Una entrevista con Elisa Giustinianovich

Una mirada desde adentro del debate en la Comisión de Normas Transitorias, responsable de articular la larga y compleja transición entre la Constitución pinochetista y la aprobada este año, después de la inmensa revuelta social chilena.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Este martes 14 de junio se aprobaron las últimas Normas Transitorias que establecen los términos en los cuales se implementará la nueva Constitución de Chile. De entre esas normas destacan la obligación del gobierno de presentar proyectos legislativos para instaurar sistemas nacionales que garanticen derechos sociales. Además, se establece el fin del Senado en el año 2026, dando paso a un nuevo período en la historia política del país, con una representación regional más profunda en la nueva Cámara de las Regiones. Finalmente, todavía se siente en el aire la tensión por el debate por el quórum y el mecanismo de reforma constitucional, que dejó claro que la implementación de la nueva Constitución no va a ser un proceso pacífico sino uno de fuertes disputas entre los sectores populares y la elite.

Pablo Abufom, de Jacobin, conversó con Elisa Giustinianovich, convencional constituyente por la Coordinadora Social de Magallanes, en el extremo sur de Chile, participante del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, quien fuera coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias. En esta conversación se explora la importancia de las normas transitorias para los próximos años, la conducta de los bloques políticos al interior de la Comisión, y los desafíos que abre esta transición para los sectores populares.

PAS | Sabemos que una vez terminada la redacción del borrador de la Constitución se crearon tres comisiones: de Normas Transitorias, de Armonización y de Preámbulo. ¿Podrías contarnos cuál fue la tarea de la Comisión de Normas Transitorias y por qué es tan importante?

EG | Se ha creado una comisión ad hoc para poder construir las normas transitorias. En principio llegaron propuestas preliminares aprobadas en general desde las comisiones temáticas, pero era muy necesario crear una comisión transitoria para poder profundizar y dar una visión más sistémica, considerando el borrador completo de la nueva Constitución, con todo el sistema de normas aprobadas y poder pensar en normas de carácter general que permitieran acompañar a la nueva Constitución en sus primeros años de vida. Esto último es muy importante: un sistema de normas transitorias ayuda en el tránsito de habilitación de un nuevo orden constitucional y permite acompañar este cambio del actual orden al nuevo orden constitucional. Ese tránsito efectivamente está en manos de los poderes constituidos, pero evidentemente ayuda muchísimo poder pensar desde el poder constituyente en las eventualidades, en las dificultades, y en cualquier problema que pudieran tener aquellos poderes en el momento de habilitación.

Hay ciertos nudos que tienen que ser resueltos, idealmente de manera anticipada, para no generar conflictos de carácter técnico, administrativo e incluso político a la hora de generar o implementar estos cambios y transformaciones, ya sean de orden orgánico o adecuaciones legislativas. Hay varias materias que hay que anticipar, porque efectivamente una Constitución entra en vigencia in actum, pero hay que abordar todo lo que tiene que ver con el derecho anterior. Uno podría hacer una analogía con un corazón y su sistema circulatorio: tú estás haciendo una cirugía de trasplante de corazón, pero todo el engranaje, todo el sistema circulatorio que es infra constitucional, infra corazón, por así decirlo, y hay partes que tienen que mantenerse vigentes, tienen que compatibilizar de alguna manera, mientras que todo aquello que no es compatible requiere una vía para poder transformarlo, adecuarlo o derogarlo. El sistema de normas transitorias tiene que prever ese tipo de dificultades, anticiparlas y proponer una solución.

En términos más jurídicos, efectivamente, hay normas que son más características, más tradicionales en el derecho constitucional, que por lo general están siempre contenidas en el sistema de normas transitorias. Por ejemplo, la clásica norma que habla de la entrada en vigencia de la nueva constitución y la derogación de la anterior. Y la clásica norma de recepción del derecho anterior, que la forma en que este nuevo corazón recibe todo lo que es infra constitucional y lo adapta a la normativa constitucional de manera de no dejar un vacío normativo. Y bueno, de ahí en adelante vienen todas las materias más específicas, que responden evidentemente al momento histórico donde se genera este cambio. Entonces hay que hacer una lectura del momento y de las excepcionalidades para tomar decisiones, unas principalmente políticas y otras de carácter más técnico, para construir un sistema íntegro y coherente.

 

PAS | Es claro que esta Convención es un fenómeno inédito en nuestra historia: no ha habido convenciones o asambleas constituyentes que sean tan democráticas y que tengan este carácter en el marco de una crisis social y política tan profunda. Naturalmente, eso implica que existan tensiones, polarizaciones, bloques. ¿Podrías relatarnos cuáles han sido los principales nudos del debate sobre Normas Transitorias? ¿Cómo fue discutir sobre la democracia participativa, plurinacionalidad, derechos sociales o el rol de los recursos naturales en la economía chilena?

EG | Las disputas más fuertes no se dieron con los temas específicos. En general hubo una buena disposición para abordar los temas específicos más urgentes, los relativos a derechos sociales, las aguas y los bienes comunes. Creo que los principales nudos políticos se dan con las normas de carácter general que son las que generan un marco de acción, que condicionan todo el sistema de normas transitorias. Esas normas más complejas de carácter general tienen que ver con la recepción del derecho anterior y con el quórum de reforma constitucional transitoria para el actual Congreso.

Y eso es porque el cambio constitucional genera una situación de excepcionalidad, es un contexto en el que va a entrar en vigencia la nueva Constitución pero habiendo tenido hace muy poco el último evento electoral (parlamentario y presidencial). En el momento previo a la gestación de esta vía institucional para canalizar finalmente la revuelta social del 2019 jamás se anticipó que tuviéramos que retrasar el inicio y el cierre de la Convención Constitucional. Se pensaba en un principio que durara como máximo un año para finalizar antes del siguiente evento electoral, lo que hubiera sido lo ideal. La secuencia debió ser: fin de la Convención, plebiscito de salida, ingreso de la nueva Constitución y siguiente evento electoral. Pero, por la pandemia, no fue eso lo que ocurrió.

Así que estamos en una situación anómala, donde va a entrar en vigencia el nuevo texto después de la elección de las nuevas autoridades, lo que nos ha provocado una dificultad mayor. Genera complicaciones frente a la posibilidad de poder llamar o no a nuevas elecciones en forma inmediata para habilitar el nuevo orden político, el Estado regional, las autonomías territoriales, etc. Y es una decisión política importante porque efectivamente estamos en un contexto de democracia, donde el único ejercicio democrático al cual tenemos acceso es el sufragio, ya que todavía no tenemos otros elementos democráticos participativos y vinculantes. Sería complejo llamar a elecciones anticipadas siendo que las autoridades fueron electas democráticamente hace menos de un año. Es por eso que se toma la decisión de respetar los mandatos de las autoridades recientemente electas, reconociendo que hay un periodo de transición donde tenemos un Congreso bajo las viejas reglas, con toda la normativa actualmente vigente. En ese periodo de transición se abordarán materias de carácter más urgente para las que se requieran adecuaciones legales y normativas, de tal modo que en el siguiente ciclo político podamos habilitar de forma plena todos los mandatos constitucionales. Creemos que es un diseño lógico, que permite preparar la habilitación de nuevos capítulos constitucionales como sistema político, como forma de Estado. Por ejemplo, se respeta el calendario electoral, excepto en el caso del Senado. Las próximas elecciones a nivel regional y local se realizan en 2024 y las nacionales en 2025, pero mientras no se pueda habilitar este nuevo Congreso o estos nuevos gobiernos regionales o gobiernos locales se generan todas las adecuaciones para que puedan habilitarse plenamente en el siguiente ciclo. Ese fue un primer gran nudo, que estaba muy vinculado a un acto electoral con una alta concurrencia de votantes.

En segundo lugar, la norma de recepción del derecho anterior tiene dos formas más tradicionales de hacerlo. Una pasa por recibir toda la normativa infraconstitucional, excepto aquella contradictoria con la nueva Constitución —para lo que es contradictorio, se pueden generar mandatos para adecuarlo, modificarlo o derogarlo, y se puede indicar una derogación tácita frente a la que tendrán que actuar rápidamente las instituciones y tribunales—, otra implica una recepción de todo lo acorde a la nueva Constitución, mientras que lo que fuera contradictorio se recibe de manera transitoria, mientras no sea derogado, adecuado o modificado por parte de los poderes e instituciones que corresponda.

Eso fue un nudo político, uno de los nudos más densos de resolver dentro de la comisión porque efectivamente había muchas alternativas. Se podían establecer acciones para la ciudadanía ante la Corte Constitucional para declarar ciertas normas como inconstitucionales. Se podía dar mandato a los altos funcionarios de la administración pública para que hicieran adecuaciones desde el momento en que se promulga la nueva Constitución. En general nuestra posición desde Movimientos Sociales Constituyentes fue la de canalizar acciones ante la Corte Constitucional, pero lamentablemente la posición del oficialismo fue la más conservadora y quisieron dejarlo exclusivamente en manos del Congreso, sin intervención del Poder Judicial, con la excusa de que eso podía saturar los tribunales. Logramos, eso sí, incluir el mandato a los altos funcionarios y funcionarias de la administración pública para generar adecuaciones, y una cláusula que permitiera a la ciudadanía desde el primer momento interponer Iniciativas de Derogación de Ley para todo el derecho anterior. Eso permitiría de alguna manera meterle presión al Legislativo para que derogue las leyes que contrarias a la nueva Constitución.

 

PAS | Hay normas transitorias aprobadas que efectivamente dan un mandato al Ejecutivo para que en cierto plazo tenga que tener una iniciativa legislativa sobre distintos Sistemas Nacionales muy vinculados a la garantía de derechos sociales, lo que fue muy demandado por los pueblos en las últimas décadas ¿Podrías hablarnos de algunas de esas normas transitorias?

EG | Efectivamente, hay muchas vías de proponer adecuaciones legales o la creación de nuevas leyes. Entonces, para poder hacerse cargo de las urgencias, existen estas normas de carácter excepcional. Para derechos fundamentales se escogió lo prioritario, que es la habilitación de los sistemas nacionales —Sistema Nacional de Seguridad Social, Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Nacional de Educación Pública, Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional Integrado de Suelos—, lo que permitirá la habilitación del derecho a la vivienda. Esto también se aplicó para el derecho al agua. Y eso quedó planteado con una fórmula que establece un plazo para que el presidente proponga los proyectos al Congreso y, una vez cumplido ese plazo, se abre una etapa de dos años para que el Congreso los tramite y promulgue. También será posible levantar Iniciativas Populares de Ley para estas materias.

Hubo un consenso bastante amplio para sacar adelante esas normas porque había que dar una señal muy clara respecto de las urgencias que nos trajeron acá. Son normas que sirven para generar un mandato a los poderes constituidos, sabiendo que desde el 4 de julio la aplicación va a estar en sus manos porque ese día la Convención termina sus funciones. De allí en adelante queda todo en manos del poder constituido. Sin embargo, hay un mandato constitucional claro respecto de cuáles son las acciones en este periodo de transición, con fechas establecidas, lo que le permite a la ciudadanía tener algo así como una carta de respaldo que dice: «Nosotros generamos un mandato a través del poder constituyente para que de aquí a dos años tengas que proponer un proyecto de ley y tramitarlo en otros dos años». Entonces en la Constitución ese respaldo de alguna manera queda en manos de la ciudadanía. En la redacción del pacto social de los pueblos de Chile tienes una carta de garantía y si los poderes constituidos no cumplieran tendremos motivos de sobra para salir a la calle a protestar nuevamente.

Bueno, para eso también sirven las normas transitorias, como una especie de seguro de cumplimiento de la nueva Constitución frente a un mandato que deben respetar los poderes constituidos. Por eso para nosotras era muy importante incidir en estas normas, porque efectivamente les corresponde a ellos llevar a cabo esta habilitación pero necesitamos un mandato claro que nos entregue cierta seguridad y una garantía para poder exigir más adelante que estos plazos se cumplan.

 

PAS | Hablemos sobre los bloques políticos de la Convención. ¿Qué sectores encarnaban las distintas posiciones con respecto de esos nudos? ¿Hubo ciertos sectores que siempre tomaron una posición más conservadora y otros que no?

EG | Bueno, la derecha se restó y en este último mes han estado distantes del proceso, con la gran mayoría manifestando públicamente su postura de rechazar la nueva Constitución. Hubo un bloque que, bajo el pretexto de supuestas irregularidades en la tramitación de las normas dentro de la Comisión, incluso dejó de votar y estuvo bastante ausente del proceso. Por eso, para las normas transitorias se constituyó un bloque con todos los colectivos menos con la derecha, desde el Colectivo del Apruebo hacia la izquierda. Y el bloque oficialista, incluyendo al Frente Amplio y el Colectivo Socialista, son los que han tomado una posición bastante conservadora. A mí me da la impresión de que tiene que ver con generar ciertas garantías o estabilidad al gobierno, o con dar señales para las negociaciones legislativas que necesitan para implementar su plan de gobierno. Esa es una lectura que hago en términos personales. Lo digo porque es extraño que luego de haber tenido posiciones más progresistas a lo largo del debate sobre la nueva Constitución luego hayan llegado a esta Comisión con posiciones más conservadoras de lo habitual. Probablemente hubiese sido distinto si hubieran sido oposición, ¿no? Si este mismo debate se hubiese dado en el gobierno de Sebastián Piñera yo creo que este bloque oficialista hubiese adoptado posiciones más progresistas. De todos modos, era previsible que siendo gobierno llegaran con estas posiciones.

Pese a todo, se ha hecho un gran contrapeso desde el bloque popular de la Comisión, lo que ha permitido avanzar en otras materias e incorporar medidas dentro de las normas más generales que le permiten al pueblo accionar frente a la necesidad de habilitar, de transformar y de adecuar la reglamentación que se requiera para la habilitación de determinadas normas constitucionales.

 

PAS | ¿Cuáles son las fuerzas del bloque popular?

EG | En el bloque popular estamos Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Pueblo Constituyente (PUCO), la Coordinadora Plurinacional y Popular, y los Escaños Reservados (de pueblos originarios). Con ese bloque finalmente logramos tensionar un poquito más hacia la izquierda, hacia posiciones más progresistas respecto de lo que en general manifestaba el bloque del Frente Amplio, el Partido Socialista e Independientes Nueva Constitución, que en general se plegaron a la posición del Partido Socialista. En el caso del Colectivo del Apruebo, la verdad es que es bastante difuso porque en la Comisión tienes por una parte a Fuad Chahín (Democracia Cristiana) y por otra a Eduardo Castillo (Partido Por la Democracia), quien como coordinador tal vez tuvo un peso mayor para encontrar consensos dentro de este grupo y en varias oportunidades terminó sumándose a la mayoría más que a la tendencia conservadora del bloque de centro.

En definitiva, lo que se logró con el bloque popular fue la incorporación de más normas de carácter específico, como las relacionadas el agua, la habilitación de derechos sociales, normas relativas al financiamiento de estos derechos, normas relativas a planes regionales o políticas vinculadas con la reforestación, el resguardo de bosques nativos y ecosistemas. Son demandas que tienen que ver con las resistencias socioambientales, por ejemplo. Se podrá implementar una comisión ad hoc para hacer catastros y recolectar todos los antecedentes que permitan hacerse cargo finalmente de las normas del capítulo de la Constitución sobre Naturaleza y Medio Ambiente. También aportamos normas relativas a los derechos indígenas contenidos en la nueva Constitución, como la norma transitoria que propone la creación de una Comisión Indígena para todo lo que tiene que ver con la restitución territorial.

Esas son algunas de las más emblemáticas respecto de las luchas que portamos desde el bloque popular, que hemos logrado traducir en normas transitorias para permitir una habilitación más inmediata, más visible dentro de los próximos años, de estas normas más urgentes y significativas relacionadas con las demandas populares. Todas esas fueron cosas que negociamos como bloque frente a la articulación más partidista del oficialismo.

 

PAS |  Uno de los temas más polémicos, que ha estado muy en boga en el debate público, ha sido el tema del quórum para la reforma constitucional. ¿Cuáles fueron las posiciones y en qué quedó finalmente?

EG | Para el bloque popular efectivamente era un tema muy complejo el de las reformas constitucionales por parte del actual Congreso. En primer lugar porque es un Congreso que se rige bajo las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución y no es el Congreso que fue diseñado para llevar a cabo el mecanismo de reforma que propone esta nueva Constitución. Entonces, un Congreso que se rige por las antiguas normas también debiera reformar utilizando las viejas normas. Por otra parte, está la cuestión de cómo es posible que se permita la reforma de un texto que está recién habilitándose, o sea, cómo vas a reformar algo que recién cobra vida. Es otra cuestión muy importante porque pareciera contradictorio que exista la posibilidad de reformar algo que ni siquiera se habilitó. Y en tercer lugar está el cuestionamiento del carácter democrático o antidemocrático que tendría prohibir a un órgano democráticamente electo hacer su trabajo. Y es que dentro de su trabajo también está hacer modificaciones, mejoras, adecuaciones o lo que sea en cuanto a las leyes o a cualquier normativa constitucional. Entonces, para nosotras evidentemente fue una posición política no permitir reformas para el actual Congreso, porque no es el Congreso que dispone la nueva Constitución sino uno electo bajo las normas anteriores. Y además planteamos que se necesita un periodo de protección de la nueva Constitución durante el cual se habilita, considerando que hay muchos Capítulos que van a entrar en vigor de forma diferida. Como te mencionaba anteriormente, el Capítulo de forma de estado del sistema político recién entra en vigencia en el 2025-2026, entonces para nosotras eso era motivo suficiente como para generar un marco de protección frente a eventuales reformas durante el periodo de habilitación, porque hay capítulos que recién van a entrar en vigencia años después. Entonces, en esa tensión de las posiciones sobre la irreformabilidad y las reformas había que encontrar un término medio. Nosotras propusimos que las reformas requieran un mínimo de dos tercios, un quórum que en definitiva requiera grandes acuerdos para reformar un texto que está recién salido del horno.

Ahora, como evidentemente para el bloque popular es difícil defender un quórum supra mayoritario entonces también había una tensión. Y además frente a una opinión pública de lo que significaba dejar un quórum mayoritario para el actual Congreso, para nosotras fue sensato pensar que, más que un quórum supra mayoritario, lo que necesitamos son garantías que den protección al nuevo texto, garantías necesarias para que efectivamente sea el soberano quien tenga la palabra en torno a una eventual reforma. ¿Y qué significa darle poder de soberano al pueblo? Que cualquier reforma que se quiera realizar tenga que pasar por un plebiscito o referéndum. Esa es la fórmula que está en la nueva Constitución para materias sustantivas, que las reformas deben ser aprobadas por 4/7 y ratificadas por referéndum. Pero además incorporamos el Capítulo de Naturaleza a esas materias sustantivas. Con eso generamos un marco de protección que entrega la llave al pueblo mediante plebiscito para viabilizar un eventual proyecto de reforma a la nueva Constitución durante este periodo de transición.

De alguna manera nos genera cierta tranquilidad que va a ser muy difícil proponer o llevar adelante una reforma por parte del actual Congreso a una Constitución que está recientemente aprobada por parte de la ciudadanía. En ese sentido preferimos enfocar nuestros esfuerzos en una campaña que sea potente para que el resultado del Apruebo en el plebiscito de salida sea lo que termine protegiendo la nueva Constitución durante sus primeros años de vida. Si efectivamente el resultado es altamente favorable para aprobar la nueva Constitución eso ya genera un marco de protección mucho más potente que cualquier quórum o cláusula para reformar el nuevo texto. Porque nos imaginamos que si uno vota Apruebo es un Apruebo para habilitar y no para reformar.

 

PAS | Señalaste que ahora se acaba la Convención y que este periodo de implementación y habilitación queda en gran medida en manos de los poderes constituidos, particularmente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, elegidos con la Constitución anterior. Eso quiere decir que hay vastos sectores populares que no están ni en el gobierno ni en el Legislativo y que en sus manos van a tener la experiencia constituyente y que con la nueva Constitución como carta podrán exigir ciertas cosas. ¿Cuáles serían las tareas que se abren para estos sectores populares que lograron hacer el proyecto constituyente, incidiendo de manera contundente y sustantiva, que ahora quedan en esa posición durante un tiempo?

EG | Algo muy positivo que pasa desde la revuelta en adelante es que se acelera la construcción del tejido social que venía haciéndose a un paso lento durante las últimas décadas, después de la dictadura, lo que ha sido una tarea monumental. Creo que hay que seguir fortaleciendo lo que hemos logrado reconstruir. El proceso constituyente y el ingreso de los sectores populares y organizados socialmente de manera previa ha permitido generar confianza y entrelazar territorios. El hecho de habernos encontrado en esta convención con asambleas y organizaciones que van desde Arica a Magallanes es algo que tenemos que seguir fortaleciendo, porque lo que tenemos que empujar ahora, no solo a nivel de nuestros propios territorios sino de todo el país, es un desafío mayor. Entonces tenemos que regresar con todas las energías para poder fortalecer a nivel territorial nuestras propias organizaciones.

Ha sido bastante desgastante estar en la Convención Constitucional y seguir manteniendo los activismos territoriales, pero no nos hemos soltado y hemos intentado fortalecer estas redes y lazos. Lo que nos toca ahora es utilizar todas estas nuevas herramientas democráticas, y para eso necesitamos fortaleza, voluntad y, por sobre todo, trabajar de manera colaborativa para empujar estos cambios. La Constitución efectivamente es muy importante, pero no deja de ser un papel, no deja de ser un texto, que perfectamente podría quedar como un texto muerto si es que no empujamos la habilitación de sus normas. Y para ese empuje vamos a tener varias herramientas nuevas que tenemos que aprender a usar. Entonces tiene que haber una especie de alfabetización institucional para que la ciudadanía pueda utilizarlas y esa va a ser nuestra principal labor.

¿Cuáles son estas nuevas herramientas democráticas? La Iniciativa Popular de Ley, la Iniciativa de Derogación de Ley, los mecanismos de participación directa y vinculantes que van a estar a disposición en nuestros territorios, la exigencia a nuestras autoridades actuales de que esos mecanismos empiecen a habilitarse. Y para eso tienen que armarse movimientos ciudadanos constituyentes, para que ese texto constitucional comience a concretarse. Por otra parte, me parece fundamental que todos estos nuevos sectores organizados y populares que lograron entrar a la Convención se puedan seguir organizando para discutir y disputar la nueva institucionalidad, porque sin duda no va a ser lo mismo disputar el congreso con la Constitución del 80 que hacerlo con la Constitución del 22. Porque si nosotras abrimos las puertas es importante que entremos, ¿no? Si no, van a seguir ocupando los puestos los mismos de siempre. Yo creo que eso va a ser fundamental para empujar las transformaciones. Entonces, frente a estas falsas dicotomías entre la vía institucional o la vía de la calle, yo creo que es importante ahora más que nunca disputar y ocupar todos los espacios posibles, porque estamos en un contexto donde necesitamos con urgencia que el texto cobre vida y eso se hace principalmente desde la habilitación de las nuevas leyes, las adecuaciones, las modificaciones y la creación de nuevas leyes e instituciones. Y eso lamentablemente se hace desde la institucionalidad. Esa disputa es una tremenda tarea que tenemos por delante.

 

PAS | Para terminar, ¿cuánto crees que nos va a tomar este proceso de habilitación?

EG | Yo te diría que unos 10 años, que es lo que toma la habilitación de los nuevos órdenes constitucionales a nivel global. Pero eso es una cosa y otra es que realmente se comience a percibir ese cambio. Yo creo que en una década ya se van a sentir de una manera plena los cambios, sobre todo en lo relativo a los derechos sociales, porque el financiamiento es progresivo. Hay que recordar que estamos en un contexto de desmantelamiento de lo público, en un periodo en que ha habido una acción sistemática por desmantelar el aparato público en nuestro país, producto de la Constitución que instala un Estado subsidiario en Chile. Entonces nos encontramos en un punto de partida difícil, bastante precario.

En ese contexto hay que armarse de paciencia y empujar las transformaciones, sacándose un poquito la ansiedad de encima y tratando de generar ese proceso de educación popular sobre lo que significa un cambio constitucional, porque en el fondo lo que hicimos es permitir que el Estado pueda hacerse cargo. Lo que hace la Constitución actual es ponerle una camisa de once varas al Estado para que no actúe salvo donde los privados no lo hacen, entonces hay que acompañar al Estado, por decirlo de alguna manera, en este proceso de comenzar a tomar acciones y empezar a llenar esos vacíos. Así que yo creo que tienen que pasar unos dos o tres gobiernos, a los que habrá que acompañar con disputas populares, para que efectivamente se hagan cargo de la implementación. Es un trecho largo, pero lo importante es que se abre un camino de avances efectivos y no solamente de resistencia. Eso es lo importante.

Una entrevista con 

Entrevista por Pablo Abufom

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

El primer paso para una nueva Constitución en Chile ya ha concluido. El 16 de mayo se entregó oficialmente el borrador de la nueva Carta Magna, que consagra grandes cambios para la sociedad chilena, particularmente en derechos sociales, participación política paritaria y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. 

En materia de derechos sociales, incorpora demandas que han sido bandera de lucha de las organizaciones populares desde el mismo inicio de la contrarrevolución neoliberal de la dictadura. La nueva Constitución busca recoger esas aspiraciones y garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación, pensiones dignas, educación no sexista y derecho al aborto bajo la noción de un «Estado social y democrático» que se reconoce plurinacional, intercultural y ecológico.

Pablo Abufom, de Jacobin América Latina, conversó con Karina Nohales —feminista, abogada y militante de la Coordinadora Feminista 8M—, quien es parte del equipo de la vocería constituyente de Alondra Carrillo. Analizaron la relevancia de las normas aprobadas, especialmente aquellas vinculadas a trabajo y los derechos laborales, y profundizaron en los desafíos que este nuevo periodo constitucional abre para la clase trabajadora plurinacional de Chile.

 

PA  | Uno de los hitos más importantes de la Convención Constitucional fue la aprobación de una serie de derechos sociales que venían siendo peleados por las organizaciones populares durante décadas. Esto incluye la aprobación de un conjunto de derechos laborales que estaban pendientes desde el fin de la dictadura. A tu juicio, ¿cuáles son los más significativos?

KN | En primer lugar, hay que destacar una dimensión tiene que ver con las lecturas feministas sobre el trabajo. El feminismo entra a la Convención con la fuerza de gigantescas movilizaciones y de importantes procesos de reflexión programática, logrando plasmar en términos constitucionales una innovación en lo que refiere al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, consagrando una comprensión de estos trabajos que ha sido elaborada y sostenida principalmente por lo que podríamos denominar un feminismo socialista, estableciendo que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios, que son indispensables para la sostenibilidad completa de la sociedad y que, por tanto, tienen que ser socialmente sostenidos mediante un sistema integral de cuidados de carácter estatal.

Se trata de una perspectiva que los desprivatiza, desplazando las coordenadas de un feminismo más liberal que se detiene en las políticas de corresponsabilidad entre sexos, que por cierto son necesarias, pero que se mantiene dentro de esta concepción del hogar como un espacio privado. Hoy hemos avanzado en instalar, junto a su reconocimiento, una perspectiva de socialización de estos trabajos.

Luego están las normas que competen a la esfera del derecho individual del trabajo asalariado. En esta materia quedan consagradas cuestiones relevantes que recogen los principios y parámetros del derecho internacional, especialmente de la OIT, y que en la realidad local constituyen un avance respecto de lo hasta ahora existente, toda vez que en la Constitución de Pinochet el trabajo aparece desanclado de la esfera de los derechos, limitándose a consagrar la libertad de trabajo, es decir, la supuesta libertad del trabajador o la trabajadora de elegir dónde trabajar y la libertad de las empresas de elegir libremente a quiénes contratar.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con los derechos colectivos del trabajo. La nueva Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical en sus tres dimensiones: sindicalización, negociación colectiva y huelga, desmontando con ello algunos enclaves constitucionales y legales estratégicos impuestos por la dictadura y por la transición democrática. En primer lugar, consagra el derecho de los y las trabajadoras del sector público y privado a constituir sindicatos en cualquier nivel y el derecho de estas organizaciones a trazar sus propios fines. En segundo lugar, establece la titularidad sindical exclusiva en la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación en cualquiera de los niveles que las y los trabajadores del sector público y privado decidan, y fija como único límite a la negociación los derechos laborales irrenunciables. En tercer lugar, garantiza el derecho a huelga a las y los trabajadores del sector público y privado, tengan o no sindicato, quienes podrán decidir el ámbito de los intereses que pretenden defender a través de ella y el nivel en que esta se desarrolla. Se establece además que la ley no podrá prohibir la huelga.

Estos tres elementos, así consagrados, suponen un giro copernicano respecto de la Constitución de 1980 —que nombra solo una vez la palabra «huelga»: para prohibirla a los y las trabajadoras del sector público— y también respecto de la legislación vigente, que permite la negociación colectiva solo a nivel de empresa, de manera que no puede ser ejercida de manera conjunta por trabajadores o trabajadoras de dos o más empresas diferentes y que reconoce el ejercicio de la huelga únicamente dentro del marco del proceso de negociación colectiva «legal».

En un país donde más del 40% de la fuerza laboral formalmente asalariada trabaja en pequeñas y medianas empresas, en un país donde ha tenido lugar un proceso de descentralización productiva brutal, este marco legal ha reducido a la impotencia la herramienta de la negociación y de la huelga, llegando a configurarse una realidad más cercana a las negociaciones pluripersonales que colectivas. Esto último se refuerza por la existencia de los denominados «grupos negociadores» que pueden configurarse de manera transitoria dentro de las empresas con el único fin de negociar condiciones comunes de trabajo, práctica de carácter antisindical que es legal en Chile y que tiene un impacto fragmentador muy nocivo.

Hoy, con la titularidad sindical de la negociación colectiva, la nueva Constitución permitirá desterrar esta práctica que ha permitido a las empresas mantener dentro de una misma unidad laboral un sinnúmero de grupos de trabajadoras y trabajadores sujetos a condiciones diferenciadas de trabajo. Bueno, y obviamente otra de las grandes noticias es que las y los trabajadores del Estado ya no solo no tendrán prohibida la huelga, sino que tendrán derechos colectivos plenos.

Lo sorprendente es que estos avances han sido plasmados jurídicamente por un órgano que no cuenta con autorrepresentación directa del mundo sindical. Esto debe llevarnos a preguntarnos por qué fue posible algo así.

 

PA |Me interesa que conversemos sobre ese punto. ¿Qué otras normas se aprobaron que estén asociadas a las luchas sindicales o de trabajadoras no sindicalizadas?

KN | Hay dos normas más a destacar. Por una parte, se aprobó el derecho de los y las trabajadoras a participar, a través de sus organizaciones sindicales, de las decisiones de la empresa. La manera en que se va a llevar a cabo esa participación queda entregada a la ley. Sin duda, esto abrirá debates interesantes en el futuro próximo.

Por otra parte, inseparable del tema del trabajo, es el derecho a la seguridad social que se consagra. Tiene varias características destacables. Primero, se establece que le corresponde al Estado definir la política de Seguridad Social sobre principios como la solidaridad, el reparto y la universalidad. Segundo, se mandata la creación de un Sistema Público de Seguridad Social destinado a cubrir contingencias diversas e integrales. Tercero, establece que el financiamiento del Sistema se hará a través de aportes obligatorios de los y las trabajadoras y de los empleadores y por las rentas generales de la nación, no pudiendo destinarse este dinero a fines distintos que el pago de los beneficios del sistema. Finalmente, las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección del Sistema Público de Seguridad Social.

Todas estas características suponen un cambio absoluto respecto del sistema de capitalización individual que hoy existe, sistema que es administrado exclusivamente por empresas privadas (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), que es financiado exclusivamente por el aporte de las y los trabajadores (el empleador no aporta), que invierte estos dineros en acciones en la bolsa de valores generando pérdidas irrecuperables (en 2008, producto de la crisis subprime, se perdió cerca del 40% del ahorro previsional de las y los trabajadores de Chile) y que al no estar destinado a pagar pensiones ofrece al final de vida laboral ingresos de miseria.

 

PA | Respecto a los efectos que van a tener estas nuevas normas constitucionales me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué implicancias van a tener las normas sobre reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado.

KN | Bueno, en todos los temas en que se consagran derechos sociales como este hay una dimensión que es legislativa, que es darle una bajada legal a lo que ha quedado consagrado en la Constitución. Una de las cuestiones que se aprobó en esta Constitución también es la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Ley.

Pienso que una de las primeras tareas va a ser elaborar una Iniciativa Popular de Ley que diga en qué consiste este sistema integral de cuidados: ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus dimensiones comunitarias? Y eso va a poner a sectores muy diversos dentro del movimiento feminista ante la necesidad de construir una posición, un debate y una propuesta transversal y echar a correr la imaginación política, porque este tipo de sistema, que existe en otros países, nunca ha tenido lugar en Chile.

Esa es una dimensión con respecto a la cual me siento optimista porque el movimiento feminista (así nombrado, en singular, en toda su diversidad) fue el único sector capaz de construir y presentar ante la Convención Constitucional iniciativas populares de normas unificadas, a diferencia de lo que ocurrió en salud, en educación, en trabajo o en seguridad social, donde hubo más de una iniciativa popular de norma para cada materia. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y a una educación no sexista, tuvimos propuestas de normas unificadas. En ese sentido la experiencia de la Convención ha sido  muy importante para prefigurar esa dimensión de la tarea política que se viene.

Y por otro lado, creo que se viene el trabajo de difundir lo que significa una perspectiva de socialización de estos trabajos, porque realmente son términos todavía ajenos para la población, para muchas mujeres de sectores no necesariamente marginales, sino también de sectores medios donde toda la noción del problema, de la doble jornada de trabajo y de todo esto que nos dicen que es amor en vez de trabajo no pago, sigue en los márgenes de la corresponsabilidad entre géneros. Por ejemplo, sigue enmarcado en demandas como la exigencia de salas cuna financiadas por los empleadores, lo que implica también la monetarización como forma de sostener este tipo de trabajos.

Entonces creo que aquí se abre un desafío mayor y de más largo aliento que compromete horizontes políticos más profundos. No sé hasta qué punto se podrá sostener esa unidad transversal de los feminismos con respecto a esto, ya que históricamente tenemos concepciones muy diferentes sobre este problema. No necesariamente tendrá que resolverse de manera definitiva: puede que haya disputas también en los debates feministas, una disputa por qué lecturas feministas sobre estos trabajos se tornan más hegemónicas.

 

PA | En esa misma línea, hay algo inédito en este momento que es un gobierno que se autodenomina feminista: hay cuadros políticos del feminismo organizado que entraron al gobierno y tienen puestos importantes, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en adelante.

¿Cómo proyectas esa disputa de la que hablas, si tomamos en cuenta que una de las contrapartes de ese debate es un sector que está en el gobierno? ¿Va a significar un debate más difícil, una polarización más fuerte con respecto a las tendencias más institucionalizadas? ¿O quizá la posibilidad de realizar estas transformaciones de manera más rápida?

KN | Si lo ponemos en términos de más fácil o difícil yo diría que ambos, definitivamente. Más fácil porque, efectivamente, la existencia de un sistema integral de cuidados forma parte del programa del actual gobierno. Entonces van a posibilitarse, o por lo menos no obstaculizarse, estas perspectivas en lo que refiere a la institucionalidad y las políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se ve que no es fácil ser gobierno, manejar un presupuesto fiscal y tener recursos limitados. No es lo mismo que estar por fuera, y que la cuestión pase solo por demandarle cosas al Estado. Entonces va a ser más fácil y difícil a la vez. Pero si sumamos y restamos, por supuesto que las condiciones de viabilidad están habilitadas, cosa que no tendríamos con un gobierno de otro tipo.

 

PA | Uno de los problemas que señalaste tiene que ver con la fragmentación de la organización de trabajadores y trabajadoras, a partir de la fragmentación misma de la producción en Chile: una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas comerciales o que prestan servicios a los principales sectores productivos, sobre todo agrícolas, forestales y mineros. Esto es reforzado por una legislación que fragmenta en grupos negociadores, en múltiples sindicatos en una misma empresa, etc. 

Dado este escenario, ¿qué implicancias crees que van a tener las normas sobre negociación colectiva en la nueva Constitución? ¿Qué desafíos va a suponer para el movimiento sindical hacerse cargo de ese cambio?

KN | Bueno, en Chile nunca hubo un sindicalismo fuerte, aunque existe ese mito de que antes del golpe de Estado de 1973 había un sindicalismo muy glorioso. Por supuesto, es real que los 17 años de dictadura aplastaron brutalmente al movimiento obrero, y eso conllevó un retroceso histórico irreversible en muchísimas dimensiones, pero eso no hace que ese pasado adopte las magnitudes que a veces se le atribuyen. Por eso es tan importante pensar estos procesos no como un retorno al pasado —que a veces es un anhelo en cierta izquierda: el retorno a un pasado que era virtuoso y que nos fue violentamente arrebatado— sino desde esa memoria que reivindicamos… construir siempre una alternativa de futuro que sea mucho más potente que lo que estaba planteado ahí.

Yo creo que los feminismos han sido particularmente enfáticos en decir «no se trata de volver a lo que teníamos». Y es esperable, porque también nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esos procesos pasados. En particular, el mundo sindical siempre ha tenido una estructura  débil porque ha ido muy aparejada al sistema productivo en Chile, y nunca existió aquí —a pesar de que no estaba prohibida por ley— la negociación o la sindicalización por rama productiva, como hizo después la dictadura. Hubo ejemplos, pero fueron claramente la excepción a lo que era la estructura que subsiste hasta hoy, que ha sido la de sindicato base, federación, confederación, central. Una cadena orgánica absolutamente piramidal y que reproduce fuertemente las pulsiones  burocráticas, que siempre están presentes y que tienden a reproducirse. Y eso fue así desde siempre.

Los niveles de sindicalización nunca fueron muy altos en Chile. Hay un momento bastante excepcional cuando se dicta la Ley de Sindicalización Campesina en 1967. Ahí hay un salto porque el campesinado se puede sindicalizar, y después tiene su clímax en 1972 durante la Unidad Popular, cuando de hecho estábamos frente a una coyuntura absolutamente extraordinaria.

Entonces lo que se está habilitando con la nueva Constitución son formas y niveles de negociación inéditos, no un volver atrás. Y esto viene a caer al presente en una tierra  bastante yerma, estéril, que es la del sindicalismo de la transición democrática, que se ha caracterizado por dos grandes corrientes: una, que es predominante, han sido los instrumentos sindicales ad-hoc de los partidos de la transición, de ese sindicalismo es expresivo la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que ha sido un sindicalismo de mucho entreguismo a las políticas de administración del neoliberalismo y que ha estado conducida siempre por los partidos de los treinta años. Del otro lado podríamos decir que están los reductos de la insistencia de un sindicalismo de combate, de la tradición obrera, de la lucha de clases. Estos sectores no se han propuesto (o aun habiéndoselo propuesto no lo ha conseguido) constituirse como una corriente de trabajadores y de trabajadoras en el sentido de no ser una corriente «autoafirmativa» de una tendencia política o ideológica en particular. Junto a eso han convivido sectores que sí han tenido una política de combate, en el sentido que han librado grandes huelgas y rebasando la ilegalidad dictatorial, poniendo en jaque a sectores importantes del empresariado en el país pero que no necesariamente tienen una formación política, una política sindical, que los unifique en un proyecto general. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Portuaria.

 

PA | En el contexto que propone la nueva Constitución, ¿cuál sería el desafío para el sindicalismo?

KN | Yo no sé si este es un desafío para el sindicalismo, esa es mi duda. Yo creo que este es un desafío para la clase trabajadora. Uno, porque estamos ante un sindicalismo que no sabe cómo hacer esto que tenemos que hacer, en el sentido de que nunca lo ha hecho: nunca ha existido como parte de la estructura sindical en Chile, ni ahora ni hace 80 años. Y al mismo tiempo estamos frente a una clase trabajadora que tiene una experiencia muy ajena al sindicalismo. A mí me parece que uno de los desafíos va a ser poder generar una política de unidad de los y las trabajadoras para hacerse cargo de esta tarea política que nadie puede hacer en su nombre, que es generar su unidad para constituir organizaciones fuertes dispuestas a luchar y enfrentarse al empresariado.

No está claro si eso se conseguirá desde una posición de independencia de clase o no, y no me refiero a una ideología del tipo sindicalismo rojo, sino de una independencia de clase, sin compromisos con el gran empresariado. Eso va a tener que ver con qué sector toma la iniciativa, pero sin dudas me parece que en este momento quienes están en mejores condiciones para tomar esa iniciativa son aquellos sectores políticos que tienen una inserción importante en el mundo sindical. Lamentablemente, esa mayor inserción la ostentan en no pocas áreas clave sectores partidarios no independientes. Yo no sé si van a ser esas dirigencias o no las que en primera persona se hagan cargo de esa tarea, pero sí tienen ventaja quienes se han construido orgánicamente en las filas sindicales. Creo que si prospera esta tarea política de construcción de grandes organizaciones sindicales, grandes negociaciones colectivas y huelgas potentes, vamos a ver también la extinción fratricida entre muchas dirigencias sindicales. Hay muchísimos feudos en ese mundo… pequeños, pero feudos al fin y al cabo.

 

PA | Una de las sorpresas del resultado de la elección de constituyentes [el 15 y 16 de mayo de 2021] fue que a la Convención Constitucional ingresó solamente una dirigenta sindical, Aurora Delgado, trabajadora de la salud y vocera de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP en la ciudad de Valdivia.

Ningún otro dirigente sindical, pese a que hubo candidaturas de larga trayectoria y con posiciones de primera fila (como es el caso de Bárbara Figueroa, que en ese momento recién había dejado de ser presidenta de la CUT, y Luis Mesina, que fue el referente de la coordinadora NO+AFP durante muchos años). Se trataba de una coyuntura muy aguda, que podría haber catapultado a esas dirigencias a un lugar significativo políticamente. ¿Por qué crees que no hizo sentido que esas dirigencias asumieran tareas políticas en la Convención?

KN | Esa es una pregunta ineludible, muy necesaria. ¿Por qué en una elección en la que son amplísimos los sectores populares que van a votar por la «revuelta», cuando se elige el órgano constituyente, el sindicalismo en todas sus versiones, sea el sindicalismo de la transición, el sindicalismo combativo, todos los sectores del sindicalismo aparecen como algo ajeno y nadie resulta elegido, salvo la compañera Aurora Delgado, dirigenta de la salud pública?

¿Qué nos dice eso? Muchas cosas. Hemos afirmado que la revuelta también fue un balance de lo que han sido estos 30 años y creo que el sindicalismo —o un sector muy importante y hegemónico del sindicalismo— no escapa al cedazo de ese balance. Las conducciones tradicionales, en manos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, también aparecen a ojos de la población identificados con los partidos del orden, esos que han sido impugnados a través de la revuelta. Ese es un momento de este balance.

Otro momento de este balance tiene que ver con que este sindicalismo aparece como una experiencia ajena para sectores muy numerosos de la clase trabajadora. Eso por todo lo ya dicho sobre la estructura del trabajo en el país, por los niveles de informalidad laboral, por la estructura legal que habilita o no a unos y otros para sindicalizarse, pero también por lo que ha sido una política gremial muy impotente del mismo sindicalismo, incluso de esos sectores que están más dispuestos a la lucha.

Hoy día no existen herramientas sindicales que permitan agrupar en conjunto a trabajadores y trabajadoras informales, a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a trabajadores y trabajadoras no remuneradas, incluso a los sectores desempleados. En pocas palabras, no tenemos una corriente sindical que se haya propuesto deliberadamente generar una política de unidad de la clase trabajadora en torno al problema del trabajo, que no es un problema en singular, es un problema que tiene que ser comprensivo de todas estas realidades.

A pesar de esta terrible ausencia de una política sindical para la realidad efectiva de esta clase trabajadora, son muchos los sectores sindicales que pueden ser militantes o empujar posiciones de izquierda dentro del sindicalismo que conciben que en el sindicato está la titularidad general de la lucha de la clase trabajadora, y que afirman por lo tanto esa titularidad en las características con que se presenta formalmente: masculina, formalmente asalariada, y organizada en sindicatos. Pero podríamos preguntarnos ¿cuál es hoy el porcentaje de esa clase trabajadora masculinizada, formalmente asalariada y sindicalizada? Es la minoría.

Sin embargo, hay quienes afirman que esa titularidad orgánica de la clase trabajadora la tienen esos sectores, a pesar de un contexto político en que han emergido movimientos sociales con una potencia mucho mayor que la sindical, que han protagonizado movilizaciones masivas, que han sido además la antesala de la revuelta y del estallido social, en la que evidentemente estamos viendo demandas que hace 100 años podría haber portado el sindicalismo y que ya no aparecen portadas desde allí, y tampoco pareciera interesarle al mundo sindical disputar el podio para conducir en una perspectiva unitaria esas demandas.

De hecho, es tal la dislocación entre lo que clásicamente aparecía como portado por el sindicalismo dentro de un programa general de la clase trabajadora, que una de las demandas más relevantes del mundo sindical en estas décadas, el fin del Plan Laboral de José Piñera (hermano del ex Presidente) y de Pinochet, se ha logrado sin presencia sindical en la Convención, lo ha logrado un órgano en el que está autorrepresentado el pueblo trabajador, que ha hecho suya esa demanda central sin ser representante directo del mundo sindical. Ahí está la clase trabajadora actuando, aunque no lo haga bajo sus formas sindicales. Es la clase trabajadora la que ha logrado concretar esa demanda. Esa es una buena noticia.

 

PA | Para cerrar, creo que es relevante señalar que en el nuevo catálogo de derechos de la Constitución encontramos derechos sociales por los que se viene luchando hace muchísimo, con grandes organizaciones, movilizaciones, y una historia que se remonta décadas. 

La excepción a esto es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, una demanda que ha tomado muchas formas en nuestra historia, pero que es relativamente nueva en la forma en que fue aprobada [existe la propuesta de un Sistema Público de Cuidados]. Este es un derecho que logra dar un gran salto y entrar directamente al borrador de nueva Constitución. ¿Qué opinas de esa circunstancia? ¿Podría pensarse la nueva Constitución como una «puesta al día» respecto a esa composición de la clase trabajadora chilena a la que hacías referencia?

KN | Sí, en parte. O sea, es imposible que un órgano conformado por 154 personas pueda ser expresivo en su totalidad de eso. Pero hay dos sectores que ingresan masivamente a la Convención a través del voto popular, que son los sectores que se han organizado en torno a las luchas feministas, y los sectores que se han organizado en torno a la lucha socioambiental. En particular, los sectores que han sostenido las demandas y las movilizaciones feministas en estas décadas entran premunidos de un programa y de instancias previas muy transversales y nacionales de discusión y deliberación política, además del haber coordinado jornadas gigantescas de movilización. El «Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan» hizo posible ese programa, y es una ventaja infinita que fue muy palpable dentro de la Convención.

Pero además el feminismo hoy en Chile se ha ido convirtiendo en sentido común y, sobre todo, tiene una especie de lugar de autoridad, incluso a ojos de quienes no se oponen radicalmente al feminismo, pero que tampoco les simpatiza o les parece que una serie de cuestiones que plantea el feminismo son «excesivas». Son sectores que no se atreven a quedar expuestos, a ojos del conjunto de la población, como opositores a las demandas feministas. Que el feminismo tenga una autoridad en el sentido común de masas ha sido muy relevante para que avancen cuestiones que son inéditas en el orden institucional a nivel local e internacional. Sabemos que este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero también ha logrado consagrar una democracia paritaria sin techo: todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen que estar integrados al menos por un 50% de mujeres. No 50% y 50%: puede ser 80% o 100% mujeres.

Otra cuestión ha sido el derecho al aborto, algo que no podíamos alcanzar desde el poder constituido. Hace muy poco, en septiembre del año pasado, el Congreso Nacional rechazó la despenalización del delito de aborto y hoy día la interrupción voluntaria del embarazo se ha logrado consagrar como un derecho fundamental en todas las causales a través de la Convención. Ahí hemos contado con el voto de gente que jamás lo hubiese aprobado en el marco del debate parlamentario, sectores políticos que no aprobaron ni siquiera la despenalización.

Entonces la fuerza con la que ingresa el feminismo a la Convención es bastante impresionante, y se hace cargo de una serie de demandas históricas del feminismo, incluyendo la del trabajo doméstico y de cuidado. Concuerdo contigo que en Chile no hubo algo así como una ola de movilización feminista que pusiera esta demanda de la socialización de los trabajos como el más  central de los elementos, pero también vamos a estar de acuerdo en que no es una demanda nueva en el mundo. Ya en la Revolución Rusa se ensayó un programa de socialización de los trabajos; era parte de esa perspectiva programática, tuvo una centralidad muy importante en la denominada segunda ola feminista, y también en el momento de irrupción feminista internacional en el que estamos. En Chile ha llegado también en parte como contagio y afortunadamente ha podido caer en manos de sectores feministas organizados que han tomado la decisión deliberada de hacer suyas estas perspectivas que podemos considerar las más desarrolladas programáticamente que ha habido en la experiencia internacional e impulsarlas acá también.

Pero sí, la posibilidad de consagrar algo que tal vez no estaba en el corazón de las demandas de las movilizaciones feministas, y que constituye una perspectiva muy avanzada en la lucha feminista internacional de más de un siglo, es algo que da cuenta no solo de que el feminismo es capaz de hacerse cargo de su agenda histórica sino que además ha logrado empujar sin contrapesos serios dentro de la Convención Constitucional el carro de una serie de demandas que tradicionalmente nos dirían que no son «propiamente feministas» y que son demandas de la clase trabajadora «en general».

Siempre están los sectores que insisten de situar al feminismo en una lugar de particularidad, pero la apuesta feminista de los sectores organizados que han podido impulsar y de alguna manera conducir el proceso feminista de los últimos años en nuestro país se han planteado también deliberadamente esto, eso que denominamos una orientación de «transversalización del feminismo en el movimiento social», y que concibe su propia actividad como una forma de acción política de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda queda consagrado en la nueva Constitución como una demanda histórica del movimiento de pobladores y pobladoras sin casa, pero al mismo tiempo dentro del mismo derecho a la vivienda está contemplada la existencia de casas de acogida para las personas que viven violencia de género.

Quiero decir que esta transversalización no implica solo hacernos cargo de demandas que largamente han existido en el mundo popular, sino también de imprimirles y de repensar cada una de estas demandas en su dimensión, en su impacto y en su alcance en términos de sexo y de género, porque para todas estas políticas —y así va a estar consagrado en el lenguaje de la nueva Constitución— vamos a hablar de mujeres, de disidencias y diversidades sexogenéricas, inscribiendo este proceso, uno de los procesos de mayor avance feminista de las últimas décadas, dentro de una perspectiva feminista deliberadamente transincluyente. Esto es parte ineludible de su potencia.

En un nuevo aniversario del nacimiento de Rosa Luxemburgo, compartimos la versión digital del libro La revolución es magnífica, coordinado por Hernán Ouviña y co-editado por Milena Caserola y la Fundación Rosa Luxemburgo. Este material colectivo es fruto de la educación popular y de un trabajo mancomunado basado en la formación y el diálogo de saberes, con el objetivo de traer al presente el pensamiento crítico y la acción política de esta revolucionaria que inspira nuestras luchas. Además de textos elaborados por organizaciones, movimientos y activistas de Abya Yala, que reflexionan desde sus territorios teniendo a Rosa como brújula, cuenta con ilustraciones de Ro Ferrer.

Para Rosa la revolución, lejos de ser un evento futuro, involucra una transformación integral que se inicia aquí y ahora, en el devenir de la vida misma. Implica combinar denuncia y anuncio, impugnación y vocación autoafirmativa, resistencia y edificación, realismo y utopía, ciencia y política, crítica e imaginación, arraigo y trashumancia, lucha sin cuartel y fantasía concreta. En esa senda, este libro busca resituar a las organizaciones y movimientos populares como intelectuales colectivos, que producen teoría, reflexionan, investigan, sistematizan, cartografían y forjan conceptos-de-lucha, para comprender y revolucionar la propia realidad que habitan y disputan a nivel cotidiano.

Descarga el libro aquí.

Para conseguir el libro en papel: https://milenacaserola.com/producto/la-revolucion-es-magnifica/ 

 

Punto Muerto Colectivo de fotógrafes

Durante los últimos días del mes de abril de 2022, la urbanista brasileña Raquel Rolnik nos acompañó en una gira por las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario para la presentación de su último libro editado en la Argentina, “La guerra de los lugares”.

Escribe: Camila Parodi
Fotos: Lucía Fernández Ares y Camila Parodi

La arquitecta Raquel Rolnik es investigadora y activista por los Derechos Humanos enfocada en políticas participativas de vivienda, hábitat y urbanización. A lo largo de su trayectoria impulsó políticas de vivienda popular y desarrollo local. Fue secretaria nacional de los Programas urbanos del Ministerio brasileño de las Ciudades y, en el año 2008, fue nombrada como Relatora Especial de las Naciones Unidas para investigar y visibilizar las denuncias de violaciones de Derechos Humanos en materia de vivienda.

Su visita se centró en el reciente lanzamiento, en la Argentina, de su último libro “La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas, coeditado por la Editorial El Colectivo y Lom Ediciones con apoyo de la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo.

La selección de las ciudades para la gira no fue azarosa: no sólo se tratan de las tres ciudades más grandes del país y, por ende, con mayor vulneración de derechos en torno al hábitat y la vivienda en la ciudad, sino que también cuentan con experiencias organizadas que disputan su derecho a la ciudad frente al proceso de especulación inmobiliaria y financiarización de la vivienda.

En ese marco, la propuesta contó con dos componentes, por un lado, la creación de instancias de exposición y presentación de las principales reflexiones de la arquitecta en diversas instituciones. Pero, también, espacios de intercambio de experiencias y construcción colectiva de conocimientos en organizaciones que resisten al avance del sistema inmobiliario y financiero sobre sus territorios. Una suerte de polifonía urbana que marcó las principales problemáticas en torno al acceso a la vivienda como derecho, la construcción social del hábitat y las resistencias populares a la especulación y financiarización sobre el suelo urbano.

 

Buenos Aires: Una ciudad para el deseo

El recorrido comenzó por la Ciudad de Buenos Aires con una mesa redonda en el Parque de la Estación. Un intercambio entre Raquel Rolnik junto a la activista trans y Subsecretaria de políticas de diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, la Arquitecta, e Investigadora del Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda, Guadalupe Realini, las investigadoras feministas y autoras del libro “Una lectura feminista de la deuda”, Verónica Gago y Luci Cavallero y la investigadora en políticas del hábitat, integrante del MOI y autora del libro “Autogestión, políticas de hábitat y transformación social”, María Carla Rodríguez.

 

 

En su intervención, Rolnik, sostuvo que la idea de la propiedad privada en la ciudad funciona como base del actual modelo político, una de las principales hipótesis del libro. “Hoy el proyecto de ciudad niega todo lo que es común y colectivo, lo que no es extractivo, lo que se opone a la vida y el cuidado” manifestó. Es así, que este modelo “determina la negación de otras formas de vínculo entre las personas y el territorio”. De esta manera, para la arquitecta brasileña, cualquier forma de “uso o apropiación del territorio que no es privada, es criminalizada”.

 

Compartimos la intervención de Raquel: 

 

En ese marco, el modelo se construye a partir de la vivienda como una mercancía y, en la actualidad, toma más fuerza aún como activo financiero. Por eso, para la autora de “La guerra de los lugares” es necesario hablar y llevar a la práctica formas de desfinanciarización de la vivienda: “En la ciudad estamos compitiendo con el capital financiero transnacional, por eso los precios de alquiler no tienen nada que ver” porque “el espacio funciona como vehículo de la financiarización”. En ese sentido, explica Rolnik, “hay que crear espacios libres de la financiarización para desmantelar al sistema capitalista donde el espacio y la vivienda tienen un rol central en los circuitos financieros mundiales”. El llamado es a la acción: “Proyectar, ocupar y apropiarse del espacio como bien común para la vida”, señaló.

 

 

A continuación, la arquitecta brasileña presentó su libro en la Legislatura de Buenos Aires junto a la Garganta Poderosa, Proyecto 7, CEAPI y CELS, y lxs legisladorxs Manuel Socias y Ofelia Fernandez. Allí Rolnik apuntó con una de las propuestas que sostendrá a lo largo de su gira: “Es muy necesario imaginar una acción, nuestra paralización ante este escenario muy distópico es parte del juego”. Y explicó que en la Ciudad de Buenos Aires, “hay mucho movimiento, cooperativas, organización de personas que viven en la calle, urbanización popular en las villas y necesita ser fortalecido.”

 

 

Córdoba: El encuentro para la organización 

Próxima estación Córdoba. La visita continuó por el barrio popular “Parque las Rosas” allí desde el Encuentro de Organizaciones acompañan el proceso de urbanización como una forma de resistencia y organización para ejercer su derecho a la ciudad. “Nos subimos a un colectivo, caminamos y caminamos hasta llegar a las afueras de lo que llaman ciudad capital” explicó Raquel Rolnik en su intervención en la Universidad de Córdoba. Destaca que allí existe un “esfuerzo descomunal de hacer ciudad” y que se debe, sobre todo, al liderazgo femenino que crea vínculos solidarios y colectivos para la vida.

El barrio Parque las Rosas, que comenzó como una toma de tierras se encuentra separado por un muro de tres kilómetros de largo que lo divide de un barrio privado. Para la arquitecta no hay metáfora: “¡Esa es la guerra de los lugares! Es una síntesis -y se pregunta- ¿estaremos en la misma ciudad?”. Su explicación es simple, “la pobreza y la  desigualdad son respuesta a la acumulación absurda de la riqueza”. La descripción es muy gráfica y nos habla del momento en el que nos encontramos donde, “conviven” un barrio con escuelas y centros comerciales, en frente de otro donde las personas (sobre)viven sin cloacas ni agua. Esa es la conexión que Rolnik quiere destacar: “Una existe porque la otra existe, los procesos de acumulacion presuponen procesos de desposeción y discriminación que se dan en una ciudad que fue dibujada desde una perspectiva blanca, europea y masculina”. Donde se oponen, la construcción de “paisajes para la renta” mientras resisten “los paisajes para la vida: esta es la guerra de los lugares” agrega. En la presentación “Toda casa es política” que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba junto a la arquitecta feminista Ana Falú, la militante del Encuentro de Organizaciones, Sandra González y la coordinadora de proyectos de la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo, Ana María Vásquez Duplat, Rolnik reforzó este enunciado.

A lo largo de la charla sostuvo que, si bien estamos en “La guerra de los lugares” es necesario comprender que “no solo hay acumulación y avance sobre nuestros territorios, también hay resistencias: Espacios protegidos que bloquean la financiarización para cuidar la vida”. Por eso, para la investigadora, no tenemos que ver “únicamente un proceso de desplazamiento”, hay que ver y acompañar al proceso paralelo “de ocupación, de construcción de vida y comunidad que no se organizan a través de la deuda». Una iniciativa que repite como mantra el lema brasilero: “Ocupar, resistir, producir”. Para Rolnik son formas de “existencia y vínculo con el territorio que experimentan que existe otra forma de vivenciar el planeta en medio de la crisis ambiental, política y sanitaria, es posible.»

 

Rosario: Resistencias presentes, ciudades futuras

Final del viaje, Rosario. La recorrida comenzó con una charla magistral en el Consejo Municipal de Rosario junto a lxs consejerxs María Eugenia Schmuck y Juan Monteverde. Allí la investigadora concluyó con una de sus propuestas principales: “Ya no existe una lógica financiera por un lado e inmobiliaria por el otro, ahora es un complejo financiero inmobiliario global. Es una muralla de dinero que baja en construcciones urbanas». Y es, precisamente en el complejo financiero inmobiliario, “donde está la conexión con la ciudad».

Para Rolnik, «la ciudad dejó de ser un lugar para vivir, para ser un lugar para la construcción de un paisaje para la venta». Por este motivo, “los precios de los alquileres en Argentina no tienen nada que ver con la inflación, aumentan en todo el mundo, estamos hablando del impacto de la financiarización. El espacio se ha convertido en un activo financiero”. Y agregó, desde Rosario, que “una parte muy importante del complejo financiero inmobiliario es el excedente producido por el narcotráfico en los territorios populares.»

En esta guerra de los lugares, como advirtió a lo largo de su gira, las redes de solidaridad y cuidado en los territorios populares son muy importantes. En ese sentido, su visita finalizó en el Barrio Nuevo Alberdi que se encuentra en un proceso de urbanización motorizado por la comunidad y la organización Ciudad Futura.

Allí, en la manzana 33 del Barrio Nuevo Alberdi -un espacio que resistió a un desalojo y logró su reconocimiento- una vecina le explica a la urbanista: «Éramos invisibles, nadie sabía dónde estábamos, no llegaban las ambulancias ni remises». Al organizarse frente al intento de desalojo, las vecinas lograron exigir el acceso a derechos básicos y la construcción de espacios para la comunidad. En el intercambio, Raquel Rolnik explica que luchar por la urbanización y organizarse es una forma de visibilizarse: «Luchar por la urbanización es luchar por existir» sostuvo. Para Rolnik, la organización y ocupación del territorio es una manera de existir. “Con la resistencia a los regímenes de control territorial -concluyó- se bloquean la entrada de los activos financieros y se construyen los paisajes para la vida.”

 

Raquel en el programa radial «Aquí y ahora, Nuevo Alberdi»:

 

Bonus track: Raquel Rolnik y Juan Grabois sobre la Ley de Alquileres

El paro feminista a escala global abarca el trabajo remunerado y no remunerado de mujeres y personas queer y pone en debate en qué medida ambos tipos de trabajo son interdependientes. En el paro feminista se unen así dos ámbitos que se suelen pensar y organizar por separado. Por eso mismo, hacer un paro feminista encierra un enorme potencial, pero también tensiones. ¿Qué diferencias existen en los abordajes, las lógicas y las culturas de movimientos y sindicatos? ¿Cómo pueden desarrollarse las alianzas para lxs activistas? Una experiencia concreta en Alemania aporta algunas pistas.

En 2019, impulsado por el proceso de organización de la primera huelga feminista hace 25 años en el país, sindicalistas, trabajadorxs y feministas autónomos confluyeron en el paro de la Clínica Universitaria de Jena, una ciudad de 100.000 habitantes en el Este de Alemania. Documentamos aquí sus aprendizajes respectivos a través de entrevistas para reflexionar sobre los logros y las tensiones que supone el diálogo entre los feminismos y el mundo del trabajo organizado a la hora de organizar la huelga.

Pueden descargarlo aquí.

Un cuadernillo para docentes que, junto a una serie audiovisual, busca acompañar y facilitar el abordaje de las relaciones entre pandemia, ambiente y alimentación. El material es también un aporte a las posibilidades que abre la nueva Ley de Educación Ambiental Integral.

Por Laura Delmonte y Lucía Maina Waisman para La tinta

Desde esta semana, docentes de espacios educativos formales y no formales pueden acceder a un cuadernillo para la Educación Ambiental Integral desarrollado a partir de la serie documental “Tierra sobre la mesa. De pandemias globales y cultivos locales”, recientemente estrenada por La tinta. Esta herramienta pedagógica nace en el contexto de una crisis sanitaria y ecológica que nos interpela como humanidad, desde el deseo de acompañar con palabras y sugerencias pedagógicas a quienes, día a día, intentan construir desde las aulas un mundo más justo, bonito y habitable. Desarrollado con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, el cuadernillo cuenta con una versión impresa y una versión digital de libre acceso disponible aquí.

Su objetivo es facilitar el trabajo con los contenidos de esta producción audiovisual en espacios educativos a partir de orientaciones, recursos y fuentes bibliográficas que promueven la reflexión y el debate sobre las relaciones entre pandemia, ambiente y alimentación. Se trata de una herramienta pedagógica para que educadorxs puedan imaginar modos posibles de abordar las problemáticas socioambientales de nuestro territorio, a partir del escenario para el debate que abre la nueva Ley de Educación Ambiental Integral.

En consonancia con la serie Tierra sobre la mesa -ganadora del Premio Adriana Schiffrin “Educación para la transformación socioambiental”-, este material aborda las problemáticas inherentes al modelo agroalimentario actual. Desde allí, busca también vislumbrar otros caminos posibles en la producción, distribución y elaboración de nuestros alimentos a partir de la experiencia de distintas organizaciones y territorios de la provincia de Córdoba.

El coronavirus no solo enfrentó a docentes y estudiantes a un nuevo contexto educativo fuera de la presencialidad, sino también al desafío de poner en palabras dentro del aula lo que nos estaba sucediendo como humanidad. Ante ello, Tierra sobre la mesa es retomada en este cuadernillo para ofrecer un enfoque ambiental de esta situación basado en la perspectiva de múltiples actores que entraman sus saberes, experiencias y campos de conocimiento.

En este sentido, se desglosan los temas de cada capítulo de la serie que permiten ahondar en cuestiones como la biodiversidad, los modos de producción en agricultura y ganadería, la distribución y el acceso a los alimentos, así como su dimensión cultural a través de la cocina. El cuadernillo complementa este contenido audiovisual con palabras claves, gráficos, así como fuentes y materiales académicos, artísticos, didácticos y periodísticos.

Por otro lado, bajo el título “Ver y pensar desde la escuela: una gran ocasión”, el material cuenta con orientaciones pedagógicas que abren diversas posibilidades para el encuentro con las imágenes dentro del aula. Se trata de planificar y potenciar el ingreso del recurso audiovisual en el espacio educativo para dar lugar a la creación y la construcción de sentidos, a partir de un lenguaje cada vez más presente en la vida cotidiana.

Una nueva ley, una oportunidad para el debate

La nueva Ley de Educación Ambiental Integral (LEAI), promulgada el año pasado, es una oportunidad pedagógica que abre nuevos horizontes para lo que se puede decir, pensar y problematizar al interior de las escuelas de nuestro país. Al igual que la Ley de Educación Sexual Integral, la norma plantea los contenidos de la Educación Ambiental Integral como transversales al currículum: se propone que los temas ambientales pasen a ser un problema de toda la ciudadanía y no que se asocien a un solo campo de conocimiento.

Sin embargo, a un año de la vigencia de la ley, la educación ambiental tiene una escasa o nula presencia en las políticas públicas, las instituciones educativas y la sociedad en general. En ese marco, este cuadernillo pretende ser una herramienta pedagógica para que la LEAI no quede en letra muerta y la cuestión ambiental encuentre un lugar de debate en escuelas, universidades, organizaciones, bibliotecas, etc.

Otra cuestión fundamental es el enfoque desde donde se invita a pensar los temas ambientales. Si bien la ley propone pensar desde el enfoque de la sustentabilidad, tanto en la serie como en el cuadernillo de Tierra sobre la mesa, se plantea una mirada crítica y colectiva, que escapa de la mera responsabilidad individual y pone el foco en los conflictos socioambientales actuales para repensar desde allí alternativas al modelo de desarrollo vigente.

Luis Fernández, especialista en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional, se pregunta acerca de esta ley: “¿Para qué tipo de educación ambiental se va a destinar? ¿Es para juntar tapitas o es para poner en tensión el propio modelo que el Estado desarrolla?”. Por su parte, el docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto especializado en agroecología, Claudio Sarmiento, plantea en el segundo capítulo de la serie Tierra sobre la mesa: “La sustentabilidad nos proponía dejar a nuestros hijos el mundo, al menos, en las mismas condiciones en que lo recibimos. ¿Pero de qué sirve que les dejemos el mundo con estos niveles de cambio climático? Hay que salir de eso. La regeneración es un desafío que supera a la sustentabilidad”.

El enfoque de esta herramienta pedagógica es también una invitación a reconocer el propio territorio, ya que se considera que las problemáticas socioambientales y los desafíos pedagógicos que estas conllevan son singulares y necesitan abordarse a partir de la realidad particular que rodea a cada comunidad y a la cotidianeidad que viven docentes y estudiantes.

 

Pueden descargar el cuadernillo aquí. 

 

En el Día Internacional de los trabajadores y de las trabajadoras, junto a diversas editoriales nucleadas en TyPEO, seleccionamos fragmentos de libros que nos permiten dar cuenta de las luchas que la clase obrera realizó y realiza para alcanzar su emancipación en todo el mundo.

En ese marco, una de las obras leídas fue «Poder Obrero», recientemente editada por la Editorial El Colectivo con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo y cuyo adelanto web pueden descargar aquí. También se leyeron fragmentos de «¿Qué es la economía popular?», libro también editado junto a El Colectivo.

 

El encuentro fue en la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires. Participó Tomas Bradley de La Lija como músico invitado. Las lecturas estuvieron a cargo de Federico García y Georgina Andino.

Compartimos dos fragmentos de lecturas:

Evento 1: Repensar la Agricultura: Desintoxicando nuestra Alimentación y nuestra Agricultura

¿Por qué se requiere el uso de agrotóxicos en la agricultura? En este evento se analizará el modelo de la agricultura industrial basada en el uso de insumos químicos como los fertilizantes artificiales y los agrotóxicos. En contraposición se mostrará que existen prácticas agrícolas alternativas en todo el mundo. ¿Cómo podría transitarse a una agricultura sin plaguicidas y con qué implicaciones productivas y económicas?  ¿Cuáles son estas alternativas y de qué manera podrían replicarse en comunidades
agrícolas de gran alcance?

Ponentes:
Paul John Dizon – Nagkahiusang Mamumuo sa Suyafa Farm (NAMASUFA), Trabajadores Agrícolas Unidos de la Granja, Filipinas
Santiago Sarandón -Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) y Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Argentina
Angelika Hilbeck – ETH Zürich, Suiza
Dinesh Abrol – All India Peoples Science Network (AIPSN), India

Moderación:
Refiloe Joala – Fundación Rosa Luxemburgo Sudáfrica
Patricia Lizarraga – Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur

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Evento 2: Los costos humanos y medioambientales del uso de agrotóxicos

Los gigantes de los agrotóxicos mantienen una narrativa científica particular y reducida sobre los impactos de los agrotóxicos, posicionada gracias a una fuerte inversión en publicidad. Sin embargo, las personas en los territorios ven y experimentan sus impactos de distintas formas. Este evento presenta y analiza los impactos de los agrotóxicos en la salud humana y el medio ambiente, a partir de experiencias desde el territorio y con un enfoque especial en las vivencias de las mujeres. ¿Cuáles son los efectos reales de los agrotóxicos y quiénes son las víctimas directas de su uso? ¿Cómo podemos desafiar la narrativa hegemónica que minimiza los impactos de los agrotóxicos en la salud y amplificar las voces de las personas afectadas?

Miércoles 8 de junio a las 9 am (Arg)

Ponentes:
Damian Verseñazzi – Director del Instituto de Salud Socioambiental (INSAA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Argentina
Colette Solomon – Women on Farms Project, Sudáfrica
Nining Elitos – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Indonesia

Moderación:
Ayi Kaario – Ayi Kaario, Fundación Rosa Luxemburgo Sudeste Asiático

 

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Evento 3: Regulaciones insuficientes y doble Estándar en el sector de los agrotóxicos

A la fecha, sólo alrededor del 3,3 % de los componentes activos de los agrotóxicos utilizados y comercializados en todo el mundo están sujetos a una normativa vinculante. Diversas regulaciones en distintos países permiten a las empresas vender sus productos a países con normativas más débiles si, por ejemplo, dejan de estar permitidos en la Unión Europea.
Casi el 60 % de los agrotóxicos altamente peligrosos se venden en «países en desarrollo y emergentes».
¿Por qué los plaguicidas y los componentes activos prohibidos en ciertas partes del mundo se siguen vendiendo en otras? Este conversatorio analizará el régimen de regulación de los agrotóxicos en diferentes regiones del mundo. ¿Qué acuerdos importantes existen actualmente para regular el comercio y el uso de agrotóxicos? ¿Cómo puede organizarse la gente y hacer campaña por una normativa justa?

Miércoles 6 de julio a las 9 am (Arg)

Ponentes:
Lis García – BASE-IS, Paraguay
Sarojeni Rengam – Red de Acción contra los Plaguicidas en Asia y el Pacífico (PAN-AP), Malasia
Lena Luig – INKOTA, Alemania
Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, Brasil

Moderación:
Jan Urhahn – Fundación Rosa Luxemburgo Sudáfrica
Tauqueer al Sabri – Fundación Rosa Luxemburgo del Sudeste Asiático

Requiere inscripción previa en: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EhD-B1qmSR2jL2uCkTJDFQ

 

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Escribe:

Foto Felipe Figueroa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.

 

Luego de nueve meses de funcionamiento, la Convención Constitucional avanza a paso firme en la redacción de la nueva Constitución. A la fecha de redacción de esta nota, el borrador de la nueva Carta Magna cuenta con más de 200 artículos, aprobados todos por un quórum superior a los dos tercios del Pleno de la Convención.

Estos artículos son fruto del trabajo de siete Comisiones Temáticas: la comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral; la comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía; la comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad y Justicia Territorial; la de Derechos Fundamentales; la de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico; la comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional y la de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

Los artículos aprobados para el borrador de la Nueva Constitución, que ya han sido aprobadas en general y en particular por el Pleno de la Convención Constitucional, nos permiten identificar una «columna vertebral» que se expresa en distintos artículos a lo largo de todo el texto. El artículo 1 de la Nueva Constitución, aprobado por el Pleno de la Convención, es una síntesis de ello:

Artículo 1. Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico.

Se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.

La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.

Desmantelar el neoliberalismo y garantizar derechos sociales

La caracterización de Chile como un Estado Social es la piedra angular para desmantelar el sistema neoliberal constitucionalizado en la Constitución de 1980, a la cual subyacía el principio de subsidiariedad, que se expresó en una subordinación del Estado respecto al mercado, reduciendo su rol a subsidiar la actividad privada incluso en la provisión de derechos sociales como educación, salud y seguridad social, los cuales fueron mercantilizados.

Consagrar el Estado Social es un paso para dejar atrás las políticas neoliberales, haciendo avanzar al Estado en dos importantes dimensiones: su rol en garantizar los derechos sociales a través de instituciones públicas y un rol activo en la economía.

Sobre los derechos sociales, las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales (que todavía deben ser aprobadas) consideran como deber del Estado no solo garantizar estos derechos sino crear institucionalidad pública. Por ejemplo, para el derecho al cuidado se dispone la creación de un Sistema Integral de Cuidados; en el derecho a la vivienda, se dispone un rol activo del Estado en desarrollar el diseño y construcción de éstas, sumada a la administración de un Banco de Suelo Público; en el derecho a la salud se consagra un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado; mientras que en el derecho a la educación se habla de un Sistema de Educación Pública. Estos son pasos importantes para fortalecer lo público y desmercantilizar los derechos.

Sobre el rol activo del Estado en la economía, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico ha aprobado normas para cambiar los principios que reconoce la iniciativa pública del Estado en la actividad económica, pudiendo adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización para desarrollar su actividad empresarial, y pudiendo también reservarse la provisión exclusiva de bienes o servicios cuando así lo exigiere el interés general; la recuperación de los bienes comunes naturales explotados hoy por privados, como ocurre con las aguas, las sustancias minerales; y una reorientación de la política fiscal, fundando un sistema tributario basado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad.

Hacia una democracia participativa

Otra profunda crítica al Estado actual es la existencia de una democracia restringida o de baja intensidad, tutelada por las Fuerzas Armadas hasta la reforma constitucional del año 2005 y restringida por enclaves autoritarios hasta la actualidad, como lo son el Tribunal Constitucional, quórums contramayoritarios en el Congreso y la falta de mecanismos de democracia directa y participativa.

En la nueva Constitución, la democracia se caracteriza como una democracia inclusiva y paritaria que se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Además, ha sido acompañada por la consagración de instituciones de democracia directa, como los plebiscitos regionales y comunales. Falta que se vote la segunda propuesta constitucional sobre mecanismos como las iniciativas populares de ley, referéndums revocatorios de autoridades públicas y derogatorias de ley, entre otras instituciones que debiesen aprobarse por el pleno en los próximos días.

En cuanto a la democracia representativa, la Comisión de Sistema Político ha decidido mantener el régimen presidencial pero disminuyendo la intervención del Poder Ejecutivo en la elaboración de las leyes, siendo el cambio sustancial la pérdida de atribuciones en materia de iniciativas exclusivas de ley para la Presidencia de la República.

En cambio, el Poder Legislativo experimenta importantes cambios. De un régimen bicameral simétrico, donde el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados concentraban las mismas atribuciones para el proceso de formación de ley —pero el Senado, además, tenía importantes atribuciones para el nombramiento de altas autoridades de la República—, se está pasando a un régimen de bicameralismo asimétrico.

Este nuevo régimen concentra el impulso político en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuya composición será paritaria y con escaños reservados, asemejándose mucho más a lo que hoy es la Convención Constitucional que a la actual Cámara de Diputadas y Diputados. En cuanto a sus atribuciones (pendientes de aprobación por el pleno), concentra la iniciativa en materia legislativa, mientras que el Senado llega a su fin, dando paso a una Cámara de las Regiones, de composición paritaria y plurinacional, la cual concurre en la formación de leyes de acuerdo regional en materias que hasta el momento están relacionadas solo a la Ley de Presupuestos, Sistema Electoral y división administrativa y territorial del Estado. Este cambio ha sido criticado por las élites políticas, quienes ven como llega a su fin un reducto de la oligarquía desde el cual se ha gobernado el país en los últimos 200 años.

Otra importante expresión de este nuevo Estado Democrático es la descentralización política, administrativa y financiera reflejada en la construcción de un Estado Regional y en un aumento del poder local para los Municipios Autónomos. La territorialización de las decisiones políticas también es parte de un Estado Democrático, dejando atrás el Estado unitario y descentralizado, cuya existencia no se remonta a la Constitución de 1980, sino que es una característica histórica en la tradición política y constitucional de nuestro país.

Asimismo, la democratización de las instituciones no solo se reduce a aquellas consideradas «más políticas», sino también a los Sistemas de Justicia, poniendo fin a su estructura jerarquizada y ampliando la dirección administrativa y de nombramiento a una institución más democrática, como lo es el Consejo de la Justicia. Asimismo, en algunos órganos autónomos se está avanzando de direcciones unipersonales, que dependen en gran parte del Poder Ejecutivo (como ocurre con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y en la institucionalidad sobre Derechos Humanos) a consejos superiores colegiados, donde existe intervención de la sociedad civil y del Congreso en los nombramientos.

Finalmente, como uno de los avances más importantes de este proceso y destacado a nivel mundial, aparece la consagración de la democracia paritaria, instalándose como un piso para la participación de las mujeres no solo en los cargos de elección popular, sino en toda la institucionalidad estatal.

Comenzando a reparar 500 años de despojo

La plurinacionalidad ha sido uno de los principales proyectos políticos en esta Convención Constitucional y se está expresando en la Convención Constitucional como el reconocimiento de la existencia de pueblos y naciones preexistentes que habitan el país y, sobre todo, en el reconocimiento a su libre determinación, lo cual implica el derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales.

Expresión de este principio general es el reconocimiento constitucional al derecho a su autonomía y autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua; el reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Se expresa también en el reconocimiento a los Sistemas Jurídicos Indígenas, cuestión que existe en otros países del mundo pero que es inédita para Chile. A nivel territorial, la Comisión de Forma de Estado propuso el reconocimiento a los territorios indígenas autónomos como fórmula para el ejercicio de la libre determinación, pero aún no ha sido aprobada por el pleno de la Convención. En la misma situación se encuentra la consagración del derecho a la tierra y el territorio y a la gestión sobre los bienes comunes naturales en sus territorios, que será votado en los próximos plenos.

La interculturalidad, como principio fundamental de la Nueva Constitución, consiste en el reconocimiento, valoración y promoción del diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. El Estado deberá́ garantizar los mecanismos institucionales que permitan ese diálogo superando las asimetrías existentes en el acceso, distribución y ejercicio del poder y en todos los ámbitos de la vida en sociedad.

En otras comisiones esto se ha expresado en la forma en que se trabajan derechos tales como el derecho a la educación y a la salud intercultural, a la vivienda con pertenencia cultura, como también al reconocimiento a sus sistemas de conocimiento.

Finalmente, la plurinacionalidad se reconoce por el sistema político a través de escaños reservados, tanto en elecciones locales, regionales y nacionales; como también en la integración de personas pertenecientes a pueblos indígenas en toda la institucionalidad, incluyendo al Consejo Nacional de Justicia, por ejemplo.

Relación indisoluble entre la Naturaleza y las personas

La Convención Constitucional inició su trabajo reconociendo que lo hacía en un contexto de crisis climática y ecológica, una definición fundamental de cara a los desafíos del siglo veintiuno. La primera norma constitucional aprobada en esta línea fue el deber del Estado de adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica.

Otro importante avance es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la cual tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Lo anterior también se expresa en una serie de normas que reconocen como límites al ejercicio de determinadas actividades económicas e incluso el ejercicio de derechos o libertades la protección del medio ambiente y la Naturaleza.

La Naturaleza como sujeta de derechos también afecta el régimen de propiedad sobre la misma, en la medida en que deja de ser un «recurso natural» y se avanza al reconocimiento de la existencia de bienes comunes naturales que son inapropiables y que solo se pueden usar, manteniendo la armonía de los ecosistemas. Los principales avances en esta materia se dan en la regulación sobre las aguas, la cual pasa a ser un bien común inapropiable, reconociendo su carácter de esencial para la vida y priorizándose sus usos.

También se han realizado propuestas normativas por la Comisión de Medio Ambiente para consagrar un estatuto constitucional cada uno de los bienes comunes naturales existentes, como las aguas, las minas, los bosques y el suelo, la atmósfera, entre otros.

Finalmente, se plantea una normativa relacionada a los derechos humanos ambientales, reconociendo como punto de partida el Tratado de Escazú, consagrando la justicia ambiental, entendida como un derecho al acceso a la información pública sobre materia ambiental, el acceso a tribunales para defender los derechos de la Naturaleza y derechos humanos, y el derecho a la participación popular en la toma de decisiones sobre proyectos que causen impacto en los ecosistemas. En cuanto al rol de custodio, existe una propuesta para tener un órgano autónomo encargado de la Defensa de los derechos de la Naturaleza y otro encargado del sistema de evaluación ambiental, denominado hasta el momento Consejo Autónomo del Medio Ambiente.

Perspectiva feminista

Aun cuando no es parte de la definición del Estado por sus propias características propias, sí es posible señalar que la Nueva Constitución tiene una perspectiva feminista de avanzada a nivel mundial y que es expresión de la potencia feminista en el país, cuyo núcleo son organizaciones feministas que han sido claves también en el desarrollo de esta Convención Constitucional.

Esta perspectiva en la Comisión sobre Principios Constitucionales se ha expresado en la norma sobre igualdad sustantiva, la cual señala que la nueva Constitución asegura especialmente la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil.

En la Comisión sobre Sistema Político esta perspectiva se ha expresado en las normas sobre democracia paritaria, estableciendo como mínimo democrático la participación de mujeres en todas las instituciones del Estado como un piso y no como un techo.

En la Comisión sobre Sistemas de Justicia ya se aprobó un artículo sobre la perspectiva de género como principio del Sistema Nacional de Justicia, expresándose en la paridad de la institucionalidad de justicia, como también en la aplicación del enfoque de género por parte de todos los tribunales. Esto es complementado con la perspectiva de interseccionalidad que aplicará a todo el Sistema Nacional de Justicia.

Asimismo, la Nueva Constitución se transformará en la primera a nivel mundial en reconocer como parte de los derechos sexuales y reproductivos la interrupción voluntaria del embarazo, fruto de la iniciativa popular de norma constitucional «Será Ley». Tal como señalaban las feministas, lo que el Congreso les negó lo consiguieron con dos tercios en la Convención Constitucional. Esta norma de derechos sexuales reproductivos se ve complementada por una norma sobre educación sexual integral y también por el derecho a la identidad. Estas normas mencionadas son expresión de esta perspectiva que estará a lo largo de toda la Convención Constitucional.

Avanzan los pueblos y los sectores populares

Si bien no existe un documento con un plan detallado de lo que será la Nueva Constitución, estas definiciones son parte de las plataformas de lucha que históricamente han levantado los pueblos y organizaciones populares de nuestro país. A este proceso constituyente cuesta verle las piernas, pero sin lugar a dudas, es un proceso que camina.

Esto ha significado el ataque sistemático por parte de las élites económicas y políticas, expresadas en su maquinaria mediática, quienes no han parado ni un día en desprestigiar el trabajo de la Convención Constitucional. Los primeros meses la consigna de los poderosos fue que las y los convencionales eran «flojos» y «no trabajaban». Mientras que una vez presentadas las propuestas normativas y aprobados los primeros artículos del proyecto de Nueva Constitución, los epítetos son de «maximalistas», «revanchistas», «ignorantes» y un largo etcétera.

Lo cierto es que esta Convención Constitucional está cristalizando una correlación de fuerzas en el campo político y social, que es expresión de la Revuelta Popular de 2019. No se trata de un proyecto maximalista ni refundacional, sino de un cambio institucional que permite la apertura política para que el neoliberalismo agotado vaya quedando atrás.

A pesar de la fuerza popular y social demostrada en la Revuelta, aún no hay cambios institucionales que amplíen la democracia ni dejen atrás el Estado subsidiario. La aprobación de la Nueva Constitución será solo el punto de partida para avanzar hacia un sistema político, económico, social y cultural que se pueda decir Solidario, Democrático, Ecológico, Feminista, Plurinacional e Intercultural.

En el Plebiscito de Salida, fechado para el 4 de septiembre de 2022 —el mismo día, pero 52 años después del triunfo popular de Salvador Allende— los pueblos tendrán que decidir en las urnas si esta Nueva Constitución se aprueba o rechaza. Más allá de las especulaciones sobre el resultado del plebiscito, vale bien recordar las palabras de Allende, que aportan una de las pocas certezas que se pueden tener en tiempos convulsos: los procesos sociales no se detienen.

Argentina ha sido y es, dentro de la región, un campo de experimentación para las empresas transnacionales, y hoy coexisten, aquí y en gran parte del mundo, dos formas antagónicas y conflictivas de concebir lo agrario: las cadenas agroindustriales del agronegocio, y los sistemas alimentarios campesinos, indígenas y de la agricultura familiar que aspiran a la construcción de la Soberanía Alimentaria.

En este cuadernillo intentamos traducir la complejidad de estos sistemas antagónicos de producción, distribución y consumo de alimentos: descifrar sus principales características y dinámicas y, sobre todo, hilvanar los impactos concretos, materiales de esos sistemas en la vida de los pueblos.

Autores: Marcos Filardi y Fernando Frank
Coordinación: Patricia Lizarraga
Diseño e infografías: Sebastián Damen

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