Escribe: Sergio Alvez
El sábado 23 de marzo, en el predio perteneciente al proyecto Chacra La Espiral, ubicado en el municipio de Cerro Corá, se llevará adelante el segundo Encuentro Provincial de la Mesa Multisectorial Socio Ambiental de Misiones, un colectivo que reúne a organizaciones ambientales, sociales, sindicales, productivas y de pueblos indígenas de la tierra colorada.
Este evento se enmarca dentro de la «La Semana del Cuidado del Agua», iniciativa que incluye una serie de actividades, entre ellas la presentación de un proyecto de ordenanza para declarar de interés municipal esta iniciativa y promover la realización de “actividades de difusión, sensibilización y educación ambiental sobre la temática del agua”, entrega que se concretó el pasado 11de marzo en diversos Concejos Deliberantes de la provincia, y declarada de interés provincial el 21 de marzo.
Foto: Rulo Bregagnolo
En esta ocasión, la reunión de la Multisectorial servirá para debatir y redefinir los ejes temáticos de una agenda ambiental que, para las organizaciones del sector en la provincia – y a nivel nacional- se ve condicionada por el brusco cambio de paradigma en materia de políticas que injieren directa o indirectamente en cuestiones ambientales, territoriales, sanitarias y productivas.
Entre estas transformaciones, indudablemente se inscribe la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, y el tratamiento del denominado proyecto de Ley Ómnibus. Ambos instrumentos, plantean riesgos significativos para el medio ambiente y los Bienes Comunes, alentando la profundización del extractivismo, la extranjerización de los recursos naturales y la desregulación en materia ambiental.
Como lo expresa la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), tanto el DNU como la Ley Ómnibus, abarcan medidas “profundamente regresivas tanto para la protección ambiental como para los principios fundamentales de justicia republicana”.
Foto: @mjazz_ph
Así mismo, el gobierno nacional que asumió el pasado 10 de diciembre, le quitó rango y presupuesto al Ministerio de Ambiente de la Nación, que desde enero funciona como Subsecretaría. Este panorama sintoniza con un gobierno nacional negacionista del Cambio Climático.
En las siguientes líneas, intentamos aproximarnos desde la voz de distintos protagonistas, a los desafíos actuales que se presentan para las organizaciones, que en Misiones sostienen las luchas y motorizan reivindicaciones ligadas al ambiente, la soberanía alimentaria y la defensa de territorios y recursos naturales.
Marcha Panambí Posadas. Foto: Rulo Bregagnolo
Reconfiguración y unidad
“En este nuevo escenario se torna imprescindible la reconfiguración de nuestro espacio, constituido como Mesa Socioambiental Misionera en 2022, a partir de un encuentro en Capioví” asegura Gerardo Segovia, referente de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), colectivo que el año pasado cumplió 30 años de existencia.
“Si bien la lucha socioambiental misionera tiene un largo historial, con hitos y conquistas, hoy estamos convencidos de la necesidad de unificar las luchas con la más variada diversidad de espacios y sectores; y de revalorizar el camino recorrido de los espacios de articulación, donde participan varios colectivos y que dieron fruto a las Ferias Francas, al movimiento semillero de Misiones, la lucha a favor de los Ríos Libres, los encuentros de Salud LAICRIMPO, y otras instancias históricas” añade Segovia.
En este sentido, para Segovia la construcción de esa nueva agenda socioambiental en Misiones, debería “ser autónoma” y contener demandas y acciones” a nivel municipal, provincial y nacional”.
¿Qué temáticas nutren esa agenda ambiental histórica y reciente en Misiones? ¿Cuáles son concretamente los ejes que el nuevo escenario político y los incipientes entramados legislativos amenazan o directamente desmoronan? ¿Hablamos de la misma agenda ambiental si nos enfocamos en las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales en la provincia?
Estos interrogantes disparan respuestas que buscan ordenar y orientar la discusión ambiental que aflora en diversas direcciones.
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Para el antropólogo y productor agroecológico Johann Sand, miembro del Grupo Oberá Agroecológica y la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, es central entender que “Argentina está siendo sujeto de una experimentación para políticas neoliberales que afectan transversalmente a la sociedad”.
Desde ese enfoque, Sand advierte que desde esas políticas se favorecen intereses propios de corporaciones que anhelan la posesión y el dominio de recursos naturales. “El avance de la ultraderecha y del neoliberalismo tiene como objetivos nuestros recursos” afirma el productor. Ante ello, observa que se torna imperioso afianzar “la formación política que permita unificar criterios para hacerle frente a estas políticas de saqueo, hambre y también violencia”.
Por ello, para Johann la clave pasa por “dialogar entre los diversos grupos, tanto urbanos como rurales, ambientalistas como sociales, políticos, sin importar las banderas partidarias sino los objetivos en común, que son vivir una vida digna en un ambiente sano, tener alimentos soberanos en la mesa y poder compartir de manera saludable la vida que tenemos”.
Desde una perspectiva jurídica, el abogado y profesor en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Misiones, José Luis Fuentes, quien integra el Frente Patria Grande, acuerda con que “el gobierno de Milei nos puso a rediscutir la orientación de las luchas socioambientales de la provincia”, pero considera que “para que realmente podamos hacerlo bien, hay que realizar un balance de las luchas socioambientales de las últimas décadas, partiendo desde la modificación constitucional y la incorporación de un montón de normas ambientales, como el artículo 41, la cláusula ambiental, el artículo 124 que reconoce el dominio originario de los recursos a las provincias, el artículo 75 y el 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas, por citar algunos ejemplos”.
Hacia adelante, Fuentes aporta que se necesita “dar una discusión y construir un programa político, que no quiere decir que tenga que ser un partido; construir un programa para que, a quien le toque tenga herramientas”.
Reforzando esa propuesta, el abogado y militante destaca que “la lucha social ambiental en la provincia de Misiones en las últimas décadas, logró hitos y un bloque normativo muy importante en cuanto a lo ambiental; pero hay que tener en cuenta que muchas de esas luchas terminan aisladas y no terminan de tener una globalidad, un proyecto que incluya un programa integral para nuestros bienes comunes”.
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Efectos adversos: DNU, Ley Ómnibus y desguace estatal
Una de las principales consecuencias del DNU-rechazado en el Senado de la Nación, pero vigente aún- es la derogación de la Ley de Tierras (26.737), que abre la posibilidad de un proceso de apropiación y extracción de recursos naturales sin ningún tipo de control en Argentina. Entre estos recursos, se encuentran el agua.
Y aunque en Misiones el grado de extranjerización de la tierra viene siendo un problema grave desde la década del noventa a esta parte (principalmente por el excesivo acaparamiento territorial de la multinacional Arauco), la derogación de esta normativa representa una profundización ilimitada de este severo conflicto.
Salvador Torres, Secretario General del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), recuerda que “la provincia está entre las que más tierras extranjerizadas tiene, por encima del 10% en general, y con localidades que exceden ampliamente ese límite, principalmente toda la zona forestal en el norte dela provincia. Si encima ahora, dejás que cualquiera venga a invertir, que plante lo que quiera sin ninguna restricción o que haga una industria sin ninguna restricción, como Estado provincial o municipal, se pierde la capacidad de planificación en el territorio, de decisión económica. Esto también tiene que ver con la pérdida de soberanía”.
También en relación al DNU, un documento próximo a publicarse, elaborado por el área jurídica del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), advierte que las medidas contenidas en dicho instrumento, afectan los derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, vale destacar que un dato de reciente difusión por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, reveló que, en la provincia de Misiones, existen 26.061 personas que se reconocen indígenas (del Pueblo Mbya guaraní).
Escuela de semillas
“En un sistema extractivista en el que los recursos naturales son el objetivo principal y un bien escaso para el mercado, nuestro país es uno de los espacios territoriales más anhelados, tanto por otros países como por corporaciones económicas y financieras, ante la abundancia de recursos tales como el litio, el agua, el petróleo, etc. que afectan directamente las luchas y reclamos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios” enfatiza el documento de ENDEPA, cuyo alcance abarca también un análisis relativo al denominado proyecto de Ley Ómnibus: “en el capítulo III AMBIENTE del proyecto de ley Bases, se modifican leyes que afectan directamente los derechos e intereses de los Pueblos Indígenas, en tanto que conjuntamente con los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás legislación específica de los pueblos, la normativa ambiental vigente sirve como herramientas para la limitar los avances sobre los territorios indígenas, la defensa contra la explotación irrestricta de los recursos naturales consustanciales al territorio”.
Sin perder de vista que, en Misiones, en los últimos años fueron las comunidades indígenas quienes mayormente protagonizaron denuncias por desmontes ilegales en sus territorios y en reservas naturales, las advertencias que efectúa la Pastoral Aborigen permiten dimensionar la magnitud del desguace jurídico que propone la Ley Ómnibus en detrimento ya no sólo de los Pueblos Indígenas, sino dela protección del medio ambiente en su integridad. A saber, se debilitan organismos y mecanismos de control, se debilita la Ley N° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y se limita el Acceso a la Información ambiental, entre otras modificaciones.
En definitiva, distintas organizaciones alertan que, de aprobarse el proyecto de ley del Ejecutivo Nacional, cerca del 80% de los bosques nativos de la Argentina, que actualmente cuentan con resguardo jurídico, quedarán desprotegidos y disponibles para desmontes a gran escala.
Esta desprotección alcanza incluso a los Parques Nacionales, ya que otro DNU, el 84/2023, dio de baja los contratos de los trabajadores que se sumaron o renovaron contratos en 2023, la gran mayoría guardaparques. Muchos de ellos son trabajadores con 15 o más años de contrato. El decreto habilitó una “revisión” que finaliza el 31 de marzo. “La situación en los Parques Nacionales de todo el país es alarmante para todos sus trabajadores: a fin de mes se vencen el 50 % de los contratos y no hay una respuesta oficial por parte del Gobierno. Hay 426 brigadistas que deben firmar contrato cada tres meses y cuya continuidad hoy es incierta. Más allá dela situación laboral lamentable, los Parques podrían quedar en estado de indefensión absoluta si no se renuevan estos contratos” señalan desde ATE Parques Nacionales.
Casi en simultáneo el cierre de este artículo, el gobierno nacional anunció el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), dejando a más de 900 trabajadores en la calle y a miles de familias campesinas sin asistencia técnica.
Escuela de semillas
La agroecología en estado de alerta
A diferencia de otras provincias, Misiones cuenta con una serie de leyes que brindan resguardo o estimulan determinadas prácticas productivas, como, por ejemplo, la agroecología. Cada una de estas herramientas, son frutos de los debates y las luchas impulsadas por las organizaciones campesinas y ambientales de la provincia. Así, la Ley de Protección de Semillas Nativas o Criollas o la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica, por mencionar algunas, resultan instrumentos de vanguardia que acompañan el crecimiento del sector y promueven en muchos casos la transición hacia la agroecología.
El año pasado, la localidad de Wanda, en el norte provincial, se convirtió en el primer municipio en contar con una Dirección de Agroecología. “Nosotros en Wanda buscamos acompañar desde el municipio, un proceso de transformación desde la agricultura convencional hasta llegar a un sistema agroecológico en las chacras; fomentar mucho más el mercado, que sea más accesible para toda la población y para la región. Pero, además, tenemos metas ambientales, vinculadas a la restauración y protección de arroyos y vertientes, ese es otro gran desafío” indicó la directora de Agroecología de la Municipalidad de Wanda y técnica agrónoma, Kovina Grahl.
En contrapartida, el artículo 499 del proyecto de Ley Ómnibus, elimina el artículo 6 de la Ley N° 20.466 de Fiscalización de Fertilizantes, en el cual se establece que cuando “la comercialización de fertilizantes se efectúe a granel se deberá comunicar con suficiente antelación al organismo de aplicación esta circunstancia, a los efectos de adoptar los recaudos necesarios para resguardar la calidad del producto hasta su destino, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”. Es decir, si se aprueba el proyecto, ya no existirá este tipo de controles materia de agrotóxicos.
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Pese a estas amenazas, la productora Beatriz Zemunich, de Wanda, miembro de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones y vicepresidenta del Consejo de Producción Agroecológica, permanece optimista.
“El interés por la agroecología está creciendo entre los productores de la zona norte. Lo que los colonos van entendiendo, en función de las experiencias que estamos teniendo, es que la agroecología mejora nuestro espacio de producción, porque cuida el medio ambiente, cuida el agua, cuida el suelo, nos cuida a nosotros, nuestra salud, nuestro alimento, nuestro sustento. Es fundamental entender que la agroecología involucra a la salud, ante todo. Debemos seguir trabajando para que esto crezca” expresa Zemunich.
Otra productora agroecológica del norte provincial, Andreia Capelari (Puerto Iguazú), asegura que “a nosotros, los productores, nos tiene bastante preocupados las nuevas resoluciones y el rumbo que está tomando todo con estas autoridades nacionales, con respecto a la Ley de tierras, a la Ley de Bosques, y a un montón de cuestiones ambientales que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo”.
Ante este panorama, Capelari invita a “debatir primero internamente, en cada territorio, para luego unir fuerzas y criterios en una sola lucha”.
Así mismo, la productora afirma que “quizás no tenemos la fuerza suficiente para llegar al nivel nacional, pero si nosotros protegemos el territorio local ya es un grano de arena muy importante. Saber que alrededor tengo la posibilidad de compartir con los vecinos que no está bueno usar el glifosato, que no está bueno desmontar, que no está bueno quemar, que está bueno hacer una autogestión de los residuos de la casa, que no es tan difícil y poner un poco conciencia diaria, no es algo menor en este contexto”.
RAOM
La apropiación de la costa del Paraná
Desmontes, contaminación, incendios, uso de agrotóxicos, atropellamiento de fauna y otras circunstancias, lamentablemente forman parte del paisaje habitual de denuncias que llevan adelante las diferentes comunidades y organizaciones ambientalistas de Misiones. Estas denuncias suelen provenir de comunidades u organizaciones del llamado “interior” de la provincia.
Sin embargo, desde 2018 a esta parte, cobró relevancia una grave situación alertada por una asamblea vecinal del tradicional barrio de Villa Cabello, en el oeste de la ciudad de Posadas. Allí, el acceso al predio costero popularmente conocido como “El Montecito”, hasta ese entonces público, fue cercado por el club privado Pira Pytá, institución que se arroga la propiedad jurídica de esos terrenos ribereños, pese a que es el propio Código Civil de la Nación, en el que garantiza el respeto al “camino de sirga”, como se denomina a la franja de 15 metros que debe permanecer con acceso público a lo largo de las zonas costeras de todo el territorio argentino.
RAOM
“El Montecito es un lugar al cual iban todas las familias posadeñas del oeste, de manera libre, sin restricciones, hasta que el Club Pira Pyta cerró el acceso. Entonces los vecinos comenzamos a luchar, y gracias a muchas movilizaciones, conseguimos el apoyo de varias organizaciones y poner el tema en la agenda pública. Recordemos que todas las costas, marítimas, de ríos y lagos, son de dominio público, es decir que ninguna propiedad privada tiene la potestad ni el derecho de amurallar el río. Ahora, que las leyes no se cumplan es una responsabilidad compartida entre gobernantes y la gente que no reclama. La lucha por el Montecito continúa” comentó Uriel Sanabria, uno delos ciudadanos que integra el grupo de vecinos que viene sosteniendo esta lucha.
La apropiación de privados de las costas del río Paraná, en la ciudad de Posadas –y en ciudades como Garupá y Candelaria –es un proceso que cobró fuerza luego del desalojo y la relocalización de poblaciones ribereñas ante el embalse provocado por la hidroeléctrica Yacyretá. Al ser desalojados los vecindarios costeros, se impuso una suerte de “enroque social”, a través del cual proliferaron negociados inmobiliarios en dichos territorios costeros.
Agendas disociadas
Si nos circunscribimos al ámbito del gobierno de la provincia de Misiones, la agenda ambiental también experimentó el impacto del nuevo panorama político a nivel nacional.
Hasta mediados de 2023 la Provincia reclamaba a Nación más de 114 mil millones de pesos en concepto de “servicios ambientales” y un año atrás anunciaba un convenio con la compañía suiza Mercuria Energy Trading, por la compra de créditos de carbono, Hoy, la realidad es completamente diferente. Los recortes del gobierno nacional a las provincias, resintieron el vínculo y privaron a la provincia de subsidios y giros de recursos claves, como ser el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
En este nuevo escenario, el reclamo misionero como provincia acreedora ambiental, pareciera haber quedado atrás. Hoy, de la mano de la Secretaría de Estado de Cambio Climático creada en 2020, la mayor apuesta provincial pareciera girar en torno a las capacitaciones en materia ambiental, el fortalecimiento de lazos con instituciones internacionales y municipios locales, y la búsqueda de nuevas líneas de financiamiento para la “protección de la biodiversidad”.
Un dato muy reciente, que tanto la Provincia como las organizaciones ambientales no deben soslayar, tiene que ver con las afirmaciones del diputado Jefferon Fernándes, integrante de la Asamblea Legislativa de Río Grande Do Sul (Brasil), durante el 1º Encuentro Legislativo Transfronterizo, organizado por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones hace apenas unos días. “El proyecto hidroeléctrico Garabí/Panambì ya no forma parte de la agenda energética de Brasil, ya que el gobierno de Lula prioriza otro tipo de proyectos energéticos sustentables” afirmó el legislador brasileño.
Es bueno recordar que, en los últimos años, el proyecto Garabí/Panambí se mantuvo al tope de la agenda de las organizaciones ambientales de la provincia de Misiones, que fiel a la tradición anti- represas de las mismas, resistieron este proyecto binacional con marchas, asambleas, y hasta una exitosa Consulta Popular no vinculante realizada en 2014.
La actualidad, impone para dichas organizaciones, el reto de sintonizar una agenda a tono con las urgencias de estos tiempos, capaz de articular la justicia ambiental con la justicia social y atender al mismo tiempo el deterioro económico que atraviesa una porción importante del pueblo argentino. En palabras de Gerardo Segovia: “como misioneros, nos queda el último remanente de selva paranaense; la Mesa Multisectorial Socioambiental debe ser el espacio en el que logremos gestar proyectos colectivos donde planificar la esperanza para el Teko Porá, nuestro Buen Vivir Misionero”.
RAOM