Las centrales hidroeléctricas en la matriz eléctrica argentina representan un 27% de la electricidad consumida en el país. A partir de 1993, 19 centrales hidroeléctricas, representantes de casi 6 mil megawatts de potencia financiadas exclusivamente por las arcas estatales, fueron concesionadas a sociedades anónimas integradas por grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Son un activo neurálgico que define buena parte de los pilares de la seguridad energética y de la soberanía nacional. A continuación, una serie de argumentos de índole económica, ambiental-tecnológica, político-social y proyectiva que justifican el retorno a manos públicas.

Economía

-El Estado invirtió cerca de U$S 20 mil millones en la construcción de las centrales, concesión de las cuales los privados se hicieron por un monto menor que se aproxima a los U$S 2 mil millones. La renta bruta anual que recibe el conjunto de los concesionarios es cercana a montos que fluctúan entre los U$S350 y U$S400 millones. El Estado invirtió en su construcción y los privados recaudaron con su gestión.

-Las represas posee un promedio de amortización de 30 años, el Chocón o Cerros Colorados se hubieran recuperado en 2007 y 2010 respectivamente. Este hecho no sucedió debido a que para ese entonces ambas centrales ya registraban más de una década en manos de empresas privadas. Más llamativo es el caso de Piedra del Águila, cuya obra fue concluida en simultáneo con su privatización, lo que devendría en un plazo de amortización recién en 2023, cuando vence su concesión privada.

-En todos estos años, la renta hidroeléctrica no redundó en inversiones de peso en torno a fuentes energéticas que posibilitaran diversificar la matriz nacional, tampoco en el crecimiento de nuevas centrales hidroeléctricas.

-La privatización no contribuyó a la creación de un mercado abierto y a una reducción de tarifas, sino a un oligopolio energético-financiero, exportador de divisas.  

-Los vencimientos de esas concesiones se presentan como una oportunidad histórica para desandar los mecanismos de desregulación neoliberal en general y contribuir a la desprivatización del sistema energético en particular.

-Resulta preciso desandar el marco jurídico-político que regula la liviandad de mercado oligopólica de la argentina, y la despivatización contribuye a resituar activos estratégicos en este sendero.

Ambiente

-El cambio ambiental global se ve acompañado por el declive constante de la producción fósil que, en gran parte, lo produce, de modo que la cuestión energética reviste una importancia crucial ha ser manejado como un activo estratégico, de modo integral y de planificación de Estado.

-En este marco, se evidencia una creciente “electrificación” de las matrices energéticas, convirtiendo a la energía, principalmente a la “renovable”, en un recurso estratégico a ser integralmente gestionado con una visión de largo plazo y en manos públicas.

-Las represas son captadoras de energía en potencia, constituyendo un punto nodal a la hora de pensar el respaldo que podrían tener fuentes renovables no convencionales tales como la solar-fotovoltaica y la eólica, signadas por los problemas de la intermitencia.

-El país, más aun a partir de la estatizada IMPSA, posee capacidades tecnológicas para desplegar en el marco de la energía hidráulica.

-La gestión del agua y de las cuencas, a la luz de la pérdida de glaciares y a la bajante del rio Paraná a causa de la deforestación, se muestra notoriamente como un elemento presente y futuro que reclama una regulación pública.

-El manejo del agua es un recurso vital y estratégico de primer orden en condiciones de cambio ambiental global que no puede estar librado al arbitrio mercantil, al tiempo que este “bien común” es el “combustible” fundamental de las represas. 

-Las nuevas energías se producen a partir del flujo natural que recircula en la biósfera, lo cual lo convierte en un activo a ser considerado un patrimonio y que demanda una gestión estatal.

-El hecho de que hoy los criterios de erogación y regulación de los caudales sean definidos unilateralmente por los concesionarios conlleva el predominio de estrategias especulativas para con el recurso hídrico, obturando el desarrollo de otras actividades y generando, en ocasiones, múltiples trastornos aguas abajo.

-Desde un punto de vista ambiental, la retención de cuantiosos volúmenes de agua necesariamente altera el régimen hidrológico e hidráulico de las corrientes de agua, lo que transforma los ecosistemas y genera afectaciones en la producción y en los modos de vida de las poblaciones. 

Política

-En el marco del retiro general del Estado se transfirieron a manos privadas decisiones estratégicas, todo lo cual se expresó en fenómenos como la implosión de la exploración y explotación hidrocarburífera, y la producción de electricidad térmica, de rápida amortización.

-El proceso de concesiones llamaba a tener un rol destacado para los trabajadores, sin embargo hoy poseen una participación minoritaria en algunas centrales por medio del Programa de Propiedad Participada. Indudablemente podrían tener mayor influencia económica y de gestión en un futuro re-estatizado. Asimismo, se trata de resituar el trabajo en función de un empeño público, colectivo, antes que a la labor ofrecida a la ganancia de una empresa privada, particular.

-El carácter multipropósito de los complejos hidroeléctricos las coloca más allá de una simple infraestructura energética, pues también opera en una amplia red de servicios sociales, culturales, recreacionales y residenciales.

-Posibilidad de manejar la gestión de la energía de manera participativa bajo criterios ambientales, respetuoso de los territorios y con principios éticos de economía socio-ecológica.

-La órbita de incumbencia de las represas tiende a ser variada, siendo que las infraestructuras hidráulicas se hallan en terreno provincial, el recurso hídrico es inter-provincial y las obras son de concesión y financiamiento nacional, de modo que una potencial vuelta al estado obliga a la gestión mancomunada de diferentes escalas de gobierno

-Se presenta como un modo de revivir una necesidad estratégica de planificación energética abordada por el Estado, hecho que en la Argentina es de por sí débil. 

-La presencia decisiva del Estado en tanto representante público se asienta en que la energía es un derecho, un bien estratégico, y que para ser tratado como tal no debe considerarse un commodity.

Transición energética popular

-En este punto, la energía constituye un componente propio de la soberanía geopolítica, energética, ambiental, económica, tecnológica, y natural, al manejar un recurso como el agua

-Dado el discurso acerca de la supuesta restricción externa y a la ausencia de fondo para la inversión pública, la renta producida por la energía hidráulica desprivatizada podría ser de enorme importancia proveyendo recursos económicos para encarar una transición hacia fuentes renovables en el marco de una matriz energética fuertemente fosilizada como la argentina.

-La presencia de una mayor proporción de activos públicos en la cartera de gestión energética permite tener un mayor dominio y capacidad de acción al interior del sistema energético.

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