Este nuevo texto constituyente, por su carácter regresivo en términos de Derechos Humanos, civiles, políticos, económicos y sociales, se dado en llamar «Kastitución» en referencia al candidato de extrema derecha José Antonio Kast Rist del Partido Republicano.

 

Les invitamos a conocer más de esta nueva etapa del Proceso Constituyente chileno aquí.

Kastitución EP1: Educación

 

El artículo 16, numeral 13 dice “Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”.

 

Así una comunidad educativa por convicciones morales y religiosas podría tomar decisiones discriminatorias.

Kastitución EP2: Aborto

 

La Propuesta de #NuevaConstitución pone en riesgo que el aborto por 3 causales se haga inconstitucional. La elite quiere decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Hay que dejarlo en claro, no se trata de abortar por abortar. Se trata de razones de peso para las mujeres hoy amenazadas por una #Kastitución.

Kastitución EP3: Papito Corazón

 

La Ley N° 21.484, también conocida como la Ley Papito Corazón corre el riesgo de ser declarada inconstitucional en caso de imponerse la opción #aFavor de la nueva constitución.

Kastitución EP4: AFP

 

El artículo 16 N°28 letra b) de la propuesta señala que las cotizaciones previsionales “en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado”. Actualmente, la Ley permite decretar la medida cautelar de retención de los fondos de pensiones y su transferencia por orden judicial a la madre por el monto adeudado. En desmedro de esto, la propuesta plantea que estos fondos de cotizaciones previsionales no son apropiables bajo ninguna circunstancia, por lo cual la ley sería declarada inconstitucional.

Kastitución EP5: Narco

 

La Propuesta de #NuevaConstitución abre la puerta a los narcotraficantes. Un grupo de profesores de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ideológicamente de derecha, señalaron que la propuesta de Constitución elaborada por los partidos políticos y liderada por José Antonio Kast, literalmente sabotea «constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico»

Doce expertas y expertos escribieron sobre la memoria del agua (Alexander Panez); los conflictos socioambientales (Lucio Cuenca y Javier Arroyo); el país de conflictos mineros (César Padilla); y las mujeres resistiendo al extractivismo (Carolina Meza).

Se incluye la historia del sector eléctrico y el Estado neoliberal (Ximena Cuadra); la propuesta de cómo volver a ser campesino y campesina (Carolina Agurto) y la necesidad de levantar los derechos de la naturaleza (Fernando Salinas).

También hay un abrazo extendido a los bosques antiguos (Claudio Donoso y Cristián Frêne); y un descarnado alerta sobre la vigencia del colonialismo en Chile (Susana Huenul y Pablo Mariman). Esbozos de propuestas de transición al postextractivismo se asoman también en los capítulos..

Este 13 de junio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) celebra sus 25 años. Para rendirles homenaje, hemos tenido el privilegio de conversar con tres de sus fundadoras: Francisca Rodríguez, Alicia Muñoz y Mafalda Gadames. A través de sus relatos, nos adentramos en la historia de ANAMURI, la cual representa una parte fundamental de la historia de Chile, de la lucha de las mujeres y de las luchas campesinas en el continente.


Por: Patricia Lizarraga – Coordinadora Fundación Rosa Luxemburgo
Fotos: ANAMURI

El día de tu cumpleaños
y habría que embanderar
desde Arica a Magallanes
con banderas colorá’s.
Que viva tu nacimiento,
bello botón de rosal.
Por la voluntad del cielo,
¡que vivas cien años más!

       Violeta Parra.

Nacimos en rebeldía”

Todo comenzó con una semilla. Cuando alguna mujer decidió guardar una semilla de algún fruto silvestre y plantarla más cerca de su hogar. Y la semilla se reprodujo y cambió el mundo. Tal como las semillas de ANAMURI que multiplicaron luchas y resistencias en el continente. Semillas que encontramos mucho más atrás de hace un cuarto de siglo, que hoy celebramos; fueron sembradas en las organizaciones surgidas al calor de la Reforma Agraria del gobierno de la Unidad Popular, en el levantamiento de la Comisión Nacional Campesina en tiempos de dictadura, en la resistencia a la persecución y tortura en el terrible proceso de la contra-reforma agraria, en la búsqueda de los familiares detenidos-desaparecidos y en la creación y sostenimiento de las Oficinas Regionales de Atención a la Mujer Rural en plena dictadura. 

Finalizando los años 90, ANAMURI se organiza en un contexto de fuerte profundización de un proceso de industrialización en el campo, claramente diseñado por un sistema capitalista-extractivista y patriarcal para terminar con la agricultura campesina: «Nacimos en rebeldía, nos rebelamos» nos rebelamos, a todas las limitaciones que la cultura machista imponía al desarrollo de las mujeres en las organizaciones, a la desvalorización no solo del trabajo en el campo, sino a nuestras ideas y pensamiento, nos atrevimos a dar un paso al lado» (FR).

Soberanía Alimentaria con identidad de género

Desde sus primeros años, la organización convocó a las mujeres a organizarse en sus territorios, convencidas de que debían ser una organización legitimada desde las bases, y salieron a recorrer cada rincón del país para consolidar una organización con identidad, que perdurara en el tiempo, que construyera su propia propuesta y que levantara su sueño. ANAMURI nació incluida en la lucha campesina de América Latina y del mundo a través de la CLOC y la Vía Campesina, de las cuales fueron impulsoras de su creación. ANAMURI fue concebida como una organización con un programa político, lo que significaba que abrazaban la lucha por la Soberanía Alimentaria con identidad de género como eje principal.

Y así llegan a su primer Congreso programático en el 2007, en un acampe masivo en la Estación Mapocho, lugar emblemático que representaba lo que fue el ferrocarril para el campesinado. Debían ver si la propuesta fundamental que emanaba de la CLOC y de la Vía Campesina realmente era una propuesta de todas las mujeres y cómo esa propuesta la «trasladábamos a una lucha organizada y la convertimos en principio político de nuestro accionar».

Para el segundo Congreso en 2014, ya se evidenciaba la organización y politización de las mujeres, y el crecimiento que había tenido el movimiento. Por aquellos años, el rol de las mujeres fue tomando notoriedad: «resistir para seguir existiendo». En esa lucha por la existencia de la agricultura ancestral, de los pueblos, de las identidades, de los recursos, el empoderamiento de las mujeres fue conformando un nuevo marco político que se enlazó perfectamente con el de la soberanía alimentaria: el feminismo campesino y popular. Un feminismo sobre todo, con identidad de clase como estructurador de sus luchas.

También la formación política fue un eje transversal que surgió desde los inicios de la creación de ANAMURI y ha sido un proceso constante y de continuo desarrollo. En esa dirección se consolidó el proyecto del Instituto de Agroecología-Sembradoras de Esperanzas».

El IALA es parte del sueño de crear un espacio de formación para las mujeres rurales, respondiendo a uno de los elementos centrales de la Soberanía Alimentaria: la agroecología. Un espacio para recuperar la tierra, la cultura e identidad de las mujeres del campo, un espacio de formación de profesionales que el campo necesita para seguir produciendo los alimentos que el pueblo requiere.

De los Tribunales Éticos a la organización sindical de las mujeres del campo y del mar

Algunos sucesos son hitos porque llevan a un salto cualitativo como resultado de  un determinado proceso. Este es el caso del camino recorrido de los Tribunales Éticos, los cuales fueron la forma que ANAMURI creó  para llevar adelante la Campaña “No más violencia en el Campo”. Sin embargo, los tribunales dejaron ver las innumerables violaciones a los derechos de las trabajadoras del campo  y del mar, y  frente a un vacío sobre las demandas de este sector había que crear un espacio que diera lugar a estas denuncias y acompañase el reclamo de las trabajadoras.  El 10 de septiembre el 2019, días antes de la revuelta del pueblo chileno, la organización dio un paso histórico para el movimiento sindical del país, con la creación del “Sindicato Nacional de Trabajadoras Eventuales de la Agro exportación y del Mar”, para representar a las trabajadoras invisibilizadas en los rubros de la agro exportación de temporada, pesqueras y recolectoras de orilla de mar. 

Sin miedo, con convicción y esperanza, convertiremos nuestros sueños en acción. Hacia el 3er Congreso

El Tercer Congreso que buscará  la construcción de su programa político para los próximos años, se realizará en octubre en Valparaíso. Empezó a gestarse en medio del Proceso Constituyente, en el cual ANAMURI tuvo un rol significativo y lo tomaron como estructurador de su lucha en los últimos años, porque reformar la Constitución había sido ya una demanda ya en el 2007 en su primer Congreso:

“Logramos entender que el querer una nueva constitución no es solamente reclamar, porque esa fue una decisión del Primer Congreso, pero en el Segundo Congreso vimos que una constitución se debe crear desde el pueblo, por lo tanto abrazamos la bandera de la Asamblea Constituyente y nos declaramos en Asamblea Constituyente permanente, y trabajamos para que se entienda qué es una asamblea constituyente. Y cuando la asamblea constituyente se la piensa dentro de la rebelión del pueblo, se convierte en una bandera de lucha, y nosotras estábamos ahí, porque habíamos trabajado tenazmente por una asamblea constituyente”. Pese al resultado el pasado 4 de septiembre de 2022 en el que se rechazó la Carta Magna propuesta, lograron instalar en Chile de que sin Soberanía Alimentaria el pueblo nunca sería del todo libre. 

La historia de ANAMURI se trama en hitos que fueron marcando el devenir y la definición de la esencia de la organizaciòn:

Desde la soberania alimentaria, de definir que las semillas son un patrimonio de nuestro pueblo, hasta lucha contra la opresiòn y la violencia contra las mujeres, a la que es la lucha por el derecho a un salario digno, a un salario como corresponde, al reconocimiento de lo que significa ser una asalariada, o la identidad que emerge de las trabajadoras del mar, la necesidad de formar nuestras propias profesionales para poder sostener una agricultura que responda a las necesidades del pueblo”

Sin dudas ANAMURI, un cuarto de siglo después, representa la diversidad y heterogeneidad del mundo rural de hoy y del feminismo campesino y popular en el continente. Hace 25 años, varias de las mujeres que hoy son nuestro ejemplo de lucha y coherencia,  necesitaban una organización de las mujeres del campo amplia y diversa, donde puedan pensar, actuar y soñar. Eso es Anamuri, un grito de rebeldía que todavía se mantiene. 

“Estamos celebrando estos 25 años de ANAMURI. El haber sido capaz caminar un cuarto de siglo con las banderas en alto, no solamente por la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres, sino por lo que significa el poder defender la tierra, defender nuestra cultura, defender la agricultura campesina, defender el futuro de nuestros hijos, abrir ruta para que cada dia puedan más jóvenes quedarse en el campo, ingresar a la organizaciòn, y mirar con esperanza el futuro”.

Dos días fueron en los que diversas organizaciones sociales y comunidades de la región de Atacama se reunieron en el encuentro “Territorios y comunidades en defensa de salares ante la minería del litio”, realizado en la sede del Colegio de Profesores y Profesoras de Copiapó y que se originó con el objetivo de diagnosticar amenazas y proyectar estrategias para abordar los conflictos que se viven en el territorio ante el avance de la agenda de explotación minera en el territorio, convocando alrededor de 60 personas.

Texto por Comunicaciones OLCA

La tarde del viernes 27, con una significativa cantidad de asistentes, se realizó el foro «Nuevas amenazas a los salares: Visiones desde Chile, Argentina y Bolivia». En esta actividad, se realizó una exposición e intercambio de las diversas experiencias que se vive ante la minería en el denominado “Triángulo del Litio”, el cual incluye a los países de Chile, Argentina y Bolivia.

Esta actividad contó con la presentación de una mesa compuesta por Luciano Travella (Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural), Elena Rivera (Comunidad Colla Comuna de Copiapó), Julieta Carrizo (Asamblea de Fiambalá Despierta de Catamarca, Argentina) y Gonzalo Mondaca (Centro de Documentación e Información de Bolivia), quienes compartieron las amenazas y puntos críticos que se han manifestado tras la minería del litio.

Para ver el registro del Foro:

En tanto, el sábado 28 de mayo, integrantes de diversas organizaciones y comunidades se hicieron parte de jornadas de trabajo en las cuales identificaron las principales amenazas que presenta la explotación de los salares junto con la construcción colectiva de análisis y estrategias para afrontar el escenario que se vive en la actualidad. Asimismo, durante la misma jornada se proyectó el documental “Maricunga: Ecosistema amenazado por la megaminería del litio” y se presentó el informe “Maricunga: El salar en la mira del extractivismo minero para la transición energética”, junto con dar a conocer elementos centrales de la Estrategia Nacional del Litio y el recorrido político-institucional que ha tenido este mineral durante los últimos tres gobiernos de Chile.

A esto se suma una visita al Salar de Maricunga que realizaron representantes de OLCA, CECPAN, CEDIB y la Comunidad Colla Comuna de Copiapó durante el domingo 28 de mayo, pudiendo observar en terreno algunas de las faenas mineras que se están desarrollando en el ecosistema, sumado a dimensionar presencialmente la importancia del salar.

 

 



El encuentro fue convocado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural – CECPAN y la Comunidad Indígena Colla Comuna de Copiapó; con el apoyo de Pan para el Mundo y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Este Congreso tiene por finalidad principal abrir un espacio amplio de reflexión, debate, valoración y memoria en torno al período histórico de la Unidad Popular, la dictadura civil-militar y su herencia en el Chile postdictatorial, con amplia participación del mundo académico y social, a través de múltiples formatos: artículos académicos, ensayos, relatos, debates, vídeos, expresiones artísticas diversas y otras posibilidades.

El Congreso busca hacer confluir al mundo académico tradicional y al creciente mundo de la academia no tradicional, caracterizada por los conceptos de universidad abierta, universidad popular y pluriversidad. En este sentido, el Congreso procurará implementar de manera concreta prácticas de democratización del conocimiento.

Se realizará dentro de la primera semana de septiembre de 2023, con una duración de 1 o 2 días, dependiendo del volumen de trabajos recibidos y aprobados. Las actividades presenciales se desarrollarán en Santiago de Chile, en distintos recintos y espacios públicos de la comuna de Recoleta. No obstante, se espera desplegar esta iniciativa en otras regiones de Chile, como también en distintos países de América Latina y el mundo, a través de actividades en modalidades híbridas y virtuales.

El Congreso busca promover el libre intercambio de saberes entre investigadores/as, artistas y creadores/as, dirigentes/as sociales, estudiantes secundarios/as y de nivel superior, pobladores/as, trabajadores/as, representantes de pueblos originarios y otros grupos sociales que habitualmente son excluidos de estos espacios de generación y difusión del conocimiento.

Por lo tanto, podrán presentar sus propuestas personas de cualquier nivel educacional, sin necesidad de grados académicos ni títulos profesionales.

Las personas interesadas en presentar sus trabajos en este Congreso, deben ingresar a la página web www.uar.cl/congreso-50, leer las indicaciones que allí se entregan y completar un breve formulario.

 

Para participar, es importante revisar detenidamente el siguiente calendario de postulación:

• 8 de mayo: Lanzamiento de la convocatoria a presentar propuestas
• 8 de mayo al 5 de junio: Recepción de propuestas (resúmenes)
• 5 al 23 de junio: Preselección de propuestas, a cargo del Comité Académico
• 26 y 27 de junio: Comunicación de trabajos preseleccionados
• 31 de julio: Recepción de trabajos finales
• 1 al 18 de agosto: Revisión de trabajos finales, a cargo del Comité Académico
• 21 de agosto: Publicación programa definitivo

PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE: REALIZACIÓN DEL CONGRESO ABIERTO Y POPULAR.

Más información.

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Conversamos con Karina Nohales (Coordinadora Feminista 8M) y Pablo Abufom (Jacobin América Latina) sobre la situación que se vive en Chile tras el triunfo de la derecha en las elecciones al Consejo Constitucional el domingo pasado, el futuro de la Carta Magna y los nuevos desafíos a los que deberá hacer frente la izquierda.

Moderó Maru Waldhüter.

El nuevo proceso constituyente chileno ya se encuentra en marcha. Sus reglas están establecidas y uno de los tres órganos que lo componen ya se encuentra trabajando. El 7 de mayo se realizarán nuevas elecciones para elegir a quienes escribirán la propuesta y la gran pregunta es cuáles son las posiciones que la izquierda chilena —dentro y fuera de los partidos políticos— tiene respecto al proceso. A partir de las entrevistas realizadas para este artículo se desprenden algunas primeras ideas que son parte de un camino lleno de aristas y complejidades. 

Imagen: Jose Pereira – TELAM

Por Javiera Tapia Flores

“En Chile no hay una izquierda. Hay izquierdas”, dice Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo XXI y candidata al Consejo Constitucional por “Unidad para Chile”, el pacto del sector progresista conformado en febrero del 2023 de cara al nuevo proceso constituyente, por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Partido Comunista, Partido Socialista y Liberal. 

La idea de que no existe una sola izquierda, ni tampoco un proyecto político común, es una de las pocas en las que se encuentran de acuerdo los dos principales sectores a los que pertenecen las y los entrevistados para este artículo, todos parte de lo que se podría denominar izquierdas —tanto de partidos políticos como organizaciones sociales— que apoyaron la opción Apruebo en el pasado plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, día en el que ganó con un 62% de los votos la opción Rechazo. 

“A mi parecer, hubo atisbos de posibilidad de tener un proyecto conjunto con la discusión de la Convención Constitucional, pero esa derrota reforzó las divisiones históricas”, dice Camila. “Me parece que hoy día la izquierda en Chile está dispersa en organizaciones sociales de distinto tipo: de carácter territorial, de luchas medioambientales, de la lucha feminista, de las luchas por el cuidado, de las luchas por vivienda digna y también en los partidos que, creo, están principalmente en Apruebo Dignidad [coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric]”. 

En un contexto de derrota política posterior al 4 de septiembre es en el que se encuentra el sector para enfrentar el nuevo proceso constituyente, acordado en el Congreso en diciembre pasado de manera transversal, en el llamado “Acuerdo por Chile”, en el que participaron desde el Partido Comunista hasta la derecha tradicional. Eso sí, se trata de un camino muy diferente al anterior, tanto en su composición y reglas. Y este trabajo ya comenzó: una Comisión Experta de 24 personas elegidas por el Congreso presentó un anteproyecto para que el Consejo Constitucional compuesto por 50 personas —elegidas por voto popular obligatorio el próximo 7 de mayo— comience la redacción. El otro órgano que completa el nuevo sistema es el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas, también elegidos por el Congreso, que harán valer una lista de 12 bases constitucionales que fueron fijadas tan solo un mes después del plebiscito de salida anterior y ya establecidas en el artículo 154 de la ley 21.533. O como varias de las fuentes para este artículo las definen: bordes o límites que el debate de normas no debe traspasar. 

En general, las posiciones respecto al nuevo proceso constituyente en las izquierdas separan aguas entre quienes desean participar del proceso como parte de una disputa institucional que debe darse (partidos políticos) y quienes lo cuestionan como ilegítimo (organizaciones sociales, muchas de las cuales participaron activamente en el proceso anterior y fueron por la opción del Apruebo). Hasta ahora, además, muy pocos movimientos de la sociedad civil han manifestado de forma clara sus llamados a la acción frente a las próximas elecciones de mayo. Manuela Royo, ex constituyente y vocera del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), organización que también es parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales, explica que dentro de aquella unión de organizaciones “hay quienes ya están por hacer una campaña por anular y otros que todavía no lo han decidido. Pero como es una coordinadora no existe una uniformidad sobre ese punto. En el fondo, cada movimiento tiene sus propias particularidades”, dice.

Fuente: Carlos Figueroa (Wikimedia)

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“Estamos en un escenario de derrota electoral y de minoría parlamentaria. Y, por tanto, si se quería abrir y continuar este proceso constituyente, la cancha en la cual se tenía que entrar a negociar era muy adversa. El resultado de esta negociación, tengo que ser claro, no nos satisface plenamente ¿Cuál era la otra alternativa? Cerrar el proceso constituyente y quedarnos con la Constitución de Pinochet”, dice Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric. Y puntualiza que su sector “jamás estuvo de acuerdo” con la designación de un Comité de Expertos, “pero la derecha lo puso como condición para poder avanzar a un órgano 100% electo y accedimos con la convicción de que tenemos que disputar esos espacios que por más tutelados que se quieran ver, es nuestra obligación política e histórica”, dice.

Y dirige una pregunta hacia quienes “legítimamente”, aclara, critican el proceso: “¿Entonces qué? ¿Esperar que aparezcan las posibilidades de victoria y me encuentre una revuelta para poder hacer los cambios?”. De inmediato, el diputado se responde: “los procesos revolucionarios no son los que necesariamente se construyen en la foto heroica, sino en la cotidianidad. Creo que hay una falta de autocrítica profunda de ciertos actores que, sin tener la capacidad y la fuerza hoy para enfrentar a la derecha, tampoco ofrecen alternativas para avanzar en superar la constitución de Pinochet. No hacer nada para quedarnos con esta Constitución es, de hecho, absolutamente conservador. No atreverse y no arriesgarse a iniciar un nuevo proceso con toda la dificultad que nos trajo el rechazo, me parece profundamente anti revolucionario”, reflexiona.

Alondra Carillo, ex constituyente y vocera de la Coordinadora Feminista 8M, explica que la posición actual de su organización es la de denuncia “del carácter antidemocrático y excluyente con el que fue acordado el proceso”. Algo que también manifiesta Manuela Royo, quien caracteriza el nuevo camino de escritura de la constitución como “muy poco participativo, muy poco democrático y muy poco representativo de las organizaciones sociales y de todo el mundo que está fuera de los partidos políticos que hoy día se encuentran en el poder”.

Por su parte, Matías Marambio, militante de Convergencia Social y uno de los coordinadores de su Frente de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Géneros, explica que dentro de las dirigencias partidarias hubo “una suerte de consenso en donde parece prioritario asegurar la continuidad del proceso antes que casarse con un diseño posible”. Además indica que existe “una disputa al interior de los sectores oficialistas del Apruebo y también dentro de los mismos partidos que componen la coalición de gobierno Apruebo Dignidad, respecto de cuáles fueron las razones de la derrota del 4 de septiembre y, por lo tanto, en qué medida un nuevo proceso debiera hacerse cargo de estas razones, evitando cuestiones que fueron vistas como errores del proceso o como puntos débiles”. 

Carrillo cree que “este proceso fue acordado con un carácter deliberadamente excluyente, y eso se funda en una premisa que, parece ser un acuerdo transversal de todos los sectores partidarios, de que uno de los errores del proceso anterior fue habilitar la participación de los sectores organizados del movimiento popular mediante la auto representación. Y eso lo dijeron los sectores partidarios, particularmente de sectores como el Partido Socialista o el Partido por la Democracia, incluso durante la campaña por el Apruebo”. 

Dentro del nuevo sistema constituyente, un concepto que al parecer ya ha quedado fuera del debate —debido a la implementación de las 12 bases constitucionales— es el de Estado Plurinacional, ya que una de ellas indica que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”. Pero la participación de los pueblos originarios también será diferente esta vez. Si en el primer proceso existían 17 escaños reservados para ellos, esta vez su participación se acotará a la representación solo en el Consejo Constitucional, con la condicionante de alcanzar un mínimo de votos. “El mecanismo definido en el acuerdo por una nueva Constitución no se reserva en estricto rigor ningún escaño, sino que se abre la ‘posibilidad’ de lograrlos, imponiendo condiciones restrictivas e injustificadas para lograr que la votación de personas indígenas se traduzca en representación efectiva. Para verse representadas las personas indígenas no solo deberán votar, sino que deberán alcanzar ciertos márgenes de participación. Esta participación será, además, evaluada en referencia a la participación nacional de personas no indígenas”, explica aquí Claudia Iriarte, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Derechos Humanos.

Foto: Francisca Yévenes

“Lamento mucho que esa comisión de expertos en vez de abrir puertas, al parecer las esté cerrando”, dice la académica mapuche, lingüista y ex Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon. “Las está cerrando, por cuanto su expertise tiene límite. Y tiene límite porque hay un acuerdo previo antes establecido donde define que Chile es una nación única y en ese concepto de nación única, quedamos todos fuera. Por eso no hay presencia de expertos indígenas en esa comisión. Los escaños reservados no se reconocieron. Se comete un error grande en dejar de lado los avances que hemos logrado por vías de procesos democráticos y todo tiene consecuencias. Yo no sé qué puede pasar, porque no estoy en la coyuntura, hay otras personas llevando adelante el proceso. Y, sin embargo, los grandes temas a mí me siguen importando y dentro de esos grandes temas está la propuesta de plurinacionalidad para resolver los problemas políticos de marginación que hemos tenido a lo largo de la historia. Sigue siendo una posibilidad para nosotros”, explica. 

“La participación de los pueblos indígenas no solo se trató sobre su derecho colectivo, sino también significaba una ampliación de las posibilidades democráticas para pensar el Estado. Esto se cercena en este segundo momento”, dice Claudio Alvarado Lincopi, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). “Se dejan afuera a los pueblos indígenas, así como otras expresiones que fueron, aparentemente, los culpables de todo esto”. A su juicio, el nuevo proceso “será arreglado de nuevo por los grandes partidos políticos en Chile, por quien ha tenido la mayor capacidad de acumular fuerza durante los últimos treinta años. Entonces, yo diría que los pueblos indígenas no están participando porque hay una decisión política de cerrar la discusión democrática a actores muy determinados”, concluye. 

Claudio también explica que dentro del movimiento indígena “hay gente que sí quiere participar de este segundo momento y otra que no, que está llamando a anular para la próxima votación del 7 de mayo. Y el llamado que se hace desde el sector en el que yo me ubico, que es el que dice que hay que votar, es que si van a anular, que lo hagan en la papeleta verde, en el voto indígena, reconociendo que el Estado debe abrir cauces democráticos para que las voces de los pueblos indígenas tengan expresión tanto electoral como político-institucional. Y ahí hay un encuentro en las posiciones que se presentan en esta coyuntura específica, no sé si antagónica, pero sí en veredas que no son la misma. Y creo que eso es traducible también al interior de los movimientos sociales, en general. Están esas dos perspectivas. Una que tiene que ver con no participar porque es un proceso que se da por arriba, que es muy cerrado democráticamente y sin participación de los territorios. Un montón de cosas que yo comparto, por supuesto. Y otro sector para el que aún así es importante participar, con la necesidad de seguir instalando nuestras reflexiones y sobre todo, de no desaparecer del debate político institucional que, de algún modo, ya abrazamos”. 

Imagen: Mario Benedetti/AFP

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Según la encuesta Cadem de la última semana de marzo, “un 48% de los encuestados no sabe que se celebrarán los comicios, 88% no conoce a los candidatos de su región y 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el tema. En ese escenario, 44% dice hoy que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría. 22% no manifiesta opinión”. 

“Ese desencanto de la ciudadanía lo hemos palpado nosotras mismas en el equipo de La Neta cuando reporteamos en el ex Congreso”, dice la periodista Bianca González, directora de La Neta, medio fundado en 2021 que ha cubierto de manera exhaustiva todo el proceso constituyente. “Nos damos cuenta de que ya no pasa lo que pasaba antes con la Convención. Por ejemplo, antes, cuando se presentaba una iniciativa de norma, se aglomeraban afuera del ex Congreso las organizaciones sociales, representantes de distintos movimientos, personas, en general. También participaban dentro de los puntos de prensa que se daban en el Congreso, explicando en qué consistía lo que estaban proponiendo y dándolo a conocer a la prensa, cosa que ahora, según lo que hemos visto en lo que lleva de trabajo de la Comisión Experta, no sucede. No hay organizaciones sociales ahí apoyando”, dice. 

Imagen: AFP – JAVIER TORRES

Alondra Carrillo cree que la desafección de la ciudadanía “es un rasgo de continuidad en los últimos treinta años en la relación de las personas con la institucionalidad política. También se vio desafección en el proceso anterior, pero dentro de los sectores que sí se comprometieron, vieron destruida de manera muy concreta la expectativa y sentido que habían alojado en el proceso. Y yo creo que esa experiencia emocional de involucramiento, esa experiencia política que tienen esos sectores que sí se involucraron, es también hoy día lo que lo que a muchas personas les hace muy difícil, sino imposible, conectar con un proceso diseñado en directa negación con el proceso anterior, que es el proceso en el cual habían depositado sus expectativas, sus deseos, sus sueños. Es como si este nuevo proceso se resistiera a ser pensado por los sectores que han sido excluidos de él deliberadamente”. 

Manuela Royo dice que la poca implicación e interés social que genera este nuevo proceso constituyente “no es casual, porque fue una propuesta pensada y decidida de esa forma en la lejanía con la gente, con la ciudadanía”. Por otra parte, Camila Miranda cree que “además de desafección, hay un cansancio generalizado. Pero este desinterés, la candidata al Consejo Constitucional también se lo atribuye al diseño del proceso “que hace que predomine la acción de los partidos políticos. Y convengamos que en Chile menos de un 7% de la población milita en un partido político y existe una desconfianza en ellos también. Entonces yo creo que el conjugar por un lado el agotamiento y también la frustración del proceso anterior con esta otra componente de un diseño del proceso, donde los partidos tienen un rol muy protagónico, genera también esa desafección”. 

“La derecha quiere convencernos de que el ciclo político terminó y que el Comité de Expertos es la figura fundamental de nuestra democracia, pero eso no es así, mirando cualquier encuesta más o menos seria, uno se da cuenta de que todavía los partidos políticos están profundamente dañados en su legitimidad y por lo tanto, el ciclo político de apertura democrática no está cerrado. Y si no está cerrado, la disputa político institucional todavía sigue teniendo sentido ¿no?”, dice Claudio Alvarado.

En este nuevo proceso constituyente existirán cuatro formas de participación ciudadana: la iniciativa popular de norma, las audiencias públicas, los diálogos ciudadanos y la consulta ciudadana. Hay una gran pregunta que se hace Bianca: ¿cuál será el espacio de incidencia real que tendrá la sociedad civil a través de estos mecanismos? Aún no se sabe. “Porque todos ellos giran alrededor de un anteproyecto que ya estará redactado y serán espacios para entregar opiniones o propuestas, pero no para tomar decisiones”, dice la periodista. 

Carrillo ve muy poco probable la real participación ciudadana dentro del proceso porque “todas las potestades de designación que en última instancia resuelven las potenciales controversias que se podrían abrir, están depositadas en las organizaciones partidarias de representación parlamentaria. Por ejemplo, si es que la voluntad popular fuese intencionar una determinada votación dentro del órgano constituyente mediante la presentación de una iniciativa popular de norma y esta estuviese en controversia o en polémica con los doce bordes, quien tiene la posibilidad de definir es el Comité Técnico de Admisibilidad, designado por los partidos”.

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Recientemente, en la presentación del libro De triunfos y derrotas: narrativas críticas para el Chile actual, Claudia Zapata, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la U. de Chile dijo que una de las ideas que se repetía en los textos que eran parte de la publicación (escritos por diferentes autores de variadas disciplinas y que se ubican en la izquierda del mapa político), era “el convencimiento de que los partidos, los movimientos y las organizaciones que componen el heterogéneo mundo de la izquierda, carecen de arraigo popular masivo”. 

“Creo que habría que definir qué es arraigo popular y qué es lo popular, pero en parte estoy de acuerdo”, dice Diego Ibáñez. “Hay una elitización muy profunda de la alternativa de la izquierda que se han anclado en estratos sociales medios y hay un mundo popular que es que está en una permanente selva de competencia, donde la salida al malestar es por la vía individual, por la vía del consumo, por la vía del hastío a las instituciones y eso, lamentablemente, no lo han podido revertir el sector al cual yo represento. Al Frente Amplio le ha costado penetrar en esa subjetividad popular”, concluye. 

¿Cómo romper esa distancia entre las personas y los partidos y organizaciones de izquierda? Matías Marambio cree que una clave para resolverlo es pensar en qué le entrega un movimiento, sea partidario o no, a la gente que está fuera de él. “¿Qué gana una vecina al vincularse con, por ejemplo, una organización feminista que no obtendría de otra forma? Es volver a la vieja pregunta del para qué nos organizamos. También siento que hay un problema, a veces, en algunas organizaciones y partidos, cuando creemos que porque tenemos buenas ideas o buenos diagnósticos, o porque queremos sentir que somos gente con una cierta superioridad moral, eso llamará a las personas a participar. ¿Qué hace que la gente se motive lo suficiente como para ser voluntario de bombero y no a una reunión de un sindicato? Creo que eso es lo que hay que pensar”, dice.

Camila Miranda cree que no hay más que “mirar los resultados de los últimos procesos para ver que existe aquella dificultad de arraigo social. Al no tener un proyecto político común, por supuesto que es más difícil construir un diálogo y una propuesta al país. Creo que como izquierda tenemos que aprender de la experiencia de construcción anterior, porque los proyectos de cambio no solo se sostienen en programas, sino que en acción y en personas. Mirar lo que fue el movimiento estudiantil o las masivas movilizaciones feministas. Ha quedado un espacio vacío en construcción que han tomado otros esfuerzos políticos regresivos que están construyendo sus prácticas de arraigo popular, que por supuesto no compartimos, pero que lo están haciendo. Esta que viene es la primera elección de personas después de la derrota del 4 de septiembre, entonces, creo que lo que está en juego no es solo el cambio de la Constitución, sino también la relación de fuerza de la izquierda y también cuánto van a avanzar sectores que retroceden todo, como el Partido Republicano y el Partido de la Gente”. 

Según Claudio Alvarado Lincopi, asistimos a dos derrotas para la izquierda después del 4 de septiembre: la electoral, pero también la de la construcción de la narrativa. “Quien gana electoralmente, si tiene la capacidad de traducir eso en la construcción de un guión o de un momento político, gana dos veces”, dice. 

La derecha ha impuesto su agenda tanto para un gobierno que ha sido más reactivo que propositivo, como también dentro del mismo proceso constituyente. Un ejemplo de ello es el debate sobre delincuencia, crimen organizado y seguridad que ha devorado, incluso, las franjas electorales transmitidas por la televisión abierta. Se trata de un sector que Alondra Carrillo define como “una derecha sin proyecto y sin nada que ofrecerle al país más que una agenda punitivista que nos tiene frente a un proceso constituyente que más parece la redacción de un nuevo Código Penal que la redacción de un nuevo pacto social”. 

No sabemos qué sucederá a partir del 7 de mayo, cuando ya sean elegidos los Consejeros Constitucionales, pero mientras las izquierdas chilenas siguen sin tener una estrategia compartida para enfrentar este nuevo proceso, es claro que los sectores más conservadores de la sociedad y la clase política van, sin duda, ganando terreno. 

Imagen: Luis Sandoval Mandujano / Alamy Stock Photo

En 2019 organizamos «Feminismos críticos para el Chile actual» en conjunto con la Fundación Nodo XXI, con el propósito de contribuir a la consolidación de un feminismo de izquierdas, anclado en las condiciones de vida que enfrentan las mujeres en el Chile neoliberal, sus contradicciones y posibilidades de transformación.

Compartimos los videos de las sesiones de esta escuela cuyos contenidos siguen vigentes para pensar los desafíos del feminismo en el presente.

 Sesión 1: Feminismo y política. Desafíos y dilemas.
Sesión 2: Trabajo y Endeudamiento en Chile. Desafíos para el feminismo.
Sesión 3: Violencias Estructurales. ¿Cómo las enfrentamos desde el feminismo?

Escribe: FRL Equipo de Buenos Aires

El rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional se impuso en Chile con el 61.87% de los votos, dando cierre a este ciclo de reformas constitucionales que se inició en octubre de 2020 con el apoyo masivo al plebiscito constitucional, resultado de un acuerdo transversal como salida política institucional al levantamiento popular de enorme magnitud acontecido en 2019.

Fotografía: Alex Wischnewski

Por primera vez desde el regreso a la democracia Chile asistió a una elección con voto obligatorio. Un poco más de 13 millones de personas -más del 85% del padrón electoral- asistieron el domingo pasado a las urnas para definir el destino del nuevo texto que reemplazaría la Constitución redactada por la dictadura. El rechazo se impuso en todo el territorio nacional, incluyendo las grandes ciudades que constituían un foco de esperanza para el activismo del apruebo. Los resultados de los dos plebiscitos constitucionales ponen de manifiesto que el pueblo Chileno no quiere la continuidad de la Constitución de Pinochet, pero esta nueva constitución tampoco. Pronto debe llegar el momento de plantear qué estrategias y en qué terrenos de disputa transitará el campo popular; y abrir análisis respecto de cómo se explica este hecho en un contexto de avance de las derechas políticas y una continua desconfianza en las instituciones y sobre qué consecuencias tendrá para el escenario político latinoamericano.

Es imposible acercar análisis acabados o conclusiones respecto de la magnitud de las consecuencias que traerá las elecciones del domingo, o sobre el desenlace que tendrá este proceso. Sobre lo que si no hay mucho margen de duda es sobre la nueva relevancia que toma el rumbo del actual gobierno frente al pliego de reivindicaciones y demandas que quedó contemplado en el espíritu y la letra de esa nueva constitución propuesta por la Convención.
El triunfo del rechazo nos pone frente a la imperiosa tarea de revisar las propias falencias del proceso y los debates constitucionales que, por errores propios y avideces ajenas, quedaron encerrados en el recinto; la dinámica política de la izquierda que una vez más actuó dividida mientras las derecha avanzaba unificada; del nuevo gobierno que encabeza Gabriel Boric, que no solo fue un gran ausente como pedagogo electoral sino que con la idea de “aprobar para reformar” afectó de manera sustancial la campaña por el Apruebo; y de la coyuntura política chilena signada por una creciente crisis económica que involucra un aumento inédito de la inflación, depreciación de la moneda, desinversión y endeudamiento.

Fotografía: Alex Wischnewski

Además de ello, es central comprender la estrategia de las derechas en relación al plebiscito constitucional, asumida luego de las elecciones de los convencionales constituyentes en mayo de 2021, momento en el que se evidencia la crisis de los partidos tradicionales frente al avance de los convencionales constituyentes que venían de fuera de la política partidaria, ya sea porque se presentaron como independientes o como parte de organizaciones sociales. Esto representó en su momento tanto una potencialidad, como su propia debilidad. La derecha optó por no disputar los debates en la Convención, sino trabajar muy meticulosamente en el menoscabo y la deslegitimación de la Convención y del proceso; construyendo un clima complejo de desconfianza y desilusión.

La definición de la figura de Convención Constitucional en vez de Asamblea Constituyente restringió las posibilidades de participación real, abierta y amplia del pueblo chileno en la definición del nuevo texto. Lo que empezó con enormes debates al calor de cientos de asambleas populares desperdigadas por todo el territorio nacional, terminó encorsetado en un recinto del centro de Santiago. De esta manera, la comprensión y el conocimiento de la sociedad respecto del nuevo texto constitucional se vio enormemente limitada. Escenario perfecto para que la derecha avasallara con su campaña por el Rechazo.

No obstante, con dificultades y debates, el texto constitucional terminó siendo uno de los más innovadores en materia de democratización política con una impronta signada por el feminismo, el ambientalismo y la democratización plurinacional de las instituciones políticas. Sin embargo, sin estructuras políticas nacionales, y con una dinámica muy exigente, los debates de los constituyentes fueron quedando aislados de la sociedad, impugnados desde dentro y desde fuera de la convención. El resultado es un reflejo de la debilidad y la pérdida de legitimidad del gobierno y del propio proceso constituyente. La reforma puesta en debate por Boric impugnó la propuesta antes de las elecciones del domingo. La derecha logró pegar el proceso constitucional al gobierno y por tanto la elección se concibió, también, como un mensaje frente al mismo.

La falta de un proceso pedagógico impulsado por el Estado para comprender el texto de la nueva constitución, y por tanto para disputar su contenido, fue un elemento importante. Era necesario un intento de desarmar la intensa campaña sucia a través de los medios y la calle, contraponer la narrativa del Rechazo. Esta compaña, iniciada tempranamente, desplegó una batería de noticias falsas que apuntaron a temas centrales para las mayorías: el temor a perder la vivienda, los ahorros, la seguridad. La ofensiva mediática cargó una radicalidad a la Constitución muy alejada del texto real. Centró sus disparos en lugares sentidos por la mayoría, sencillos de comprender y temer. La campaña del Apruebo, por el contrario, se inició en las últimas semanas, y fue un proceso a la defensiva, saliendo a todos los territorios a desmontar el relato instalado por los impulsores del rechazo.

Fotografía: Alex Wischnewski

Sin embargo, es importante no subestimar a la sociedad creyendo que hay una relación casi automática entre los discursos propiciados por la derecha y el voto por el rechazo. No hay que culpar al Pueblo. El pueblo tiene autoagencia, pero lo que pasó con la Convención, la violencia, los maximalismos, ayudaron a las dificultades para lograr una aceptación general; no se logró consolidar un proceso de identidad con la Constitución propuesta.

El descontento entre las y los defensores del nuevo texto constitucional es inconmensurable, tanto como el saldo organizativo, de discusión política y de construcción colectiva que deja el proceso constitucional en Chile. Hoy hay un nuevo texto, perfectible, pero suficiente en tanto agenda política. El estallido social de 2019, el referéndum de entrada en el que por un 80% la población dijo estar de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, el triunfo de Gabriel Boric y la ampliación de la representatividad del progresismo y la izquierda en distintas regiones del país y una Convención constituyente paritaria en términos de género y cuya primera presidenta fue una mujer indígena deja en evidencia que se asiste a un proceso trascendente y transversal de exigencias por cambios y reformas estructurales. Este es el Chile de los últimos años, por ello resultaría difícil creer que el pueblo, aquel que propició este escenario, vaya a renunciar a sus demandas. Hay un gran camino recorrido hasta aquí y la puerta hacía un nuevo Chile aún se encuentra abierta.

Ésta es la Constitución Política que el pueblo de Chile deberá aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre de 2022, en un plebiscito crucial para el destino de la región. Escrita por una Convención Constituyente de 155 representantes electos íntegramente por el voto popular, esta Carta Magna representa la salida política que el pueblo acordó con el sistema político para dar un curso institucional al estallido social de 2019 y significa el reemplazo de la actual Constitución, promulgada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet.

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