Hoy 22 de abril se conmemora un nuevo día internacional de la Tierra, una iniciativa que conmemoran organizaciones de diversos países. El observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales comparte estas reflexiones sobre el rumbo de la humanidad en el contexto del COVID-19, la crisis ecológica, y las desigualdades que atraviesan estructuralemnte a Chile.

Por OLCA

Cordillera de Huayhuash / Pixabay

 

Nunca había habido una actitud humana que posibilitara a la Tierra respirar, a las toninas volver a saltar las olas de los puertos quietos; a zorros, águilas, cóndores, ciervos, pumas, acercarse a los espacios antes propios, sin miedo, casi felices, haciéndonos ver que se puede compartir la vida cuando la obsesión del dominio no atraviesa las relaciones.

Esto ocurre en un contexto lleno de incertidumbre para la especie humana, los profetas del crecimiento económico infinito y del solo mirar hacia adelante, sin importar los impactos de sus pasos, ahora recogen el despreciado verbo que por siglos escucharon en boca de indígenas y campesinos: volver. Claro ellos hablan de volver a la normalidad, al terreno de sus normas que, con la pandemia se puede ver con estrepitosa claridad, supone una desigualdad sin precedentes y antepone la economía a la vida, tal como dijo el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, «no debemos matar la actividad económica por salvar vidas”.

Quieren volver a la normalidad de vivir en un país donde 137 comunas están declaradas en escasez hídrica, la minería sigue siendo promovida como actividad viable para salir de la crisis, los subsidios para las pymes los cobran el retail y las forestales… La normalidad del ganar ganar, bien cortoplacista, bien devastadora, bien ciega. Un ejemplo, pese a estar en la peor crisis sanitaria de la historia reciente, se le aprueba a la empresa extranjera Andes Copper Ltd mediante una Declaración de Impacto Ambiental, que impide la Participación Ciudadana, la posibilidad de hacer sondajes en la parte alta de la Cuenca de Putaendo, territorio tremendamente azotado por la falta de agua, donde incluso se ha vuelto inviable la crianza de ganado por que ya no hay agua para garantizar su subsistencia.

A eso, es evidente que no se puede volver, no queremos volver. Ya con el estallido social que enteró 6 meses este 18, las organizaciones sociales, asambleas territoriales, cabildos autoconvocados demostraron que no hay disposición a seguir habitando la normalidad del abuso: no más afp, no más precariedad laboral, no más machismo, no más salud y educación de mercado, no más represión, no más zonas de sacrificio… No más.

Y llegó la corona virus y la pandemia asociada, y por cariño se vaciaron las calles… pero una tras otras, todas las medidas de la institucionalidad, dan cuenta de que no se entiende, su volver, no es la re vuelta necesaria para terminar los abusos.

No queremos volver, y tampoco queremos quedarnos en aislamiento, tras mascarillas, presas del miedo y escuchando pelotudeces en los canales de televisión. Entonces, ¿hacia dónde vamos?

La respuesta, para nosotras y nosotros, hace años la vienen dando los territorios: hacia la capacidad de trabajar con lo que tenemos, de ponerlo en valor y de potenciarlo colectivamente. Vivir en la tierra y no sobre la tierra, hoy más que nunca se requiere plantar y cientos de grupos de whatsapp que se hicieron para coordinar la marcha, ahora se usan para intercambiar semillas, promocionar productos, buscar terreno para el huerto urbano, organizar trueques de almácigos, resucitar los comprando juntos, colectivizar el cuidado de las y los más mayores de la cuadra, hacer la olla común, potenciar las economías locales, participar activamente en intercambios o cursos de autoformación online. Es decir, caminar vitalizando la abundancia colectiva, dormida, pero siempre latente, que nos rodea.

Cuando nos impusieron, y no es asunto solo de este gobierno, es asunto de la cultura hegemónica, que debíamos depender de lo que nos falta, definirnos desde la carencia, vivir en la deuda, o sea subvalorarnos y endiosar los espejitos de colores, caímos en el ciclo enfermo e incesante de producción consumo que nos tiene al borde del colapso. Por suerte los malls cerraron y nos dimos cuenta que la vecina es costurera; y los buses dejaron de pasar y nos dimos cuenta de que el vecino producía tomates, y más allá había papas y cilantro, y caminando entender que podemos vivir sin consumir tanto petróleo… El mundo de Mafalda se detuvo y solo la naturaleza ha seguido andando, más limpia, con más manos en sus surcos, con más semillas sembrándose para nacer un mundo nuevo.

Ahora que iniciamos un proceso constituyente, es importante tomar apuntes y entender que no se trata solo de recuperar los bienes comunes, se trata de un nuevo pacto con la Naturaleza, sus leyes están escritas hace tiempo, quizás sería bueno releerlas antes de reescribir las nuestras… Romper la cáscara de la normalidad para reencontramos con la vida, como ha venido haciendo el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, que hoy, como desde hace 8 años todos los 22 de abril, estaría con sus lienzos por calles de todo Chile anunciando el agua como un bien común y un derecho humano, y la Naturaleza como una madre, con derechos, que debemos empezar a reconocer y respetar.

El grupo empresario comandado por Paolo Rocca y radicado en Luxemburgo no sólo ha actuado de manera irresponsable en Argentina, si no también en Italia donde -además de empresas- posee una red de clínicas privadas.

Por Ezequiel Dolber para Notas Periodismo Popular

 

Paolo Rocca es uno de los hombres más ricos de la Argentina con un patrimonio superior a los U$D 3.300 millones. Según la revista norteamericana Forbes, ocupa el «top ten» de los mega o billonarios de este país. Su fortuna personal es la acumulación alcanzada como uno de los prominentes empresarios (ítalo-)argentinos, que influye -con sus momentos de auge y retroceso- en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la Unión Industrial Argentina (UIA), en las Cámaras empresariales del acero y la construcción entre algunas.

La Compagnia Tecnica Internazionale abarca operaciones en los cincos continentes y 45 países, siendo uno de los holdings más importantes del país. En su sitio informativo, asegura que «cuenta con una fuerza laboral de profesionales experimentados y trabajadores calificados, quienes suman un total de 74.500 empleados, de los cuales 57.100 son de planta permanente». Y agrega que «la facturación anual global del Grupo Techint supera los 23,5 mil millones de dólares estadounidenses».

El conglomerado se compone con Tenaris que produce tubos de acero con y sin costura para la industria del petróleo y gas; Ternium que produce aceros planos; Tecpetrol, un emprendimiento que le ha permitido picar en punta en la promesa de Vaca Muerta; Techint Ingeniería y Construcciones, donde se realizan los proyectos de construcción del holding como los gasoductos; Tenova, la empresa encargada del rubro minero y, por último, el alcance se extiende hasta Humanita, una red de clínicas privadas en las regiones septentrionales de Italia, no casualmente una de las zonas más golpeadas por la del Covid-19, dirigida por Gianfelice Rocca, hermano de Paolo. El holding, controlado por la familia a través de la sociedad San Faustín, tiene su sede en realidad en Luxemburgo para ejecutar las operaciones en los lugares más recónditos del globo como Uzbekistán. Como curiosidad, el otro peso pesado de la industria del acero en nuestro país, el grupo Arcelormittal, que ostenta más de 200 mil trabajadores en todo el mundo y el control de Acindar en nuestro país, también tiene su sede en Luxemburgo.

En síntesis, el grupo Techint abarca transversalmente algunas de las principales ramas y sectores de la economía argentina: petróleo y gas, energía, construcción, minería, siderurgia. El impacto de la recesión económica a la luz del salto producido por la pandemia del Covid-19 en uno de los principales holdings de la región, será sin duda sintomático de algunos de los próximo movimiento en la configuración de la economía.

La defensa del emporio

Paolo Rocca se ha caracterizado, sin duda, por defender con uñas y dientes los intereses de su emporio. Luego de una larga trayectoria en la siderurgia, hoy su principal apuesta pasa por Vaca Muerta, el segundo reservorio mundial de shale gas. El yacimiento situado en la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados.

En Fortín de Piedra, un yacimiento de 243 km2 en la provincia de Neuquén, Tecpetrol invirtió US$ 2300 millones en una primera fase com US$ 1600 millones en perforación y terminación de pozos y US$ 700 millones en instalaciones de tratamiento y transporte de gas. Esa primera fase incluyó la perforación de 150 pozos con 5 equipos, 245 km de ductos y una producción estimada de 14 millones de m3/d de gas hacia 2019. Siendo uno de los más entusiastas precursores en el proyecto Vaca Muerta, Rocca batalló contra el Estado incluso bajo el gobierno de Macri por un subsidio que garantice el retorno de sus inversiones contra todo riesgo. En mayo de 2019, «la compañía aduce que dejó de percibir $ 2500 millones (más intereses) o unos u$s 55 millones por los pagos mal liquidados de agosto, septiembre y octubre de 2018». «En un principio, Tecpetrol informó que sus pérdidas para todo 2018 por este cambio en las reglas de juego llegaría a los $ 5655 millones», aseguró la empresa.

La interpretación de la resolución 46/2017 cuestionada por Techint establecía un precio estímulo de u$s 7,50 por millón de BTU en 2018; u$s 7 para 2019; u$s 6,50 para 2020 y u$s 6 para 2021 para todo el gas no convencional producido por encima de la extracción del último año móvil en los yacimientos que recibieron este subsidio.

Rocca y sus ejecutivos también se vieron salpicados por la llamada «causa de los cuadernos», una investigación judicial surgida de las anotaciones del chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación, el secretario de Energía, Roberto Baratta. En esa causa, Luis Betnaza aseguró haber pagado coimas para garantizar «la seguridad» del personal de la empresa que se encontraba en Sidor, la siderúrgica más grande de Venezuela que fue estatizada con un pago millonario a la empresa de los Rocca tras un extenso conflicto sindical. El curso de la investigación por los cuadernos, fuertemente entrecruzada por las disputas e internas político-judiciales y bajo el comando del difunto juez Claudio Bonadío, concluyó con un sobreseimiento para Rocca, Betnaza y otro ejecutivo más.

Para completar a modo ilustrativo la semblanza de un grupo que se ha valido de cada oportunidad para acumular capital económico y político, en 2016, durante el blanqueo de capitales aprobado por el Congreso con el impulso del entonces oficialismo de Cambiemos, los directivos y familiares de Paolo Rocca aprovecharon para blanquear nada menos que $9.100 millones, una cifra extraordinaria para el común de los mortales.

La señal de arranque

Apenas comenzado la crisis sanitaria por la propagación del Covid-19, que implicó un derrumbe bursátil internacional y un freno generalizado de la actividad económica, el gobierno nacional dictó un aislamiento social preventivo y obligatorio que paralizó toda industria o servicio que no fuera considerado esencial. El empresario resolvió despedir a 1.450 operarios de la rama de construcciones del holding vinculados a proyectos de obras y servicios en las provincias de Buenos Aires, Tucuman y Neuquén. Poco le preocupó la lectura social de una medida de ese tipo en medio de un enorme esfuerzo social colectivo bajo el aislamiento social preventivo y obligatorio para la mayoría de la población que trae aparejado también grandes privaciones en el acceso a un ingreso y bienes de primera necesidad.

La respuesta a los despidos masivos fue un fuerte cuestionamiento del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien calificó como «miserable» en un mensaje público y a través de un decreto de Necesidad y Urgencia prohíbe los despidos y suspensiones por 60 días desde el 29 de febrero. Sin embargo, la empresa pudo sortear esta resolución con un acuerdo con el sindicato UOCRA que convalidó las desvinculaciones masivas y el ministerio de Trabajo tuvo que homologar el acuerdo. Los 1.450 despidos ejecutados por Techint se estima que son sólo un emergente de una parálisis más vasta en la rama de la construcción que puede alcanzar hasta los 100 mil despidos.

Previamente a los despidos en el sector construcciones, sin embargo, el holding ya había comenzado a descargar la crisis sobre sus trabajadores. Es el caso de SIAT-Tenaris, la empresa ubicada en Valentín Alsina que produce tubos de aceros para gasoductos. El delegado de la UOM Avellaneda, José Villa, explicó: «El día 19 de marzo cobramos la quincena, y la empresa no pagó un ítem que venimos cobrando desde hace 50 años, que es el ítem premio de producción», denunció.

En el caso de SIAT, los trabajadores estaban con un plan de suspensiones con una reducción salarial al 85% hasta el 31 de julio bajo el planteo de la empresa de falta de producción. Sin embargo, Villa advierte que ahora bajo el impacto recesivo por el coronavirus, esta modalidad se extiende a las distintas plantas del holding. «Desde el 1 de abril con el DNU del gobierno, el grupo Techint salió a operar con un artículo del mismo para imponer suspensiones con reducciones salariales en otras plantas». El delegado puso como ejemplo la planta de Ternium-Siderar en Haedo que pasará a un régimen de suspensiones con el 75% del salario y un acuerdo similar se aplicaría en la planta de San Nicolás (ex Somisa).

El gremialista también advierte que Techint se encuentra aprovechando este escenario en otros países. En el caso de Italia, en la región de Bérgamo, donde se encuentra la planta de Tenaris Dalmine, la empresa mantuvo a la fábrica funcionando hasta el 23 de marzo a pesar que era una de las zonas más afectadas por las muertes por Covid-19. Tras la implementación de la cuarentena, el holding pasó allí también a un esquema de suspensiones con reducciones salariales. Para mayores contrapuntos en esta historia, Bérgamo es una zona donde ha proliferado el avance de la salud privada de la mano de Humanita, la red de clínicas del grupo de Techint. Gianfelice Rocca es quien las dirige, la misma persona que preside Tenaris-Dálmine.

En un contexto donde se avizora una recesión económica comparable a otras grandes crisis y con un estado que no puede hacer frente al pago de la deuda pública, las primeras semanas de abril ganó cierto impulso por iniciativa de organizaciones gremiales y sociales la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas para financiar los costos de la crisis socio-sanitaria. La propuesta sería llevada al Congreso con la firma de diputados del Frente de Todos. Ese gravamen a los billonarios de la Argentina, entre los que se incluye obviamente a Rocca, podría aportar entre u$d 3.000 y u$d 4.000 para inyectar tanto a un sistema salud vaciado por el modelo neoliberal como a atender la situación de los sectores más postergados, con un 40% de trabajadores precarizados o no registrados que han perdido sus ingresos por la implementación de la cuarentena.

La aprobación de la iniciativa todavía es incierta y contará con el rechazo cerrado de los representantes de la clase empresaria. Por lo pronto, el CEO de Techint Ingeniería y Construcciones, Carlos Bacher, se defendió luego de los despidos masivos asegurando que el holding aportará u$d 10.000.000 para el Hospital Austral y el sistema de salud de Campana. Esa suma no parece suficiente para cerrar la puja que se avecina.

Segunda parte del informe sobre el transporte de pasajeros durante el aislamiento obligatorio a causa del covid-19. En este caso, la realidad que se vive en los colectivos, el subterráneo y las disputas con las ART

Por Daniel Jatimliansky para Infonews

 

Foto: Radio Mitre

El 6 de abril –cuarto día hábil del mes y último plazo para el pago de salarios según la Ley 20.744, de Contrato de Trabajo-, el delegado de las líneas 540 y 553, Juan Alberto Galeano, recibió un mensaje de WhatsApp, enviado por sus jefes. Por ese medio, le informaban que la empresa pagaría sólo el 80% de los sueldos al personal. Ambas líneas son parte del Grupo Autobuses, uno de los aglomerados empresarios más grandes del país en un sector sumamente concentrado, como es el transporte automotor urbano de pasajeros.

No lo vamos a aceptar”, fue la respuesta inmediata de Galeano. Tras el intercambio infructuoso con el representante de la empresa, los trabajadores se comunicaron entre sí a través de las redes virtuales y convocaron a una asamblea a primera hora del día siguiente.

El 7 a la mañana, la imagen que presentó el playón de la empresa, sobre la avenida Ejército de Los Andes de Villa Fiorito, parecía salida de un film de ciencia ficción. Unos cien trabajadores –casi la totalidad de quienes estaban activos por no conformar alguno de los “grupos de riesgo”- permanecían al aire libre en una ronda ampliada, separados a más de un metro uno de otro. Algunos portaban barbijos, otros se colocaban alcohol en gel en las manos cada cierto tiempo. Ninguna unidad había salido ese día cuando llegó un mensaje de la empresa, a las 10.20, que informó que la suma faltante de los sueldos había sido depositada. La asamblea continuó hasta pasadas las 11, cuando los trabajadores levantaron la medida.

Venimos de una organización gremial con todos los compañeros de hace casi 30 años, jugar con la desorganización de nuestra línea les va a costar un montón”, advirtió el delegado.

El aspecto sanitario fue otra de las mayores preocupaciones de los trabajadores cuando se confirmó la presencia de la pandemia en el país. Según aseguró Galeano, la empresa no se ocupó de la higiene de las unidades: “tuvimos que hacer una asamblea e implementar nuestro propio protocolo”, manifestó. Entre las medidas, se anuló la puerta delantera y se colocó una cinta de seguridad detrás de las primeras filas de asientos para distanciar al conductor de los pasajeros (más tarde, en lugar de la cinta se adoptó un denominado “plástico cristal”, una suerte de film grueso que aísla todo el espacio).

La primera respuesta de la empresa fue preguntar por qué hacían ingresar a los pasajeros por la puerta trasera. Luego de algunas discusiones, la patronal accedió a eso y otorgó elementos de seguridad como alcohol en gel, barbijos y guantes, entre otros. No obstante, Galeano consideró que el transporte público debería paralizarse por completo para evitar el contagio de los trabajadores.

Foto: Nico Kobane, en Infonews

Condiciones precarias y aprietes pandémicos

Los problemas se extienden mucho más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En Neuquén, la línea 12, también concesionada al Grupo Automotores, realizó un paro parcial –por horarios- el 8 de abril porque sus trabajadores no percibieron la totalidad de los salarios. En algunos casos, la suma abonada fue inferior al 50% de lo que corresponde. De manera previa, la compañía había recibido 3,3 millones de pesos por parte de la Municipalidad de Neuquén para pagar los sueldos. Por parte de la empresa, el gerente local, Leandro Franco, envió un mensaje al gremio con agravios y hasta un texto referido al paro que sonó a amenaza: “Eso no es gratis. Abz”.

La medida de fuerza fue interrumpida tras el dictado de conciliación obligatoria por parte de la cartera de Trabajo provincial pero fue retomada el 14 de abril a las 12, tras extenderse la falta de pago. Al cierre de este artículo, la situación permanecía en ese estado.

En esa compañía, el conflicto salarial parece ser una extensión de otros problemas precedentes. Entre ellos, la situación sanitaria es preocupante: “exigimos que haya agua en las cabeceras porque hay baños químicos, y también tenés que pelear con el empresario para para que desagoten el baño; en el taller no hay calefacción, el baño está a 100 metros y no lo limpian seguido, se inunda, hay dos inodoros, dos duchas y una pileta para más de 50 trabajadores por turno”, detalló el secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) regional Neuquén, Claudio Coronel. La temperatura de los conductores, por su parte, no es controlada al comenzar los turnos, tal como establece el protocolo de transporte de pasajeros y cargas del Poder Ejecutivo, fechado el 17 de marzo.

En la misma provincia, la firma Ko-Ko, que pertenece al grupo empresario Vía Bariloche, despidió a 100 conductores en medio de la prohibición de hacerlo, según publicó Noticias Neuquén. Por su parte, Transporte Rincón, una compañía interurbana, abonó el 50% de los salarios e hizo renunciar a su personal con la promesa de reincorporarlo más adelante.

Las compañías donde los empleados lograron organizarse, realizar asambleas y tomar medidas en conjunto fueron los que más soportaron los embates.

En Salta, el delegado de UTA de la empresa Transal, Diego Corvalán, consideró que se vive una situación complicada y que, como trabajadores, se sienten desamparados: “si bien tenemos un gobierno presente, los empresarios hacen caso omiso a varias cosas”. Las condiciones de higiene, según denunció, son mínimas.

Muchos empresarios ponen el pretexto de no poder pagar los sueldos. Años (hace) que vienen juntándola con pala a la plata y ahora, que les toca perder un mes, son pobres. En la riqueza no formábamos parte y, ahora que no hay, quieren hacernos formar parte. Gratis no vamos a trabajar”, reafirmó.

Foto: Infonews

Los trabajadores a la vanguardia de los protocolos

Focalizada en el AMBA, Dota es otra de las grandes jugadoras del sector. De acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación publicado en 2019, esa compañía concentró el 46% de los pasajeros transportados en el sistema urbano de la región durante 2014 y 2017, y recibió el 48% de las compensaciones que dio el Estado Nacional a las empresas del rubro en la zona. Para 2017, la sociedad contaba con 77 empresas, de las cuales 67 se dedicaban al transporte de pasajeros, con un total de 180 líneas urbanas (de un total de 389). De acuerdo con fuentes de fábricas automotrices, el grupo cuenta con 4.500 unidades. Sin embargo, si se considera que en el AMBA circulan 18 mil colectivos, la cifra puede ser mucho más elevada.

Entre las líneas que gestiona está la 60, que viene de un prolongado conflicto. El mismo incluyó el cierre de 12 de sus 19 ramales el año pasado, hecho que fue impugnado por los trabajadores y debe ser revisado por el Ministerio de Transporte. “Fuimos los primeros, junto con las líneas 540 y 533, en anular la puerta de adelante y poner el plástico cristal. La empresa hizo informes pero, finalmente, los levantó. Fue una situación de emergencia en la que la empresa hizo la vista gorda”, relató uno de los delegados de esa línea, Santiago Menconi.

Los trabajadores realizaron una asamblea –al igual que ocurrió en otros lugares, sucedió en el playón y separados por una distancia prudencial- y exigieron la provisión de alcohol en gel, mascarillas para el personal de desinfección, lavado de las unidades con agua caliente, entre otros aspectos que la patronal cumplimentó.

El subte es otro de los servicios cuyos trabajadores están muy expuestos al contagio en la situación actual. No obstante, los pedidos de artículos de sanidad fueron cubiertos de manera rápida por la empresa: “armamos el protocolo en base a lo que venía diciendo el Gobierno y a nuestros médicos, ya que teníamos un equipo muy fuerte que habíamos armado por el tema del amianto (n de la r: en 2011, la Ciudad de Buenos Aires compró vagones con ese material, cuyo uso está prohibido por ser considerado cancerígeno).

Si bien en ese medio de transporte metropolitano no se produjeron conflictos de importancia durante la pandemia, el centro de atención estuvo en exigir que el covid-19 sea declarado enfermedad laboral. Para eso, el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, conformado por organizaciones de la CTA y la CGT, sumado a numerosos gremios y organizaciones de trabajadores, exigió al Estado una regulación en ese sentido. El 13 de abril, tras largos debates que incluyeron un gran lobby por parte de las administradoras de riesgos de trabajo (ART) para dilatar o frenar la medida, se publicó el decreto 367, que le da carácter profesional a la enfermedad covid-19, mientras dure la medida de aislamiento, para las y los trabajadores excluidos. De esa manera, las ART están obligadas a dar cobertura ante casos positivos.

Los grupos concentrados económicos mandan a la gente a laburar. Y enfrente está la resistencia, con los diferentes problemas que se plantean. Para nosotros, es central esto (la consideración de enfermedad profesional) porque, si no, iban a tener que pagar las consecuencias las obras sociales o la salud pública”, resumió el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Beto Pianelli, quien también está al frente de la Secretaría de Salud Laboral de la CTA.

 

El transporte de pasajeros es una de las actividades consideradas esenciales durante el aislamiento obligatorio decretado a causa del covid-19. A continuación, la primera parte de un informe especial de lo ocurrido hasta el momento en el sector.

Por Daniel Jatimliansky, en Infonews

El 3 de marzo se conoció el primer caso positivo de coronavirus en el país. Se trató de un argentino que había volado de Milán a Ezeiza dos días antes. Cuando se anunció la primera muerte, el día 7, los casos ya eran 8 y todos “importados”. El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini era, hasta entonces, la principal vía de entrada al país del covid-19.

En consecuencia, el Gobierno suspendió el 12 de marzo los vuelos provenientes de las denominadas zonas de riesgo: Europa, Japón, China, Irán, Estados Unidos y Corea del Sur. Días más tarde, se sumaron a la lista Chile y Brasil. Ya el 18, en la jornada previa a la publicación del decreto 297/2020, sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio –que, entre otros aspectos, suspendió todos los vuelos regulares internacionales y de cabotaje-, partió el primer vuelo de “repatriación” de argentinos varados en el exterior.

Un Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas despegó a las 8.30 con destino a Miami. A diferencia de las operaciones convencionales, en que la tripulación pasa la noche en un hotel de la ciudad de destino antes del regreso, la nave volvió el mismo día que había partido para minimizar el tiempo de estadía en el país del norte. Para contrarrestar los efectos del cansancio provocado por el recorrido de ida y vuelta sin pausa, se reforzó la tripulación. La misma se conformó con 10 personas, en lugar de las habituales 4 o 5. Al aterrizar en Ezeiza a la madrugada siguiente, los 270 pasajeros debieron aislarse por 15 días. Lo mismo ocurrió con los trabajadores aeronáuticos que los fueron a buscar.

Estuve 15 días solo, sin ver a mi esposa, ni a mi hija”, recordó el comandante del vuelo, Pablo Biro, quien a su vez es secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). “Aerolíneas es un pedazo de territorio. Así como había que pararle a Macri para defenderla, ahora hay que buscar a los argentinos, no te podés hacer el boludo”, sostuvo. Desde ese día y hasta el 27 de marzo, se realizaron 44 operaciones especiales para traer a más de 14 mil personas desde Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Porto Seguro, San Salvador de Bahía, Bogotá, Lima, Madrid, Cancún, Punta Cana y el mencionado Miami.

Cada uno debe cuidar su trabajo”

La cuarentena fue una consecuencia de su trabajo en una situación excepcional. Sin embargo, la mayor preocupación para el gremio que conduce llegó el 19, pocas horas después de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 297: ese día, la empresa Latam Airlines aseguró que bajaría un 50% el salario de sus trabajadores en abril, mayo y junio para hacer frente a la crisis y “garantizar el empleo”, según palabras de la CEO de la compañía en Argentina, Rosario Altgelt.

Me emociona profundamente ver esa gente que se expone a gente que tal vez esté infectada. Agradezco profundamente a todos los que hagan vuelos humanitarios. Y a todos: sean muy responsables respecto a la propuesta económica que estamos haciendo. Es la mejor que podemos hacer y, tal vez, es la única que podemos hacer”, sorprendió Altgelt durante un Comité Ampliado de la empresa, que es una suerte de reunión conformada por representantes de diferentes sectores de directivos y trabajadores de la empresa, que en esa ocasión se realizó de manera virtual. Su discurso, que ocurrió el mismo día que comenzó a regir el aislamiento obligatorio, fue aún más lejos. “No estamos jodiendo. El caldo de cultivo no está para joder. Está para cuidarnos y cuidar a la empresa, y cuidar nuestro trabajo. No depende de mí cuidar nuestro trabajo, cada uno de ustedes debe ser responsable y cuidar su trabajo. No lo deleguen en mí porque no me voy a cargar con esa piedra”, espetó con firmeza.

La intención de ajuste no se achicó. El 2 de abril, la firma presentó, a través de su letrado Sebastián Ahumada, un escrito que pedía la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. Uno de los párrafos sintetiza las nueve páginas del texto: “teniendo como objetivo primordial la protección con mucho esfuerzo de la fuente laboral, entre los meses de Abril y Junio (sic), hemos realizado una propuesta de suspensiones de personal y adecuación temporal de los ingresos por falta de trabajo y evidente fuerza mayor”.

La respuesta de la cartera laboral llegó al día siguiente y, entre otros argumentos, le recordó que el decreto 329, vigente desde el 31 de marzo, prohíbe “las suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo” hasta fin de mayo.

La revolución de los aviones

Los ‘quilombos’ que tenemos tienen que ver con (el ex ministro de Transporte, Guillermo) Dietrich y la ‘revolución de los aviones’: (se) cerró (la compañía aérea) Sol, dejó de operar Avianca, achicó las operaciones Andes y deben meses de salarios… en Aerolíneas resistimos y Latam, con Lopetegui en el Gobierno, hizo crecer al holding extranjero (n de la r: Gustavo Lopetegui fue CEO de Latam en el país entre 2009 y fin de 2015, cuando asumió como vicejefe de Gabinete de la Nación; luego fue asesor presidencial y, por último, secretario de Energía hasta diciembre de 2019)”, sostuvo el representante gremial de los pilotos.

A partir de 2015 y con la aprobación del Gobierno encabezado por Mauricio Macri, la firma que hoy pretende suspender trabajadores y bajar salarios operó en la Argentina nuevas rutas a través de sus filiales de otros países. Así, Latam Chile comenzó a viajar desde Santiago a Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Buenos Aires y Rosario; Latam de Brasil sumó Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza y Buenos Aires a su “hub” –tal es la denominación técnica de los centros de distribución- en San Pablo; Latam de Perú operó rutas desde Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan y Buenos Aires a Lima; y Latam de Colombia incorporó rutas a Bogotá.

A nivel regional, el Grupo Latam tuvo ganancias netas por más de 190 millones de dólares en 2019 (un 5% más que los USD 180 millones del año anterior), según difundió la propia compañía. Sin embargo, su filial argentina manifestó pérdidas en los últimos tres períodos. Claro está que muchas de las rutas que realizó en nuestro país, como se detalló en el párrafo anterior, fueron operadas desde otras filiales.

En 2018, cada uno de los 8 directores del Grupo Latam -que son quienes deciden los gastos de la compañía- embolsó entre 9.780,06 y 57.922,90 dólares por mes en concepto de dietas, respectivamente. El dato no incluye al vicepresidente, ni a un ex director del Directorio, que también recibieron sus “salarios” por cifras similares.

Marco actual

No solo las suspensiones de personal son ilegales en este momento, también lo es la baja de salarios, que únicamente puede aplicarse si es pactada u homologada por la autoridad de aplicación: “la normativa de la emergencia en su conjunto, y las declaraciones del propio Presidente, da cuenta de una voluntad de sostener el salario y eso hay que demostrarlo en los hechos”, sostuvo el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, en declaraciones a Tiempo Argentino.

Si bien el negocio aeronáutico global está en crisis por la reducción drástica de la cantidad de vuelos (en la Argentina, por ejemplo, sólo se realizan viajes de carga y algunas operaciones especiales que debe autorizar la Administración Nacional de Aviación Civil –ANAC-), algunos analistas consultados coincidieron en que esa industria “se recupera rápido”, como se evidenció tras la caída de las torres gemelas en Estados Unidos.

El grupo Latam, como en cada situación que se le presenta favorable, intenta ir por el recorte de salarios o el recorte de personal”, acusó Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), gremio que representa a otra de las actividades de la aviación comercial. “Desde el conjunto de los gremios aeronáuticos hemos rechazado y vamos a seguir rechazando todo intento de precarizar las condiciones de los trabajadores”, agregó.

Como la mayor parte del personal no concurre a sus lugares de trabajo, las redes virtuales se convirtieron en un espacio para intercambiar información. Así, algunos trabajadores conformaron grupos de chat y salas para videoconferencias por aplicaciones como Zoom, donde mantuvieron el contacto entre muchas personas.

Venimos de resistir cuatro años de macrismo. A fuerza de asambleas, paros y otras medidas fuimos capaces de sostener los puestos de trabajo”, consideró la prosecretaria de Prensa, Cultura y Difusión de APA, Cecilia Moccia. Con respecto a los primeros días de la expansión del covid-19 en el mundo, sostuvo que en los aeropuertos la situación sanitaria fue “muy caótica”, sobre todo en las ciudades más pequeñas: “nos organizamos como pudimos y tratamos de hacer prevalecer las licencias para los grupos de riesgo”, afirmó. Con el paso de los días, las empresas dieron respuesta a los pedidos gremiales, como el uso de barbijos, alcohol en gel, vidrios de protección de mostradores, entre otros. Las conversaciones continuaban al cierre de este artículo.