Por Nahuel Lag | Agencia Tierra Viva

“Fortalecer los Sistemas Alimentarios para el Desarrollo Sostenible”. Con ese título, la Cancillería, encabezada por el ex canciller Felipe Solá, convocó en mayo pasado a tres jornadas de “diálogos” preparativos para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios que ocurrirá este jueves 23 de septiembre. El 14 de septiembre, en su último llamado a la acción, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló de “introducir cambios en nuestra manera de producir, procesar y consumir los alimentos” y destacó el “notable proceso de participación” del encuentro que ocurrirá en paralelo a la Asamblea General. Las conclusiones de los diálogos ocurridos en la Argentina no se hicieron públicas ni tampoco se conocieron las organizaciones invitadas. A través de un pedido de información pública, Agencia Tierra Viva accedió a los lineamientos surgidos de esos encuentros, que guiarán el debate de la Argentina en la Cumbre: intensificar el modelo agroindustrial con biotecnología y “agtech”; cuestionar el impacto de la ganadería intensiva en la crisis climática y ausencia de las propuestas de los movimientos campesinos e indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil que promueven una transición a la agroecología.

A pesar del énfasis puesto en la comunicación oficial de la ONU para señalar a la Cumbre como “culminación de un proceso global inclusivo”, las denuncias sobre la exclusión del debate y falta de transparencia hechas por los movimientos campesinos, indígenas y de la sociedad civil fueron una constante a lo largo del proceso “participativo” iniciado a fin de 2020. La Vía Campesina y el Relator sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Michael Fakhri, lo hicieron desde un inicio, poco después de que la convocatoria surgiera como parte de un denunciado acuerdo con el Foro Económico Mundial. La otra voz que se alzó contra la organización de la cumbre y decidió desistir de participar de los encuentros oficiales, que se desarrollarán exclusivamente de forma virtual, fue el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas —que integra la estructura del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO—. En julio pasado, cuando se dio la PreCumbre, lanzó la campaña “Sistemas Alimentarios para los Pueblos”, con un duro posicionamiento. En estos días se continuarán desarrollando actividades en oposición a la cumbre.

La posición de la Argentina —conducida por el ex canciller Felipe Solá hasta el fin de semana pasado— no desentonó con las denuncias globales sobre la cooptación de los actores corporativos del agronegocio. Los “diálogos” convocados en mayo como parte de la organización de la Cumbre fueron anunciados, pero no así las organizaciones que participaron ni las conclusiones alcanzadas como parte de los ejes que el país llevará a la cumbre. Esta Agencia solicitó varias veces esa información a la Cancillería, pero solo tuvo respuesta a través de un pedido de información pública.

El resultado de los diálogos son 13 páginas de apuntes sueltos de las jornadas realizadas los días 18, 19 y 21 de mayo, pero en los que se nota la fuerte impronta del sector del agronegocio en los tres ejes propuestos por la Cancillería, a tono con el “greenwashing” (lavado de imagen) que denuncian quienes han decidido no participar de la cumbre:  «El futuro del sistema agroalimentario argentino: oportunidades y desafios», «Prácticas y experiencias de producción sostenible para compartir con el mundo» y «Sistemas alimentarios sostenibles para dietas saludables».

La lista de invitados para los diálogos se trató de medio centenar de cámaras empresarias del sector agroalimentario —como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la Cámara Argentina de Feedlot, y asociaciones y cámaras de cítricos, yerba y vino, entre otros. También participaron representantes de la Mesa de Enlace —como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)—  y asociaciones referentes del actual modelo del agronegocio, como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja) y Maizar. El sector cooperativo solo estuvo representado por la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA). En la lista de convocados al “diálogo” es total la ausencia de los movimientos campesinos e indígenas, las organizaciones sociales y académicas que impulsan la agroecología.

Los objetivos del mismo desarrollo

Según la convocatoria del Secretario General de la ONU, la cumbre debería brindar las soluciones para un cambio en los sistemas alimentarios que permitieran avanzar en la concreción de los Objetivos de Desarrollo 2030 y saltar la crisis alimentaria profundizada por la pandemia de Covid-19. Abordar el hambre, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad está en la esencia de los objetivos mencionados. La FAO, en su documento de cara a la Cumbre, reconoció que “el número de personas que padecen hambre ha aumentado en los últimos cinco años y actualmente asciende a 811 millones de personas”.

Sin embargo, y a pesar de emitir un reciente documento para impulsar legislaciones que favorezcan la agroecología en América Latina, la FAO es denunciada por su vínculo con corporaciones como Google, Amazon y Microsoft para acaparar la incorporación de las tecnologías en el agro. “Tecnología, innovación, datos y ‘complementos’”, es la propuesta de la FAP para la Cumbre.

El documento surgido de los “diálogos” en la Cancillería argentina se manifiesta a tono con la defensa del actual modelo y su profundización a través de la incorporación de tecnología. Entre las líneas de acción hacia la cumbre se pueden leer varios fragmentos que rechazan cualquier salida del agronegocio. “El camino que plantea la Cumbre ya lo venimos recorriendo. El proceso empezó en la Argentina a mediados de los años 80, a partir del interés por mejorar los suelos y un progreso importante fue la introducción de la siembra directa (SD) y luego con la sustitución de agroquímicos a través de semillas mejoradas. Hoy, el 90 por ciento de la producción se realiza con SD y un gran porcentaje de la producción con semillas que permiten reducir el uso de agroquímicos”, señala el documento de Argentina.

El análisis sin cuestionamiento al actual modelo planta bandera en el documento surgido de los “diálogos”, a pesar de ser contradictorio con los datos reales sobre sustentabilidad de los suelos, el incremento de uso de agroquímicos y la innovación en semillas como el trigo transgénico HB4, que trae aparejado el uso de agrotóxicos más potentes, como el glufosinato de amonio.

Además el documento plantea una mirada crítica respecto de las posiciones que pueden traer los países europeos, donde se avanza en las prohibiciones del modelo atado al paquete químico, y se pone como objetivo: “Contrarrestar una visión en exceso europea en el marco de la Cumbre y reforzar una visión desde otros contextos geográficos como el que nosotros representamos”.

¿Y cómo sería esa visión? Un modelo agroexportador de commodities que se refleja en apuntes como “consensos públicos-privados que permitan un mejor acceso a los mercados internacionales” y reivindicar las alianzas con países productores de soja como Estados Unidos y Brasil. En este sentido, el documento expone el tono de los diálogos y la defensa del modelo agroexportador por encima del objetivo de paliar el hambre con alimentos saludables.

“El enfoque de Naciones Unidas, en particular de la Cumbre, parece estar orientado a modificar las dietas alimentarias en el mundo. Se considera, en cambio, que la Cumbre debería priorizar el acceso a los alimentos en calidad y cantidad, es decir priorizar la ‘seguridad alimentaria’. Para ello se deben fomentar modos de producción que atiendan la sostenibilidad en los tres pilares: social, económico y ambiental, así como modos de comercialización donde el comercio internacional juega un rol central”, sostiene.

“Nuestra economía necesita dólares. Nuestra producción necesita ser sustentable (siembra directa y producción de bajo impacto)”, insisten en el diálogo del sector del agronegocio, entre otras reflexiones, respecto de un modelo cuestionado sobre su posible sostenibilidad, pero que se defiende sin ocultamientos en el documento: “Se deben eliminar algunos prejuicios sin bases científicas que limitan el desarrollo. Las regulaciones se deben basar en el conocimiento científico y no en cuestiones ideológicas o en intereses sectoriales”.

Y se deja en claro el camino que respaldan las cámaras empresarias para continuar profundizando el actual sistema alimentario: “Incrementar la eficiencia productiva de todo el sistema agroalimentario tanto en lo productivo como en el comercio. Hay que destacar los avances en materia de edición genética y defender el uso de la biotecnología ante los mercados que la cuestionan”. Agricultura digital, con tecnologías blockchain (software para el manejo del campo), para la aplicación de agroquímicos y fertilizantes. Ese es el modelo a futuro que surge de los representantes del agronegocio convocados a los diálogos de la Cancillería de cara la Cumbre.

Una posición oficial previsible a favor del actual sistema alimentario

La crisis política generada por el resultado de las elecciones de las PASO decantó en cambios en el Gabinete que inciden en el debate sobre el futuro de los sistemas alimentarios. La Cancillería y el Ministerio de Agricultura son las carteras claves involucradas en estos debates. Felipe Solá fue reemplazado por Santiago Cafiero, tras su salida como jefe de Gabinete; mientras que en Agricultura el nuevo ministro es Julián Domínguez —quien ya ocupó ese rol entre 2009 y 2011— en reemplazo de Luis Basterra. En su primera intervención pública Domínguez anunció “Necesitamos incrementar la producción y calidad con menor huella ambiental, sanidad e inocuidad”.

El objetivo de incrementar la producción fue cifrado en 70 millones de toneladas de soja. El flamante Ministro eligió para su primera aparición pública un conversatorio de la  Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja) —organización presente en los “diálogos” organizados por la Cancillería—. El modelo atado al paquete agroquímico y las semillas transgénicas persiste y Domínguez se encargó ayer de reafirmarlo: «Esta agricultura moderna nos permite mostrar resultados frente al dilema de la seguridad alimentaria, y de atención de múltiples mercados y demandas». La elección de la palabra «seguridad alimentaria» y no «soberanía alimentaría» marca la continuidad de la política agropecuaria.

El Gobierno dejó un camino de pistas sobre su posición. Antes de la Cumbre hubo dos debates claves dentro del sistema ONU. Se trató de la aprobación de las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición, un debate de cuatro años en el que la Argentina actuó en bloque con los países agroexportadores para bloquear cualquier posibilidad de cambio. En ese debate, la posición oficial fue solicitar ajustar los parámetros de “inocuidad alimentaria” al sistema de comercio internacional —permisivo con los residuos de agrotóxicos— y minimizar el rol de los mercados de producción local para la agricultura familiar.

El otro debate fue el de las “Recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores”. Allí la oposición de la Argentina también fue en bloque con el resto de los países agroexportadores y se notó desde el título de un documento que debía debatir sobre “agroecología” y se forzó a poner “otros enfoques innovadores”, para poder incorporar allí el mercado de las Agtech (nuevas tecnologías del agronegocio). En mayo pasado, pocos días antes de que la Cancillería convocara a los “diálogos” preparativos para la cumbre, una carta firmada por 2600 organizaciones solicitó a Solá y Basterra un cambio de posición.

Basterra tuvo su último participación en torno a la cumbre en julio pasado, cuando viajó a Roma para la PreCumbre organizada por la ONU. Allí la posición del Ministerio de Agricultura fue otra vez actuar en bloque con los países agroexportadores para mantener el diseño del actual sistema alimentario. La posición se consolidó en una presentación conjunta a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El documento conjunto resalta que en materia de “estrategias de producción y asuntos ambientales” se debe avanzar en el “aprovechamiento de las innovaciones en ciencia y tecnología, la digitalización y la bioeconomía, entre otros aspectos”.

Todas estas negociaciones estuvieron comandadas por el subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez, y por el embajador argentino ante la FAO, Carlos Cherniak, quienes hasta el momento continúan en sus cargos. Martínez acompañó el viernes pasado a Basterra en su último acto oficial como funcionario. Fue en la cumbre de Ministerio de Agricultura del G20 en Florencia, Italia. En su intervención, el subsecretario de Coordinación Política resumió la posición del Gobierno: «En Argentina, estamos convencidos que nuestros sistemas son parte de la solución, no del problema, aun cuando haya cosas por mejorar.»

Sin voz para otro modelo

Mientras 2600 organizaciones decían presente en una carta pública para pedir al Gobierno un giro hacia la agroecología, la Cancillería no registraba la existencia de esas organizaciones en sus “diálogos” para la Cumbre. En la lista de convocados a las que accedió Agencia Tierra Viva solo se registran dos excepciones a la amplia convocatoria centrada en el actual modelo del agronegocio.

Una es la del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), presidido desde marzo de 2020 por el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi, que impulsa un modelo de producción agroecológico, con acceso a la tierra para los pequeños productores y la creación de mercados de cercanía con alimentos sanos y a precio justo del productor al consumidor. Sin embargo, desde la UTT confirmaron que -a pesar de figurar en la lista- no existió participación en esas jornadas de “diálogo”.

La otra excepción de la lista es la del Movimiento de Productores Orgánicos (MAPO), lo que explica que en solo un párrafo de 13 páginas de conclusiones figure la palabra “Agricultura regenerativa”. La palabra “agroecología” está ausente en todo el documento, a pesar de que el Gobierno creó bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, la Dirección de Agroecología.

Entre las pocas concesiones a otros modelos de producción presentes en el documento figura en algunos apuntes como “transición hacia la sostenibilidad en los sistemas productivos”, sobre los que se marca “deben ser graduales” y ponen en el plano de “alternativo” el fomento a las cadenas cortas de comercialización, aunque se reconoce “los aspectos positivos en las dimensiones ambiental, social y económica”.

Al hablar de “dietas saludables”, la impronta marcada por los sectores del agronegocio en el documento otorga esas tareas a la educación y las iniciativas individuales, disociadas de un modelo productivo integral. “Se indicó la importancia de generar huertas en las familias y la capacitación en las escuelas para lograr hábitos saludables para, en alguna medida, complementar la nutrición y la seguridad alimentaria”, concede el documento elaborado por la Cancillería.

Y tampoco se escapa de un debate demorado y transversal a los sistemas alimentarios. “Se remarcó la relevancia de avanzar en un sistema de rotulado frontal en favor de una alimentación saludable”, se reconoce en el documento, donde también se olfatea la presencia de la Copal en aclaraciones cómo “informe adecuadamente sobre las características de los alimentos sin demonizarlos”, frase usado por el lobby de la industria alimenticia que aún resiste la aprobación de la Ley de Etiquetado en el Congreso.

¿Qué Cambió Climático?

En otra de sus expresiones al convocar la Cumbre, António Guterres señaló la necesidad de modificar los sistemas alimentarios por tratarse de «una de las principales razones por las que no nos mantenemos dentro de los límites ecológicos de nuestro planeta». Las razones fueron claramente expuestas en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y enumeradas por Guterres: emiten alrededor de un tercio de los gases de efecto invernadero; causan la deforestación y provocan alrededor del 80 por ciento de la pérdida de biodiversidad. El principal gas de efecto invernadero emitido por los sistemas alimentarios está en la ganadería, en particular, la ganadería intensiva: se trata del metano.

Los representantes del agronegocio argentino convocados por la Cancillería rozan el negacionismo. Los documentos preparativos para la Cumbre cuentan con reflexiones como: “Hay que propugnar en ámbitos internacionales, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climatico (IPCC), por el uso de sistemas de medición de capturas de carbono y no solo de emisiones, lo que contribuiría a limitar la hostilidad contra el comercio y consumo de carnes. Que el metano no se considere como equivalente a dióxido de carbono”.

La idea de “huella de carbono” y “huella hídrica” propuesta por los representantes del agronegocio ponen como ejemplo a la industria forestal que busca sistemas de compensación, pero no de reducción de emisiones. La política es conocida como el “cero neto” y es una estrategia impulsada por la industria petrolera. Según el último inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) local, en la Argentina un 37 por ciento de las emisiones provienen de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, mientras que el 53 por ciento proviene del sector energético.

“Es necesario que se modifiquen los sistemas de medición en ganadería, que solo consideran emisiones de GEIs y no el secuestro de carbono. En ese caso, el balance sería positivo. Se debe considerar el ecosistema en su conjunto y no solo a la producción animal”, insisten los representantes del agronegocio en el documento de la Cancillería y agregan en otro apartado: “Tenemos muchas demostraciones de que la Argentina tiene muchos servicios ecosistémicos. Lo importante es quién y cómo los miden”.

La misma posición se sostiene en torno a los impactos del modelo de agricultura intensiva atada al paquete agroquímico. “Es necesario revertir una imagen negativa que no tiene fundamentos sólidos, evitando la difusión de falacias o verdades a medias”, señalan. E incluso proponen como objetivo de debate en la Cumbre “armonizar criterios en lo que se considere ‘positivo para la naturaleza’”.

La preocupación por demostrar “sostenibilidad” tuvo un bloque de debate especial a lo largo de las tres jornadas convocadas y se denominó «Prácticas y experiencias de producción sostenible para compartir con el mundo». ¿Qué experiencia se destacaron? La Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (PBA), la Plataforma Agroideal y el Acuerdo entre las estatales INTA y Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con las asociaciones Aapresid y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). Aapresid y Aacrea —pilares del actual modelo de paquete químico— figuran como “referencia” en el documento en los segmentos en los que se puntean las conclusiones respecto de la “producción sostenible para compartir con el mundo”.

Otra referencia particular es una dirección web creada por la ONG estadounidense The Nature Conservancy, que participó de los “diálogos”. La web ofrece datos digitalizados sobre los biomas de la Amazonía y del Chaco argentino para la producción de soja y ganadería. En los últimos 20 años, la Argentina perdió 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos por el avance de la frontera sojera y ganadera. El 87 por ciento en la Región Chaqueño, el segundo foco de desmonte más grande de Sudamérica (luego del Amazonas).

El 23 de septiembre será el momento de la cita en la ONU. La promesa es una “cumbre popular y cumbre de soluciones, que ha reconocido que todos, en todas partes, deben actuar y trabajar juntos para transformar la forma en que el mundo produce, consume y piensa sobre los alimentos”. La Argentina no muestra señales para ir hacia ese camino.

* Este artículo forma parte de la serie «Recuperando la narrativa de los sistemas alimentarios», que cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.