedad se hizo evidente y confió en que la lucha social continuará: “La seguridad alimentaria se ha conseguido mediante la presión popular y no queremos se dé marcha atrás”.

Vijayshankar resaltó además la importancia de que los pequeños productores avancen hacia formas de cooperativismo para “tener una posición más fuerte de los pequeños agricultores frente al mercado”. “Desde los años 60 se busca imponer una agricultura a gran escala e intensiva —la llamada “Revolución verde”—. Eso es lo que hay que poner en discusión y reformar”, sostuvo el especialista indio y docente universitario.

El modelo para hacer frente al actual modelo hegemónico impuesto por las corporaciones, la OMC y los Estados es con acceso a la tierra y fomento a la agroecología, plantea Vijayshankar. “La reforma agraria, la tenencia de la tierra es fundamental para cualquier cambio, poder tener los títulos de los agricultores que las tienen de forma ancestral”, asegura y agrega que un modelo que frene la sobreexplotación de los suelos y el agotamiento de las aguas debe estar asociado a la agroecología y a los modelos locales ancestrales.

Las estrategias, la resistencia, otro modelo alimentario 

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, permite abrir ventanas al mundo, observar cómo las peleas por otro modelo de producción enfrentan las mismas políticas corporativas, y regresar a la realidad regional. “Las personas que producen los alimentos que terminan en los platos de la población brasileña se ven atacados, perseguidos por los empresarios del agronegocio y por el gobierno de Bolsonaro, que suspendió cualquier proceso que lleve a la reforma agraria. Y legalizó el acaparamiento de tierras”, denunció Gringo de Assunção.

Brasil sintetiza la crudeza del actual sistema alimentario. El nivel de deforestación del Amazonas avanzó hasta un 40 por ciento de su superficie total para ampliar la frontera de los cultivos de soja que van a alimentar la producción ganadera y la exportación de commodities. Los que sufren el avance de esa frontera agropecuaria de forma inmediata y violenta son las comunidades indígenas y campesinas, pero el impacto de la deforestación del Amazonas genera consecuencias globales, entre ellas, las sequías y bajantes de los ríos, como ocurre en el Río Paraná.

En paralelo, Bolsonaro eliminó los programas de alimentación denominados “Hambre cero” —uno de los objetivos propuestos por la ONU y que admitió que incumplirá— que no solo ofrecían asistencia alimentaria si no que eran una política destinada a los pequeños productores a partir de la compra pública para abastecer organismos estatales y hospitales públicas con alimentos agroecológicos. “Desde 2016 esos programas quedaron desfinanciados. Habíamos llegado a cubrir el 30 por ciento de las escuelas del país con alimentos sanos provenientes de la agricultura familiar”, destacó el integrante del MST.

“Bolsonaro frenó cualquier tipo de reforma agraria y nos llevó a una situación en la que no hay acceso a la tierra, pero tenemos un movimiento de resistencia activo, somos el primer frente contra las políticas neoliberales que propone”, reivindicó Gringo de Assunção y convocó a que los movimientos sociales mantengan una actitud de “solidaridad no pasiva”, o sea, promover acciones que combatan el hambre al mismo tiempo que se le reclama y recuerda al Estado que “no está cumpliendo con su deber de garantizar derechos”. Y aseguró que esas acciones deben comprometer a las comunidades para que “sean los protagonistas en las políticas públicas”.

Desde Nueva York, allí donde los representantes de los estados miembro de la ONU se reunirán para proponer un supuesto cambio en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, la integrante del MSC y activista por la soberanía alimentaria comparte la necesidad de renovar la forma en las que se definen las políticas públicas: “Necesitamos un enfoque para edificar un sistema resiliente de cara al futuro, que penetre en el sistema alimentario y en el sistema político, ampliando los actores y tomadores de decisiones”.

En ese sentido, Mickie insistió con que “la financiación del gobierno para el sistema de bienestar no debe ser sólo para la asistencia sino para generar soluciones”. ¿Cómo generamos un control democrático sobre la explotación de los recursos? ¿Cómo generamos alternativas para incluir a las comunidades locales? ¿Cómo mejoramos la logística para conectar a los productores regionales con las ciudades? ¿Cómo redistribuimos la tierra de forma equilibrada? ¿Cómo creamos en lo urbano espacios con prácticas agroecológicas? La activista neoyorkina dejó desafíos flotando. “Tenemos que hablar de modelos que hay que transformar no solo trabajar en la supervivencia sino trabajar en un modelo que genere resiliencia y perdure en el tiempo”, sentenció.

—¿Se puede esperar alguna línea de acción que surja de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU que modifique los problemas de producción, comercialización y acceso a la alimentación sana que describen?— preguntó Tierra Viva a Qiana Mickie   

—En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se va a hacer un greenwashing de los conceptos que no funcionan. Lo que necesitamos es movilizarnos, hacer escuchar las voces de las poblaciones, necesitamos menos cooptación de las corporaciones, necesitamos fomentar lo que sabemos que sí funciona y necesitamos el respaldo de las organizaciones y de la sociedad civil. Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas no es justo, no va a parar el hambre y no va respaldarnos como sociedad. Tenemos que crear presión sobre la cumbre para que escuchen la voz del pueblo y los retos presentes, necesitamos desarmar el poder. No se trata tanto de lo que hablen en la cumbre si no lo que realmente hace falta y necesitamos, en la práctica, los fondos para que se lleven a la práctica los modelos que sabemos que funcionan.

—¿Qué soluciones se podría proponer en materia de comercialización y distribución de alimentos a partir de las respuestas que dio la economía solidaria en el marco de la pandemia?

—Se trata de desmantelar el capitalismo dentro del sistema alimentario. Pasar de una política agroglobal a una de nivel local. Apoyar modelos y soluciones que se basen en la solidaridad y de soporte directo a los pequeños productores. Construir políticas públicas para asegurar la seguridad alimentaria, que está relacionado a las comunidades locales y a través de la agricultura regenerativa. Necesitamos un cambio en la relación de poder, porque si los recursos del Estado siguen yendo a  las transnacionales y los privados, solo vemos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad. Hay que apoyar a estos modelos que son viables, aumentar las investigaciones, apoyar a los pequeños productores y hacerlo de manera conjunta. Tenemos los líderes, tenemos las estrategias, necesitamos más solidaridad para quitar poder a los grupos concentrados. Ya sabemos lo que hay que hacer, solo tenemos que insistir y encontrar los recursos.

 

Descargá el libro en su versión en inglés:https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2021/09/Crash-Barriers_Brochure_web_20210824.pdf

¡Atlas de las migraciones completo!

Compartimos las ocho entregas del Atlas de las migraciones, el resultado de una nueva cooperación entre la Fundación Rosa Luxemburgo y Le Monde diplomatique – Edición Cono Sur. Adaptado de la versión original alemana, y con el agregado de artículos locales para ampliar la perspectiva latinoamericana, el Atlas de las migraciones se propone contextualizar la agenda migrante nacional en el espacio global y en el tiempo histórico.

Millones de migrantes viven situaciones más dramáticas que nunca debido al impacto de la pandemia. Sin embargo, esta es también una época de solidaridad reforzada en todo el planeta. Es en este espíritu que les proponemos este nuevo material.

Contenido:

1- «Parte de nuestra historia»
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2 – «¿Por qué las personas deciden migrar?»
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3 –  «Supervivencias»

4 – “En busca de empleo”

5 –  “Mujeres y diversidades migrantes”

6 – «Las fallidas políticas migratorias europeas»

7 –  «Persecución, intolerancia y desigualdad»

8 – «Una cuestión de derechos»

Para descargar ingresa aquí.

Imagen del HRP-5P, robot humanoide del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (Advanced Industrial Science and Technology institute) de Japón, que puede obedecer órdenes relacionadas con la construcción e instalar placas de cartón yeso, entre otras tareas.

La pandemia ha acelerado un proceso que veíamos venir. El trabajo es cada vez más precario pero también más escaso. Las empresas se sienten mejores cuanto más digitalizadas, más virtuales y menos operarios vivos tienen en sus establecimientos. Robot, drones, computadoras trabajando en casa, redes sociales y plataformas digitales copan las calles semidesiertas de una ciudad que parece despertar ante una “nueva ofensiva del capital”.

Por Federico Hauscarriaga (ANRed)*.


En América Latina se calcula que la llegada del Covid-19 terminó con unos 24 millones de empleos, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero la paralización de sectores de la economía por la cuarentena mundial también reactivó procesos que ya se venían cursando. El mismo documento del BID indica que muchas personas se han mantenido activas gracias a la tecnología: “el teletrabajo, la capacitación a distancia y la utilización de plataformas digitales bajo demanda se han convertido en protagonistas de este confinamiento”. Las descargas de aplicaciones para teletrabajar se multiplicaron 20 veces: pasaron de 750.000 a 15 millones mensuales.

Por otra parte, la robotización en la industria avanza en todo el mundo a pesar de la crisis. Los países de punta son China, Japon y Estado Unidos. Con la llegada de la pandemia del Covid-19 los robots han pasado a primer plano mostrando a los empresarios una mayor flexibilidad y seguridad. La depresión económica por la cuarentena mundial no detuvo el aumento registrado de 12% en el stock global de robots operativos según el informe de la Federación Internacional de Robótica. A fines del 2019 unos 2,7 millones de robots estaban trabajando en todo el mundo.

La industria automotriz y electrónica se llevan la mayor porción pero los rápidos avances en la automatización, movilidad, sistemas de visión, pinzas, conectividad y facilidad en programación han ampliado la gama de tareas que los robots pueden realizar. Pero también, por ejemplo, hubo un incremento de robots en los sectores de alimentos, bebidas, textiles, productos de madera y plásticos. Las ventas de robots a la industria de alimentos y bebidas han crecido un 9% anual en promedio entre 2014 y 2019, mientras que las ventas de robots a la industria farmacéutica y cosmética aumentaron anualmente un 14% en promedio durante el mismo período.

En 2019, la densidad de robots promedio (la cantidad de robots por cada 10 mil trabajadores) en la industria manufacturera fue de 113, un aumento del 12% con respecto a 2018. La densidad de robots varía según el país, de 918 robots por cada 10 mil trabajadores en Singapur a 1 en Egipto , Perú o Ucrania. Claro, el numero varia considerablemente si la producción económica de un país es impulsada por el sector manufacturero.

El llamado impacto de las nuevas tecnologías parece abrir una nueva era que algunos denominan como la “cuarta revolución industrial”. Cada vez hay más robots en la industria 4.0, y la inteligencia artificial (IA) está dando resultados exponenciales que imaginan a las máquinas tomando cada vez más tareas que antes eran humanas. La concepción de la nueva “fabrica inteligente” implica a todas estas tecnologías junto con el recurso de un fluido de datos nunca antes concebida, como es la Big Data, alimentada por más de 3 billones de usuarios en el mundo. Pero como dijimos, este desenfreno tecnológico convive con números alarmantes de desempleo y aumento de la desigualdad como nunca en la historia.

Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la recesión generada por la pandemia derivó en la pérdida de 400 millones de empleos en el mundo y mantiene la tendencia de una desocupación estructural. Mientras, los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas. Es decir, el 60 por ciento de la población mundial, según informó la organización no gubernamental Oxfam Internacional (Comité Oxford Contra el Hambre).

Para algunos analistas el capitalismo ha entrado en una crisis de reestructuración del cual no ha podido salir y que se remonta hasta 1973, con la llamada crisis petrolera. A pesar de la alta productividad lograda con las nuevas tecnologías, como indican Erik Brynjolfsson y su compañero Andrew McAfee, hay cada vez más desempleo. Y para ellos, los responsables serían estos grandes avances tecnológicos que destruyen mas empleo del que crean.

Cada vez hay más robots en la industria 4.0, y la inteligencia artificial (IA) está dando resultados exponenciales que imaginan a las máquinas tomando cada vez más tareas que antes eran humanas.

“El gran desacomplamiento” entre empleo y productividad está contribuyendo al estancamiento de los ingresos medios y fomentando la desigualdad en EE.UU., dicen los investigadores. Pero para otros, este “desacoplamiento” no es más que la crisis desatada inherente al propio sistema capitalista y expresada en lo que Marx denominaba como la “tendencia decreciente a la tasa de ganancia”. Es decir, los capitalistas, en feroz competencia, van sustituyendo trabajadores por nuevas tecnologías, para tener mayor productividad y, como es el trabajo humano quien otorga valor y es sustituido, las ganancias van decreciendo. Se da la paradoja que cuanto mejor le va al capitalismo, más se desarrolla, pero al mismo tiempo acelera la descomposición de sus ganancias. Pero claro, hay contra-tendencias para evadir esta crisis, como es el endeudamiento o también ajustar la variable “condiciones laborales” de la clase trabajadora, para exprimir mas el jugo. La mayor explotación de las y los trabajadores puede compensar la caída de sus ganancias.

El 15 de octubre se inició el taller virtual en torno a “La clase trabajadora y la pandemia: consecuencias, transformaciones y perspectivas de acción”, llevado adelante en conjunto por el Taller de Estudios Laborales (TEL) y la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL). Se describió la situación actual como “la tercer ofensiva del capital o reestructuración capitalista”, a partir del a crisis iniciada en los setenta con la disparada en el precio del petróleo y la ejecución de la primera experiencia neoliberal en Chile bajo la dictadura de Pinochet.

La ofensiva del capital fue en todas las esferas sociales (reforma en la producción, en el Estado, en el trabajo y la educación). Una combinación de mayor explotación y medidas apuntadas a fortalecer el disciplinamiento. También se reorganizó todo el proceso de producción: el toyotismo fue la nueva filosofía que vino a reemplazar la “cadena de producción” (fordismo) por flexibilidad y combinación de tareas, eliminar stocks, disminuir perdidas, y entregar el producto “justo a tiempo”. Esto implicó flexibilizar el trabajo: eliminar categorías, horas extras, entre otras medidas. En síntesis, desmontar derechos conquistados de la clase trabajadora para eliminar restricciones al capital, con el constante desarrollo de nuevas tecnologías informatizadas, sobre todo la aparición de las computadoras, las telecomunicaciones y la robótica.

Pero cabe destacar el cambio cultural que conlleva este nuevo paquete para sortear la caída de las ganancias: sentirse parte de la empresa, disolver la identidad de trabajador en valores de empredurismo, meritocracia, entre otras medidas. Las reformas nunca se detienen, los procesos son continuos. La innovación tecnológica es otra tendencia del capitalismo, lógico, como también la necesidad de mayor explotación.

Las y los expositores sitúan otros momentos destacados de la ofensiva del capital en la Argentina, con la llegada del menemismo y durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero es a partir de la crisis mundial del 2008 que se profundiza este esquema. El estallido de la burbuja inmobiliaria en EE.UU. y la crisis financiera, expuesta en la continua baja rentabilidad planteó avanzar en nuevos ejes para salir de la crisis apostando a la ampliación del uso de estas nuevas tecnologías combinadas con el incremento de la precaridad laboral. La consolidación de la industria 4.0 con el avance de la inteligencia artificial como elemento central, quien no puede pensarse sin el afluente creciente de grandes cantidades de datos, lo que hoy conocemos como “Big data”. El procesamiento de estos datos inter-conectados con dispositivos digitales como nunca antes visto. La quiebra del 2008 también aceleró la relocalización de producción en lugares de mejores condiciones de explotación, como es el sudeste-asiático y China, entre otros casos. Y se reincidió en la “solución financiera”: más especulación, que incluyó el salvataje a grandes empresas y bancos.

La última película del director ingles Ken Loach, “Sorry we missed you”, muestra crudamente la situación de una familia obrera que se desmorona ante los nuevos ritmos que exige el trabajo. Ricky y Abbie, cabezas de familia, trabajan casi sin derecho a reclamos. Ricky maneja una furgoneta alquilada y lo han convencido de que es “su propia empresa” y Abbie corre de un lado a otro para cuidar pacientes cada vez más abandonados. La vida por fuera del trabajo se convulsiona, sus dos hijos padecen la contracara. Las empresas en Inglaterra adoptan la modalidad de trabajo denominada “zero hour contact”, donde trabajadores, particularmente del sector de servicios, quedan a completa disposición integral de la empresa, sin compromiso alguno de mantener estabilidad en el trabajo y desprovistos de cualquier derecho. “No tengo otra opción”, le grita Ricky a su hijo, que tratar de evitar que su padre vuelva lastimado al trabajo. La familia está endeudada por la compra de la camioneta y el pago de alquiler de la vivienda.

Ricardo Antunes, sociólogo y uno de los principales referentes de los debates en el mundo del trabajo, indica que este devenir recrea nuevos términos en el diccionario del flagelo laboral: voluntariado, “emprendedurismo”, “primarización”, “uberización”, entre otros. “Y cuando se consigue garantizar algún empleo, el resultado es inmediato: reducción salarial, violación de los derechos sociales que degradan lo poco que queda de la dignidad del trabajo, sin hablar del debilitamiento de los sindicatos y de la disminución de las acciones colectivas”. El investigador denomina a esta situación como sociedad de la tercerización.

En diálogo con la socióloga antropóloga e investigadora del Conicet Julia Soul, quien durante estos días está coordinando el taller sobre la clase trabajadora en situación de pandemia junto al Taller de Estudios Laborales y la Fundación Rosa Luxemburgo, nos explica que de la actual situación se desprenden un conjunto de dilemas para la clase trabajadora y sus organizaciones que solo se podrán resolver “con una participación de las bases para resolver los problemas que se presentan en esta crisis”.

Frente a ésta situación de crisis multidimensional podemos decir que los trabajadores y sus organizaciones se enfrentan a tres tipos de desafío o dilemas: el primero es cómo organizarse y como construir fuerzas para defender sus condiciones de trabajo y de vida en términos generales que tiene que ver no solo con lo inmediato (enfrentar la caída salarial, y perder lo menos posible en ese terreno), sino también cómo enfrentar a las reformas, como la previsional o la reformas en el sistema de salud y seguridad social que hacen que las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora empeoren notablemente. Solo por poner estos ejemplo, las reformas en el sistema de salud atentan contra la calidad en la atención del conjunto de las familias trabajadoras, mientras que la reforma previsional sólo prolonga la pobreza de los actuales y futuros jubilados, obligando a que gran cantidad de adultos mayores tengan que continuar trabajando en condiciones precarias y riesgosas.

El segundo dilema tiene que ver con uno de los aspectos de esta crisis, que se relaciona con las innovaciones tecnológicas o el modo en que estas son utilizadas para garantizar esta mayor rentabilidad para los empresarios. Aquí es necesario repensar el modo en que estas tecnologías producen mayor precariedad y como pelear y resistir estas condiciones sin dejar de ponderar que también hay ciertos efectos o consecuencias que puedan considerarse positivos en determinados procesos de trabajo para que sean menos riesgosos. Aquí hay otro conjunto de desafíos: cómo esta ola de innovaciones tecnológicas pueden ser discutida desde el punto de vista de los procesos de trabajo, pero no solo para disputar los objetivos de mayor rentabilidad y mayor control que busca el Capital,  sino también para pensar cómo usarlas para generar fuerza desde los trabajadores, aprovechando y desarrollando estos efectos potencialmente positivos.

En tercer lugar, hay otro conjunto de desafíos que tiene que ver con el modo en que la clase trabajadora ha cambiado y qué tipo de organizaciones y articulaciones se necesitan para poder construir reivindicaciones y demandas que abarquen al conjunto de la clase trabajadora que puedan ser potenciales de un proyecto político con raigambre de clase que tenga en cuenta las necesidades del conjunto. Qué tipo de organizaciones necesitamos en esta construcción. Las organizaciones sindicales, digamos “tradicionales” hoy se ven tensionadas por tres tipos de cambios que han asimilado de modo diferente. Algunas los han asumido, otras los han ignorado o los ven como un problema. Me refiero a los cambios que derivaron de las luchas feministas, los planteos en contra de la opresión de género, del cuestionamiento a la opresión de las mujeres y las diversidades en tanto parte de la clase trabajadora y todas las reivindicaciones que se desprende de allí vinculadas con la esfera de la reproducción, lo remunerado o lo no remunerado. Son un conjunto de planteos que reforzarían mucho a la clase trabajadora en una potencial sinergia con el movimiento sindical.

Después hay otro eje que tiene que ver con el carácter crecientemente transnacional de las empresas de las redes y cadenas productivas y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que se van movilizando en distintos países y continentes en búsqueda de trabajo. Son muchos quienes garantizan sectores enteros de la producción. Por ejemplo, la fruto-hortícola, la producción de alimentos frescos, entre otros. Hay un conjunto de fuerza de trabajo sumamente precaria y móvil que ameritarían que se pueda pensar tipos de articulaciones entre organizaciones de carácter internacional, que de hecho ya existen, pero sería bueno tomarlo como un desafío.

El último eje tiene que ver con la tensión que se pone sobre las organizaciones sindicales tradicionales en términos de lo que pueden representar ‘legalmente’: que son trabajadores formales y en ‘blanco’ registrados de una rama. Pero la configuración de los espacios productivos cambió demasiado. En la misma rama hay trabajadores en distintas situaciones contractuales. Esta problemática es de larga data, pero ahora se vuelve acuciante articular a estos trabajadores, porque acá reside una potencialidad de la clase que tiene que ser construida”, expresa Soul.

* Este artículo forma parte de la cobertura especial del ciclo de formación “La Clase Trabajadora y la Pandemia: consecuencias, transformaciones y perspectivas de acción”, realizada por el Taller de Estudios Laborales (TEL), con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Paro internacional de repartidores. Foto: Antena Negra TV.

Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) y la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) invitan  a participar del ciclo de formación “La Clase Trabajadora y la Pandemia: consecuencias, transformaciones y perspectivas de acción”, que se desarrollará a partir del 15 de octubre por la plataforma virtual Zoom.

Por ANRed.


El Taller de Estudios Laborales (TEL), junto a la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) organizaron un ciclo de formación que tiene como propósito establecer un ámbito de reflexión y debate entre trabajadores y activistas sindicales con la perspectiva de construir saberes colectivos para la acción sindical.

ANRed dialogó con Julia Soul, integrante del TEL, quien explicó: “el ciclo tiene como propósito poder reunir a trabajadores y activistas sindicales, delegados y delegadas de distintos sectores para poder debatir sobre las distintas situaciones y procesos que estamos enfrentando en los lugares de trabajo, en el contexto de pandemia, pero también de crisis y desarrollo de estrategias patronales para aumentar la explotación y el control sobre los trabajadores. Pensamos que en la construcción y el debate colectivo, y en la reflexión sobre estas estrategias en curso es posible construir herramientas para la intervención sindical en los lugares de trabajo y en relación con las distintas estrategias que tienen las patronales hacia los trabajadores en distintos sectores y ramas de la producción. La expectativa es que esta reunión, que no es muy común que se produzca, porque estamos más acostumbrados a pensar lo que pasa en relación a nuestro sector o ámbito de trabajo, permite construir un espacio amplio y colectivo, para llevar adelante estrategias, prácticas e ideas de acción común en la construcción de fuerzas sindicales de los trabajadores”.

En la misma línea, agregó: “proponemos desarrollar el ciclo en cuatro grandes temas, cuatro encuentros que se van a centrar cada uno en un gran tema y el primero será tratar de ver, pensar y construir información alrededor de los procesos más generales que estamos atravesando. Como mencioné, la crisis económica, la situación de pandemia que genera políticas de confinamiento y cuarentena en muchos lugares y, por otro lado, la obligación por parte de los empresarios de concurrir al trabajo, generando situaciones contradictorias para los trabajadores. Por otro lado, en el segundo encuentro vamos a pensar y poner en común qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestros espacios de trabajo concretamente, qué estrategias están poniendo en juego en esta coyuntura los patrones. Y en el tercer encuentro nos vamos a dedicar de lleno a poner en común lo trabajado para construir propuestas de respuesta sindical. Finalmente, en el último encuentro construir una síntesis de los debates realizados y profundizarlos”.

Finalmente, los cuatro encuentros, donde se discutirán las temáticas planteadas en los siguientes ejes se realizarán conforme al siguiente cronograma:

  • Crisis y transformaciones globales  (jueves 15 de octubre, 18 hs).
  • Situación en Argentina (jueves 29 de octubre, 18 hs).
  • Respuestas Sindicales (jueves 12 de noviembre, 18 hs).
  • Final (jueves 26 de noviembre, 18 hs).

Contacto:

(11) 155 599 8995

 

 

 

 

El advenimiento del COVID19 vino a profundizar una crisis sistémica y estructural en nuestro país que, si bien está afectando profundamente a buena parte de la población, también puso en evidencia que la organización es lo realmente esencial.

Por Agustín Bontempo / Foto por Germán Romeo Pena

La situación en la Argentina previo a la llegada de la pandemia es, en términos sociales y económicos, de una escala similar a los efectos del virus. Cada persona que habita estas tierras tuvo que torearse con las políticas destructivas del gobierno de Mauricio Macri. Millones de empleos que se perdieron, miles de PyMES que cerraron sus puertas, escalada inflacionaria constante (en 2019, cerró con el 53,8%, siendo la más alta desde 1991) y su consecuente pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores que, cada vez más, vieron cómo sus salarios caían derrotados mes a mes sin siquiera poder cubrir sus necesidades básicas.

Cambiemos, la coalición que gobernó los cuatro años precedentes a la pandemia, intentó generar una transformación estructural en nuestro país que iba de lo económico, político y social hasta lo cultural. El discurso de la meritocracia como único camino de desarrollo, era el estandarte para poder avanzar en reformas como la previsional y la laboral, enfrentadas en las calles por levantamientos populares en cada rincón del país, con alternancia de resultados. Sin embargo, la perseverante debilidad política de un gobierno que fracasó en cada intento de imponer su modelo, iba acumulando derrotas tras derrotas que llevaban al país hacia un abismo inexorable. Y esa caída se inició a finales de 2017, poco después de una victoria electoral importante pero con un envalentonamiento en las urnas que no pudo traducirse en el resto de los escenarios.

Las recordadas jornadas del 18 y 19 de diciembre de aquel año que se vivieron como una pueblada que ponía un freno al ajuste macrista, coincidieron con el agotamiento de un modelo económico liberal que ponía de rodillas al país, nuevamente, frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). La historia que siguió es bien conocida. Endeudamiento a 100 años, rifando el futuro de varias generaciones y el retorno obsceno de una bicicleta financiera que fugó de nuestro país casi 90 mil millones de dólares. Este monto sería que suficiente para paliar los efectos de la crisis actual, al mismo tiempo de ir resolviendo cuestiones estructurales ,como las que aquí más nos interesa: la vivienda, la educación y la salud.

La herencia eterna

Los años pasan y hay cada vez más gente sin techo y casas sin gente. En innumerables oportunidades hemos hablado del creciente negocio inmobiliario, sustentado en un fuerte mercado de especulación, al mismo tiempo que las personas se agolpan en las villas o en las calles de a miles y millones.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 2018, Argentina ya acumulaba 4288 barrios populares o asentamientos. En la actualidad, esa cifra ya asciende a 4416, es decir, casi 200 villas y asentamientos más en el país en apenas 2 años.

Hablar de condiciones de hábitat no debe ser una tarea sencilla. Hablamos de millones de personas que viven hacinadas, en espacios reducidos y sin servicios básicos como agua potable, gas natural o servicio eléctrico.

En particular, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 38 villas o asentamientos, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad. Allí viven más de 300 mil personas, según datos del IVC, CELS y ACIJ, así como también más de 7000 personas están en situación de calle. Hablamos de familias enteras, niños y niñas, adultos mayores, que transitan su vida entre el barro, con un Estado que garantiza su presencia por la ausencia misma.

Sin embargo, la obscenidad de la desigualdad se traduce en que: mientras vemos el escenario en la ciudad más rica del país, allí mismo alrededor de 140 mil viviendas se encuentran vacías. Estas podrían albergar al menos a 560 mil personas, es decir, a toda la población que vive en villas, asentamientos, en la calle y aún queda resto.

La Provincia de Buenos Aires, foco de la crisis habitacional recrudecida durante esta pandemia, no se queda atrás. De acuerdo al Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, en 2018 a lo largo de todo el territorio provincial había 1584 villas o asentamientos. De ese total, 981 se encontraban en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, con alrededor de 350 mil familias viviendo en estos barrios, es decir, casi 1.500.000 personas. Una catástrofe. Solo imaginemos lo que puede implicar hacer cuarentena para estos millones de habitantes, que su día a día es de precariedad habitacional, con empleos irregulares o directamente desempleados.

En materia de educación, la pandemia permitió destacar tanto el rol de las instituciones educativas como el carácter esencial de las telecomunicaciones, el acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a internet.

La gestión macrista no hizo más que profundizar la precariedad del sistema. Desde las viandas escolares de miseria en CABA hasta el desguace en infraestructura en Provincia de Buenos Aires con, por ejemplo, la explosión en una escuela de Moreno que se cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodruíguez, pasando por la implementación de la UNICABA, las paritarias de miseria, la persecución constante.

Sobre ese terreno, el gobierno que encabeza Alberto Fernández tomó algunas medidas para poder sobrellevar la cuarentena: licencias para las y los trabajadores que tengan hijes menores y que sus instituciones educativas estén cerradas, la promoción de planes y estrategias para seguir el ritmo pedagógico desde los hogares (con una repercusión invaluable en el trabajo docente), el acompañamiento con el IFE para las millones de familias de bajos recursos (recordemos que, según el INDEC, la pobreza en Argentina asciende al 40,9% llegando a ser en los menores de 14 más del 52%), entre otras.

En este escenario, una medida trascendental que tomó el gobierno fue la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690/20 que declaró como servicios públicos a la telefonía móvil, internet y televisión paga. En sí mismo, este DNUadquiere suma importancia en un país donde la baja regulación hace que los servicios tengan valores de lujo con prestaciones sumamente precarias. Son herramientas importantes tanto para que las y los adultos lleven adelante tareas remotas, como para que les niñes puedan seguir su proceso pedagógico.

Para dimensionar este panorama, es importante resaltar los datos: de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el último trimestre de 2019, casi el 40% de los hogares en el país no tenían acceso a computadoras y un 17% no tenía acceso a internet (incluyendo el acceso móvil). De acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para el segundo trimestre de 2020 la cifra de hogares sin acceso a internet de ningún tipo ascendió al 36%, es decir, se duplicó en 6 meses. La situación económica es una de las grandes razones y por eso el DNU 690/20 que, entre otras cosas, prohibió los aumentos de tarifa y promovió la suspensión de cortes, es central.

Finalmente, la salud. Con la llegada de la pandemia a la Argentina se puso de relevancia el rol del conjunto de las y los trabajadores de salud en cualquiera de sus roles. Los aplausos invadieron las calles y la sociedad se animaba a reconocer que ante cada reclamo del sector por mejor infraestructura, condiciones de trabajo y salarios, requerían del apoyo de toda la sociedad.

El sistema de salud pública se encontró con el COVID19 con un escenario adverso. El gobierno saliente había degradado el Ministerio en una Secretaría en el lapso 2015-2019; el presupuesto se subejecutó en un 22%, según los informes del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no todo estaba perdido. En consonancia con los lineamientos generales del macrismo, la industria farmacológica en nuestro país tuvo un crecimiento en sus arcas económicas de casi el 12% -industria que, por supuesto, también es una de las grandes ganadoras en la pandemia-.  Un buen ejemplo de esto es que, en 2018, mientras se profundizó la crisis que afectaba a los sectores populares, Alberto Roemmers (dueño del laboratorio homónimo), tuvo ganancias por más de mil millones de pesos gracias al guiño gubernamental que le permitió aumentar sus productos en un 87%, más del doble que la inflación.

Todas estas situaciones suelen verse agravadas para las y los migrantes, que no solamente deben lidiar con la estigmatización de algunos sectores de la sociedad, sino que muchas veces las mismas instituciones vulneran sus derechos. Un ejemplo claro de esto es la lucha, ya de largo aliento, frente al DNU N° 70/17 firmado por Macri y que se mantiene vigente, precarizando la situación de las y los migrantes (por supuesto que no de cualquier nacionalidad), habilitando la posibilidad de expulsiones arbitrarias de nuestros país.

Como se puede observar, el panorama a lo largo y ancho del territorio es adverso. Las condiciones estructurales nos invitan a preocuparnos por los efectos de la pandemia. Sin embargo, allí donde el Estado no llega y los sectores privados intentan descargar sus crisis, aparecen las y los defensorxs, las organizaciones que se plantan en la primera línea y luchan día a día, codo a codo, por un mundo más justo. Hacia estas experiencias nos dirigimos.

La vivienda es un derecho

Cuando se decretó la cuarentena en todo el territorio nacional, y gracias a un nivel de acatamiento elevado, el aislamiento en los hogares daba sus resultados, manteniendo niveles de contagios y muertes sumamente bajos mientras en otros lugares del mundo la situación se agravaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ponía en escena una realidad que no aparecía en los medios: la situación en los barrios populares. Aquellos lugares donde quedarse en casa no era opción, ya sea por las condiciones de hacinamiento, la inexistencia de un techo, la necesidad de salir a buscar el plato de comida. En aquella oportunidad, pudimos retratar la pandemia desde el pie, esas vivencias y batallas en los barrios, donde el COVID empezaba a diseminarse, elevando las tasas de contagios y llevándose la vida de decenas de villeros y villeras, luchadoras y luchadores como Ramona Medina o Agustín Navarro, referentes de la lucha por igualdad y vivienda digna en Villa 31. Pero pasaba también en la 1-11-14 de Bajo Flores, con reacciones ineficaces del gobierno porteño, siempre tan ajeno a las necesidades de los sectores populares.

La situación escaló a un pico insólito cuando se conoció lo acontecido en Villa Azul, un barrio del conurbano bonaerense, dependiente de Avellaneda y Quilmes. Según datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires  (2018), en el barrio vivían 3128 personas en 837 casas (un promedio de casi cuatro personas por hogar) y se estima que, para este año, la población es de casi el doble. A finales de mayo, el COVID se hizo presente, llegando a infectar a casi 350 personas en un lugar donde, como se advierte, las condiciones no eran las mejores para hacer una cuarentena estricta y saludable.

En aquella oportunidad, el gobierno provincial, de la mano de Sergio Berni, dispuso un cierre absoluto del barrio por dos semanas, medida sanitaria discutible en términos de efectividad pero que contrastaba con, por ejemplo, los brotes que se veían en los barrios adinerados de la Capital Federal e incluso de la misma provincia.

Villa Azul fue la antesala del conflicto que hoy está en todos los medios: la toma de Guernica. Allí se sintetiza el verdadero efecto de una crisis que golpea a los sectores más vulnerables.

Yamila Rodriguez, integrante de la Coordinación de Delegados y Delegadas de Guernica, nos dijo que “La situación en la que nos encontrábamos en su mayoría es que éramos trabajadores que a partir de la pandemia y la crisis económica agravada por esta pandemia, nos quedamos sin trabajo, ya que éramos trabajadores precarizados y alquilábamos. Muchos quedaron en situación de calle. En ese momento, la urgencia conllevó esta situación”. Son alrededor de 2500 familias, casi 10 mil personas luchando por vivienda digna.

La empatía debería convocar a toda la población. No es una situación entre quienes pagan impuestos frente a quienes no. Hablamos de personas en situación de suma vulnerabilidad que nos enseñan la necesidad de organizarse para ir a la conquista de derechos. “La verdad es que se formó un poco a los topetazos, más teniendo en cuenta de que esto no fue planificado, nos conocimos todos y todas ahí en el predio y bueno fuimos formando un poco lo que es el cuerpo de delegados y delegadas. Cada manzana tiene sus delegados, cada barrio tiene su delegado general, que somos cuatro. Tienen ahí asamblea feminista, coordinación de salud y de niñez también, entre otras cosas”.

A la lucha de las y los vecinos, se suma la solidaridad de quienes día a día batallan por un mundo más justo. Yamila nos cuenta que “Ahí  ingresan las organizaciones (sociales y políticas) en su rol en este momento que es de acompañamiento y de brindarnos un apoyo real del cual carecemos por parte del Estado, más teniendo en cuenta que son quienes nos acompañan y están con los abogados. Estamos haciendo una coordinación conjunta, en toda reunión con las organizaciones estamos presentes los delegados y delegadas generales y quien quiera participar de forma más activa”.

La toma en Guernica lleva más de 70 días. En ese tiempo, hubo prórrogas judiciales ante la posibilidad de desalojo. El gobierno de Axel Kicillof presentó un plan de vivienda que apuntaría al abordaje estructural del déficit habitacional en la provincia, aunque en lo concreto, Yamila asegura que “Desde el día cero lo único que proponen es el desalojo. Hace unos 20 días hizo una intervención formal el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia, quienes proponen un desalojo pacífico. Yo la verdad que, a mi criterio, no tengo memoria de ver jamás un desalojo pacífico. No hay propuestas reales y concretas que impliquen de que si nos retiramos de ahí, de forma pacífica, vamos a tener una respuesta inmediata, nos van a poner en una base de datos que supone vamos a tener en algún momento una solución”.

Foto por Reinaldo Ortega.

Las y los delegados, las y los vecinos organizados, sí tienen una alternativa, una solución definitiva. “La verdad que la única solución que encontramos nosotros es tierra por tierra ya que si prima la propiedad, la falsa propiedad privada, porque la verdad que sí ellos como Estado no hacen respetar la ley y únicamente judicializan y criminalizan al pobre, a quién no tiene la posibilidad, el gobierno popular del que tanto hablan es bastante falso”, afirmó Yamila, y luego cerró: “Hay leyes que amparan este tipo de soluciones que es una ley de expropiación, con negocios inmobiliarios del 10%, la compra de algunos de los predios el cual llevaría a poder solucionar la totalidad de la situación de las familias en el predio. Acá estamos en un complejo de situaciones problemáticas bastante extenso, pero acá estamos peleando por la tierra y es lo que no se nos está solucionando”.

Educar para transformar

Hay dos noticias que recorren los medios masivos de comunicación en relación a la educación. Uno de ellos, es la presión en varios puntos del país por un retorno paulatino a las aulas, como si la comunidad científica no hubiese dado ejemplos de sobras sobre la fácil propagación del virus mediante las y los niños, y más en esta coyuntura de máximo nivel de contagio diseminado en todo el país. La situación laboral de las y los adultos y el apuro empresarial por “abrir”, juegan un rol clave.

La segunda, más específica, tiene que ver con los 7 mil niños y niñas que en CABA se quedaron sin la posibilidad de continuar sus procesos pedagógicos por la falta de acceso a internet y/o soportes tecnológicos. Según un informe de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie – SOMOS-, en barrios populares, 82.5% de niñes no tienen acceso a internet y el 70% no cuenta con PC.  Si cruzamos este dato con las 300 mil personas que viven en estos barrios, cuesta entender quiénes son y de donde provienen las y los 7 mil niños, niñas y jóvenes. La primera reacción es que posiblemente sean muchos más.

El gobierno porteño rechazó la ayuda del gobierno nacional para acceder a dispositivos y conectividad, proponiendo solamente que mientras que los sectores de mayores recursos puedan continuar sus procesos pedagógicos desde la seguridad de sus hogares, los sectores empobrecidos debían ir a exponerse. Sin embargo, cuál es la cantidad real de personas en esta situación, sigue siendo un interrogante.

Paula Shabel, integrante de Aula Vereda, una organización que tiene un proyecto pedagógico con niños y niñas, nos dice que “Nosotres trabajamos con pibis en distintos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y todes elles tienen sus derechos vulnerados desde que nacieron, todos los derechos. Pero me gustaría hablar especialmente de uno, que es la tierra, la vivienda. O porque viven en la villa, o porque viven en casas tomadas o porque viven en barrios periféricos cerca de ríos y aires contaminados, lo que le falta a les pibes es un espacio digno donde vivir”. Además, afirma que “A veces parece que los derechos de les pibis tiene que ver con estar en la escuela y el juego y la familia y claro que es todo eso, ahora vamos a hablar, pero la vida de cada pibi con el que laburamos está conectada a las variables macroeconómicas más globales, esas que se escriben difícil y siempre parece que están en otro lugar, pero no, están acá, encarnando esos cuerpos que viven la cotidianeidad de una pobreza estructural mientras las coyunturas pasan”.

Foto por Aula Vereda.

La suspensión de las clases y la interrupción de continuar procesos pedagógicos tienen diversos problemas. “Ese espacio otro, diferente al de la lógica familiar, un lugar donde ver a otres y escuchar otras opiniones para después hacer la propia. Siempre decimos que cada vez que entra un docente al aula le está mostrando a les pibis todo un mundo nuevo, una forma posible de ser adulte y de relacionarse con otres y con el conocimiento. Todo eso no está, y les pibis están completamente subsumides a las dinámicas del hogar que son siempre adultas”.

Sin embargo, la adversidad cuenta con una respuesta organizada que trasciende las fronteras de la educación. “Lo primero que salió fue la urgencia por cubrir las necesidades alimentarias. Nosotres nunca habíamos dado comida, a lo sumo una merienda, pero no teníamos comedor, nuestro proyecto iba por otro lado. Pero de repente era tan importante. Siempre pensé que así se debía sentir un poco el 2001, ¿no? La gente se estaba muriendo de hambre, chau, no hay análisis posible sobre eso, hay que resolverlo. Entonces armamos una campaña gigante de donaciones y desde el propio partido (Comunista) se distribuyeron algunas partidas, entonces nos empezó a entrar algo a AulaVereda y con eso articulamos con productores directos de acá y de allá, con la UTEP, la CTEP, la CTA y la UTT, siempre buscando los precios más baratos y las logísticas más razonables para llevar bolsones a las familias con las que trabajamos. Repartimos más de 200 por semana solo en capital”.

Además de garantizar el plato de comida y en el medio de tanta vorágine, Paula cuenta que “Entonces reinventamos todo, como siempre el campo popular sudaca tan creativo, tan capaz de todo con tan poco. Y nos empezamos a encargar del colegio. Por un lado a hacer tarea con les pibis, ayudarles en lo que no entendían, hacemos videollamada con cada une por materia o como haga falta […]. Algunes ni sabían dónde buscar las tareas, nunca habían enviado un mail en su vida y las familias son analfabetas, todo el sistema estaba hecho para que abandonen a los 3 días”.

Como advertíamos algunas líneas atrás, un porcentaje enorme de niños y niñas no tenían acceso a equipos y computadores, base sustancial para continuar sus procesos en esta coyuntura. “Hicimos otra campaña de donaciones enorme, de celus y tablets. Las recibíamos y las chequeaba un compañero que es programador, para entregar todo en las mejores condiciones”, cuenta Paula.

Foto por Aula Vereda.

Las y los defensores de la educación nos hablan de sus compromisos integrales, que van desde las niñeces hasta la idea de poder transformarlo todo. “También empezó a funcionar un espacio de asamblea de niñas, que es un intercambio epistolar con las adolescentes, donde vamos laburando diferentes temas, ahora estamos preparando algo para lo que sería el encuentro plurinacional. Ahí salieron varias cuestiones de maltrato y abuso que seguimos acompañando. Lo importante siempre es acercarnos a las casas y verles la cara a les pibis, no perder eso, siempre saber cómo están elles, cómo están atravesando esos momentos, cuáles son sus miedos y sus deseos en medio de esta vorágine”.

Promover la salud organizada

Si bien el inicio de la pandemia y las medidas preventivas como la cuarentena permitieron dotar al sistema público de salud de varios recursos necesarios, la situación es cada vez más compleja. No solamente porque los recursos se van agotando, las camas de terapia intensiva se van llenando, sino porque las y los trabajadores del sistema sanitario colapsan ante tanta demanda y tan poco descanso, porque el sector privado de salud no juega roles destacados en apoyo a la comunidad. Y como ya hemos dicho, la pandemia golpea fuerte en los barrios.

En este marco, hablamos con Tamara Killsen, del equipo de Promotorxs de Salud del Frente Popular Darío Santillán de Lanus, quien nos dijo que “Además de la dificultad económica truncada por los despidos, por el no poder salir a changuear y no poder salir con el carro a juntar cartones, plásticos, botellas, cobre, para venderlo y hacer un mango, se juntaron otra situación que también fueron dificultando el poder quedarse en casa como una posibilidad ante los contagios. ¿En qué condiciones de salubridad e higiene me quedo en casa cuando tal vez comparto el espacio con otras familias, casas donde hay 4 familias conviviendo y comparten espacios en común, como el baño y la cocina”.

Por este motivo, entre tantos otros, Tamara comentó que “La propuesta de generar un grupo de promotoras y promotores de salud surge en este contexto pandémico -aunque era una idea que ya veníamos teniendo hace un tiempo-, cuando nos vemos en la necesidad de que exista un grupo que se encargue de hacer seguimiento de nuestros compañeros y compañeras que se fueron contagiando a medida que fueron pasando los meses y fuimos tomando tareas tanto de promoción de la salud como de prevención del contagio. Nos pareció una necesidad poder generar un grupo que a partir de esta situación se conforme para poder seguir en el futuro trabajando la salud de manera comunitaria, pensando una salud para los vecinos, las vecinas y les vecines del barrio, para las niñeces, para abordar situaciones de violencia patriarcal también”.

Tamara cuenta que en los barrios populares del distrito, la situación se fue agravando. “La situación epidemiológica en el distrito fue variando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, como en todos. Lo que nosotras y nosotras estuvimos notando fue un aumento de la cantidad de los contagios. Desde un comienzo que eran 1, 3, 10 por día hasta llegar a 200 contagios por día”. Sin embargo, allí también la organización se pone en primera línea: “Esta situación particular que nos trajo la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el equipo de salud que fuimos conformando empezó a realizar un intento de monitoreo de la situación de los contagios, tanto en el distrito para tener un panorama como en los barrios en donde tenemos construcciones. Con nuestros compañeros, compañeras y sus familias generamos una línea de teléfono para difundir y que les compas que tuviesen dudas, que tuviesen síntomas, que tuviesen la sospecha de ser un contacto estrecho, pudiesen saciar sus dudas. Reducimos los grupos de trabajo de todos los comedores a lo esencial para qué se sostengan, grupos que rotaran cada 15 días para que si algune llegara estar contagiade se podía aislar a todo el grupo sin que eso significará cerrar el comedor”.

Tamara cuenta que esta tarea gigante se da en un escenario adverso, donde a la pandemia se le suman diversas problemáticas. “Actualmente no hemos recibido respuestas ante la situación que estamos atravesando de crisis extrema de gobierno local ni del gobierno provincial. No solamente en relación al abastecimiento de los comedores, de las copas de leche, de los merenderos, del abastecimiento de los productos de higiene necesarios para seguir sosteniendo la tarea cotidiana en nuestros espacios de alimentar a más de 2000 personas del distrito, sino también desde otras áreas que entendemos han sido afectadas o llevadas a su extrema vulnerabilidad, situaciones de violencia patriarcal, situaciones de salud que no tienen que ver con la pandemia, sino con otras situaciones que atraviesan la vida de los vecinos y las vecinas, la situación de las niñeces, que se ven en este contexto desterrados y desterradas de la posibilidad de seguir sus procesos educativos”.

Foto por Candela Quema dentro de Desborde Cultura Piquetera. Barrio Semillita -Chingolo.

Pero como adelantamos, allí donde existe una necesidad, también está la organización para dar respuesta. “Estamos pudiendo proyectar y articular acciones de salud comunitaria donde la salud pueda llegar a todos y todas les habitantes de los barrios populares también, lo cual a veces se hace difícil en un sistema de salud hegemónico y expulsivo. Donde tal vez hay salitas o espacio de salud cerca de donde una vive, pero se ven vaciadas, se ven con pocos recursos, con pocos profesionales que son mal pagos, que no tienen sus derechos garantizados. Entonces son un conjunto de situaciones que hacen que el servicio de salud público que se ofrece no pueda abarcar las necesidades del territorio, que sea expulsivo, que no contenga. Y pensamos y queremos proyectar acciones en conjunto con trabajadores y trabajadoras de la salud dispuestos a abrirse a la comunidad y las promotoras de salud que estamos encontrándonos, agrupándonos,  formándonos para que todo el mundo pueda tener acceso a una salud digna e integral”.

Migrar es un derecho

Las y los defensores trascienden fronteras virtuales y allí nos encontramos con la tarea del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM). Como advertíamos, la situación de la comunidad migrante en nuestro país, que ya era compleja, se vio afectada por el macrismo ante la modificación de la Ley de Migraciones vigente.

Al inicio de la pandemia, la situación empeoró. Mariana Brito Olvera, referente del BTM nos cuenta que “En lo que respecta a la comunidad migrante un tema de mucha gravedad es el desempleo. Según relevó la Agenda Migrante 2020, quien realizó una encuesta a distintas personas migrantes, alrededor del 60% de las personas migrantes se quedaron sin ningún tipo de ingreso a partir del inicio de la pandemia. Con el paso de los meses ha sido una situación realmente grave”.  A esto se suma que “si bien el gobierno extendió el Ingreso Familiar de Emergencia para aquellas personas que se quedaron sin sus ingresos por causa de esta coyuntura, mucha de la comunidad migrante no pudo acceder a ese apoyo porque por las mismas restricciones que se ponían para poder acceder al IFE como que se pudiera comprobar 2 años de residencia regular en el país”.

Sin embargo el BTM pudo organizar respuestas y así surgió La Tiendita Migrante Japoo Door Warr, “que es una frase en Wolof, una lengua que se habla en Senegal y esta frase significa ´Agarrarnos para trabajar´. Este proyecto es colectivo y autogestivo, impulsado por compañeras y compañeros estudiantes de los cursos de español para migrantes del BTM. Es una manera de responder colectivamente a esta situación debido a que, como ya mencioné antes, las y los compañeros de Senegal se dedican principalmente a la venta ambulante y en todos estos meses no han podido recibir ningún ingreso. Así que Japoo Door Warr, La Tiendita Migrante fue una respuesta colectiva ante esta situación”.

La experiencia de La Tiendita Migrante dio lugar a otras experiencias. Mariana cuenta que “Eso ha dado pie a que se piense el surgimiento de otros proyectos de ese estilo, como de organizaciones de las comunidades que se autogestionan como por ejemplo el llamado emporio migrante, qué es otra iniciativa donde las y los compañeros de Senegal venden comida”.

Otra de las respuestas organizadas del BTM fue en el ámbito de la educación, donde la enseñanza y aprendizaje del idioma español se volvió una herramienta clave. “Desde el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, desde agosto de 2018 veníamos llevando a cabo los cursos de español para migrantes los días martes y jueves en el Ex Centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. Ese proceso se vio interrumpido este año a partir de la cuarentena, así que ante esta situación surge un nuevo proyecto que son los videos de enseñanza del español, que se llama Damay Jaangë Español, que sería algo así como “Aprendiendo español” y justamente está pensado como un curso a distancia para a hablantes de Wolof que quieren aprender español”.

Foto por Adrián Cobos, antes del inicio de la pandemia.

La situación de las y los migrantes es compleja y estos niveles de organizaciones son, sin duda, una respuesta. La necesidad de que se derogue el DNU N° 70/17 es clave y se suma a la demanda de regularización de todas las personas migrantes. Con la confianza en la lucha organizada, Mariana afirma que “Con el BTM y la Campaña Migrar no es Delito, formamos parte de la agenda 2020 qué es un espacio de diálogo con el gobierno y lo que esperamos es que en este espacio se puede avanzar con políticas públicas para las y los migrantes”.

Claudio Rodríguez, ICAL 

La sociedad chilena se ha visto fuertemente trastocada a partir del 18 de octubre de 2019. El Estallido Social marcó un quiebre definitivo con las lógicas transicionales del período pos dictatorial, dando cuenta de una fractura de dimensiones insospechadas entre las llamadas élites y la ciudadanía. Se cuestionan los 30 años desde que se inició la transición a la democracia bajo la dirección de la clase política, privilegiada y separada de la vida común de lxs chilenxs. Nos encontramos en medio de un proceso constituyente, inédito e insospechado: emerge una nueva cartografía política.

La revuelta popular es un punto de inflexión en la historia del país, reforzado con el devenir de la pandemia, iniciada el 3 de marzo cuando se detecta el primer caso e intensificada en sus efectos con el inicio del Estado de Emergencia del 14 de marzo y un posterior confinamiento que amenazaba con adormecer la movilización social.

En un inicio, la pandemia pareció una oportunidad para un gobierno fuertemente debilitado y deslegitimado. La gran marcha del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, con la asistencia de 2 millones de mujeres, dejaba al gobierno en un mal pie, sin capacidad de respuesta política ante el fortalecimiento que esta masiva manifestación representaba para el proceso de protesta social que se había abierto en el denominado “octubre rojo”. Un gobierno amenazado, sin capacidad de conducción, que se sostenía frágilmente en el acuerdo político del 15 de noviembre cuando los partidos de derecha y una parte de la oposición habían definido darle salida al conflicto que amenazaba al gobierno, a través de un acuerdo cupular que intentaba canalizar la demanda social y el proceso constituyente puesto en marcha por la ciudadanía, para poder cambiar la constitución de 1980 por una construida –por vez primera en la historia de Chile- democráticamente.

La pandemia representó la última oportunidad para la derecha de retomar la agenda de gobierno, pero sus respuestas tardías y anquilosadas en la ortodoxia neoliberal terminaron por subsumir al gobierno en un mayor descrédito, al no poder dar una respuesta adecuada a las demandas sociales y económicas generadas por la crisis sociosanitaria. Aparece reforzada la necesidad de avanzar en el camino de una nueva Constitución.

Medidas insuficientes para enfrentar la pandemia

El ejecutivo ha llegado mal y tarde para responder a la crisis, desconectado de la realidad. No ha existido relación entre la pertinencia de la respuesta y la magnitud de la crisis. El hambre y la falta de ingresos se han constituido en una amenaza de primer orden para el pueblo. El Instituto Nacional de Estadísticas da cuenta de que el desempleo ha llegado al 12.2% en el trimestre abril-junio, casi el doble más de los que existía al término del gobierno de Michelle Bachelet.

Al 1,8 millón de empleos perdidos deben sumarse alrededor de 700 mil trabajadores que están con suspensión laboral, acogidos a la ley de protección del empleo. Esta ley, de corte neoliberal y aprobada en la fase inicial de la pandemia, permite el uso del seguro de cesantía para evitar -con fondos de los trabajadores- la quiebra o una crisis de las empresas. A estas cifras debe agregarse aquella fuerza laboral que no busca empleo. En total, alrededor del 30% de la fuerza laboral está en plena crisis y luchando por la sobrevivencia cotidiana.

La respuesta del gobierno ha sido un conjunto de medidas de corte neoliberal que, bajo la trasnochada lógica de la hiperfocalización, y un discurso de una Red de Protección Social que solo ellos logran vislumbrar, buscó privilegiar el bienestar de las empresas, cargando en definitiva sobre los hombros de los propios trabajadorxs los efectos de la crisis.

A la ya mencionada ley de protección el empleo, podemos agregar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que en sus distintas versiones (IFE 1 en mayo, IFE 2 en junio y una reciente tercera versión aprobada el 31 de julio, que busca aumentar coberturas y simplificar las postulaciones) ha sido insuficiente para que las familias más pobres puedan evitar el hambre y mantener condiciones de confinamiento real para que no deban movilizarse para obtener ingresos. El criterio de focalización termina dejando fuera a muchas de las familias que debieran recibir apoyo, y cuando éste llega, se hace insuficiente, ya que el ingreso está alrededor de un 15% por debajo de lo que un hogar necesita para estar sobre la línea de la pobreza. s grave aún, se ha ignorado alrededor de 1 millón de hogares que requieren apoyo, con un déficit de cobertura en una situación de emergencia social única en 100 años.

Ello provocó en mayo las llamadas “Protestas del Hambre”. En distintos puntos del país, miles de personas y organizaciones sociales empezaron a manifestarse rompiendo las condiciones de cuarentena para exigir respuestas por parte del gobierno que, manteniendo la ortodoxia neoliberal, proponía como gran solución el acceso a créditos blandos, sin interés, para que la gente pudiera tener acceso a recursos para sobrevivir la pandemia.

Esta lógica de sobreendeudar a la población y hacerla cargar con el costo de la crisis provocó el rechazo mayoritariamente abrumador del gobierno. Ello, sumado a la oposición del gobierno ante la propuesta del retiro de fondos de las AFPs para paliar la crisis, generó un complejo cuadro de gobernabilidad. Según una encuesta, La aprobación al Presidente Piñera sigue el descenso iniciado en mayo, llegando en julio a un 12% de aprobación, porcentaje equivalente a los meses post estallido social del octubre. La marcada distancia con el proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales le pasó la cuenta a un gobierno que ya venía cuestionado por el manejo de la crisis sanitaria, particularmente con la transparencia en torno a las cifras” (La Tercera, 5/8/20).

El quiebre de la derecha

Inclusive dentro del propio sector oficialista el gobierno fue perdiendo apoyo. Hay un debate creciente dentro de la derecha entre lo que se ha denominado una “derecha social” y una “derecha económica”. Esta última ha tenido predominio en la esfera política en las últimas cuatro décadas. Surgida a partir de la mirada que provocó la revolución neoliberal en contexto de dictadura, mantuvo su hegemonía en el período de transición para encauzar dicha etapa desde su rol opositor, pero habría demostrado su poca capacidad de gobernar al responder a las demandas sociales con respuestas economicistas que no logran hacer sentido común con una ciudadanía más crítica y que hoy demanda soluciones políticas resituando al Estado como un actor clave en asegurar mayores condiciones de protección y bienestar.

Emerge una corriente más “social” en la derecha que mira con recelo el apego irrestricto y la sobreideologización economicista que ve la subsidiariedad como un dogma. Esta mirada extremadamente sesgada y principista sobre el neoliberalismo, mayoritaria de la derecha, es criticada desde dentro. En palabras de uno de los nuevos referentes intelectuales de la derecha, el académico Hugo Herrera, esta crítica es al economicismo, no a la economía – a la reducción de la política a la economía, según la idea de Friedman y sus legitimarios chilenos. El economicismo “pervierte la política. En él, la política ya no puede dirigirse eminentemente al despliegue de todos los aspectos de los miembros de un pueblo, su faceta individual y comunitaria”.

Así, acá encontraríamos una de las diferencias político ideológicas de la clase dominante, dentro de la cual se fragmenta el apego a la doctrina más dura del neoliberalismo. Es un proceso que merece ser observado de cara al cuadro político que se abre.

“El pueblo ayuda al pueblo” y el retiro del 10% del fondo de pensiones

Al calor del cuestionamiento a la institucionalidad y el modelo neoliberal subyacente al estallido social de octubre de 2019 se fue configurando un proceso de rearticulación y politización de las fuerzas populares que ha ido tomado una fisonomía particular en el marco de la pandemia.

En el marco de la crisis generada a partir de los problemas económicos que devienen de la contracción productiva, han surgido diversas respuestas, ampliando las experiencias de organización desde el mundo social, sindical y territorial a partir del inicio del proceso constituyente abierto el 18 de octubre del año pasado, como los cabildos ciudadanos y las asambleas territoriales. A ello, se suman las experiencias que han tenido los movimientos estudiantiles, sindicales, ecologistas y feministas en los últimos lustros, que hoy encuentran anclaje territorial.

Quizás la más reconocida son las Ollas Comunes, como respuesta al problema del hambre, impulsadas por las organizaciones sociales, sindicales, asambleas y cabildos. Se trata de una respuesta efectiva que recoge la memoria organizacional del pueblo. Al entregar alimentación a los sectores afectados, simbolizan un imaginario crítico y contracultural a las lógicas neoliberales que han imperado en las últimas décadas y desde las cuales el gobierno construyó respuestas insuficientes.

Bajo el slogan de “el pueblo ayuda al pueblo” se ha ido conformando un imaginario

político nuevo que da cuenta de una forma distinta de abordar la crisis, donde junto a las miles de ollas comunes aparecen variadas respuestas solidarias de apoyo en asistencia social, compra de insumos y equipamientos básicos para enfrentar la crisis como la entrega de pañales, insumos sanitarios y camas. Otros más promocionales como la compra de insumos básicos de forma colectiva (comprando juntos), cooperativas orientadas a la subsistencia, el desarrollo de huertas comunitarias e incluso la asistencia en materia de violencia intrafamiliar y cuidados.

Junto a esta multiplicidad de acciones, ha tenido una gran repercusión la movilización ciudadana generada en torno al retiro del 10% del fondo de pensiones. Esta aparece como una forma de encontrar una respuesta concreta a las necesidades económicas producto de la pérdida o disminución de ingresos y de las respuestas insuficientes del gobierno, denotando la ausencia de un Estado protector de la población.

Ante la propuesta de retiro del 10% de los fondos de pensiones, presentada por sectores de la oposición en el Congreso, se articuló una fuerte campaña de terror desplegada desde los grupos económicos, encabezados por la propia Confederación de la Producción y el Comercio y la Asociación de AFPs, que logró alinear al gobierno y a la mayor parte de la derecha.

Ante la ausencia de la iniciativa legislativa por parte del ejecutivo, que en materias de seguridad social es atribución del Presidente según la constitución política, la salida fue promover una reforma constitucional que permitiera por vez única y en el escenario de crisis, sacar parte de los fondos de pensiones.

La iniciativa encontró un apoyo abrumador por parte de la ciudadanía, así como logró unir a la oposición. La encuesta de CADEM –encuestadora asociada a sectores de derecha- previa a la aprobación del retiro, indicaba que el 86% de la población apoyaba sacar el 10%, así como indicaba que el 51% lo usaría para la compra de alimentos o insumos básicos. Ello fue generando una mayoría que empezó a expresarse también en el parlamento en el momento de la discusión de la reforma constitucional.

La propuesta representaba para los sectores dominantes una amenaza a la institucionalidad. Paradójicamente los argumentos señalados para trabar la iniciativa fueron construidos con un discurso que se alejaba del neoliberalismo que proclaman. De esta manera, se señaló que ello implicaba trastocar los principios de la seguridad social; que era el Estado quien debía dar respuesta a la crisis y que ésta no tenía que salir de los fondos de los propios trabajadores y trabajadoras, afectando su futura pensión. También se señaló que representaba una política regresiva, que favorecería a sectores más acomodados que no requerirían apoyo. Adicionalmente, se remarcaba que podría generar una gran crisis en el sistema financiero al retirar cerca de 20.000 millones de dólares que harían que las inversiones decayeran afectando la imagen país, lo que generaría un marco de inestabilidad que afectaría la economía – una perfecta película de terror que no amilanó el sentir de la población, desconfiada hacia los discursos del empresariado y el gobierno.

La ciudadanía, en tanto, veía el retiro de fondos no solo como una medida eficaz, sino que representaba un acto de justicia haciendo suyo lo que por cerca de 30 años el discurso neoliberal había señalado para, entre otras cosas, evitar una reforma de fondo al sistema de capitalización individual que sostiene el sistema financiero en Chile; se señaló de forma permanente que los fondos de pensiones son de los trabajadores y ninguna reforma puede tocar fondos que les pertenecen. Cuando la ex presidenta Bachelet propuso el aumento de la cotización y la creación de un pilar colectivo (de reparto) la respuesta de la entonces oposición neoliberal fue que ello era meterle la mano al bolsillo de la gente.” Ahora, la gente iba por lo suyo.

Fue el propio discurso neoliberal el que permitió correr el cerco al principal nudo del sistema económico chileno como es el sistema de pensiones. El día de la votación en la cámara de diputados hubo una gran movilización ciudadana, caceroleos que se escucharon a lo largo de todos los rincones del país, dieron cuenta de la presión existente al mundo político para aprobar la reforma, lo que encontró eco finalmente en propios legisladores de derecha que, desoyendo al gobierno y a los grupos económicos que los sustentan, apoyaron la iniciativa logrando los 3/5 del quorum necesario. Ello, en medio de un gran debate sobre los riesgos que significaría que se rechazara la propuesta con la posibilidad que se produjera un segundo estallido social en plena pandemia. Estos legisladores fueron tildados de “populistas”, en el mejor de los casos, y “traidores”, en la mayoría de las acusaciones. Finalmente, cuando la discusión fue aprobada por la Cámara de diputados y pasó al Senado, éste la aprobó con un quorum mayor a los 2/3, lo que hacía inviable un veto por parte del presidente de la República.

En tanto, desde distintos sectores de oposición el retiro de fondos aparecía como una mala política pública, pero necesaria de realizar ante la ausencia de respuestas por parte de la autoridad. Representaba una medida que si bien no tocaba necesariamente el modelo de pensiones impuesto en dictadura, respondía a las aspiraciones de una ciudadanía necesitada y que ahora, pos estallido social, estaba empoderada.

Permitió en lo político ordenar a una oposición que pudo encontrar una respuesta unificada ante la demanda ciudadana, logrando una sintonía importante con ésta, la que parecía perdida ante decisiones de la tecnocracia neoliberal que dieron la espalda a las demandas populares en numerosas ocasiones.

La paradoja del propio neoliberalismo como escenario para su superación

Es importante dar cuenta de lo que aparece como una paradoja: mientras por una parte el retiro del 10% aparece como un triunfo popular o ciudadano, por otra se muestra como una consolidación de un ethos neoliberal presente en la población. Ello es necesario de considerar en el contexto de cambios y la posibilidad que el proceso constituyente representa para salir del neoliberalismo y pensar en un modelo de desarrollo pos extractivista.

En el caso del sistema de pensiones, éste ha sido un sostén del modelo neoliberal en Chile, y es necesario de transformar para poder construir un sistema real de seguridad social en el marco de un nuevo modelo de desarrollo. No obstante, la duda es si este triunfo ciudadano abre realmente la posibilidad de una transformación de fondo del sistema de pensiones. Así lo refleja la encuesta de julio de Data Influye, donde el 52% de los encuestados responde que bajo ninguna circunstancia pondría a disposición fondos individuales para un sistema de pensiones que incorpore mecanismos de reparto.

Para algunos actores esto representaría una suerte de paradoja pues no se toca el modelo. Daniel Mansuy, académico y analista de cuño más bien liberal, señala que buena parte del progresismo aspira a realizar cambios muy profundos en el país; pero, sin advertirlo del todo, estaría horadando las condiciones de posibilidad de esos cambios. En este sentido, la izquierda habría apelado al derecho de propiedad como argumento central para defender el retiro de fondos, lo que trabaría cualquier propuesta futura que busque introducir mayores grados de solidaridad al incremento de las tasas de cotización.

A nuestro entender, si bien no puede entenderse a priori como una medida que signifique un triunfo anti neoliberal, ya que no ataca el modelo, sí representa algo de enorme relevancia política: ataca el poder. Da cuenta de la posibilidad de transformación del poder popular y ciudadano en el Chile actual, entrando a un nuevo cuadro político en las formas de tomar decisiones, que habían sido hegemonizadas por representantes populares que han sido correa transmisora de los grandes grupos económicos.

Finalmente, la pandemia ha devenido en una oportunidad perdida para la derecha que desaprovechó su última posibilidad de recuperar una legitimidad perdida y cuestionada. Ello contrasta con una reafirmación de las potencialidades de un pueblo que emerge como un actor que no podrá ser dejado de lado a la hora de las grandes decisiones de futuro.

Asistimos a la retirada de la técnica económica neoliberal, la cofradía de los expertos, y la vuelta de la política como espacio articulador de los sentidos y proyectos societales que están en disputa desde el 18-O. Este es el espacio de reconstrucción que se abre para los sectores anti neoliberales y aparece como el principal desafío para la diáspora opositora para encontrar un espacio de encuentro que, al calor del proceso constituyente y con el protagonismo ciudadano y popular, pueda pensar en superar el dogmatismo neoliberal que ha dominado la esfera política y social en el Chile de los últimos 40 años. Finalmente, el pueblo va abriendo los espacios de transformación político social del Chile del siglo XXI.

Un escenario político en disputa.

En este complejo e insospechado cuadro político y social emergen distintas posibilidades de desarrollo y proyección del proceso y sus efectos en la correlación de fuerzas y alianzas existentes. Por una parte, el atrincheramiento de la derecha más dura, que se apega a la ortodoxia neoliberal: Ella, de raigambre pinochetista y fascista, se aglutinará mayoritariamente en torno a la opción Rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. No es descartable que estos sectores, minoritarios, pero fácticos y con mucho poder en tanto agrupa al gran empresariado, buscarán las formas de deslegitimar el proceso constituyente. Al calor de la pandemia y la crisis sanitaria en curso, incluso intentarán postergar el plebiscito buscando resolver la crisis dentro de los marcos institucionales actuales que se abren en el cronograma electoral el año 2021. Ello permitiría dar atribuciones para redactar una nueva constitución al parlamento que se elija, evitando el camino de una instancia propiamente constituyente, soberana, como lo es una asamblea o convención constitucional plenamente electa por el voto popular.

Otro sector mayoritario, muy diverso y contradictorio, y que incluye sectores de derecha, apoyará la opción Apruebo, pues comparte el diagnóstico que es a través de un nuevo contrato social la forma de lograr por una vía dialógica y democrática nuevos marcos institucionales que permitan canalizar la expresión y los derechos de los ciudadanos en el marco de una convivencia social legitimada.

En este escenario, creemos la pandemia ha venido finalmente a reforzar los elementos que provocaron el estallido social, develando el carácter limitado y deslegitimado de nuestra democracia e institucionalidad actual, así como la profunda desigualdad y problemas sociales incubados al calor de los 30 años de predominio neoliberal.

En este contexto, será relevante cómo se dilucide finalmente la fragmentación o quiebre en que se encuentra actualmente la clase dominante. Ella se expresa en términos políticos en la disputa que se da al interior de la derecha entre los sectores más conservadores y dogmáticos y aquellos que quieren avanzar a la conformación de una nueva derecha, que sea capaz de interpretar a la ciudadanía construyendo espacios desde una esfera social y cultural y no solo económica.

Por su parte, la oposición tendrá un devenir cuyo derrotero no está escrito. Hoy, en torno al mal manejo de Piñera y su gobierno con la pandemia, particularmente al calor de la discusión sobre el retiro de fondos previsionales, ha encontrado un espacio de entendimiento y sintonía ciudadana que le ha hecho salir de la irrelevancia política. No obstante, la diversidad de su composición ideológica y política hace complejo aventurar una articulación más amplia de cara a ser una alternativa mayoritaria de gobierno.

Quien se visualiza como candidato mejor posicionado es el comunista Daniel Jadue, con alta valoración ciudadana a partir de su gran gestión como alcalde del municipio metropolitano de Recoleta. No obstante, Chile aún tiene altos grados de anticomunismo, lo cual hace que esta posibilidad concreta, que cuenta con apoyo ciudadano y que promueve una salida de corte popular y anti neoliberal, sea posible pero compleja. Si la elección fuera hoy, probablemente abrían sectores que, incluso habiendo compartido el gobierno de Bachelet con los comunistas siendo parte de la alianza que la apoyó -la ex Nueva Mayoría-, no se sumarían a un programa de carácter anti neoliberal encabezado por un comunista. En este orden de cosas, también podría emerger alguna alternativa por parte del Frente Amplio, nuevo referente de la política nacional surgido mayormente del movimiento estudiantil de 2011 que, si bien representa un cambio generacional importante y contiene un importante sector anti neoliberal, aún se debate en la búsqueda de una identidad y rumbo político, representando una gran variedad de sensibilidades políticas e ideológicas que están aún en proceso de definición. Así, la rearticulación de la izquierda, que incluye a sectores socialistas que se han desmarcado del giro socialdemócrata del partido socialista, aparece como una tarea política de primer orden, de cara a avanzar en un proceso de acumulación de fuerzas que se oriente a superar el neoliberalismo.

Tampoco aparecen liderazgos en la socialdemocracia y sectores del social cristianismo, probablemente nombres y sectores desgastados ante la ciudadanía y que representan mayormente un imaginario político de continuidad de la ex Concertación y su política de los consensos con la derecha, que finalmente consolidó el neoliberalismo en la pos dictadura. Aún en proceso de recomposición, estos sectores se debaten entre quienes defienden con orgullo lo realizado en la transición y aquellos más críticos, que buscan nuevos espacios de articulación social y política en el Chile de hoy.

Así, la disputa política en Chile para la(s) izquierda(s) en Chile representa un gran desafío. El canto enarbolado por las masas en torno a “Chile Despertó” ha abierto una posibilidad como nunca antes vista de poder avanzar hacia una sociedad pos neoliberal. Si bien existen espacios con sentido unitario y de relevancia en este proceso como lo es Unidad Social (que ha agrupado a la Central unitaria de trabajadores y distintos movimientos sociales como No + AFP y la coordinadora 8M), se requiere redoblar esfuerzos de articulación que recojan la experiencia y potencia transformadora del estallido social.

En este escenario se hace imprescindible y estratégico trabajar en dos frentes. Primero, apoyar sin ninguna vacilación y con todas las fuerzas el triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito, evitando que la crisis sanitaria devenga en la suspensión de éste y en cualquier tipo de acuerdo que busque una salida distinta a la expresada por el pueblo en estos últimos meses. Un segundo aspecto es fortalecer su vinculación territorial de cara al proceso constituyente. Poder ser parte y levantar el discurso de la multiplicidad de actores presentes en los territorios, en los comedores populares, ollas comunes, asambleas y cabildos, iniciativas solidarias y de apoyo social de las propias organizaciones vecinales, adquiere un carácter estratégico en el proceso de transformación del neoliberalismo en Chile. No se trata solo de ser representantes de esa expresión, sino también de abrir espacios de expresión y participación vinculante y protagónica que permita que esa diversidad de experiencias y discursos tengan espacio real de incidencia en el proceso constituyente.

En tanto, en este escenario no se puede dejar de mencionar a un actor que será clave en este proceso constituyente en desarrollo. Nos referimos al movimiento social y ciudadano que hoy recoge la experiencia de las distintas movilizaciones que contienen una crítica al modelo, iniciadas desde 2006 con la movilización de los estudiantes secundarios, conocida como la “revolución pingüina”, con una primera señal clara de ruptura entre institucionalidad y sociedad a partir de del movimiento estudiantil de 2011. A ello se suman hoy el movimiento feminista, y No +AFP que, entre otros, contienen una multiplicidad de demandas y propuestas construidas a partir de la crítica al modelo patriarcal capitalista y neoliberal.

Esta tarea implica redoblar su presencia y trabajo en el mundo territorial, así como en las organizaciones sindicales y de cesantes de forma de poder ir construyendo una confluencia político social en el plano local y territorial. Cualquier salida a la crisis político institucional más grande desde el término de la dictadura ya no será posible sin el pueblo y, sin las mayorías sociales, ciudadanas y populares perderá legitimidad y sostenibilidad. La disputa por la salida anti neoliberal está abierta por el propio andar y las demandas del pueblo expresadas a partir del 18-O. Esa es la posibilidad y desafío en curso.

El estallido social, en perspectiva de construcción de una alternativa al neoliberalismo desde la(s) izquierda(s), puede verse como una derrota cultural parcial del neoliberalismo, pero para consolidarlo requiere del despliegue de un proyecto de largo plazo, con propuesta de crecimiento y sostenibilidad económica, y donde la variable ecológica debe ser central. Desde esta perspectiva un desafío relevante será lo que se puede denominar disputa del sentido común. Este se ve como uno de los límites de las experiencias de los gobiernos de izquierda, como dice Álvaro García Linera. A ello debe sumarse como componente central las demandas y actoría del movimiento feminista y de los pueblos indígenas.

En el caso chileno, la tarea es enfrentar el ethos neoliberal que aparece consolidado en buena parte de la ciudadanía tras 40 años de neoliberalismo. En este sentido, creemos que la posibilidad de superación del neoliberalismo y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo requerirá de un fuerte y sistemático proceso de pedagogía y práctica política contracultural que recoja el ethos solidario que surge desde las experiencias de articulación y organización social que se han desplegado desde el estallido social. Canalizar esa fuerza social y cultural será un desafío para los sectores progresistas en el proceso constituyente, una vez triunfe –como creemos y esperamos- la opción Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

 

Referencias bibliográficas

Herrera, Hugo, Los caminos ideológicos de la derecha chilena. CIPER académico, julio de 2020.

Garcés, Mario, Estallido Social y una Nueva Constitución para Chile, LOM ediciones 2020.

García Linera, Álvaro, “El Futuro de la izquierda y la dignidad humana”, en:  Las sendas abiertas de América Latina. Aprendizajes y desafíos para una nueva agenda de transformaciones. Daniel Filmus y Lucila Rosso (comp.), CLACSO 2019, pp. 177-203.

Garretón, Manuel Antonio, La Gran Ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI, LOM ediciones 2016.

 

#CoronaChronicles | Feminismos en América Latina

En los barrios populares del área metropolitana de Caracas, sostener la vida en cuarentena añade aún más dificultades cotidianas de las que ya existían. Sobre las mujeres recaen las tareas de conseguir agua, gas, alimentos. También se ocupan de la educación de sus hijes. En tiempos de confinamiento, no hay posibilidades de reuniones físicas ni virtuales pues no cuentan con internet. La participación activa se dificulta en las organizaciones que intentan construir apuestas colectivas a la crisis.

Desde un barrio de Petare, Sandra del Toro del Comités de Tierra Urbana cuenta su historia.

 

#CoronaChronicles | Feminismos en América Latina

En Ecuador, durante la pandemia, la producción campesina ha continuado y ha sostenido la alimentación de las familias en las ciudades. Las mujeres indígenas trabajan la tierra, educan a sus hijos y comercializan productos para que quienes viven en las urbes pueda acceder a alimentos. Las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas han asumido la defensa de los derechos, en un marco de solidaridad entre el campo y la ciudad.

Patricia Yallico del pueblo Waranka del Ecuador así lo relata.

 

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De acuerdo con cifras oficiales, en México cada día son asesinadas 10 mujeres y 7 de cada 10 han vivido violencia al menos una vez en la vida. En el estado de Veracruz la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres está por encima de la media nacional. Hasta abril de 2022, hay registrados 29 feminicidios y 420 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, que afectan principalmente a mujeres y niñas. En los dos primeros meses de confinamiento, aumentó 78% de la atención en refugios para mujeres violentadas. Las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar son de 155 por hora. En marzo, en Veracruz hubo 37 por ciento más de estas llamadas.

En este escenario, mujeres y colectivas impulsan campañas de acopio en solidaridad con mujeres embarazadas y madres. Utilizan espacios públicos y redes sociales para denunciar la gravedad del problema, para llamar a la solidaridad con las víctimas y exigir que las autoridades del estado cumplan con sus obligaciones de prevenir y hacer justicia.

Esta es la crónica de Marea Verde Altas Montañas, Kalli Luz Marina, Cihuatlahtolli y Ko’olelm en la voz de Amanda Ramos.

 

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Una de las consecuencias que dejó la pandemia fue el aumento de la carga de trabajo de las mujeres, especialmente de las mujeres negras, que están en la base de la pirámide de la desigualdad social brasileña.  A pesar del abandono del gobierno, los grupos de mujeres negras de todo el país están ampliando sus acciones de solidaridad y resistencia frente a la pandemia para garantizar la seguridad, la salud y la alimentación.

Esta es nuestra crónica en las voces de Aline Reis, del Instituto PACS, y de la socióloga y activista de Mahin, Vilma Reis.