La defensa ya anunció que apelará el veredicto del tribunal, mientras actores sociales realizan tomas, vigilias, cortes de ruta y analizan más acciones
BASE
Por BASE-IS
Ayer un tribunal compuesto por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero tuvo a su cargo la tarea de cubrir con ropaje jurídico lo que se definió en los bajofondos de la política en 2012. Sobre la condena pendía no solo el peso de lo ocurrido en la masacre, sino sobre todo el de la destitución de un presidente.
Las condenas a los campesinos y campesinas quedaron así: Rubén Villalba, 30 años de prisión más 5 por medidas de seguridad, Luis Olmedo, 20 años, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, 18 años, Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López, 6 años, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Juan Tillería y Alcides Ramírez, 4 años.
La justicia paraguaya los condenó intentando mostrarlos como los responsables de todo, mientras que decidió no investigar a los policías que mataron a otros 11 campesinos en la masacre (7 de ellos, ejecutados luego de entregarse).
Pasó por alto las lagunas de la acusación fiscal y el manoseo de las pruebas y dio curso a una acusación genérica que no pudo probar la implicancia de los campesinos y campesinas. Por último, dio como hecho que las tierras donde se dieron la masacre pertenecen a la familia Riquelme, cuando todos los antecedentes demostraron que pertenecen al Estado.
Con esto último, dando la razón a los Riquelme, la justicia paraguaya blanqueó el patrón de robo de tierras estatales por esta familia, que es solo una de las que hizo en el país lo mismo con bienes del Estado.
“Vemos una justicia que ampara a poderosos y que utiliza a la población “desechable”, policías y campesinos, como si fueran cucarachas, no seres humanos…que pueden ser eliminados, utilizados…y que la justicia los cubre con su manto de injusticia”, dijo la paraguaya Rosa María Ortiz, ex-relatora de las Naciones Unidas que siguió ayer el veredicto frente al Palacio de Justicia.
Para ella con su fallo de ayer el Poder Judicial volvió a victimizar a los campesinos y campesinas, llevando al extremo la problemática de la tierra que existe en el país, en vez de buscar caminos de resoluciones pacíficas. “Las pruebas de la investigación que presentó la Fiscalía adolecen de muchos problemas insalvables que más bien ameritan un castigo a los responsables de la Fiscalía. La Fiscalía tiene, como institución, que salvaguardar su reputación”, dijo.
Para el economista Fernando Masi, la sentencia de ayer es un ejemplo de que en Paraguay no existe el estado de derecho. “Es una ironía que nuestro gobierno reclame en foros regionales como el Mercosur, Unasur, OEA que no se respetan los derechos humanos en otros países, cuando que en nuestro propio país los derechos humanos son violados por aquellos que administran la justicia”, dijo en su página de Facebook.
Para el activista y comunicador Pelao Carvallo con el fallo no solo pierden los campesinos y campesinas y el pueblo paraguayo, sino también la Fiscalía. Para él queda demostrado que ante un pueblo movilizado, creativo y decidido durante más de tres años en torno al caso, la Fiscalía no puede.
“Pierde, pero lejos, el Poder Judicial paraguayo. Teniendo la oportunidad en la sentencia de enmendar todo lo errado de un proceso judicial de más de tres años, lo que hizo el Tribunal de Sentencia fue a enterrarse en el lodo que en este caso crearon los jueces Benítez, Ríos y Goiburú, todos ellos de triste memoria. Pierde, porque no se esperaba otra cosa de ellos y no hay peor maldición que cumplir con hacer el mal que se espera. Se mostraron como secuaces de la fiscalía, sin ideas propias, sin voluntad, solo pensando en defender el guión aprendido”, escribió.
“Condenaron a tres mujeres a seis años de privación de libertad por ser mujeres, estar en el lugar de la masacre, haber estado ahí con sus hijos (cuidar a los hijos es un acto criminal para la fiscalía), dar un “ambiente de confianza” (las penalizan por la impresión que causan en otros), por la supuesta pretensión que tenían de engañar a los policías con ese ambiente de confianza (las criminalizan por lo que Jalil (el fiscal acusador Jalil Rachid) imagina que ellas tenían como objetivo, no por hechos concretos), por haber huido del lugar (cómo no iban a salir de ese lugar si estaban rodeados de policías armados hasta los dientes). Igual a los que se quedaron los juzgaron, por haberse quedado”, escribió la activista por los derechos de las mujeres Clyde Soto.
“Esto es el absurdo. Pero un absurdo con poder de mandarte a la cárcel», dijo. Con el fallo de ayer, quedó en entredicho la independencia de poderes del Estado y quedó patente que la injerencia del poder político se da en la justicia a través del Ministerio Público.
Tras la lectura del veredicto la defensa de los campesinas y campesinas ya anunciaron que apelarán la sentencia, como también ya prevén recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Justicia de la OEA para enmendar el fallo local.
Dentro del movimiento social paraguayo desde ayer se evalúan distintas acciones para los próximos días. Desde ya se declaró una vigilia y asamblea permanente frente al Palacio de Justicia, ayer familiares y comunidades de los campesinos y campesinas acusados realizaron cortes de ruta a la altura de donde ocurrió la masacre, a 300 kilómetros de la capital.
También un grupo de familiares, abogados defensores, religiosas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, junto con un ex canciller y un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia tomaron desde ayer la sala 2 de juicios del Palacio de Justicia en Asunción, en repudio al fallo.
Foto: BASE-IS

Argentina mejor sin TLC_MANOS
El lunes 11 de julio en Buenos Aires, la “Asamblea Argentina Mejor sin TLC” realizó una Audiencia Pública, con el objetivo de discutir la reciente adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico, acción enmarcada en la intención del gobierno de sumar a la Argentina a diferentes negociaciones de Tratados de Libre Comercio.
flyer audiencia pública TLC 11.7.16
 
La consigna “Argentina mejor sin TLC” comienza a expandirse por las redes sociales y a hacerse parte de los diálogos cotidianos sobre la coyuntura nacional y regional, entre quienes tienen una mirada crítica de la actual gestión de gobierno, y en particular del precipitado giro que ha tenido la política exterior de la argentina en los últimos seis meses. Este giro implica un congelamiento de los procesos de integración regional, y sus consecuencias profundizan la competencia entre los Estados en lugar de desarrollar la integración solidaria.
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La principal demanda es la información, la falta de un debate abierto que dimensione los impactos de las negociaciones y tratados que se están impulsando constituye uno de los elementos que aglutinan en una declaración común a diversos sectores y espacios políticos, sociales y académicos en un mismo reclamo “No al TPP y a todos los Tratados de Libre Comercio”
La convocatoria de la Asamblea declara: “Las negociaciones de TLC se están realizando sin abrir un debate entre los diversos sectores nacionales con el fin de conocer los impactos que tendría la apertura indiscriminada a más inversiones extranjeras y a los productos importados en cada sector. Esta falta de democracia pone en jaque la idea de “desideologizar” la política exterior que ha planteado el gobierno: más bien, los TLC demuestran ser la agenda de las corporaciones y de los sectores económicos más concentrados, y no de los pueblos”.
Desde la Fundación Rosa Luxemburgo entrevistamos a Luciana Ghiotto, de la Asamblea Argentina Mejor sin TLC
 

Luciana

Luciana Ghiotto, da Attac Argentina


¿Como se conforma la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, a que demandas busca responder?
La Asamblea está conformada por organizaciones sindicales, políticas socioambientales, empresariales (de la pequeña y mediana empresa), que estamos interesados en dar a conocer la nueva agenda de negociación comercial del gobierno de Macri y plantear cuales son los escenarios de TLC a los cuales el gobierno está proponiendo sumarse, como son la alianza del pacífico y el TPP, las negociaciones con la UE, las negociaciones bilaterales con EUA y con China. Actualmente se está abriendo un escenario de tratados de libre comercio con todos estos espacios. Frente a esta coyuntura, el objetivo de la asamblea es, en primer lugar, visibilizar la temática ya que no hay una comprensión muy acabada sobre que implican los tratados, y sostener una articulación de organizaciones que puedan generar acciones y formación sobre el tema del libre comercio y el poder corporativo
¿Cuáles son los objetivos para la Audiencia pública de hoy?
La Audiencia es una de las primeras actividades que estamos haciendo como Asamblea, allí vamos a lanzar nuestra declaración de acuerdo político de las organizaciones, y nos vamos a presentar públicamente. Que se haga en el congreso no es casual, porque lo que buscaremos interpelar a los diputados, dado que es un debate que se tiene que dar a nivel nacional, y porque los diputados pueden pedir información sobre las negociaciones que la cancillería no da. Las negociaciones son secretas y por eso pretendemos que los espacios de la democracia representativa estén involucrados. Además, elegimos ese espacio porque también creemos que es una forma de visibilizar las acciones que estamos llevando adelante y nuestros acuerdos.
En la Audiencia tenemos pensado presentar que son los tratados de libre comercio, y vamos a contar con el saludo de campañas de otros países, como la campaña contra el TLC en Colombia, en el marco de la articulación continental que se está gestando de una manera cada vez más sólida.
Buscamos generar un debate lo más amplio posible, por eso privilegiaremos que la palabra circule a las grandes intervenciones. Estamos sí garantizando oradores en diferentes temas que propone la asamblea, primero para explicar que son los TLC, después como los TLC van a afectar en distintos sectores (derechos humanos, sector sindical, las PYMES, la cuestión de la semilla y propiedad intelectual, entre otros), para mostrar los efectos del TLC.

AUDIENCIA PÚBLICA
Día: lunes 11 de julio, 16 a 19 horas
Lugar: Sala 1 – Congreso Nacional, Av. Rivadavia 1864, Capital Federal
(Se ingresa con documento)

Foto: Gerhard Dilger

Los derechos humanos, el talón de Aquiles de la política exterior de la RFA

Ponto de debate

Víctimas y familiares protestan en la entrada de Villa Baviera, 26 de junio de 2016


Por Evelyn Hevia y Jan Stehle*
Desde hace cinco décadas, el caso de Colonia Dignidad está presente en la agenda bilateral entre Chile y la República Federal de Alemania (RFA). Entre 1961 y 2005, esta comunidad sectaria de 300 ciudadanos alemanes fue escenario de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos chilenos y alemanes. La negligencia y débil actuación de la justicia y los Estados convirtió al Estado alemán en corresponsable de la perpetuación del sistema criminal de Colonia Dignidad. Durante la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990), la RFA subordinó consideraciones de derechos humanos a la geopolítica de la guerra fría, no investigando ni haciendo un seguimiento a las denuncias y evidencias sobre la complicidad entre la Colonia y la dictadura para la comisión de crímenes de lesa humanidad.
ponto_debate_ed6_links1 cópiaEl pasado 26 de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, por primera vez se pronunció de manera autocrítica afirmando que “en el conflicto entre el interés de mantener buenas relaciones con el país anfitrión y el interés por respetar los derechos humanos, evidentemente el Ministerio y la Embajada perdieron la orientación”. Sin embargo, aún no está claro si estas palabras se traducirán en medidas para las víctimas quienes esperan anuncios concretos del presidente alemán Joachim Gauck durante su visita a Chile.
leer más…
foto: FDCL
*Evelyn Hevia es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Licenciada en Psicología y Magister en Historia. Su trabajo profesional y académico ha estado centrado en temáticas de Memorias y DDHH en Chile.
Jan Stehle trabaja en el Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica (FDCL) en Berlín. Es candidato a Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín con la tesis titulada: “La política exterior alemana y los derechos humanos: El caso Colonia Dignidad 1961-2014”.
 

Colonia Dignidad: verdad, justicia y memoria
Punto de debate no. 6, julio de 2016
Descargue la publicación (en pdf)
 

Eventos en Chile:
En el marco de la visita oficial del Presidente alemán Joachim Gauck a Chile entre el 11 y el 14 de julio, las Fundaciones Heinrich Böll y Rosa Luxemburgo, junto con el Instituto Goethe, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y otros actores del mundo académico y cultural, apoyarán una serie de actividades en torno a un capítulo negro de la historia chileno-alemana: la Colonia Dignidad.
Santiago, miércoles 6 de julio, 18:00  La Colonia – película y conversatorio con el director Orlando Lübbert y otr@s
Talca, viernes 8 de julio, 18:30 La Colonia – película y conversatorio con el director Orlando Lübbert y otr@s
Santiago, lunes 11 de julio, 11:00  Rueda de prensa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Sala Matilde Brandau, Av. Santa María 076, piso 6, Providencia
conferencia-derechos-humanos
Santiago, martes 12 de julio, 15:00  Colonia Dignidad – película y conversatorio con el director Florian Gallenberger y otr@s
invitacion_colonia_dignidad-
 

A finales de junio tuvo lugar en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en Buenos Aires el ¨Primer Seminario sobre Extractivismo Urbano¨, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). Referentes populares, intelectuales, activistas y funcionarios comprometidos con los desafíos que supone la construcción de ciudades igualitarias, realizaron valiosos aportes para comprensión la problemática urbana y la caracterización del impacto de las dinámicas propias del modelo extractivo en las ciudades. 
La invitación al debate sobre el concepto de extractivismo urbano puede resultar sugerente, incluso polémica. Así parecen haber pensado los cientos de participantes que se sintieron convocados/as a pensar los impactos que ha tenido el extractivismo en las dinámicas urbanas.
Segundo panel con gente_Primer seminario extractivismo urbano
El inicio del seminario contó con la participación de referentes intelectuales comprometidos, desde la geografía y el urbanismo, con las problemáticas urbanas contemporáneas. Así, Pablo Ciccolella describió el proceso de restructuración capitalista neoliberal que supuso cambios en el modo de regulación del Estado, y del paradigma del desarrollo, y estuvo acompañado por profundas transformaciones tecnológicas. El carácter distintivo de este proceso es su inestabilidad –como efecto de la financiarización- y la acelerada reconfiguración territorial depredatoria, en un contexto inédito a nivel planetario de cambio climático, redefinición de la matriz energética y crisis alimentaria.
El impacto directo que esta dinámica tiene sobre las ciudades se evidencia en el proceso creciente de especulación inmobiliaria, sobreexplotación de suelo urbano, fragmentación de morfologías urbanas y estilos de vida, colapso de infraestructura y crecimiento del hábitat precario, la pérdida de calidad de vida urbana, y en una mayor exposición a desastres ambientales.
Eduardo Reese (CELS) retomó esta caracterización y graficó su impacto en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la proliferación de nuevos productos del mercado inmobiliario, signada por un proceso de sobredimensificación y la sobreexpansión urbana que marcan las dinámicas de valorización excluyente en la región. Es decir, cuando se logra cambiar usos del suelo “estirando la ciudad” a través de la expansión de urbanizaciones privadas y semi privadas, o cuando se transforman las densidades de áreas urbanas, a partir de la construcción de desarrollos inmobiliarios de largo alcance –mega torres de más de 30 pisos con comodidades- se corren también las curvas de precio de suelo, y los precios internos de la ciudad.
Reese realizó además una caracterización de la “Ley de acceso justo al hábitat” de la Provincia de Buenos Aires, hito fundamental respecto de la visión del hábitat y la vivienda, en tanto plantea que la construcción del territorio es una construcción colectiva, y pone límites al mercado que debe estar disciplinado en términos de lo que la política pública defina hacer. Los profundos condicionamientos impuestos por los desarrolladores inmobiliarios preocupados por los principios jurídicos que asume la ley no se hicieron esperar.
Primer panel_ seminario extractivismo urbano
Por último, Patricia Pintos describió los impactos del urbanismo privado en los humedales de la región metropolitana de Buenos Aires. La gentrificación de la periferia popular, la destrucción, modificación y banalización del paisaje natural, histórico y cultural, son algunas de sus consecuencias, que dan lugar, palabras de Pintos, a “un  urbanismo escenográfico que busca reproducir otras geografías. Los ecosistemas originarios son destruidos, por el mismo proceso que son elegidos (espacios con agua)”.
El avance de estas urbanizaciones (más de 60 urbanizaciones que ocupan 9.200 hectáreas de humedales) ha generado desastres socioambientales, ya que los humedales contienen las inundaciones y su desaparición produce graves inundaciones. Los barrios colindantes son los más perjudicados y también quienes iniciaron la resistencia y judicialización de los perjuicios colectivos, contando esta semana con una buena noticia, un fallo judicial a favor de los humedales.
La geógrafa destacó también la tensión entre el enfoque patrimonialista de la propiedad, que busca generar una oferta paisajística segmentada alterando el suelo, y la perspectiva comunitaria de defensa de los bienes comunes, que generan beneficios para el conjunto de la población.
El panel de la tarde tuvo como objetivo debatir el concepto de Extractivismo urbano a la luz de la construcción del derecho a la ciudad y a la vivienda y sus “traducciones” en la ciudad de Buenos Aires
La arquitecta e investigadora Guadalupe Granero Realini comenzó citando a Henri Lefevbre, pionero en la referencia al concepto de derecho a la ciudad, no solo como derecho al espacio físico, sino como concepto guía frente a la necesidad de repensar a todo el conjunto social. Desde esta perspectiva, para Lefevbre el derecho a la ciudad es una idea revolucionaria.
Desde el punto de vista de la investigadora, este pensamiento no solo ha generado interés y acciones en ámbitos académicos, sino también ha tenido su correlato en movimientos de protesta en distintas partes del mundo, en algunos casos incluso con mucha repercusión mediática. Y, por otro lado, en algunas grandes urbes se ha avanzado en la elaboración de una carta por el derecho a la ciudad, una suerte de compromiso asumido por diferentes sectores.
Segundo panel_Primer seminario extractivismo urbano
Jimena Navatta (CEAPI), dialogó con estas ideas a partir de las críticas a políticas llevadas adelante y la visión del Pro durante los ocho años de gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y los siete meses de su sucesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, remarcó que ese espacio político “entiende a la construcción como una supuesta forma de desarrollo en sí misma, de la misma manera que interpreta que el aumento del valor del metro cuadrado es un indicador de bienestar”. Por esa razón —dijo, ha sido una constante la venta de tierra pública para favorecer a sectores privados.
Navatta también puso el acento en la desinversión en las áreas de vivienda del gobierno porteño, en las que paulatinamente ha ido bajando el presupuesto que se destina. Otra característica de época, apuntada por la expositora, es la desregulación y la falta de intervención estatal en los mercados del suelo e inmobiliario: una prueba de ello es que se calcula que en la ciudad de Buenos Aires el número de inmuebles vacantes u ociosos llega a 350 mil, en tanto que hay medio millón de habitante con problemas habitacionales, aun cuando la población se mantiene estable desde hace más de 50 años.
La exposición de Maximiliano Duarte se centró en su experiencia como investigador en la ciudad de Río de Janeiro, donde se ha dado el avance de las llamas policías pacificadoras, en ámbitos pobres y vulnerables, como las favelas. Duarte explicó ese proceso, desarrollado como pretendida contención —y represión, en realidad— de los sectores más afectados por el modelo extractivista urbano en esa ciudad de Brasil.
El investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro señaló que la creación y el impulso a esos grupos policiales se dan en el marco de una mirada racista y, a la vez, de un espiral armamentista. Además, precisó: “Para que estas políticas represivas se concreten, primero es necesario que se construya socialmente qué es una favela, que se consolide una visión estigmatizante para tener cierto consenso a la hora de reprimir”.
En el panel de cierre, la escritora y activista Gabriela Massuh retomó la idea del extractivismo urbano resaltando el rol que tiene en este proceso el Estado, que lejos de estar ausente, se pone a la par de las corporaciones. En la ciudad de Buenos Aires, los distritos, perímetros definidos por el gobierno local, dividen a la ciudad polos temáticos –polo audiovisual, de las artes, distrito joven, de diseño, etc– que en general implican grandes beneficios para las empresas (exención de monotributo y abl, del impuesto al sello) y profundizan esta banalización del paisaje urbano que señalara Patricia Pintos, como dispositivo fundamental de la lógica del Extractivismo.
Tercer panel_Primer seminario extractivismo urbano
Sergio Kiernan, periodista, planteó que en estos últimos 15 años la Ciudad de Buenos Aires tuvo un cambio de eje, y que el nuevo enfoque estuvo signado por la mercantilización y la capacidad de proyectar la ciudad como un modo de obtener capital político y económico, y observó que las tensiones por el espacio urbano aparecieron espacio urbano en el momento en que se acaban los espacios urbanos libres, antes había verde y terreno en la ciudad, hoy saturada y sin posibilidades de ampliar el espacio público.
En las palabras de Enrique Viale, miembro del CEAPI, la propuesta fue clara: “Extractivismo urbano, ¿por qué? Las problemáticas son muy similares: la especulación inmobiliaria provoca desplazamiento, daños ambientales, y desafía la naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. Las características comunes se nutren de la misma lógica extractivista, provocando acumulación y reconfiguración negativa”. En el panel de cierre del primer día de debate, Viale comparó la actual especulación inmobiliaria y la gentrificación urbana con los commodities –que son producto de la extensión del monocultivo de soja, por ejemplo– ya que tienen dinámicas similares: convierten el valor de uso en valor de cambio, generando la proliferación de viviendas ociosas y desocupadas como modelo de planificación urbana. La contracara necesaria de este proceso se expresa en el aumento de los desalojos, la desigualdad en la concentración de la propiedad del suelo urbano y la exclusión y privatización de espacios públicos, entre otros impactos.
Foto: Pablo Farías

En el segundo día el debate fue impulsado por protagonistas de las resistencias que construyen alternativas efectivas de ciudad y demandan al Estado, en una relación conflictiva, el efectivo cumplimiento del derecho y la construcción de ciudades igualitarias. Entre colectivos en resistencia desde espacios urbanos y no urbanos, se profundizó el debate sobre la mirada crítica al modelo y a la idea misma de desarrollo, y la importancia de promover la consolidación de alternativas conjuntas.
El primer panel del día, dedicado a analizar el extractivismo urbano desde un enfoque de género, tuvo como principal objetivo reconocer la afectación de las problemáticas habitacionales y la pobreza sobre la vida de las mujeres, y se puso de relieve el protagonismo de las mujeres en las luchas urbanas y el aporte que han realizado en la conquista de derechos.
Primer panel segundo día_Seminario extractivismo urbano
La abogada María Victoria Ricciardi mostró una serie de datos alarmantes respecto dela sobre representación de las mujeres en la pobreza y el mercado informal del trabajo; y describió la inseparable relación entre los problemas habitacionales y la violencia doméstica que advierten las investigaciones sobre el tema. En este sentido, y en base a datos concretos, planteó la inminente necesidad de incluir la perspectiva de género en el diseño e implementación de las política públicas.
Sumado a lo anterior, Ricciardi presentó el marco de protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, que existe para que las mujeres lleven adelante sus luchas y reivindicaciones por la vivienda y el hábitat digno; y realizó un sintético recorrido sobre los aportes que los análisis de los relatores especiales del derecho a la vivienda han proporcionado para la definición de criterios de relación entre la situación habitacional y la violencia y discriminación contra la mujer.
Profundizando en la descripción de las afectaciones que una ciudad expulsiva y excluyente tiene sobre la vida de las mujeres, la investigadora Mercedes Di Virgilio se enfocó con mucho mayor detalle en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, puso en debate la gentrificación como uno de los más graves fenómenos del extractivismo urbano y la manera como la expulsión de los territorios por encarecimiento del suelo y la vida impacta de manera más dramática en las mujeres, en cuanto son ellas quienes siguen teniendo la mayor carga en cuanto al cuidado de la familia. Siendo los lazos sociales construidos en los territorios una base de sustentación de la vida y la familia, tener que abandonar el barrio perjudica de manera más dramática a las mujeres, en especial cuando no se comparte la jefatura del hogar.
Asimismo, Di Virgilio planteó el fenómeno del uso del espacio público por parte de las mujeres, siendo este sustancialmente menor que el que realizan los hombres, y en base a ello propuso algunas líneas adicionales de estudio que deberían ser relevantes para el abordaje de la relación entre el modelo de planificación urbana desde una perspectiva de género.
Segundo panel segundo dia_Seminario extractivismo urbano_ UMET_30062016_15
Ana María Vásquez Duplat (CEAPI) presentó una adaptación al contexto urbano de algunas líneas teóricas que propone la socióloga Maristella Svampa en el marco de su análisis sobre extractivismo y patriarcado. Se planteó en este sentido un paralelo sobre el extractivismo tradicional y el urbano como modelos de ocupación territorial y las reconversiones y edificación de nuevos lenguajes que el capital genera en los diferentes territorios objeto de prácticas extractivas. Se destacó el rol central que tienen las mujeres en las luchas, característica por demás compartida entre  el extractivismo socioambiental y el urbano.
Retomar las ideas de una de las más destacadas eco-feministas del mundo tuvo, entre otros sentidos, traer en el marco de esta reflexión su pregunta sobre si es legítimo asimilar feminización de las luchas con feminismo, y plantearnos el desafío de construir hipótesis fundamentadas sobre cuáles han sido los aportes o transformaciones sustanciales que las mujeres han proporcionado a las luchas urbanas. Una primera hipótesis que planteó Vásquez Duplat, para abrir este debate,  es que en la última década se ha reconstituido el orden de prioridades en la lucha por la vivienda, sacando de un primer plano la pelea por el título de propiedad y dando paso a la integración a la ciudad y el acceso a los servicios públicos básicos como principales reclamos. Bajo este supuesto, lo que se plantea es que este vuelco está ligado a que las mujeres no son titulares del patrimonio, y a la visión feminista de cuidado de la vida y los bienes comunes.
En los intercambios que se llevaron adelante en el segundo panel del día, se planteó que el derecho a la ciudad no es solo la demanda de acceso a los derechos ya exitentes, sino que también implica la necesidad de transformación del espacio urbano y las relaciones sociales que lo integran. Es el derecho a un hábitat saludable, armónico, no violento, donde se recuperen las solidaridades entre prójimos. Así, Carina López Monja del Frente Popular Darío Santillán resaltó que “carestía de la vida e imposibilidad de garantizar los servicios básicos también es mercantilización, los territorios son militarizados y aislados dentro de la ciudad, luego de intentos de eliminación”.
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A lo largo del panel se expresaron experiencias que plantean otra lógica de ciudad, y dieron cuenta de la lucha existente por el acceso a la ciudad, y en esa disputa se plantea la transformación de una ciudad impuesta a partir de una construcción de ciudad distinta con una lógica que no es la de la ganancia sino la del bien común.
Carla Rodríguez del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) señaló la continuidad estructural de las políticas de mercantilización del suelo desde hace ya varias décadas, y en este marco el marco normativo gestado por la movilización social y la creatividad, la Ley 341 que hoy se busca nacionalizar, como un hito concreto en la resistencia al neoliberalismo urbano y al extractivismo, ya que habilita la generación de un banco de inmuebles con sentido social. Rodríguez señaló que “no es una transformación estructural pero si mojones de resistencia para disputar el suelo urbano y experimentar formas concretas del derecho a la ciudad y mejorar la vida cotidiana”. La demanda de nacionalización de la ley impulsa el debate sobre el carácter ilimitado de la propiedad privada del suelo, la defensa el suelo público, las formas de gestión social y propiedad colectiva, ya que habilita la “resolución de necesidades habitacionales por la producción de bienes de uso y proceso de trabajo sin patrón”, concluyó Rodríguez.
López Monja señaló sobre la actual coyuntura política que el rol que propone el la gestión en la ciudad –y ahora también a nivel nacional– es diferente al imaginario construido en torno a Macri como “el empresario que viene a privatizar”, ya que actualmente el rol no es solo privatizar sino que hay un nuevo planteo de alianza público-privada, un reordenamiento de las políticas públicas, que antes que garantizar derechos más bien impulsan de la inversión privada.
Gigi Krein, de la agrupación Tierra para Vivir, describió la influencia de la especulación inmobiliaria en las crisis financieras en el mundo y en ese mismo escenario, la proliferación de resistencias globales que ponen a la ciudad en el centro del debate. En Buenos Aires, se ha proliferado la construcción sin demanda –Puerto Madero es un claro ejemplo de esta situación–, ligada también a masivas entregas de tierra publica sin consulta popular. Otra de las tendencias de esta etapa es la construcción de Buenos Aires como “ciudad marca” a partir del desarrollo de infraestructura atractiva para inversiones extranjeras (principalmente en el cordón sur), o espacios de esparcimiento privados que cuestionan la matriz o idea de gratuidad o acceso público.
Por último, Horacio Ávila de Proyecto 7, brindó un crudo panorama de la situación que atraviesan actualmente las personas en situación de calle en Argentina, inmersos en ciudades cada vez más elitistas y expulsivas, y señaló que “la problemática de calle es una consecuencia del Extractivismo urbano y la desigualdad. Somos el fondo del túnel que plantea el capitalismo en las grandes ciudades a nivel mundial”.
El panel de cierre del evento presentó el tema “Construcción de Ciudades Igualitarias” a través de las intervenciones de Facundo Di Filippo (Legislador -MC-, Periodista – CEAPI) y de Gustavo Petro (ex Alcalde de Bogotá, 2012-2015).
Di Filippo focalizó su presentación en los conflictos urbanos generados por la expansión del extractivismo en la ciudad de Buenos Aires y en los procesos de mercantilización de la vivienda que vienen ocasionando procesos de represión a las resistencias y una etapa de emergencia habitacional sin precedentes.
Panel de cierre_Seminario extractivismo urbano_ UMET_30062016_30
Petro inició su intervención contando la compleja realidad de la ciudad de Bogotá con el tema de la violencia urbana y la segregación social. También relató cómo durante su gestión buscó expresar y articular las multiplicidad de causas defendidas por las “nuevas ciudadanías”, sobre todo de jóvenes y ambientalistas.
Para terminar Petro planteó los ejes del programa Bogotá Humana y la experiencia de implantación de políticas públicas relacionadas con la lucha contra el cambio climático en la ciudad de Bogotá, a través de la mitigación.
Después de breves intervenciones de los presentes, se concluye que el derecho a la ciudad no es solo la demanda de acceso a los derechos ya existentes, sino que también implica la necesidad de transformación del espacio urbano y de las relaciones sociales que lo integran. Dicha transformación requiere un cambio necesariamente colectivo, con compromiso político, intelectual y económico donde se respecten los bienes comunes al resguardo de las lógicas extractivas del capital.
Foto: Pablo Farías

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En el marco de la visita del Presidente de Alemania, Joachim Gauck, el Gobierno de Chile, las seis fundaciones políticas alemanas que trabajan en la región, con la colaboración de IDEA Internacional y FLACSO, organizan el presente seminario a efectuarse los días 12 y 13 de julio de 2016.

La actividad tiene por objeto ofrecer a representantes políticos, académicos y de la sociedad civil de Chile y Alemania una plataforma para un dialogo sobre los principales desafíos para el desarrollo de la democracia en ambos países. Con esta perspectiva se va a debatir sobre la relación entre política y dinero, el rol de los partidos políticos en el sistema político, el impacto de los medios de comunicación en la democracia y la importancia de la constitución para democracias estables.
Las fundaciones políticas son instituciones asociadas a partidos políticos en Alemania, cuya finalidad es el fortalecimiento de la Democracia a través de la capacitación y educación política de la ciudadanía. A través de una variada gama de actividades académicas y publicaciones los procesos de cada país son descritos y analizados a modo de facilitar el intercambio de experiencias y el diálogo entre ellos. Para lograr estos objetivos las fundaciones políticas también otorgan becas, especialmente para estudiantes universitarios y de doctorado provenientes de familias con pocos recursos o de origen extranjero. De este modo, se contribuye a la igualdad de oportunidades en materia de formación. Las fundaciones políticas alemanes son financiadas con recursos públicos según el éxito electoral de los partidos que las patrocinan. Cada uno de los partidos representados en el parlamento alemán trabaja en conjunto con la fundación que representa su ideario a través de sus respectivas sedes centrales y una red internacional de oficinas locales. Sin embargo, de acuerdo al marco jurídico que rige su accionar, estas instituciones actúan con autonomía e independencia respecto de sus partidos asociados.
 
Foro Chileno

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Capa
El libro “Un Valle que cultiva resistencia. La defensa por el agua y la vida contra Pascua Lama”, realizado por Tania Muñoz Cuevas de OLCA, sistematiza junto a las y los protagonistas la emblemática lucha socioambiental que mantiene paralizado el primer proyecto minero binacional del planeta, y que  además ha puesto en el tapete los impactos de la megaminería para los territorios y la urgencia de proteger los glaciares.
En el archivo de la Biblioteca Nacional de Santiago se dio a conocer el martes 21 de junio este libro, luego de más de un año de investigación con participación activa de las comunidades del Valle del Huasco, en un esfuerzo por nutrir a los territorios en proceso de conflicto socioambiental de experiencias, alertas y estrategias que fortalezcan sus luchas, y a las ciencias sociales de nuevas formas de trabajo, que no solo hablen de los conflictos, sino que pongan las capacidades académicas al servicio de los procesos territoriales.

Chile1

Comunicaciones OLCA


Sistematizar 15 años de lucha sumamente diversificada, que permiten dimensionar el valor de la creatividad, la convicción y el trabajo colectivo frente a una compleja y sofisticada maquinaria de intervención tanto de la empresa Barrick Gold como de las autoridades, es uno de los grandes objetivos de este libro, editado y compilado por la antropóloga Tania Muñoz Cuevas.
En esta presentación del material, la primera porque a ella le seguirán otras que se realizarán en la región de Atacama, se contó con la voz de Paula Carvajal, de la asamblea del Guasco Alto, Karyn Keenan, de la organización canadiense Above Grant Found y de Lucio Cuenca, director de OLCA. En la oportunidad se compartió pajarete, licor típico del territorio, que está siendo producido artesanalmente bajo el nombre Glaciares del Alto, por una cooperativa nacida al calor del trabajo de valoración de un Valle amenazado por un desarrollo que nada tiene que ver con las dinámicas locales de relación con el agua y la vida.
Foto: OLCA

En Brasil, retornar al gobierno es la principal estrategia trazada por los dirigentes del PT. La fecha clave es agosto, cuando el Senado debe votar la destitución definitiva de Dilma Rousseff en Brasil. Plazos demasiado cortos para un objetivo ambicioso

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Miguel Rossetto


Por Raúl Zibechi, Brecha
“Derrotar el golpe para restaurar la democracia con grandes movilizaciones en la calle.” Palabras más o menos, es la estrategia trazada por el Partido de los Trabajadores (PT) para los próximos meses, según el relato de Miguel Rossetto, ex ministro y dirigente petista, a los medios y organizaciones sociales montevideanos. “Los golpes pueden ser derrotados”, dijo el dirigente, que visitó Montevideo en los últimos días.
Desde 2003 Rossetto fue ministro de Desarrollo Agrario de los gobiernos de Lula y Rousseff. Antes se había incorporado al ala trotskista del PT. Forma parte de Democracia Socialista, una de las corrientes más importantes del partido, arraigada con fuerza en Río Grande del Sur y que cuenta entre sus líderes más destacados al ex alcalde de Porto Alegre Raúl Pont. De algún modo, Rossetto pertenece a los sectores que pueden ser considerados como el ala izquierda del PT.
Llegó a Montevideo con el objetivo de difundir la situación de su país y, de modo especial, para defender la idea de que no habrá democracia hasta tanto la presidenta Rousseff no sea repuesta en el cargo, algo que puede suceder en el mes de agosto si se modifica la relación de fuerzas que llevó a 55 senadores, el 12 de mayo pasado, a separarla de la presidencia por 180 días.
 
Estrategia para dos meses
Rossetto se muestra optimista, por lo menos ante Brecha, a la hora de trazar el futuro inmediato. “Se trata de construir opinión democrática movilizando a la sociedad brasileña en las calles para generar la base política que permita revertir el golpe. Todos los esfuerzos del PT y de los partidos democráticos son para seguir en la calle con manifestaciones que son enormes, ampliar el diálogo con los senadores para impedir la construcción de una mayoría para el apartamiento de Dilma y conseguir el aislamiento internacional del gobierno ilegítimo de Michel Temer.”
Según Rossetto, el PT es responsable ante el pueblo brasileño, que escogió a Dilma con 54 millones de votos para presidir el país durante cuatro años, por lo que considera que su retorno al Palacio de Planalto es innegociable. “La democracia en Brasil depende de la derrota del golpe”, asegura el dirigente. Cree que es posible derrotarlo porque en Brasil estaría creciendo la opinión democrática que “rechaza al impostor Temer y a un gobierno marcado por la corrupción que ya tiene dos ministros separados por corrupción y que además desorganiza las políticas públicas y los programas sociales”.
Rossetto asegura que “una parte de los senadores ya anunciaron que no están comprometidos con sacar a Dilma del gobierno, y sabemos que algunos rechazan su salida definitiva”. Además de volver al gobierno se trata de “crear las condiciones para poder gobernar”. Eso pasa por un “diálogo con la sociedad” que tarde o temprano debería cuajar en una reforma política, porque la izquierda considera que el sistema de representación política fracasó en Brasil, sobre todo por la financiación empresarial de las campañas electorales.
En este punto, Rossetto debe responder por qué razones habría de hacerse ahora una reforma que el gobierno del PT no consiguió plasmar en 12 años. “Es el financiamiento empresarial lo que creó un Congreso donde dominan las bancadas más conservadoras”, señala en referencia a la “triple B”, las bancadas de la bala, la Biblia y el buey, hegemónicas en el parlamento más conservador desde el retorno de la democracia, con fuerte presencia de evangélicos, de defensores de la pena de muerte y del agronegocio.
Pero no resulta sencillo explicar cómo se puede crear una nueva relación de fuerzas, justo ahora que los conservadores son fuertes y la izquierda está en franco retroceso. Más aun cuando el PT se propone no sólo generar las condiciones para la reforma política sino también para la democratización de los medios de comunicación, “que censuran la realidad brasileña y perjudican la democracia”. Rossetto sostiene que “los medios eliminaron la agenda democrática nacional” y que resulta urgente resolver esta cuestión porque la sociedad tiene “derecho a la información democrática”.
 
Demasiadas intercidumbres
La dirigencia del PT parece acertar en la descripción de la situación actual, pero no logra convencer en cuanto a los caminos para resolverla. La propuesta de Rossetto es calcada de la que defiende Emir Sader, uno de los intelectuales fieles al partido. En su opinión, se trata de llegar al 16 de agosto (fecha de la votación decisiva en el Senado) con la capacidad de impedir que los partidarios del impeachment obtengan dos tercios de los votos.
Sader razona que se puede cambiar la relación de fuerzas mediante un plebiscito para que la población decida si quiere nuevas elecciones presidenciales. Pero esa convocatoria debe contar con el apoyo de la mayoría del Congreso. “Es una posibilidad, la única concreta que se puede vislumbrar, de derrota del golpe y de reafirmación de la democracia en Brasil. En caso de darse, el país saldría más fuerte, la democracia renovada, el pueblo más confiado y decidido a tomar otra vez en sus manos el destino de Brasil”, asegura el sociólogo (Alai, 13-VI-16).
Hace una semana Dilma Rousseff defendió en una entrevista televisiva que el plebiscito sería una forma de rehacer el “pacto democrático” que, en su opinión, fue roto al abrirse el proceso de impeachment. “Es necesario un proceso en el que la población sea consultada. Puede ser un plebiscito. Es algo que está siendo discutido” (El País, 1-VI-16). Para evitar su destitución, Dilma necesita el voto de 28 senadores, un tercio del cuerpo. Hace un mes hubo 22 que votaron en contra del impeachment, 54 lo hicieron a favor y cuatro no votaron. En suma, necesita convencer a seis senadores.
Hay dos aspectos que no parecen claros en esta estrategia. El primero, y básico, es que los aliados con que cuenta el PT son pocos y es difícil que pueda sumar nuevos. Según Rossetto, además de los movimientos y la Iglesia Católica, hay sectores empresariales que estarían apoyando el retorno de Dilma, aunque no consiguió aclarar a cuáles hacía referencia. Es cierto que el gobierno de Temer es débil (tiene un apoyo similar al que tuvo Dilma, en torno al 11 por ciento), pero no debe olvidarse que la mayor parte de la población apoyó y sigue apoyando la destitución. El discurso que dice que si Dilma no retorna al gobierno “es el fin de la democracia brasileña” parece poco atractivo aunque racionalmente suene coherente.
Esta posición argumenta que el movimiento social ha infligido derrotas al gobierno golpista, como la restauración del Ministerio de Cultura, que Temer había suprimido. Pero en el PT hay quienes dudan de la conveniencia de esta estrategia. Señalan que al adoptar el discurso del plebiscito el PT daría un giro radical a su posición de que la separación de Rousseff de la presidencia fue un “golpe”. Sin embargo, uno de los movimientos más activos en estos momentos y con mayor incidencia en los barrios populares, el Movimiento Sin Techo, cree que lo mejor es la convocatoria de nuevas elecciones, ya que el gobierno de Temer es la peor salida para el proyecto de país que defienden.
Los problemas del PT tienen difícil solución en cualquiera de los escenarios imaginables. Una reciente encuesta de cara a las elecciones de 2018 muestra a Lula bien posicionado en la primera vuelta, pero siempre derrotado en la segunda. Su principal problema es que el índice de rechazo supera el 50 por ciento (El País, 11-VI-16). Quienes todo lo apuestan al carisma de Lula pueden equivocarse feo si hubiera elecciones este mismo año. Pero los riesgos también son grandes a mediano plazo, ya que el gobierno de Temer puede mejorar la situación económica y poner en jaque el capital político del PT.
Según Rossetto, “los golpes pueden ser derrotados, como sucedió en 2002 en Venezuela”, cuando Hugo Chávez fue derribado y hecho prisionero. Esta posición olvida que, en una década, el clima político regional cambió de rumbo y que hoy las tendencias conservadoras son más potentes que las progresistas.
Foto: Agência Brasil Fotografias via Flickr

“Si en Paraguay hubiera pena de muerte iban a aplicarlo con Rubén Villalba”, dice en esta entrevista la historiadora Margarita Durán Estragó

Curuguaty

Por Jorge González, Base-IS

La mayor parte de su vida la pasó estudiando hechos históricos, principalmente del Paraguay como nación, buceando en archivos, devorando ensayos y libros. Pocos acontecimientos le impactaron tanto en la piel como el de la masacre de Curuguaty, en junio de 2012,  y su posterior proceso judicial. Hoy la vemos acompañar con una postura clara de indignación el proceso judicial del caso, donde el Poder Judicial paraguayo intenta cargar sobre el hombro de 12 campesinos y campesinas la responsabilidad de la mayor masacre de la historia de la lucha por la tierra en el país, donde murieron 11 campesinos y seis policías.

“Me juego porque estoy segura de la inocencia de estos campesinos y porque los pobres no tienen voz, no tienen poder”, explica Margarita Durán Estragó. Para ella no hay duda de que esta masacre la gestaron sectores retardatarios de la sociedad para derrocar al presidente electo por el voto popular, el ex-obispo Fernando Lugo. Y para eso no repararon en derramar sangre de campesinos y policías inocentes.
En esta parte de los acontecimientos compromete a la fiscala Ninfa Aguilar, quien de acuerdo a la historiadora se encargó de apurar a parlamentarios para urgir el allanamiento-desalojo campesino que terminó con las muertes. “Escuchamos más de 200 testigos durante seis meses de juicio, nadie pudo decir de dónde vino el primer disparo”, dice, rebatiendo la tesis de la fiscalía paraguaya, que asegura que 324 policías con armas de guerra fueron víctimas de una emboscada de 60 campesinos armados de escopetas de caza y foizas, con sus mujeres y niños como señuelos. Para ella, lo que hace simplemente la investigación fiscal, mucho tiempo encarnada en el fiscal Jalil Rachid, es una criminalización de campesinos y campesinas.
El origen del conflicto por estas tierras de Marina Kue, 300 kilómetros al noreste de Asunción- explica- se remonta a la venta de tierras públicas de 1883 y se refuerza con el robo institucional de tierras de la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), donde militares, funcionarios estatales y el sector empresarial usurparon tierras y bienes del Estado.
Transcribimos la entrevista de acuerdo a las preguntas y sus respuestas.
“Desde que se inició esta tragedia el 15 de junio de 2012, la estamos siguiendo de cerca. Vemos con mucha angustia, con mucho dolor, que los resultados de la investigación se hicieron tan parcialmente, ya que no se buscó a los asesinos de 11 campesinos, entre ellos muchos ajusticiados mientras huían hacia los bosques cercanos,como si fueran animales de cacería. Todo esto por seguir junto con el Instituto de la Tierra (INDERT) el acompañamiento de la ocupación de esas tierras, destinadas para un servicio social, para ser loteadas para los campesinos de Yvyra Pyta, que están en el entorno a estas tierras de Marina Kue.
La Industrial Paraguaya (LIPSA) (1) en 1967 donó a la Armada Nacional esas tierras y según cuadernos de novedades de la Armada – y esto fue testificado por el jefe de Gabinete del gobierno de Federico Franco, el presidente golpista, Martín Burt- dice que definitivamente dejaron esas tierras en 2004. Fue entonces cuando la comisión vecinal sin tierras Naranjaty de Yvyra Pyta se acercó al INDERT para pedir la aprobación de su comisión y comenzar las gestiones.
En eso estaban cuando Blas N. Riquelme (2), apurado por conocer esto, ya que él había invadido y saqueado esas tierras, ya desde 1971 el hizo un plano a su medida, en donde ya había penetrado en las tierras, el Sur de sus grandes propiedades, que en tiempos de la dictadura de Stroessner, mezclando, juntando sus negocios con la política partidaria,ya que fue presidente de la Asociación Nacional Republicana(ANR) (3) y senador durante muchos años, entonces tenía las puertas abiertas para conseguir tierras mal habidas. Una de ellas es la de Marina Kue. El gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), por medio de un decreto, reconoció que esas tierras eran fiscales, de la Marina, por eso Marina Kue, y le entregó al INDERT para que la administrara en favor de los labriegos y de los campesinos que son los que nos alimentan día a día.
Esos son los antecedentes públicos de esas tierras… pero usted como historiadora encontró otros antecedentes y los publicó la semana pasada…
Encontré que esas tierras donadas por La Industrial Paraguaya SA (LIPSA) a la Armada Nacional eran de 2.821 hectáreas. Un año antes, el comandante de la Armada, el vicealmirante Hugo González, había pedido en arrendamiento a LIPSA 2 mil hectáreas. Entonces al recibir 2821, como había pedido 2 mil, con la diferencia dijo “esto me quedo para mí”. Y pronto ya hubo una nueva mensura y aparecen las cabeceras de estas tierras como propiedad de Hugo González.
Con el tiempo pasa a manos de Blas N. Riquelme. Y según testimonios de marinos ya jubilados, que vivieron en esa época, González negociaba con los rollos del lugar, puso ahí un aserradero. Y hasta ahora su familia goza de ese negociado, de esa riqueza que amasó su padre con tierras mal habidas. Y el presidente de la actual asociación de madereros del Paraguay es el hijo del comandante Hugo González. Me decía este marino que Hugo González era accionista de la Compañía Cervecera Asunción, que Riquelme había fundado junto con Lino Oviedo (4). Durante la dictadura se hicieron con grandes tierras, hubo grandes negociados, que ahora todo el pueblo está sufriendo las consecuencias.
marinacué featureMe muestra un plano de Campos Morombi, estancia Golondrina, señalándome la divisoria entre estas tierras y las de LIPSA, mostrándome la parte invadida por Riquelme, que de acuerdo a las informaciones que maneja, Riquelme taló, vendió la madera y ahora son extensiones de sojales.
Se cuenta que al Sur de las tierras de Riquelme, que llaman reserva natural, hay plantaciones de marihuana. Incluso escuché decir que en los secaderos de granos se secan otras cosas. Y campesinos a la orilla de estas plantaciones, molestan. Qué le hace a grandes latifundistas dos mil hectáreas, ni se dan cuenta, de tanto que tienen. Sin embargo, la presencia de estas 300 familias molesta. Pero fue una excusa (la masacre), ya que no salió la matanza de Ñacunday (5). Fue ésta la excusa que buscaron los mismos legisladores en el Senado, durante las vacaciones del resto de sus compañeros, urgieron, pidieron, y enojados como estaban, al Ministerio del Interior para que le entregaran 200 policías a la fiscala Ninfa Aguilar (6), que fue la abogada de Riquelme cuando la usucapión.
Estaba leyendo un informe (del Ministerio del Interior) sobre la comisión vecinal Naranjaty. A esta asociación es que el fiscal Rachid acusa de asociación criminal sin fundamento alguno. Eso se llama criminalizar a la lucha campesina. Se trata de una nota de un informante del INDERT, del 28 de diciembre de 2011, dirigido al director de asesoría jurídica César López. Allí informa que hay 300 campesinos encarpados, lindante a las plantaciones de soja que se atribuye Riquelme.
Cuando fueron a hacer el allanamiento, que dijeron que era desalojo, estuvieron junto a las carpas donde ellos vivían. Y ahora quieren condenar a las madres jóvenes que estuvieron presentes, cuando que era el lugar donde vivían. Ahí había 11 motos, niños, ancianos, familias. Y ahora la fiscalía para acusarlas se les ocurre decir que estas mujeres salieron a mostrase para despistar a la policía, como parte de la emboscada, como sostiene la Fiscalía. Entonces estaban viviendo allí (los campesinos y campesinas).
Sigue leyendo el informe. Lee una parte donde el informante cuenta que conversando con el dirigente de la ocupación de ese entonces, Leonor Rivas, éste le dijo que no recibieron noticifación de desalojo. Pero sí una llamada telefónica del Ministerio del Interior a través del funcionario Elio Cursi. Éste le informó al líder campesino que había una orden de desalojo para el 3 de enero de 2012, emanada de la fiscalía del Medio Ambiente de Curuguaty, a partir del fiscal en lo penal Miguel Ángel Rojas Barrios.
marinakue2-580x325_featuredEn enero de 2012 ya estaban desesperados (los sectores que propiciaron la masacre), por eso fue la fiscala Ninfa Aguilar a azuzar a los diputados y senadores de la Comisión Permanente en tiempos de receso. ¿Y por qué en enero ya hay un urgimiento?, porque quiere decir que tiempo atrás ya venían buscando un conflicto que pudiera traer como consecuencia el quiebre institucional y el derrocamiento del presidente elegido por voto popular. Desde la independencia, 1811, en más de 200 años nunca hubo una salida pacífica por el voto de la población, un cambio de presidente de un partido a otro, sin que haya mbokapu (disparos), violencia, sangre, llanto, dolor. Y quisieron hacer eso en esta oportunidad, no les salió ese 3 de enero, intentaron el 7, tampoco. Recién les salió el 15 de junio.
¿Por qué hablan de emboscada de 60 o 70 campesinos que estuvieron, pero el resto estaba en sus carpas, pero allí junto a ellas. ¿Y por qué fueron a hacer un allanamiento sin que el que supuestamente pidió, Blas N. Riquelme no tenía título? Eso se hace con título en mano, y según el protocolo, según el ordenamiento y reglas que hay que seguir, debe estar presente el dueño del terreno que reclama la salida de los campesinos. Debe estar la fiscalía y miembros del poder Ejecutivo. Llevaron policías de todas las comisarías, pero de los confines allá… Agua’e…todos los nombres, montada de Luque, de Caaguazu, de Ciudad del Este, grupos tácticos.
Y ahora salen con que esta comisión vecinal Naranjaty era una asociación criminal y se prepararon para matar. ¿en qué cabeza entra que campesinos con escopetas para matar conejos, que tienen para alimentarse, se prepararan para matarle a un ejército? Esto era inmolarse, ninguna persona hace así. Se hubieran escondido, porque eso es emboscada, esconderse y aparecer de pronto. En cambio ellos (los campesinos) le pusieron una bandera, una pancarta, le pusieron alambrada, les dijeron (a los policías) no pasen.
Se va a cometer una injusticia tan grande, tan grande…ahora no pueden retroceder (los sectores propiciadores de la masacre) porque usaron esta lucha sangrienta, inocente de tanta gente, policías, campesinos, para derrocar al gobierno. Y este no es un juicio de carácter legal, judicial, sino político.
Usted está siguiéndolo y tomó partido…
Me juego porque estoy segura de la inocencia de estos campesinos y porque los pobres no tienen voz, no tienen poder.
Si ponemos en un plano histórico, ¿qué peso tienen estos acontecimientos de la masacre de Curuguaty?
Con la venta de las tierras públicas en 1883 y 1885 se inició una nueva etapa en la lucha por la tierra en Paraguay, que no es la primera. Pero de allí procede. Porque extranjeros, sin conocer Paraguay, compraban, mandaban dinero y compraban pueblos enteros. Las tierras que compró LIPSA, por ejemplo, abarcaba seis a siete departamentos: Concepción, San Pedro, Amabay, Canindeyú, Caaguazú, con toda la gente dentro.
¿Y qué hacían los que siempre vivieron en esas tierras? Se les dio unos cuantos meses de plazo para regularizar su situación. Pero ni siquiera tenían títulos, si nunca nadie les pidió. O no esrtaba organizado, hasta ahora el catastro no está organizado. Y entonces llegó ese plazo y se quedaron de changadores en sus tierras,al servicio de grandes latifundistas que abarcaron todo esto.
Y eso se viene sintiendo. La LIPSA se fundó en 1878, y durante la dictadura de Stroessner llegó a la quiebra. Pero resucitó con el estronismo, para repartir esas tierras mal-habidas a todos sus socios, los que le dejaban llevar un gobierno despótico, autoritario, dictatorial, que estaban bien pagados entonces, y tenían gente que les amparara. Todas estas fortunas mal-habidas, amasadas mediante el saqueo, el contrabando… son las consecuencias que estamos viviendo. Así pasó en tiempos de las Ligas Agrarias, en la colonia Jejuí, donde yo ayudaba en la parte educativa de las escuelitas campesinas. Pasó en Laterza Kue, Barbero, Ñacunday, Juan de Mena, Arroyito…ccuántos lugares.
Esto pasa porque la gente (las familias campesinas) tiene 10 hectáreas, 8 hectáreas, sus hijos crecen, forman parejas y necesitan un lugar. Entonces miran alrededor, quién es el dueño que se apropió de estas tierras fiscales. Paraguay era riquísimo en tierras fiscales. Entonces van al INDERT a buscar solución. Eso no es una asociación criminal; todo lo contrario, van por lo caminos legales, como hicieron estos campesinos.
Pero ya los fiscales contaron la finalidad suya de que le daban penas máximas para que sirva de escarmiento a cualquier otro grupo que eche los ojos, que mire e intente apoderarse de tierras malhabidas. Si hubiese existido en nuestra legislación la pena de muerte, estos fiscales, por presión de arriba, porque ellos son tembiguái (sirvientes), hubieran pedido el fusilamiento para Rubén Villalba. Y el no era el líder, el líder era Avelino Espínola “Pindú”, muerto. Entonces, como chivo expiatorio, le dieron a él(a Rubén). Que es un líder, pero ser líder es y debe ser un mérito, si su liderazgo se presta para caminar adelante, acompañado de sus compañeros. En todos los grupos hay un líder. Y eso no se puede criminalizar.
Hasta criminalizaron decir “vencer o morir”. Quién en un Paraguay tan militarizado y tan nacionalista, que ya raya lo enfermizo, en cualquier momento de desesperación ¿qué se dice? Vencer o morir. Y allí le condenaron porque dijeron esa frase, “porque es solo para gente gloriosa, noble que se destaca y no criminales como estos”.
Le dieron una medida de 30 años sin hacer un estudio psiquiátrico, sin tener comprobante alguno de que es una persona peligrosa. Dicen “no va a cambiar de ideología, no va a cambiar su forma de pensar. Y por lo tanto va a volver a matar. Porque su intención era matar”. Escuchamos a más de 200 testigos, en casi más de seis meses, yo iba todos los días por lo menos tres o cuatro horas… Nadie pudo decir de dónde provenía el primer disparo que fue el causante de la masacre.
Y por fotografías que se pudieron rescatar de Pablo Medina -a quien también lo mataron por la lucha contra el narcotráfico en el lugar- se ven francotiradores escondidos entre los montes y los maizales de donde vinieron. Eran tiros certeros y dados en órganos vitales. Eso no pudo venir de los campesinos que estaban a metros de ellos, de aquí a allá, si se acercaron a conversar. Y los fiscales dicen ahora, que cambiaron la calificación, cosa que no pueden hacerlo, porque eso supone una nueva defensa. ¿Cómo le van a defender de algo que ahora inventan?
Yo pido a la ciudadanía que se manifiesta, que no sea indiferente, porque esto si la población se pone firme…si los de abajo se mueven, los de arriba caen. No queremos eso, queremos la paz, pero la paz tiene que venir de la justicia social. No es solamente “ah, ahora podemos decir lo que queremos”. No es sólo eso. Es lograr la justicia social, y sobre todo para los que menos tienen. ¿Por qué la usucapión, que es una figura del derecho que sirve para regularizar las tierras de los que la ocupan y la trabajan pero que no tienen título, el derecho, la justicia privilegia a los latifundistas a tener más, más y más como en este caso los Riquelme?
Da la impresión de que el poder de una familia ponen en juego toda la institucionalidad de un Estado…
Se me grabó una reflexión del profesor Jorge Lara Castro -el hijo de doña Coca, que es la fundadora de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay- que dice: la lógica del saqueo convertida en derecho provocó la masacre de Curuguaty. Y así cualquier otra. Por qué la lógica del saqueo se convierte en derecho, porque la misma legislación, los mismos fiscales, los mismos jueces, el mismo Poder Legislativo, a través de Óscar Tuma, Olga Ferreira, Rogelio Benítez, Efraín Alegre, que eran los que estaba en esa comisión urgiendo el allanamiento, urgiendo la masacre…lo mismo el Poder Ejecutivo…todo el aparato estatal al servicio de los poderosos, que son unos pocos.
Aquí no es cuestión de lucha de clases, se trata de justicia social. Que devuelvan las tierras malhabidas. Estos hijos de Riquelme ¿por qué no le dan un poquito de tregua a las penas que tiene que estar sufriendo más allá (Blas N. Riquelme)? Porque la justicia divina existe y está sufriendo las penas. Que ayuden a su padre que está sufriendo, porque fue con las manos manchadas de sangre. Que devuelvan ese pedacito de tierra,que ellos ni se darán cuenta que les falta. Nadie lleva nada al irse. Y no saben los hijos de Riquelme cuanto vida van a tener. Sin embargo, están marcados en la historia paraguaya. Y a lo largo del tiempo este hecho se va a estudiar en las universidades, se van a hacer tesis doctorales, tesinas de licenciatura sobre este caso, porque es una aberración jurídica. Y es una lucha emblemática que va a marcar un hito. Ojalá que la gente despierte y que el miedo no nos mate, no nos haga callar.
 
CITAS
(1) La Industrial Paraguaya SA tenía acciones argentinas y paraguayas, fue la empresa con con mayor acaparamiento de tierra en la región oriental de Paraguay luego de la venta de tierras públicas. Se calcula que llegó a tener 2,8 millones de hectáreas. Entre sus accionistas figuraba el presidente de la República Bernardino Caballero(1880-1886), a su vez promotor de las leyes de venta de tierras públicas durante su presidencia. Es uno de los creadores de la ANR o Partido Colorado.
(2) Blas N. Riquelme: político y empresario de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, al que también perteneció el dictador Alfredo Stroessner. Riquelme es denunciado por el Informe Verdad y Justicia, tomo IV, como usurpador de tierras estatales en el distrito de Curuguaty, y luego haberlas blanqueado al lograr la declaración de reserva natural privada. Fue senador nacional desde 1989 a 2008. Montó un emporio empresarial dedicado al cultivo extensivo de granos, soja, ganadería e industrias de alimentos, cerveza y supermercados. Con ardides judiciales ganó una figura de usucapión de las tierras estatales de Marina Kue, donde sucedió la matanza, por lo que el Estado paraguayo, a través del Instituto de la Tierra y la Procuraduría, entabló juicios para recuperar sus tierras. Riquelme, fungiendo de propietario legítimo, promovió el proceso de allanamiento de las familias campesinas que ocupaban el lugar aquel 15 de junio de 2012. A pesar de no contar con el título de propiedad y a pesar de existir dos disputas judiciales entre el empresario y el Estado por dichas tierras, fiscales y jueces dieron como hecho su legalidad como propietario y llevaron hasta las últimas consecuencias el allanamiento fatídico.
(3) ANR: Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, partido que sostuvo civilmente la dictadura de Alfredo Stroessner(1954-1989) y que actualmente sigue en el gobierno.
(4) General paraguayo que aunque participó del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner en 1989, es acusado de usurpar bienes y tierras del Estado durante la dictadura, además de estar involucrado en distintos hechos de violencia contra comunidades indígenas del país. Disidente dentro de su partido, ANR, formó el suyo propio, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos(UNACE). Fue acusado de dos intentos de golpe de Estado durante la década de 1990 y de propiciar, a través de sus adeptos, la masacre de jóvenes manifestantes en las jornadas llamadas “Marzo Paraguayo” de 1999. Murió en 2013 durante un accidente aéreo.
(5) Ñacunday: se refiere a una gran ocupación campesina de tierras que se atribuye el empresario sojero brasileño Tranquilo Favero, sospechadas de haber en el lugar excedentes fiscales. Estas ocupaciones se realizaron durante el 2011, y ciertos sectores políticos progresistas cercanos al entonces gobierno de Fernando Lugo afirmaban que un primer intento de generar hechos de sangre y generar un escenario de conmoción política se intentó hacer, fallidamente, en torno a aquellas ocupaciones.
(6) Se trata de la agente fiscal de la ciudad de Curuguaty que, al dar como hecho que las tierras pertenecían a Riquelme, pidió la orden de allanamiento que desató la matanza.
Foto: BASE-IS

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Desafiando la economía colaborativa corporativa
Por Trebor Scholz
Entre todos los problemas en el trabajo del siglo XXI -el auge de un sector de servicios con bajos salarios, la desigualdad económica, el desmoronamiento de los derechos de los trabajadores-el principal problema, en realidad, es que hay muy pocas alternativas realistas. Lo que ha faltado en el debate sobre el futuro del trabajo es un enfoque que ofrezca a la gente algo que pueda abrazar de todo corazón. De eso es lo que trata este estudio.
En primer lugar, voy a reflexionar sobre las oportunidades, riesgos y consecuencias de la economía colaborativa. Utilizaré el caso de Amazon.com, que ha entrado con fuerza en determinada “economía colaborativa”. En segundo lugar, describiré el crecimiento de las cooperativas de plataforma y ofreceré ejemplos de plataformas existentes y de plataformas cooperativas imaginarias. Lo que llamo cooperativismo de plataforma consiste en modelos de propiedad democráticos para Internet. En tercer lugar, esbozaré diez principios para las plataformas de trabajo que están llevando la equidad laboral a las plataformas laborales. Concluiré con reflexiones sobre posibles pasos que hay que seguir para este cambio de paradigma en marcha.
Las consecuencias de la economía colaborativa. La han llamado “economía de bolos” (gig economy1), economía entre pares, sharing economy. Ha llevado un tiempo reconocer que la economía colaborativa era en realidad una economía de servicios bajo demanda que se dispone a obtener beneficios económicos de servicios que antes eran privados. Es cierto que entre esos trabajos existen oportunidades innegables para estudiantes o para trabajadores formados, y para quienes disponen de una segunda vivienda. Ahora es más fácil para los graduados universitarios encontrar algún trabajo montado los muebles o renovando la casa de alguien. Los consumidores, formados en una aguda apreciación de los bajos precios y de la “ubercomodidad”2 por encima de todo, han dado la bienvenida a estos advenedizos. Pero, ¿debemos entender la economía colaborativa como una señal en el camino que apunta a un futuro mejor, más flexible, del trabajo? ¿Qué es lo que esta economía nos trae realmente?
Sharing Economy
Bienvenido a las Aldeas Potemkin de la “economía colaborativa”, en las que finalmente puedes vender la fruta de los árboles del jardín a tus vecinos, compartir un viaje en coche, alquilar una casa de árbol en el bosque Redwood o visitar un KinkBnB3. Esa amigable comodidad supone, para muchos trabajadores, un salario bajo y una trampa precaria. Pero tú, por el contrario, puedes escuchar tu propia cuenta de Spotify en un taxi de Uber. Ya no tienes que sufrir lo que el economista George Akerlof describió como un “mercado de limones”; estas nuevas plataformas están introduciendo nuevos pesos y contrapesos. Has sido promovido a una gerencia media, tienes derecho a despedir a tu conductor. Hay empresas que hasta han encontrado una manera de sacar valor financiero de tus interacciones con los objetos cotidianos, reclutándolos como informantes para un capitalismo de vigilancia.
Compañías laborales tan amantes de lo cool y molón como Handy, Postmates y Uber celebran su momento Andy Warhol, sus quince mil millones de dólares de fama. Se deleitan por el hecho de haber puesto en marcha sus monopolios de plataforma en ausencia de una infraestructura física propia. Al igual que AOL y AT&T no crearon Internet, ni Mitt Romney5 construyó su negocio por sí mismo, las empresas de la economía bajo demanda tampoco construyeron el suyo. Se están yendo con tu coche, tu apartamento, tu trabajo, tus emociones y, esto es importante, con tu tiempo. Son empresas de logística que requieren que los participantes paguen al intermediario. Nos vamos transformando en activos; se trata de la financiarización de la vida cotidiana 3.0.
En What’s Yours is Mine (Lo que es tuyo es mío), el investigador canadiense Tom Slee lo resume así:
Muchas personas bien intencionadas sufren de una fe fuera de lugar en las capacidades intrínsecas de Internet para promover la confianza y una comunidad igualitaria y así, sin saberlo, se van convirtiendo en cómplices de esta acumulación de fortuna privada, y de la construcción de nuevas y explotadoras formas de empleo.
En la conferencia “Cooperativismo de plataforma”, John Duda, de Democracia Colaborativa, declaró:
La propiedad de las instituciones de las que dependemos para vivir, para comer, para trabajar, se está concentrando cada vez más. Sin la democratización de nuestra economía, sencillamente
no tendremos el tipo de sociedad que queremos tener, o que aspiramos a tener. Simplemente no vamos a tener una democracia. ¡Internet, de hecho no está ayudando! Está alimentado por el pensamiento a corto plazo, por los beneficios empresariales; está dirigido por el capital de riesgo y está contribuyendo a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Dondequiera que la economía tecnológica se extiende, la vivienda se convierte en totalmente inaccesible. Tenemos que revertir esa tendencia.
Las ocupaciones que no pueden ser deslocalizadas -la persona que pasea a la mascota o la que limpia en casa- se están subsumiendo bajo lo que Sasha Lobo y Martin Kenney llaman “capitalismo de plataforma”. Los baby boomers están perdiendo sectores de la economía como el transporte, la comida y varios otros más ante la generación del milenio, que se precipita con ferocidad a controlar la demanda, la oferta, y el beneficio mediante la adición de una gruesa capa de hielo de negocios en las aplicaciones basadas en las interacciones entre usuarios. Están ampliando el libre mercado desregulado a áreas de nuestras vidas que antes eran privadas.
La “economía colaborativa” se presenta como un heraldo de la sociedad post-trabajo; el camino hacia el capitalismo ecológicamente sostenible en que Google va a vencer a la misma muerte y tú no tienes que preocuparte de nada en absoluto. Con el lema “lo que es mío es tuyo”, este caballo de Troya de la economía colaborativa nos libera de las formas jurásicas de mano de obra mientras desencadena una máquina de represión sindical colosal; pasando por encima de las personas de mayor edad. El autor alemán Byung-Chul enmarca el momento actual como “sociedad del cansancio”. Vivimos, escribe, en una sociedad orientada a los logros que es supuestamente libre, determinada por la llamada del “sí se puede”. Inicialmente, eso crea una sensación de libertad, pero pronto se acompaña de ansiedad, autoexplotación y depresión.
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