Estrategias para visibilizar y condenar socialmente las violencias patriarcales, coloniales, capitalistas.

Escribe Claudia Korol

Foto: primera audiencia del juicio a la justicia patriarcal. Encuentro Nacional de Mujeres de Resistencia

En los feminismos hay un debate sobre la necesidad de “otra justicia”. Hay quienes piensan en una “justicia feminista” -en términos institucionales-, y hay quienes la proponen como un conjunto de iniciativas legales, judiciales, comunicacionales, pedagógicas ´-por dentro pero también por fuera del Estado-, hay quienes miran las distintas modalidades ya existentes de “justicia comunitaria”, y quienes imaginan una “justicia del pueblo y para el pueblo”. Pero todas, todes, coinciden en que lo que hoy se llama Justicia, está siendo un factor de legitimación y naturalización de crímenes contra la vida, que abarcan desde golpes de estado hasta feminicidios, ecocidio, genocidio. 

Esto sucede en un tiempo en el que hay avances significativos en términos legislativos, que posibilitarían mayor respeto a los derechos de mujeres y disidencias, como las leyes aprobadas de Matrimonio Igualitario, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Cupo Laboral Trans. Sin embargo desde los Tribunales se emiten una tras otra sentencias antiderechos, criminalizando o estigmatizando a madres que protegen a sus hijas e hijos de los abusadores, dejando en la impunidad a feminicidas, a los policías del gatillo fácil, a quienes contaminan los territorios y dejan a pueblos enteros sin agua, sin semillas nativas, sin bosques. 

Foto: Reina Maraz en la audiencia del juicio a la justicia patriarcal

Las consecuencias son claras: crece el descrédito popular sobre la justicia. Pero con esto no alcanza. Tampoco alcanza con que sean más mujeres las que se integran en los tribunales. Muchas de ellas reproducen y sostienen la formación patriarcal y colonial recibida en las Facultades de Derecho, que refuerza el sentido común que atraviesa a toda la sociedad. Compiten con los varones de corbata por quién es más dura con las víctimas de la violencia machista y racista. Otro tanto sucede en gran parte de los jurados llamados “populares”, integrados por personas que no han recibido preparación para comprender cuáles son los derechos de las mujeres, de las disidencias, de lxs jóvenes empobrecidxs, que están en juego. Se piensa a la Justicia como revancha del poder, frente a quienes lo amenazan o cuestionan.

El control feminista y popular de las acciones judiciales requiere de cambios políticos que puedan apuntalar modificaciones radicales tanto en las leyes como en la composición de los tribunales. Es central todo lo que rodea a los procesos judiciales, como el tratamiento de los mismos en los medios de comunicación, los procesos de educación de sus actores. Esto pareciera muy difícil en un contexto donde prevalece un consenso conservador, patriarcal y racista, que se refleja pero no se agota en los resultados electorales cercanos. 

No nos referimos solamente a la situación de Argentina. El rechazo en el plebiscito chileno a la propuesta de Constitución, en cuya elaboración participaron activamente actoras y actores feministas, de pueblos originarios, de disidencias, de movimientos populares, es una de las expresiones de este movimiento de las subjetividades hacia lógicas conservadoras. En el otro extremo tenemos el plebiscito en Ecuador, donde el 59,15% de la población votó por detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuni. Una de cal, otra de arena. No hay una sola dirección de los cambios de conciencia, y por eso la acción subjetiva, la pedagogía feminista y popular, tienen mucho para hacer en el camino, tanto de ida, como de vuelta. 

No se trata de simplificar las modalidades de intervención política en las luchas por la defensa de la vida, sino de interpelar los sentidos variados que nos permiten fortalecer una subjetividad popular que defienda de manera consistente los derechos de las mujeres, de las disidencias, de las comunidades, de la naturaleza, de los pueblos. 

Foto: Bertita Zúniga Caceres y Laura Zúniga Cáceres, hijas de Bertha Cáceres y líderes de COPINH, en la audiencia de Resistencia.

Es necesario entramar una estrategia que sea simultáneamente feminista, antirracista, antiextractivista, donde nada puede estar por encima del derecho a la vida, ni la propiedad privada, ni el honor de los varones que se consideran dueños de sus mujeres, hijos, tierras y ganado, como los antiguos griegos. 

Las violencias tienen siglos de ejercicio. Son sostén y fuente de reproducción de los regímenes patriarcales, capitalistas, coloniales, adultocéntricos. Se ha vuelto un lugar común -con un contenido incluso religioso- pensar que “siempre fue así” y que “siempre será así”, llegándose incluso a castigar o cuestionar a las víctimas por haber “provocado” a los victimarios, o por no haber sabido elaborar estrategias para eludirlos. Esto en sus versiones más vulgares. En reflexiones más elaboradas, que proponen algunas académicas feministas alimentando el discurso de  sectores progresistas, también hay apelaciones a los buenos modales, para “salvar” o tender un puente de oro a los criminales. Desde este lugar, algunas de las políticas que interpelan y buscan castigo para los genocidas, feminicidas, ecocidas, son tildadas como “punitivistas”. Se considera que no es posible, desde sectores populares, proponer castigos para quienes han cometido crímenes aberrantes, debido a algunas razones que merecen ser consideradas. Una frecuentemente esgrimida, es que los castigos habituales en este sistema, suelen ser la prisión. Se sostiene con razón que las cárceles no son lugares que permitan que nadie se corrija, sino que por el contrario, son antros donde se profundiza la crueldad. Este argumento es absolutamente real, y lo compartimos. Quienes desde las experiencias de educación popular acompañamos la situación de presas y presos lo sabemos sobradamente. Pero la dificultad que se presenta, es que en el marco de este sistema, no hay otros modos de castigo que sean consistentes. No hay reparación económica que pueda significar el alivio del dolor a las víctimas o a sus familiares. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Qué significa para una mujer o travesti que fue violentada, que al violento le hagan pasar por un curso de derechos humanos? Los conceptos de reparación, están muy lejos de ser prácticas que socaven las políticas de impunidad.  

¿Qué sucede con las víctimas, cuando se refuerzan propuestas de reparación que dejan en la impunidad a los genocidas, a los feminicidas, a los ecocidas? Lo que es necesario es un ¡Ya Basta! Y la impunidad, por el contrario, les otorga poder, refuerza la hegemonía patriarcal, y favorece la repetición de los crímenes, bajo el amparo de lo aprendido: que no hay castigo. 

La impunidad ha venido sucediendo desde hace siglos. El resultado es que se considere que no existe ningún riesgo en seguir violentándonos, generándose un salvataje de los responsables de crímenes aberrantes. 

Foto: Encuentro Feministas Abya Yala Bariloche Furiloche 2023 Gente

La pregunta es: ¿cómo crear un Nunca Más potente, entrelazado íntimamente con el Ni Una Menos, con el Ya Basta de las mamás de pibes asesinados por el gatillo fácil y de pibas desaparecidas por las redes de prostitución y trata, que ponga freno a la crueldad de quienes se sienten con derecho a desaparecernos, a matarnos?

“Juicio y Castigo a los responsables” es una demanda histórica del movimiento de derechos humanos que va encontrando modos de concretarse, al mismo tiempo que cuestionamos a las instituciones carcelarias como lugares donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, y donde internamente hay un régimen jerarquizado para los presos de primera, y los/las empobrecidos/as. Será un desafío de los sectores populares proponer modalidades de castigo que impidan la repetición de los crímenes, que no sean lugares de tortura, y que por el contrario sean espacios de educación, de formación, poniendo límites claros a las posibilidades de reincidencia. 

Para ello, es necesario también que las víctimas sean parte de las propuestas de castigo, ya que son las personas expertas en su propia condición. Las comunidades, no deben perder su capacidad de agencia política. Deben ser escuchadas en sus propios términos, respetadas en sus reclamos, y escuchadas. Tienen también que intervenir en el control de estas medidas, si lo que proponemos es, fundamentalmente, un cambio de la subjetividad popular, para que no se eternice el lugar de víctimas, y se construya un rol de defensores de la justicia de los pueblos. 

Los juicios éticos, populares, feministas

En 2017 y 2018, se realizó el Tribunal Ético Popular Feminista, que formuló un Juicio a la Justicia Patriarcal (1), que tomó a experiencia del juicio ético y popular a las transnacionales realizado en 2011. Se hicieron 14 audiencias abiertas, en espacios públicos, en las que se presentaron 68 casos emblemáticos en los que la justicia patriarcal actuó legitimando violencias y crímenes cometidos por el poder machista, racista y clasista. 

En la Sentencia elaborada por ese Tribunal, se consideró que el mismo “ha sido un espacio de denuncia de la justicia patriarcal, de cuidado y sanción para las víctimas, y un modo de encuentro político pedagógico, en el que pudimos escucharnos, sentirnos, acompañarnos, y pensar juntas cómo defendernos frente a las múltiples violencias del patriarcado colonial y capitalista, abriendo diálogos e intercambios para imaginar y pensar caminos hacia una justicia feminista, antirracista, originaria, comunitaria y popular”.

Foto: Encuentro Feministas Abya Yala Bariloche Furiloche 2023 Lolita

Años atrás, durante el 2011, se realizó el Juicio Ético Popular a las Transnacionales (2). En una parte de su Sentencia se preguntaba: “¿Por qué un Juicio Ético Popular?” Y se respondía: 

“En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden patriarcal y racista, antes que del cuidado de las personas, de las poblaciones, de las generaciones futuras y de los territorios que sufren las consecuencias de dicho orden. Esa “justicia” criminaliza sistemáticamente a los y las pobres, a quienes protestan ante las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética es señalar los límites de su accionar y los intereses a los que sirve.

Es desde esa perspectiva, basada no en los marcos actuales de legalidad sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos del pueblo y de la naturaleza, que se ha constituido este Tribunal Ético Popular. El Juicio Ético Popular tiene un sentido preciso y profundamente humano: la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias. El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida: antiético es lo que aniquila o tiende en el mediano y largo plazo a aniquilar la vida. 

Foto: Audiencia sobre los travesticidios. Say Sacayan

Desde mayo de 2022, está en curso un Tribunal Ético Popular contra los Ecocidas, que viene enjuiciando a los responsables de la destrucción de la naturaleza, los bienes comunes y las comunidades, debido a las políticas extractivistas, que retoma estas experiencias desde la pedagogía popular. 

Las vivencias de los Juicios Éticos, Populares, Feministas, sin ser magnificadas, resultan momentos en los que la experiencia colectiva, el abrazo solidario, el afecto que se forja en la mano que sostiene otra mano, pueden ser modos de sanación del sentimiento desgarrador de la soledad y de la rabia. También son formas de comprensión del drama individual como parte de una trama más amplia. En estos diálogos se traen a la memoria otras situaciones en las que nuestros pueblos han enfrentado a los poderes violentos y represivos, creándose lazos indestructibles en la resistencia a los mismos, y viendo que es posible derrotar a los poderosos por más desigualdad de fuerzas que exista en un momento dado.

Foto: Asamblea Feministas Abya Yala Bariloche Furiloche octubre 2023

Hablamos de sanación comunitaria que se teje en colectivo, en organizaciones, en comunidades que se fortalecen cuando logran asumir como propio el dolor individual o grupal de una persona, de una familia, y piensan la salud como un camino de bienestar que incluye a la comunidad y al territorio que se habita. En ese sentido, los derechos del río, se vuelven tan importantes como los derechos de la comunidad que lo cuida, y de las mujeres defensoras de la comunidad y el territorio. Porque es en esa íntima interacción en la que está la clave de la vida. 

Hablamos de sanación y no estrictamente de reparación, dado que el concepto de reparación es un acto institucional con el que se pretende devolver a las víctimas, por lo general de modo individual, una respuesta que puede presentarse como justiciera. La sanación, no se inicia ni se culmina en actos institucionales de respuestas a individuos, sino que suelen constituirse en colectivo, en comunidad, y a partir de los procesos de identificación que se generan en las resistencias comunes a la crueldad del poder.

Referencias:

(1) Su contenido fue publicado por la Editorial América Libre, con el título “Hacia una Justicia Feminista”. Autoría colectiva: Feministas de Abya Yala. (2018).

(2)  (2) https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Sentencia_Final_del_Tribunal_del_Juicio_Etico_a_las_Transnacionales

Foto: Encuentro Feministas Abya Yala Bariloche Furiloche Abrazo octubre 2023