Reseña del informe “Closing the gender gap. Advancing equality through International Institutions” realizado por Barbara Adams y Karen Judd para la Fundación Rosa Luxemburgo, oficina de Nueva York
Por Tatiana Velehorski

La oficina de Nueva York cumple con dos tareas principales, una de ellas es trabajar sobre cuestiones relacionadas a las Naciones Unidas y, la otra, entablar diálogos con progresistas norteamericanos en las universidades, los sindicatos, con los movimientos sociales y con los políticos.
Este año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer)  se organiza para hacer frente a la cuestión del empoderamiento económico de las mujeres con relación a los cambios en el mundo laboral. Algunos de los factores que contribuyen a estar lejos de alcanzar la igualdad de géneros están relacionados con la acumulación por desposesión, la dominación del patriarcado blanco en la sociedad, y la separación entre las políticas macroeconómicas y sociales.
En este marco, las expertas de Naciones Unidas, Barbara Adams y Karen Judd, ofrecen un informe y un análisis detallado sobre el presente y el futuro del empoderamiento económico de las mujeres, en el marco de organizaciones multilaterales. A través de la construcción de un caso crítico en contra de la distinción por sexos y de un crecimiento para la formulación de políticas económicas tanto a nivel nacional como internacional, las autoras presentan a los lectores herramientas esenciales para entender las ideas e intereses que subyacen a los diferentes puntos de vista del concepto de empoderamiento económico. Luego, evalúan las estrategias y sus contribuciones para la obtención de derechos y nos ayudan a imaginar un sistema sostenible, responsable y más justo para las mujeres y las niñas de todo el mundo.
Es importante, a su vez, destacar que el empoderamiento económico tiene un propósito que va más allá de promover la participación de las mujeres en la actividad económica. Éste debe ser construido sobre las bases de un enfoque macroeconómico de trasformación e inclusión, dentro de un marco fundado en el respeto por los derechos humanos y en los mecanismos para su implementación. Se ha prestado cada vez más atención al impacto que la economía mundial y los actores económicos más poderosos, públicos y privados, tienen en las estrategias para alcanzar la “igualdad sustantiva”, concepto que se centra en hacer que los derechos se cumplan, en particular los relacionados a las mujeres y en los resultados de las leyes y políticas que se lleven a cabo para aliviar las desventajas inherentes que experimentan las comunidades más desfavorecidas. Además, el empoderamiento económico de las mujeres tiene el potencial de integrar esfuerzos para lograr la igualdad sustantiva dentro de una agenda más amplia que aborde las desigualdades saliendo del enfoque sectorial.
Sin embargo, en un contexto signado por fuertes desafíos y transformaciones, el interrogante que surge es si se podrá realizar únicamente a nivel nacional. Otro interrogante es que, incluso si los gobiernos pudieran ser persuadidos para abordar la cuestión de redistribución – la cual es esencial para reducir las desigualdades con o sin crecimiento económico – ¿Podrían hacerlo sin asumir las limitaciones sistémicas globales, como el comercio y la inversión, los impuestos y las finanzas? La capacidad y voluntad de hacerlo se harán cada vez más difíciles, teniendo en cuenta que éstas limitaciones benefician muchas veces a los mismos socios corporativos que buscan proteger. Esta realidad también plantea la cuestión de hasta qué grado el creciente número de corporaciones ayudan o dificultan el empoderamiento económico de las mujeres, y las estrategias para llevar a cabo políticas económicas responsables que involucren actores públicos y privados que permanezcan allí como factores positivos y facilitadores de este objetivo.
La agenda de 2030 de Desarrollo Sostenible como un todo, que incluya la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, no será cumplida a menos que el sistema de Naciones Unidas y sus Estados miembros prioricen ante todo la primacía de la esfera pública, es decir, la necesidad de fortalecer las instituciones públicas, de movilizar recursos públicos e implementar compromisos y acciones. Un gobierno democrático es una condición sine qua non para alcanzar la igualdad de género, no sólo es central para las mujeres empleadas sino para todo el conjunto de sus derechos; incluyendo el acceso a servicios básicos, el derecho a vivir en un planeta sano, la lucha en contra de la violencia individual e institucional y la autonomía económica.

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Foto: katrinaelsi, Flickr