Escribe Karina Nohales (Militante anticapitalista, abogada e integrante de la Coordinadora Feminista 8M de Chile)
El 11 de marzo asumió la presidencia de Chile José Antonio Kast. Con él, el pinochetismo vuelve a La Moneda por primera vez desde el retorno a la democracia, ahora por la vía de las urnas. Su triunfo fue posible gracias a una receta centrada en el restablecimiento del orden, el endurecimiento de las políticas de seguridad y un discurso xenófobo que convirtió a la migración en uno de los principales problemas del país. Es una victoria plenamente inscrita en el ciclo internacional de ascenso de las derechas radicales.
En efecto, las primeras felicitaciones que recibió Kast tras su triunfo provinieron de referentes centrales de estas derechas, entre ellos Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu, quienes celebraron su victoria como parte de una ofensiva más amplia contra el progresismo en América Latina. Aunque Trump intentó atribuirse parte del mérito del resultado, la elección chilena no se definió por la intervención directa de Washington. La victoria de Kast respondió fundamentalmente a dinámicas internas: la derrota del ciclo político abierto por la revuelta de 2019, el fracaso del intento por reemplazar la Constitución heredada de la dictadura y la defraudación de las expectativas de transformación social depositadas en el gobierno progresista de Gabriel Boric. Sin embargo, su gobierno integra el proceso de rearticulación de las derechas continentales impulsado por la administración Trump, como quedó de manifiesto con su temprana participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada para coordinar a gobiernos afines en torno a una agenda de seguridad, control migratorio y combate a la influencia de otras potencias en la región.
Este alineamiento se inscribe en una estrategia más amplia de reafirmación de la influencia estadounidense en América Latina, enmarcada en la actualización de la Doctrina Monroe. En el caso chileno, ello se ha expresado en el apoyo de la intervención imperialista en Venezuela, la rápida normalización de las relaciones con Israel y el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos en sectores extractivos estratégicos como los minerales críticos y las tierras raras, recursos claves en la disputa geopolítica con China. La convergencia entre Kast y Trump, por tanto, no se limita a una afinidad ideológica, sino que responde también a intereses compartidos en materia de seguridad, recursos estratégicos y posicionamiento internacional, insertando a Chile en un bloque político que combina neoliberalismo económico, securitización de la política y una estrecha alineación con los intereses de Estados Unidos.
Para dimensionar el alcance y los límites de la transformación que un gobierno de este signo puede impulsar en un país como Chile, es importante considerar al menos tres aspectos. El primero es que José Antonio Kast encarna una tradición política ultraconservadora, heredada directamente del pensamiento de Jaime Guzmán -principal ideólogo civil de la dictadura, adscrito a la tradición franquista y el nacionalcatolicismo español-, que combina neoliberalismo económico con una concepción católica radical de la familia, la sexualidad y el orden social.
Sin embargo, Kast ganó la presidencia ocultando parcialmente estas posiciones y no gracias a ellas. La derrota presidencial que sufrió en 2021 le enseñó los límites electorales de una agenda abiertamente contraria a los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales en un país marcado por una fuerte influencia del movimiento feminista en el sentido común de amplios sectores. Si en campañas previas defendió, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de la Mujer, en esta ocasión omitió deliberadamente ese tipo de propuestas para concentrar su discurso en la seguridad, la migración y la crisis económica.
Ello no significa que haya abandonado esas convicciones. Por el contrario, Kast integra desde 2015 la Political Network for Values (PNfV), red internacional ultraconservadora que promueve una agenda contraria al aborto, los derechos sexuales y la identidad de género, así como la defensa de la llamada “familia tradicional”, llegando a presidirla entre 2022 y 2024. El nombramiento de una militante del Partido Social Cristiano como ministra de la mujer confirma esa orientación ideológica. Sin embargo, hasta ahora el Ejecutivo ha definido una cautela táctica respecto de materias como la ley de aborto en tres causales, anunciando que no buscará derogarla. En este terreno, la restauración conservadora no cuenta hoy con un consenso mayoritario a su favor, sino con un límite.
El segundo aspecto es que, a diferencia de otros países donde la ultraderecha ha llegado recientemente al gobierno, en Chile la gran transformación neoliberal ya fue realizada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Chile fue uno de los primeros laboratorios neoliberales del mundo, donde las recetas de Milton Friedman fueron aplicadas temprana y radicalmente bajo condiciones de autoritarismo político, a través de los economistas formados en la Universidad de Chicago. Por ello, la radicalidad del proyecto de Kast no consiste en refundar el neoliberalismo chileno, sino en devolverlo a su versión más ortodoxa en favor del gran capital, reforzando el autoritarismo que lo ha hecho posible.
En este sentido, el caso chileno difiere de experiencias como la de Javier Milei en Argentina. Kast no llega al gobierno para desmontar un Estado con elementos desarrollistas o de bienestar, sino para revertir las limitadas capacidades regulatorias del Estado y los modestos avances en materia de derechos sociales conquistados en las últimas décadas. Aunque muchas de estas conquistas son parciales e insuficientes, fueron obtenidas mediante prolongados procesos de movilización y lucha.
Los primeros meses de gobierno muestran con claridad esta orientación. Mediante una estrategia agresiva, basada en el uso intensivo de las facultades presidenciales y en una táctica comunicacional de saturación de anuncios, el Ejecutivo ha acelerado una agenda de ajuste fiscal y desregulación estatal. En el plano económico, una de sus primeras decisiones fue eliminar el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, provocando un alza histórica de la bencina que impactó de manera inmediata el costo de la vida. Paralelamente, el gobierno paralizó la tramitación de 43 decretos de protección ambiental ingresados por la administración anterior.
Al mismo tiempo, el gobierno aplicó un inmediato recorte del 3% del presupuesto de todos los servicios públicos y comprometió una reducción del gasto fiscal de cerca del 7% del PIB durante los primeros dieciocho meses de gestión. Este ajuste fue presentado durante la campaña bajo la promesa de no afectar programas sociales, promesa que hoy se muestra falsa. Los recortes han golpeado especialmente a hospitales públicos y otros servicios estatales, mientras las propuestas en discusión contemplan reducciones significativas en áreas sensibles como pensiones, salud pública y alimentación escolar.
Mientras el gobierno justifica estas medidas apelando a un déficit fiscal heredado, impulsa fuertes rebajas tributarias para las grandes empresas y personas más ricas, disminuyendo deliberadamente la capacidad recaudatoria del Estado. La contradicción es evidente: un gobierno que insiste en que las arcas fiscales están vacías decide, al mismo tiempo, reducir sus fuentes de ingresos.
El alza del costo de la vida y los recortes sociales han deteriorado significativamente el apoyo al gobierno. En apenas diez semanas, la aprobación de José Antonio Kast cayó desde un 58% a un 38%, un desplome de veinte puntos en un tiempo récord. El tercer factor que contribuye a este rápido deterioro es la frustración de la expectativa de seguridad, precisamente el principal eje de su campaña que movilizó a parte importante de su electorado.
El primer cambio ministerial del gobierno, a 69 días de asumir, ocurrió precisamente en el Ministerio de Seguridad. La salida de la ministra originalmente designada, tras una serie de controversias y errores públicos -declaró públicamente que desconocía que debía contar con plan de seguridad- proyectó una imagen de improvisación en esta área prioritaria. Más significativa aún fue la señal enviada por su reemplazante, quien al asumir sostuvo que la Política Nacional de Seguridad Pública elaborada por el anterior gobierno progresista de Gabriel Boric, era suficiente y que el nuevo Ejecutivo se limitaría a implementarla. La afirmación contrastó con años de discurso opositor, durante los cuales Kast llegó a señalar que “el gobierno de Boric es el más sangriento en las últimas tres décadas”, por su ineficacia para enfrentar la delincuencia.
Algo similar ha ocurrido con otra de las promesas emblemáticas de la campaña: la expulsión masiva de migrantes irregulares. La propuesta, presentada durante la contienda electoral como una medida decisiva para recuperar el orden, fue posteriormente relativizada por el propio presidente, quien la calificó como una “metáfora” y sostuvo que quienes la interpretaron literalmente habían entendido mal el mensaje. Más allá de su viabilidad, esta promesa reforzó la asociación entre migración, delincuencia e inseguridad.
La centralidad de la cuestión migratoria no constituye una particularidad chilena. La restricción de derechos a las personas migrantes y su presentación como una amenaza para la seguridad forman parte de una tendencia en numerosas derechas extremas contemporáneas. Sin embargo, en Chile la xenofobia ha dejado de ser patrimonio exclusivo de ese sector, consolidándose como un consenso transversal a la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, cada vez más inclinadas a respaldar posiciones excluyentes. En este fenómeno, relativamente nuevo para la realidad local, se expresa el éxito con que el proyecto de José Antonio Kast ha logrado instalar coordenadas políticas radicales en el debate público.
La combinación de estos factores -el encarecimiento del costo de la vida, los recortes sociales, la continuidad de las políticas de seguridad heredadas y el abandono de las promesas en materia migratoria- ha alimentado una creciente decepción entre su propia base electoral, erosionándola con rapidez.
Los primeros cien días de gobierno han dejado en evidencia que la única agenda claramente diseñada antes de llegar a La Moneda, y la única que ha sido impulsada con verdadera urgencia, es la del ajuste fiscal, la reducción del gasto público y las rebajas tributarias para los más ricos. Pese a la promesa de que estas medidas no afectarían programas sociales, la orientación efectiva del gobierno apunta precisamente en sentido contrario. Los recortes ya implementados y los anunciados para los próximos meses muestran una ofensiva sostenida que no cuenta con el apoyo de la población, pero sí con el apoyo de la mayoría parlamentaria.
Justamente porque las principales medidas regresivas difícilmente encontrarán un freno en el Congreso, la defensa de los derechos hoy amenazados no puede delegarse a la disputa institucional. Por ello, diversos movimientos sociales han comenzado a articular respuestas coordinadas para acumular fuerzas de cara a la principal batalla política de los próximos meses: la discusión de la Ley de Presupuestos, donde se definirá parte importante del ajuste.
Las primeras expresiones de esta resistencia provienen, una vez más, del movimiento estudiantil. Frente al desfinanciamiento de la educación pública, las políticas de criminalización contra los estudiantes y el intento de reinstalar mecanismos de selección escolar, estudiantes secundarios y universitarios han retomado las movilizaciones de manera sostenida las últimas dos semanas. No se trata sólo de una reacción sectorial. Para amplios sectores de la juventud, los anuncios gubernamentales aparecen como parte de una ofensiva más amplia contra derechos sociales conquistados durante décadas y contra las propias formas de organización que históricamente han impulsado los procesos de transformación social en Chile.
Al mismo tiempo, a iniciativa del movimiento feminista, comienzan a articularse espacios de coordinación entre organizaciones ambientales, sindicales, estudiantiles, territoriales y políticas de izquierda. Las une un diagnóstico común: mientras el gobierno impulsa ajustes fiscales y rebajas tributarias, los costos recaen sobre mujeres trabajadoras, jóvenes, pueblos originarios, personas migrantes y sectores populares. La combinación de recortes sociales, endurecimiento represivo y criminalización ha contribuido a conformar un campo de oposición que trasciende demandas específicas.
Sin embargo, estas resistencias se rearticulan en condiciones difíciles. El ciclo de movilización del último periodo culminó en una derrota política que dejó desgaste, fragmentación y desmoralización. El triunfo de Kast es también expresión de ese reflujo. Por ello, la reconstrucción de una capacidad de respuesta social no será instantánea y exigirá recomponer la confianza en las propias capacidades, reconstruir espacios organizativos y elaborar una estrategia común frente a un gobierno que ha demostrado capacidad para avanzar rápido en la implementación de su programa. La conflictividad social, sin embargo, dista de haber desaparecido y parece entrar en una nueva etapa.
