La crisis económica que arrastra la pandemia tiene múltiples caras. Una de ellas, fundamental, es la crisis habitacional. En estas semanas, a gran velocidad, muchxs trabajadorxs vieron reducidos sus ingresos de manera drástica y los alquileres y los servicios básicos se empiezan a acumular impagos, en forma de nuevas deudas.

Lo que queda claro es que el imperativo #QuedateEnCasa como fórmula de protección se revela no tan sencilla de cumplir para todes. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional como el ingreso familiar de emergencia (IFE) junto con la prohibición de los desalojos y el congelamiento de alquileres buscan dar respuesta a esta situación. Sin embargo, los desalojos siguen produciéndose, evidenciando la falta de mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. De este modo, el aumento de deudas por alquileres plantea situaciones de violencia en el día a día.

Como venimos diciendo desde los feminismos, el endeudamiento público, acelerado exponencialmente en lo últimos cuatro años, se tradujo en políticas de ajuste que se derramaron en los hogares como deuda doméstica. Así, junto a la inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de subsidios y salarios, se volvió necesario el endeudamiento para acceder a los bienes más básicos como alimentos y medicamentos.

La deuda de los hogares es una bomba de tiempo en las vidas precarias. Hoy, la deuda por razón de la vivienda expresa toda su violencia propietaria en el abuso directo de dueños e inmobiliarias que aprovechan la situación crítica para amenazar, amedrentar, no renovar contratos o directamente desalojar a inquilinxs. Esta es una situación que se agrava aún más cuando se trata de mujeres con hijes, lesbianas, travestis y trans, traduciéndose en formas directas de violencia de género.

Pero esa violencia propietaria también se recrudece en el mercado inmobiliario informal, cuando las casas son habitaciones de hotel o cuartos alquilados en una villa o casas compartidas en asentamientos, donde en general no hay contrato ni recibo de pago de por medio, pero los costos y el ajuste inflacionario de los montos son iguales o mayores a los que implica el alquiler de un departamento pequeño.

Estas deudas, además, pretenden confiscar desde ahora ingresos a futuro: sean sueldos prometidos para el fin de la pandemia, subsidios o, más directamente, obligan a la toma de nuevas deudas con circuitos familiares e informales. Esto también se convierte en un botín para las financieras que están comprando deuda para más adelante ejecutar las propiedades.

No es casual que los barrios que hoy son noticia por el aumento exponencial de los contagios sean las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde la crisis habitacional es una prioridad de la agenda política de sus habitantes. En el caso de la villa 31 y 31 bis, en pleno centro porteño, hace años que las organizaciones sociales vienen denunciando que el Gobierno de la Ciudad no avanza en una urbanización real de esos territorios.

De modo más concreto, la Asamblea Feminista de la villa 31 y 31 bis ha visibilizado los mecanismos de desalojo encubierto a través de deuda que plantea la urbanización, a base de relocalizaciones compulsivas y viviendas nuevas construidas con pésimos materiales que se propagandizan como modelo de modernización del barrio.

Esa misma Asamblea Feminista lo ha dicho de modo claro esta semana en la comunicación de una serie de placas donde explicaba, por ejemplo, que la recomendación “Mantenga el distanciamiento social” es imposible cuando hay más de 40 mil personas que viven en situación de hacinamiento, o que la medida básica de lavarse las manos es impracticable cuando no hay agua en el barrio desde hace una semana.

Otras compañeras dudan de ir a consultas médicas por miedo a que las desalojen mientras van y vuelven al hospital; otras directamente saben que cualquier rumor de sospecha que se haga correr sobre su salud las hará pasibles de chantajes de aumento en lo que pagan, por su supuesto “riesgo”.

Así, además de la mayor cantidad de denuncias por violencia de género que se constata desde el inicio de la cuarentena, debemos sumar la violencia de género de quienes quedan rehenes de sus locadores, sean en el mercado inmobiliario formal o informal, especulando en medio de la desesperación y la angustia, precarizando la vida a niveles ya insostenibles. Ser inquilinx hoy es estar endeudadx. Estar endeudada es quedar obligada a formas más precarias de trabajo y, ahora, a la violencia doméstica se agrega la violencia de género marcada por el abuso propietario.

Sabemos que para muches, la deuda es la antesala del desalojo y, a la vez, la manera de aplazarlo, de postergarlo. Para muches quedarse sin el lugar donde vivir implica irse a vivir directamente a la calle o recaer en casas violentas, de las que han logrado escaparse. Para muches, implica recargar a familiares y producir situaciones de mayor hacinamiento y precariedad.

Esta semana, la organización Inquilinos Agrupados hizo público el aumento de los llamados de inquilinas denunciando situaciones de abuso, maltrato y desalojos violentos. Junto al colectivo NiUnaMenos se reclamó, en un texto compartido, que la casa no puede ser un lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria porque la vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio y porque hoy no es obvio que las casas son lugares seguros para todes.

Se cruzan, de nuevo, en la casa algunos dilemas clave: una des-romantización de que sea un lugar-refugio para todes como ha dejado en claro el feminismo y, a la vez, que unos pocos metros cuadrados hoy cuestan casi un sueldo completo (o todo lo que hay que hacer para “juntar” su equivalente), por causa de una desregulación inmobiliaria que permite excesivos niveles de rentabilidad.

La huelga de alquileres es una medida que está tomando fuerza en varias ciudades del mundo, como parte de una crisis habitacional causada por la colonización del suelo y la vivienda, por parte de grandes fondos financieros.

Queda planteada entonces una agenda común de los feminismos y las organizaciones sociales para extender en el tiempo medidas pensadas de manera transitoria como la prohibición de desalojos y de exigir y asegurar su cumplimiento ya mismo. También la implementación de políticas de desendeudamiento para inqulinxs y de urbanización real de los barrios porque la deuda no puede ser el modo de atravesar la crisis y porque no podemos salir de esta crisis más endeudades.