Los que ganarán en nuestra región son los que vienen ganando desde hace algunos años con la especialización en la producción de productos primarios, especialmente para la exportación.
Por Luciana Ghiotto*, diarioUchile
El reciente acuerdo entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea sorprendió a todos los sectores por igual. Hay que aclarar que lo que se anunció es “el fin de las negociaciones” y no la firma del acuerdo. Aún no hay claridad de que el acuerdo sea efectivamente firmado a corto plazo.
Especialmente esto se ve a partir de manifestaciones de uno de los protagonistas clave de estas negociaciones, el gobierno francés. Al retornar a Francia tras la cumbre del G20, el presidente Emmanuel Macron manifestó que para Francia el acuerdo aún debe atravesar una “revisión completa” y que no está seguro de que el Parlamento francés lo aprobará.
Actualmente el acuerdo se encuentra en revisión técnica y legal. No sería extraño que mientras escribimos estas páginas, los equipos técnicos estén modificando elementos negociados, cambiando el sentido de algunos puntos del acuerdo. Esto no es una especulación, sino que ha habido experiencias donde esto sucedió. De hecho, se estima que el texto del reciente tratado del CETA entre la Unión Europea y Canadá fue modificado en cerca de un 20% de su contenido en el proceso de “revisión legal”. Lo que esto muestra es que aquello que se presenta como técnico y legal, es en realidad político.
Una vez que el acuerdo haya sido firmado, sigue el paso de la ratificación por parte de los Congresos nacionales. Del lado del Mercosur, ese proceso puede demorar hasta dos años. Desde Brasil se entiende que el Congreso argentino podría bloquear la ratificación, y por ello se habría acordado una cláusula que permite que el acuerdo entre en vigencia sólo para Brasil sin tener la obligación de esperar a los otros miembros del bloque. Nuevamente, las frases en condicional muestran que no hay certeza alguna sobre cómo finalmente fueron acordados los aspectos administrativos del propio acuerdo.
¿Qué dice el acuerdo?
Pero, ¿qué se acordó finalmente? Sólo podemos guiarnos por el texto con “los principios del acuerdo” publicado por la Comisión Europea este 1ero de julio. De acuerdo a lo publicado, y comparando con algunos elementos del borrador filtrado en noviembre de 2017, se puede sacar algunas conclusiones preliminares. Encontramos que, en principio las posiciones que finalmente quedaron en el papel del acuerdo fueron, en su gran mayoría, las sostenidas por la Unión Europea. Y en los puntos donde hay una “victoria” del Mercosur, hay elementos que tienen que ser analizados y que plantean, como lo vienen diciendo algunos sectores del empresariado argentino, la necesidad de ser cautos antes de festejar.
1. Los temas comerciales
En los temas comerciales, el balance de lo que se acordó plantea en principio un escenario complejo para los países del Mercosur. El Mercosur aceptó liberalizar el 91% de su comercio bilateral con la UE en un período que, para la gran mayoría de los productos, será de sólo diez años. Entre esos sectores se encuentran “sectores ofensivos clave” para el Mercosur como autos, autopartes, maquinaria, químicos y medicamentos. Sobre el sector de autopartes, altamente sensible, el Mercosur aceptó remover aranceles de manera lineal en un período de entre 10 (el 60%) y 15 años (el 30%). En el caso de los vehículos terminados, la desgravación total es a 15 años, pero con un período de carencia de 7 años, lo cual será compensado con una cuota anual de 50.000 unidades procedentes de la UE con una preferencia arancelaria del 50%.
Lo que esto marca son dos cosas: primero, que como en todo tratado comercial (de “libre comercio”) el objetivo es reducir los aranceles lo más cercano a cero posible. Aquí se está logrando, incluso en los sectores más sensibles como la industria automotriz, calzado y textiles. El margen de maniobra es de, máximo, 15 años. Lo que esto implica es que los sectores productivos argentinos cuentan con un periodo de una década y media para adaptarse a los niveles de competitividad de las empresas europeas. Sin una reconversión, los sectores industriales nacionales van a perecer en la libre competencia. Las declaraciones del empresario agroexportador Gustavo Grobocopatel sosteniendo que hay sectores económicos que con el acuerdo van a “desaparecer”, pueden sonar antipáticas pero no por eso no son ciertas.
Por la parte del Acceso a mercado de bienes agrícolas, lo que se acordó ha generado ganadores y perdedores en el bloque del Mercosur. Se logró finalmente 99.000 toneladas de carne vacuna pesada con carcasa, cuando hace una década el Mercosur solicitaba 400.000 toneladas y sin carcasa. La liberalización tampoco es total, ya que entrará a un arancel de 7,5%. En tanto, como gran novedad, todas las exportaciones que ya se vienen haciendo con la cuota Hilton (cortes de alta calidad comercial) tendrán un arancel del 0%. La Argentina hoy es el país con más cuota Hilton, con 29.500 toneladas, y estaba pagando un derecho de 20% para vender a Europa con este cupo. Sobre este acuerdo, las grandes empresas exportadoras de carne festejan. Un dato relevante es que aún no se sabe el acuerdo acerca de las cuotas internas para dicha exportación de carne vacuna, es decir, qué monto podrá vender cada país.
Por su parte, los europeos introducirán, sin barreras, productos agroalimentarios sofisticados, como vinos (que hoy pagan arancel de 27%), chocolates (20%), whiskies y otros destilados (de 20 a 35%), quesos (28%), bizcochos y galletas (16 a 18%) y hasta gaseosas (de 20 a 35%). A esto se le suma aceite de oliva, fruta fresca, duraznos y tomates enlatados y papas congeladas; todos señalados en el texto como productos clave para la exportación europea. De esto podemos sacar diferentes elementos de análisis. Primero, ver que, en algunos productos, la competencia de ambos bloques es alta. En lo que respecta a productos como el aceite de oliva, la industria ha señalado que este acuerdo es negativo, ya que se pierde el mercado brasileño de manos de los productores de Grecia y España.
Segundo, en estos productos se expresa la irracionalidad del comercio internacional: se acuerda importar sin aranceles ciertos productos alimenticios que son producidos a escasos kilómetros de los consumidores metropolitanos, como los tomates, las papas, las frutas frescas, pero que ahora viajarán por 11.000 kilómetros en barcos gigantes desde, por ejemplo, Roma hasta Buenos Aires. Este tipo de lógica es uno de los puntos de ataque de los movimientos ecologistas, que denuncian la huella ecológica de la importación de productos que podrían comprarse a precios razonables a poca distancia del hogar del consumidor
2. Los temas regulatorios
Todos los Tratados de Libre Comercio poseen una cantidad de capítulos de los temas llamados “asociados al comercio”, es decir, que exceden los temas de aranceles y que tienen que ver con las funciones regulatorias de los Estados. Estos temas se convirtieron en capítulos en los primeros grandes Tratados de Libre Comercio (TLC) de los años noventa y se incorporaron en las agendas de la Organización Mundial del Comercio. Se trata de derechos de propiedad intelectual, inversiones, servicios, compras públicas, comercio electrónico, medidas sanitarias y fitosanitarias, indicaciones geográficas, entre otros.
A pesar de que la Comisión negociara con un mandato “viejo” de 1999, en este acuerdo aparecen todas las nuevas aproximaciones a los temas regulatorios en los TLC. Nos referimos aquí especialmente a coherencia regulatoria y comercio electrónico. Este acuerdo incluye la libre circulación de datos y la especificidad de que los estados no puedan poner impuestos a las transacciones electrónicas.
Estos puntos, que son objeto de debate en organismos como la OMC, aquí ya aparecen resueltos a favor de las empresas del sector, en su mayoría europeas. Por otra parte, la coherencia regulatoria se refiere a las “buenas prácticas regulatorias” en el proceso de planificación y diseño de medidas regulatorias asociadas al comercio. La opinión de las “partes interesadas”, es decir, las empresas, deberán ser tomadas en cuenta en los procesos legislativos internos. A su vez, los estados se comprometen a revisar toda su legislación sobre comercio para que vaya de acuerdo a los intereses de las partes interesadas. Estos temas ya aparecieron de este modo en acuerdos como el Tratado Transpacífico (TPP11).
Sobre los temas regulatorios más tradicionales, este acuerdo favorece a las empresas europeas. Esto se ve en los apartados sobre servicios y compras públicas. Aunque se lo presente como “nuevas oportunidades a ambos lados del Atlántico”, se entiende que son las empresas europeas las que tienen capacidad de: 1) exportar servicios; 2) ganar licitaciones en territorio americano.
En el caso de compras públicas, la UE obtuvo acceso a licitaciones para constructoras y proveedores europeos a través de la obligatoriedad de otorgar a esos empresarios el principio de Trato Nacional. Es decir que no se los puede discriminar en base a su nacionalidad, intentando beneficiar a proveedores nacionales o regionales. Las empresas europeas podrán participar de la construcción de carreteras, líneas ferroviarias y puertos. Se les permite asimismo adjudicarse contratos para la provisión de equipamiento al Estado en las mismas condiciones que sus pares locales, en áreas como medicamentos, vehículos y tractores. El compromiso es que esta apertura se realice en un plazo de dos años y se produzca en todas las entidades, tanto del nivel central (ministerios, agencias y universidades nacionales) como sub-nacional (provincias y municipios).
Finalmente, cabe decir que a pesar de que no se cuenta aún con los textos finales, los elementos que han trascendido estos últimos días ya dan señales de que se trata de un acuerdo que va a producir modificaciones profundas sobre la estructura productiva de los países del Mercosur. Los que ganarán en nuestra región son los que vienen ganando desde hace algunos años con la especialización de nuestros países en la producción de productos primarios, especialmente para la exportación.
* Luciana Ghiotto es Doctora en Ciencias Sociales, especialista en Economía Política Internacional, investigadora de CONICET con sede en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y coordinadora de la Plataforma América Latina mejor sin TLC.