El hidrógeno «verde», una falsa solución

Lucio Cuenca, desde Chile

El hidrógeno «verde», una falsa solución

Cómo Alemania impulsa una «estrategia de descarbonización y transición energética que no es propiamente de Chile», según Lucio Cuenca, de OLCA. Se quiere crear la imagen de una minería más «competitiva» y «sustentable».

Entrevista: Elisangela Soldateli Paim, FRL

Chile es uno de los pocos países del mundo que posee una estrategia nacional de hidrógeno «verde». El país también es uno de los líderes globales en lo que hace referencia a los proyectos pilotos para la producción de este combustible. El creciente interés en torno a la producción y exportación del hidrógeno «verde», entre otros, se promueve desde Alemania en cooperación con el Ministerio de Energía de Chile y la Corporación de Fomento y Producción (CORFO). Colaboración que también está asociada al desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el transporte de la gran minería, en un marco de «enverdecer» la megaminería, por ejemplo, de cobre y litio.

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Para entender el avance de los proyectos energéticos en Chile, especialmente en torno al hidrógeno verde y sus impactos socioambientales y, también, las posibilidades de cambio del modelo extractivo en el contexto político del actual proceso constituyente, entrevistamos a Lucio Cuenca Berger, ingeniero de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), organización coparte de la Fundación Rosa Luxemburgo. Lucio fue también candidato a constituyente como Independiente Socioambiental por el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).

 

FRL: ¿En qué marco se da la concepción de la política energética que posibilita la inclusión del hidrógeno verde en Chile?

Lucio Cuenca: El presidente Sebastián Piñera, en su discurso de Cuenta Pública[1] al país en julio del 2020, dijo “Chile puede transformarse en una potencia de exportación de energía y muy especialmente con las promisorias perspectivas que ofrece el hidrógeno verde que puede transformarse en una fuente de desarrollo y exportación más poderosa que la minería en nuestro país”. Fue la primera vez que una alta autoridad de gobierno explicita el rol y la apuesta por el hidrógeno verde en la política energética y exportadora.

Organismos internacionales vienen creando condiciones y justificación para que esta estrategia se priorice en Chile, como la Agencia Internacional de Energía («El futuro del hidrógeno», 2019) que ha dicho que Chile tiene condiciones para producir hidrógeno verde con los costos más bajos del mundo (< 1,60 US$/kg.). Por otra parte, el Consejo Mundial de la Energía de Alemania (Weltenergierat – Deutschland e.V.),  refiriéndose al potencial de producción de energía renovable, nombró al país como el «Campeón Oculto» en su informe de 2018.

Es interesante notar que ya en 2017 el Washington Post denominó a Chile como “la Arabia Saudita de las renovables” asimilando el potencial de energía renovable de Chile con las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. La producción de hidrógeno verde por electrólisis, requiere energía eléctrica de fuentes renovables, donde Chile tendría los potenciales más importantes del mundo.

Hemos visto que el interés en hidrógeno verde, entre otros, se promueve desde Alemania, por la GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), inicia un trabajo en conjunto con el Ministerio de Energía de Chile y la Corporación de Fomento y Producción (CORFO), especialmente orientado en la minería por el uso intensivo de energía en una actividad extractiva tan relevante para Chile. Desde 2017 se desarrollan dos proyectos de investigación cofinanciados en transporte de la gran minería. La GIZ también fue fundamental organizando los primeros seminarios internacionales sobre hidrógeno en Chile que tuvieron lugar en mayo de 2017 y septiembre de 2018, llamando la atención de personeros claves en el gobierno, la industria y el mundo académico. El Ministerio de Energía, con el apoyo de la GIZ, así como las organizaciones nacionales e internacionales, está trabajando en un marco normativo oficial para el mercado de hidrógeno.

Este proceso tiene un punto relevante con la creación de la Asociación Chilena de Hidrógeno[2], H2 Chile, en enero de 2018,  con el objetivo de fomentar la producción de hidrógeno en Chile y  acelerar la transición energética de la mano con la producción y exportación de hidrógeno verde.

Chile es el primer país de Latinoamérica en tener una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, publicada en noviembre de 2020 por el Ministerio de Energía. El hidrógeno verde está en una etapa incipiente, con proyectos piloto todavía en desarrollo. Si bien se informa que esta estrategia fue el trabajo de la colaboración entre las empresas, la academia, “la sociedad civil” y el sector público, que se habrían desarrollado mesas técnicas y talleres ciudadanos, lo cierto es que los involucrados en su mayoría son parte interesada en el negocio energético y extractivo, y no hubo consulta pública al respecto.

Actualmente en Chile se encuentran dos proyectos de hidrógeno verde en desarrollo y una convocatoria en curso para nuevos proyectos. Chile tiene una capacidad instalada de generación de electricidad más del doble de su demanda, además está llegando a una capacidad instalada de 20% de energía renovable, desde ya se podría iniciar una transición de descarbonizar la matriz sin afectar sustancialmente la vida de los pueblos, e incluso de muchas cuestionables actividades económicas extractivistas. Con este escenario se puede empezar a comprender que el hidrogeno verde no es parte de una estrategia de descarbonización y transición energética propiamente de Chile.

¿Cuáles son los principales actores y los intereses involucrados en los planes de producir y exportar hidrógeno desde Chile?

En el caso chileno concurren intereses corporativos transnacionales y políticas neoliberales extractivistas proexportación. La mayoría de los intereses publico privados sobre el hidrógeno verde, hoy se agrupan en  H2 Chile, y según su presidente “Chile puede desempeñar un papel importante para ayudar por ejemplo a Alemania a alcanzar sus objetivos de transición energética”. Esto nos señala que hay países que están definiendo sus estrategias de descarbonización en función de la producción de hidrógeno verde en países como Chile. Si precisamos esto, tiene que ver con la inversión energética/minera nacional y extranjera, donde destacan empresas como Enaex, Enap, Andes Mining & Energy y Colbún, en el caso chileno, y transnacionales, como la francesa Engie, Enel Green Power, de capitales italianos y Siemens Energy, de Alemania.

Por otra parte, existe un gran interés del sector minero en asociar su expectativa de expansión al hidrógeno verde, esto tiene dos objetivos, por un lado, sortear los profundos cuestionamientos existentes por el impacto social y ambiental en los territorios, creando una imagen de una minería más “competitiva” y “sustentable”, y el segundo es generar “valor agregado” obteniendo mejores precios con el “cobre verde”. Además, es necesario mencionar que el sector de energías renovables no convencionales también apuesta a la expansión de proyectos eólicos y solares a gran escala, de la mano con producción del hidrogeno verde.

Las cifras en que se afirma este incipiente nuevo negocio extractivista están relacionadas con la cantidad de hidrógeno verde que puede ser producido en Chile. Basándose en su potencial de energía renovable, nuestro país podría producir unas 200 Mton de hidrógeno verde por año. Esto sería alrededor del triple de la actual producción mundial de hidrógeno (negro y gris, obtenidos a partir de fuentes fósiles) que, por año, es de alrededor de 70 Mton. Este potencial que parece tener Chile justifica la ampliación de la frontera extractivista de la mano con la producción de hidrógeno verde en el país.

¿Cuáles son los impactos socioambientales generados y/o intensificados por el posible avance de la producción del hidrógeno verde en el país?

Las zonas del norte de Chile, y en particular el desierto de Atacama, donde se identifican potenciales de radiación solar para generación de energía eléctrica en función del hidrógeno verde, son territorios que acumulan grandes impactos por la minería, especialmente por la sobre explotación y contaminación del agua, por contaminación del aire en ciudades, pero también por las zonas de sacrificio en áreas costeras donde funcionan termoeléctricas a carbón, fundiciones mineras y servicios de transporte minero. Por otra parte, en la Patagonia magallánica, donde se identifica potenciales energéticos eólicos, si bien existe agua en mayor abundancia, en comparación al norte de Chile, estamos en presencia de ecosistemas muchísimo más frágiles y condiciones climáticas más extremas para la vida de comunidades humanas.

Existe una tendencia en las estrechas discusiones sobre el hidrógeno verde a no hablar del agua requerida y sus impactos, de los impactos territoriales por la desalinización o por la instalación de mega campos eólicos o fotovoltaicos. Pero también, esta estrategia para enverdecer la minería se pone en función de aumentar la extracción de cobre y litio, ahora verde, sin considerar los impactos territoriales, sociales y a los pueblos indígenas.

Por lo tanto, el hidrógeno verde se plantea como la gran solución para lograr la descarbonización, pero no considera los impactos locales que generará o agravará. Finalmente serán los países de Sur global los que tendrán que sostener, a costa del bienestar de las comunidades y sus territorios, la llamada transición energética.

 ¿Qué perspectivas hay para un posible cambio de modelo energético con la situación política actual que está viviendo Chile?

En medio del proceso constituyente actual el debate propicia un cuestionamiento profundo al modelo energético de Chile. Es necesario construir socialmente el derecho a la energía en el marco de un paradigma distinto al que hoy tenemos y cuestionar estas falsas soluciones que nos plantean ante la crisis climática.

Hoy Chile atraviesa un crisis social, política, económica y sanitaria sin precedentes. Ante esto el gobierno plantea como salida de la crisis un plan de reactivación económica que implica un avance del extractivismo facilitando la implementación de distintos proyectos, principalmente del sector energético.

Por lo tanto, es fundamental que en el debate constituyente enfrentemos la crisis ecológica y social de manera conjunta, para esto es necesario terminar con el estado subsidiario y la privatización de la naturaleza, avanzar hacia un estado plurinacional reconociendo constitucionalmente a los pueblos indígenas y que se reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos, donde se ponga en valor la vida de las comunidades y los ecosistemas, sentando las bases para avanzar hacia una transición energética post-extractivista.

¿Cuáles alternativas o propuestas surgen desde los territorios, tanto en términos sociales como ecológicos para contrarrestar la imposición de modelos/políticas extractivas? 

Hoy en Chile estamos en medio de un proceso constituyente que implica un cuestionamiento profundo del modelo actual, pero este proceso comenzó mucho antes con los cuestionamientos y luchas territoriales y socioambientales, a partir de las cuales se logra poner en la discusión temas transversales como es la desprivatización del agua, el derecho a la restauración ecológica, la gestión comunitaria del agua, los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos originarios.

Son las comunidades organizadas quienes han planteado un cuestionamiento profundo a los proyectos extractivistas, dando luchas muy importantes por la defensa de sus territorios. Hoy en la Convención Constitucional hay diversas voces territoriales para llevar las propuestas de las comunidaes y así incluir en una nueva constitución las demandas históricas de los territorios, como lo son el derecho humano al agua y su gestión comunitaria, reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y avanzar hacia la autodeterminación de los pueblos.


[1] Discurso proferido anualmente donde el presidente se presenta ante el Congreso (diputads y senadorxs) para rendir una cuenta anual en aspectos políticos y administrativos.

[2] Entre las empresas socias se encuentran: Austria Energy, Aes Gener, TCI gecomp, Colbun, FRV, Cummins Chile, Enagas, Sumitomo Corporation (Chile) Limitada, Engie, Busso group, Siemens Energy (Alemania), ABB, Grupo Energy Lancuyen, Pronor Green energy, Enel Green Power, Prime energía, Enex, Antofagasta Minerals, IVM (abogados), Solek, Interenergy, Tractebel engie, RWE, Teching (ingeniería y construcción), Antuko, Andes solar, COPEC, Air Liquide, SPHERD Energy.

 

 



Fundación Rosa Luxemburgo