“Agroindustria o agricultura: la iniciativa 200 millones de toneladas de granos para 2030” es el tercer informe de la serie “Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina”, un conjunto de investigaciones que Acción por la Biodiversidad viene desarrollando este año con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. El trabajo, realizado por Fernando Frank, pone la lupa sobre la letra chica de un acuerdo que propone “poner a la Argentina de pie” mediante un aumento descomunal del volumen de producción de granos, lo cual tendría los únicos efectos posibles que puede generar el modelo agroindustrial extractivista: la destrucción de los ecosistemas y las comunidades que los habitan.
Por Ignacio Marchini
En octubre de 2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación firmó la Resolución 216, dando origen a la “Iniciativa doscientos millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres”. El plan para “poner a la Argentina de pie”, según reza textualmente la resolución, consiste en llevar el nivel de producción de granos a esa cifra para el año 2030, un volumen notoriamente mayor a los 127,5 millones de toneladas que se registraron en la campaña agrícola 2020/2021, según el último informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En el mismo, también se visualiza con claridad una característica histórica de nuestro sistema productivo agrícola: más del 73% de la cosecha se destinó a la exportación.
El gobierno, ahogado por la crisis económica y social, y urgido por conseguir dólares para pagar vencimientos de una deuda enorme, usurera e ilegítima, contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, vuelve a apelar a la exportación de commodities para conseguir la divisa estadounidense que tanto escasea por estos días. Como explica el informe realizado por Acción por la Biodiversidad, “la iniciativa confirma una tendencia de apoyo estatal a los agronegocios, con la confianza en el aumento de los volúmenes de producción como forma de solucionar problemas económicos y sociales”.
El proyecto 200 Millones de Toneladas (200 MT), que busca generar “un agregado de valor e ingreso de divisas suficientes para estabilizar la economía”, surgió del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), creado en julio del año pasado. Integrado por más de 60 entidades agrarias de todo el país, cuenta con varios actores de peso del mundo de los agronegocios, como la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina y la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicó a Biodiversidad que “la tendencia del desarrollo del capital financiero en el campo argentino es que aumente la producción de los commodities, en detrimento de la producción de otros alimentos. Es lógico que esa sea la demanda del Consejo Agroindustrial Argentino, ya que es una entidad que, hoy en día, es la voz del capital financiero para el campo de la Argentina”.
Esta iniciativa no es nueva y trae reminiscencias del “Foro de los 100 Millones de Toneladas de Granos Sustentables”, impulsado en el año 2005 por la Fundación Vida Silvestre Argentina – FVSA (WWF Argentina, por sus siglas en inglés) y la Asociación Argentina de Agronegocios (IAMA, también por sus siglas en inglés), según explica el tercer informe de la serie “ Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina”. En el mismo, se explicita la idea rectora de la propuesta 200 MT: “El documento muestra un optimismo productivista que asume que los problemas económicos, sociales, ambientales y sanitarios (ligados al hambre y la malnutrición) son fácilmente resolubles por medio de las tecnologías de la agricultura industrial. El anuncio está asociado a una idea de política económica muy difundida, centrada en el crecimiento económico (medido por el aumento del PBI), vinculado al incremento de las exportaciones en volumen y valor”.
En concreto, lo que el CAA le pide al Estado son subsidios directos e indirectos para infraestructura, financiamiento, exenciones impositivas y políticas de inversión en fertilizantes, perforaciones y obras hidráulicas, además de pavimentar rutas y amplificar la conectividad, entre varios otros reclamos. Referentes del Consejo incluso plantearon propuestas de “desgravación del adicional por ganancias de 50%” y otros beneficios para quienes muestren “incrementos, por ejemplo, en mayor contratación de personal”. El mito del “campo” como generador de empleo, uno de los recursos favoritos para promocionar en la opinión pública este tipo de producción agroindustrial, fue desarticulado con mucha precisión en el segundo informe de la serie, “ AgTech en Argentina. Nuevas tecnologías, viejas promesas”, también escrito por Fernando Frank.
Un punto clave que se menciona en la página 5 del anexo de la Resolución 216 tiene que ver con la ley de semillas. Según explica la investigación, la propuesta de los sectores concentrados de la agroindustria es que Argentina adhiera al convenio UPOV 91, el cual “prohíbe el uso propio de las semillas por parte de agricultores y agricultoras”, lo que generaría “una mayor uniformidad genética en la agrobiodiversidad y un mayor control de las corporaciones transnacionales semilleras y agrotóxicas sobre los sistemas agroalimentarios”.
En la investigación “Agroindustria o agricultura: la iniciativa 200 millones de toneladas de granos para 2030”, se deja en claro que la Resolución expresa un apoyo explícito del gobierno al modelo agroexportador extractivista y que constituye un consenso político falso, “al no haber dado los debates públicos necesarios y, por lo tanto, no haber escuchado la diversidad de voces críticas a los agronegocios, principalmente las vinculadas con la producción popular, la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, las pymes y cooperativas de producción de alimentos sanos, los y las consumidoras y la academia crítica”. Muchas son las falencias de esta decisión del gobierno pero hay tres puntos, presentes en la resolución, que son particularmente polémicos para el autor del informe: la “recuperación” de tierras, el “agregado de valor” y la necesidad de divisas.
En relación al primero, la idea de que el aumento de la producción se dará por medio de una mayor productividad por hectárea y no por la incorporación de nuevas tierras mediante la deforestación es, de mínima, dudoso, si tenemos en cuenta la historia reciente argentina: “Las 5.6 millones de hectáreas deforestadas entre los años 1998 y 2017 reemplazaron la ganadería de pastizales naturales y bosques nativos, en algunos casos de tipo empresarial y en muchos casos de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
Sobre el segundo punto, la puesta en valor de la producción pasaría por “fortalecer las distintas formas de ganadería industrial, la industria aceitera y molinera y la industria de comestibles ultraprocesados”, lo cual beneficiaría a unas pocas grandes empresas, ya que son cadenas de valor que se encuentran hiperconcentradas. Y, además, estamos hablando de algunas de las principales responsables de la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri, según la investigación del periodista Horacio Verbitsky.
Quizás la discusión más difícil sea en torno a la “restricción externa”, ya que es evidente la necesidad de dólares por parte del gobierno argentino para pagar una deuda descomunal contraída durante el macrismo, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con numerosos acreedores privados. La decisión de “honrar nuestros compromisos”, sin siquiera investigar a los responsables, ya está tomada pero, incluso en ese escenario, el aumento de la productividad de las tierras o el acuerdo de exportación de carne de cerdo con China (el cual será abordado con profundidad en el próximo y último informe de la serie) no son las únicas opciones para acceder a la divisa estadounidense. Como explica Fernando Frank, refiriéndose a las discusiones que se dieron en torno a Vicentín y la hidrovía del Río Paraná, “vemos que tiene mucho más probabilidad de éxito económico generar y recuperar el control público sobre el comercio internacional de granos y otros commodities agrícolas, que el aumento de los volúmenes producidos y exportados, como propone la iniciativa 200 MT”.
La investigación de Acción por la Biodiversidad analiza con mayor profundidad todos los puntos expuestos aquí someramente. Las trampas discursivas de los agronegocios solo llevan a reafirmar los caminos de la dependencia económica nacional y representan una grave amenaza para la Soberanía Alimentaria. El planteo de la coexistencia entre el modelo agroindustrial extractivista y la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) es inviable y el gobierno debe tomar la decisión política de optar por este último o seguir el camino actual que nos llevará, inexorablemente, a profundizar las crisis vigentes.
Burlar este destino aún es posible. Como plantea el informe, “con apoyo estatal, con acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a los mercados, el campo que produce alimentos, y no la agroindustria, tienen todo para poner a la Argentina de pie”.
Descarga el informe aquí.
