Tribunal reconoce que la justicia canadiense tiene jurisdicción para que los demandantes ecuatorianos prosigan el proceso de homologación la sentencia que ganaron los 30.000 indígenas y campesinos a la petrolera Chevron, al comprobar su responsabilidad sobre los daños ambientales, provocados en sus territorios.

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Foto: ChevronToxico.com


Por UDAPT*
Quito 4 de septiembre de 2015. Tras ocho meses de espera, la Corte Suprema de Justicia de Canadá ratificó el fallo emitido en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones de Ontario, en el que reconoce que la justicia canadiense sí tiene jurisdicción para que los demandantes ecuatorianos prosigan el proceso de homologación la sentencia que ganaron los 30.000 indígenas y campesinos a la petrolera Chevron, al comprobar su responsabilidad sobre los daños ambientales, provocados en sus territorios.
El fallo emitido por el Tribunal de segunda instancia, reconoce que las víctimas ecuatorianas podrían ejecutar la sentencia que exige el pago de USD 9.500 millones a Chevron por la contaminación que afectó a la Amazonía ecuatoriana. Esta resolución fue notificada a las partes el 17 de diciembre del 2013.
Para Humberto Piaguaje, Coordinador de la UDAPT (Unión de Afectados/as por Texaco), esta es una de las resoluciones más significativas que han logrado los demandantes ecuatorianos, luego del dictamen de sentencia en su favor y las respectivas ratificaciones. Con este dictamen los afectados de Ecuador “luego de 22 años podremos realizar las acciones para cobrar la sentencia a Chevron e iniciar inmediatamente la reparación de nuestros territorios”, dijo el líder de los afectados.
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Canadá constituye una de las mayores derrotas para Chevron según Piaguaje, ya que demuestra que “la justicia canadiense opera efectivamente y cada país es independiente y soberano, por lo que la intención de la petrolera de extender un maladado fallo de una Corte norteamericana para evitar el pago de la sentencia, no va a ser posible en cortes soberanas”, refiriéndose a la sentencia emitida por el juez de Nueva York, Lewis Kaplan, que faltando al debido proceso, dictaminó que existía colusión de los afectados ecuatorianos, para “extorsionar” a la compañía.
Cabe destacar que los jueces que conformaron el segundo circuito reconocen que: “después de todos estos años, los demandantes ecuatorianos merecen tener el reconocimiento y que la ejecución de la sentencia ecuatoriana sea escuchada en una jurisdicción apropiada». «En esta coyuntura, Ontario es esa jurisdicción”.
Pablo Fajardo, abogado de los ecuatorianos explicó que la resolución emitida por el Tribunal Supremo canadiense “permitirá homologar la sentencia fijada por la Corte Nacional de Justicia (Ecuador), toda vez que por acciones judiciales de Chevron, ante las cortes de Estados Unidos, existe un impedimento para homologar la sentencia ecuatoriana en las cortes de ese país, que es donde radica la matriz de la petrolera”. Fajardo recordó que en Canadá, Chevron mantiene activos por más de 15 mil millones de dólares, lo que permitiría restaurar una de las zonas de mayor importancia para el equilibrio del ecosistema mundial.
Este dictamen fue festejado por los miembros de la UDAPT, entre ellos Mariana Jiménez, mujer que ha liderado la organización desde su inicio y que considera que la aceptación de la justicia canadiense para el trámite de homologación es “mirar una luz al final del túnel”, luego de 22 años de litigio. Mariana confiesa que a pesar del “largo y tortuoso proceso”, nunca perdió la fe, “porque la causa es justa”.
El Subcoordinador de la UDAPT ,Oscar Herrera aprovechó para hacer un llamado a la sociedad internacional, a seguir uniéndose en esta batalla, que reviste un gran significación en la exigencia de los derechos humanos de los afectados del mundo.
* Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) 

La oficina andina de la Fundación Rosa Luxemburgo conjuntamente con el Grupo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, les invitan a escuchar en vivo el foro debate Democracias en disputa – izquierdas y transformación social, que se desarrollará el 2 y 3 de septiembre con numerosos ponentes internacionales y mesas de debate.
Se discutirán las perspectivas de una radicalización de la democracia en América Latina, la relación histórica y actual de las izquierdas con la democracia, el papel de la democracia en las diferentes estrategias de transformación social.
Se puede escuchar el streaming aquí.
 
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Democracias en disputa

La crisis múltiple generada por la civilización capitalista en el mundo ha llevado a restricciones  y resignificaciones drásticas de la democracia. En este foro, queremos analizar y discutir desde la experiencia histórica de las izquierdas y a partir  de las luchas populares en diferentes países qué tipos de democracias queremos impulsar. ¿Qué estrategias podemos ensayar para recuperar, ampliar y radicalizar la democracia? ¿Por qué el ámbito de la economía queda por fuera de la deliberación democrática? ¿Qué desafíos representa la transformación social democrática para las izquierdas? Son algunas de las preguntas que serán abordadas. La entrada es libre.

Auditorio Camilo Torres Restrepo, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional
Miércoles 2 y  jueves 3 de septiembre de 2015
Bogotá

Miércoles 2 de septiembre
Sesión 1/ 2pm-4:30pm
Palabras de bienvenida
Genaro Sánchez Moncaleano, Decano académico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. UN
¿Por qué y de qué manera queremos resignificar los conceptos y prácticas democráticas hoy en nuestro continente? 
Introducción y presentación
Miriam Lang, Alemania/Ecuador
Conferencias
La constituyente y el proceso de paz – Piedad Córdoba, Colombia
Radicalizar la democracia en América Latina – Luis Tapia, Bolivia
Modera: Sandra Rátiva, Colombia

Sesión 2/ 4:30 pm-7 pm
Razón económica: ¿el límite de la  democracia?
Conferencia
Extractivismo y democracia – Eduardo Gudynas, Uruguay
Mesa de debate
¿Cómo extender la democracia a lo económico y superar la división entre economía y política para hacer viables las alternativas al desarrollo? – Verónica Gago, Argentina, Javier Gómez, Bolivia  y Lizeth Vargas, Venezuela
Modera: Edgardo Lander, Venezuela

Jueves 3 de septiembre
Sesión 3/ 9am-1pm
Palabras de bienvenida
Catalina Toro Pérez, Directora de Departamento de Ciencias Políticas, Universidad Nacional.
¿Qué desafíos enfrentan las izquierdas en la construcción democrática de alternativas de sociedad? 
Conferencias
La difícil relación histórica de las izquierdas con la Democracia – Klaus Meschkat, Alemania
La experiencia de Nicaragua: de la Revolución Armada a la Involución Democrática – Mónica Baltodano, Nicaragua
Procesos democráticos de izquierda en las luchas colombianas – Marylen Serna, Colombia
Izquierdas, populismos y democracia. Dilemas de una relación histórica – Maristella Svampa, Argentina
Modera: Catalina Toro Pérez, Colombia

Sesión 4/ 2pm-5:30 pm
¿Cómo se profundiza la democracia a partir de las diferentes estrategias de lucha?
Mesa de debate
Dilemas y tensiones entre transformar desde arriba y transformar desde abajo – Pablo Ospina, Ecuador. Elisa Vega, Bolivia. Alexandra Martínez, Venezuela. Sergio Tischler, México.
Moderan: Karin Gabbert, Alemania y Miriam Lang, Alemania/Ecuador

4:30 pm-5 pm
Conferencia
¿Cómo superar, desde una perspectiva feminista, la dicotomía economía-política? – Silvia Federici, EEUU/Italia
Modera: Dunia Mokrani, Bolivia

Receso
Lanzamiento de publicaciones
6pm -8pm
La osadía de lo nuevo – Alternativas de política económica
Presentación
Alberto Acosta, Ecuador
Comentario
Tatiana Roa, Colombia

¿Cómo transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa
Presentación
Sandra Rátiva, Colombia. Edgardo Lander, Venezuela
Modera: Claudia López, Bolivia

Se entregarán los libros de manera gratuita

Por Diego Verón de Astrada(*)
Jerovia – Revista de Política Internacional

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jerovia2Papel y relación de los medios de comunicación y el poder político en la actualidad de nuestra región 

«En la actualidad está comúnmente aceptado que la concentración de medios en manos de unos pocos es dañina, porque afecta no solo a la libertad de expresión y la democracia, sino también al pluralismo informativo y a la fuente de trabajo. La concentración de medios conspira contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

En general la reinstalación del debate sobre el papel de los medios de comunicación en nuestro continente se da en el marco de su actuación y en su relación con los gobiernos progresistas y las fuerzas democráticas de la región. Al haberse dado un desgaste de los partidos políticos de derecha, fueron y son los medios de comunicación los que ocupan este lugar.
(…) Como en Argentina, los medios que fueron parte de la dictadura continuaron siendo hegemónicos durante la democracia. Los medios que hoy son los más poderosos nacieron, crecieron y se fortalecieron durante la dictadura. Como ejemplo claro de su relación con las dictaduras, en el año 2009, durante el gobierno de Fernando Lugo, el diario ABC Color (medio de mayor tirada impresa en el país) todavía justificaba el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, justificaba el asesinato de un presidente electo. Y así incitaba a un levantamiento de las fuerzas armadas en Paraguay “porque Lugo estaba yendo por el camino de Allende”. Los medios de prensa del Paraguay tienen un posicionamiento ideológico marcadamente autoritario con una faceta mucho más alevosa que otros medios de la región. Legado probable de una prensa vinculada muy directamente con una dictadura que duró 35 años.
En Paraguay, dos medios de comunicación definen la agenda política nacional. El resto se dedica a reproducir, profundizar y actualizar, aún en el mismo orden de prioridad, sus contenidos. Estos medios son: el diario ABC Color y el diario Última Hora, ambos pertenecientes a dos de los mayores grupos empresariales del país. El primero, del grupo Zuccolillo, es el diario de mayor circulación y su poder se funda principalmente en los vínculos empresariales, del grupo. El segundo, del grupo Vierci además de estar ligado al poder de un fuerte conglomerado de empresas, es parte del mayor y de más rápido crecimiento holding de medios del país que incluye revistas, sitios web Los diarios marcan la agenda del día (en el caso de campañas pueden ser semanas). La radio actualiza y profundiza. La televisión se juega sobre todo a generar rating a través de contenidos sensacionalistas. Aun así, en sus contenidos políticos (un poco más relevantes en época de definiciones como las elecciones o un juicio político), se adhieren sin más a los intereses de los grupos empresariales.
Los vínculos económicos de los medios de comunicación le garantizan una total impunidad en casos de difamación y calumnia. Ninguno de ellos tiene un ombudsman. El ciudadano común se encuentra completamente desprotegido ante ellos. Sus campañas contra todo tipo de pensamiento crítico o disidente no sólo significan violencia simbólica, sino que se pueden convertir en una forma de represión física (…)».
Lea el artículo completo.
(*) Secretario de Comunicación del Frente Guasu

Jerovia – Revista de Política Internacional
Agosto 2015 – Año 1 – 002
Corrales 3441 esq Acá Caraya
Asunción, Paraguay
[email protected]
www.jerovia.org

El abogado Paulo Darío Aguayo asumió hoy la defensa de Lucía Aguero y pidió tiempo para interiorizarse de los antecedentes

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Homenaje a los muertos de Curuguaty. Foto: Daniel Santini.


Asunción, 26 de agosto (BASE IS). El juicio del controversial caso de la masacre de Curuguaty se reanudó esta mañana, luego de un receso de varias semanas, pero volvió a posponerse hasta el 2 de setiembre.
Al iniciar el proceso esta mañana se presentó el abogado Paulo Darío Aguayo para representar a la acusada Lucía Aguero. Seguidamente, el abogado pidió tres días de receso para estudiar los antecedentes para realizar su trabajo.
Después el abogado defensor de los demás campesinos y campesinas acusados, Víctor Azuaga, dijo que el desarrollo del procesoesta mañana no tenía razón de ser, puesto que días atrás había presentado un pedido de nulidad contra la resolución de una Cámara de Apelaciones que confirmó al tribunal del caso. Y que mientras esto no se resolviera, el juicio no podía seguir su curso.
Ambos defensores, Aguayo como Azuaga, pidieron al tribunal que el juicio cuente con intérpretes del idioma guaraní; Azuaga elevó otras peticiones, como que el proceso se desarrolle en el auditorio de la Corte Suprema y que la seguridad de la sala del juicio ya no sea resguardada por policías sino por militares.
El fiscal acusador Jalil Rachid consideró la cuestión de la nulidad no resuelta como irrestrictible, por lo que calificó de acción dilatoria el incidente y pidió al tribunal elevar estos antecedentes a la Superintendencia de la Corte Suprema.
Luego de receso de poco más de una hora, el tribunal emitió su parecer sobre estas peticiones. Decidió suspender el juicio por una semana para que Aguayo se ponga al tanto del proceso, comunicó que intérpretes acreditados ante la Corte Suprema asistirían a los y las acusados y rechazó el pedido de Rachid de elevar antecedentes de las supuestas estrategias dilatorias de la defensa.
En tanto que negó a la defensa el cambio de militares por policías, rechazando el argumento que la policía es parte interesada; denegó el cambio del juicio al auditorio de la Corte aludiendo que tiene reservas llenas y sobre el incidente de nulidad, dijo que pedirían informes a la Corte Suprema, dando a entender que no estaban al tanto del pedido.
El tribunal del caso está compuesto por los jueces Ramón Trinidad Zelaya (presidente), Benito González y Samuel Silvero.

Para saber más
La tragedia de Curuguaty es descrita así en el Informe Marina Kue, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy): «El 15 de junio de 2012, durante un procedimiento fiscal y policial en una ocupación de tierra en el distrito de Curuguaty (departamento del Canindeyú, en el noreste del Paraguay), se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los civiles ocupantes, con el resultado de once campesinos y seis agentes de policía muertos y un número aún indeterminado de heridos por arma de fuego. Este incidente generó una situación de crisis de derechos humanos que rápidamente se transfirió a una crisis política de efectos perdurables que, como consecuencia inmediata, conllevó la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo Méndez y el quiebre del orden democrático constitucional instaurado en el 2008, tras la victoria electoral de una alianza política compuesta por sectores democráticos de centro derecha y de izquierda, al que se sumaban además organizaciones sociales»
Para saber más sobre el caso, vale conferir lo que publicó Serpaj-PY, conferir los especiales Curuguaty: Pueblo Mba’e y ¿Qué pasó en Curuguaty?, además del documental Desmontando Curuguaty, que puede ser visto abajo:

 

Por Sam Gindin y Leo Panitch
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Piense en una fábrica en la que los propietarios de la empresa han tratado con dureza e injustamente a sus trabajadores, mientras los dirigentes sindicales no hacían nada o incluso eran cómplices. Muchos de los trabajadores de esa fábrica han resistido, han parado la producción un par de horas y ocupado una sección de la fabrica varios días.
Finalmente, para negociar un nuevo convenio colectivo, los trabajadores eligen a un nuevo comité de empresa con mayoría de un sindicato radical. Las negociaciones se prolongan durante muchos meses y, en última instancia, los dirigentes sindicales piden que se vote la huelga y obtiene un abrumador apoyo.
Vuelven a la mesa de negociaciones esperando que ese nuevo mandato va a cambiar la actitud de la patronal, y lo hace – pero no como el sindicato esperaba. Por el contrario, los patronos dicen: «Bueno, eso es todo; vamos a  cerrar la fábrica. Es evidente que a pesar de todos nuestros esfuerzos estos últimos años, los trabajadores nunca serán lo suficientemente disciplinados como para generar beneficios».
Ante el cierre inminente y preocupados por los empleos de sus afiliados, la nueva dirección del sindicato de mala gana firma el nuevo convenio colectivo que incluye cláusulas aún más dura que antes. No intentan endulzar lo ocurrido: «Es un mal acuerdo, pero mantienen abierta la fábrica».
Aunque la nueva dirigencia sindical sigue siendo popular, muchos afiliados están molestos, gritan «traición», se concentran delante de la oficina del sindicato, y exigen que se ocupe la fábrica y sea dirigida por el sindicato.
Los dirigentes sindicales dicen que no va a funcionar: dejando a un lado la posibilidad de que los propietarios de la fábrica llamen a la policía, existe el problema de los contratos cancelados, la falta de fondos de inversión para reconvertir la fabrica para otras líneas de producción más viables, etc….
«Todo lo que podemos hacer», dicen, «es resistir, con la esperanza de conseguir más apoyo solidario la próxima vez de los trabajadores de otras plantas de la empresa, y tratar de extender la negociación colectiva a todas las plantas. No vamos a vender este acuerdo como una victoria. En su lugar, vamos a seguir luchando a partir de él, recoger la mayor cantidad de reivindicaciones que podamos, e intentar conseguir el trabajo reglamentado».
 
La realidad
Las analogías son siempre limitadas. Grecia es, después de todo, un estado independiente que controla teóricamente el destino de su economía. Sin embargo, lo que hace que la analogía anterior sea adecuada es que el gobierno radical de SYRIZA fue elegido en enero 2015 sobre la base de su promesa de tratar de negociar un mejor acuerdo que la dura austeridad neoliberal impuesta a través de los memorandos firmados por los gobiernos anteriores.
Al mismo tiempo, se comprometió a permanecer en el sistema monetario de la zona euro, en la que está integrado el sistema financiero de Grecia, así como en el marco de la Unión Europea, de la que su economía es parte. La elección del nuevo gobierno estaba condicionada al cumplimiento de estas dos promesas simultáneamente, y las negociaciones que había comenzado eran una prueba de la compatibilidad de estas dos promesas, como fue el referéndum de 5 de julio que convocó y ganó de manera aplastante después de cinco meses de negociaciones infructuosas.
Las acusaciones de traición que están siendo formuladas contra los dirigentes SYRIZA actualmente se basan en que han firmado el nuevo y durísimo memorándum. Pero en la medida en que este memorándum se impuso sobre la base de la amenaza de expulsar a Grecia de la zona euro y dejar a su sistema bancario sin apoyo, la afirmación de que el primer ministro Alexis Tsipras «capituló» implica que había una alternativa viable a partir de una salida inmediata de la zona euro («Grexit») que el gobierno podría haber llevado a cabo.
Las condiciones políticas que harían inmediata viable un Grexit no existen en la actualidad. Aquellos que insisten en que estas condiciones políticas fueron creadas por el resultado del referéndum, se equivocan.
La última encuesta, realizada por Análisis Palmos, una empresa con buena reputación, entre el 15 y el 17 de julio muestra que, incluso teniendo en cuenta la dureza del nuevo memorándum, el 74% de los griegos continúan apoyando la permanencia en el euro – y esto incluye al 66% de los partidarios de SYRIZA. Al menos un 42% de los encuestados después de la firma del nuevo memorándum indicó que votaría a SYRIZA hoy, un aumento sustancial por encima del 36% que lo hizo en las últimas elecciones. Esto le da a SYRIZA una ventaja de más de un 20% por encima de Nueva Democracia, que está en segundo lugar, y produciría una clara mayoría de 165 escaños en el parlamento griego.
Dada su enorme popularidad, Tsipras hubiera podido, con una campaña entusiasta, tratar de aumentar el apoyo para salir del euro, pero incluso conseguir una mayoría ajustada para volver al dracma requeriría más que duplicar el apoyo actual a una salida del euro, que se sitúa en sólo el 24%. Tsipras siempre ha dejado muy claro que él – y esto se aplica a la mayoría de la dirección del partido a todos los niveles – sólo iría tan lejos como los europeos se lo permitiesen. Fue elegido sobre esta base y convocó el referéndum sobre la misma base.
Los que ahora le acusan por no haber cambiado de opinión y haber hecho lo contrario están admitiendo efectivamente que deberían haber apoyado al Partido Comunista Griego ( KKE ) o a Antarysa desde un comienzo, en lugar de respaldado con gran entusiasmo la elección de SYRIZA.
La credibilidad de Tsipras se basa en su insistencia – la antítesis de un dirigente sindical que vende concesiones como una victoria y por lo tanto esta haciendo el trabajo sucio de la empresa – que el acuerdo es malo. Lo presenta como el resultado de una imposición de la Troika, y sobre todo de Alemania, no sólo a él, sino al pueblo griego.
Como él mismo explicó al Parlamento griego el 22 de julio:

“Hemos elegido un compromiso que nos obliga a poner en práctica un programa en el que no creemos, y vamos a ponerlo en práctica porque las alternativas son difíciles. Estamos convocados hoy a legislar en un estado de emergencia. El objetivo de la presencia de la izquierda en este gobierno no es el poder por el poder, sino que se trata de un bastión desde el que luchar por los intereses de nuestro pueblo. Y en lo que a mí respecta, no voy a abandonar este bastión, al menos por mi propia voluntad”.

También hay que decir que los defensores de un Grexit inmediato de la Plataforma de Izquierda no son muy convincentes. Asumen que las instituciones estatales existentes podrían ser fácilmente doblegadas a voluntad del gobierno, para no hablar de su capacidad para aplicar dicho plan.
E incluso si el plan para el Grexit de la Plataforma de Izquierda se aplicase de manera eficiente, lo más probable es que causase dificultades transitorias severas durante un período de tiempo más prolongado que lo que los defensores del plan dicen. Cualquier alternativa seria tendría que considerar las consecuencias políticas de esta, sobre todo si tiene el efecto de alienar a los seguidores de SYRIZA.
 
Posibilidades
Aquellos que – como nosotros – creen que con el tiempo será necesario dejar la zona euro debe reconocer que no se puede hacer inmediatamente. Hay que crear las condiciones para que sea posible, y esto significa tiempo para prepararse para la salida.
El apoyo continuado a Tsipras sugiere que hay tiempo para abordar las transformaciones necesarias dentro del estado, y planes creativos para tanto mantener la confianza en el gobierno como para permitir a la gente aprender orgánicamente por qué tienen que ir más allá de los límites de la integración en la Europa neoliberal.
La mayoría de los que ahora apoyan a Tsipras no proponen simplemente esperar a que las instituciones europeas sean «mejores». Entienden la lucha en términos de un internacionalismo de manera que cada país se sume a los «pequeños incendios» que SYRIZA ha iniciado y que acabarán por cambiar la Unión Europea. Otros ven la necesidad de una ruptura, pero quieren un plan mucho más elaborada y amplio para una transición económica que el que la Plataforma de Izquierda ha avanzado.
El problema central es que incluso los planes más detallados que se están proponiendo  se presentan como un conjunto de políticas alternativas, pero que en realidad implican una revolución política inmediata. No son capaces de establecer si esto es posible dado el equilibrio de fuerzas en el interior de Grecia, como se refleja en la mayoría de las recalcitrantes instituciones del propio Estado, así como por la continua preferencia de la gente de continuar en  el euro. Lo que se necesita en el momento presente es un análisis político concreto, en lugar de una respuesta técnica a un problema político.
Lo mejor que se puede esperar en este momento es el desarrollo de una mayor claridad, incluso entre aquellos que en SYRIZA entienden la necesidad de una ruptura, y el reconocimiento de que esa ruptura deberá ir más allá de una simple ruptura con el euro: que debe ser una ruptura con la Unión Europea como una zona de libre comercio y libre capital neoliberal.
El Plan B de la Plataforma de Izquierda es incapaz de abordar estos dos imperativos juntos. Por otra parte, el hecho de que se presenta como un conjunto de políticas que podrían imponerse con facilidad desde el pináculo del estado refleja lo que a los activistas más politizados de los movimientos sociales y a los cuadros más creativos dentro del partido no les gusta del enfoque estratégico de arriba hacia abajo de la Plataforma de Izquierda.
Como ya hemos argumentado, se necesita un verdadero plan B que debe ser diseñado con todo esto en mente, y que tendría que incluir un plan político para mejorar tanto las capacidades del partido y el gobierno para mejor contemplar, y poder llevar con éxito, semejante ruptura tanto desde el Estado como de la sociedad.
La presión constructiva al gobierno de SYRIZA debe orientarse a presionar a Tsipras para que se inaugure esta nueva etapa, vinculando activamente al gobierno y al partido con las redes de solidaridad, con el objetivo de enraizarlas y ampliarlas en cada comunidad en Grecia.
La verdadera prueba que SYRIZA tiene por delante será su capacidad de hacer esto, trascendiendo así sus divisiones actuales, incluyendo las acusaciones de traición contra el gobierno Tsipras, por una parte, y los intentos de marginar a los partidarios de la Plataforma de Izquierda, por la otra.
Reducir la presión de la izquierda sin duda socavaría una garantía fundamental a la hora de evitar que el gobierno de SYRIZA se convierta en algo indistinguible de los principales gobiernos socialdemócratas de toda Europa. Sin embargo, una proporción mucho mayor de la coalición que la que representa la Plataforma de Izquierda, incluyendo el grupo parlamentario e incluso el gabinete, está decidida a que esto no suceda.
Al mismo tiempo, nadie debe ver la derrota del gobierno Tsipras o una escisión dentro del partido como una «oportunidad» para la izquierda. Sería un desastre del que se beneficiaría sobre todo la derecha política, incluidos los fascistas.
La gravedad de los temas que están implícitos requieren que la izquierda internacional aborde seriamente las ignotas complejidades de cualquier estrategia socialista democrática en el actual contexto neoliberal global. Ningún partido de izquierda que llegue al gobierno sea donde sea  en la actualidad es poco probable que sea tan radical como nos gustaría.
¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda socialista en estas circunstancias concretas? Habrá decepciones; los logros, en el mejor de los casos, serán parciales, vulnerable a retrocesos; y habrá una vez más intentos renovados para conseguir encontrar el camino. En última instancia, sabemos poco sobre que hacer en esta situación.
Los debates dentro de la izquierda son absolutamente esenciales, pero deben llevarse a cabo sin postureos revolucionarios fáciles, y con la necesaria modestia: nadie tiene respuestas fáciles en este momento difícil y complejo.
 
 
Leo Panitch es editor del Socialist Register, famoso y ya clásico anuario de la izquierda anglosajona, y profesor investigador de Ciencias Políticas en la Universidad de York, en Canadá. Sam Gindin trabajó como investigador y economista de los sindicatos del automóvil canadienses. Veterano colaborador de Panitch, es coautor con él de «The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire» (Verso).
Traducción para Sinpermiso: Gustavo Buster

Jerovia – Revista de Política Internacional
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 Presentación

master.cdr«Ni los cambios, ni el ideal emancipatorio, ni los procesos de cambio en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, ni los procesos de integración, están hoy dados, sino que siguen en construcción con sus avances y retrocesos. En Paraguay, las clases dominantes lograron destruir en junio del 2012, con un certero Golpe de Estado, el incipiente proceso de cambio iniciado en 2008. La confrontación paradigmática, la lucha de ideas, la disputa hegemónica a las clases dominantes, la emancipación, el debate pluralista y democrático entre las fuerzas progresistas y de izquierda, forman parte integral de nuestras convicciones.

Estamos convencidos que podemos aportar a la integración de nuestros pueblos, a la emancipación, por más modesto que sea este nuevo medio, que es La Revista. Bebemos de la fuente que está constituida por experiencias que aportaron y siguen aportando al proceso de emancipación a nivel regional. Queremos insertarnos, efectivamente, en este proceso continuo de cambio histórico, de cambios vertiginosos, con la plena conciencia de que estamos viviendo una experiencia histórica en la que nuestros pueblos son los que están protagonizando los más grandes cambios históricos a nivel regional y mundial. El peligro es rehuir la lucha por la hegemonía. El riesgo es quedarse en ella. Aceptamos el desafío que se traduce en la confrontación paradigmática abierta con la fuerza que nos da la lucha de los pueblos.

En Paraguay con la sanción de la ley de Alianza Público Privada APP, se instala la nueva ofensiva del proyecto neoliberal, la aplicación de la APP, se da en un contexto de contraofensiva del imperialismo, pero no en situación de derrota política, por ello, este hecho genera una situación de impasse político, porque la oligarquía del agronegocio, el capital financiero y otros segmentos de la clase dominante , lograron restaurar la política conservadora, pero aún no han logrado clausurar el ciclo de cambio iniciado desde el 2008 al 2012; la disputa sigue abierta».

Jerovia – Revista de Política Internacional
Agosto 2015 – Año 1
Corrales 3441 esq Acá Caraya
Asunción, Paraguay
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www.jerovia.org

¿Por qué terminé en esta puta vida?
Por Alejandro Bazaine, Desinformémonos
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México, DF. Entre cambalaches y comercios ambulantes que ocupan la calle Corregidora en el céntrico barrio mexicano de La Merced, hay un pequeño portal, desapercibido, por cuyas escaleras se llega al local de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”. Hoy toca evento y una fila de mujeres y transexuales asoma la cabeza a un pequeño departamento donde se imparte una plática. El invitado es Raúl Zibechi, activista y pensador uruguayo, quien ha venido a conocer de primera mano la lucha y las historias de los y las trabajadoras sexuales autoorganizadas en la brigada callejera. El local es pequeño, y hoy está abarrotado porque todo el mundo quiere hablar. Cárteles de promoción a la salud se entremezclan con afiches zapatistas y con la instantánea enmarcada de un sub Comandante Marcos, mirando las linduras que esconde una falda.
“¿Cuál es su intención en esta plática?”, le exclama Betty, libreta en mano, a Zibechi, quien recién llegado habla de su experiencia sobre la lucha de las trabajadoras sexuales en Uruguay. “Hacer volar la palabra de ustedes a otros lugares”, responde. El periodista e intelectual, cuya militancia política se remonta a principios de los setenta contra la dictadura de Bordaberry, explica con detenimiento que su objetivo cuando conoce un movimiento es hablarle de otro. Una teoría del contagio que dibuja sonrisas entre las asistentes en la sala. Zibechi, finaliza: “Es mi devolución. Mostrarles a otros y otras que esto existe. Les quiero decir que para mí es un honor estar con ustedes”.
La historia de la esquina
La brigada callejera nace en el Distrito Federal en 1995, y está integrada por trabajadoras y trabajadores sexuales, que se han especializado en derechos humanos y en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La organización es apartidista, sin ánimo de lucro, laica y asamblearia. Entre sus hitos está la creación de una clínica para las compañeras y compañeros que laboran en la calle, y el reconocimiento, por primera vez en la historia y después de dos años de intensa lucha, de la acreditación a las trabajadoras sexuales de la vía pública como trabajadoras no asalariadas. Esto significa, que el sexo servicio está reconocido como cualquier trabajo lícito, y es un paso para que los policías dejen de hostigar o extorsionar a los que se dedican a ello en la calle.
“Muchas jóvenes no han visto el trabajo y la lucha incansable que todo esto ha supuesto”, dice una compañera transexual, quien simpáticamente arremete contra “las nuevas”, quien “con una mano en la cintura se paran a trabajar sin problemas”. La brigada callejera Elisa Martínez no sólo es un frente de lucha o de resistencia, sino también memoria colectiva de una historia de represión, que como muchas de ellas dicen, “abrió el camino para las otras”. La mujer transgénero recuerda cuando hace poco menos de 20 años, las llevaban de la esquina a los calabozos del Torito, donde las rapaban y les daban manguerazos de agua. Las corretizas diarias y detenciones de hasta tres o cuatro veces al día, curtió a toda una generación de transexuales, que como ella dice, les unió un poco más y les dio la posibilidad de dejar atrás ese regazo.
Zibechi escucha atentamente, mientras escribe en su libreta los detalles que más le anonadan. Es el turno de Mérida. Una de las mujeres veteranas que empieza recordando como en La Merced había más de 150 hoteles donde podían trabajar y que ahora fungen como plazas comerciales. Ahora, la ex trabajadora sexual, recrimina la gradual expulsión de sus compañeras en el centro histórico de la capital y describe el nerviosismo institucional desde que consiguieron la acreditación no asalariada. “Están emputados desde que lo conseguimos. Buscan chingarnos pero estamos organizadas”, afirma.
Mérida, como muchas otras compañeras, ha logrado a través de la Brigada estudiar computación, así como sacarse la primaria y la secundaria. Ahora estudia enfermería y se deshace en halagos para Elvira, fundadora de la organización y presente en el acto, a la cual le agradece haber aprendido los códigos y argumentos legales, para que la policía no se aprovechase de ellas.
“Yo me sentía asquerosa, sucia, ¿Por qué terminé en esta puta vida?, No quería ser puta, me discriminaban, porque aquí en el DF, nos acusan que generamos crímenes, drogas u homicidios. Elvira me hizo sentir que como mujer valgo mucho. El trabajo sexual es tan digno como cualquiera, no trabajaba porque me gustara la verga, trabajaba por necesidad…”, dice Mérida.
Y ese es un detalle importante. Las integrantes de la brigada callejera sostienen que trabajan por necesidad pero por voluntad propia. Advierten que si ven una compañera obligada o sometida, se lanzan encima para apoyar su situación. El objetivo de esta asociación civil no es cambiar la actividad o rumbo laboral de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Sino que estos, lo hagan con la mayor seguridad, cobertura y dignidad posible. Ramona, otra de las asistentes entra en acción:
“Yo soy trabajadora, no soy prostituta. Una prosti no cobra, le compran un vestido y se lo regalan, para que se acuesten con ellos. Nosotras escogemos al cliente. Si quiere ocuparnos, tiene que protegerse. Y si él no se protege, yo con él no trabajo. Por eso soy trabajadora sexual”. Ramona recibe sonoros aplausos de sus compañeras, mientras segundos antes asentían con la cabeza. Viene acompañada de su hijo de 13 años, quien tímidamente interviene después, para escuetamente alabar el trabajo de la brigada y dar gracias por su mamá.
Protégete, protégenos
Ramona es otra de las experimentadas que ha visto la evolución de su ex oficio en los últimos 40 años. “Siempre nos han llamado focos de infección”, espeta a Zibechi. Ella recuerda con claridad y así lo relata, como empezaron los talleres de promoción de salud en la brigada. Como detectar una infección, como tratarse, qué hacer cuando alguien era seropositivo y sobre todo, la negociación del condón. “La que no lo usa, estamos sobre ella”, sentencia. Para ella, la concientización fue un primer paso que la llevó, primero a tener cuidado de su propia salud, y después a convertirse en consejera de salud para otras coetáneas que compartían esquina con ella.
“Cuando nos llaman eso de focos de infección, les digo: perdona, somos promotoras de salud. Te puedo enseñar a usar un condón, algo que no haces con tu secretaria o con tu mujer”. Risas en el aforo. Cabe añadir a la declaración de Ramona, que las mujeres casadas son el segundo grupo poblacional más vulnerable al VIH a nivel mundial, después de los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres.
Betty alza la mano para preguntar o intervenir. Ella también es integrante de la brigada y gracias a los talles de periodismo ha empezado escribir la historia de vida de algunas de sus amigas y compañeras. “Nadamos en la ignorancia y gracias que eso ya está perdiendo”. Con una larga coleta morena y las gafas apoyadas en la mitad del tabique nasal a modo de bibliotecaria, Betty se explaya en como la Brigada cambió su vida y como a través de los años, la educación, la promoción y la orientación ha sido primordial.
Hecho que reafirma Lupe, quien lleva 27 años en la lucha con Elvira, y quien relata con lujo de detalles la discriminación que recibían cuando acudían al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Conasida). A todo esto, Mérida reaparece y explica: “Nos separaban por trabajadoras sexuales y pacientes. Nos pegaban varias veces en el brazo diciendo que no se veía la vena. En el caso de compañeras que tenían el VIH, ni las atendían.”
Todas no tenemos un precio
Algo de lo que advierten las veteranas sobre el conflicto que pueden padecer las nuevas, es la lucha por el centro histórico de la Ciudad de México. “Se viene una limpia. A las trabajadoras sexuales las acorralan más para que vayan a lugares clandestinos, como antes”, detalla la Rosa Madrid, otra de las fundadoras de la Brigada, quien arenga a las jóvenes presentes a “agarrar la espada”.
Rosa se muestra pesimista pero con el espíritu de combate, al informar que pese se ganó la meta de la tarjeta de trabajadora no asalariada, estas son difíciles de expedir y conseguir, ya que la Secretaría del Trabajo no está por la labor. “Es un logro que hay que ir defendiendo”. Es por ello, que la activista quincuagenaria comenta dos peligros a tener en cuenta: que la tarjeta está quitando el negocio a proxenetas y por ello su restricción, y también la cooptación de organismos internacionales, una lacra que hunde los proyectos autogestionados de las trabajadoras sexuales. Comenta sobre el Banco Mundial, de su obsesión en intentar cambiar el rumbo laboral de las compañeras por proyectos que luego se agotan y no tienen futuro. Es por ello, que Rosa alza el puño y pronuncia: “Hasta la muerte, nosotras no nos vendemos”.
Entender el carácter e idiosincrasia de esta organización única en México, llena a veces los ojos de Zibechi de ese rojo lacrimoso que se entremezcla con sus profundos ojos azules. Lleva una gorra y lo puede disimular. Es el turno de Elvira. Una de las fundadoras.
“Nos han pegado a todas. Cuando llegué aquí mi vida cambió. Vivía en una burbuja que no era esta. Vi todas esas violaciones de derechos humanos, fuimos pues enfrentado a la policía y a las autoridades”.
Elvira tiene un metro y cuarenta y cinco de pura solidaridad. Sus ojos se enternecen cuando oye una compañera hablar de ella o como la brigada cambió su destino en la calle. Socióloga de formación, como dice, no se necesita ser indígena o niña de la calle para luchar contra las injusticias.
A su historial de lucha bien que se le podría dedicar un corrido. Hace unos años protagonizó junto con otras, una denuncia pública a varios policías que intimidaban y abusaban de las trabajadoras sexuales. Su recompensa, una paliza que le dejó 15 días en cama. “Después de la convalecencia, rodeamos todas La Merced y les dijimos ‘aquí estamos cabrón, estamos vivas para seguir chingando”.
Sin embargo, las realidades más crudas que ha encontrado ha sido cuando ha salido a conocer comunidades en los estados, con otras compañeras de la brigada. Cuando habla de sus vivencias, no se oye ni un respiro:
“Nos han matado a muchas compas y encarceladas a otras. En Tapachula, donde el 75% son hondureñas, hay 150 compañeras acusadas de trata, porque los traficantes verdaderos no los encierran”.
“En Michoacán esta jodido porque hicieron su ley de trata para joder al más jodido. Encontramos y no pudimos hacer nada, un tráiler con puras niñas custodiados por militares”.
“El narco es su brazo para despojarnos de todo”.
Los ojos de Elvira parecen relatar más que sus palabras. A todo eso, nos recuerda al personal que hemos asistido, que la brigada acaba de sacar el libro ‘Hacía una rendición de Cuentas’, donde ahondan en la trata de personas y sus testimonios.
Finalmente, Elvira recuerda el paso de La Otra Campaña, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2005. “Nos sentíamos perdidas, ya decíamos que no hay por dónde, hasta que llega La Sexta y fue como una visión. No estamos solas”. No sabemos si es la impronta zapatista o forjada en la calle, pero con un concepto nítido acaba Elvira su intervención:
“Somos brigadas porque no estamos en el escritorio”.
La última palabra queda para el invitado Raúl Zibechi, quien tocado por las historias de las mujeres, dice: “Si Zapata o Villa viviera, estarían orgullosos con ustedes”.
A lo que Elvira puntualiza. “Si Zapata o Villa viviera, a nosotras nos cogiera”.
 

Especialista señala que no siempre hay recursos para implementar alternativas a la privación de libertad de los adolescentes
Por Amanda Muñoz, la diaria
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Álvaro Castro Morales es un abogado chileno, doctor en Derecho por la Universidad de Greifswald (Alemania) y profesor de la Universidad de Chile. Llegó a Uruguay invitado por la Casa Bertolt Brecht y hoy (17/8) a las 18.00, en la sede de Salto de la Universidad de la República, dará la conferencia “Análisis comparado sobre la desjudicialización y alternativas a la sanción privativa de libertad en la Justicia penal juvenil”. Junto con referentes de la Casa Bertolt Brecht, mantendrá contactos con operadores judiciales y autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
 
la diaria: ¿Qué nivel de desarrollo tienen los sistemas de desjudicialización de adolescentes?
Álvaro Castro Morales: El derecho penal juvenil moderno ha desarrollado dos ejes importantes. Uno es generar mecanismos que permitan que el adolescente tenga el mínimo contacto posible con el sistema de justicia. El segundo es que si el adolescente comete delitos que tienen cierta gravedad y no queda otra que ingresarlo al sistema, se establezca un catálogo amplio de sanciones penales, entre las cuales la pena privativa de libertad sea el último recurso. Estos dos mecanismos se han desarrollado porque hay estudios de la psicología, de la sociología, de la neurociencia y de la criminología que informan que los adolescentes incorporan y aprenden el contenido de las normas sociales de manera gradual.
La sociología ha demostrado que se internaliza el contenido de las normas sociales, aquello que está permitido y aquello que está prohibido, pasados los 20 años. Hay estudios de neurociencia que nos demuestran que la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, así como las consecuencias positivas y negativas de los actos, se desarrolla en la parte frontal del cerebro, que es la última que madurar, alrededor de los 25 años.
Hay estudios que demuestran que cuando los adolescentes ingresan al sistema se genera un proceso de estigmatización y que las personas terminan comportándose como las tratan: si durante un período importante a una persona la tratan como delincuente, va a terminar comportándose como delincuente. Esos estudios han demostrado que el ingreso al sistema de justicia genera riesgos y puede ser contraproducente; por lo tanto, en el caso de los adolescentes hay que evitarlo lo máximo que se pueda.
 
¿Cuáles son los mecanismos de desjudicialización?
Por ejemplo, evitar que el caso ingrese al sistema, o la suspensión condicional: se suspende el proceso si el adolescente está dispuesto a cumplir con ciertas condiciones, como someterse a un programa, asistir a clase, realizar una actividad. Si logra mantener buena conducta durante un tiempo determinado, el caso se cierra y se saca del sistema. Son casos que tienen ciertas características: adolescentes primerizos, delitos en los que los bienes jurídicos protegidos no son la vida o la propiedad, sino delitos de bagatela, de poca magnitud o significancia social. Esta decisión la pueden tomar los jueces o los fiscales, y en algunos países de Europa, como Irlanda, también la pueden tomar los policías. En Latinoamérica la toman los fiscales o los jueces. De acuerdo con los modelos desarrollados en Latinoamérica, una vez que el adolescente ingresa al sistema, el fiscal es el que debería tomar la decisión de no perseguirlo penalmente. En algunos casos, el juez tiene que dar el vamos a la decisión que tome el fiscal. Si la gravedad de los hechos hace que ingrese al sistema, la idea es aplicar sanciones ambulatorias y dejar la sanción privativa de libertad para los casos más graves.
 
¿Qué sanciones ambulatorias?
Son variadas. Se establece un catálogo que va de menos a más y depende de la gravedad del hecho y de las características del adolescente. Se parte de la amonestación, en la que el juez verbalmente reprocha al adolescente y le hace saber que lo que hizo fue negativo y que en el futuro la respuesta que va a recibir del Estado va a ser mucho más intensa. Después viene el acuerdo reparatorio, cuya idea es que el joven pueda reparar de alguna manera el daño que le produjo a la víctima: pedir perdón, la sustitución de la cosa que le sustrajo o alguna acción que sea determinada por las partes. También está el trabajo comunitario, en el que el adolescente es vinculado con una institución comunitaria y realiza tareas bajo ciertas condiciones; hay experiencias en hogares de ancianos, en hospitales, o, por ejemplo, pintar una institución pública. Otra sanción ambulatoria es estar sujeto a supervisión de un profesional o un funcionario de una institución social; en este caso se habla de libertad asistida. Generalmente los supervisores arman un programa que el adolescente tiene que ejecutar y que consiste en buscar trabajo o en terminar su educación.
 
¿Qué rol juega la familia?
La participación de la familia es fundamental. La idea es que estos sistemas de sanciones ambulatorios tengan tres componentes: comunitario, familiar y un estricto control de un juez. Ése ha sido uno de los problemas que se han generado en Latinoamérica, donde no hay jueces de ejecución que estén facultados para fiscalizar el real y efectivo cumplimiento de esas sanciones. Eso há generado muchas veces que este tipo de sanciones se deslegitime ante la comunidad, y las autoridades dicen: “Entonces lo único que funciona es la cárcel”.
 
–¿En qué países se está aplicando?
En todos los países de Europa. Y algunos mecanismos se aplican también en la gran mayoría de los países americanos. La conciliación es más limitada: se aplica en Costa Rica, Honduras y Panamá, pero en Chile no se aplica. Son instituciones establecidas en los códigos de infancia y adolescencia o en las leyes penales juveniles. El otro tema es si se aplican o no se aplican; ahí varía. En Chile, a cerca de 60% de los casos se le aplica alguna medida de desjudicialización, y en los casos que ingresan al sistema y obtienen una condena, las estadísticas señalan que el mayor porcentaje se aplica en sanciones ambulatorias y la sanción privativa de libertad no supera el 10%. Los principales problemas que los países están presentando tienen que ver con la capacitación de los operadores del sistema; la idea es que los persecutores penales, los jueces, entiendan esta lógica. También hay problemas de implementación: para que se aplique el trabajo comunitario se necesita una vinculación intensa con la comunidad, convenios de cooperación, instituciones que estén dispuestas a dar una mano, y hay fallas que hacen que no existan programas.
 
¿Por qué no se otorgan recursos?
Creo que son temas de cultura jurídica. En Latinoamérica tuvimos, durante muchos años, el sistema tutelar, en el que un juez tomaba decisiones sin hacer consideraciones de ningún tipo de límites, y en el que la garantía de derechos fundamentales no existía. Hay “una subcultura” que no se cambia de la noche a la mañana. La Convención sobre los Derechos del Niño genera un cambio radical a partir de 1989, cuando abre la puerta a este derecho penal juvenil moderno, pero se necesitan generaciones para poder pasar a este paradigma.
 
¿Cómo trabajan para tratar de cambiar el entorno del adolescente?
En Chile se utilizan modelos para detectar cuáles son los riesgos que contribuyen a la conducta delictual del adolescente, para trabajar sobre ellos. La situación de pobreza latinoamericana hace que el tratamiento sea dificultoso, y no siempre existe voluntad política de invertir lo que se necesita para hacer intervenciones efectivas. Las instituciones que hacen este trabajo no cuentan con muchos recursos.
 
Hay más
Desde 2014 la Casa Bertolt Brecht estudia la aplicación de medidas no privativas de libertad en Uruguay. Según los avances de su relevamiento, que se presentará hoy en Salto, Uruguay debe incrementar el uso de medidas alternativas, ya que la internación de los adolescentes sigue siendo la pena más aplicada. Con el apoyo de UNICEF y la Institución Nacional de Derechos Humanos, el miércoles realizará el seminario “Sistema penal juvenil: las medidas no privativas de libertad en las reformas latinoamericanas” en el que la especialista argentina Mary Beloff dará la conferencia “¿Castigos alternativos o alternativas al castigo? Las múltiples formas de reintegración social de los jóvenes desde los derechos humanos”.
Álvaro Castro hablará sobre la importancia de implementar medidas no privativas de libertad en adolescentes hoy, 19/08/2015, a las 11.10: miralo por El País TV.
 
 
Foto: Santiago Mazzarovich

ciudania
Derechos humanos en comunidades campesinas
Asunción, 11 de agosto (BASE IS)
El pasado 24 de julio Base Investigaciones Sociales presentó en el Archivo Nacional “Ciudadanía de papel: derechos humanos en comunidades campesinas”.
El material es una investigación de Pereira sobre el cumplimiento de derechos elementales de familias agricultoras de cuatro departamentos de Paraguay.
El material tiene tres grande apartados, el último busca identificar, de todos los problemas, los principales que más impacto tienen sobre los derechos de campesinas y campesinos en Paraguay y que muchas veces determinan la expulsión territorial de las familias rurales.
La autora menciona cinco: la falta de mecanismos que garanticen precio justo a los productos campesinos; la falta de políticas de protección de comunidades frente a las fumigaciones con agrotóxicos; la falta de garantía del derecho a la salud de personas campesinas; la actual política estatal de educación a niños y niñas campesinos; y la falta de instituciones estatales que garanticen el cumplimiento de los derechos del campesinado.
“La falta de garantía de precios justos a los productos campesinos promueve el empobrecimiento de estos hogares; la falta de garantía del derecho a la salud aumenta los riesgos de muerte y de ruina económica de las personas campesinas”, dice.
Y sigue sosteniendo que “…y la desprotección frente a las fumigaciones con agrotóxicos estimula la emigración forzada del campo a las ciudades, facilitando el avance del agronegocio; en el caso de la política educativa hacia las niñas y niños campesinas, la misma contribuiría a disolver las posibilidades de desarrollo futuro de las comunidades”, resume..
De todo este análisis, la autora señala que el Estado paraguayo está cometiendo omisiones constitucionales, pues todos los mencionados derechos son elementales dentro de la Constitución Nacional.
Precio, fumigaciones, salud, educación y garantías
Que el Estado debe establecer y organizar los precios justos para los productos campesinos se establece en el artículo 115 de la Carta Magna. En la realidad, este escenario es manejado por actores como los acopiadores e intermediarios, que abusan de la dependencia existente por parte de las familias campesinas.
Sobre las fumigaciones, Pereira analiza que la actuación del Estado ante conflictos ambientales-sociales se resume a negar la existencia de tales problemas: “Se trata de un riesgo ambiental que el Estado pretende desconocer y respecto del cual omite tomar precaución alguna, incluso con relación a las personas en situación de mayor vulneración…”
“La exclusión prácticamente total del campesinado de la seguridad social, contribuye a acentuar esta vulnerabilidad, ya que se pasa a depender exclusivamente de las prestaciones del sector público de salud”, analiza sobre el derecho a la salud. Sus estudios de campo le hacen concluir que en esa esfera son la falta de acceso(vial, de servicios) y de medicamentos lo que más se sienten.
El otro gran problema es el acceso de niños y niñas a un derecho a la educación adecuada para su realidad. La actual instrucción que se desarrolla en las aulas rurales se caracteriza por la falta de equidad, pertinencia, relevancia y la condiciones alarmantes de trabajo de los docentes.
“ Nuestro currículum es para otra realidad”, “Para los niños es una vergüenza ser campesinos”, son algunas frases que dibujan el escenario de la instrucción en el campo.
Por último, la autora reflexiona sobre la desprotección institucional del Estado hacia el campesinado.
“La cultura campesina se encuentra negada por el Estado y , por tanto, no existen agencias dentro del mismo que tengan la función de adecuar las políticas públicas a la realidad campesina y garantizar su efectiva ejecución para ese sector poblacional”, dice.
O como resume uno de los entrevistados durante el trabajo en terreno, “No hay un modelo de dar respuesta al campesinado”.
El libro se puede descargar en versión PDF en este enlace.
Ciudadanía-de-papel-BASE-1
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Ciudadanía de papel. Derechos humanos en comunidades campesinas
Milena Pereira Fukuoka
Asunción, BASE-IS, marzo 2015.
Realización de estudios preliminares en comunidades: Cristian Silva y Jorge González.
Fotos de tapa y portadas: Milena Pereira Fukuoka
ISBN: 978-99967-788-1-0

Por Raúl Zibechi
Luego de ganar un referéndum de forma abrumadora, el primer ministro Alexis Tsipras firmó un acuerdo humillante. Treinta y ocho de sus diputados no lo votaron, entre ellos el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, así como la presidenta del parlamento. Varios altos cargos renunciaron. Tsipras dice que no cree en el acuerdo que firmó, en el que tampoco creen Francia y el FMI, porque no va a sacar a Grecia de la crisis y va a profundizar la pobreza.

Las preguntas se apilan. El corresponsal de Publico.es en Atenas Alberto Sicilia asegura (martes 14/7) que “Tsipras jugó fuerte en la negociación”, pero que el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, “vio el órdago y les abrió a los griegos la puerta para irse del euro”. Ante el jaque alemán, “Tsipras no llevaba cartas”, porque, según dijo, “una Grexit (salida del euro) no planificada habría sido terrible para las clases medias y bajas. Y no teníamos plan B porque siempre hemos querido el euro”.
Es posible que sea la explicación más aproximada de los motivos que llevaron al gobierno griego a firmar un acuerdo que el semanario alemán Der Spiegel (domingo 12/7), difícilmente calificable de izquierdista, definió como “un catálogo de atrocidades” que Tsipras “se vio obligado a firmar con una pistola en la sien”. Lo mismo sostuvo incluso la biblia de las finanzas, el Financial Times, uno de cuyos editorialistas habló de “acuerdo versallesco” para graficar el grado de sumisión al que fue sometida Grecia, similar al armisticio firmado por Alemania al fin de la Primera Guerra Mundial.
Si fuera así, hay dos preguntas que necesitan ser respondidas. ¿No previó Tsipras que firmar significaba la división de su partido y la pérdida de legitimidad de su gobierno? ¿Cómo es posible que el Ejecutivo, luego de cinco meses de negociaciones en las cuales quedó clara la intransigencia alemana, no tuviera un plan B al de la troika?
Culpar a Alemania de lo sucedido, algo que toda la izquierda y parte del resto del espectro político está vociferando, aunque libera de frustraciones tiene escasa utilidad y, sobre todo, permite esconder durante un tiempo las propias inconsistencias. Porque de eso se trató en esta historia: de una fuerza política que llegó a dirimir instancias de gran trascendencia (geo)política sin la suficiente capacidad. O se pecó de ingenuidad o se fue completamente irresponsable. Quizá una combinación de ambas.
Lo firmado
El domingo 12 el gobierno griego aceptó un documento de siete páginas que contiene tres partes. La primera son medidas para “restaurar la confianza” del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la UE) en Grecia, que se tenían que aprobar el miércoles 15. Incluyen el aumento del IVA, garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de las pensiones mediante una reducción drástica de su monto, independencia de la oficina de estadística y controles a la evasión tributaria.
La segunda parte contiene propuestas que se deben implementar antes del 22 de julio. Se trata de reformar el Código Civil y adoptar las normas de la Unión Europea para rescatar bancos. Además, Grecia se compromete a establecer un calendario para el recorte de las pensiones con cláusula de déficit cero, la reforma del mercado interior para que sea “más competitivo” (liberalizando sectores como medicamentos, lácteos y panaderías, aperturas de tiendas en domingos, entre otros), privatizaciones (energía, puertos, aeropuertos, empresa de telecomunicaciones), reforma del mercado laboral mediante la “revisión y modernización de la negociación colectiva y la acción sindical” facilitando los despidos, y finalmente una fuerte reforma del sistema financiero y bancario.
Pero es la tercera parte del acuerdo la que resulta más irritante. Para asegurar que se llevará a cabo el agresivo programa de privatizaciones, el gobierno griego transferirá activos de su propiedad a un fondo independiente que garantizará el pago del nuevo préstamo. Con esas privatizaciones los líderes europeos esperan recaudar 50.000 millones de euros, de los cuales 25 mil millones se utilizarán para pagar la recapitalización bancaria, otros 12.500 millones para pagar la deuda y los 12.500 millones restantes serán utilizados para inversión en el país. En ese fondo estarán incluidos el sector energético, transportes y telecomunicaciones, cuyas empresas serán muy probablemente adquiridas, y a muy buen precio para los compradores, por trasnacionales provenientes de los países acreedores.
Además, el gobierno griego deberá consultar con la troika cualquier borrador de nueva legislación antes de enviarla al parlamento y se compromete a retirar o enmendar toda la legislación introducida a partir del 20 de febrero que fuera contraria al anterior acuerdo, como la reapertura de la tevé estatal y la recontratación de funcionarios públicos despedidos por gobiernos anteriores.
Si se aprueban todas estas reformas, consideradas como “requisitos mínimos”, recién ahí la troika comenzaría a discutir el tercer “rescate” de 82.000 millones de euros durante tres años.
En el último párrafo del documento figura la propuesta del ministro alemán de sacar a Grecia del euro. “Si no se llega a ningún acuerdo se ofrecerá a Grecia negociaciones rápidas para una salida de la zona euro, con una posible reestructuración de la deuda” (Der Spiegel, 12-7-15).
El ministro griego de Defensa, Panos Kamenos, aseguró que se produjo un intento de derrocar a Tsipras. “Fue amenazado con el colapso de los bancos y el recorte completo de los depósitos” (Russia Today, 14-7-15).

Alexis Tsipras, primer ministro y líder de Syriza


El después
En los hechos, se trata de una completa cesión de soberanía que permite que los acreedores aprueben leyes clave antes de llevarlas a consulta pública o al parlamento. Tsipras debía saber que este acuerdo tendría graves consecuencias.
La primera es la fractura de su partido y, en menor medida, de su gobierno. La mayoría absoluta del comité central de Syriza (109 en 201) rechazó el acuerdo y difundió un texto muy duro: “El 12 de julio se produjo en Bruselas un golpe de Estado que demostró que el objetivo del liderazgo europeo es la aniquilación para dar ejemplo de un pueblo que buscaba otro camino a seguir más allá del modelo neoliberal de austeridad extrema”. Algunos altos cargos del gobierno presentaron renuncia.
En el parlamento las cosas tampoco marcharon bien. Ganó el acuerdo con 219 votos a favor, 64 en contra y seis abstenciones. El Ejecutivo recibió el apoyo de la oposición de derecha, en particular de Nueva Democracia, del ex primer ministro Antonis Samarás, y de los socialistas. Un número para nada despreciable de 38 diputados de Syriza se desmarcaron del gobierno. Por lo tanto, en adelante Tsipras puede tener que gobernar con el apoyo de sus adversarios en un eventual gobierno de coalición, sobre todo para aprobar el resto del paquete impuesto por Bruselas.
Una parte importante de la sociedad, incluyendo destacadas voces de su partido, le mostraron a Tsipras que sí había alternativas. Por un lado, las varias que elaboraron sus ministros y que el primer ministro desechó. Varoufakis, por ejemplo, propuso un plan ante la eventualidad del cierre de los bancos griegos por la troika: “Deberíamos haber puesto en circulación nuestros propios pagarés, anunciar que íbamos a crear nuestra propia liquidez denominada en euros; deberíamos haber tomado el control del Banco de Grecia” (Eldiario.es, 13-7-15).
Por otro lado, Tsipras ni siquiera se prestó a debatir seriamente la alternativa de salir del euro. No alcanzaba con decir que sería peor, tenía que abrir un debate real sobre las consecuencias y los modos posibles para enfrentarla, le reclamó la mayoría de la dirección de su partido.
No hubiera sido fácil, claro, una Grexit. Según la economista estadounidense Carmen Reinhart, ex funcionaria del FMI y especialista en las “crisis de deuda”, la salida de una unión monetaria no es tan común como la salida de políticas monetarias de cambio fijo. Desde 1982 hubo cinco casos: Argentina en 2002 y en 1989, Perú en 1985, Bolivia en 1982 y México en 1982, en los que las economías estaban dolarizadas y convirtieron de forma forzosa los depósitos en dólares a la moneda local.
Si Grecia saliera del euro, asegura Reinhart, el resultado sería similar. Los depósitos se convertirían en dracmas (u otra moneda) sufriendo una drástica devaluación. “Se colapsaría la confianza en el sistema y habría un dramático aumento de las deudas privadas y públicas. El sector privado haría un impago de su deuda y la mitad de los créditos del país no serían pagados, y si se incluyen las tarjetas de crédito sería incluso mayor. Los ciudadanos dejarían de pagar impuestos y habría una acumulación de euros u otras monedas” (Bloomberg, 9-7-15). Las consecuencias serían muy duras. “Si se produce la salida del euro, y sigue la conversión forzada de los depósitos, el retroceso de la economía de Grecia es probable que sea de larga duración.”
Al parecer, incluso los griegos opuestos al acuerdo firmado por Tsipras eluden la salida del euro. Varoufakis señala que el caso argentino es bien diferente al griego en tres aspectos. Tras el default, el PBI argentino creció desde 2003 a 2008 a un promedio del 8 por ciento anual, impulsado por las exportaciones de soja. Pero “los griegos no disponen ni de soja ni de ningún producto agrícola que se pudiera exportar en semejante escala”. Además, si Grecia saliera del euro “tardaría meses en introducir una nueva moneda y un régimen cambiario”. Por último, “el impacto que les generó Argentina a sus socios comerciales al salir de la convertibilidad no fue significativo mientras que Grecia, al salir del euro, perdería subsidios a la agricultura, fondos para el desarrollo y en general la cooperación económica con otros países europeos empeoraría” (Russia Today, 14-7-15).
Llegados a este punto, sólo cabía resignar la soberanía o apostar por la dignidad nacional, ya que el retroceso económico está garantizado en cualquier caso. Es cierto que la presión de casi tres semanas de corralito debe sentirse con fuerza en una sociedad ya empobrecida. Conviene recordar, no obstante, que no es fácil echar a un país del euro y que aun estando fuera de la eurozona se puede utilizar el euro, según lo recuerda el belga Eric Toussaint, presidente del comité de auditoría de la deuda griega.
Legalmente Grecia no puede ser expulsada de la zona euro ni por las instituciones europeas ni por un grupo de países. Puede incluso salir de la UE y seguir utilizando la moneda, aunque ya no emitirla. Sería un caso similar a los de Panamá y Ecuador, que usan el dólar, o de Montenegro y Kosovo, que usan el euro.
Sin embargo, ahora Grecia tampoco tiene soberanía completa sobre el euro, como sí la tienen los demás países de la Unión. Los bancos centrales de cada país sólo pueden emitir la cantidad de euros que les permite el Banco Central Europeo (BCE). El Banco Central griego tiene congelada la cantidad de euros que puede emitir, y el BCE no está dando liquidez a los bancos griegos porque está en desacuerdo con la política fiscal del gobierno (Forbes, 3-7-15).

Yanis Varoufakis, renunciante ministro de Economía


 
Fin de época
Buena cantidad de analistas, incluido el gobierno alemán, o en todo caso su ministro de Finanzas, estiman que la salida de Grecia del euro es sólo cuestión de tiempo. Es una decisión política, no económica, dicen. Y ya fue tomada tiempo atrás. El 4 de febrero, apenas nueve días después de que Tsipras asumiera como primer ministro y se plantara firme ante sus acreedores, el BCE le cortó los grifos, “ante las serias dificultades para cerrar con éxito el rescate” (El País, 4-2-15).
Antes de llegar a esa situación, que motivó titulares como “El BCE pone a Grecia contra las cuerdas”, el entonces flamante primer ministro emprendió una gira europea para cosechar apoyos. Luego de reunirse con los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Consejo Europeo, Donald Tusk, y del Parlamento, Martin Schulz, “se llevó de las tres instituciones un sabor amargo, y sobre todo un tono duro acerca de sus posibilidades en la negociación que ya ha empezado sobre el futuro de Grecia”. Varoufakis llegó a contar en estos días que desde su primera reunión con “las instituciones”, en particular con su par alemán, tuvo claro que los “socios” querían a la díscola Grecia fuera.
Eso sucedió hace cinco meses. Durante 150 días se estuvo negociando el rescate, sin el menor resultado. ¿Pensaba Tsipras que el 62 por ciento de apoyo al No en el referendo podía ablandar al sistema financiero? Todas las propuestas que hizo a la troika el primer ministro fueron recibidas con absoluta indiferencia. Peor: a cada concesión de Atenas llovían nuevas exigencias. Pero Tsipras no cambió de línea. Incluso Varoufakis participaba de la ilusión de convencer a sus interlocutores. Hasta que se convenció de lo contrario. “Desafortunadamente las instituciones y nuestros socios europeos han perdido la oportunidad que brindamos: mirar las negociaciones como una deliberación entre socios. Lo convirtieron en una guerra contra nosotros” (Der Tagesspiegel, 9-6-15).
Todo indica que Grecia y también Europa ingresan en un nuevo período de su historia. El relato sobre la “Europa de los pueblos” fue demolido por Bruselas y Berlín. Se está ante el fin del Estado del bienestar, pero también ante una crisis de la democracia representativa, ya que las mayorías se quedan sin voz. Las izquierdas –incluso las nuevas, como Syriza y probablemente sea el caso del Podemos español– han mostrado una carencia poco creíble de estrategias alternativas. De ahora en adelante les costará mucho volver a convencer de que representan el cambio.
Publicado originalmente en el sítio de lavaca.org