Por Azul Cordo y Mauro Tomasini (1)

Foto: Mauro Tomasini

 

El perfil del golpe uruguayo

 

Si bien un golpe de Estado marca una ruptura institucional, en el caso de Uruguay el estado de excepción se vivía desde mucho antes del 27 de junio de 1973 cuando, el presidente de facto, Juan María Bordaberry, decretó la disolución del Parlamento. Con una economía estancada, en crisis, que rebajaba los salarios reales y movilizaba a gremios y sindicatos, desde 1968 regían «medidas prontas de seguridad» que habilitaban al Poder Ejecutivo a suspender garantías constitucionales ante casos de «conmoción interior», lo que derivó en detenciones masivas discrecionales de dirigentes sindicales, estudiantiles y militantes políticos.

 

Mientras los escuadrones de la muerte patrullaban las calles en coordinación con las Fuerzas Conjuntas, crecía el descreimiento en la clase política ante la llegada de representantes de las cámaras empresariales a ministerios y empresas estatales, de la mano de una crisis económica que quebraba el estado de bienestar de la Suiza de América, como se autodenominaba el país por el estado de bienestar y la consolidación democrática que mantenía desde finales del siglo XIX, bajo el modelo batllista, con niveles similares a ese país europeo. 

 

Así, los militares llegaron al golpe de Estado constituidos como actores políticos con impronta propia. Así, se profundizó la participación de los militares en la toma de decisiones gubernamentales hasta el presente: alcanza con leer la reciente respuesta del Comando General del Ejército, a fines de mayo de este año, al negar la entrega de documentación «sobre lugares de enterramientos y destino de detenidos-desaparecidos», solicitada por el proyecto Cruzar mediante un pedido de acceso a la información pública, amparado por ley. La solicitud pretendía acceder a un documento elaborado por dos generales en 2005 para el Jefe del Ejército Nacional, que lo habría utilizado como parte del informe entregado al presidente Tabaré Vázquez para iniciar la búsqueda de detenidos desaparecidos, víctimas de enterramientos clandestinos, en predios militares.

 

Mientras que la dictadura en Chile tiene el mayor número de asesinados por habitante y Argentina el mayor número de desapariciones forzadas, la dictadura en Uruguay tuvo como principal dispositivo de represión las torturas y la prisión política masiva y prolongada. En un país que no supera desde hace décadas una población de tres millones de personas, solo en los primeros tres años de aplicación de las medidas prontas de seguridad (1968-1971), unas diez mil personas habían pasado por cárceles y cuarteles. A lo largo de 1972, cayó la dirigencia del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), lo que representó la desarticulación de la organización en su capacidad operativa. A pesar de esto, el gobierno de Bordaberry profundizó su actitud golpista y, tras decretar la disolución del Parlamento y las juntas departamentales (gobiernos locales) le siguieron doce años de terrorismo de Estado, proscripciones a partidos políticos y sindicatos, censura a medios de prensa y clausura de instituciones culturales como el teatro El Galpón. Fueron suspendidas las libertades individuales y el derecho a reunión.

 

Foto: Mauro Tomasini

 

Además de encarcelar masivamente a militantes sindicales, sociales y político partidarios, la dictadura estableció una clasificación de la ciudadanía en A, B y C, según el grado de «peligrosidad». Quienes obtuvieron la categoría C fueron destituidos de cargos públicos (incluidos cargos docentes), lo que derivó en la dificultad para conseguir otros empleos, la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y la estigmatización social. Asimismo, unas 380 mil personas debieron exiliarse y 197 fueron detenidos desaparecidos (mayoritariamente en Argentina, otras en Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay).

 

Desde la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas justificaban su accionar represivo esgrimiendo motivos de defensa nacional como «liberar a la masa de trabajadores del sentimiento de rebaño y sumisión que han pretendido inculcarle falsos dirigentes que responden a ideologías e intereses antinacionales» (Comunicado No. 8, 1 de julio de 1973).

La resistencia fue firme y explícita durante los primeros quince días después del golpe, con una huelga general histórica, donde trabajadoras/es y estudiantes ocuparon fábricas y facultades. En los años que siguieron, la resistencia se organizó y se sostuvo con militancia clandestina, con cacerolazos de vecinas en cooperativas de viviendas, con la participación masiva en el plebiscito de 1980 para decir que «No» a la modificación de la Constitución que pretendía perpetuar el gobierno militar.

 

En cuanto al proyecto económico, el historiador Jaime Yaffé recupera varios análisis realizados desde la recuperación democrática y recuerda, que si bien algunos economistas  han señalado que la dictadura tuvo entre sus propósitos fundamentales imponer una estrategia neoliberal que preparó el terreno para la «reforma estructural pro-mercado» durante los años 90, otros sugieren que «difícilmente pueda identificarse un único modelo económico válido para todo el período dictatorial», ocurriendo «la sucesión alternativa de dos modelos, que se habrían plasmado en las distintas estrategias de crecimiento reconocibles antes y después de 1978».

 

Si bien, a nivel macroeconómico se registra un crecimiento en nueve de los doce años de régimen dictatorial, Yaffé subraya que en la dictadura «se produjo una reconfiguración de la estructura económica nacional en detrimento del sector agrícola, a favor de las actividades industriales y financieras», el porcentaje de desempleo subió hasta alcanzar el 14% de la población en 1984. A esto se sumó el aumento generalizado y sostenido de precios de alimentos y vestimenta durante todo el período dictatorial, con una inflación del 78% desde 1973, y el salario real reducido a la mitad con respecto al año del golpe.

 

Durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti (1985-1990) se instauró un discurso legitimador del terrorismo de Estado, fundamentado en la imposibilidad de juzgar a militares y civiles que actuaron en la dictadura, bajo el argumento de que la democracia estaba en estado de precariedad. La narración oficial sobre el pasado reciente se organizó en dos ejes: la “teoría de los dos demonios”, discurso que equiparaba las culpas de guerrilleros y militares, la clase política recuperaba legitimidad y libraba al Estado de cualquier error u horror que se hubiera cometido en su nombre: y la implementación de una política del olvido sobre el pasado, sugiriendo «dar vuelta la página» de esa historia.

 

En los años 90, las voces que se levantaron ante el olvido y el silencio, que sostuvieron las consignas de «verdad, memoria, justicia y nunca más», fueron las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y gremios estudiantiles, y las organizaciones políticas de corte progresista, y de la izquierda radical. Asimismo, los testimonios de las víctimas fueron y son una herramienta principal para construir una memoria democrática sobre el pasado reciente.

 

Foto: Mauro Tomasini

 

La vuelta de la derecha

 

Después de quince años de gobiernos progresistas (2005-2020) a cargo del Frente Amplio, el Partido Nacional ganó las elecciones nacionales y volvió a ocupar la Presidencia de la República en el año 2020. Logró este triunfo de la mano de una coalición de centroderecha denominada «Coalición Multicolor» conformada por los nacionalistas junto al Partido Colorado, el Partido Independiente, el partido militar Cabildo Abierto y el Partido de la Gente.

 

La orientación política y económica de esta coalición tiene una trayectoria iniciada en los años noventa, afianzada a medida que el Frente Amplio se fue consolidando en la acumulación de su caudal electoral a nivel nacional. Desde principio del siglo XXI, Uruguay está dividido en mitades: por un lado, los sectores de centroizquierda y por otro, los de centroderecha. La lógica de un sistema de partidos se sostuvo a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI porque todo sector pensado por afuera de esta lógica era escindido, tendía a desaparecer, o tuvo poca incidencia en los escenarios políticos.  

 

El actual gobierno de derecha representaba interrogantes sobre cuánto respetaría los avances en materia de derechos humanos que se dieron en los gobiernos frenteamplistas, con pilares como la despenalización del aborto, la regulación estatal del mercado de marihuana y el matrimonio igualitario, y qué postura tendría respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

 

Esto último se profundiza con el crecimiento de Cabildo Abierto, partido creado en 2019, luego de que el ex Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, fuera destituido por hacer críticas al Poder Judicial ante el desarrollo de juicios contra militares por delitos de lesa humanidad.

 

Manini encabeza este partido que reúne a los sectores de extrema derecha de los partidos tradicionales, que tiene entre sus integrantes a militares (en función o retirados) y a funcionarios como el abogado Guillermo Domenech (hoy senador) que en dictadura elaboraba sumarios administrativos para destituir a docentes. Cabildo Abierto obtuvo el 11% de los votos del electorado, lo que le otorgó tres senadores y once diputados, además de presencia en el Ministerio de Vivienda y de Salud.

 

Este nuevo partido, con rasgos del anticomunismo clásico y enfoque antiderechos, atrae algunas dinámicas que se dan a nivel regional e internacional. Como escribe el historiador y periodista argentino Pablo Stefanoni en su libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? (Ed. Siglo XXI, 2021): «Las nuevas derechas expresan inconformismos, insatisfacciones y enojos de parte de la sociedad. Algunos de ellos son frente a avances progresistas que debilitaron jerarquías sociales, de género o sexuales. Pero también hay una reacción a un centrismo que hizo que en muchos países no haya grandes diferencias entre centroderecha y centroizquierda, y a la falta de alternativas y de imágenes positivas del futuro».

 

Un eje discursivo atraviesa a los integrantes de Cabildo Abierto: restablecer. Para ellos, revisar el pasado significa conocer «Toda la Verdad» y esto implicaría incluir en la voz y el reconocimiento de los militares y de las que denominan «víctimas de la “subversión”». Volver a traer la voz de los que –supuestamente– faltan, con el fin de igualar violencias del Estado con las de las organizaciones políticas, es volver a poner en cuestión la naturaleza del golpe. Incorporar la lógica de la guerra como enfoque de lo sucedido en el pasado reciente, busca producir una nueva sensibilidad que no solo integre visiones del pasado, sino que soslaye iniciativas conservadoras del presente.  De esta idea se desprenden todas las iniciativas políticas de este nuevo sector. Algunas de carácter legislativo, como exigir la prisión domiciliaria a militares juzgados por delitos de lesa humanidad.

 

Desde la recuperación democrática, los gobiernos (colorados y blancos, conservadores y de centroderecha) pasaron de la teoría de los dos demonios y la insistencia con mirar hacia adelante, sin revisar, juzgar ni condenar los crímenes del terrorismo de Estado. Se implementó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impedía juzgar a responsables de estos delitos imprescriptibles.

 

Posteriormente, con el primer gobierno frenteamplista, se habilitó una serie de investigaciones de historiadores y arqueólogos trabajando como antropólogos forenses. Sin embargo, estas investigaciones se llevaron a cabo con muchas limitaciones de tiempos, recursos humanos y económicos, además de enfrentar discontinuidades y dificultades para acceder a archivos oficiales.

 

Pero básicamente el avance en materia de causas para investigar y juzgar delitos de lesa humanidad se ha dado, con impulsos y mesetas, por el movimiento de organizaciones sociales y de derechos humanos, especialmente Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la asociación ex presos/as políticos/as CYSOL, el Observatorio Luz Ibarburu y el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur).

 

Los referéndums que propusieron derogar la ley de Caducidad en 1989 y 2009, ambos convocados por organizaciones sociales, fueron un fracaso para el movimiento de derechos humanos, que le salió caro al estado de ánimo de la sociedad civil.

La Marcha del Silencio, que atraviesa la céntrica avenida 18 de Julio en Montevideo, ha crecido desde la primera realizada en 1996. Se ha expandido en los últimos años a casi todos los departamentos del país, venciendo de a poco la desmemoria. Y aunque masiva, logrando reunir diversos sectores políticos, sin banderas partidarias, funciona también como un espacio amortiguador: una vez al año la sociedad se reúne, marcha sin cánticos, grita «¡Presente!» ante cada nombre de la lista de 197 detenidos desaparecidos, canta el Himno nacional, aplaude y vuelve a su casa. Es un ritual que honra y reconoce la lucha de aquellas madres que siguen buscando a sus hijos e hijas. La consigna que abre la marcha suele preguntar: «¿Dónde están?», pero no cuestiona en lo profundo las razones del golpe ni quiénes son los responsables del terrorismo de Estado.

 

La Marcha se erige como un espacio para preguntar por los desaparecidos y exigir «verdad y justicia» para ellos, borrando un poco este pedido para los presos políticos, los exiliados, los clandestinos, los destituidos.

 

Foto: Mauro Tomasini

 

Algunas reflexiones finales

En su anterior candidatura presidencial, en 2014, Luis Lacalle Pou, hijo del ex Presidente Luis Alberto Lacalle (que gobernó entre 1990-1995) e integrante del Partido Nacional (de centroderecha), dijo que creía necesario «cerrar ese capítulo» de la historia reciente y anunciaba que, de llegar al gobierno, «suspendería las excavaciones» de los antropólogos forenses para encontrar restos de desaparecidos. Seis años después, al asumir el actual gobierno, el Presidente cambió y aseguró que daría todos los recursos para que las excavaciones se lleven adelante. Este cambio de postura sin duda es consecuencia de la masificación de las Marchas del Silencio, como un espacio de consenso social donde pedir «verdad y justicia» en los casos de desapariciones forzadas y que las familias de esas víctimas sepan «dónde están» sus seres queridos.

 

Esta masividad en la asistencia a las Marchas del Silencio cada 20 de mayo, que se incrementó especialmente en los últimos quince años, es uno de los mayores logros en la larga lucha de las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. A este logro se suma el haber podido instalar en la agenda del Estado el tema de las vulneraciones de los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado. Por eso es que, más allá del signo político que tengan, los gobiernos no pueden eludir de sus agendas programáticas las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

 

Sin embargo, Lacalle Pou no participó este 15 de junio del acto reparatorio exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció la responsabilidad del Estado en los crímenes de las «Muchachas de abril», tres militantes tupamaras asesinadas en 1974, ni en la desaparición forzada del estudiante de medicina y militante del Partido Comunista Revolucionario, Luis Eduardo González, y el empleado de la empresa estatal de electricidad y militante comunista, Oscar Tassino. En representación del Estado estuvo la Vicepresidenta, Beatriz Argimón, quien solicitó a los presentes (en su mayoría familiares de desaparecidos, militantes sociales, algunos parlamentarios y solo un integrante de las Fuerzas Armadas) que, si tenían información sobre dónde pueden haber sido enterrados los desaparecidos, compartieran esos datos.

 

No obstante, sigue siendo dificultoso visualizar las consecuencias y efectos del terrorismo de Estado en la actualidad. «¿Podemos decir que la dictadura fracasó?», se preguntó el historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano este 16 de junio en una entrevista radial. Enseguida respondió: «No fracasó del todo: sigue habiendo impunidad». Esto es así porque falta identificar y juzgar a muchos militares y civiles responsables de la persecución, tortura y desaparición de al menos 197 personas durante el régimen.

 

Pero también pueden trazarse ciertas continuidades con prácticas instauradas en la dictadura, que son menos visibles en lo cotidiano. Una de ellas, a nivel cultural, es la reivindicación de «tradiciones» gauchescas, por ejemplo, que se profundizó desde 1975 con el denominado «Año de la Orientalidad».

Otra continuidad, más brutal, es la alta tasa de prisionización en Uruguay. Durante la dictadura uruguaya, se registraron más de 5000 personas privadas de libertad. Por eso se considera que Uruguay tuvo el mayor número per cápita de presos políticos del mundo. En la actualidad, aunque no hay prisiones políticas en el país, el encierro masivo sigue siendo la forma autóctona para resolver conflictos, a sabiendas de que –hasta ahora– encerrar a miles de personas no hace más que amortiguar profundas desigualdades sociales y diferencias políticas, considerando que la situación de privación de libertad no incluye planes de reinserción social para la gran mayoría de la población encerrada en las cárceles y que las medidas alternativas a la prisión son excepcionales.

 

Según el registro del Comisionado Parlamentario (un funcionario que junto a un equipo monitorea la situación en las cárceles de todo el país) al 30 de abril de 2023 había 14.808 personas adultas presas (13.720 varones, 1.060 mujeres, 3 varones trans y 25 mujeres trans) y 41 niños. Esto representa una tasa de prisionización de 417 cada 100.000 habitantes, sin contar la población adolescente encerrada en el sistema penal juvenil. Estos números muestran que la capacidad de los establecimientos penitenciarios está saturada, superando un 130% la capacidad de cupos, lo que profundiza las condiciones de hacinamiento, de tratos crueles e inhumanos, de tortura en la que viven las personas presas, como ha denunciado el SERPAJ en forma sistemática en sus informes anuales. 

 

Hoy es impensable que algunas cosas vuelvan a foja cero. Este año, atravesado por el 50 aniversario del último golpe de Estado en Uruguay, es incuestionable la vigencia del tema y la necesidad de abordarlo desde distintos ángulos, acompañando esos abordajes con una constante demanda contra la impunidad en la que permanecen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen dictatorial. El negacionismo de los primeros quince años de vida pos dictadura, dejó paso a un revisionismo estructurado en una continua amortiguación de las posturas sobre el pasado.

 

Hay muchas ideas de Nunca Más. Algunas prevalecen sobre otras, desaparecen o se transforman. Lo que está claro desde hace tiempo es que ese país extraño que fue Uruguay durante la dictadura, ya no lo es más.

 

Foto: Mauro Tomasini

 

 

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 (1)Azul Cordo. Periodista. Sus investigaciones suelen abordar denuncias a violaciones a los derechos humanos del pasado reciente y del presente en Uruguay; también realiza coberturas sobre la agenda ambientalista, los derechos sexuales y reproductivos y la salud mental. Actualmente publica artículos en La Diaria Feminismos y en LATFEM.

Mauro Tomasini. Integrante y Coordinador del Servicio Paz y Justicia – SERPAJ (2002-2019). Trabajó en el Área de Derechos Civiles y Políticos, dentro del equipo de denuncias de casos vinculados al Terrorismo de Estado; también se desempeñó como coordinador del Área de Seguridad Democrática donde se realiza el monitoreo y seguimiento del Sistema Carcelario y de Políticas de Seguridad vinculado a los espacios públicos y la adolescencia. Integró el secretariado ejecutivo del CDNU. Participó en la elaboración de manuales y protocolos de regulación para el Sistema Carcelario Adulto y en varias revistas y publicaciones colectivas sobre temas de seguridad pública, violencia institucional, sistema penal, a nivel nacional y regional.

Por Julia Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel

La negociación colectiva es una herramienta central a través de la cual pueden materializarse derechos conquistados. En Argentina, cuando un convenio o acuerdo colectivo de trabajo es homologado por el Ministerio de Trabajo adquiere fuerza de ley y su aplicación es obligatoria a la hora de regular las condiciones laborales de quienes trabajan en una actividad o empresa determinada. Al mismo tiempo, dicha negociación colectiva, resulta de la correlación de fuerzas que se haya desarrollado entre trabajadores y empleadores previa a la firma. Así, cuanto más fuerza tiene el sector trabajador (que puede ser expresada en paros, movilizaciones, niveles de afiliación, grado de ocupación en el sector, pero también puede relacionarse con lo estratégico del sector de actividad) mayores serán las posibilidades de plasmar nuevos derechos en esos acuerdos y convenios.

Aún en los sectores o empresas de mayor poder gremial, las demandas asociadas a la igualdad y equidad de géneros han pasado, raras excepciones, desapercibidas. Esta situación evidencia una correlación de fuerzas interna en el sector sindical que sistemáticamente resulta desventajosa cuando se quiere poner en jaque la heterocis normatividad.

No obstante, la negociación colectiva puede cumplir, en lo que a igualdad y equidad sin distinción de género refiere, un rol importante. Por un lado, posibilitando la regulación de aspectos difusos y líneas de “intención” de las leyes generales concretando derechos específicos. Por otro lado, constituyendo un avance sobre la normativa general, estableciendo derechos que aún no se han regulado para el conjunto de la población.

Es por ello que resulta de gran interés observar y analizar cómo se materializan las conquistas de derechos sociales fruto de la lucha de los movimientos feministas de los últimos años, en los acuerdos y pactos colectivos que regulan las relaciones laborales, tanto a nivel individual como colectivo. En este sentido, en este documento, buscamos explicitar y reflexionar sobre los incipientes aportes de estos temas en la negociación colectiva, para seguir avanzando en la ardua tarea de desnaturalizar la persistente y profunda desigualdad de géneros en el mundo del trabajo.

En este sentido y en el marco del Paro Internacional Feminista, surge la necesidad de preguntarnos qué podemos hacer no sólo para visibilizar la desigualdad, sino también para que las organizaciones sindicales y sus trabajadores comprendan la necesidad de abordar el tema; y pensar si la negociación colectiva puede ser una herramienta útil para hacerlo. En el presente informe, presentamos datos sobre géneros, violencia y acoso laboral en cláusulas de convenios colectivos de trabajo celebrados a lo largo de estos últimos años que registramos en la base de datos sobre negociación colectiva del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A2.

Descarga aquí.

Este 13 de junio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) celebra sus 25 años. Para rendirles homenaje, hemos tenido el privilegio de conversar con tres de sus fundadoras: Francisca Rodríguez, Alicia Muñoz y Mafalda Gadames. A través de sus relatos, nos adentramos en la historia de ANAMURI, la cual representa una parte fundamental de la historia de Chile, de la lucha de las mujeres y de las luchas campesinas en el continente.


Por: Patricia Lizarraga – Coordinadora Fundación Rosa Luxemburgo
Fotos: ANAMURI

El día de tu cumpleaños
y habría que embanderar
desde Arica a Magallanes
con banderas colorá’s.
Que viva tu nacimiento,
bello botón de rosal.
Por la voluntad del cielo,
¡que vivas cien años más!

       Violeta Parra.

Nacimos en rebeldía”

Todo comenzó con una semilla. Cuando alguna mujer decidió guardar una semilla de algún fruto silvestre y plantarla más cerca de su hogar. Y la semilla se reprodujo y cambió el mundo. Tal como las semillas de ANAMURI que multiplicaron luchas y resistencias en el continente. Semillas que encontramos mucho más atrás de hace un cuarto de siglo, que hoy celebramos; fueron sembradas en las organizaciones surgidas al calor de la Reforma Agraria del gobierno de la Unidad Popular, en el levantamiento de la Comisión Nacional Campesina en tiempos de dictadura, en la resistencia a la persecución y tortura en el terrible proceso de la contra-reforma agraria, en la búsqueda de los familiares detenidos-desaparecidos y en la creación y sostenimiento de las Oficinas Regionales de Atención a la Mujer Rural en plena dictadura. 

Finalizando los años 90, ANAMURI se organiza en un contexto de fuerte profundización de un proceso de industrialización en el campo, claramente diseñado por un sistema capitalista-extractivista y patriarcal para terminar con la agricultura campesina: «Nacimos en rebeldía, nos rebelamos» nos rebelamos, a todas las limitaciones que la cultura machista imponía al desarrollo de las mujeres en las organizaciones, a la desvalorización no solo del trabajo en el campo, sino a nuestras ideas y pensamiento, nos atrevimos a dar un paso al lado» (FR).

Soberanía Alimentaria con identidad de género

Desde sus primeros años, la organización convocó a las mujeres a organizarse en sus territorios, convencidas de que debían ser una organización legitimada desde las bases, y salieron a recorrer cada rincón del país para consolidar una organización con identidad, que perdurara en el tiempo, que construyera su propia propuesta y que levantara su sueño. ANAMURI nació incluida en la lucha campesina de América Latina y del mundo a través de la CLOC y la Vía Campesina, de las cuales fueron impulsoras de su creación. ANAMURI fue concebida como una organización con un programa político, lo que significaba que abrazaban la lucha por la Soberanía Alimentaria con identidad de género como eje principal.

Y así llegan a su primer Congreso programático en el 2007, en un acampe masivo en la Estación Mapocho, lugar emblemático que representaba lo que fue el ferrocarril para el campesinado. Debían ver si la propuesta fundamental que emanaba de la CLOC y de la Vía Campesina realmente era una propuesta de todas las mujeres y cómo esa propuesta la «trasladábamos a una lucha organizada y la convertimos en principio político de nuestro accionar».

Para el segundo Congreso en 2014, ya se evidenciaba la organización y politización de las mujeres, y el crecimiento que había tenido el movimiento. Por aquellos años, el rol de las mujeres fue tomando notoriedad: «resistir para seguir existiendo». En esa lucha por la existencia de la agricultura ancestral, de los pueblos, de las identidades, de los recursos, el empoderamiento de las mujeres fue conformando un nuevo marco político que se enlazó perfectamente con el de la soberanía alimentaria: el feminismo campesino y popular. Un feminismo sobre todo, con identidad de clase como estructurador de sus luchas.

También la formación política fue un eje transversal que surgió desde los inicios de la creación de ANAMURI y ha sido un proceso constante y de continuo desarrollo. En esa dirección se consolidó el proyecto del Instituto de Agroecología-Sembradoras de Esperanzas».

El IALA es parte del sueño de crear un espacio de formación para las mujeres rurales, respondiendo a uno de los elementos centrales de la Soberanía Alimentaria: la agroecología. Un espacio para recuperar la tierra, la cultura e identidad de las mujeres del campo, un espacio de formación de profesionales que el campo necesita para seguir produciendo los alimentos que el pueblo requiere.

De los Tribunales Éticos a la organización sindical de las mujeres del campo y del mar

Algunos sucesos son hitos porque llevan a un salto cualitativo como resultado de  un determinado proceso. Este es el caso del camino recorrido de los Tribunales Éticos, los cuales fueron la forma que ANAMURI creó  para llevar adelante la Campaña “No más violencia en el Campo”. Sin embargo, los tribunales dejaron ver las innumerables violaciones a los derechos de las trabajadoras del campo  y del mar, y  frente a un vacío sobre las demandas de este sector había que crear un espacio que diera lugar a estas denuncias y acompañase el reclamo de las trabajadoras.  El 10 de septiembre el 2019, días antes de la revuelta del pueblo chileno, la organización dio un paso histórico para el movimiento sindical del país, con la creación del “Sindicato Nacional de Trabajadoras Eventuales de la Agro exportación y del Mar”, para representar a las trabajadoras invisibilizadas en los rubros de la agro exportación de temporada, pesqueras y recolectoras de orilla de mar. 

Sin miedo, con convicción y esperanza, convertiremos nuestros sueños en acción. Hacia el 3er Congreso

El Tercer Congreso que buscará  la construcción de su programa político para los próximos años, se realizará en octubre en Valparaíso. Empezó a gestarse en medio del Proceso Constituyente, en el cual ANAMURI tuvo un rol significativo y lo tomaron como estructurador de su lucha en los últimos años, porque reformar la Constitución había sido ya una demanda ya en el 2007 en su primer Congreso:

“Logramos entender que el querer una nueva constitución no es solamente reclamar, porque esa fue una decisión del Primer Congreso, pero en el Segundo Congreso vimos que una constitución se debe crear desde el pueblo, por lo tanto abrazamos la bandera de la Asamblea Constituyente y nos declaramos en Asamblea Constituyente permanente, y trabajamos para que se entienda qué es una asamblea constituyente. Y cuando la asamblea constituyente se la piensa dentro de la rebelión del pueblo, se convierte en una bandera de lucha, y nosotras estábamos ahí, porque habíamos trabajado tenazmente por una asamblea constituyente”. Pese al resultado el pasado 4 de septiembre de 2022 en el que se rechazó la Carta Magna propuesta, lograron instalar en Chile de que sin Soberanía Alimentaria el pueblo nunca sería del todo libre. 

La historia de ANAMURI se trama en hitos que fueron marcando el devenir y la definición de la esencia de la organizaciòn:

Desde la soberania alimentaria, de definir que las semillas son un patrimonio de nuestro pueblo, hasta lucha contra la opresiòn y la violencia contra las mujeres, a la que es la lucha por el derecho a un salario digno, a un salario como corresponde, al reconocimiento de lo que significa ser una asalariada, o la identidad que emerge de las trabajadoras del mar, la necesidad de formar nuestras propias profesionales para poder sostener una agricultura que responda a las necesidades del pueblo”

Sin dudas ANAMURI, un cuarto de siglo después, representa la diversidad y heterogeneidad del mundo rural de hoy y del feminismo campesino y popular en el continente. Hace 25 años, varias de las mujeres que hoy son nuestro ejemplo de lucha y coherencia,  necesitaban una organización de las mujeres del campo amplia y diversa, donde puedan pensar, actuar y soñar. Eso es Anamuri, un grito de rebeldía que todavía se mantiene. 

“Estamos celebrando estos 25 años de ANAMURI. El haber sido capaz caminar un cuarto de siglo con las banderas en alto, no solamente por la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres, sino por lo que significa el poder defender la tierra, defender nuestra cultura, defender la agricultura campesina, defender el futuro de nuestros hijos, abrir ruta para que cada dia puedan más jóvenes quedarse en el campo, ingresar a la organizaciòn, y mirar con esperanza el futuro”.

Lxs invitamos al 7mo Congreso Internacional de Salud Socioambiental y 4to Encuentro Intercontinental Madre Tierra una Sola Salud en Rosario, Argentina, del 12 al 16 de junio. El eje central es «Cuidando la Salud de la Madre Tierra en contextos de Cambio Climático».

Recuperamos la presencialidad para que podamos abrazarnos, re-conocernos y compartir resistencias, tejiendo juntxs las tramas de una re-existencia en territorios más saludables, tanto para nosotrxs como para las generaciones futuras. En los próximos días, compartiremos momentos de las distintas actividades que se llevarán a cabo durante la semana ?

 

Compartimos las siguientes actividades coordinadas con la Fundación Rosa Luxemburgo:

1️⃣ Taller «Agroecología Urbana: Producir alimentos en las ciudades para mitigar el Cambio Climático» para reflexionar sobre cómo impulsar políticas públicas integrales de Agroecología Urbana y contribuir a la construcción de ciudades sostenibles y equitativas.
Coordinan Ing. Agr Antonio Latucca e Ing. Agr. Francisco Pescio.
Miércoles 14 a las 14:30 hs en el Salón C del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080).

2️⃣ Mesa del grupo de trabajo «Sistemas alimentarios para recuperar la salud de los territorios» sobre agricultura urbana, derecho a la alimentación y soberanía alimentaria desde una perspectiva de mitigación del cambio climático en las ciudades.
Participarán de la mesa
Eduardo Cerdá (Arg), Fernando Frank (Arg), Tomasa Ramos (Arg) y Leomarcio Araujo (Br).  Modera: Patricia Lizarraga
Jueves 15 a las 15 hs en el entrepiso del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. 

3️⃣ Mesa del grupo de trabajo «La transición energética en Argentina” para problematizar las falsas soluciones a la crisis climática y pensar la construcción de políticas y experiencias para la vida.
Participarán de la mesa Melisa Argento (Arg), Pablo Rullo (Arg) y Maristella Svampa (Arg). Modera: Florencia Puente
Jueves 15 a las 17 hs en el entrepiso del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.

El Congreso tiene otras mesas de debate y talleres que pueden consultar acá: https://institutossa.org/congreso2023//

Cronograma del congreso

 

Este Congreso tiene por finalidad principal abrir un espacio amplio de reflexión, debate, valoración y memoria en torno al período histórico de la Unidad Popular, la dictadura civil-militar y su herencia en el Chile postdictatorial, con amplia participación del mundo académico y social, a través de múltiples formatos: artículos académicos, ensayos, relatos, debates, vídeos, expresiones artísticas diversas y otras posibilidades.

El Congreso busca hacer confluir al mundo académico tradicional y al creciente mundo de la academia no tradicional, caracterizada por los conceptos de universidad abierta, universidad popular y pluriversidad. En este sentido, el Congreso procurará implementar de manera concreta prácticas de democratización del conocimiento.

Se realizará dentro de la primera semana de septiembre de 2023, con una duración de 1 o 2 días, dependiendo del volumen de trabajos recibidos y aprobados. Las actividades presenciales se desarrollarán en Santiago de Chile, en distintos recintos y espacios públicos de la comuna de Recoleta. No obstante, se espera desplegar esta iniciativa en otras regiones de Chile, como también en distintos países de América Latina y el mundo, a través de actividades en modalidades híbridas y virtuales.

El Congreso busca promover el libre intercambio de saberes entre investigadores/as, artistas y creadores/as, dirigentes/as sociales, estudiantes secundarios/as y de nivel superior, pobladores/as, trabajadores/as, representantes de pueblos originarios y otros grupos sociales que habitualmente son excluidos de estos espacios de generación y difusión del conocimiento.

Por lo tanto, podrán presentar sus propuestas personas de cualquier nivel educacional, sin necesidad de grados académicos ni títulos profesionales.

Las personas interesadas en presentar sus trabajos en este Congreso, deben ingresar a la página web www.uar.cl/congreso-50, leer las indicaciones que allí se entregan y completar un breve formulario.

 

Para participar, es importante revisar detenidamente el siguiente calendario de postulación:

• 8 de mayo: Lanzamiento de la convocatoria a presentar propuestas
• 8 de mayo al 5 de junio: Recepción de propuestas (resúmenes)
• 5 al 23 de junio: Preselección de propuestas, a cargo del Comité Académico
• 26 y 27 de junio: Comunicación de trabajos preseleccionados
• 31 de julio: Recepción de trabajos finales
• 1 al 18 de agosto: Revisión de trabajos finales, a cargo del Comité Académico
• 21 de agosto: Publicación programa definitivo

PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE: REALIZACIÓN DEL CONGRESO ABIERTO Y POPULAR.

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Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo, Médicos del Mundo, People’s Health Movement e Iconoclasistas, en el marco del segundo curso “Introducción al análisis de los procesos de salud en contexto de extractivismos” dictado en el 2020, se desarrolló el poster Cuerpo-Territorio que da cuenta de diez problemáticas socioambientales en Sudamérica y sus impactos en la salud. Dicha herramienta de trabajo colectivo, construida por les participantes del curso, intenta facilitar la comprensión de los procesos generados por los modelos extractivistas imperantes en cada región y su implicancia en nuestros cuerpos.

 

Desde su presentación en 2021, el poster giró por todo el país y otros países, fue traducido al portugués, estuvo en marchas, asambleas, salas de espera de centros de salud y hospitales, en centros comunitarios y escuelas, y fue sobre todo un disparador para procesos de formación que buscaban contribuir a la visibilización y reflexión sobre las problemáticas extractivistas y sus implicancias en nuestro cuerpo-territorio.

 

Este recorrido llevó a consolidar una metodología para trabajar el Poster en los más diversos espacios, la cual fue sistematizada en el cuadernillo que acá les compartimos. Pedagogías para el Cuerpo-Territorio: Cuadernillo Metodológico para espacios educativos formales y no formales, sistematiza técnicas de educación popular para que docentes, educadores populares, activistas, militantes, promotorxs de salud, o quien se sienta interpelado para hacerlo,  lleven a sus organizaciones y comunidades el poster y puedan generar espacios de reflexión y análisis para reconocer y reflexionar sobre los procesos que afectan nuestros cuerpos-territorios;  aprender cómo determinan nuestra salud y qué posibilidades tenemos de construir alternativas más libres, diversas y saludables. 

 

Con el Cuadernillo iniciamos una serie de talleres presenciales que se realizarán durante el 2023 para trasladar la metodología y que se encuentren con los materiales. 

 

Para más información sobre los talleres, o para pensar alguno en tu comunidad pueden escribir al correo [email protected] 

 

 

Descarga el cuadernillo aquí.

El nuevo proceso constituyente chileno ya se encuentra en marcha. Sus reglas están establecidas y uno de los tres órganos que lo componen ya se encuentra trabajando. El 7 de mayo se realizarán nuevas elecciones para elegir a quienes escribirán la propuesta y la gran pregunta es cuáles son las posiciones que la izquierda chilena —dentro y fuera de los partidos políticos— tiene respecto al proceso. A partir de las entrevistas realizadas para este artículo se desprenden algunas primeras ideas que son parte de un camino lleno de aristas y complejidades. 

Imagen: Jose Pereira – TELAM

Por Javiera Tapia Flores

“En Chile no hay una izquierda. Hay izquierdas”, dice Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo XXI y candidata al Consejo Constitucional por “Unidad para Chile”, el pacto del sector progresista conformado en febrero del 2023 de cara al nuevo proceso constituyente, por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Partido Comunista, Partido Socialista y Liberal. 

La idea de que no existe una sola izquierda, ni tampoco un proyecto político común, es una de las pocas en las que se encuentran de acuerdo los dos principales sectores a los que pertenecen las y los entrevistados para este artículo, todos parte de lo que se podría denominar izquierdas —tanto de partidos políticos como organizaciones sociales— que apoyaron la opción Apruebo en el pasado plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, día en el que ganó con un 62% de los votos la opción Rechazo. 

“A mi parecer, hubo atisbos de posibilidad de tener un proyecto conjunto con la discusión de la Convención Constitucional, pero esa derrota reforzó las divisiones históricas”, dice Camila. “Me parece que hoy día la izquierda en Chile está dispersa en organizaciones sociales de distinto tipo: de carácter territorial, de luchas medioambientales, de la lucha feminista, de las luchas por el cuidado, de las luchas por vivienda digna y también en los partidos que, creo, están principalmente en Apruebo Dignidad [coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric]”. 

En un contexto de derrota política posterior al 4 de septiembre es en el que se encuentra el sector para enfrentar el nuevo proceso constituyente, acordado en el Congreso en diciembre pasado de manera transversal, en el llamado “Acuerdo por Chile”, en el que participaron desde el Partido Comunista hasta la derecha tradicional. Eso sí, se trata de un camino muy diferente al anterior, tanto en su composición y reglas. Y este trabajo ya comenzó: una Comisión Experta de 24 personas elegidas por el Congreso presentó un anteproyecto para que el Consejo Constitucional compuesto por 50 personas —elegidas por voto popular obligatorio el próximo 7 de mayo— comience la redacción. El otro órgano que completa el nuevo sistema es el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas, también elegidos por el Congreso, que harán valer una lista de 12 bases constitucionales que fueron fijadas tan solo un mes después del plebiscito de salida anterior y ya establecidas en el artículo 154 de la ley 21.533. O como varias de las fuentes para este artículo las definen: bordes o límites que el debate de normas no debe traspasar. 

En general, las posiciones respecto al nuevo proceso constituyente en las izquierdas separan aguas entre quienes desean participar del proceso como parte de una disputa institucional que debe darse (partidos políticos) y quienes lo cuestionan como ilegítimo (organizaciones sociales, muchas de las cuales participaron activamente en el proceso anterior y fueron por la opción del Apruebo). Hasta ahora, además, muy pocos movimientos de la sociedad civil han manifestado de forma clara sus llamados a la acción frente a las próximas elecciones de mayo. Manuela Royo, ex constituyente y vocera del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), organización que también es parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales, explica que dentro de aquella unión de organizaciones “hay quienes ya están por hacer una campaña por anular y otros que todavía no lo han decidido. Pero como es una coordinadora no existe una uniformidad sobre ese punto. En el fondo, cada movimiento tiene sus propias particularidades”, dice.

Fuente: Carlos Figueroa (Wikimedia)

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“Estamos en un escenario de derrota electoral y de minoría parlamentaria. Y, por tanto, si se quería abrir y continuar este proceso constituyente, la cancha en la cual se tenía que entrar a negociar era muy adversa. El resultado de esta negociación, tengo que ser claro, no nos satisface plenamente ¿Cuál era la otra alternativa? Cerrar el proceso constituyente y quedarnos con la Constitución de Pinochet”, dice Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric. Y puntualiza que su sector “jamás estuvo de acuerdo” con la designación de un Comité de Expertos, “pero la derecha lo puso como condición para poder avanzar a un órgano 100% electo y accedimos con la convicción de que tenemos que disputar esos espacios que por más tutelados que se quieran ver, es nuestra obligación política e histórica”, dice.

Y dirige una pregunta hacia quienes “legítimamente”, aclara, critican el proceso: “¿Entonces qué? ¿Esperar que aparezcan las posibilidades de victoria y me encuentre una revuelta para poder hacer los cambios?”. De inmediato, el diputado se responde: “los procesos revolucionarios no son los que necesariamente se construyen en la foto heroica, sino en la cotidianidad. Creo que hay una falta de autocrítica profunda de ciertos actores que, sin tener la capacidad y la fuerza hoy para enfrentar a la derecha, tampoco ofrecen alternativas para avanzar en superar la constitución de Pinochet. No hacer nada para quedarnos con esta Constitución es, de hecho, absolutamente conservador. No atreverse y no arriesgarse a iniciar un nuevo proceso con toda la dificultad que nos trajo el rechazo, me parece profundamente anti revolucionario”, reflexiona.

Alondra Carillo, ex constituyente y vocera de la Coordinadora Feminista 8M, explica que la posición actual de su organización es la de denuncia “del carácter antidemocrático y excluyente con el que fue acordado el proceso”. Algo que también manifiesta Manuela Royo, quien caracteriza el nuevo camino de escritura de la constitución como “muy poco participativo, muy poco democrático y muy poco representativo de las organizaciones sociales y de todo el mundo que está fuera de los partidos políticos que hoy día se encuentran en el poder”.

Por su parte, Matías Marambio, militante de Convergencia Social y uno de los coordinadores de su Frente de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Géneros, explica que dentro de las dirigencias partidarias hubo “una suerte de consenso en donde parece prioritario asegurar la continuidad del proceso antes que casarse con un diseño posible”. Además indica que existe “una disputa al interior de los sectores oficialistas del Apruebo y también dentro de los mismos partidos que componen la coalición de gobierno Apruebo Dignidad, respecto de cuáles fueron las razones de la derrota del 4 de septiembre y, por lo tanto, en qué medida un nuevo proceso debiera hacerse cargo de estas razones, evitando cuestiones que fueron vistas como errores del proceso o como puntos débiles”. 

Carrillo cree que “este proceso fue acordado con un carácter deliberadamente excluyente, y eso se funda en una premisa que, parece ser un acuerdo transversal de todos los sectores partidarios, de que uno de los errores del proceso anterior fue habilitar la participación de los sectores organizados del movimiento popular mediante la auto representación. Y eso lo dijeron los sectores partidarios, particularmente de sectores como el Partido Socialista o el Partido por la Democracia, incluso durante la campaña por el Apruebo”. 

Dentro del nuevo sistema constituyente, un concepto que al parecer ya ha quedado fuera del debate —debido a la implementación de las 12 bases constitucionales— es el de Estado Plurinacional, ya que una de ellas indica que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”. Pero la participación de los pueblos originarios también será diferente esta vez. Si en el primer proceso existían 17 escaños reservados para ellos, esta vez su participación se acotará a la representación solo en el Consejo Constitucional, con la condicionante de alcanzar un mínimo de votos. “El mecanismo definido en el acuerdo por una nueva Constitución no se reserva en estricto rigor ningún escaño, sino que se abre la ‘posibilidad’ de lograrlos, imponiendo condiciones restrictivas e injustificadas para lograr que la votación de personas indígenas se traduzca en representación efectiva. Para verse representadas las personas indígenas no solo deberán votar, sino que deberán alcanzar ciertos márgenes de participación. Esta participación será, además, evaluada en referencia a la participación nacional de personas no indígenas”, explica aquí Claudia Iriarte, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Derechos Humanos.

Foto: Francisca Yévenes

“Lamento mucho que esa comisión de expertos en vez de abrir puertas, al parecer las esté cerrando”, dice la académica mapuche, lingüista y ex Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon. “Las está cerrando, por cuanto su expertise tiene límite. Y tiene límite porque hay un acuerdo previo antes establecido donde define que Chile es una nación única y en ese concepto de nación única, quedamos todos fuera. Por eso no hay presencia de expertos indígenas en esa comisión. Los escaños reservados no se reconocieron. Se comete un error grande en dejar de lado los avances que hemos logrado por vías de procesos democráticos y todo tiene consecuencias. Yo no sé qué puede pasar, porque no estoy en la coyuntura, hay otras personas llevando adelante el proceso. Y, sin embargo, los grandes temas a mí me siguen importando y dentro de esos grandes temas está la propuesta de plurinacionalidad para resolver los problemas políticos de marginación que hemos tenido a lo largo de la historia. Sigue siendo una posibilidad para nosotros”, explica. 

“La participación de los pueblos indígenas no solo se trató sobre su derecho colectivo, sino también significaba una ampliación de las posibilidades democráticas para pensar el Estado. Esto se cercena en este segundo momento”, dice Claudio Alvarado Lincopi, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). “Se dejan afuera a los pueblos indígenas, así como otras expresiones que fueron, aparentemente, los culpables de todo esto”. A su juicio, el nuevo proceso “será arreglado de nuevo por los grandes partidos políticos en Chile, por quien ha tenido la mayor capacidad de acumular fuerza durante los últimos treinta años. Entonces, yo diría que los pueblos indígenas no están participando porque hay una decisión política de cerrar la discusión democrática a actores muy determinados”, concluye. 

Claudio también explica que dentro del movimiento indígena “hay gente que sí quiere participar de este segundo momento y otra que no, que está llamando a anular para la próxima votación del 7 de mayo. Y el llamado que se hace desde el sector en el que yo me ubico, que es el que dice que hay que votar, es que si van a anular, que lo hagan en la papeleta verde, en el voto indígena, reconociendo que el Estado debe abrir cauces democráticos para que las voces de los pueblos indígenas tengan expresión tanto electoral como político-institucional. Y ahí hay un encuentro en las posiciones que se presentan en esta coyuntura específica, no sé si antagónica, pero sí en veredas que no son la misma. Y creo que eso es traducible también al interior de los movimientos sociales, en general. Están esas dos perspectivas. Una que tiene que ver con no participar porque es un proceso que se da por arriba, que es muy cerrado democráticamente y sin participación de los territorios. Un montón de cosas que yo comparto, por supuesto. Y otro sector para el que aún así es importante participar, con la necesidad de seguir instalando nuestras reflexiones y sobre todo, de no desaparecer del debate político institucional que, de algún modo, ya abrazamos”. 

Imagen: Mario Benedetti/AFP

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Según la encuesta Cadem de la última semana de marzo, “un 48% de los encuestados no sabe que se celebrarán los comicios, 88% no conoce a los candidatos de su región y 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el tema. En ese escenario, 44% dice hoy que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría. 22% no manifiesta opinión”. 

“Ese desencanto de la ciudadanía lo hemos palpado nosotras mismas en el equipo de La Neta cuando reporteamos en el ex Congreso”, dice la periodista Bianca González, directora de La Neta, medio fundado en 2021 que ha cubierto de manera exhaustiva todo el proceso constituyente. “Nos damos cuenta de que ya no pasa lo que pasaba antes con la Convención. Por ejemplo, antes, cuando se presentaba una iniciativa de norma, se aglomeraban afuera del ex Congreso las organizaciones sociales, representantes de distintos movimientos, personas, en general. También participaban dentro de los puntos de prensa que se daban en el Congreso, explicando en qué consistía lo que estaban proponiendo y dándolo a conocer a la prensa, cosa que ahora, según lo que hemos visto en lo que lleva de trabajo de la Comisión Experta, no sucede. No hay organizaciones sociales ahí apoyando”, dice. 

Imagen: AFP – JAVIER TORRES

Alondra Carrillo cree que la desafección de la ciudadanía “es un rasgo de continuidad en los últimos treinta años en la relación de las personas con la institucionalidad política. También se vio desafección en el proceso anterior, pero dentro de los sectores que sí se comprometieron, vieron destruida de manera muy concreta la expectativa y sentido que habían alojado en el proceso. Y yo creo que esa experiencia emocional de involucramiento, esa experiencia política que tienen esos sectores que sí se involucraron, es también hoy día lo que lo que a muchas personas les hace muy difícil, sino imposible, conectar con un proceso diseñado en directa negación con el proceso anterior, que es el proceso en el cual habían depositado sus expectativas, sus deseos, sus sueños. Es como si este nuevo proceso se resistiera a ser pensado por los sectores que han sido excluidos de él deliberadamente”. 

Manuela Royo dice que la poca implicación e interés social que genera este nuevo proceso constituyente “no es casual, porque fue una propuesta pensada y decidida de esa forma en la lejanía con la gente, con la ciudadanía”. Por otra parte, Camila Miranda cree que “además de desafección, hay un cansancio generalizado. Pero este desinterés, la candidata al Consejo Constitucional también se lo atribuye al diseño del proceso “que hace que predomine la acción de los partidos políticos. Y convengamos que en Chile menos de un 7% de la población milita en un partido político y existe una desconfianza en ellos también. Entonces yo creo que el conjugar por un lado el agotamiento y también la frustración del proceso anterior con esta otra componente de un diseño del proceso, donde los partidos tienen un rol muy protagónico, genera también esa desafección”. 

“La derecha quiere convencernos de que el ciclo político terminó y que el Comité de Expertos es la figura fundamental de nuestra democracia, pero eso no es así, mirando cualquier encuesta más o menos seria, uno se da cuenta de que todavía los partidos políticos están profundamente dañados en su legitimidad y por lo tanto, el ciclo político de apertura democrática no está cerrado. Y si no está cerrado, la disputa político institucional todavía sigue teniendo sentido ¿no?”, dice Claudio Alvarado.

En este nuevo proceso constituyente existirán cuatro formas de participación ciudadana: la iniciativa popular de norma, las audiencias públicas, los diálogos ciudadanos y la consulta ciudadana. Hay una gran pregunta que se hace Bianca: ¿cuál será el espacio de incidencia real que tendrá la sociedad civil a través de estos mecanismos? Aún no se sabe. “Porque todos ellos giran alrededor de un anteproyecto que ya estará redactado y serán espacios para entregar opiniones o propuestas, pero no para tomar decisiones”, dice la periodista. 

Carrillo ve muy poco probable la real participación ciudadana dentro del proceso porque “todas las potestades de designación que en última instancia resuelven las potenciales controversias que se podrían abrir, están depositadas en las organizaciones partidarias de representación parlamentaria. Por ejemplo, si es que la voluntad popular fuese intencionar una determinada votación dentro del órgano constituyente mediante la presentación de una iniciativa popular de norma y esta estuviese en controversia o en polémica con los doce bordes, quien tiene la posibilidad de definir es el Comité Técnico de Admisibilidad, designado por los partidos”.

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Recientemente, en la presentación del libro De triunfos y derrotas: narrativas críticas para el Chile actual, Claudia Zapata, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la U. de Chile dijo que una de las ideas que se repetía en los textos que eran parte de la publicación (escritos por diferentes autores de variadas disciplinas y que se ubican en la izquierda del mapa político), era “el convencimiento de que los partidos, los movimientos y las organizaciones que componen el heterogéneo mundo de la izquierda, carecen de arraigo popular masivo”. 

“Creo que habría que definir qué es arraigo popular y qué es lo popular, pero en parte estoy de acuerdo”, dice Diego Ibáñez. “Hay una elitización muy profunda de la alternativa de la izquierda que se han anclado en estratos sociales medios y hay un mundo popular que es que está en una permanente selva de competencia, donde la salida al malestar es por la vía individual, por la vía del consumo, por la vía del hastío a las instituciones y eso, lamentablemente, no lo han podido revertir el sector al cual yo represento. Al Frente Amplio le ha costado penetrar en esa subjetividad popular”, concluye. 

¿Cómo romper esa distancia entre las personas y los partidos y organizaciones de izquierda? Matías Marambio cree que una clave para resolverlo es pensar en qué le entrega un movimiento, sea partidario o no, a la gente que está fuera de él. “¿Qué gana una vecina al vincularse con, por ejemplo, una organización feminista que no obtendría de otra forma? Es volver a la vieja pregunta del para qué nos organizamos. También siento que hay un problema, a veces, en algunas organizaciones y partidos, cuando creemos que porque tenemos buenas ideas o buenos diagnósticos, o porque queremos sentir que somos gente con una cierta superioridad moral, eso llamará a las personas a participar. ¿Qué hace que la gente se motive lo suficiente como para ser voluntario de bombero y no a una reunión de un sindicato? Creo que eso es lo que hay que pensar”, dice.

Camila Miranda cree que no hay más que “mirar los resultados de los últimos procesos para ver que existe aquella dificultad de arraigo social. Al no tener un proyecto político común, por supuesto que es más difícil construir un diálogo y una propuesta al país. Creo que como izquierda tenemos que aprender de la experiencia de construcción anterior, porque los proyectos de cambio no solo se sostienen en programas, sino que en acción y en personas. Mirar lo que fue el movimiento estudiantil o las masivas movilizaciones feministas. Ha quedado un espacio vacío en construcción que han tomado otros esfuerzos políticos regresivos que están construyendo sus prácticas de arraigo popular, que por supuesto no compartimos, pero que lo están haciendo. Esta que viene es la primera elección de personas después de la derrota del 4 de septiembre, entonces, creo que lo que está en juego no es solo el cambio de la Constitución, sino también la relación de fuerza de la izquierda y también cuánto van a avanzar sectores que retroceden todo, como el Partido Republicano y el Partido de la Gente”. 

Según Claudio Alvarado Lincopi, asistimos a dos derrotas para la izquierda después del 4 de septiembre: la electoral, pero también la de la construcción de la narrativa. “Quien gana electoralmente, si tiene la capacidad de traducir eso en la construcción de un guión o de un momento político, gana dos veces”, dice. 

La derecha ha impuesto su agenda tanto para un gobierno que ha sido más reactivo que propositivo, como también dentro del mismo proceso constituyente. Un ejemplo de ello es el debate sobre delincuencia, crimen organizado y seguridad que ha devorado, incluso, las franjas electorales transmitidas por la televisión abierta. Se trata de un sector que Alondra Carrillo define como “una derecha sin proyecto y sin nada que ofrecerle al país más que una agenda punitivista que nos tiene frente a un proceso constituyente que más parece la redacción de un nuevo Código Penal que la redacción de un nuevo pacto social”. 

No sabemos qué sucederá a partir del 7 de mayo, cuando ya sean elegidos los Consejeros Constitucionales, pero mientras las izquierdas chilenas siguen sin tener una estrategia compartida para enfrentar este nuevo proceso, es claro que los sectores más conservadores de la sociedad y la clase política van, sin duda, ganando terreno. 

Imagen: Luis Sandoval Mandujano / Alamy Stock Photo

 

Esta diplomatura internacional que llevaremos adelante junto con la Universidad Abierta de Recoleta (UAR) Pluriversidad de Chile, surge con el objetivo de aportar, desde la educación popular y el diálogo de saberes, al fortalecimiento de los procesos formativos de la militancia y el activismo de organizaciones de izquierda, colectivos/as, cooperativas y movimientos populares que luchan y construyen a diario poder en diversos territorios y realidades de Nuestra América, en particular del Cono Sur y Argentina.

Consideramos que en la actual coyuntura es necesario revalorizar el papel de la formación, ya que es en contextos de crisis cuando se deben potenciar procesos de debate y discusión, de intercambio de miradas, de lecturas conjuntas y análisis rigurosos acerca de la realidad, con capacidad creativa y vocación disruptiva, que nos permita (auto)formarnos para el estudio y la transformación, pero también para identificar dificultades y balancear nuestros posibles errores, así como apuntalar y expandir las conquistas que hemos tenido como pueblos. Si bien la lucha y la experiencia cotidiana en diferentes ámbitos militantes constituyen también “espacios-momentos” formativos, nos interesa generar una instancia específica donde se priorice el aprendizaje conjunto, la co-producción y la socialización de saberes, así como el debate colectivo en torno a la coyuntura de crisis civilizatoria por la que transitamos, profundizando en los desafíos que afrontamos y en las estrategias de acción y los horizontes emancipatorios que debemos construir como pueblos.

La UAR y la Fundación Rosa Luxemburgo se unen en esta acción formativa para la construcción colectiva de alternativas políticas que hagan frente a las problemáticas sociales, alentando saberes y prácticas que sirvan a quienes asumen roles de liderazgo social hoy y mañana, de modo que sean agentes de transformación dentro de sus propias realidades. Es por ello que queremos invitarles a participar de esta Escuela, que tendrá funcionamiento presencial en la sede de la Fundación Rosa Luxemburgo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su vez contará con una formación virtual en la plataforma digital de la Universidad Abierta de Recoleta/UAR (Santiago de Chile).

La Escuela, cuya coordinación pedagógica está a cargo del politólogo, doctor en ciencias sociales, activista y educador popular Hernán Ouviña y que contará con la participación de educadorxs de gran trayectoria militante, intelectual y formativa, está planificada en cuatro cursos en los que se abordarán los siguientes ejes temáticos:

CURSO 1: Pensamiento crítico y marxismo(s): teoría y práctica de la emancipación CURSO 2: Crisis multidimensional: capitaloceno, transiciones y soberanías en conflicto CURSO 3: Luchas y reconfiguraciones del mundo del trabajo CURSO 4: La democracia y lo común como territorios en disputa

La Escuela Latinoamericana de Formación Política Rosa Luxemburgo es totalmente abierta y gratuita y no tiene ningún requisito académico para su inscripción.

Les invitamos a participar

Para inscribirse: https://www.uar.cl/estudia-en-la-uar-cursos-y-talleres-diplomado-en-formacion-politica/

Conoce más del diplomado en esta charla ente Hermán Ouviña y Claudia Masihy:

 

Entrevista a Jozileia Kaingang

Por Vanesa Dourado y Tatiana Velehorski

Jozileia Kaingang es Jefa de Gabinete del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil y vino a la Argentina a participar, en nombre del Gobierno, de la Mesa de la Presidencia y de los Países Partes del Acuerdo en el marco de la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú realizado en Buenos Aires del 19 al 21 de abril. La COP2 se realizó con el objetivo de elegir a lxs primerxs integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y avanzar en la implementación del Acuerdo en la Región.

El Acuerdo de Escazú es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado en Costa Rica (Escazú) en el año 2018 y entró en vigor en 2021. Este acuerdo es el primer tratado internacional a nivel mundial que incluye una cláusula sobre la protección de los defensorxs de los derechos humanos. Hasta el momento, el Acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con quince Estados Partes: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. En el caso de Brasil aún no lo ha ratificado, pero hay iniciativas desde el Ministerio de Pueblos Indígenas para cambiar esta situación. 

Según el informe de Global Witness, una organización no gubernamental internacional, en una década (2012 a 2021) 1733 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en el mundo, de las cuales 342 eran de Brasil. En el 2021, México fue el país con mayor número de asesinatos (54%), seguido por Colombia (33) y Brasil (26) que registró un aumento con respecto al 2020. Tal como señala el informe “Alrededor de un tercio de los asesinatos fueron contra personas indígenas o afrodescendientes, y más del 85% de los asesinatos ocurrieron en la Amazonia brasileña”. Conversamos con Kaingang sobre este y muchos temas más.

 

¿Cuáles fueron tus impresiones sobre la COP? ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo? ¿Cuál es tu mirada respecto a ese proceso?

JK: Muchas gracias por promover este diálogo. Nosotrxs en Brasil todavía no somos parte de la COP, el Acuerdo todavía no ha sido ratificado. Tanto el Ministerio de Pueblos Indígenas, como el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Derechos Humanos han llevado a cabo un diálogo y un esfuerzo para que nos convirtamos en Estado Parte y hemos estado dialogando con el Itamaraty, la cancillería brasileña. El próximo paso es la aprobación en el Congreso. Nuestra posición es que el Acuerdo sea ratificado. 

El Acuerdo en sí es muy importante para nosotrxs por varios aspectos, entre ellos, por la información calificada y que debe llegar a todxs. Así, los pueblos indígenas pueden tener acceso a la información que de otra forma no nos llega y que queda muy en la esfera de los gobiernos y de los debates entre los Estados. Nos interesa saber qué dicen del medio ambiente, qué dicen de nosotrxs y qué dicen de los defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. 

Esta segunda COP es importante para nosotros, los pueblos indígenas, y para el Ministerio de Pueblos Indígenas porque se están discutiendo los acuerdos y todo está en proceso de creación. Entiendo que ya había una discusión muy fuerte en otros espacios y que se condensó para que pudiéramos tener una Conferencia de las Partes que, aunque sea regional, es muy importante. 

Además, tratar con los defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el tema ambiental para los pueblos indígenas es fundamental porque estamos en los territorios, que son los más protegidos del planeta. Los pueblos indígenas defendemos y protegemos el 82% de la biodiversidad del planeta y estos no son datos nuestros, son datos de la ONU. Cuando hablamos de un Acuerdo que trae un debate tan importante a los más amenazados -ya que los pueblos indígenas defendemos los derechos humanos y nuestros territorios- lo consideramos como una oportunidad. 

Hemos estado siguiendo otras COP, como la del clima y la de biodiversidad. Son COPs que ya tienen mucho acumulado. La COP de Escazú está en construcción y queremos ser parte del proceso. Si el gobierno no ratifica, seguiremos participando en las discusiones, porque necesitamos que los defensores tengan algún espacio no gubernamental y con otros gobiernos que estén pensando en protegerlos seriamente. Hoy, incluso en el Ministerio de Derechos Humanos brasileño, el programa de protección de los defensores no nos da la seguridad que necesitamos.

 

Desde el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas, apuestan a una nueva institucionalidad y de democratización donde no quede todo en la esfera institucional sino que haya un ida y vuelta con el territorio.

JK: En este momento estamos viviendo una “retomada”. Decimos esto porque estamos recuperando los territorios que nos fueron arrebatados. Organizamos campamentos, resistimos hasta que termina el proceso judicial o hasta que el tribunal nos envía la orden de desalojo. Es un proceso duro, pero ya tenemos una resistencia y una relación entre nosotrxs muy fuerte. 

Me gusta utilizar la palabra “retomada”. Porque es un proceso de retomar la ciudadanía, retomar la solidaridad, retomar nuestros derechos, nuestros consejos, retomar la ciencia brasileña que resistió durante estos cuatro años para sobrevivir. Y nosotros, los pueblos indígenas, hemos sido parte de este movimiento de la ciencia. Estamos viviendo un proceso de retomar lo que significa ser brasileño, de la sociedad brasileña como algo amplio, como algo que realmente entiende qué parte de la sociedad construye efectivamente la vida cotidiana. En relación a este gobierno -que es un gobierno democrático- aunque tengamos un alineamiento político con el Estado, pensamos que este es un momento para tejer y dialogar con diversos sectores, incluso con aquellos que no están de acuerdo con los pueblos indígenas. Entendemos que necesitamos establecer alianzas. 

El hecho de que el presidente Lula invitara a los pueblos indígenas a formar parte del equipo de transición y a pensar en el Ministerio de los Pueblos Indígenas fue, en nuestra opinión, un gran paso. Nunca antes en la historia habíamos participado en el gobierno ni habíamos sido consultados sobre algo realmente importante para todxs nosotrxs y relacionado con nuestros territorios, como la gestión territorial o la demarcación de las tierras indígenas. Otros programas fueron creados en el pasado, durante los gobiernos Lula y Dilma, y fueron importantes, como la Asignación de Permanencia, las cuotas en las universidades, el Programa de Asignación Familiar, pero nunca algo pensado específicamente para nosotros. Es muy importante construir el Ministerio de los Pueblos Indígenas dentro de un gobierno democrático, que tiene como prioridad eliminar la pobreza y el hambre. 

Somos vistos como una parte miserable de la población. Hay muchos casos de personas que no tienen territorio, y si uno no tiene territorio no tiene madre, no tiene comida. Si uno tiene territorio, tiene madre. Se trata de saber que hay un lugar al que volver. Los pueblos que no tienen territorio están en el umbral de la pobreza extrema. 

Pero también gran parte de nuestros pueblos tienen territorios que muchas veces son considerados improductivos, tierras que no tienen impacto económico en el Estado, en la economía del gobierno federal. Hoy tenemos la posibilidad, a través del Ministerio de Pueblos Indígenas, de mostrar que nuestros territorios tienen un impacto importante. Puede que no sea monetizado en este momento, aunque sabemos que muchas veces somos la vitrina para la discusión sobre REDD+(1) en el país.

Nuestro territorio no produce cereales a gran escala, produce alimentos, produce vida, produce biodiversidad, es una perspectiva diferente de lo que ve la mayor parte de la sociedad económica. Nos preocupamos realmente por el futuro, no sólo por el futuro de las poblaciones indígenas. Cuando protegemos el territorio, no lo hacemos sólo por nosotros, lo hacemos por toda la sociedad. Proteger la Amazonia, el Cerrado, la Pampa o la Caatinga es proteger a toda la sociedad. 

Cuando pensamos en el Ministerio de los Pueblos Indígenas, no estamos pensando en la posibilidad de institucionalizar la causa y la lucha de los pueblos indígenas. Seguimos luchando desde afuera, seguimos con nuestras organizaciones indígenas orientando al Estado ya que no todo el Estado estará de acuerdo con lo que nosotros queremos para el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Sabemos que hay un manejo de fuerzas, de propuestas y de convencimiento, y todos los Estados-Nación son así. Pero también sabemos de la importancia de estar dentro de un Estado donde podamos plantear nuestras necesidades y señalar caminos para llegar a las poblaciones indígenas con programas eficaces. El Estado brasileño, y todos los Estados, deben tener un compromiso social, un compromiso con su población, un compromiso con el buen vivir, un compromiso con la vida. 

El Ministerio es el lugar para pensar políticas públicas que nos hagan bien, ya sea con la demarcación de nuestras tierras, la salud o la educación. Y aquí tenemos que pensar en un universo. Porque cuando pensamos en la demarcación de tierras, es necesario pensar en todo lo que envuelve la demarcación territorial, desde la gestión del territorio, hasta pensar en la educación en el territorio. 

Es necesario pensar en las escuelas que hoy están en nuestras tierras, y aunque la escuela es un agente del Estado y que en un momento muy importante de la historia fue un agente villano que entró en nuestros territorios, hoy nos hemos apropiado de la escuela y ella se ha convertido en un agente de nuestros pueblos. Tenemos que pensar cómo vamos a gestionar esta escuela, pensando en una escuela indígena de calidad y en una salud efectiva, considerando nuestros saberes. 

En salud también tenemos un choque muy grande, que es el conocimiento biomédico que prevalece por encima de cualquier otro conocimiento, y así es entendido por gran parte de la ciencia. Estamos dando una gran lucha para que se reconozca el conocimiento de los pueblos indígenas, el conocimiento de nuestra ciencia, de nuestro manejo forestal, de las medicinas tradicionales. El Ministerio ha estado discutiendo la política de salud. Saber que la salud está siendo implementada por el Ministerio de Salud con una secretaría especial de salud indígena es muy importante para nosotros.

 

Debido a que hay una gran preocupación a nivel regional y global por la Amazonía frente al avance del agronegocio y de la minería, ¿cuáles son las acciones que desde el Ministerio están pensando o que ya se están promoviendo para proteger la Amazonía frente a ese modelo de maldesarrollo profundizado durante el gobierno de Bolsonaro? 

JK: Hay dos puntos muy importantes a tratar: el avance del agronegocio en la Amazonía y el avance de las empresas. Hoy no podemos hablar de la Amazonía sin hablar de las grandes empresas, y no podemos hablar de las grandes empresas sin hablar del gobierno de Dilma Rousseff que implantó una hidroeléctrica que generó un gran enfrentamiento con los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y ambientalistas en Belo Monte. Esta hidroeléctrica está a punto de renovar su contrato de operación. Aunque Belo Monte es una realidad que ya no podemos cambiar, estamos muy preocupadxs porque las poblaciones indígenas no han logrado dialogar para contener los impactos negativos. Entonces ahora tenemos que pensar qué podemos hacer para revertir mínimamente esos impactos que nos afectan diariamente. Los pueblos indígenas que están en la región donde se construyó Belo Monte han dialogado con el Ministerio de los Pueblos Indígenas para manifestar su preocupación con la firma del nuevo contrato. Es necesario que haya un diálogo basado en el Convenio 69 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para que se proporcione información adecuada, que haya tiempo para debatir y discutir, que no haya presiones y que Norte Energia no ejerza presión financiera para que se tome una decisión equivocada. 

Hablar de grandes empresas en la Amazonía es una advertencia, no queremos otra gran empresa que la afecte como lo hizo Belo Monte. Por desgracia, mucha gente nos dice que los pueblos indígenas son un obstáculo para el progreso nacional. En realidad, esto sucede porque las personas no son conscientes de lo que dicen, no saben el impacto que un gran emprendimiento como este tiene no sólo en la vida de las personas, sino para las generaciones futuras. Hay varios estudios sobre Belo Monte, algunos de ellos indican que no se podrá sostener durante muchos años porque la selva amazónica tiene una gran acumulación de vegetación en los cuerpos de agua. Me preocupa hasta qué punto los impactos han modificado la vida de todos los humanos y no humanos, y cómo todavía no se ha podido entender lo que significa tener un proyecto como Belo Monte cerca de comunidades indígenas. No es sólo el proyecto en sí, es la realidad de las personas que vivirán en los alrededores, las personas que construirán el proyecto, las personas que trabajarán en el proyecto que no conocen a los pueblos indígenas y no respetan nuestra forma de vida y que no respetan el bosque.

Otro gran debate que necesitamos tener sobre la Selva Amazónica, y que los parientes indígenas que vienen al Ministerio a hablar con la ministra o las secretarías se llevan como reivindicación, es el agronegocio. El agronegocio ha hecho avanzar la frontera agrícola. En el pasado se decía que la frontera agrícola del agronegocio era Mato Grosso, pero hace mucho tiempo que pasó ese límite. Los bolsones de selva que existen hoy en Mato Grosso son tierras indígenas, ni los parques ni las reservas biológicas están tan protegidos como los lugares donde tenemos territorios indígenas. Es así porque sabemos cómo manejar el bosque, cómo cuidarlo, porque no es sólo el bosque, son los animales y la cantidad y calidad de las plantas. Esta es una gran discusión que tenemos en Brasil. Tener una base de datos que pueda registrar todas estas plantas y productos farmacéuticos que producen los pueblos indígenas sólo será posible si tenemos bosque. 

La frontera agrícola, la producción de soja, arroz y caña de azúcar están invadiendo lentamente nuestros territorios. Los madereros también invaden la selva para robar madera, y todo esto dentro del bioma amazónico. Cuando hay invasores en las tierras es posible ver cuánto se modifica el medio ambiente, sobre todo por las grandes plantaciones y la tala de árboles. Esto es muy visible donde no hay tierras indígenas. Es necesario reflexionar mucho sobre lo insostenible que es este modelo de producción. Hay muchos modelos de producción sostenible, no es necesario tener un gran territorio para producir alimentos o criar animales. Hoy en día, gran parte de los bosques se abren quitando árboles y quemándolos para criar ganado. Este uso incorrecto del suelo repercute directamente en el bosque, el clima y la vida de las personas, y esto no es producción para alimentar a quienes tienen hambre. Toda esta producción está destinada a la exportación, es para alimentar un mercado que no puede ver la realidad de lo que se vive. 

En 2019, la APIB (Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil) estuvo en Europa para mostrar a las empresas y a los gobiernos que la carne que comen y el arroz que consumen vienen de tierras manchadas con la sangre de los pueblos indígenas, sean los Munduruku, los Guaraní-Kaiowá y tantos otros. Sin mencionar el problema del garimpo en tierras Yanomami. No podemos pensar en la selva amazónica como un bioma, sino como un agente, como un no-humano presente y potente.

 

Vos mencionaste el tema del garimpo. ¿Qué significa esa práctica?

 

JK: El garimpo es una forma de minería a pequeña escala. Se trata de personas que invaden la selva para extraer ilegalmente metales preciosos, normalmente utilizando una gran cantidad de mercurio y contaminando nuestra tierra. Cuando hablamos de minería en la Amazonia, en el estado de Roraima, es posible ver cómo la gente no valora su propia vida. En los lugares donde hay garimpo es posible ver que la práctica es llevada a cabo por gente muy joven. Son personas que no encuentran otra posibilidad y ni siquiera pueden imaginar otra realidad de vida que les permita elegir otro lugar. Son jóvenes que no han tenido acceso a la escuela, el garimpo es lo único que conocen. 

Muchos garimpeiros violan a nuestras mujeres, violentan a nuestros niños y matan a indígenas. Como mujer indígena, entiendo que estas personas necesitan otra oportunidad para volver a aprender a vivir, para entender que la vida no es sólo el garimpo, que la vida no puede reducirse a hacer sangrar a la madre tierra porque eso es lo que hacen. Los garimpeiros no perciben que la acción del garimpo no sólo los mata a ellos, porque pierden su juventud y la posibilidad de aprender tantas otras cosas que la vida ofrece, pero también a nuestra única casa.

Hoy el Estado brasileño está actuando para desalojar a los garimpeiros, de forma consensual en algunos casos, pero también a través de la destrucción de maquinaria y la detención de los organizadores de los garimpos, junto con la Policía Federal, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa con el uso de la Fuerza Nacional. El combate a la minería ilegal es importante, pero necesita ser ágil y serio. 

Es importante que el Ministerio de Pueblos Indígenas sea un lugar que pueda reunir a los demás ministerios, liderar acciones concretas para que podamos reestructurar no sólo a los Yanomami, que han sido brutalmente afectados por la minería ilegal, sino también la Amazonía. Estamos trabajando junto con otros ministerios para hacer frente a la violencia, al tráfico de animales, a la pesca ilegal y al narcotráfico en tierras indígenas. 

En muchos de estos territorios hay pueblos indígenas aislados y recién contactados. Es necesario garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos -como Bruno Pereira o Don Phillips, asesinados por defender la causa indígena- sean protegidos, y evitar que otros casos como estos ocurran. En el Ministerio hemos recibido constantes denuncias de amenazas a los pueblos indígenas por parte de quienes quieren continuar con sus prácticas ilegales. 

Hoy tenemos un programa de protección que es insuficiente, porque este programa saca a lxs defensorxs amenazados del territorio. Esto debilita nuestra lucha. Es necesario crear grupos de trabajo para conocer los diferentes contextos.

 

¿Cómo se manifiesta hoy el racismo en contra de los pueblos indígenas y cuáles son las consecuencias, sobre todo ahora que hay un ministerio manejado por los pueblos indígenas?

JK: El racismo contra los pueblos indígenas ha estado presente desde la llegada del colonizador. Es este lugar donde se coloca a los pueblos indígenas, de inferioridad, de no considerar nuestros conocimientos, nuestra ciencia, de no valorar nuestra lengua, nuestra historia, nuestra cultura. Todo esto es una demostración de que la sociedad que vino aquí y construyó el país despreció totalmente a los pueblos indígenas. Sin embargo, el racismo es un proceso creciente, no sólo ocurrió cuando llegaron los portugueses a Brasil y empezaron a asesinar y esclavizar a los pueblos indígenas. El racismo sigue estando muy fuerte en la sociedad cuando nos damos cuenta de que la mayoría de las veces los no indígenas y el gobierno siguen pensando que somos inferiores y menos inteligentes. Los pueblos indígenas somos realmente diferentes de otros grupos poblacionales, pero esa diferencia puede ser importante y beneficiosa para la sociedad. Enseñamos mucha de la ciencia que se conoce, la cultura alimentaria del pueblo brasileño está muy relacionada con el conocimiento indígena. No hay reconocimiento ni valoración de nuestras contribuciones. Todo aquello que no conocemos lo tendemos a desvalorizar. Por eso la sociedad necesita conocer a los pueblos indígenas y reconocer nuestra historia. 

El racismo estructural que tenemos en nuestro país es aún peor ya que no nos permite ser parte de la construcción de políticas públicas para nuestros pueblos, no reconoce que tenemos derecho a estar en los lugares donde podemos y queremos estar, como en la universidad, por ejemplo. Una de las grandes luchas hoy para la juventud es la llegada a la universidad debido principalmente a que es en sí misma una institución dura y elitista. Cuando llegamos, nos invisibilizan y no hay buena voluntad para atender las demandas y necesidades que tenemos. Pocas universidades discuten metodologías que puedan ser inclusivas. Tampoco hay reconocimiento de nuestras lenguas. 

Es importante destacar que hemos avanzado mucho, el haber tenido la oportunidad de estar en la universidad ha hecho que hoy tengamos abogados, médicos, antropólogos, maestros, enfermeros, administradores y hasta ingenieros indígenas. Esta cantidad de profesionales indígenas que han logrado salir adelante en un ambiente hostil como es la universidad es un gran logro, porque muchos se quedan al principio del camino. Hoy muchos de esos profesionales están en el Ministerio de los Pueblos Indígenas, construyendo políticas públicas que comprenden que nuestros pueblos y nuestros territorios necesitan una mirada diferenciada.

Todo lo que se construyó en Brasil se hizo sobre nuestros territorios, destruyendo nuestras lenguas y nuestras tradiciones por lo que la posibilidad de tener indígenas en espacios institucionales, discutiendo nuestras necesidades, es un gran logro. 

Pero el racismo sigue presente, incluso dentro del Ministerio de Pueblos Indígenas. Hay otras personas, que no son indígenas, que miran al ministerio con dudas sobre si funcionará. Nosotros somos los que estamos construyendo este espacio y hemos hecho un gran esfuerzo para que el ministerio se mantenga en este y en los próximos gobiernos. Queremos construir con el gobierno nuevas posibilidades y una perspectiva que considere indígenas y no indígenas, que considere conocimientos, valores, pero principalmente un gobierno que pueda garantizar la vida de todas las personas. No queremos gente muriendo en las periferias ni indígenas muertos por la ausencia del Estado. Pero tampoco queremos un Estado que imponga lo que se debe hacer, queremos autonomía para hacer lo que queremos en nuestros territorios con gestión cultural y patrimonial dentro de la perspectiva del patrimonio cultural indígena. 

El Estado brasileño es extremadamente racista. Necesitamos superar ese racismo, y esa es una lucha de todxs.

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(1)  Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y de la degradación de los bosques.

Jorge Pereira Filho

Patricia Lizarraga

 

En el año en que completa 30 años de la realización de su primer Congreso en la ciudad de Mons, Bélgica, la Via Campesina enfrenta una realidad cada vez más desafiante: a la vez que el comercio internacional de commodities continuó avanzando globalmente año tras año, los precios de los alimentos alcanzaron su máximo histórico en el año 2022.  En este mes de abril, la organización que reúne a 182 movimientos campesinos en 81 países realiza acciones en todo el planeta para denunciar esta situación y defender la Soberanía Alimentaria. Concepto que fue incorporado por la Via Campesina como principal bandera de lucha en abril de 1996 cuando realizaba su segunda conferencia en México. En ese mismo momento, en el sur del continente, Brasil, ocurría la masacre de Eldorado de Carajás. Policías militares asesinaron a sangre fría a 21 campesinos sin tierra que se manifestaban a favor de la Reforma Agraria.  Esta fecha fue definida como el “Día Internacional de la Lucha Campesina”, y en este año, 2023, las acciones de la Via Campesina son marcadas por el lema “Frente a las crisis mundiales, ¡construimos Soberanía Alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad!”

 

 

 

Jaime Amorim, de la coordinación política de la Via Campesina e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), plantea que el desafío de los movimientos campesinos hoy, va mas allá de lo que se imaginaban hace tres décadas. Y que enfrentar las diversas crisis que vivimos, desde la explosión del hambre hasta el cambio climático, pasando por la creciente desigualdad social, necesariamente requiere transformar el modelo de producción em el campo. 

 

A lo largo de 2022, varios organismos de la ONU han alertado sobre el agravamiento del problema del hambre en el mundo. ¿Cómo analiza La Vía Campesina este escenario? 

 

La Vía Campesina lleva trabajando sobre la posibilidad de que se produzca una crisis alimentaria en todo el mundo desde 2020. Durante la pandemia, asumimos que era esencial, como campesinos, seguir produciendo alimentos. Teníamos una condición diferente a la de los que viven en la ciudad. Podíamos aislarnos y producir alimentos, y así demostrar en la práctica el papel que tenemos ante la sociedad. Hemos cumplido esta tarea, incluso promoviendo la transición hacia una agricultura comprometida con la producción de alimentos más sanos. Sabemos que tenemos un problema en el mundo con una población cada vez más frágil, en situación de baja inmunidad, y esto tiene que ver con nuestro modelo alimentario. También es consecuencia de un modelo capitalista que impone una estandarización de los alimentos en todo el mundo. Si te dedicas a la producción de alimentos, naturalmente vas a dar prioridad a la cultura alimentaria local. Y la Soberanía Alimentaria no es más que un país que recurre a la producción para garantizar que su población no pase hambre. Esto refuerza la cultura local porque sólo producirías lo que las condiciones climáticas, geográficas y tradicionales hacen posible. A lo largo de este mes de abril queremos mantener este debate, para poner de relieve que la soberanía alimentaria es una cuestión fundamental en todo el mundo. El hambre es una consecuencia de este modelo, de la codicia, en el que se suman varias crisis: la crisis medioambiental, la crisis económica, la crisis ideológica. En la periferia del mundo aumenta la pobreza. En 2016, unos 50 millones estaban por debajo del umbral de la pobreza en Brasil, por ejemplo; hoy son 62,5 millones. Y alrededor de 33 millones de personas pasan hambre. Lo mismo ha ocurrido en los países de América Latina, África y Asia.

 

 

¿Cómo combatir este modelo en la práctica?

 

En primer lugar, la Reforma Agraria Popular es decisiva si queremos cambiar este modelo. Cabe en cualquier parte del mundo, incluso donde ya ha habido un proceso de distribución de la tierra, porque es necesario resolver el problema del modelo de desarrollo agrícola. Y de eso se trata la Reforma Agraria Popular: garantizar la asistencia técnica, las semillas orgánicas, la producción de insumos orgánicos, es necesario cambiar toda la economía. Hoy la economía agrícola está orientada a la producción a gran escala, al monocultivo, con uso extensivo de venenos, insumos químicos y transgénicos. La producción de alimentos sanos requiere un nuevo proceso de aprendizaje y dominio de la producción ecológica.

 

Un paso importante en esta dirección fue la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP)…

 

Esta declaración contribuye a este objetivo más amplio de La Vía Campesina y tenemos el reto de aplicarla en la práctica. Su aprobación fue un momento histórico en 2018. Reconoce a los campesinos como sujetos de derecho, incluidos a pescadores y pueblos indígenas. Pero no basta con tener la ley si no se lleva a la práctica. El primer reto tras la aprobación de la declaración es darla a conocer a las organizaciones campesinas de todo el mundo. Y luego viene un periodo de estudio, comprensión y puesta en común para que entiendan cuáles son las consecuencias de esta declaración, qué implica. Y luego el reto es conseguir que los países reconozcan estos derechos recogidos en la declaración, como ha hecho Bolivia. Dependerá no sólo de las acciones de la ONU, sino también de nuestra capacidad para presionar a los parlamentos nacionales, muchos de los cuales están dominados por los conservadores. Ahora tenemos una carta que nos da unidad a escala nacional e internacional, que nos reconoce como campesinos, y, de todos modos, en última instancia, en los casos más graves de violaciones, tenemos un respaldo jurídico para apelar a los organismos internacionales. Es un instrumento de articulación fantástico. Es un instrumento jurídico, pero es un instrumento de lucha.

 

 

¿Es éste uno de los principales logros de La Vía Campesina en estos treinta años? 

 

Bueno, este año celebraremos nuestra octava conferencia. Cuando nació La Vía, el avance del monocultivo agroexportador era nuestro gran problema, que se convirtió en el modelo del agronegocio transnacional. El mundo se estaba organizando en bloques económicos. Existía la amenaza del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y la Organización Mundial del Comercio (OMC) se hizo cargo del proceso de negociación alimentaria. Se desarrolla un mercado mundial de alimentos, que se convierte en una mercancía negociada en la Bolsa, en mercados de futuros, sin ningún control sobre los agricultores que producen los alimentos. Y ante el avance del neoliberalismo, surge nuestra primera consigna. En lugar de globalizar la economía, globalicemos la lucha. «Globalizar la esperanza», la defensa de que los alimentos no pueden ser una mercancía, el derecho de los países a definir la soberanía alimentaria local. Lo primero que conseguimos, como Vía Campesina, fue mostrar al mundo que hay una contraposición a este proceso. 

 

Otra cuestión que destaco es el cuestionamiento del concepto de seguridad alimentaria, utilizado por la ONU y que fue importante después de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, todas las personas tienen derecho a la alimentación. Pero La Vía Campesina empezó a cuestionar: ¿a qué tipo de alimentos se tiene acceso? La seguridad alimentaria no discute el tipo de alimentos, ni las condiciones en las que se producen los productos alimentarios, a menudo a costa de la explotación del trabajo infantil; del trabajo esclavo; de la destrucción del medio ambiente, de la expulsión de las familias campesinas de sus tierras. La soberanía alimentaria debate la idea de que no basta con que los alimentos lleguen a las personas. Provoca que discutamos qué tipo de alimentos, cuáles son las condiciones de producción, cuál es la relación entre esos alimentos y el proceso de producción, con el trabajo, con el medio ambiente y con las comunidades locales y originarias. Y tenemos la crisis medioambiental. Hace 30 años no imaginábamos las dimensiones de la crisis que vivimos hoy. Hoy la soberanía alimentaria es importante no sólo para salvar a los campesinos, es crucial para salvar el planeta. Así que me parece que es una tarea que hemos asumido. Significa plantar árboles, defender las zonas de reserva, recuperar las riberas de los ríos, presionar a cada país para que tenga leyes que prohíban la deforestación y las quemas. Ya tenemos tierra suficiente para alimentar al mundo. El problema es quién produce en esa tierra, qué se produce y cuáles son los intereses de quienes producen.

 

 

La Vía Campesina ha publicado recientemente una nota en la que señala los riesgos medioambientales del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur…

 

El tratado sería un desastre total para los países del Mercosur. Significaría profundizar la reprimarización de la economía. En un primer momento, el acuerdo puede ampliar nuestras exportaciones, pero nos hará cada vez más rehenes de las industrias europeas. Eso sin hablar del reguero de destrucción medioambiental que hemos acumulado aquí con la sobreexplotación de materias primas y minerales. Además, en la medida en que se crea un mercado común, todos los procesos de compra pública se abren también a las empresas europeas. El resultado podría ser la destrucción total de las organizaciones y estructuras locales de comercialización. Las políticas públicas que son cruciales para promover la agricultura campesina, la agricultura familiar, que produce alimentos para las mesas de la gente, se volverán inviables. Es un proceso que excluirá a las cooperativas de pequeños agricultores y asentamientos. En lugar de seguir este camino, Brasil debería ampliar sus relaciones comerciales para no depender de Estados Unidos o Europa. Esto es lo que el país hizo antes del golpe contra Dilma Rousseff en 2016, y debería continuar en esta dirección. 

 

Para concluir, si la Vía Campesina surge con las disputas de bloques comerciales y hoy es la guerra en Europa la que centra la atención internacional. 

 

Sobre esta cuestión, la Vía Campesina de Europa tiene una visión ligeramente diferente de la Vía Campesina Internacional. Mientras los europeos tratan el asunto como si se tratara sólo de una maniobra rusa para dominar Ucrania, La Vía Internacional entiende que se trata de una guerra entre intereses capitalistas, una disputa por la hegemonía internacional. Sabemos que este conflicto tiene un claro impacto en la economía agrícola internacional. Rusia y Ucrania son grandes productores de alimentos, con cerca de un tercio de la producción mundial de trigo. Ucrania sigue teniendo una elevada producción de maíz, y Rusia de fertilizantes e insumos agrícolas. Todo ello ha repercutido en el coste de la producción de alimentos en todo el mundo. Al mismo tiempo, es una gran oportunidad para demostrar que los insumos químicos pueden ser superados por los orgánicos. Y a medida que avance la guerra, esta situación será cada vez más acuciante, porque los precios de los alimentos seguirán presionados. Vemos este escenario con preocupación, considerando que Estados Unidos y China avanzan cada vez más en la disputa por la hegemonía en el mundo, y esto no nos ayuda a defender a los países soberanos desde el punto de vista alimentario. El hecho es que la guerra no le interesa a nadie, no les interesa a los pueblos de Ucrania, de Europa, de Rusia ni de ninguna parte del mundo. Por eso La Vía Campesina también asume cada vez más este debate de estar en contra de la guerra, a favor de la paz y por un nuevo modelo de desarrollo a escala internacional.