Texto y fotos: Camila Parodi
En el marco del “VII Congreso de Salud Socioambiental” y el “IV Encuentro Intercontinental Madre Tierra, una sola salud” que se realizó en la Ciudad de Rosario, se celebró una nueva audiencia del Juicio Ético y Popular a los Ecocidas impulsado por el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y acompañado por diversas organizaciones y colectivos, entre ellos la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo.
El Tribunal estuvo integrado por el referente del pueblo Diaguita de Tafí del Valle, Marcos Pastrana, Marielle Palau de Base Is – Paraguay, Silvia Martínez del Río del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba de Uruguay, Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el biólogo y filósofo Guillermo Folguera y Damián Verseñazzi director del Instituto de Salud Socioambiental y organizador del congreso. También participaron integrantes del Equipo de Educación Pañuelos en Rebeldía como Claudia Korol, Álvaro Álvarez y Roxana Longo.
Como parte del cierre del congreso el Tribunal Ético se hizo presente en la ciudad de Rosario para acercar las primeras impresiones que dejó este proceso de justicia popular que recopiló, sistematizó y comunicó cientos de denuncias contra el actual modelo extractivista. Una experiencia para visibilizar y acusar a los responsables de todas las violencias contra los pueblos: “Los juicios son un llamado para terminar con la violencia ecocida, genocida, epistemicida, feminicida” explicó la educadora popular Claudia Korol.
En ese marco, Roxana Longo y Álvaro Álvarez, ambos educadores populares e investigadores, asumieron el rol de fiscalía en el juicio y señalaron, como síntesis del proceso, que “coexisten territorialmente distintas formas de extractivismos y emprendimientos ecocidas”. Además, explicaron que, en gran parte de los casos analizados, el proceso extractivista conlleva, necesariamente, a “la expulsión de comunidades de sus territorios y la eliminación de formas pre-existentes de uso del mismo”.
Para graficar la extensión de este modelo, explicaron que entre los principales ejes que enumeraron a lo largo del último año se encuentran casos relacionados al agronegocio, la minería, industria petrolera, deforestación, especulación inmobiliaria y las obras de infraestructura. En ese contexto, desde Pañuelos en Rebeldía denunciaron la existencia de un entronque entre el extractivismo urbano y rural en la perpetuación del ecocidio.
Por otro lado, responsabilizaron a los distintos actores que intervienen y se benefician con el ecocidio. A su vez, demostraron la concentración de las ganancias de los proyectos extractivos en un puñado de actores. Entre ellos, estados nacionales, provinciales y municipales, el Poder Judicial, las empresas de comunicación, Universidades y el sistema tecnocientífico, Organismos internacionales y empresas nacionales y trasnacionales. Actores que evidencian una “Trama de flujos de dinero, información y poder” como agregaron Longo y Álvarez en su exposición.
En ese línea, sostuvieron que existe “un ciclo empresarial centrado en la maximización irrestricta del lucro con interconexión entre diferentes empresas y diversos territorios” y que es “abrumadora la presencia del capital transnacional en la economía nacional”. Desde la fiscalía de este juicio explicaron que los cuerpos-territorios son entendidos como recursos para el capital y apuntaron contra “la mercantilización del acceso al hábitat” que se evidencia en diferentes modalidades “cada vez más excluyentes”.
Silvia Martínez del Río es integrante del Frente de Lucha Ambiental “Delia Villalba” de Uruguay. Su denuncia pone en evidencia la urgencia y la necesidad de accionar contra la crisis climática: “En Uruguay está sucediendo lo que durante décadas hemos advertido, hoy ya no existe ninguna cuenca limpia”. La activista explicó que desde el mes de febrero comenzaron a sentir “sabores extraños en el agua”: “Sabíamos que algo sucedía con el agua mientras que los organismos del estado comunicaban que le bajarían la presión y que habría que administrarla”. Sin embargo, sabe que esto recién comienza: “no no están diciendo lo que está sucediendo, el agua es un derecho fundamental. Sepan que dado el tamaño de nuestro país y el tipo de producción y de vida que tenemos estamos viviendo un momento dramático de una catástrofe con el aval de todo el sistema”.Frente al actual contexto, explicó que “esta crisis brutal que estamos viviendo nos ha permitido encontrarnos entre aquellas voces que estaban alejadas, ha servido para que se encuentren para denunciar lo mismo.
Desde Paraguay, Marielle Palau participó del tribunal para acercar su mirada sobre el agronegocio y la relación que tiene este tipo de extractivismo en la vida de las mujeres campesinas que están íntimamente relacionadas a la producción de alimentos y tareas de cuidados. Palau es investigadora de Base Is y, desde esa experiencia, explicó que sostienen que es importante volver a definir al “agronegocio”: “En Paraguay implica deforestación y contaminación del Acuífero Guaraní un reservorio de agua dulce que compartimos en el territorio del cono sur del abya yala”. Por eso apuntó en visibilizar el “vínculo directo que hay entre el agronegocio y la crisis climática, el vínculo que tiene con los desastres que estamos teniendo ya sean sequías o inundaciones que afectan profundamente a las familias campesinas, con un impacto mayor en las mujeres”. Agregó, también, que es necesario conocer “el vínculo del agronegocio con la alimentación y la salud”. En síntesis, para la investigadora “podemos afirmar que el agronegocio ya no es solamente un paquete tecnológico sino que debe ser entendido también en todas estas dimensiones”.
Por su parte, Guillermo Folguera, biólogo investigador del CONICET, manifestó que “nuestros territorios no tienen lugar para más extractivismo”. Desde su recorrido junto a diferentes organizaciones definió al extractivismo como “una política de vínculo con el ambiente, de inequidad social, es una política de concentración y es una política geopolítica de configuración de territorios de sacrificio”. En ese contexto, se lamentó: “Se aceptó la explotación de litio, y se aceptó el offshore y el trigo HB4 por mencionar algunas locuras”. Pero, para el investigador, lo realmente importante es que “sin agua no hay vida y estos tipos de minería, como el litio, involucran agua en muchos sentidos. En ese sentido, para Folguera “lo que la Argentina en realidad está exportando es agua de lugares donde no hay”.
Damián Verseñazzi, director del Instituto de Salud Socioambiental y organizador del congreso, recordó el espíritu de este séptimo encuentro: “Para poder tener alimentos saludables necesitamos territorios sanos porque no hay posibilidad de que crezcan alimentos en territorios enfermos. Para tener territorios sanos urge la creación de otras formas de relacionarnos con ellos porque los actuales nos están destruyendo”. En ese marco, agregó que desde el Instituto y redes que integran “entendemos que necesitamos más y mejor política que solo será posible con más participación y movilización de los pueblos”. Por ese motivo, para el médico e investigador: “No podemos esperar el cambio político de quienes hasta hoy han tomado las decisiones y que nos trajeron dónde estamos”.
Enrique Viale es abogado ambientalista e integra una Asociación regional de Abogados y Abogadas que comparten la misma mirada. Desde su experiencia, recordó que “la naturaleza es un sujeto y no una cosa como nos han enseñado desde la concepción moderna”. En ese sentido, para el abogado, la comprensión de “la naturaleza como objeto” legitima su “apropiación privada, de conocimiento y manipulación”. “Además -agregó- todos los sistemas económicos la vieron como una fuente de riquezas inagotables”. Para Viale, justamente, “esa separación de la naturaleza y la sociedad produce una «ceguera ecológica» es decir, una naturalización de los eventos climáticos extremos”. En conclusión, explicó que asumir el término de ecocidio -que significa en griego «matar al propio hogar«- permite comenzar a problematizar la relación de la humanidad con la naturaleza: “El ecocidio pone la naturaleza en el centro”, agregó.
Para finalizar, Marcos Pastrana líder de la Nación Diaguita de Tafí del Valle, realizó un llamado de acción y destacó la importancia del encuentro: “Hoy nos damos cuenta de que está todo por hacerse: comunicar, redefinir nuestras consignas. Hacer uso de la diversidad territorial, biológica y cultural para generar nuestras propuestas y llevarlas adelante”. Para Pastrana, “si seguimos con el derrotero de los protocolos impuestos por esa justicia, por ese modelo, no vamos por buen camino. Si juzgamos, en este tribunal ético, con los principios de la estética artificial y de las estructuras construidas para esta depredación cometemos los mismos defectos de la justicia ordinaria”. Por eso, desde su experiencia situada en los valles calchaquíes manifestó: “queremos y tenemos hablar de derechos transgeneracionales y territoriales no de leyes, por eso los tribunales tienen que ser populares para evidenciar a los verdaderos responsables”.
