Las medidas tomadas por el gobierno de Macri en sus primeros meses apuntan a un ajuste con mayor marginalidad y exclusión en el horizonte. En ese marco, vuelven a asomar las organizaciones territoriales surgidas en los años 90, que a pesar de su experiencia de lucha enfrentan serios problemas no resueltos durante el kirchnerismo

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En el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, miles de personas marcharon de Liniers a Plaza de Mayo


Por Maristella Svampa, le Monde diplomatique

En nueve meses de gestión, el gobierno de Macri evidencia rupturas pero también continuidades respecto de la gestión saliente. Empecemos por las rupturas: hasta el 10 de diciembre de 2015, la Argentina estuvo gobernada por un progresismo que podríamos caracterizar como un populismo de alta intensidad, marcado por la concentración del poder político en el ejecutivo, el sobreprotagonismo de ciertos sectores de clases medias y, por último, la subalternización –por diferentes vías- de amplias franjas de los sectores populares. La alternancia político-electoral implicó el pasaje hacia un escenario post-progresista, liderado por una derecha aperturista, con fuerte presencia de funcionarios que componen la elite empresarial, que ha ido implementando una política de ajuste o “sinceramiento” (de la inflación, de las tarifas de los servicios básicos, del valor dólar, del pago a los holdouts, entre otros), que favorece a los sectores más concentrados de la sociedad.
Ahora bien, es indudable que el gobierno anterior dejó como herencia problemas profundos, entre los cuales se destacan el deterioro de los índices macroeconómicos, acompañado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales). Sin embargo, lejos de las promesas de “pobreza cero” de la campaña electoral, los caminos elegidos por Mauricio Macri apuntaron a realizar un ajuste tradicional, que golpeó duramente a los sectores más vulnerables, tal como lo muestran el modo en cómo buscaron implementarse los ajustes de las tarifas de servicios, signado por la mala praxis y el escaso registro por parte del nuevo oficialismo de la diversidad social, regional y geográfica del país. Así, al compás de estas medidas, una proyección del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) para los primeros meses de gobierno informaba del incremento de un millón y medio de pobres como consecuencia de las políticas implementadas, lo que sumaría ya 13 millones de pobres.[1]
En consecuencia, por el momento el espacio político del oficialismo es estrecho en términos de alianzas sociales, pues no queda claro –no estamos frente a una gestión consolidada – sobre qué sectores, además del bloque empresarial dominante-, se apoyará el nuevo gobierno y qué estrategias y dispositivos de resubalternización implementará, en un contexto de ajuste, tanto respecto de las clases medias, que hoy ven amenazada la inclusión por el consumo (garantizada por el gobierno anterior); como respecto de las clases populares, ante las cuales parece ampliarse de modo vertiginoso el horizonte de la marginalidad y la exclusión.
Rupturas y continuidades
En cuanto a la doble dinámica del capital (no sólo respecto de la contradicción capital-trabajo, sino de la relación capital-naturaleza, es claro que el gobierno actual empeora la relación de asimetría del trabajo frente al capital, fortaleciendo la opción por los mercados, y perjudicando así a distintas franjas de trabajadores de las clases medias y sobre todo, de trabajadores de los sectores populares. Al mismo tiempo, respecto de la relación capital-naturaleza se perciben continuidades, pues el nuevo oficialismo apuesta a profundizar la comoditización de la naturaleza por la vía de la expansión del extractivismo (agronegocios, megamineria, fracking, represas, urbanismo neoliberal), consolidando así la brecha socio-ambiental abierta durante el ciclo anterior.
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#24-F: Primer Paro Nacional contra Macri


En consecuencia, el escenario post-progresista indica una mayor conflictividad. En esta línea el conflicto sindical viene manifestándose en todas sus aristas y variantes (protestas puntuales, huelgas en el ámbito privado y público, movilizaciones generales de las diferentes corrientes sindicales), en un  contexto –sobre todo en las provincias- de sucesivas represiones y encarcelamiento de activistas.
Así, el post-progresismo facilitaría un contexto de “unidad en la lucha”, más allá de las heridas políticas abiertas durante el período kirchnerista, tal como lo muestran las dos CTA (de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, y Autónoma, por Pablo Micheli), que han realizado conjuntamente varias movilizaciones, tanto para repudiar los hechos de represión y criminalización (especialmente la encarcelación de la dirigente social Milagro Salas), así como el Veto presidencial a la ley de emergencia ocupacional, conocida como ley antidespido.
Por otro lado, las tres CGT existentes realizaron el 22 de agosto un congreso de reunificación para garantizar una transición por la vía de un triunvirato, luego del alejamiento de Hugo Moyano. Pese al gran malestar que existe en las bases, las negociaciones abiertas con el gobierno de Macri colocan dudas sobre el interés de algunos jefes sindicales ligados a las CGT en apelar a la pura lógica de movilización, previendo la ingobernabilidad que esto podría conllevar en el marco del nuevo gobierno, que además de no estar consolidado, no cuenta con mayoría parlamentaria.
Por otra parte, respecto del extractivismo, el gobierno de Macri avanzó sobre varios frentes, aunque sin discursos vergonzantes. Así, eliminó las retenciones a la minería y disminuyó las de la soja, transfirió la secretaría de minería al nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex CEO de Shell, creó un Ministerio del Ambiente, donde nombró alguien que confiesa no saber nada del tema, pero que recorre el país defendiendo la megaminería. Asimismo continúa con el subsidio a las petroleras y pese al fallo de la justicia, se niega a publicar el convenio entre YPF y Chevron, al tiempo que promete un plan energético que impulsaría la diversificación de la matriz energética (eólica), aunque sin cambios en el sistema energético.
Por último, el gobierno suele hablar del “cambio climático” y de “participación ciudadana”, aunque en realidad la narrativa del cuidado del ambiente es una fórmula vacía, ligada a una cultura del marketing y unos pocos slogans efectistas, más que a una propuesta de discusión integral sobre las consecuencias socio-ambientales, culturales y políticas, de los actuales modelos de desarrollo.[2] Un ejemplo ilustrativo es lo que sucede en Jáchal, San Juan, donde la vía judicial y la institucional han sido bloqueadas: por un lado, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la nación, la causa contra la empresa Barrick por el derrame de cianuro sucedido en septiembre de 2015, fue oportunamente desviada a la complaciente Justicia de la provincia. Por otro lado, por presión de los sectores mineros y del propio gobernador, se impidió dar vía libre a la consulta ciudadana que reclama la población. En fin, el nuevo oficialismo y sus aliados repiten y empeoran la historia legada por el progresismo kirchnerista, cerrando incluso las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.
Pese a la adversidad, en el frente socioambiental hay que destacar la acumulación organizativa producto de las resistencias durante la década kirchnerista, traducida en la consolidación de numerosos colectivos asamblearios y en la visibilización de los reclamos territoriales de los pueblos originarios, frente al avance de las fronteras del extractivismo y del acaparamiento de tierras. Aunque son conflictos que suelen situarse en la periferia (respecto de los conflictos sindicales, de carácter más central), su ingreso a la agenda nacional, siempre transitorio y fugaz, tiende a ser más relevante que en los años anteriores.
Algunos triunfos, como el de la suspensión definitiva de la construcción de la Planta de semillas en la localidad de Malvinas, por parte de Monsanto, en Córdoba, tienen como contracara el avance de una Ley de semillas en el Congreso, donde lo que está en juego parece ser la cuestión del patentamiento (que enfrenta a corporaciones locales con Monsanto) y no el paquete tecnológico (transgénicos más glifosato), desestimando las graves denuncias en cuanto a los impactos socio-sanitarios del modelo de agronegocios. Por último, en un marco de empobrecimiento y de temor a la recesión, existe el peligro -o la tentación- de asistir a un contexto de unidimensionalización de las resistencias, aún si en la actualidad se registra una conexión mayor entre ambas líneas de acumulación, la sindical-urbana y la socio-ambiental, esto es, entre centros y periferias, respecto de la conflictividad social.
El mensaje de los barrios
Lo más notorio del escenario post-progresista es el creciente protagonismo de las organizaciones socioterritoriales, asociadas a la demandas de paz, pan, techo y trabajo. La movilización multitudinaria del pasado 7 de agosto, el día de San Cayetano, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, marca el retorno de los barrios a la política nacional, luego de una década de subalternización, bajo el modelo kirchnerista, que había logrado el control sobre diferentes organizaciones territoriales, gracias la combinación entre planes sociales, clientelismo afectivo y oportunidades de consumo.
Probablemente estemos frente a un nuevo desborde plebeyo, que viene de la mano de organizaciones de raigambre piquetera, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC),  Barrios de Pie  (Libres del Sur) y la heterogénea Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un nuevo espacio conformado en 2015, que es un reagrupamiento de movimientos sociales territoriales, con fuerte presencia del Movimiento Evita (que abandonó recientemente el espacio kirchnerista), de empresas recuperadas, campesinos, cartoneros y otras organizaciones territoriales urbanas.
Sin embargo, este (nuevo) desborde de los barrios pone en evidencia otros problemas, puntos ciegos no tratados durante el ciclo kirchnerista, que dejan en evidencia la fragilidad actual del mundo popular. Así, el desborde popular viene a alertar sobre los alcances del narcotráfico en los barrios y su capilaridad, a través de la captación de los más jóvenes, que terminan siendo carne de cañón.[3] En realidad, hace varios años que diferentes organizaciones sociales  (sobre todo no kirchneristas) vienen denunciando la disputa cada vez más asimétrica en los barrios, a raíz de la expansión de bandas de narcotráfico y redes delictivas, que van desplazando –por la vía de la amenaza y la acción violenta-  a las organizaciones sociales.
Por ello no es casual la presencia de la iglesia católica (con sus curas villeros, alentados por el Papa Francisco), en esta lucha desigual por el control territorial, donde lo que está en juego es la reconfiguración de las subjetividades populares. En suma, las organizaciones territoriales que vuelven a asomar con su potencia plebeya en el espacio político nacional, no son sólo fruto de la acumulación; expresión de una interpelación al Estado frente al hambre y la amenaza de desocupación, sino también una lucha agónica de cara al narcotráfico, el cual sin dudas echaría más raíces en un contexto de mayor empobrecimiento.
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Movilización en defensa de la Ley de medios


A este panorama social, cabe agregar otros elementos, pues contrariamente a lo esperable, tampoco hubo una despolarización del campo político. En realidad, el gobierno de Cambiemos exacerbó la brecha, a través de la implementación de una política de revancha, con despidos que alcanzaron áreas relevantes del Estado e involucran personal de planta y del desmantelamiento de diferentes programas sociales y de inclusión cultural.
Por otro lado, lejos de la autocrítica, pese a los casos de corrupción probados que involucran importantes exfuncionarios, las reacciones del kirchnerismo van también en el sentido de la profundización de la brecha. La tentativa, por parte de un kirchnerismo militante de clases medias urbanas identificado con el modelo progresista anterior, de seguir hegemonizando ciertos aspectos de las luchas (a través de los “ruidazos” contra el tarifazo y las movilizaciones a favor de la expresidenta) se repiten, aun si su conexión con el mundo sindical y el universo deteriorado de los sectores populares plebeyos es casi nulo.
¿Hacia una nueva sociedad excluyente?
En mi opinión, la ruptura introducida por el gobierno de Cambiemos no significa una vuelta lineal al neoliberalismo, pero tanto el aumento acelerado de la pobreza como el ingreso a un escenario más desigualador, han reactivado el fantasma de la polarización social, propio de los años 90. Hay que tener en cuenta que el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en los sectores medios y populares, las cuales habrían marcado una reversión de las tendencias propias de los años 90, según afirma Gabriel Kessler[4].
Ciertamente, en los últimos 15 años se registró un fortalecimiento de las clases medias, a partir del aumento de la ocupación, del incremento de los salarios y la recuperación del consumo. Hay que tener en cuenta que históricamente las clases medias (urbanas), más allá de su heterogeneidad social, han jugado un rol central en la configuración de un imaginario acerca de la excepcionalidad argentina, como “un país más homogéneo, más igualitario”, respecto de otros países latinoamericanos, más marcados por la distancia social o las grandes desigualdades.
Sin embargo, esta representación se quebró durante la década de los 90. Provistas de un importante capital cultural, pero debilitadas en términos de capital económico y aspiraciones sociales, las clases medias fueron grandes protagonistas de las movilizaciones sociales que durante 2001 y 2002 derribaron o pusieron en jaque a varios gobiernos. Por ello mismo, durante la posconvertibilidad y con el ingreso al Consenso de los Commodities, el mejoramiento de sus posiciones económicas y el acceso al consumo no se vivió, como afirma nuevamente Kessler, como una suerte de “democratización” -como si sucedió en otros países, por ejemplo, en Brasil-, sino como la “recuperación” de un estándar de vida y de patrones de consumo, perdidos en la década anterior.
En esta línea, una segunda transformación asociada al kirchnerismo fue el mejoramiento de la situación de los trabajadores formales, gracias al crecimiento económico y la generación de empleo. Asimismo, hubo  una reducción de sectores marginales y grupos no calificados respecto del período anterior, aunque el trabajo en negro se mantuvo en el 30%. Nuevamente, hay que tener en cuenta lo sucedido en el período anterior, cuando amplios sectores de la clase trabajadora urbana sufrieron un proceso de descolectivización y pasaron a engrosar el proletariado marginal (trabajadores informales o precarizados) o simplemente quedaron desempleados. La descolectivización masiva estuvo en el origen de una serie de movimientos de desocupados (piqueteros), que entre 1997 y 2004, se constituyó en el gran actor social del conflicto en la Argentina, realizando cortes de ruta en todo el país y reorganizando el tejido social en los barrios populares.
Por último, respecto de los sectores altos de la sociedad, hay que decir que éstos también mejoraron sus posiciones durante el kirchnerismo. Claro que hubo modificaciones, entre las cuales hay que consignar cuatro fundamentales. Primero, hubo un desplazamiento del capital financiero (típico de los 90), hacia el capital productivo y extractivo (oportunidades que abría la reactivación de la industria, nuevo capitalismo agrario y expansión de las fronteras del extractivismo). Segundo, hubo una acentuación de la concentración y extranjerización de la economía, el cual se fortaleció a partir de 2004, con la reactivación del mercado interno, dominado por oligopolios, y se vio potenciado por la extranjerización en las actividades extractivas (petróleo, megaminería). Así, en la actualidad el perfil de la cúpula empresarial se destaca por la notoria presencia de firmas extranjeras.
Tercero, luego de la crisis de 2001-2002, y durante los primeros años del kirchnerismo, los sectores dominantes optaron por adoptar una estrategia de “bajo perfil”. Sin embargo, a partir de 2004, la reactivación del consumo y la inversión repercutió en un afianzamiento del estilo de vida ligado a la segregación espacial (urbanizaciones privadas) y los consumos de lujo. Así, con el “retorno a la normalidad”, las clases altas volvieron a recuperar la confianza de clase, que había sido amenazada con la crisis y el default. Cuarto, el período se caracteriza por la expansión del nuevo paradigma agrario (agronegocios), el cual ilustra la emergencia de un nuevo perfil empresarial, cuya fusión con la vieja oligarquía agraria se haría ostensible, en la medida en que el modelo de agronegocios fuera afirmándose como hegemónico.
En consecuencia, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en las condiciones de trabajo, ingreso y consumo de los sectores subalternos, al menos, entre 2006 y 2011, época a partir de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación a los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas. Por último, en sintonía con los últimos estudios sobre desigualdad en la región, es necesario relativizar las afirmaciones triunfalistas acerca de la reducción de los niveles de desigualdad operadas durante la década progresista. Al contrario de lo que se venía afirmando que América Latina era la única región del mundo donde habría disminuido la desigualdad, investigaciones recientes -centradas en las declaraciones fiscales de las capas más ricas de la población-, muestran que, al compás de la disminución de la pobreza, la región ha conocido una concentración mayor de la riqueza.[5]
macri-no-para-webEn suma, en muy poco tiempo el giro a la derecha logró reavivar uno de los traumas sociales más dolorosos que recorre la sociedad argentina, sobre todo desde los años 90, a saber, el fantasma del “retroceso social” (desempleo, descolectivización, movilización social descendente) en sectores populares y ciertos sectores medios. Pero el punto de partida no es, como busca alimentar cierta mirada ingenua y mistificada sobre la década kirchnerista, el abandono de un “país igualitario” (el “mundo feliz peronista”), pues la reducción de la pobreza no fue acompañada por la disminución de las desigualdades.
Finalmente, debemos ser conscientes que el retorno de la polarización social y la movilidad social descendente, en un contexto de por sí tan amenazante y complejo para el mundo popular, donde se potencian narcotráfico, violencia y exclusión, instala la posibilidad del ingreso –no ya el retorno- a una situación de intemperie donde podrían forjarse los marcos de una nueva sociedad excluyente.

lmd-svampa-9-2016 (pdf)

Fotos: M.A.f.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs)
 
[1] http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf. El nuevo informe, de agosto de 2016, señala el aumento de “nuevos pobres”como un «dato preocupante que no dejó de ser una estimación conservadora”. http://www.lanacion.com.ar/1927350-para-la-uca-crece-la-cantidad-de-nuevos-pobres.
[2] La problemática de la matriz debe ser entendida en el marco del sistema energético, el cual se caracteriza por su multidimensionalidad. Así, un modelo energético superador requiere no solo diversificación de la matriz, sino, entre otras cuestiones, descentralización y regionalización de la generación, transporte y consumo de la energía, así como el creciente control comunitario del sistema energético. Véase de Pablo Bertinat, “Otra energía es posible”, en http://www.enredando.org.ar/2013/07/29/no-podemos-discutir-politicas-energeticas-sin-discutir-el-modelo-de-desarrollo/
[3] Véase las interesantes reflexiones de Rita Segato sobre la estatalidad, ligada no sólo a la violencia sobre las mujeres, sino a la relación territorialidad-narcotráfico. Las nuevas formas de las violencia y el cuerpo de las mujeres, Ediciones Tinta Limón, 2014.
[4] Gabriel Kessler, La sociedad Argentina hoy. Radiografìa de una nueva estructura, (comp.) Buenos Aires, 2016, Siglo XXI-Osde.
[5] Véase el número especial de Nueva Sociedad, sobre todo el artículo del economista Pierre Salama, “¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión”, 2015; http://nuso.org/articulo/se-redujo-la-desigualdad-en-america-latina/.

Una lectura sobre el desarrollo a partir de los plantíos de palma aceitera y de soja

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Plantación de palma africana en Pará afectada por una plaga


Por Verena Glass (texto y fotos)
En diciembre de 2013, el periodista de economía Luis Nassif, uno de los más conocidos y respectados en Brasil, escribió un artículo elogioso en la revista Carta Capital sobre el proyecto de construcción de un complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en el sudoeste de Pará. Dos observaciones en dicho texto se destacan porque reflejan, por un lado, desconocimiento y, por el otro, un sentido común ingenuamente prejuicioso (o brutalmente colonialista) respecto a la Amazonia:

  1. “Hay mucha incomprensión sobre la influencia de las hidroeléctricas en el medio ambiente, especialmente en regiones poco desarrolladas.
  2. “En Tapajós, será la primera vez en que se construirá una hidroeléctrica en una región no poblada.[1]

No tenemos la intención de discutir acá lo enorme que es el error de esas afirmaciones sobre el proyecto hidroeléctrico de Tapajós, tema que en Brasil adquiere cada vez más visibilidad en función de la resistencia de la población indígena Munduruku, ancestros habitantes de la región. El enfoque es la intencionalidad puesta en la lectura de mundo que dichas afirmaciones evidencian.
Estigmatizar como «subdesarrollado» el más grande bioma brasileño y considerar la Amazonía un «vacío poblacional» se ha configurado en presupuesto básico para una serie de políticas e intervenciones del Estado y del capital en ese territorio. Del proyecto colonizador del gobierno militar en la década de 1970, bajo el lema  “tierra sin hombres para hombres sin tierra», conductor de brutales conflictos agrarios que persisten hasta los días actuales, al «furor infraestructural» en la región – construcción de carreteras, líneas de ferrocarriles, hidroeléctricas etc. -, la explotación predatoria por y para beneficiarios externos a ella, además del desprecio casi absoluto por el universo de los pueblos tradicionales, ha marcado la Amazonia desde que han llegado los europeos a América.
Para comprender mejor uno de los territorios más ricos y, a la vez, más frágiles y complejos de nuestro continente – desde el punto de vista social y de su biodiversidad -, se necesita tener en cuenta que la Amazonia nunca ha sido despoblada. Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los cento de vestígios que comprprueban la existencia de una multiplicitud de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural),[2] a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.[3]

Inscrições rupestres, Cachoeira do Jericoá, Volta Grande do Xingu

Inscripciones rupestres en las orillas del río Xingu en Altamira, Pará


Además de los indicios de «foresta plantada» o manejada, el fenómeno conocido como terra preta (tierra negra – o tierra negra india), suelo de color oscuro y de altísima fertilidad, encontrado en grandes manchas en la Amazonia brasileña, colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana y en Guayana Francesa – es otro elemento que comprueba la intensa presencia y actividad humanas en la región. Producida a partir del descarte de materia orgánica (carbón, restos de comida, forraje vegetal, excrementos, orina, cadáveres animales, conchas, cerámicas etc.), la terra preta se formó en los asentamientos humanos hace más de 2 mil años, y se considera, tanto por la población local como por investigadores nacionales e internacionales, uno de los mejores suelos para la agricultura del planeta.
De manera muy general, lo que se aprende de esos datos es que históricamente la Amazonia ha sido ocupada por una gran variedad de pueblos y culturas en una larga y dinámica trayectoria de desarrollo. Y,  a pesar de desbastado el pueblo originario a lo largo de los últimos 500 años de colonización, la reconfiguración de la ocupación humana tradicional de los días actuales – los habitantes indígenas, quilombolas, ribereños, pescadores etc. – sigue reproduciendo, en lo que sea viable, una relación de simbiosis con el medio ambiente. En otras palabras, siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales.[4] Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el «mundo moderno» y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa.[5]
El agronegocio amazónico: una triste historia de (relativo) éxito
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Área desforestada para plantaciones de soja en la región de Santarém, Pará


La estigmatización de la Amazonia como espacio geográfico destinado a la extracción intensiva de bienes naturales no es reciente. En Brasil, como en los demás países panamazónicos, el extractivismo[6] maderero, mineral, energético, petrolero y agroexportador sigue una tradición que remonta, dependiendo del sector, al inicio de la colonización europea. En el último siglo, sin embargo, la explotación de la región ha tenido rasgos más agresivos, en la lógica de lo que ha expresado recientemente el presidente del Parlamento Amazónico de Brasil, el diputado Sinésio Campos (Partido de los Trabajadores, Amazonas): “No podemos dejar que los habitantes del interior de Amazonas, o de otros estados de la región, vivan sobre la riqueza y pasen necesidades. Necesitamos rever nuestros conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Amazonia no puede ser un museo”.[7]
En esa declaración hay dos presupuestos emblemáticos: el primero es que los indígenas y pueblos tradicionales viven sobre lo que el capital denomina «riquezas» y que, por lo tanto, deben tener sus derechos territoriales mutilados para permitir su explotación. Ese es el aspecto más grosero del desarrollismo capitalista en la Amazonia. El segundo aspecto, no menos violador de derechos, sin embargo más sutil en sus proposiciones, es el debate sobre los «conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable». A esas dos vertientes del modelo de desarrollo en la Amazonia nos dedicaremos, a partir del recorte del moderno agronegocio practicado en el bioma en el último periodo. Más específicamente, nos proponemos la reflexión sobre el proyecto económico y los impactos de las culturas de  palma aceitera (o palma africana) y de la soja, sectores en expansión que se han beneficiado de una serie de políticas públicas y han transformado radicalmente el universo y los territorios de los pueblos tradicionales amazónicos en donde se ubican[8].
La palma aceitera y los «conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable»
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Plantación de palma africana en Moju, Pará. El estado es el mayor productor de palma del Brasil


Con la intensificación de los debates mundiales sobre el calentamiento global y, en especial, después del acuerdo que ha generado el Protocolo de Kioto en el ámbito de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas de 1997 (COP 3), una serie de propuestas buscando la descarbonización del planeta han ido tomando cuerpo. Entre ellas, la ampliación del uso de agrocombustibles en sustitución a los combustibles fósiles.[9]
De hecho, la producción de etanol y biodiesel y las investigaciones correlacionadas siempre han estado conectadas mucho más a proyectos de seguridad energética o para abaratar los combustibles – principalmente en periodos de alza de precios de los fósiles – que al debate climático, al que terminaron incorporándose con más consistencia al inicio de los años 2000.
Contradictoriamente, sin embargo, el discurso climático se ha priorizado por los defensores de la agroenergía a partir del momento en que el sector pasó a enfrentarse a denuncias de impactos negativos sobre la seguridad y soberanía alimentarias (a raíz del uso intensivo de maíz en la producción de biodiesel en Norteamérica y de la competencia de los cultivos energéticos en áreas de culturas alimentarias) o sobre derechos territoriales de pueblos locales[10].
Aún en el ámbito de las contradicciones, en los países andinos el cultivo agroenergético que se ha consolidado con más fuerza ha sido la palma aceitera (o palma africana), con efectos devastadores sobre las forestas tropicales y el agravamiento de conflictos sociales y agrarios. Sobre eso, hay registros de que los monocultivos de palma están generando deforestaciones alarmantes en la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana[11] y graves conflictos territoriales en Colombia y en Perú[12].
En Brasil, la expansión de la palma aceitera se ha dado en consonancia con el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), lanzado por el gobierno federal a fines de 2004 como parte de un ambicioso proyecto de conquista de la hegemonía brasileña en los mercados internacionales de agrocombustibles. Consciente de las críticas al cultivo de la palma en Asia y Latinoamérica por su contribución a problemas socio-ambientales, el gobierno brasileño estableció que el cultivo de la palma aceitera, concentrado en el bioma amazónico, tendría que restringirse a áreas degradadas y se constituiría en una estrategia de fortalecimiento de la agricultura familiar a través de proyectos de integración con grandes compañías.
A partir de 2008, el estado de Pará (más grande productor de palma africana en Brasil), donde el cultivo de palma aceitera ha ocupado históricamente un área estable, ha sufrido un boom de nuevos proyectos agroenergéticos con fuerte apoyo de los gobiernos federal y estatal, de bancos y financiamientos públicos. En los siguientes años y con la consolidación del sector, sin embargo, gran parte de los elementos qua han compuesto el imaginario de sustentabilidad socio-ambiental de la actividad a partir del PNPB se han desconfigurado; tanto por su lógica empresarial-capitalista, como por el conjunto de factores sociopolíticos del universo amazónico. Veamos algunos de esos aspectos:
Premisa 1: la palma aceitera ocupará solamente áreas degradadas y no provocará impactos ambientales en Amazonia
A pesar de no estar entre los principales conductores de la deforestación en Brasil, el cultivo extensivo de la palma aceitera en un bioma altamente biodiverso y sensible como la Amazonia tiene una serie de impactos negativos sobre el ambiente y los pueblos locales. A pesar del discurso contrario, las deforestaciones en la actividad son prácticas comunes pero sub-registradas, una vez que para la implantación de monocultivos, ocurren mayoritariamente a través de la supresión de manchas de bosques situadas entre las áreas degradadas. Pero el impacto más grande se da a partir de las características del manejo de la palma y su alta dependencia de la aplicación de agrotóxicos, utilizados en el control tanto de plantas invasoras como de plagas. O sea: en 2013, la Secretaría de Agricultura de Pará estimaba que el estado cultivaba 166 mil hectáreas de palma. Con base a los indicadores de manejo de la cultura elaborados por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y del agente financiador Banco de Amazonia (BASA), se puede calcular que en ese año se habrían aplicado a los cultivos de palma aceitera cerca de 332 mil litros de herbicida, 166 mil litros de insecticida, 166 toneladas de hormiguicida cebo, 19.920 cápsulas de insecticida-trampa e 33,2 toneladas de raticida[13] .
En 2014, estudios realizados por el Instituto Evandro Chagas en cursos de agua en áreas contiguas a grandes cultivos de palma aceitera constataron la presencia de agrotóxicos en ríos e igarapés cuyas aguas se utilizan para el lavado de ropas, ocio y consumo de las comunidades locales. Acorde al informe final de la investigación, se han encontrado residuos de endosulfan, sustancia tóxica prohibida en Brasil desde 2013, en casi todos los puntos de muestreo en el periodo de mayor intensidad pluviométrica, señalando a que ese producto se está carreando de los suelos, por procesos de lixiviación, y se está acumulando en los sedimentos de fondo de los ríos e igarapés de la región. “La inserción antrópica de endosulfan (…) en esos ambientes puede provocar daños a los ecosistemas acuáticos y representar riesgos a la salud de la población que reside en esta región”, afirma el estudio; y alerta: “Como la posible acumulación de endossulfan representa un aumento de la carga orgánica natural en el periodo de más lluvias, también se deben evaluar las implicaciones de la presencia de dicho compuesto asociado directamente al aumento de la producción de algas en la región. En ese contexto, este ambiente está propicio al aumento de la producción de cianobacterias y cianotoxinas, que son sustancias tóxicas y representan también grandes riesgos a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana. (…) A partir de los análisis morfológicos [de los materiales recolectados], se han identificado para el área de estudio un total de cinco taxones infra genéricos de cianobacterias”.
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En 2014, el IEC constató la contaminación de riachuelos por pesticidas en comunidades quilombolas


Otro peligroso impacto de los monocultivos de palma aceitera sobre la foresta es su interferencia sobre los flujos bióticos del ecosistema amazónico. El problema se agravó a partir de recientes cambios en el Código Forestal brasileño (instrumento que reglamenta la conservación y recuperación de la cobertura forestal en las propiedades rurales del país), cuando especies exóticas como la palma africana pasaron a constituir legalmente un sustituto a la recomposición de bosques nativos en la llamada Reserva Legal de las propiedades, desconsiderando la importancia estratégica del mantenimiento de la diversidad biológica y aumentando exponencialmente los riesgos de graves pérdidas de recursos genéticos.

Premisa 2: el cultivo de la palma aceitera beneficia la agricultura familiar en cuanto a una alternativa de renta

Cuando se ha lanzado en 2004, una de las premisas del PNPB ha sido la integración de la agricultura familiar a la cadena productiva del biodiesel. Para eso, el gobierno ha creado mecanismos de inserción de la actividad productiva de pequeños agricultores al sector agroindustrial, en la medida en que ha exonerado de una serie de impuestos a las industrias que adquirieran materia prima de la agricultura familiar.
En el caso de la palma aceitera, el programa estipuló el cumplimiento de contratos de 25 años entre agricultores e industrias, que presuponían cultivos de 10 hectáreas, en promedio, por familia, financiados por Pronaf Eco-Dendê con valores de hasta R$ 80 mil. Los contratos también prevén criterios rígidos de manejo (aplicación de agrotóxicos, abonos químicos, poda etc.) estipulados por los agentes financiadores y monitoreados por las empresas, reservándoles el derecho de control de las actividades productivas en el interior de las propiedades familiares.
Ese sistema resulta, en buena medida, en:
– endeudamiento de las familias, de las que parte significativa no es capaz de producir la cantidad suficiente de palma aceitera para librar las deudas en los bancos;
– injerencia de las compañías en la organización productiva de los agricultores, que han pasado a responder ante los contratantes de la producción como si a ellos fueran subordinados, no siendo, sin embargo, beneficiarios de los acuerdos y derechos laborales previstos en la ley;
– disminución drástica o término de otras actividades productivas (culturas alimentarias y otras actividades económicas) y consecuente impacto sobre la seguridad alimentaria (de la familia y regional);
– Renta menor de lo planificado y a veces inferior a la verificada con otras actividades productivas;
– Contaminación e intoxicación por agrotóxicos;
– Cambios drásticos en el modo de vida[14].
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Los agricultores familiares en Abaetetuba, Pará, reciben R$ 300 por mes para sus palmas aceiteras y tienen que enfrentar deudas


Otro efecto de la expansión del cultivo de la palma aceitera sobre la agricultura familiar, no vinculado a los procesos de integración agricultores-compañías, es la presión de los grandes emprendimientos sobre las áreas familiares a partir del surgimiento de un nuevo mercado de tierras y la valorización financiera de los territorios. Relativo a eso, se observa en la región productora de palma aceitera  en Pará un inexorable proceso de concentración de tierras, resultado tanto del asedio para su venta, de parte de las grandes industrias, como la progresiva incapacidad de mantenimiento de otras actividades productivas en las propiedades familiares a partir del abandono de la fuerza de trabajo para ubicarse en los monocultivos agroindustriales. Eso nos lleva al análisis de la siguiente premisa.
Premisa 3: El cultivo de la palma aceitera es gran generador de puestos de trabajo y, de esa manera, un instrumento importante para el desarrollo local
O monocultivo de la palma aceitera es, de hecho, uno de los sectores más intensivos en uso de mano de obra del agronegocio amazónico, en especial en las actividades de plantío, manejo y cosecha. El trabajo, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de penosidad, una vez que la actividad exige grandes esfuerzos físicos en un ambiente natural adverso. Las jornadas laborales llegan a durar hasta 12 horas (entre la salida, aún por la madrugada, y el regreso a casa al fin de la tarde); hay deficiencias recurrentes en la provisión de agua, alimentación, equipos de protección individual e instalaciones sanitarias en los locales de trabajo; accidentes laborales son sub-notificados; hay falta de atención médica en los locales de los accidentes; y hay registros frecuentes de adicción a drogas, como la cocaína, para aumentar la productividad y soportar el descomunal desgaste físico del trabajo en condiciones climáticas adversas (altísimas temperaturas y lluvias torrenciales, típicas de la región).[15]
Por fin, a pesar de la poca fiscalización de la actividad de parte de los agentes del Ministerio de Trabajo y Empleo por alegada falta de estructura y personal, ya se han registrado casos de trabajo esclavo en el cultivo de la palma aceitera paraense,[16] así como condiciones degradantes en alojamientos de trabajadores que, en áreas distantes de sus locales de vivienda, permanecen por largas temporadas en los locales de empleo.
Las falsas soluciones
Impulsada por el Estado bajo la premisa de la «sustentabilidad climática» y del «desarrollo social», el cultivo de la palma aceitera brasileña, después de casi una década de expansión acelerada, no sólo ha fallado en su propósito, sino también ha contribuido a la profundización del desequilibrio socioambiental impuesto a la Amazonia por el desarrollo extractivo. Acorde a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), por ejemplo, en febrero de 2016, no había ninguna empresa productora de biodiesel registrada como apta a proveer el combustible de palma aceitera. O sea, en la Amazonia, el monocultivo de la palma africana que ha sustituido los bosques nativos no ha logrado siquiera corroborar los discursos de descarbonización del planeta, para lo que se ha justificado en primer lugar.
Por otro lado, el desplazamiento de la agricultura familiar de su misión primordial – la producción de alimentos – y su reposicionamiento, sea en la misma propiedad o como nuevo operario agroindustrial, como «productor de combustible» (materia que no consumirá y de la cual no se beneficiará), desplaza al pequeño agricultor no sólo de la posesión de la tierra sino también de la posibilidad de constituirse como definidor de su propio universo socioeconómico y organizador de su existencia. En ese sentido, como señala la investigadora de la Universidad Libre de Berlín Maria Backhouse, el proyecto de expansión de la palma aceitera en Brasil se caracteriza como green grabbing (proceso de apropiación y financiarización de bienes y territorios naturales por el capital a partir de la premisa de que, para preservar, se necesita ponerle un precio a la naturaleza), en la medida en que engloba no sólo el proceso material de apropiación de los territorios sino también un paradigma discursivo que señala como inexorable la comoditización de la naturaleza. “Cuando nos referimos a green grabbing con base en el concepto de acumulación primitiva continuada[17], tenemos en cuenta no sólo la constatación de que la concentración de tierras a manos de las élites locales sigue ocurriendo, sino sobre todo que tal proceso implica una restructuración de las relaciones sociales. Dicha restructuración está impulsada por la nueva ordenación de las relaciones de propiedad, como ocurre en el caso de la privatización de tierras, o a través de la inserción de la agricultura familiar en la cadena productiva agroindustrial. En el mismo acto de su consecución, dicho proceso se legitima ideológicamente por la doctrina neoliberal, y gana de esa manera un perfil de proyecto hegemónico”. Y eso nos lleva al análisis del segundo sector propuesto para el estudio: el complejo productor de soja en la Amazonia.
La soja y la disputa de la «riqueza»
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En un asentameinto de Sinop, Mato Grosso, sin-tierras han sido expulsados por grandes sojeros


La historia de la soja en la Amazonia brasileña – el país es el único que produce el grano a larga escala en el bioma – es una de las más violentas en el proceso de ocupación de la región por el agronegocio en los últimos 50 años. Uno de los principales componentes de la apertura de la frontera agrícola (al lado de la actividad maderera y de la pecuaria extensiva) en la transición de la producción de commodities del Centro-Oeste para el Norte del país, en el territorio que comprende la Amazonia Legal, el área de soja alcanzó 8,16 millones de hectáreas en 2012,[18] con predominancia de los estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão y Rondônia.
No discutiremos los detalles de los impactos ambientales del cultivo de soja en la Amazonia – deforestación al nivel de las 3,4 millones de hectáreas hasta 2012, acorde al monitoreo de las entidades que han firmado la llamada Moratoria de la Soja[19] –, tampoco el uso y contaminación récord de agrotóxicos. No examinaremos el significado de la predominancia de multinacionales como Cargill, Bunge y ADM en el sector y sus crecientes inversiones en la expansión de la cultura y en infraestructura de flujo de producción; no nos atendremos a la descripción de conflictos agrarios – a ejemplo de los 20 asesinatos de trabajadores rurales en la región de expansión de la soja en Rondônia, contabilizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el informe sobre violencias en el campo en 2015 -, o de la ocurrencia de trabajo esclavo, a pesar de la disminución de cerca de 60% de demanda de mano de obra en el cultivo de soja después de la mecanización de la actividad. Buscaremos entender como, más allá de las rejas de las haciendas, el complejo agroexportador de soja está reconfigurando el territorio amazónico de manera más profunda a través de las inversiones en infraestructura.
Como ya se ha mencionado, el Consenso de las Commodities impulsó las economías primario-exportadoras latinoamericanas en la última década a partir de los altos precios practicados en el mercado internacional y, en especial, debido a la creciente demanda china. Y, a pesar de la desaceleración de la economía mundial en los últimos años, en el primer semestre de 2015, por ejemplo, el complejo de la soja (granos, harina y aceite) respondió por 16% de las exportaciones brasileñas, aun con la caída de aproximadamente 30% en los precios relativos a 2014[20]. Ese factor ha fortalecido una demanda antigua del sector mirando hacia un reordenamiento radical de los espacios que separan las cosechadoras del mercado consumidor final europeo o asiático: la planificación infraestructural para abaratar los costes de flujo de producción, y en tal proporción que merece la pena volver al primer párrafo de este texto y a las tonterías sobre el complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en Pará.
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El terminal de granos de la multinacional Cargill en el río Tapajós, en Santarém, Pará, que funcionó mucho tiempo sin licencia ambiental


La cuenca del Tapajós, que abarca los ríos Tapajós, Teles Pires y Jamanxim, territorio de más de 200 mil indígenas Munduruku, Apiaká, Cayabi, Borari, Arapiun, Arara Vermelha, Jaraqui, Kumaruara, Tapajós, Tapuia, Uupaiú, Maytapu, Cara Preta y Tupinambá, ha sido designado por el gobierno brasileño para acoger la próxima etapa de una mega planificación energética en la Amazonia, iniciada con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el Río Madeira (RO), y Belo Monte, en Xingu (PA). Acorde al Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE) 2023, está prevista la construcción de siete usinas en los ríos Tapajós y su afluente Jamanxim hasta 2021, además de otras dos en Teles Pires, con el objetivo de asegurar la provisión de energía para un pretendido crecimiento económico de Brasil de 4,3% al año.
A par y paso con la lectura de que la expectativa de crecimiento que empuja la planificación energética del PDE es fantasiosa, dada la profunda crisis económica y política que afecta al país, una serie de otros elementos constituyentes del proyecto infraestructural en el cauce del Tapajós señala que no es la seguridad energética su objetivo final: interdependiente del complejo hidroeléctrico, están previstas la construcción de una hidrovía en los cursos de los ríos Tapajós y Teles Pires y de cuatro esclusas (que permitirán la navegación de grandes embarcaciones) en Tapajós y seis en Teles Pires, como parte del llamado Arco Norte, proyecto de inversiones en las rutas de flujo de producción de commodities que engloba a los puertos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Salvador e Ilhéus (BA), la pavimentación de la BR 163 (que une Mato Grosso al puerto de Santarém, en Pará), el Ferrocarril Norte-Sur (que cortará los estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), el Ferrocarril Paraense (que une el sur y sudeste de Pará al norte del Estado), la Ferrogrão (que estará paralela a la Autopista BR 163), y la hidrovía del río Tocantins (que posibilita su navegación y del río Araguaia a partir del término de la esclusa de la hidroeléctrica de Tucuruí). Si se terminan esos proyectos, estima la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria (CNA), habría una reducción alrededor de un 30% de los costes de flujo de producción y un aumento de 10% a 20% de los lucros para el sector.[21]
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Los ferrocariles en Maranhão atraviesan y afectan profundamente a comunidades y poblados


Aquí es importante observar que, en el cálculo del agronegocio, más allá de la disminución de los costes de exportación, los proyectos infraestructurales en el Norte del país también abren terreno para la expansión de cultivos sobre nuevos territorios, como se entiende del comentario del vocero de la Terminal Granelera de Maranhão, en el puerto de Itaqui, Luiz Cláudio Santos: “Se estima que existan más de 5 millones de hectáreas disponibles en esas regiones para la producción de granos y la llegada de este importante puerto posibilita dicho crecimiento, pues la principal dificultad para la producción de nuevas áreas es la infraestructura portuaria. Recordando que este proyecto era un sueño antiguo de todos los que están involucrados en la cadena del agronegocio de la región Norte de Brasil[22].
Sueño para algunos, pesadilla para otros. La expansión de la soja en la región de Santarém, por ejemplo, donde se ubica el más grande puerto granelero de Cargill y gran parte de la producción financiada por la multinacional, ha sido uno de los principales factores de conflictos agrarios en la última década. Acorde al informe difundido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2010, “más de 500 familias dejaron sus tierras para darle lugar a los campos de soja. En menos de cinco años, comunidades enteras se volvieron propiedad de productores de soja, mientras que otras han tenido una disminución drástica en su población”.[23] Según la CPT, Pará registró 645 muertes por conflictos en el campo entre 1985 y 2013 (solamente entre 2005 y 2013 fueron 118 casos). El número es casi cinco veces más de lo que ha registrado en el segundo estado en el ranking de asesinatos por cuestiones agrarias, Maranhão, con 138 casos en el mismo periodo. Según el abogado de la organización, José Batista Afonso, la mayoría absoluta de los casos tienen relación directa con la expansión de la soja y de la pecuaria sobre los territorios tradicionales.
La colaboración infraestructura-expansión de la producción agropecuaria y maderera también ha sido directamente responsable por los mayores índices de deforestación en la Amazonia, principalmente en relación a la apertura y pavimentación de autopistas. Acorde al estudio Roads, Deforestation and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon, publicado en 2014 por la revista Biological Conversation, 95% de la deforestación en la región se da a 5,5 km de carreteras – entre oficiales y clandestinas.  En ese sentido, la región de la carretera BR-163 es, según el estudio del Instituto Socioambiental, el principal punto de deforestación en la Amazonia en la última década. Ese diagnóstico se confirma en el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre el estado de la biodiversidad en Latinoamérica y en Caribe, difundido en mayo de 2016, que señala la ecorregión entre los ríos Xingu y Tapajós, en Pará, como la tercera área con más deforestación en el periodo reciente.[24]
Las reacciones
A pesar de la caída de precios de las commodities (como metales, petróleo y granos) en los últimos dos años, y de la desaceleración del crecimiento chino y de su demanda por bienes primarios, en Brasil la reacción vino en forma de intensificación de la producción para compensar los bajos precios con el aumento de volumen y cortes en medidas socio ambientales, manteniendo estables los márgenes de lucro. En ese sentido, avanzan en el Congreso Nacional propuestas que buscan desde la extinción de los mecanismos de otorga de licencias ambientales para grandes obras hasta la liberación de la minería o explotación agrícola en territorios indígenas y otras áreas protegidas, en la lógica de que no se puede seguir consintiendo a los pueblos indígenas el mantenimiento de su vida cuando se asienta y se desarrolla en tierras y bienes naturales convertibles en lucro financiero, «crecimiento» o «desarrollo»[25].
Sin embargo, ese proyecto ha provocado un nuevo ciclo de luchas sociales en los territorios, y muchas ya no se configuran a partir del marxismo revolucionario clásico, pero acorde a las cosmovisiones y a los deseos de las comunidades. O sea, a partir de reflexiones sobre un futuro diverso que desafía el axioma del «desarrollo» como único futuro posible, formulado por Harry Truman en el postguerra en 1949. Grandes luchas de resistencia, como la de los indígenas Munduruku contra el complejo hidroeléctrico en el río Tapajós, o de los Guarani y Kaiowá en Mato Grosso do Sul por los territorios usurpados por el agronegocio de soja, de caña de azúcar y pecuario, tienen como fuerza motriz la interiorización de factores espirituales que recurren a las ascendencias como puntos de partida y llegada.
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Mujeres munduruku mapeando amenazas a su territorio en el pueblo Jacaré Velho, Jacareacanga, Pará


Así, no parece raro que, en audiencia sobre los impactos de las usinas en Tapajós con autoridades del gobierno federal en la capital Brasilia, en 2015, un líder Munduruku se puso a relatar la leyenda de como la abuela del niño Karo Ebak le regaló a la etnia, en tiempos antiguos, la tierra negra[26]; y porque hoy la tierra negra, encontrada en todo el territorio Munduruku, es la prueba de la pertenencia ancestral de la etnia a ese territorio. Es parte de un mundo en el que quieren vivir y donde no cabe la modernidad blanca, o pariwat. “Haber estado siempre y siempre seguir estando, pero no así; de otra manera” es la base de lo que quieren los Munduruku.
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Guerreros munduruku, Jacareacanga, Pará


[1]  Luis Nassif, “As usinas-plataforma do rio Tapajós”. Carta Capital. 10/12/2013. Disponible en: <http://www.cartacapital.com.br/economia/as-usinas-plataforma-do-rio-tapajos-2087.html>.
[2] Juliana Lins, Terra preta de índio e as populações do presente: a  herança que chega até o quintal. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa. Manaus. 2013. Disponible en: <http://www.files.scire.net.br/atrio/inpa-ppgbot_upl/THESIS/153/dissertacao_julianalins_final.pdf>.
[3] Marcos Pereira Magalhães, “Mudanças antropogênicas e evolução das paisagens na Amazônia”. Disponible en: <http://www.recantodasletras.com.br/artigos/737095>.
[4] Ibíd.
[5] Socióloga argentina, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, galardonada con el Premio Konex en dos ocasiones (2014 y 2016). Parte de su producción está disponible en la página web: <http://www.maristellasvampa.net/>.
[6] El término extractivismo se usa acá en el sentido de actividades que sacan grandes cantidades de recursos naturales que no son procesados (o que lo sean de manera limitada), principalmente para la exportación, lo que no se limita a los minerales o al petróleo.
[7] El Parlamento Amazónico es una entidad que congrega a los diputados estatales de los nueve estados de la Amazonia brasileña. Dicha afirmación se dio en una reunión en mayo de 2016, como lo cuenta el texto “Mineração em terra indígena e ligação com Pacífico são destaques em reunião do Parlamento Amazônico”. 19/6/2016. Disponible en: <http://www.emtempo.com.br/%E2%80%8Bmineracao-em-terra-indigena-e-ligacao-com-pacifico-sao-destaques-em-reuniao-do-parlamento-amazonico>.
[8] Observamos, como justificativa, que la elección de esos dos proyectos económicos para el análisis se debe a características aparentemente opuestas en cuanto a su interferencia social y ambiental en el bioma: mientras la palma aceitera tiene alta demanda de mano de obra y se estructura sobre un proyecto político de interacción con la agricultura familiar, la soja tiene uno de los menores índices de empleo del agronegocio, a la vez que su expansión es uno de los principales motores de los conflictos agrarios en la región. La palma aceitera pretensamente ocupa áreas degradadas, mientras que la soja ha sido, históricamente, uno de los principales conductores de la deforestación en Amazonia. Los dos proyectos, cada uno a su manera, han dejado huellas profundas en los territorios y sus habitantes tradicionales
[9] Varios análisis han sugerido que el biodiesel y el bioetanol reducen sustantivamente las emisiones de CO2 una vez que las emisiones de gases de la quema de dichos combustibles se neutralizarían por la absorción de CO2 en la etapa de crecimiento de los cultivos
[10] Un ejemplo de dicha tendencia ha sido la reacción del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un debate climático en Perú en 2008, en que denuncias sobre efectos reversos de la agroenergía asumieron grandes proporciones: “Quieren descontaminar el planeta y combatir el calentamiento global, firman el Protocolo de Kioto, y cuando Brasil ofrece un combustible no emisor de CO2, prefieren usar uno que lo emite”, afirmó Lula. “Biocombustibles calentó la cumbre”, APF. 17/5/2008. Disponible en: <http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com.br/2008/05/biocombustibles-calent-la-cumbre.html>.
[11] RAISG Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada, Deforestación en la  amazonia (1970-2013). Disponible en: <http://raisg.socioambiental.org/system/files/deforestacion_en_la_Amazonia%281970-2013%29_0.pdf>.
[12] Juan Luis Dammert B., Cambio de uso de suelos por agricultura a gran escala en la amazonía andina: el caso de la palma aceitera. Disponible en: <http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2014/09/Cambio-de-uso-de-suelo-y-el-caso-de-la-palma-aceitera-en-la-Amazon%C3%ADa.pdf>.
[13] Cf. Repórter Brasil, Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará. 2013. Disponible en: <http://reporterbrasil.org.br/documentos/Dende2013.pdf>.
[14] Ibíd.
[15] Ibíd.
[16] Verena Glass, “Plantio de dendê entra na lista de atividades com trabalho escravo”, Repórter Brasil. 1/7/13. Disponible en: <http://reporterbrasil.org.br/2013/07/plantio-de-dende-entra-na-lista-de-atividades-com-trabalho-escravo>.
[17] “Con el concepto de acumulación primitiva, Marx describe, tomando como ejemplo el caso de Inglaterra, la transición del feudalismo al capitalismo como un proceso en el que los campesinos se separan de sus medios de producción. En el centro de dicho análisis se encuentra la explicación de la formación histórica del modo de producción capitalista, que se caracteriza por la oposición entre el capital y el trabajo.» Maria Backhouse, A desapropriação sustentável da Amazônia. O caso de investimentos em dendê no Pará, Fair Fuels? Working Paper 6, Berlín. Disponible en: <http://www.fair.fuels.de/data/user/Download/>.
[18] Maria Zeferino Barbosa, “Fronteira Agrícola:  a soja na Amazônia Legal”, Análises e indicadores do agronegócio, Instituto de Economia Agrícola (Ipea), v.10, n.1. Enero de 2015.  Disponible en: <http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/AIA/AIA-01-2015.pdf>.
[19] “de soja na Amazônia resultou no desmatamento de mais de 18 mil hectares”, A Crítica. 26/10/2012. Disponible en: <http://acritica.uol.com.br/amazonia/Manaus-Amazonia-soja-Moratoria_da_Soja_na_Amazonia-Plantio-Amazonia-resultou-desmatamento-hectares_0_799120140.html>.
[20] Tatiana Freitas, “Agronegócio segue ganhando relevância nas exportações do Brasil”, Folha de S.Paulo. 30/7/2015.  Disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1661855-agronegocio-segue-ganhando-relevancia-nas-exportacoes-do-brasil.shtml>.
[21] Danilo Fariello, “Avançam projetos para escoar grãos para o Norte”, O Globo. 14/3/2016. Disponible en: <http://oglobo.globo.com/economia/avancam-projetos-para-escoar-graos-pelo-norte-18868477#ixzz42siLM1Qv>.
[22] “Investimentos em novos terminais automatizados podem melhorar produtividade”. Disponible en: <http://www.logweb.com.br/investimentos-em-novos-terminais-automatizados-podem-melhorar-produtividade/>.
[23] “CPT Santarém apresenta dossiê contra Cargill em audiência pública na região”. Disponible en: <http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/321-cpt-santarem-apresenta-dossie-contra-cargill-em-audiencia-publica-na-regiao>.
[24] Sobre el tema, el diario Folha de S.Paulo publicó, en 2014, un estudio contundente: “BR-163 Insustentável”. Disponible en: <http://arte.folha.uol.com.br/ciencia/2014/08/31/br-163-insustentavel>.
[25] Podríamos discutir la continuidad, no sólo en Brasil, de los proyectos vinculados a la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), como la construcción del ferrocarril transoceánico que pretende unir los polos productores de Brasil al Océano Pacífico en Perú, atravesando miles de kilómetros de territorios tradicionales en la Amazonia y en los Andes, así como proyectos de ferrocarriles en Colombia y Venezuela, o mismo el Canal de Nicaragua, financiados con recursos chinos, pero preferimos dejar ese debate para otro momento.
[26] O presente de Karo Ebak aos Munduruku. Disponible en: <https://rosalux-ba.org/o-presente-de-karo-ebak-aos-munduruku>.

 
Para leer más
Backhouse, Maria. A desapropriação sustentável da Amazônia: o caso dos investimentos em dendê no Pará. 2013. Disponible en: <https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=57316952ed99e131862b669c&assetKey=AS%3A360058388008962%401462856017483>.
Barber, Christopher P., Cochrane, Mark A., Souza Jr., Carlos, M. William F. L. Roads, Deforestation, and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon. Biological Conservation. 2014.
Frayssinet, Fabiana. Soja faz renascer estrada amazônica. Envolverde. 7/1/2016. Disponible en: <http://www.envolverde.com.br/1-1-canais/ips-rede/soja-faz-renascer-estrada-amazonica/>.
Glass, Verena. “Mapa social: Expansão do dendê pela Amazônia gera problemas”. Repórter Brasil, s.d. Disponible en: <http://mapasocial.reporterbrasil.org.br/?p=16>.
Magalhães, Marcos Pereira. “Mudanças antropogênicas e evolução das paisagens na Amazônia”. Disponible en: <http://www.recantodasletras.com.br/artigos/737095>.
Miranda, Rogério Rego, Silva, Marcos Alexandre Pimentel da. Das agroestrategias aos eixos territoriais do agronegócio no estado do Pará.
Boletim DATALUTA, n.99. Marzo 2016. Disponible en: <http://www2.fct.unesp.br/nera/artigodomes/3artigodomes_2016.pdf>.
Patroni, L. Nova rota diminui custo de transporte da soja produzida em MT. O Globo. 27/3/2016. Disponible en:  <http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2016/03/nova-rota-diminui-custo-de-transporte-da-soja-produzida-em-mt.html>.
PNUMA. The state of biodiversity in latin america and the ribbean. Disponible en: <http://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/734/original/Biodiversity_Review_LAC.pd>.
Repórter Brasil. A agricultura familiar e o programa nacional de biodiesel. São Paulo: Repórter Brasil. 2010. Disponible en: <http://reporterbrasil.org.br/documentos/AgriculturaFamiliar_Biodiesel2010.pdf>.
______. Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará. São Paulo: Repórter Brasil. 2013. Disponible en: <http://reporterbrasil.org.br/documentos/Dende2013.pdf>.
______. O Brasil dos agrocombustíveis: palmáceas, algodão, milho e pinhão manso. São Paulo: Repórter Brasil. 2008. Disponible en: <http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/o_brasil_dos_agrocombustiveis_v2.pdf>.
______. O dendê na mirada da lei. São Paulo: Repórter Brasil. 2015. Disponible en:  <http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2015/09/o_dende_na_mira_da_lei.pdf>.
Sá, Eduardo. Rondônia é o Estado com maior número de mortes por causa do conflito fundiário. Carta Maior. 19/4/2016. Disponible en: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/-Esses-conflitos-vao-continuar-e-a-tendencia-e-acirrar-cada-vez-mais-/2/35989>.
Santos, Chico. Safra de grãos fica mais competitiva com o Arco Norte. Valor Econômico. 30/3/2016.  Disponible en: <https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33786-safra-de-graos-fica-mais-competitiva-com-o-arco-norte>.
Silva, Elielson Pereira da. Agroestratégias e monocultivos de dendê: a transferência silenciosa das terras da reforma agrária para o grande capital na amazônia paraense. Dissertação de mestrado. Gestão de Recursos Naturais, UFPA. 2015. Disponible en: <http://www.ppgedam.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2015_Dissertacao_Elielson.Pereira.da.Silva.pdf>.
 

Katz – Lucita – Cantamutto – Schorr – Whalberg – Gigliani – Castillo – Féliz – Wiñazky – Mercatante Gambina
El 30 de julio tuvo lugar, en la oficina de Buenos Aires de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL), el «Taller anual de Economistas de Izquierda 2016». Con esta convocatoria, Economistas de Izquierda (EDI) con la colaboración de la FRL se propuso indagar acerca de la realidad económica presente y su prospectiva mediante el debate y el intercambio de ideas

Aportes Publicados en el Anuario EDI 2016

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Con el marco de una crisis mundial de características multidimensionales (económica, alimentaria, energética, ambiental…) y el resurgimiento de las derechas en numerosos países, el ascenso de la derecha empresarial de la mano del gobierno Macri presenta necesidades de afinar la caracterización, de balancear el primer semestre y auscultar las perspectivas de la acumulación capitalista en el país.
¿De qué modelo económico se trata? Si es que existe tal modelo. ¿Hay un plan de coyuntura preestablecido? Para algunas lecturas el fracaso de la lluvia de dólares prometida para no bien se levantara el cepo y la falta de compromiso de los empresarios, a pesar de que el Presidente es uno de ellos, ha llevado al gobierno de los CEO’s a improvisar una medida tras otra –donde destaca la descoordinación entre los ministerios. Se trataría de un ejercicio permanente de “prueba y error”. Para otros no hay un nuevo modelo que se oponga al anterior, sino simplemente se trataría de un “gigantesco saqueo”. Se haría evidente entonces que “el cortoplacismo y la satisfacción de apetitos parciales domina el escenario.” Otra lectura hace eje en que cambió el gobierno pero no necesariamente el proyecto hegemónico del gran capital. Se trataría así de una nueva fase, superadora de la anterior, del neodesarrollismo.
Finalmente para una tercera mirada el gobierno de la derecha empresarial tiene claro el objetivo final –implantar un modelo de acumulación y reproducción de capitales funcionales a las actuales tendencias mundiales- pero tiene dificultades para resolver la coyuntura en términos de los supuestos de la teoría neoclásica en la que se apoya, tanto por los fuertes desequilibrios que muestra la economía como por la resistencias sociales y políticas que enfrenta. Siendo además un típico “gobierno partido”, esto es que el ejecutivo no domina el legislativo por lo tanto está expuesto a, y necesitado de, la negociación permanente. Por lo tanto avanza con medidas, enfrenta resistencias, retrocede parcialmente, negocia, pero logra avances.
¿Cuáles son las fracciones del capital en las que el gobierno se apoya y que podrían conformar a futuro el comando del bloque dominante? ¿La apertura indiscriminada que sugiere el acercamiento a la Alianza para el Pacífico puede concretarse sin grandes contradicciones con la burguesía industrial? ¿Hay un regreso a los ’90? ¿En todo caso es posible tal regreso? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias con aquel proceso?
Con esta convocatoria Economistas de Izquierda (EDI) con la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) se propone indagar acerca de la realidad económica presente y su prospectiva mediante el debate y el intercambio de ideas. Como acostumbramos nuestra convocatoria es amplia dentro del espectro de economistas críticos de formación marxista (no más de 12 panelistas y una presencia no mayor de 25 participantes interesados en la economía política).
Panelistas invitados:
Martín Schorr, Federico Wahlberg, Mariano Féliz, Claudio Katz, Guillerno Gigliani, José Castillo, Esteban Mercatante, Alberto Wiñazky, Marcelo Ramal, Tomás Raffo, Itai Hagman, Ricardo Aronskind, Julio Gambina
Características del taller:
Nos interesa un intercambio y debate entre nosotros para acercar un diagnóstico lo más preciso y certero posible que tenga utilidad política para los sujetos sociales en acción y resistencia.
Por este motivo, el taller tiene cupos limitados (hasta 25 participantes interesados en la economía política), y por esto es preciso realizar una inscripción previa enviando un correo a [email protected] indicando nombre completo, y aguardar la respuesta de confirmación con la dirección del encuentro.
Foto: Flickr DonkeyHotey
 

 
Realización del taller:
Día: sábado 30 de julio
Horario: de 9.30 a 16hs. (iniciará a las 10hs. en punto)
Lugar: Fundación Rosa Luxemburgo
Santos Dumont 3271 – Barrio de Chacarita (ver mapa debajo)
Funcionamiento del taller:
Cada expositor dispondrá de 10’, luego se abrirá el debate al público  invitado con intervenciones breves, y finalmente una ronda de 5’ por panelista.
Habrá servicio de cafetería y un intervalo de 45’ para compartir un almuerzo.
Coordinadores: Eduardo Lucita y Jorge Marchini
 

¿Cómo llegar?
La Fundación Rosa Luxemburgo está ubicada en la calle Santos Dumont 3721, entre Fraga y Roseti, en el barrio de Chacarita, Buenos Aires.
En el siguiente Link encontrarán el mapa y un espacio para consultar los transportes públicos que los/as acercan: https://goo.gl/maps/nYJMxzpGoRL2
La estación Dorrego del subte b (línea roja) queda a unas pocas cuadras:
MAPA Santos_Dumont
 

La Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas (CPSRC) con la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo ha tomado la iniciativa de organizar una Mesa de Debate y Reflexión entre referentes del movimiento obrero -así como algunos investigadores del mismo-, que nos permita analizar la situación actual de la clase trabajadora, a partir de un intercambio entre diversos gremios de todos el país, y reflexionar sobre los desafíos y perspectivas que tenemos por delante.
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El ascenso de la derecha empresarial de la mano del gobierno de Macri le plantea al movimiento obrero en su conjunto nuevos y urgentes desafíos. En una economía mundial en crisis, con fuerte caída de la demanda global y un mundo con una producción sobre ofertada, la devaluación competitiva en nuestro país no alcanza para dar salida a las exportaciones industriales o para resistir las importaciones de China y Brasil. Se agudizan así los límites del capitalismo nacional.  Esto lleva a los capitalistas y al Estado, que hoy está íntegramente en sus manos, a rebajar una y otra vez las condiciones de vida de las masas trabajadoras.
Pero el aumento de la explotación laboral que se está dando, con una caída estructural de los salarios, desmejora de las condiciones de trabajo, despidos, precarización laboral, trabajo no registrado, tampoco parece alcanzar para que llegue la famosa “lluvia de inversiones” prometida por el gobierno de Cambiemos. La preocupación y la bronca en los lugares de trabajo se traducen en desperdigadas resistencias locales, pero la ofensiva global del capital no es contestada en una escala política, ya que las dirigencias de las centrales sindicales están concentradas en resolver sus entuertos y llegar a acuerdos con el gobierno.
Nos proponemos no solo abordar los análisis de la coyuntura y las resistencias a la actual ofensiva del capital, sino también de identificar las principales tendencias de largo plazo que recorren todo el movimiento. Y por sobre todo buscamos hacernos estas preguntas colectivamente, construyendo respuestas también colectivas. Creemos que un gran paso en este sentido es generar condiciones para este intercambio, donde podamos compartir esta iniciativa entre referentes sindicales que ya venimos recorriendo un camino de democracia sindical con una mirada de clase. Y a su vez compartir este espacio con investigadores, profesionales, intelectuales que vienen buscando una comprensión en un plano más teórico y global de este proceso. En este sentido, creemos que un taller que aúne a este conjunto de compañeros sería un gran avance que nos daríamos, no sólo nosotros/as sino también como posibilidad de que nuestra clase empiece a tomar masivamente esta orientación.
 
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Realización de la mesa de debate

viernes 12 de agosto

de 12 a 17 hs

FATPREN (Solís 1158), CABA

La jornada será abierta y pública

Con esta convocatoria la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas (CPSRC) con la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo se propone revisar las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las posibilidades o perspectivas de la actual resistencia de los/as trabajadores/as?, ¿Qué formas de organización, ante la renuencia de las direcciones tradicionales, vienen siendo más eficaces, cuáles nuevas podrían pensarse? ¿Cómo se expresa el interés de clase en cada conflicto? ¿Hay posibilidades de construir algo nuevo? ¿En el desenvolvimiento de cada uno de los conflictos hay cuestionamientos al orden social instituido, de qué tipo y en qué grado se dan esos cuestionamientos? ¿Qué tipo de “cultura del trabajo” permanece? ¿Con qué grado de alienación, pasividad, conformismo, fatalismo se da; en qué medida la afirmación de una cultura del trabajo se da en contra de la patronal y como afirmación de fuerza y potencialidad obrera? ¿Cuán fuerte es la tendencia a la conciliación de clases, en qué medida empezamos a recorrer un período de transición, de una conciencia que está en disputa? ¿Hay coordinación y solidaridad efectiva entre sectores de la clase obrera de nuestro país con otros países?
La mesa estará integrada por compañeros y compañeras de seccionales, sindicatos y delegados y activistas del movimiento obrero de distintos puntos del país, que intercambiarán sus perspectivas para luego abrir las intervenciones a preguntas y reflexiones por parte de los asistentes. Además, se invitará especialmente a participar a referentes intelectuales, investigadores del movimiento obrero, referentes laborales y jurídicos que permanentemente acompañan las luchas de los trabajadores para que aporten sus reflexiones y perspectivas.
 

Una izquierda latinoamericana, sin ecología, caerá de nuevo en la crisis de los progresismos


Por Eduardo Gudynas*


Comencemos planteando con claridad algunas cuestiones recientes en las relaciones entre izquierda y ambiente en América Latina: los progresismos gobernantes actuales son regímenes políticos distintos a las izquierdas que les dieron origen, y en esa diferenciación, la incapacidad para abordar la temática ambiental jugó unos papeles clave. Por lo tanto, cualquier renovación de la izquierda sólo es posible si se incorpora la mirada ecológica. En caso contrario, la izquierda volverá a caer en meros progresismos.


Las izquierdas latinoamericanas, por lo menos desde la década de 1970, tuvieron unas enormes dificultades en aceptar y abordar la problemática ambiental. Unos veían esos temas como excentricidades burguesas importadas del norte; otros consideraban que entorpecerían planes de industrialización; y finalmente, estaban los que entendían que en la militancia, por ejemplo, en las fábricas, era inviable atender cuestiones ecológicas.


Pero también existían algunos grupos o militantes que abordaban esas cuestiones, por muy diversos motivos. Unos respondían a demandas ciudadanas, por ejemplo las que partían de organizaciones campesinas que denunciaban tanto injusticias económicas como la contaminación de sus tierras y aguas. Otros entendían que una crítica radical al capitalismo era incompleta sino se consideraba el papel subordinado de América Latina como proveedora de materias primas (o sea recursos naturales). Se pueden sumar otras cuestiones, pero más allá de todo eso, debe reconocer que todos ellos desempeñaban papeles secundarios en el seno de la mayor parte de las organizaciones políticas de la izquierda.


Marx en clave ecológica


Las cosas no eran mejor a nivel internacional, ya que sea en agrupamientos partidarios como en la reflexión teórica, la cuestión ambiental era minimizada o marginada. Esfuerzos intensos en poner sobre el tapete, por ejemplo a un Marx en clave ecológica (como es la propuesta de John Bellamy Foster) o la insistencia en una ecosocialismo (apuntada por Michael Lowy), tuvieron impactos acotados.
Un cambio sustancial ocurrió a fines de los años noventa y principios de la década del 2000. Buena parte de ambientalismo políticamente militante colaboró, apoyó o participó directamente en conglomerados de unas izquierdas más amplias y plurales que luchaban contra gobiernos conservadores y posturas neoliberales. En varios países esos grupos las elecciones. Hubo un aporte ambientalista en las victorias de Alianza Pais en Ecuador, el PT y sus aliados en Brasil, el MAS en Bolivia, y el Frente Amplio en Uruguay; en menor medida también participaron en Venezuela.


En los planes de aquellas izquierdas se incorporaban temas ambientales, en varios casos con mucha sofisticación al proponer cambios radicales en las estrategias de desarrollo, el ordenamiento territorial o el manejo de los impactos ambientales. Unos cuantos ambientalistas entraron a esos nuevos gobiernos, y desde allí se lanzaron algunas iniciativas remarcables.


Extractivismo y asistencialismo monetarizado


El caso más destacado tuvo lugar en Ecuador, donde esos militantes verdes cosecharon algunos éxitos notables. Fueron claves en instalar, por ejemplo, la propuesta de una moratoria petrolera en la Amazonia, no solamente como una defensa de su biodiversidad sino también como un aporte para el cambio de la matriz energética. Ellos también representaron un apoyo clave en el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la nueva constitución ecuatoriana, convirtiéndola en la más avanzada del mundo en esa materia. La izquierda más institucionalizada que se encontraba en los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) no ponderó como debía las innovaciones ambientales en el primer gobierno de R. Correa.


toraAcre
Pero el problema es que esa relación entre los nuevos gobiernos y la temática ambiental comenzó a crujir. Esas administraciones optaron por estrategias de desarrollo donde priorizaban metas económicas a costa de altos impactos ambientales. Sus expresiones más claras fueron la explotación minera y petrolera, y los monocultivos. Se generó una relación perversa, ya que a medida que más se profundizaba ese perfil extractivista, menos se podían atender las cuestiones ambientales, y más protestas y resistencias ciudadanas se acumulaban. Muchos ambientalistas que estaban dentro de los gobiernos se alejaron, y lo que permanecieron se desprendieron de sus compromisos con la Naturaleza. Algo similar ocurrió en otras áreas, especialmente las políticas sociales, volcándose al asistencialismo monetarizado. Es de esta manera que estaba en marcha la divergencia entre las izquierdas plurales y abiertas iniciales y un nuevo estilo político, el progresismo.


La maduración hacia al progresismo ocurrió en todos los países. Más allá que en algunos casos se citaba a Marx o Lenin, en todos se acentúo la subordinación a los mercados globales como proveedores de materias primas, los planes de ataque a la pobreza se enfocaron sobre todo en paquetes de asistencias monetarizadas, y se rompieron las relaciones con muchos movimientos sociales. Ese progresismo no es neoliberal, pero está claro que abandonó los compromisos de aquellas izquierdas iniciales en cuestiones como la radicalización de la democracia, ampliar las dimensiones de la justicia y proteger el patrimonio ecológico.
Incluso en Ecuador, el mismo gobierno que sancionó una nueva Constitución con los derechos de la Naturaleza, incumplió ese mandato allí donde ponía en riesgo los extractivismos; los que lograron su primera victoria electoral gracias al apoyo de movimientos sociales, al poco tiempo se burlarían y hostigarían a indígenas y ambientalistas.


Progresismo en crisis


Hoy se admite que ese progresismo está en crisis, como es evidente en Brasil, y que incluso ha perdido elecciones nacionales (Argentina) o regionales (Bolivia). Pero ha pasado desapercibido para algunos es que en esa diferenciación entre izquierdas y progresismos, la temática ambiental jugó un papel clave. El progresismo aceptó los impactos ambientales de los extractivismos ya que priorizó como opción económica la exportación de materias primas. A su vez, a medida que escalaba la resistencia ciudadana a esos emprendimientos, esos regímenes pasaron a ignorar, rechazar e incluso criminalizar a las organizaciones ciudadanas que ponían en evidencia los impactos negativos de esos extractivismos.
Hay muy poco de la sensibilidad social de izquierda en que un gobierno le imponga a comunidades campesinas un proyecto megaminero, o que fuerce la entrada de petroleras dentro de tierras indígenas, o que amenace con exiliar a los miembros de ONGs que alertan sobre esos impactos.


Los progresismos a medida que más se alejaban de la izquierda, más se hundían en contradicciones teóricas y prácticas. No dudaron entonces en apelar a mezclas bizarras entre citas marxistas y denuncias al imperialismo, junto a acuerdos comerciales con empresas transnacionales que se llevaban sus recursos. Invocaban al pueblo pero no dudaban en criminalizar la protestas ciudadana, e incluso en unos casos pasaron a la represión.


La lección de estas experiencias es que la ausencia de una dimensión ambiental en la izquierda, en América Latina, y en este momento histórico, no constituye un pequeño déficit. Por el contrario, es uno de los factores que explica que esa izquierda pierda su esencia para convertirse en meros progresismos.


Riqueza ecológica


Por el contrario, una izquierda propia de nuestro continente debe abordar las cuestiones ambientales porque América Latina se caracteriza por una enorme riqueza ecológica. Aquí se encuentran las reservas más grandes de áreas naturales y las mayores disponibilidades de suelos agrícolas. El uso que se hace sobre ese patrimonio ambiental no sólo involucra las necesidades de nuestra propia población, sino que nutre a múltiples cadenas productivas globales con enormes repercusiones geopolíticas.


Además, una izquierda del siglo XXI debe ser ecológica porque la actual evidencia indica sin lugar a dudas que estamos sobreexplotando esos recursos, que las capacidades del planeta para lidiar con los impactos ambientales han sido rebasadas, y que problemas planetarios como el cambio climático ya se están manifestando. Por lo tanto, pensar una izquierda sin ecología sería una apuesta política desconectada de América Latina y de la coyuntura actual.


Finalmente, el compromiso de esta nueva izquierda está en la justicia social y ambiental, donde una no puede ser alcanzada sin la otra. Esto permite un reencuentro con muchos movimientos sociales, un redescubrimiento de los problemas reales de las estrategias de desarrollo actuales, y un llamado a una renovación teórica. Es por eso que en esa íntima asociación entre la justicia social y ambiental, están los mayores desafíos para una renovación de las izquierdas en América Latina.


* Versión revisada de la contribución para el lanzamiento de la sección en ecología y ambiente de La Izquierda Diario (Argentina), 22 julio 2016. Eduardo Gudynas es militante en temas de ambiente y desarrollo, integra el equipo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), es docente en distintas universidades latinoamericanas y acompaña a diferentes movimientos ciudadanos. Twitter: @EGudynas


FOTOS: Flickr/Aristipo Crónica Popular e Daniel Santini

El gobierno del Presidente Nicolás Maduro y la oposición están enfrentados sobre la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato presidencial. En el centro de la polarización, la mayoría de las venezolanas y venezolanos implementan sus propias estrategias de sobrevivencia y claman por salidas negociadas a la grave crisis

Por Edgardo Lander*
edgardo landerEl detonante principal de la crisis por la cual atraviesa hoy Venezuela, más obviamente no la única causa, ha sido el colapso de los precios del petróleo de los últimos tres años. Mientras en el año 2013 el precio promedio de los crudos venezolanos fue de $100, bajó a $88,42 en el año 2014 y a $44.65 en el 2015. Llegó a su nivel más bajo en el mes de febrero del año 2016, con un precio de $24,25.[i] El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión.
Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dólares por barril.
Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad de la moneda insostenible, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía. Los diferenciales cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser de más de cien a uno. Esto, unido a la discrecionalidad con la cual los funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas solicitadas, hizo que el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la corrupción en el país.[ii]   
En la época de las vacas gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, incurriéndose incluso en elevados niveles de endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando bajasen los precios del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía entró en una profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo comenzó a hacer aguas.
El PIB tuvo un descenso de 3,9% en el año 2014, y de 5,7% en el 2015.[iii] Para el año 2016, la CEPAL pronostica una caída del 7%.[iv] Hay un importante y creciente déficit fiscal. De acuerdo a la CEPAL, la deuda externa se duplicó entre los años 2008 y 2013.[v] Si bien como porcentaje del PIB todavía no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas dificulta su pago.[vi] Se ha producido una caída fuerte de las reservas internacionales. Las reservas del mes de junio del año 2016 representaban 41% del monto correspondiente a las de finales del año 2012.[vii] El acceso a nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidumbre en torno al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados financieros occidentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le exigen al país en la actualidad.
A esto se suma la tasa de inflación más elevada del planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año 2015 la inflación fue de 180,9%, y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315%.[viii] Con seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales disponibles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año, particularmente en el renglón de alimentos, ha sido muy superior a la del año anterior.
Esta severa recesión económica podría conducir a una crisis humanitaria. Hay un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y productos del hogar. Las familias venezolanas tienen que pasar cada vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en la búsqueda de alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está produciendo una reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de la población. De la situación en la que la FAO hizo un “Reconocimiento de progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre” basado en datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7% de personas desnutridas,[ix] se ha pasado a una situación de crecientes dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha convertido en un tema de conversación cotidiano.
De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha venido produciendo un descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones de alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida completa se redujo a menos de la mitad.[x] Estas son cifras anteriores a la profundización del desabastecimiento y la inflación ocurrida en el último año. Las encuestas registran que es cada vez mayor el número de familias que ha dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje de familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la encuestadora Venebarómetro, una gran mayoría de la población (86.3%) afirma que compra menos o mucho menos comida que anteriormente.[xi]
En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios de salud la situación es igualmente crítica. Los hospitales y demás centros de salud presentan elevados niveles de desabastecimiento de insumos básicos, así como la ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones en el acceso a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y centros de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los enfermos si los familiares pueden aportar los insumos y alimentos requeridos. Son frecuentes las suspensiones de operaciones por falta de equipos, insumos o personal médico. Pacientes que requieren diálisis no reciben tratamiento. Medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como diabetes, hipertensión y cáncer escasean severamente.
El gobierno no reconoce la posibilidad de que el país esté entrando en una emergencia que requiera asistencia desde el exterior. Por una parte, porque esto sería visto como la admisión del fracaso de su gestión. Pero igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como puerta de entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo humanitario, armado de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien conocidas.
En estos últimos años el gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y mecanismos de distribución de alimentos, los cuales han sido de corta duración y, en general, han fracasado por la ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han logrado desmantelar la redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan en cada uno de los eslabones de las cadenas de comercialización, desde los puertos hasta la venta al por menor. Por otra parte, todos estos mecanismos han estado concentrados en la distribución, sin abordar en forma sistemática la profunda crisis existente en la producción nacional.
La última iniciativa son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados principalmente a la venta de bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en las viviendas. Ha sido este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay suficientes alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de estructuras partidistas (el PSUV – Partido Socialista Unido de Venezuela). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han formulado múltiples denuncias tanto por su carácter político excluyente de quienes no se identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más, por la corrupción.
Con excepción de Caracas, durante meses en el año 2016 hubo racionamiento eléctrico, con suspensión del servicio por cuatro horas diarias.[xii] Para ahorrar electricidad, las oficinas públicas en todo el país solo trabajaron dos días a la semana durante meses y luego con un horario diario reducido, debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado venezolano. La distribución del agua ha estado racionada, afectando desproporcionalmente a los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis en el transporte público por falta de repuestos, hasta los más comunes como baterías y cauchos.
Todo esto se traduce en un severo deterioro de las condiciones de vida de la población, conduciendo a la acelerada pérdida de las mejorías sociales que se habían logrado en los años anteriores. El gobierno ha dejado de publicar, o solo publica con mucho atraso, la mayor parte de las principales estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y de encuestadoras privadas.[xiii] En el último estudio difundido por un proyecto interuniversitario,[xiv] en términos de ingreso y de la capacidad para adquirir lo que definen como la canasta normativa de alimentos, se caracteriza al 75,6% de la población como pobre y la mitad del total de la población como pobres extremos.[xv] Esto, más que un deterioro, constituye un colapso del poder adquisitivo de la mayor parte de la población.
La reducción de la capacidad adquisitiva es generalizada, pero no afecta por igual a todos los sectores de la población, con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades sociales. La reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los logros más importantes del proceso bolivariano. El actual deterioro de la capacidad adquisitiva afecta en primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo como salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con acceso a las divisas que permiten comprar cada vez más bolívares, y quienes participan en los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan favorecidos por la escasez/inflación.
En las condiciones actuales, el gobierno ya no cuenta con los recursos que serían necesarios para abastecer a la población mediante programas masivos de importación de alimentos. Por las mismas razones, la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está marcada por un sostenido deterioro.
Por la vía de los hechos, la política económica del gobierno opera como una política de ajuste que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población. Se le ha otorgado prioridad al pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de la población venezolana. De acuerdo con el Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, Venezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin de cumplir con sus compromisos de deuda.[xvi] Se ha anunciado que el monto total de divisas disponibles para importaciones no petroleras en el año 2016 será de solo 15 mil millones de dólares[xvii], lo que representa la cuarta parte del volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el Presidente Maduro ha informado que “…el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20 meses 35 mil millones de dólares a los acreedores internacionales…”[xviii] Esto es extraordinariamente grave, dados los elevados niveles de dependencia de las importaciones que tiene la alimentación básica de la población.
Son variadas las propuestas que se han venido formulando desde organizaciones políticas y académicas, así como movimientos populares, sobre posibles vías para la obtención de los recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes de la población. Entre estas destaca la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana,[xix] que exige la realización de una investigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los cuales han operado los procesos de entrega, por parte de organismos del Estado, de divisas subsidiadas para las importaciones.[xx] Esta auditoría permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recursos sustraídos a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir una caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos funcionarios públicos, civiles y militares, como a empresarios privados.
Igualmente importante sería la realización de una auditoría de la deuda externa, con el fin de identificar que parte de ésta es legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se plantearía una renegociación de las condiciones de pago de la deuda, partiendo de que es prioritario responder a las necesidades inmediatas de alimentación y salud de la población sobre el pago a los acreedores. Se ha propuesto igualmente la conveniencia de un impuesto extraordinario a los bienes de venezolanos en el exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte de las grandes fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas.
Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto si no se crean mecanismos de contraloría social efectivos que garanticen que, en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes lleguen a quienes los necesitan.
Una nueva economía: las múltiples caras del denominado “bachaqueo”
En los últimos tres años se han producido reacomodos importantes en la estructura económica del país, muy especialmente en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del acceso a bienes básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del llamado bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción conocidos en el país en estos años tienen que ver precisamente con el acaparamiento y la especulación en la importación y en las cadenas públicas y privadas de distribución de alimentos.
Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido en estos años un enorme peso, incluye una amplia gama de modalidades y mecanismos tanto públicos como privados. Dada la presencia simultánea de un generalizado desabastecimiento y la desbordada inflación, la diferencia entre el precio de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos productos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno, de veinte a uno, e incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y moviliza mucho dinero, opera en diversas escalas. Incluye, entre otras, el contrabando de extracción de diferentes dimensiones, principalmente hacia Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribución mayorista, el acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la compra y reventa en pequeña o mediana escala de productos regulados por parte de los llamados bachaqueros.
Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una caracterización confiable sobre la dimensión de este sector de la economía y sus relaciones con los otros sectores de ésta. En esta actividad se pueden obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los empleos asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si dejase de operar de un día para otro este sector de la economía, el país se paralizaría. Según a una de las principales encuestadoras del país, el 67 % de la población venezolana reconoce que compra los productos total o parcialmente a través de los llamados “bachaqueros”.[xxi] El hecho de que este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente diversos no solo hace difícil su caracterización, sino igualmente su evaluación desde puntos de vista políticos o éticos. Sobre el impacto perverso que para la sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de distribución, el acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias violentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de las cadenas de comercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo en pequeña escala llevado a cabo por ese amplio sector de la población que, en ausencia de toda otra alternativa para alimentar a su familia, convierten la actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos escasos en una modalidad de sobrevivencia.
Lo que puede afirmarse es que en un proceso político orientado durante años por los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base en las cuales participaron millones de personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo en relación con sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas técnicas de agua, consejos comunitarios de agua, consejos comunales, comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, tanto por la carencia de los recursos estatales de las cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Otras, con mayor capacidad de autonomía, hoy debaten cómo continuar operando en este nuevo contexto.
Es este el paisaje cultural que hace posible, por ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años estén abandonando la escuela para incorporarse a bandas criminales, iniciándose generalmente en el micro tráfico de drogas que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con relación a las drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente permanente de violencia.
Además de las consecuencias de la desnutrición infantil, lo que posiblemente tenga un impacto negativo de más larga duración para el futuro del país, se encuentra el hecho de que la confluencia de estas dinámicas ha ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un estado de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la conciencia colectiva.
La coyuntura política
El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013 abre paso a una nueva coyuntura política en el país. En las elecciones presidenciales de abril del 2013, el candidato escogido por Chávez, Nicolás Maduro, gana frente a Henrique Capriles, candidato de la oposición, por una diferencia de solo 1.49% de los votos, mientras que cinco meses antes, Chávez, en su última elección, había ganado con una diferencia de 10.76%.
En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) gana las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno.[xxii] Como resultado de una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea.[xxiii]
La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el chavismo se va resquebrajando, la oposición gana en muchos centros electorales que hasta ese momento habían votado contundentemente por el gobierno. De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano y 20 de un total de 23 gobernaciones), se pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional.
Sin embargo, la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional no ha alterado, en los hechos, la correlación de fuerzas en el Estado. Sistemáticamente cada vez que el Ejecutivo está en desacuerdo con una decisión de la Asamblea, le ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la declare inconstitucional, lo cual el Tribunal hace rápidamente. A esto se añade que, en los asuntos de mayor transcendencia, el gobierno, con el aval del TSJ, ha venido gobernando por decretos presidenciales. Entre éstos destaca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica[xxiv] mediante el cual el Presidente se auto otorga poderes extraordinarios en el ámbito económico y en áreas de seguridad pública. En consecuencia, durante los primeros seis meses de su gestión, la Asamblea Nacional ha operado más como un espacio de debate político y de catarsis, que como un poder del Estado con capacidad para tomar decisiones efectivas sobre el rumbo del país.
El gobierno una y otra vez ha anunciado medidas especiales, comisiones presidenciales, nuevos “motores de la economía” reestructuraciones del Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo ministerios. Sin embargo, se trata en lo fundamental, de un gobierno a la defensiva, sin rumbo, cuyo principal objetivo parece ser la preservación del poder. Para ello se reafirma en un discurso incoherente que carece de sintonía con la cotidianidad y las exigencias inmediatas de la población. Sigue apelando a “la Revolución” y al enfrentamiento al imperialismo, al intervencionismo externo, a la derecha nacional e internacional fascista, a los golpistas y a la “guerra económica” como las causas de todos los males que afectan al país. Se acentúa la utilización arbitraria de su control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TSJ para tomar medidas destinadas a bloquear toda posibilidad de cambio.[xxv] Por esta vía se va, paso a paso, socavando la legitimidad de la Constitución del año 1999. Mientras tanto, el deterioro económico y social del país se profundiza.
Es bien sabido que, desde el inicio del gobierno bolivariano, el gobierno de los Estados Unidos le ha brindado respaldo político y financiero a la oposición venezolana, incluso apoyando el golpe de Estado del año 2002. La ofensiva no cesa. En marzo del año 2016 el gobierno de Obama renovó la decisión del año anterior de declarar que Venezuela constituye una «inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».[xxvi] En mayo del mismo año, «por décimo año consecutivo, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó […] que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos».[xxvii] En el contexto de la prominencia de los gobiernos progresistas y los procesos integracionistas latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, CELAC), estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito.
Sin embargo, estamos en presencia de un contexto geopolítico regional profundamente alterado que se caracteriza por un debilitamiento tanto de los movimientos sociales como de los gobiernos progresistas en toda América del Sur. En este sentido son significativas las implicaciones de los bruscos virajes a la derecha que vienen operándose en Argentina y Brasil, así como los consecuentes debilitamientos de los mecanismos de integración continental en cuya creación y fortalecimiento el Presidente Chávez había jugado un papel protagónico. Una expresión de estos cambios son los sistemáticos ataques de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, contra el gobierno venezolano, presionando a los países miembros de la organización para que se le aplique al país la Carta Democrática Interamericana, alineándose por completo a las resistencias que ha enfrentado Venezuela para asumir, como le corresponde, la Presidencia pro-tempore de MERCOSUR.
Descontento generalizado, protestas, saqueos, represión e inseguridad
Confirmando el estado de ánimo que se percibe diariamente en cualquier aglomeración de gente, como en las colas de compra de alimentos y el transporte público, todas las encuestas de opinión destacan el profundo descontento existente en el país. De acuerdo a Venebarómetro, 84,1% de la población evalúa en términos negativos la situación del país, el 68,4% considera la gestión del Presidente Maduro como mala, mientras que el 68% de los encuestados opina que Maduro debería salir del poder lo más pronto posible y la convocatoria a elecciones presidenciales.[xxviii] De acuerdo a la encuestadora Hercon, 81,4% de las personas encuestadas consideran que “es necesario cambiar de gobierno este mismo año para que se solucione la crisis que vive Venezuela”.[xxix] Según Óscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, encuestadora en general favorable al gobierno, en el mes de febrero el 58% de la población estaba de acuerdo con una salida constitucional del presidente Maduro.[xxx] Un informe del Proyecto Integridad Electoral Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello recogió que, el 74% de la población ve la situación del país como “mala” o “muy mala”, y más de la mitad cree que los principales responsables de los problemas son el Gobierno y el Presidente.[xxxi] De acuerdo a la encuestadora Datincorp, el 72% de los encuestados quiere que el Presidente Maduro concluya su mandato antes del 2019.[xxxii]
En la mayor parte de las encuestas se destaca igualmente que el apoyo a la oposición y a la Asamblea Nacional ha tenido una tendencia al descenso como resultado de la frustración frente a las expectativas que habían sido creadas por la MUD previas a las elecciones parlamentarias. Conforme a una encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, institución fuertemente inclinada hacia la oposición, solo un 50,58% de los encuestados confía en la Asamblea Nacional y un poco menos de la mitad confía en los diputados de la oposición y en los partidos de oposición.[xxxiii]
Las dificultades que enfrenta la gran mayoría de la población en su vida cotidiana, especialmente los obstáculos o incluso la imposibilidad de obtención de alimentos y medicinas, la carencia de agua, el racionamiento eléctrico, han generado, en todo el país, niveles crecientes de protesta, cierres de calles y carreteras, saqueos de establecimientos de comercialización de alimentos, y de camiones que transportan estos bienes. Algunos de estos saqueos y protestas violentas pueden estar organizados como una forma de enfrentamiento político al gobierno.[xxxiv] No hay duda de que en el país operan paramilitares, pero es evidente, por su escala, que se trata en lo fundamental de un fenómeno social de amplia base. A diferencia de la situación de febrero del año 1989, en que el Caracazo consistió en una explosión popular generalizada y prácticamente simultánea a escala nacional, en las actuales condiciones, mucho más graves que las del 1989, se está produciendo un Caracazo por cuotas. En algunos casos participan grupos armados que actúan con violencia.
Esto se suma a la inseguridad que durante muchos años ha sido caracterizada por la población venezolana como el principal problema del país. De acuerdo a las Naciones Unidas, Venezuela no solo tiene la tasa de homicidios más elevada de América del Sur, sino que es el único país de esa región cuya tasa de homicidios se ha incrementado en forma consistente desde el año 1995.[xxxv] Algunos de los denominados “colectivos” de origen chavista han devenido en mafias armadas. Un contexto de generalizada impunidad en que, ni los asesinatos ni la corrupción son investigados, y menos aún castigados, ha conducido a una profunda y generalizada desconfianza en la policía, el sistema judicial, y la justicia.
Se han hecho más frecuentes los casos en que grupos de personas deciden asumir la justicia por su propia mano, por la vía de linchamientos. Es dramático lo que esto nos dice sobre el estado actual de la sociedad venezolana. Una encuesta nacional realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia revela que, dos terceras partes de la población justifican los linchamientos cuando se ha cometido un «crimen horrible», o cuando el criminal «no tiene remedio». Sin embargo, de acuerdo a este observatorio, “en la mayoría de los linchamientos observados recientemente las víctimas no han cometido delitos ‘horribles”; más bien se trata de inexpertos ladrones.” En un barrio popular apareció una pancarta con el siguiente texto: Vecinos organizados. Ratero si te agarramos no vas a ir a la comisaría. ¡¡Te vamos a linchar!![xxxvi] Son tan grotescas estas imágenes que la Sala Constitucional del TSJ ha prohibido su divulgación por las redes sociales.
El gobierno, ante esta descomposición generalizada, ante una sociedad que ya no puede controlar, en vista de que su discurso se hace cada menos eficaz, responde crecientemente con represión. Con frecuencia las movilizaciones callejeras son bloqueadas o reprimidas con gases lacrimógenos. Todas las semanas los medios divulgan casos de muertes por balas policiales. A pesar de que el uso de armas de fuego está expresamente prohibido en la Constitución,”[xxxvii] el Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante una resolución sobre las «Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones» decidió que ante una situación de «riesgo mortal», el funcionario o funcionaria militar «aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra potencialmente mortal.»”[xxxviii]
En ausencia de una política pública de seguridad integral y consistente en materia de seguridad, frente el desborde de la violencia hamponil y ante las demandas de la sociedad por una respuesta, en julio del 2015 se creó un nuevo dispositivo policial, la Operación para la Defensa y Liberación del Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha sido la de realizar agresivos allanamientos en barrios populares. Estos operativos han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por acentuar las desigualdades al reprimir solo las actividades ilícitas en los sectores populares y por el uso desproporcionado de la fuerza. A partir de la creación de este dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias sobre la muerte de numerosos “hampones” y “delincuentes”. El número de “abatidos” es presentado por los funcionarios como medida del éxito de los operativos. Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la opinión pública, se va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país cuya Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte.»”[xxxix]
El referendo revocatorio
La Constitución Venezolana contempla la posibilidad de la realización de referendos revocatorios de cada uno de los cargos de elección popular una vez pasada la mitad de su período de gestión. Este instrumento, que posibilita la evaluación por parte de los electores de la gestión de los funcionarios y funcionarias electas, ha sido reivindicado por el chavismo como uno de los importantes avances democráticos de la Constitución de 1999, como una de las principales expresiones de la democracia participativa.»”[xl] Se establecen para ello un conjunto de requisitos. En el caso del Presidente o Presidenta de la República, si el referendo se realiza en el cuarto año de la gestión de seis años del Presidente, y la mayoría opta por revocar su mandato, éste queda destituido y se convocan nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días.
Si el referendo se realiza cuando quedan menos de dos años del período presidencial, y la mayoría vota por la revocatoria del mandato, el Presidente queda destituido y es remplazado por el Vicepresidente (cargo de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente). Es por ello que el gobierno, a sabiendas de que perdería el referendo revocatorio, a través de su pleno control sobre el CNE, se ha dedicado sistemáticamente a poner obstáculos y a retardar lo más posible la realización del referendo.»”[xli] Las diversas movilizaciones de la oposición con el fin de presionar al CNE para que dé los pasos necesarios en función de la realización del referendo revocatorio son impedidas o reprimidas. Altos funcionarios gubernamentales han anunciado que se despediría a los empleados públicos que aparezcan apoyando el referendo y que los empresarios que lo hagan no podrán tener contratos con el Estado.»”[xlii] Estudiantes han denunciado que les han quitado sus becas por haber firmado por la realización del referendo. La oposición presentó aproximadamente diez veces más firmas que las requeridas para iniciar el proceso. De estas se anularon centenares de millares de firmas, en muchos casos por errores de forma. Se han ido imponiendo nuevas exigencias que no habían sido informadas anteriormente y se han alargado sistemáticamente los plazos más allá de lo contemplado en las normas vigentes.
El CNE durante años fue una institución que contó con un alto grado de legitimidad. El carácter totalmente automatizado de los procesos electorales y sus mecanismos de auditoría hacían que fuese extraordinariamente difícil desvirtuar la voluntad de los electores. Las observaciones internacionales que estuvieron presentes en los múltiples procesos electorales realizados durante el gobierno bolivariano, una y otra vez, afirmaron que se trataba de elecciones cuyos resultados eran altamente confiables. Jimmy Carter llegó a afirmar que se trataba del mejor sistema electoral del mundo. Durante años este organismo jugó un papel central en la defensa de la legitimidad del gobierno bolivariano ante los ataques del gobierno de los Estados Unidos y la derecha internacional. Sin embargo, en los últimos años el CNE ha ido perdiendo la confianza de los electores.”[xliii] En la medida en que con sus decisiones esta instancia está impidiendo la realización del referendo revocatorio en el año 2016, y va transparentando su papel actual de ejecutor de las decisiones del Poder Ejecutivo, está sacrificando el prestigio y reconocimiento que había logrado con mucho esfuerzo.
Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional. A partir de ese momento pasaría a ser un gobierno de facto. Esto es particularmente grave en las actuales condiciones en que, como consecuencia de la crisis, hay un elevado grado de tensión acumulada en el país. Si se bloquea la posibilidad de que la población venezolana pueda decidir en forma democrática y constitucional sobre el futuro político inmediato del país, se corre el riesgo de que se pase de la actual situación de múltiples, pero fragmentados, focos de violencia, a una violencia generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la amplia disponibilidad de armas de fuego en manos de la población.
Mientras más se postergue una transición, que parece inevitable dados los amplios niveles de rechazo que tiene el gobierno, mayor será el deterioro del chavismo popular y el imaginario de otro mundo posible. El reto está en cómo evitar que el fin del gobierno de Maduro sea experimentado como una derrota de las expectativas de transformación social en la población venezolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar sobre sus hombros el fracaso de la gestión gubernamental.
Del rentismo extractivista petrolero al rentismo extractivista minero
La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela representa un momento de inflexión fundamental en la historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo de rentismo petrolero, de hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devastadora tanto del ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento en que, como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias requeridas para responder a la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en país- se asuma que se trata de la crisis terminal de este modelo. Es el momento de dar comienzo a un amplio debate y procesos de experimentación colectivos que enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro modelo de sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y de la MUD en las últimas elecciones presidenciales, a pesar de las profundas diferencias en todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción petrolera para llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En otras palabras, lo que ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la profundización del rentismo.
Más allá de la poco probable recuperación significativa de los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿de que le sirve al país contar con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta si por lo menos 80% de estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si queremos tener alguna probabilidad de evitar transformaciones climáticas catastróficas que pondrían en peligro la vida humana?
En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado en la necesidad de salir del gobierno del Presidente Maduro como condición para regresar a la normalidad del orden ¿neoliberal? interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de reconocer la situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la proclamación de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo cual se pretende reemplazar al rentismo extractivista petrolero, por un rentismo extractivista minero.
El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro decidió la creación de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional «Arco Minero del Orinoco»,”[xliv] abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a la gran minería para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales. Según el Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, «quienes, a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán».”[xlv] Se desconoce cuáles son estas empresas y el contenido de estos acuerdos.
La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta área cubre selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como «democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural», y en carencia total de los estudios de impacto ambiental exigidos por el orden jurídico vigente.
Lejos de representar una mirada alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, expresa este decreto una decisión estratégica de profundizar el extractivismo y acentuar la lógica rentista. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares.”[xlvi]
No hay tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produciría necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta.
La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de destrucción de bosques y cuencas generados por la explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos paramilitares que controlan importantes extensiones de territorio, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica devastadora.
Este proyecto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos establecidos en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la Constitución nacional, se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.
En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de disponibilidad de agua sin límites se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el lago de agua dulce de mayor extensión de América Latina. Como consecuencia del canal de navegación abierto para la entrada de buques petroleros, la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matando este vital reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, esta vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.
Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del río Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se consume en el país. Aunado a las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, la minera río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. Todas las represas hidroeléctricas del sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.
En la explotación del Arco Minero está prevista la participación de «empresas privadas, estatales y mixtas». El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación de «mecanismos de financiamiento preferenciales», y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.
Las posibilidades de oponerse a los impactos de la gran minería en la zona del Arco Minero están negadas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.
Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta «Prevalencia del interés general sobre intereses particulares». Se entiende por «interés general» la explotación minera tal como ésta está concebida en el citado decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un «interés particular», y por lo tanto sujeto a que los «organismos de seguridad del Estado» lleven a cabo «las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas» en el decreto.
Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como «particulares»? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como «particulares» los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos «gremiales», y por lo tanto «particulares» de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?
¿Qué implicaciones tiene esto para quien, sin duda, sería el sector de la población más afectado por estas actividades, los Pueblos Indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a «sus normativas» entendidos igualmente como «intereses particulares» que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el «interés general» de la explotación minera en sus territorios ancestrales?
Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.[xlvii] Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse «sin limitación alguna» a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, la Fuerza Armada lejos de representar la defensa de un hipotético «interés general» en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de acuerdo con este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.
De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello ganar su lealtad al gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras.
En síntesis, un gobierno que se auto denomina como socialista, revolucionario y anticapitalista, ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.
La reacción de diversos sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho esperar. Entre múltiples foros, asambleas, movilizaciones y comunicados, destaca el «Recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el Decreto [Del Arco Minero]”, introducido ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas.[xlviii]
La lucha por la anulación del decreto del Arco Minero es una expresión tanto de las luchas por un futuro democrático, no-rentista capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por abrir una brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre el gobierno y la MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados.
Caracas, julio de 2016


  • [i]. En los meses de mayo y junio del 2016 se ha dado una lenta recuperación de los precios del petróleo, acercándose el crudo venezolano a los $40, muy por debajo del precio requerido para lograr un equilibrio presupuestario.
    [ii]. De acuerdo al ex-Ministro del gobierno del Presidente Chávez, Héctor Navarro, “unos 300 millardos de dólares del billón de dólares ingresado entre 2003 y 2012 han desaparecido de las arcas de la nación, sin haberse castigado a los responsables.” Mayela Armas, “Héctor Navarro: ‘Esto no es socialismo… es vagabundería. Fracasó el capitalismo de estado y la corrupción’” Aporrea, Caracas 12 de diciembre 2015. <www.aporrea.org/contraloria/n282650.html>
  • [iii]. Banco Central de Venezuela, Resultados del índice nacional de precios al consumidor, producto interno bruto y balanza de pagos, Caracas, 18 de febrero 2016. <http://www.ine.gov.ve/documentos/NotasdePrensa/pdf/aviso180216.pdf>
  • [iv]. “CEPAL pronostica que economía venezolana se contraerá 7% este año”, El Nacional, Caracas, 8 de julio 2016.
    [v]. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2015. Santiago de Chile 2016.
  • [vi]. En realidad no hay acceso público transparente al las cifras sobre la deuda. Esta tiene diversos componentes, entre otros la deuda de PDVSA y la deuda que se define como interna pero que tiene que ser pagada en dólares
  • [vii]. Banco Central de Venezuela, Información estadística, <http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp>
  • [viii]. Instituto Nacional de Estadísticas, Cuadro 1. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales, 2008 – Diciembre 2015. <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=108&Itemid=62>
  • [ix]. Reconocimiento de la FAO a Venezuela, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Roma, 26 de junio 2013. <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/230150/>
  • [x]. Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta de seguimiento al consumo de alimentos (esca) Informe Semestral Segundo semestre 2012 al Primer semestre 2014.
  • [xi]. Venebarómetro abril 2016, Croes, Gutiérrez y Asociados abril 2016.
  • [xii]. Una elevada proporción de la energía eléctrica del país proviene de la generación hidroeléctrica. El gobierno le atribuye la crisis eléctrica exclusivamente al fenómeno de El Niño. La sequía, sin dudas, tiene un alto impacto pero no basta para explicar la profundidad de la crisis. Son igualmente importantes la devastación de las cuencas de los ríos de la Amazonía venezolana como consecuencia de la explotación del oro por parte de miles de mineros informales, y la ausencia de las previsiones, e inversiones necesarias para contar con modalidades alternativas de generación eléctrica cuando este fenómeno de carácter cíclico volviese a repetirse. Han sido prácticamente inexistentes las inversiones en energías renovables.
  • [xiii]. Es tal la velocidad con la cual están ocurriendo las cosas en Venezuela hoy que todas las estadísticas citadas en el texto están necesariamente atrasadas en relación a la cambiante realidad.
  • [xiv]. Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela. ENCOVI, Pobreza y Misiones Sociales Noviembre 2015, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y otras instituciones. Caracas 2016.
  • [xv]. Este estudio, como todos los que se realizan en Venezuela en la actualidad, presenta severos problemas metodológicos. Una significativa proporción de los ingresos, así como de los consumos de la población venezolana ocurren hoy por la vía de mecanismos informales, ilegales e incluso mafiosos, mecanismos que están lejos de la transparencia. Es por lo tanto extraordinariamente difícil tener acceso a información medianamente confiable.
  • [xvi]. “Pérez Abad anuncia restricción de divisas para cumplir deudas de PDVSA”, Versión Final.com.ve, Caracas 16 de mayo 2016.
  • [xvii]. Pérez Abad estimó importaciones no petroleras 2016 en apenas $15 millardos, El Cambur, Caracas 12 de mayo, 2016. <http://www.elcambur.com.ve/poder/perez-abad-estimo-importaciones-no-petroleras-2016-en-apenas-15-millardos>
  • [xviii]. Correo del Orinoco, 17 de mayo, 2016.
  • [xix]. Ver: Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana. <www. Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana>
  • [xx]. De acuerdo a Edmeé Betancourt, quien en ese momento presidía el Banco Central de Venezuela, del total de $59.000 millones en divisas subsidiadas entregados solo en un año, en 2012, unos $20.000 millones fueron entregados a «empresas de maletín», una «demanda artificial» «no asociada a actividades de producción». «Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a ‘empresas de maletín'»,Aporrea/AVN – www.aporrea.org, Caracas 25 de mayo 2013.
  • [xxi]. Informe 21.com, “Datanálisis: Escasez en Caracas es de 82%”, Caracas 27 de mayo 2016, <http://informe21.com/economia/datanalisis-escasez-en-caracas-es-de-82>.
  • [xxii]. Muchos analistas coinciden en indicar que más que expresión de respaldo a la MUD, muchos de cuyos candidatos no eran conocidos por los y las electoras, esta votación es la expresión plebiscitaria de un rechazo creciente al gobierno de Nicolás Maduro.
  • [xxiii]. Para evitar el ejercicio de esta mayoría calificada que le permitiría a la oposición tomar la mayor parte de las decisiones en la Asamblea sin tener que negociar con los representantes del gobierno, el Ejecutivo, a través del Consejo Nacional Electoral y con el apoyo complaciente del Tribunal Supremo de Justicia, decide desconocer los resultados del Estado Amazonas, reduciendo así el número de representantes de la oposición de 112 a 109.
  • [xxiv]. Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.227 Extraordinario, Caracas 13 de mayo 2016.
  • [xxv]. Entre estas está la suspensión de elecciones sindicales (como muestra el caso de la Siderúrgica del Orinoco, SIDOR) cuando no puede garantizar resultados favorables, la negativa a reconocer el carácter de partido de la organización política Marea Socialista, identificada con el chavismo crítico, y con ello el bloqueo a su participación electoral. Igualmente, como ya se señaló, el desconocimiento de los resultados de las elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, y como veremos más adelante, el bloqueo al referendo revocatorio.
  • [xxvi]. The White House, Office of the Press Secretary. Executive Order – Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela, Washington, 9 de marzo 2015.
  • [xxvii]. U.S State Department, Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, Country Reports on Terrorism 2015. Washington 2016.
  • [xxviii]. Venebarómero abril 2016, Croes, Gutiérrez y Asociados, Caracas, 2016.
  • [xxix]. Hercon Consultores, Estudio Flash, Contexto Venezuela, 27 al 30 abril 2016.
  • [xxx]. Hinterlaces: “58 % quiere salida constitucional del Presidente Maduro”, El Universal, Caracas, Caracas, 20 de marzo 2016.
  • [xxxi]. Proyecto Integridad Electoral Venezuela, UCAB, Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y situación país, Caracas, abril 2016.
  • [xxxii]. Datincorp, Tracking de coyuntura política. Análisis prospectivo, Caracas, febrero 2016.
  • [xxxiii]. Universidad Católica Andrés Bello, Proyecto Integridad Electoral Venezuela, Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y situación país, Caracas, abril, 2016.
  • [xxxiv]. Esta es, en todos los casos, la interpretación que formula el gobierno. Ejemplo de esto son las declaraciones dadas por el Gobernador del Estado Sucre, Luis Acuña. De acuerdo con él, los saqueos son parte de «un plan bien diseñado (por la oposición venezolana) para generar zozobra». “Venezuela: la resaca después de dos días de saqueos generalizados en Cumaná”, El Nacional, Caracas, 17 de junio 2016.
  • [xxxv]. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2013, Viena 2014.
  • [xxxvi]. Roberto Briceño-León, “Acuerdo Social. Justicia por mano propia”, Ultimas Noticias, Caracas, 13 de junio 2016.
  • [xxxvii]. Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
  • Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.
    [xxxviii]. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.589, Caracas 27 de enero de 2015.
  • [xxxix]. “Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. […]”, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  • [xl]. “Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.
  • Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.”
    [xli]. Un paso más esta dirección la dio el PSUV al introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo para solicitar la suspensión de los procesos del referendo argumentado que se habría cometido fraude en el proceso de recolección de firmas. “PSUV introdujo recurso ante el TSJ contra el referéndum revocatorio”,Contrapunto, 17 de junio 2016. <http://contrapunto.com/noticia/psuv-introdujo-recurso-ante-el-tsj-contra-el-referendum-revocatorio-82043/>
  • [xlii]. “Diosdado Cabello: Funcionarios públicos que firmaron no deberían seguir en sus cargos”, Correo del Orinoco, 4 de mayo 2016; “Cabello: Empresarios que firmaron no pueden trabajar con el Estado”, El Universal, Caracas 11 de mayo 2016.
  • [xliii]. De acuerdo a una encuesta de marzo del año 2016 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, “6 de cada diez venezolanos tiene poca o ninguna confianza en el CNE. Sin embargo, 80% de los entrevistados consideran que los resultados dados a conocer por el CNE después de las elecciones parlamentarias reflejan la voluntad del pueblo y más de 95% considera que las elecciones son el mecanismo mediante el cual deben resolverse los problemas del país. Universidad Católica Andrés Bello, Proyecto Integridad Electoral Venezuela, “Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y situación país”, Caracas, abril, 2016.
  • [xliv]. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 426.514, 24 de febrero 2016.
  • [xlv]. Agencia Venezolana de Noticias, «Plan del Arco del Orinoco contempla industrializar potencial minero nacional», Caracas, 27 de febrero de 2016.
  • [xlvi]. Agencia Venezolana de Noticias, «Gobierno nacional prevé certificar en año y medio reservas del Arco Minero Orinoco», Caracas 25 de febrero, 2016.
  • [xlvii]. Gaceta Oficial Nro. 40.845 correspondiente al 10 de febrero de 2016. Decreto Nº 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
  • [xlviii]. «31 de Mayo: Introducido ante el TSJ Recurso de Nulidad contra el Decreto del Arco Minero del Orinoco»,Aporrea, Caracas 1 de junio 2016. <http://www.aporrea.org/actualidad/n291547.html>

*Edgardo Lander es Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) en Quito; Fellow del Instituto Trasnacional (TNI), Ámsterdam. Involucrado en forma directa en la dinámica de los Foros Sociales Mundiales, de las Américas y de Venezuela.

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Por Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo
Este libro no presenta ninguna propuesta acabada. Propone, más bien, una serie de insumos para debatir, para cambiar de perspectiva, para repensar. Reúne algunos planteamientos no solamente heterodoxos, sino verdaderamente audaces acerca de las políticas económicas. Desafía al supuesto de que no existen alternativas al recetario rezado por los ‘expertos’ y subraya la urgente necesidad de instalar un debate amplio, informado, democrático, que busque volver a integrar las esferas de “lo político” y “lo económico”, separadas a raíz de la organización social capitalista.
 
 

La osadía de lo nuevo
Compiladoras: Miriam Lang, Belén Cevallos y Claudia López Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de la Región Andina
Corrección de estilo: Sandra Ojeda
Portada: José Ortiz
Diseño: Martha Vinueza
Revisión general: Lucile Daumas
ISBN: 978-9942-09-315-8
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Portada Libro baja
Por Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo
Este libro abre una serie de interrogantes para contribuir al aprendizaje entre sujetos diversos que buscan construir sociedades más allá del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo y que establezcan otro tipo de relaciones con la Naturaleza. Sobre la base de experiencias de lucha recientes en América Latina y Europa, uno de los debates que guía el análisis es la relación que estos procesos establecen con el estado. Otro, de qué manera instituyen nuevas estructuras y mecanismos para democratizarse, más allá de lo electoral. ¿Puede existir una institucionalidad transformadora, de otro tipo, desde abajo, que logre hacer perdurar los logros alcanzados en las luchas sociales?
 

¿Cómo transformar?
Editoras: Miriam Lang, Belén Cevallos y Claudia López Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de la Región Andina
Corrección de estilo: Sandra Ojeda
Revisión general: Lucile Daumas
Portada: José Ortiz
Diseño: Martha Vinueza
ISBN: 978-9942-09-317-2
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¿Cuál ha sido la experiencia de activistas de izquierda que apostaron al cambio social desde el ejercicio de un cargo público? ¿En qué medida el llamado constitucionalismo transformador latinoamericano ha abierto campos para construir otro tipo de sociedad? ¿Cuándo los procesos populares hacen uso de la institucionalidad estatal para impulsar sus propósitos? ¿Dónde, en cambio, son limitados por lógicas institucionales y centralistas en una dinámica destructiva? Cada lucha es diferente. El reconocimiento de esta pluralidad de experiencias –y la posibilidad de compartirlas y debatirlas–, es una las principales riquezas con las cuales contamos para toda lucha transformadora.
 

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Por Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo
Este libro es el segundo producto de los debates, reflexiones y discusiones del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, un espacio de debate coordinado por la oficina andina de la Fundación Rosa Luxemburg con sede en Quito.
«El capitalismo del siglo XXI, al igual que el de los siglos XIX y XX, se erige sobre la sombra del colonialismo. Pero este último ha cambiado de estrategia: las «conquistas» de hoy, en América Latina, ya no se hacen con cruces, caballos y armas de fuego; se asientan, más bien, en tratados que aparentan ser legales. Podríamos hablar, por ello, de un neocolonialismo. No obstante, las venas del continente siguen abiertas, y su principal actividad económica, la exportación de materias primas, es perfectamente funcional a las necesidades de los más ricos en otras regiones del planeta».

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Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo XXI
Autor: Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo
Compilación: Miriam Lang, Claudia López y Alejandra Santillana Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de la Región Andina
Edición: Carmen Ortiz y Sandra Ojeda Coordinación técnica: Claudia López Portada: Luis
Herrera Diseño: Ediciones Abya Yala
Fecha: Febrero de 2013
ISBN: 978-9942-09-127-7
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«Pensamos que ha llegado el momento de construir un nuevo internacionalismo; uno que no se propone la solidaridad transfronteriza con una lucha específica, sino que colabora desde la izquierda en las problemáticas globales, a través de la ecología de saberes y sin eurocentrismos. Las alternativas al neocolonialismo imperante requieren actores en todas las partes del mundo. En este sentido, este libro se propone, también, tender algunos lazos entre continentes: recoge aportes de autores y autoras de Suramérica y de Europa. Además de describir el modus operandi del capitalismo actual, pone a debate estrategias alternativas tanto a nivel de la región como de los Estados nacionales. Aborda los campos de los imperativos macroeconómicos, como el crecimiento, las políticas energéticas, petroleras y mineras, y la agricultura. Asimismo, cuestiona múltiples prácticas de nuestra vida cotidiana; por ejemplo, cómo concebimos y habitamos las ciudades, o el «modo de vida imperial»; y, así, abre caminos para la construcción colectiva de otro mundo».
 
 

El presidente de la República Federal de Alemania, Joachim Gauck, condenó públicamente el silencio del Estado alemán ante las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Colonia Dignidad entre 1961 y 2005. Sin embargo, su visita no estuvo exenta de cuestionamientos, entre los que se cuentan las críticas ante el rechazo a reconocer la corresponsabilidad en la dictadura, el trato hacia las organizaciones de víctimas y un bochornoso incidente en la embajada
Por Paula Correa

zeitner

Florian Gallenberger, Reinhard Zeitner y Joachim Gauck, en la recepción de la embajada alemana


Colonia Dignidad, hoy rebautizada “Villa Baviera”, se ubica en el municipio de Parral, cerca de 400 kilómetros al sur de Santiago. Fue fundada por colonos alemanes, encabezados por el fallecido ex cabo del ejército nazi, el pederasta Paul Schäfer, en 1961. Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, funcionó como centro de detención y tortura clandestino.
En su visita oficial a Chile, el presidente alemán rompió la distancia que por décadas había mantenido la cúpula política de su país al lamentar que su cuerpo diplomático apartara la vista o se aliara con los victimarios. “A mí por lo menos me hubiera encantado que un ministro de exterior alemán hubiera formulado palabras muy claras en esos tiempos”, afirmó y reconoció que “los Estados democráticos cometen errores y, a veces, cargan con culpas”.
Estas declaraciones surgen después de que el pasado 26 de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, hiciera por primera vez una autocrítica al afirmar que “en el conflicto entre el interés de mantener buenas relaciones con el país anfitrión y de respetar los Derechos Humanos, evidentemente el Ministerio y la Embajada perdieron la orientación”.
Alemania ordenó la desclasificación de archivos sobre Colonia Dignidad del período 1986-1996, pero advirtió que la mayor parte del material está en Chile. Con esto se abrieron a las puertas para que los dos países comenzaran un trabajo que se tradujera en medidas concretas sobre un escándalo catalogado como “el talón de Aquiles de la política exterior de la República Federal Alemana (RFA)” por los investigadores Evelyn Hevia y Jan Stehle.
Cine, censura y derechos humanos: Dos filmes silenciados
Entre la delegación del presidente Gauck estaba el cineasta alemán Florian Gallenberger, director de “Colonia”, protagonizada por Emma Watson, Daniel Brühl y Michael Nyqvist. Justamente la película generó un clima especial en la llegada de la autoridad alemana. “Colonia” se estrenó en febrero del 2016 en Alemania y en abril en Estados Unidos. Sin embargo, su llegada oficial a Chile se atrasó, y debido al rechazo de los grandes distribuidores sólo será mostrada a partir del 4 de agosto, en el Cine Arte Alameda, en Santiago.
Pese a eso, miles de personas ya la han visto en diversas exposiciones en estos meses. Entre ellas destaca una masiva muestra con conversatorio en el propio Estadio Nacional, importante punto de encuentro deportivo en Chile, pero también centro de detenciones masivas y tortura en la dictadura militar.
En este marco, a una semana de la visita del presidente Gauck, se realizó la exposición de otro filme en Santiago y Talca, también censurado en nuestro país, llamado “Die Kolonie” (La Colonia) de Orlando Lübbert, de 1985. Este fue el primer largometraje que develó las condiciones de vida en el recinto e inició un ciclo de realizadores nacionales, quienes estrenaron películas exitosas en el exilio que no fueron exhibidas en Chile. La obra tampoco fue distribuida en el país con el retorno a la democracia. Si bien Televisión Nacional de Chile (TVN) obtuvo los derechos, sigue dormida en los archivos de la estación pública.
Querella por Operación Cerro Gallo: La coordinación entre los jerarcas de Colonia y el Ejército chileno
conferencia prensa

Magdalena Garcés, Ana Merino, Margarita Moreno, Roberto Celedón


Mientras Gauck volaba a Chile, las organizaciones sociales ya preparaban acciones. La mañana del lunes 11 de julio, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad realizó una conferencia de prensa para anunciar la presentación de una nueva demanda judicial, que se suma a la del abogado Winfried Hempel bajo la conducción del magistrado Jorge Zepeda.
Se trata de una querella contra quienes resulten responsables por la desaparición y asesinato de presos políticos en Colonia Dignidad en el marco de la llamada “Operación Cerro Gallo”.  El abogado Roberto Celedón afirmó que la acción se sustenta en la revisión detallada de numerosas fichas en alemán y español que fueron encontradas al interior de Colonia Dignidad.
Según señaló, los documentos confirman la existencia de dos operaciones de exterminio comandadas por el Ejército chileno con colaboración de los jerarcas del enclave para exterminar a prisioneros políticos. En este contexto, Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria, interpeló a los Estados, junto con organismos de la sociedad civil, a definir vías de trabajo bilaterales para enfrentar estos crímenes de manera integral, invirtiendo los recursos que sean necesarios para alcanzar la verdad.
Hacerle frente a la impunidad: Romper los pactos de silencio a nivel nacional y bilateral
Para las organizaciones chilenas es fundamental que ambos Estados apoyen las medidas que permitan continuar las investigaciones, para hacerle frente al fantasma de la impunidad biológica. En ese sentido instaron a los colonos, los soldados, los civiles y a todos quienes tengan información a entregarla, entre ellos conocidos actores políticos como Pablo Longueira y Hernán Larraín.
fernandez

Hernán Fernández denunciando la complicidad del Estado alemán. A la derecha, la primera dama Daniela Schadt


En esa línea, el abogado Hernán Fernández, quien logró la condena para Paul Schäfer, advirtió que los horrores de Colonia no habrían sido posibles sin la colaboración material directa de los jerarcas y advirtió que no todos ellos fueron juzgados. “Hay algunos que están en Alemania, como el doctor Hartmut Hopp, y otros que siguen en Chile en la impunidad, viviendo como millonarios. Esto ante el silencio y la tolerancia de dos Estados”, sostuvo Fernández.
Como una medida de reparación, los familiares piden que el predio de Colonia Dignidad sea traspasado a una entidad sin fines de lucro y que se levante allí un memorial por los caídos. Para la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Talca, Myrna Troncoso, esto implica terminar con el negocio del turismo y explicó que “en la ex Colonia Dignidad se hace turismo comercial, con restaurante, hotel y fiestas de alto consumo de alcohol, sin ningún respeto por el pasado y por la memoria de quienes ahí desaparecieron”.
Finalmente se espera que se realice una Comisión Bilateral de Expertos para dar respuestas médicas y psicosociales propias de la reparación, además de analizar la entrega de indemnizaciones a las víctimas de ambos países.
¿Contradicciones?: Rechazo a las indemnizaciones y encuentro con las víctimas
Esta última demanda se diluyó a penas la autoridad alemana abordó la materia, a la salida de un encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet. Si bien Gauck criticó el silencio de su diplomacia, descartó la corresponsabilidad alemana hacia las víctimas del régimen militar chileno. “No aceptaremos reclamos de reparación. El Gobierno alemán no instauró la dictadura en Chile», dijo tajante. Por otro lado, abrió las puertas a la entrega de apoyo, a asesorar a personas “en situaciones difíciles” y agregó que también podrían ayudar a crear espacios de memoria con los conocimientos y experiencia que tienen.
familiares con gill

El presidente no quiso recibir a los familiares Rosa Merino, Myrna Troncoso y Víctor Sarmiento (aquí, con el secretario de Estado David Gill)


La agenda del presidente Gauck continuó con la participación en el Foro Chileno-Alemán “Desafíos para la Democracia”, en el ex Congreso Nacional y una visita al Museo de la Memoria. A esta instancia llegaron organizaciones de víctimas buscando conversar con la autoridad, pero sólo consiguieron entregar una carta al subsecretario de la Presidencia de Alemania, David Gill. La primera dama Daniel Schadt asisitió a la proyección del filme de Gallenberger en la Cineteca Nacional, en el Centro Cultural Palacio La Moneda.
hempel

Winfried Hempel


Para Winfried Hempel, abogado de un centenar de ex colonos, la actitud del jefe de Estado alemán fue contradictoria: “El Presidente Gauck es un autoridad moral en Alemania en temas de víctimas de regímenes totalitarios como el de la ex RDA. Resulta sorprendente que una persona con ese peso moral trate a los familiares de detenidos desaparecidos y a los ex colonos como víctimas de segunda clase” afirmó y añadió que “es impresentable” que no se reúna con todas las organizaciones involucradas.
Además sostuvo que Gauck cometió un gran error al desconocer la responsabilidad del Estado alemán en los hechos que permitieron a la Colonia Dignidad cometer toda clase de crímenes. “Alemania es corresponsable porque sabiendo lo que estaba ocurriendo no hizo nada por evitarlo”, sentenció.
“Error” de la embajada: Un invitado no grato
La agenda de derechos humanos de la comitiva del presidente siguió adelante. El miércoles 13 y bajo una torrencial lluvia, Daniela Schadt, junto a una delegación de 16 personas, visitó el Parque por la Paz Villa Grimaldi, un centro emblemático de detención, tortura y exterminio.
Ese día en la noche se realizó una recepción en honor al Presidente Gauck, que convocó a cientas de personas en la residencia Rolf Schulze, embajador de Alemania en Chile. Entre los invitados figuraba Reinhard Zeitner, uno de los antiguos guardaespaldas de Paul Schäfer.
Zeitner fue condenado a tres años por encubrir abuso de menores, pero después de tres meses en prisión preventiva obtuvo una remisión de su pena y quedó con cuatro años de libertad vigilada. La embajada no supo explicar la invitación. Hoy, el colono alemán se desempeña hoy como administrador de los bienes del enclave.
La presidencia alemana lamentó lo ocurrido. “Pusimos gran empeño a seleccionar cuidadosamente a los invitados”, afirmó una portavoz del presidente y añadió que lamentan, “por las víctimas, que no se haya atendido esta norma”. Además catalogó el incidente como “una confusión inexplicable”, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo prioritario de la visita del presidente a Chile era transmitir un mea culpa alemán por lo ocurrido.

Y sin duda, este episodio en Chile vino a empañar los resultados de la visita de Gauck a Chile, centrada en la recuperación de la memoria histórica. En Berlín, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se ve confrontado con protestas sobre la relación cada vez más cuestionada de su embajada en Santiago con la ex Colonia Dignidad. Con esto, para las organizaciones queda claro que aún hay mucho trabajo para alcanzar verdad, justicia y reparación, tanto en el caso de Colonia Dignidad, como en el rol del Estado alemán en ésta y otras dictaduras cívico-militares latinoamericanas.
Fotos:  FDCL (recepción, familiares con Gill),  Gerhard Dilger